El personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Departamental de Gualeguaychú, en conjunto con miembros de la DDI de San Isidro, realizaron hoy por la mañana un allanamiento en la localidad de Don Torcuato y además de la detención de la mujer que estaba prófuga, que no había podido ser localizada en los allanamientos realizados a fines de julio, se logró secuestrar dos teléfonos celulares que serán peritados y podrían ser claves para seguir identificando a posibles integrantes de una banda dedicada a las extorsiones.

La mujer de 32 años era una de las dos mujeres que estaban siendo buscadas en torno a esta causa, sobre la que existía una orden de captura. En los últimos días se obtuvo información valiosa sobre el paradero y hasta ese lugar llegó la comisión de Investigaciones para lograr aprehenderla. La detenida será trasladada en las próximas horas a Gualeguaychú y quedará bajo las órdenes del fiscal Lucas Pascual, que ya logró la condena la semana pasa de otra de las mujeres que estaba vinculada al caso.

La denuncia que dio origen a todo

La causa se inició el 30 de septiembre de 2025, cuando un hombre denunció haber sido intimidado por desconocidos que, haciéndose pasar por funcionarios judiciales y efectivos policiales, le aseguraban que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas de una supuesta detención y utilizando información sobre su entorno familiar para generar temor, consiguieron que realizara varias transferencias de dinero. El damnificado habría realizado transferencias bancarias por un monto aproximado de 42 millones de pesos.

Las primeras actuaciones permitieron seguir el recorrido del dinero y detectar que parte de la organización operaba desde la provincia de Buenos Aires. En ese marco, durante octubre del año pasado fueron detenidos en la zona de Ceibas dos hermanos oriundos de San Isidro, quienes habían sido identificados durante las tareas investigativas como personas vinculadas al cobro de parte del dinero entregado por la víctima.

Aquellas detenciones marcaron un punto de inflexión en la investigación. Con el avance de las pericias sobre teléfonos celulares, cuentas bancarias y registros de comunicaciones, la Fiscalía logró ampliar el universo de sospechosos y profundizar la hipótesis de que detrás del hecho actuaba una estructura organizada, con integrantes que cumplían distintos roles y que mantenían contacto permanente entre sí.

La pesquisa avanzó luego hacia el conurbano bonaerense, donde en abril de este año se realizaron allanamientos en la localidad de Boulogne Sur Mer. Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos dos sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos incorporados al expediente. Sin embargo, dos mujeres lograron evadir el operativo y desde entonces permanecían con pedido de captura.

Lejos de detenerse, la investigación continuó durante los últimos meses. A fines de julio, personal de Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú regresó a Boulogne Sur Mer y si bien no concretaron las detenciones buscadas, hallaron más elementos que permitieron la reconstrucción de la red investigada.

La detenida de este martes es hermana de uno de los dos hombres que se encuentran presos en la Unidad Penal 21 de Campana, que son señalados en la investigación que lleva adelante el fiscal Pacual como parte de la organización delictiva, en tanto la mujer que fue condenada la semana pasada, que había quedado involucrada en un procedimiento anterior, es pareja del otro hombre preso en la misma cárcel. A ella se le dictó en Gualeguaychú una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de encubrimiento agravado y el decomiso de dinero que se le halló en su poder cuando fue detenida, le fue entregado a la víctima en concepto de reparación.

El trabajo investigativo permitió reconstruir una operatoria que iba mucho más allá de un simple llamado telefónico. A partir del análisis de comunicaciones, movimientos bancarios y otros elementos de prueba, los investigadores lograron establecer la participación de distintas personas que cumplían funciones específicas dentro de la maniobra, desde quienes mantenían contacto con la víctima hasta quienes administraban las cuentas donde terminaba el dinero obtenido mediante el engaño.

La investigación por la muerte de Maycol Naim Gutiérrez, el adolescente de 17 años que falleció tras accidentarse con su motocicleta en la esquina de San Martín y Chalup, fue archivada por decisión del fiscal Jorge Gutiérrez.

La resolución se apoyó principalmente en la pericia accidentológica de Gendarmería Nacional que estableció que el joven circulaba a 126 kilómetros por hora antes del impacto y que esa velocidad le impidió conservar el control del vehículo.

El agente fiscal sostuvo en su resolución que el resultado fatal debía atribuirse a la conducta del propio motociclista y que los elementos reunidos no permitían establecer una responsabilidad penal del personal policial que había intervenido en las circunstancias previas al accidente.

El expediente se había abierto para esclarecer dos cuestiones: por un lado, si las lesiones que provocaron la muerte de Gutiérrez se habían producido por una pérdida de control de la moto, por impericia o por un posible desperfecto mecánico; por otro, si el procedimiento policial desplegado para identificar a un grupo de motociclistas se había desarrollado conforme a la normativa vigente y quiénes habían intervenido materialmente en él.

A toda velocidad

Uno de los elementos determinantes para la decisión fiscal fue el informe elaborado por Gendarmería Nacional. La pericia, realizada por la especialista Celeste Alvarado, concluyó que la causa del accidente había sido la pérdida de control operativo de la motocicleta, asociada a la excesiva energía cinética derivada de una velocidad previa al impacto de 126 kilómetros por hora en pleno centro de la ciudad.

Según el análisis técnico citado por el fiscal, esa velocidad anuló la capacidad del conductor para responder oportunamente ante un obstáculo en la vía pública, así como el tiempo de reacción y la distancia disponible para frenar.

La reconstrucción también estableció que la motocicleta policial Gilera llegó al lugar del accidente aproximadamente cinco segundos después de ocurrido. De acuerdo con el informe incorporado a la resolución, ese rodado circulaba a una velocidad estimada de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

La conclusión pericial fue central para responder una de las preguntas que habían motivado la apertura de la causa: si la caída podía explicarse por un desperfecto mecánico o por una falla del vehículo. El fiscal tomó como fundamento la pérdida de control asociada a la velocidad y consideró que la conducta del joven había sido determinante en el desenlace.

Una madrugada trágica

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 12 de mayo de 2025, poco antes de la medianoche. Gutiérrez circulaba en una motocicleta Gilera de 150 centímetros cúbicos, sin casco de seguridad, cuando perdió el control y cayó, donde impactó contra un elemento de cemento.

La secuencia había comenzado en la zona de la costanera, donde efectivos policiales intentaban identificar a un grupo de motociclistas. Según la reconstrucción difundida en aquel momento, los conductores se dispersaron al advertir la presencia policial y el adolescente se alejó por Luis N. Palma. Luego atravesó diagonalmente la plaza San Martín y tomó Chalup en contramano, en dirección hacia el sur. La moto continuó su recorrido hasta pasar 25 de Mayo y llegar a la esquina de San Martín, donde se produjo la caída.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario, pero murió como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.

Los primeros resultados de la autopsia, informados en los días posteriores al hecho, habían señalado que las lesiones se concentraban en el lado izquierdo de la cabeza. El examen preliminar no detectó impactos de bala ni otros traumatismos que hicieran presumir una agresión ajena a la caída.

El cierre de la causa

En los fundamentos de su decisión, el fiscal sostuvo que la pericia ubicó a Gutiérrez como protagonista directo del siniestro y que su conducta había sido determinante para explicar el resultado fatal. “se trata de un hecho "imputable a la víctima", pues es el comportamiento de esta el que explica el resultado al no conducirse en la vía pública teniendo el dominio efectivo del vehículo”, indicó el funcionario.

La resolución encuadró lo ocurrido como un supuesto de imprudencia de la propia víctima, al considerar que el joven no conservó el dominio efectivo de la motocicleta mientras circulaba por la vía pública. Para fundamentar esa conclusión, el representante del Ministerio Público citó doctrina penal sobre la violación del deber objetivo de cuidado y la posibilidad de que el resultado dañoso sea atribuible a la conducta imprudente de la propia víctima.

De esta manera, la investigación iniciada tras la muerte de Maycol Naim Gutiérrez concluyó con una decisión fiscal que atribuyó el desenlace a la pérdida de control de la motocicleta a una velocidad de 126 kilómetros por hora y descartó, sobre la base de los elementos incorporados al expediente, la existencia de responsabilidad penal del personal policial interviniente.

Será turno ahora de la Oficina de Gestión de Audiencias de Gualeguaychú fijar la fecha para el juicio que se debería desarrollar en los Tribunales de la calle Sáenz Peña antes de fin de año, y por el grado de la acusación será con la actuación de un jurado que se conformará un día antes del inicio del debate.

En la audiencia realizada hacia el mediodía de este viernes en el juzgado de Garantías de Natalia Céspedes, también se hizo caso al reclamo de la fiscal Martina Cedrés para que el imputado que fue detenido en la misma madrugada del crimen, permanezca otro mes encerrado en la Unidad Penal 9 bajo prisión preventiva.

Tanto para la Jueza de Garantías como para la Fiscalía, existe riesgo procesal por el monto de la pena que deberá cumplir León en caso de ser condenado. Son más de 20 años de prisión, por lo cual se considera que de mantenerlo en libertad hasta el inicio del debate o concederle un arresto domiciliario, existe la posibilidad de una fuga del acusado.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de la 1.10 de la madrugada del 3 de agosto, cuando Auzqui, de 46 años, se encontraba en la zona de las calles Güemes y España, en el barrio Yapeyú. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, León llegó hasta ese lugar en bicicleta y le apuntó con un arma calibre .22.

La Fiscalía sostiene que el joven efectuó varios disparos y que Auzqui intentó escapar corriendo por calle España en dirección al norte. Luego tomó un pasillo hacia el barrio Yapeyú, retomó calle Güemes y avanzó hacia el oeste, en dirección a España. En ese trayecto, Auzqui alcanzó a expresar “me pegó” antes de caer en la intersección de Güemes y España.

La autopsia determinó que sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la zona lateral izquierda del tórax. El disparo le provocó una hemorragia interna masiva que finalmente ocasionó su muerte.

León quedó imputado como autor del homicidio. La Fiscalía encuadró el hecho como homicidio simple agravado por la utilización de un arma de fuego, una figura que tiene penas que van desde los 10 a los 33 años de prisión, pero dadas las particulares del caso, la fiscal Cedrés consideró que una pena de alrededor de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo sería la adecuada.

Durante la investigación, el acusado se abstuvo de declarar cuando fue citado a prestar declaración en la audiencia de intimación del hecho. Actualmente permanece bajo prisión preventiva a la espera de que avance el proceso.

La causa por el manejo de fondos y beneficios vinculados al programa Potenciar Trabajo, que tiene como principal imputada a Carina Izaguirre y que durante casi dos años se tramitó ante la Justicia Federal de Gualeguaychú, tendrá ahora un nuevo escenario judicial: el expediente pasará a la Justicia provincial y continuará bajo la órbita de los Tribunales de Gualeguaychú.

La decisión representa un giro importante en una investigación que comenzó a fines de 2024 y que derivó en la detención de Izaguirre, su procesamiento y una posterior prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que cumple actualmente. El cambio de fuero se produjo después de que el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay analizara la competencia que correspondía para juzgar los hechos investigados y resolviera que la causa debía continuar en la Justicia ordinaria.

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias relacionadas con la administración de beneficios del entonces programa Potenciar Trabajo. La hipótesis sostenida durante la instrucción federal vinculó a Izaguirre y a otras personas con un esquema que habría incluido exigencias de dinero a beneficiarios, amenazas y préstamos con intereses elevados.

En ese contexto, Izaguirre fue detenida el 18 de diciembre de 2024 por orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. En enero de 2025, el magistrado dictó su procesamiento por los delitos de amenazas coactivas, extorsión y usura, además de disponer su prisión preventiva.

Uno de los aspectos centrales de aquella investigación estuvo relacionado con el supuesto cobro de una parte del dinero que recibían los beneficiarios del programa y con préstamos que, de acuerdo con la acusación, eran otorgados a personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad y luego debían ser devueltos con elevados intereses.

El abogado defensor Matías Farías cuestionó desde un comienzo distintos aspectos de la imputación. Entre ellos, planteó objeciones respecto de la calificación legal de los hechos y también sobre la competencia de la Justicia Federal para intervenir en determinadas conductas investigadas.

La situación procesal de Izaguirre tuvo luego una modificación sustancial. En abril de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo control mediante dispositivo electrónico y con restricciones de contacto y acercamiento respecto de beneficiarios de Potenciar Trabajo y otras personas vinculadas con la investigación.

El cumplimiento de esa medida se concretó a fines de abril. Izaguirre fue trasladada desde la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú hasta su domicilio, donde continuó privada de su libertad bajo monitoreo electrónico.

Farías dialogó con EL ARGENTINO y aseguró que en el ámbito provincial seguirá trabajando de la misma forma en que lo hizo en el Federal, donde consiguió la excarcelación. “Vamos a realizar los planteos y presentaciones necesarias para avanzar en el proceso. Tal como se logró que Izaguirre saliera de la prisión preventiva y que la mayor parte de los imputados puedan ser sobreseídos, ahora vamos a continuar en el mismo sentido con los imputados que quedan”, indicó.

El cambio de fuero

Ahora, más de un año después de aquella decisión, el expediente vuelve a cambiar de escenario judicial. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay declaró su incompetencia para continuar interviniendo en la causa.

La Fiscal Federal, Josefina Minatta, sostuvo que los delitos atribuidos a los acusados —amenazas coactivas, extorsión y usura— tienen carácter ordinario y que, en función de los elementos reunidos, no se encontraba acreditada una afectación directa de intereses o bienes del Estado Nacional que justificara mantener la intervención del fuero federal.

Fue ella quien dictaminó que por la forma planteada del caso no había ningún interés federal comprometido, porque los fondos ya estaban en la órbita de los particulares y la usura es un delito federal. A partir de este planteo, el Tribunal se declaró incompetente. “Este caso conforma un universo de casos que se iniciaron por denuncias a una línea telefónica de denuncias, y esos casos que se iniciaron bajo este mismo modus operandi, la Corte los envió a la órbita provincial”, explicó

El traspaso no implica una definición sobre la responsabilidad penal de Izaguirre ni de los restantes imputados. Tampoco supone una absolución ni modifica por sí mismo los hechos que fueron objeto de investigación. Lo que cambia es el fuero que tendrá a su cargo la continuidad del proceso.

La causa deberá ahora continuar en Gualeguaychú con las reglas y autoridades correspondientes al sistema de Justicia provincial, donde deberán definirse los próximos pasos procesales y el destino de la investigación.

Así, el expediente que comenzó con una investigación federal sobre el funcionamiento de Potenciar Trabajo y que llevó a Izaguirre a permanecer detenida primero en la UP9 y luego bajo prisión domiciliaria, ingresa ahora en una nueva etapa judicial, esta vez ante los Tribunales de Gualeguaychú.

El fútbol fue la puerta de entrada, pero con los años el proyecto se convirtió en un club social, deportivo y cultural que busca ofrecer oportunidades, vínculos y un lugar de pertenencia.

Hay clubes que nacen alrededor de una cancha, de una camiseta o de una pasión deportiva. Y hay otros que aparecen antes, cuando en un barrio alguien advierte una necesidad y decide que algo hay que hacer. El Club Social, Deportivo y Cultural “Toto Irigoyen” pertenece a esa segunda historia.

Su origen hay que buscarlo en una barriada en la periferia de Gualeguaychú, donde durante años Lucrecia Benítez trabajó junto a los vecinos y conoció de cerca las dificultades y las necesidades de las familias. Allí también estaba la “gurisada” del barrio, que crecía y necesitaba espacios para encontrarse, jugar y compartir.

Fue en 2019 cuando, junto a la trabajadora social Cecilia Bentancourt, comenzó a tomar forma una idea que terminaría convirtiéndose en un club. Faltaba una cosa que parecía sencilla, pero que podía abrir una puerta enorme: el fútbol.

Lucre, como se la conoce a Benítez en el barrio, pensó la idea y se la volcó a Cecilia Bentancourt, que conocía a la persona ideal que podía materializar con ella ese sueño: su padre Luis Amadeo Bentancourt, un hombre que ya era muy conocido en el ambiente futbolístico y también estaba muy vinculado al barrio. La propuesta fue concreta: sumar su experiencia para comenzar a entrenar a los chicos.

Luis, para quienes lo conocieron y lo quisieron por su enorme compromiso social y deportivo, era “el tío Luis”; para otros, Luisito, Luis o Gayo; pero para los chicos que comenzaron a encontrarse con él en la cancha fue, fundamentalmente, alguien que los invitó a creer que podían hacer algo que hasta entonces quizás parecía lejano. No dudó en aceptar. Así comenzó un camino que, con el tiempo, excedería largamente los límites de una práctica de fútbol.

La cancha como punto de partida

El primer entrenamiento estuvo marcado por la lógica de cualquier comienzo: algunos chicos, con cierta desconfianza frente a lo desconocido y la necesidad de construir un vínculo desde cero. Luis y su hijo Lucas Bentancourt fueron quienes se pusieron al frente de aquellas primeras prácticas.

Con el paso de los días, la relación fue cambiando. Los entrenamientos se transformaron en encuentros y el deporte comenzó a ocupar un lugar diferente en la vida de los chicos. Algunos encontraron allí una motivación; otros, un grupo de amigos; otros descubrieron que podían proyectarse dentro del fútbol.

El tiempo terminó dando algunas respuestas. Varios de aquellos chicos que comenzaron a entrenar en el Toto Irigoyen actualmente juegan en distintos clubes de la Liga Departamental. Pero para quienes sostienen el proyecto, ese no es el único resultado que importa.

Porque el fútbol fue la puerta de entrada, pero nunca fue el único objetivo. “El club comenzó a construirse alrededor de una idea más amplia: generar un espacio de contención para una gurisada que necesitaba, además de una pelota, un lugar donde sentirse parte”, contó su actual presidenta, Gisel Alejandra Olano.

En 2022, aquel sueño comenzó a adquirir una forma institucional. Durante la gestión de Adrián Romani al frente del área de Deportes se impulsó la conformación de nuevos clubes en la ciudad y el “Toto” fue uno de ellos, reconociendo un trabajo que ya venía desarrollándose en los planos deportivo, social y cultural. Desde entonces, el club continúa creciendo.

Mucho más que fútbol

“Hoy el grupo es reducido, pero el trabajo continúa”, aseguró Gisel, y agregó: “en el predio se mantienen las prácticas de fútbol y se intenta sostener un espacio que aspira a convertirse en mucho más”, pero reconoció que para ello se necesita de la ayuda del Municipio y para eso esperan poder contar con el Presupuesto Participativo.

La propia realidad del lugar impone dificultades. Una de las principales tiene que ver con las condiciones del terreno. El agua servida proveniente de los pozos de las viviendas y los sumideros llega al sector de la cancha, especialmente cuando las condiciones climáticas complican el drenaje.

La situación obliga en ocasiones a suspender actividades para evitar que los chicos entren en contacto con esa agua y queden expuestos a posibles problemas de salud. Por eso, una de las necesidades más urgentes es rellenar y mejorar el espacio para mantener la cancha en condiciones.

También existe otra limitación que condiciona los proyectos a futuro: la falta de un comodato que permita al club contar con una seguridad jurídica sobre el predio. Desde la institución explican que esta situación dificulta avanzar con obras que consideran fundamentales, como la construcción de baños, un merendero y un gimnasio cerrado donde puedan desarrollarse nuevas actividades deportivas y sociales.

Aun así, el club no dejó de buscar herramientas para avanzar. Participó en distintos proyectos del Presupuesto Participativo y logró concretar mejoras a partir de ese mecanismo, que sus integrantes consideran una herramienta importante para instituciones que todavía están en proceso de crecimiento.

Una puerta abierta en el barrio

Quizás una de las características más importantes del Toto Irigoyen no esté escrita en ninguna camiseta ni aparezca en el resultado de un partido. Está en la posibilidad de que un chico tenga un lugar donde ir.

En una época en la que buena parte de los vínculos infantiles y adolescentes también transcurren a través de una pantalla, desde el club sostienen que el deporte permite recuperar algo tan sencillo como encontrarse con otros. Hacer amigos. Aprender a compartir. Ganar confianza. Sentirse parte de un grupo.

La Presidenta del club entiende que allí está una de las razones principales para seguir insistiendo. “Lo deportivo cambia realidades”, resume. Y en esa frase entra buena parte de la historia del Toto Irigoyen. Porque no se trata solamente de formar jugadores. Se trata de acompañar a quienes están creciendo y ofrecerles herramientas para imaginar otras posibilidades.

El barrio donde funciona el club muchas veces fue observado desde afuera a través de prejuicios vinculados a las condiciones en las que viven sus habitantes. Frente a esa mirada, el Toto Irigoyen propone otra respuesta: abrir las puertas y mostrar lo que sucede adentro.

Hay una cancha, aunque todavía necesita ser mejorada. Hay chicos que entrenan y otros que alguna vez pasaron por allí. Hay familias, vecinos y personas que aportan su tiempo. Hay proyectos que todavía esperan poder concretarse. Y, sobre todo, hay una idea que se mantiene desde aquel primer entrenamiento de 2019: que un club puede ser mucho más que un lugar para practicar un deporte.

Puede ser un punto de encuentro en el barrio. Un espacio de pertenencia. Una oportunidad para construir vínculos y recuperar confianza. En definitiva, un lugar donde una pelota puede ser apenas el comienzo de algo mucho más grande.

Hace pocos días atrás, la fiscal del caso, Martina Cedrés culminó con la Investigación Penal Preparatoria y solicitó la realización de la audiencia de elevación a juicio. En las próximas semanas se realizará el trámite en el Juzgado de Garantías y se pondrá la causa a disposición del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú para que disponga fecha de debate.

Mientras tanto, ambos acusados, aunque reste dar con la identidad del segundo motochorro, permanecen cumpliendo una medida preventiva desde sus detenciones. Ambos están sospechados de tener diferentes grados de participación en el hecho caratulado como asalto a mano armada.

El hecho que ocurrió el viernes 11 de julio por la noche y tuvo como blanco al comerciante de Gualeguaychú, Jonathan Bacigalupo, en la puerta de su casa en el barrio 34 Viviendas. Tras el abordaje de los motochorros, que quedó grabado en una cámara de seguridad, los esfuerzos investigativos estuvieron centrados en dar con la identidad de los involucrados.

A menos de una semana del hecho, la pesquisa permitió identificar a uno de los presuntos autores y la Fiscalía obtuvo una orden de captura para él y su pareja, quienes habrían escapado hacia la provincia de Misiones pocas horas después del atraco. Según pudo establecer la investigación, ambos viajaron al norte del país, donde tendrían familiares.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el hombre señalado es quien habría manejado la moto. La hipótesis de los investigadores es que este delincuente era quien conocía los movimientos de la víctima porque no caben dudas que el robo fue cuidadosamente planificado.

Uno de los aspectos más destacados de la investigación fue la reconstrucción del recorrido realizado por los delincuentes tras el robo. Aunque ambos actuaron con los cascos colocados y utilizaron una motocicleta sin elementos distintivos que facilitaran su identificación, los efectivos de la División Investigaciones lograron seguir sus movimientos mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en distintos sectores de Gualeguaychú.

Ese trabajo permitió reconstruir el trayecto realizado después del asalto hasta llegar al sector donde luego se concretaron tres allanamientos ordenados por la Justicia. Dos se realizaron en la zona noreste de la ciudad y un tercero en inmediaciones al Cementerio Norte, donde fue localizada la moto utilizada para el hecho.

Las medidas judiciales permitieron reunir numerosos indicios y elementos probatorios que, para los investigadores, vinculan de manera directa al principal sospechoso con el atraco en donde se llevaron alrededor de 5 millones de pesos.

Finalmente, a casi 20 días después del hecho, la Policía pudo dar con la pareja sospechosa. Personal de la Comisaría Tercera que se encontraba realizando recorridas por la zona de las calles Clavarino y Bolivia, observaron a la pareja buscada descender de un remis e ingresar a un domicilio.

El sujeto de 35 años, con domicilio en Bahía Blanca, pero con residencia en Gualeguaychú, fue llevado a Jefatura, en tanto la mujer debió ser trasladada en primera instancia a la Comisaría del Menor y la Mujer. En el procedimiento les secuestraron tres teléfonos celulares, la suma de 267 mil pesos y pasajes de colectivo con recorrido Gualeguaychú–Puerto Esperanza, de ida y vuelta, que fueron incorporados a la investigación.

Posteriormente, el hombre recibió una prisión preventiva y fue trasladado a la Unidad Penal 9, mientras que la mujer recibió arresto domiciliario, pero con el correr de los días el personal de Investigaciones descubrió comunicaciones entre ambos donde manifestaban una intencionalidad de fuga en algún traslado que el detenido tuviera a Tribunales o al Hospital Centenario, e incluso habrían manifestado la intención de realizar un nuevo hecho de similares características antes de huir de la ciudad.

Todo esto habría quedado plasmado en las comunicaciones telefónicas y por ello se realizó un allanamiento donde se secuestró el teléfono celular de la mujer y se la trasladó a la Unidad Penal de mujeres en Paraná. Asimismo, el detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú fue trasladado a la Unidad Penal 5 de Victoria para derribar cualquier oportunidad que pudiera tener en esa intención de fuga.

Más de cuatro años después de la madrugada en que Hugo Romero cayó desde una grúa mientras se realizaban trabajos sobre la carroza de los músicos de Marí Marí, la causa penal por su muerte dio finalmente un paso decisivo. La jueza de Garantías y Transición N° 1, Natalia Lorena Céspedes, resolvió elevar el expediente a juicio y remitir la acusación contra Marcelo Everildo Rey al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú.

La decisión, adoptada este viernes 21 de agosto, marca el cierre de una larga etapa procesal que estuvo atravesada por audiencias de control de acusación, cuestionamientos de la defensa, discusiones sobre la intervención de la querella y distintos recursos ante los tribunales superiores.

Con la resolución, la causa queda formalmente en condiciones de avanzar hacia el debate oral, donde se analizará la responsabilidad penal del único imputado por la muerte de Romero.

Rey llega a juicio acusado como presunto autor del delito de homicidio culposo. La imputación está vinculada a las circunstancias en que se produjo la caída que terminó con la vida de Romero y hace referencia, además, a normas de seguridad e higiene laboral que forman parte de la acusación fiscal. El imputado continuará el proceso en libertad y con la defensa de los abogados Leandro Ferrando y Martín Britos.

La resolución judicial no significa una condena ni adelanta el resultado del futuro debate. Lo que determina es que la acusación del fiscal Jorge Gutiérrez superó la etapa de control y ya no existen cuestiones pendientes que impidan que el caso sea discutido en un juicio oral.

La madrugada del accidente

El origen de la causa se remonta a la madrugada del 6 de febrero de 2022, cuando distintos integrantes de la comparsa Marí-Marí trabajaban en una de las carrozas que iba a formar parte del Carnaval del País.

En ese contexto se utilizaba un camión equipado con un sistema de izamiento hidráulico. Sobre el canasto elevado se encontraban Hugo Romero e Ignacio Ucelli, quienes realizaban tareas en altura. Por causas que luego fueron materia de investigación, la estructura cedió y ambos hombres cayeron desde varios metros de altura.

Romero sufrió heridas de extrema gravedad. Fue trasladado para recibir atención médica, pero su estado resultó irreversible. Murió 17 días después del accidente, transformando un hecho inicialmente investigado como un siniestro laboral en una causa penal destinada a establecer si existieron responsabilidades en las condiciones en que se desarrollaba el trabajo.

La investigación buscó reconstruir cómo se había producido la caída, qué función cumplía cada una de las personas presentes y si el sistema utilizado reunía las condiciones de seguridad necesarias.

Desde el comienzo, la Fiscalía centró la acusación en Marcelo Rey, quien era señalado como la persona que operaba el camión con el aparato hidráulico utilizado para elevar el canasto en el que se encontraban Romero y Ucelli. La acusación sostuvo que su conducta debía ser analizada en relación con el resultado fatal y con las normas de seguridad aplicables a ese tipo de tareas.

El expediente avanzó durante 2022 y 2023 con la incorporación de testimonios, informes y distintas medidas destinadas a reconstruir el accidente.

La muerte de Romero tuvo un fuerte impacto entre quienes formaban parte del Carnaval del País y entre sus familiares y allegados. Con el paso de los meses, la causa dejó de concentrarse exclusivamente en la mecánica de la caída para ingresar en una discusión más amplia sobre las responsabilidades que podían derivarse de las condiciones en que se desarrollaban los trabajos.

La Fiscalía terminó formulando una acusación contra Rey por homicidio culposo, al considerar que existían elementos suficientes para atribuirle una responsabilidad penal por el fallecimiento.

Sin embargo, el camino hacia el juicio no fue inmediato. La etapa de control de acusación, que tiene como finalidad revisar si el requerimiento fiscal reúne las condiciones necesarias para ser llevado a debate, se transformó en uno de los momentos más extensos del expediente.

Durante 2024 se realizaron distintas audiencias ante el entonces juez de Garantías Tobías Podestá. En ellas intervinieron el Ministerio Público Fiscal, la defensa del imputado y también se discutió la situación de la querella particular.

La defensa planteó distintas objeciones a la acusación y cuestionó diversos aspectos de la investigación. Esos planteos provocaron que la causa no fuera remitida inmediatamente a juicio y que debieran resolverse distintas cuestiones antes de continuar.

Ahora el Legajo ya se encuentra bajo la órbita del tribunal de juicios de Gualeguaychú y será responsabilidad de la Oficina de Gestión de Audiencias fijar una fecha para el debate, del cual todavía no se conoce si podrá realizarse este año o el próximo.

El próximo 24 de agosto se cumplirá un año de un hecho que conmocionó a Gualeguaychú y que hasta el día de hoy ha tenido su repercusión en los medios de comunicación por lo sucedido esa noche en la vivienda ubicada en Gutenberg y La Rioja.

Esa noche, el sargento Mariano Corvalán le disparó con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck. Luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido y requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva. Las expectativas de sobrevida eran pocas y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía y de su esposa de 31 años, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos diagnósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

En septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía.

Crónica de un día lamentable

Ese domingo, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar al día siguiente y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba que ella trabajaba mucho, pero la mujer lo asumía como algo sumamente necesario para cubrir las cuestiones económicas de la familia. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo ratificaron que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado.

Un dato estremecedor

En los albores de la investigación se conoció un dato que sobresalió en todo lo que respecta al trágico hecho. Después de balear a Carolina Huck, Corvalán se sacó una foto selfie con su teléfono, junto a su pequeña hija, y la publicó en su estado de Whatsapp con la leyenda: “Papá siempre va a estar con vos”.

Esta publicación fue subida como historia a las 21.26 del domingo 24 de agosto. No está certificado el horario del momento exacto en que Corvalán le disparó a Carolina Huck, pero lo que si fue confirmado es que a las 21.28, la víctima le envió un audio de Whatsapp a una amiga contándole que su esposo la había baleado.

Lo sucedido en esos dos minutos de diferencia entre un hecho y el otro serán claves en el juicio que se desarrollará del 22 al 25 de septiembre bajo la supervisión del vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Tobías Podestá.

Esta semana se desarrolló una audiencia ante el juez Mauricio Derudi, otro vocal del Tribunal de Gualeguaychú, para dirimir si Corvalán debía seguir preso en la Unidad Penal 9 a la espera del juicio o si se debía contemplar su situación de salud con otra medida más benévola. La decisión fue contundente: basándose en los informes médicos, Derudi dispuso otros 45 días de prisión preventiva en la cárcel de El Potrero y así llegará al juicio que se realizará a fines del próximo mes.

A menos de una semana de sucedido el crimen del hombre de 46 años, en el supuesto marco de una frustrada transacción por drogas y una deuda de la víctima hacia su agresor, la fiscal Martina Cedrés tendría todo encaminado para culminar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a principios de octubre.

Todo presupone que, si se cumplen con los tiempos estimados por la acusación, el juicio contra Cristian Nahuel León debería realizarse antes de fin de año bajo la modalidad de juicio por jurado, por tratarse de un hecho que tiene una pena de cárcel de más de 20 años.

Por el momento, el imputado se encuentra alojado en la Jefatura Departamental bajo una prisión preventiva por 60 días que el miércoles pasado se le dispuso desde el Juzgado de Garantías, aunque su estadía podría ser más corta de lo esperable, ya que se autorizó su traslado a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú cuando se produzca un espacio para su alojamiento en el pabellón correspondiente a los procesados a espera de un juicio.

Este joven de 23 años ya cuenta con antecedentes penales. Durante la pandemia, cuando regían las medidas de aislamiento, personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional lo interceptó en la calle a bordo de una moto y al inspeccionarle sus pertenencias le hallaron cocaína en su poder. Esto le demandó una causa judicial que se resolvió con dos años de prisión condicional cuando tenía 18 años y ya se encuentra cumplida.

La fiscal Cedrés ya tiene toda su investigación prácticamente finalizada, a la espera de contar con los informes sobre pericias que servirán de prueba en el futuro juicio. Con lo que resta contar son los laboratorios de la pericia balística, dermotest, autopsia, y las declaraciones de testigos del hecho, vecinos y familiares, que podrán dar un relato sobre el contexto de la vida de la víctima.

La prueba crucial y fundamental en toda esta investigación, que permitió la rápida identificación del autor del hecho y su posterior detención en esa misma madrugada, son las imágenes de las cámaras de seguridad que se pudieron recolectar esa misma mañana del lunes 3 de agosto cuando León persiguió y disparó por la espalda a Auzqui causándole la muerte instantánea.

Fueron al menos tres disparos con un arma calibre 22 los que se realizaron esa madrugada, pero uno de ellos fue el causante del homicidio. Un proyectil ingresó por la espalda, a la altura de la axila izquierda, sin orificio de salida, que, según el informe preliminar de la necropsia, causó una hemorragia masiva interna que fue mortal.

Auzqui quedó tirado en plena calle, en la intersección de España y Güemes, en la esquina oeste del Hospitalito Juan Baggio, en la zona sur de Gualeguaychú. Fue alrededor de la 1.10 y para ese horario hubo personas que observaron y escucharon los disparos. Fue cuestión de pocos minutos para que un móvil de la Comisaría segunda llegara hasta el lugar y se iniciara con todo lo relacionado a la aprehensión del sospechoso.

Cedrés solicitó una orden de allanamiento para la casa en el barrio Yapeyú, donde León vivía con su madre, y si bien en ese momento no se lo encontró, se estableció que se hallaba escondido en la casa de un amigo en el barrio municipal de calle Las Tropas. Fue localizado y detenido en un nuevo allanamiento en esa vivienda de Blas Parera y Palavecino. Estaba escondido y no opuso resistencia, pero además lo que interesaba era encontrar el arma de fuego empleada, la cual hasta el momento no ha sido localizada.

A mediados de esta semana hubo otro allanamiento en una vivienda del barrio Esperanza, donde fueron secuestrados proyectiles calibre .22 y otros elementos de interés para la causa, que fueron remitidos a Criminalística para las pericias balísticas y determinar si tienen vinculación con el arma utilizada en el asesinato.

A diez meses de la denuncia que dio origen a la causa, la investigación por una maniobra de extorsión telefónica que tuvo como víctima a un vecino de Gualeguaychú atraviesa una etapa decisiva. Con la mayor parte de los sospechosos identificados y gran parte de la prueba incorporada al expediente, el fiscal Lucas Pascual concentra ahora sus esfuerzos en localizar a dos mujeres que permanecen prófugas y concluir las medidas pendientes para definir la situación procesal de todos los involucrados.

El trabajo investigativo permitió reconstruir una operatoria que iba mucho más allá de un simple llamado telefónico. A partir del análisis de comunicaciones, movimientos bancarios y otros elementos de prueba, los investigadores lograron establecer la participación de distintas personas que cumplían funciones específicas dentro de la maniobra, desde quienes mantenían contacto con la víctima hasta quienes administraban las cuentas donde terminaba el dinero obtenido mediante el engaño.

La causa se inició el 30 de septiembre de 2025, cuando un hombre denunció haber sido intimidado por desconocidos que, haciéndose pasar por funcionarios judiciales y efectivos policiales, le aseguraban que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas de una supuesta detención y utilizando información sobre su entorno familiar para generar temor, consiguieron que realizara varias transferencias de dinero.

Las primeras actuaciones permitieron seguir el recorrido del dinero y detectar que parte de la organización operaba desde la provincia de Buenos Aires. En ese marco, durante octubre del año pasado fueron detenidos en la zona de Ceibas dos hermanos oriundos de San Isidro, quienes habían sido identificados durante las tareas investigativas como personas vinculadas al cobro de parte del dinero entregado por la víctima.

Aquellas detenciones marcaron un punto de inflexión en la investigación. Con el avance de las pericias sobre teléfonos celulares, cuentas bancarias y registros de comunicaciones, la Fiscalía logró ampliar el universo de sospechosos y profundizar la hipótesis de que detrás del hecho actuaba una estructura organizada, con integrantes que cumplían distintos roles y que mantenían contacto permanente entre sí.

La pesquisa avanzó luego hacia el conurbano bonaerense, donde en abril de este año se realizaron allanamientos en la localidad de Boulogne Sur Mer. Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos dos sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos incorporados al expediente. Sin embargo, dos mujeres lograron evadir el operativo y desde entonces permanecen con pedido de captura.

Lejos de detenerse, la investigación continuó durante los últimos meses. En los últimos días, efectivos de la DDI de San Isidro, con apoyo del personal de Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, regresaron a Boulogne Sur Mer para realizar nuevos procedimientos a partir de información obtenida durante la pesquisa. Aunque los operativos no permitieron concretar las detenciones buscadas, sí aportaron nuevos elementos para la causa y reforzaron la reconstrucción de la red investigada.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que restan incorporar algunos informes relacionados con el circuito financiero utilizado durante la maniobra, una documentación considerada clave para completar el análisis de los movimientos de dinero y definir la responsabilidad de cada uno de los imputados.

Mientras tanto, la situación judicial de dos internos alojados en la Unidad Penal Nº 21 de Campana continúa siendo objeto de revisión. Ambos permanecen con prisión preventiva por decisión de la Justicia de Gualeguaychú, al ser considerados por la acusación como parte de la organización investigada. La defensa apeló la prórroga de esa medida cautelar y la cuestión deberá resolverse en una audiencia prevista para los próximos días.

Con la mayor parte de la estructura ya identificada, la expectativa de la Fiscalía pasa ahora por localizar a las dos mujeres que continúan prófugas y completar los últimos informes periciales para avanzar hacia el cierre de una investigación que demandó casi un año de trabajo conjunto entre distintas fuerzas policiales y el Ministerio Público Fiscal.

En la mañana de este jueves se realizó en los Tribunales de Gualeguaychú ante el juez Mauricio Derudi la audiencia por las medidas de coerción para el sargento de Policía, Mariano Corvalán, que permanece detenido desde el año pasado, tras el trágico episodio que se originó en la casa familiar en Gutenberg y La Rioja.

En esta audiencia, se prorrogó la medida preventiva que se viene aplicando desde el año pasado por otros 20 días, que seguramente no serán los últimos, ya que hasta el momento no se ha fijado fecha para la realización del juicio en su contra y la intención del fiscal Jorge Gutiérrez es que este hombre de 39 años llegue al debate oral y público privado de su libertad.

Al acusado se le han practicado diversos estudios. Se le realizó una tomografía computada e intervinieron un psiquiatra, un médico legista y un neurólogo, pero aún resta conocer el informe de esos profesionales para dictaminar si Corvalán puede permanecer alojado en la cárcel sin sufrir un deterioro de su salud, porque habría versiones de que estaría atravesando un problema de depresión.

Una vez que finalice el tiempo dispuesto por el juez Derudi, y con el dictamen de los profesionales de la salud, se podrá determinar si continuará alojado en una prisión o le corresponde otro tipo de atención.

En las pericias psicológicas psiquiátricas que realizaron los especialistas en la etapa investigativa, no se pudo tener certeza del grado de atención que podría mantener el acusado al enfrentar un debate que se prolongará por varios días y con jornadas de varias horas. Fue ante esto que el juez de Garantías, Ignacio Telenta, en la audiencia de remisión a juicio que se realizó a fines de mayo, solicitó que los especialistas se pronunciaran sobre el tipo de tratamiento de rehabilitación que debería afrontar para llegar de la mejor manera al debate.

Pero en esa ocasión, lo más importante fue el cierre de una etapa muy importante. La investigación del caso está completa y ahora se espera que el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú fije una fecha para la realización del juicio por el que enfrentará una pena de hasta 15 años de cárcel.

Sin dudas fue el caso policial más significativo del 2025. Lo sucedido el domingo 24 de agosto en la casa de calle Gutenberg y La Rioja conmocionó a toda la ciudad. Esa noche, el sargento Mariano Corvalán le disparó con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck. Luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido y requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos ambos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva. Las expectativas de sobrevida eran poco optimistas y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía de 38 años y de su esposa de 31, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos pronósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

Desde septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía. Pero antes de hacer frente a ese proceso se reunió con el fiscal Gutiérrez y le contó todo lo sucedido en ese domingo de fines de agosto.

La profesora de Educación Especial relató que ese día, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba a ella que trabajaba mucho, pero esta situación se presentaba porque para ella era necesario para cubrir las necesidades económicas. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo, que también declararon en la causa, ratificaron esto, que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado. Desde entonces permanece en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar con prisión preventiva.

Pasan las horas, pasan los días y pareciera que el hecho se dilata, pero lo cierto es que la investigación para dar con los dos delincuentes que asaltaron a mano armada al hombre cuando llegaba a su casa en el Barrio 34 Viviendas, se encuentra en plena actividad.

El jueves por la mañana se realizaron allanamientos en tres puntos de la ciudad y se estableció dónde se encontraría uno de los involucrados, sobre el cual ya está en vigencia un pedido de captura nacional y se ha alertado a las provincias limítrofes.

A menos de una semana del hecho, la pesquisa permitió identificar a uno de los presuntos autores y la Fiscalía obtuvo una orden de captura para él y su pareja, quienes habrían escapado hacia la provincia de Misiones pocas horas después del atraco. Según pudo establecer la investigación, ambos viajaron al norte del país, donde tendrían familiares.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el hombre señalado como quien conducía la motocicleta utilizada en el asalto es quien habría manejado la moto. La hipótesis de los investigadores es que este delincuente era quien conocía los movimientos de la víctima porque no caben dudas que el robo fue cuidadosamente planificado.

El trabajo de Investigaciones

Uno de los aspectos más destacados de la investigación fue la reconstrucción del recorrido realizado por los delincuentes tras el robo. Aunque ambos actuaron con los cascos colocados y utilizaron una motocicleta sin elementos distintivos que facilitaran su identificación, los efectivos de la División Investigaciones lograron seguir sus movimientos mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en distintos sectores de Gualeguaychú.

Ese trabajo permitió reconstruir el trayecto realizado después del asalto hasta llegar al sector donde el jueves se concretaron tres allanamientos ordenados por la Justicia. Dos se realizaron en la zona noreste de la ciudad y un tercero en inmediaciones al Cementerio Norte, donde fue localizada la moto utilizada para el hecho.

Las medidas judiciales permitieron reunir numerosos indicios y elementos probatorios que, para los investigadores, vinculan de manera directa al principal sospechoso con el atraco en donde se llevaron alrededor de 5 millones de pesos.

"La Policía logró esclarecer el hecho, determinar al menos a uno de los autores. Hay muchos indicios y muchos elementos de prueba que lo involucran", indicaron fuentes de la investigación.

Pedido de captura

Con el pedido de detención formulado por la Fiscalía y autorizado por el Juzgado de Garantías, la orden de captura quedó incorporada a los sistemas policiales, por lo que todas las fuerzas de seguridad y los controles limítrofes del país fueron notificados sobre la búsqueda de ambas personas.

En caso de ser localizados fuera de Entre Ríos, se activarán los mecanismos judiciales correspondientes para su traslado a Gualeguaychú y que queden a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de detener al segundo presunto motochorro, quien ya estaría identificado y cuya captura sería inminente, según confiaron fuentes del caso.

El detenido no está acusado por el robo

Durante los allanamientos realizados el jueves fue detenido un hombre de apellido Herrera, aunque su situación judicial no está vinculada con el asalto al comerciante.

El procedimiento se llevó adelante porque comparte el patio de la vivienda donde residía el principal sospechoso junto a su concubina. En ese contexto, los efectivos encontraron en su poder 17 envoltorios de cocaína, por lo que fue aprehendido por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Desde la Fiscalía aclararon que Herrera no está imputado por el millonario robo y que su detención responde exclusivamente al hallazgo de la droga durante los procedimientos ordenados en el marco de la investigación.

La Justicia rechazó la apelación presentada por la defensa de Luciano Martín Lascours y confirmó la prisión preventiva. La causa ya fue elevada a juicio y el imputado continuará alojado en la Unidad Penal N° 9 mientras espera la realización del debate oral.

El sospechoso de 32 años continuará detenido en la Unidad Penal N° 9 mientras espera ser juzgado por el millonario robo cometido en mayo pasado en el Autoservicio Libertad de Urdinarrain. La Justicia rechazó la apelación presentada por su defensa contra la prórroga de la prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad hasta – en principio - la realización del juicio oral.

La resolución llegó una vez ya finalizada la etapa investigativa. Según confirmó el fiscal Facundo Álvarez, la causa ya fue elevada a juicio la semana pasada y ahora resta que se designe el tribunal y se fije la fecha del debate, instancia en la que se intentará acreditar la responsabilidad del acusado.

Lascours, quien registra antecedentes condenatorios, está imputado por el delito de robo con escalamiento, una figura que prevé penas de entre tres y diez años de prisión.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 22 de mayo en el Autoservicio Libertad, ubicado sobre boulevard San Martín de Urdinarrain. De acuerdo con la investigación, el autor del robo accedió al comercio tras escalar hasta el techo, a unos cinco metros de altura, retirar chapas y abrir un boquete en el cielorraso para ingresar al interior del local.

Una vez dentro, se dirigió al sector donde se encontraba la recaudación y escapó con un botín integrado por aproximadamente 2.500.000 pesos, 1.000 dólares y un teléfono celular. El golpe fue descubierto cuando los propietarios abrieron el negocio horas más tarde y advirtieron los daños en el techo y la faltante del dinero.

Desde ese momento comenzó una investigación policial, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento de rastros y distintas tareas que permitieron orientar las sospechas hacia Lascours. Seis días después del robo, en un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la esquina de Concordia y España, en Gualeguaychú, fue detenido el sospechoso y se recuperó parte del botín denunciado por los comerciantes.

En el domicilio los investigadores secuestraron los 1.000 dólares sustraídos, 80.000 pesos en efectivo y el teléfono celular robado. También incautaron una motocicleta Corven Energy 110, que la Fiscalía presume habría sido adquirida con parte del dinero obtenido en el robo, además de dos teléfonos celulares y un boleto de colectivo con origen en Urdinarrain y destino Gualeguaychú fechado dos días antes del hecho, lo cual fue incorporado como uno de los indicios de la investigación.

Otro dato que fortaleció la hipótesis de la acusación fue que Lascours presentaba lesiones en ambas manos compatibles con las que podría haber sufrido la persona que ingresó al comercio tras romper el techo.

Durante el allanamiento también intervino personal de la División Drogas Peligrosas luego del hallazgo de restos de cocaína y una balanza de precisión, elementos que dieron origen a actuaciones independientes.

Con la investigación concluida y el expediente ya elevado a juicio, la resolución que confirmó la prisión preventiva garantiza que el imputado permanecerá detenido mientras se organiza el debate oral, donde deberá responder por uno de los robos de mayor repercusión registrados este año en Urdinarrain.

La Justicia absolvió a Mauro Exequiel Palacios, quien había llegado a juicio acusado de cometer un violento robo contra una adolescente de 14 años, al considerar que las pruebas reunidas durante la investigación no permitieron acreditar con certeza su participación en el hecho.

La decisión no puso en duda que el asalto ocurrió. Por el contrario, el juez tuvo por plenamente probado que en la madrugada del 20 de diciembre de 2024 la víctima caminaba junto a dos amigas cuando fue interceptada por un hombre que, tras forcejear con ella, le arrebató la cartera y la golpeó en la cabeza con un objeto contundente antes de escapar. Como consecuencia de la agresión, la menor sufrió distintas lesiones que fueron constatadas médicamente.

Sin embargo, el punto central del debate fue determinar si el autor de ese ataque era efectivamente Palacios. Tras analizar toda la prueba producida durante el juicio, el magistrado concluyó que esa circunstancia no pudo demostrarse con el nivel de certeza que exige una condena penal.

La sentencia dedica buena parte de sus fundamentos a cuestionar la investigación policial. Según surge del fallo, los funcionarios basaron la identificación del acusado principalmente en imágenes obtenidas por cámaras de seguridad y en comparaciones realizadas por personal policial respecto de la contextura física, la vestimenta, un tatuaje y el calzado que aparecía en las filmaciones.

No obstante, el juez consideró que esas conclusiones se apoyaron en apreciaciones subjetivas y no en datos objetivos suficientes. Sostuvo que las comparaciones efectuadas por los investigadores constituyen medidas propias de la etapa investigativa, pero que por sí solas no alcanzan para convertirse en prueba concluyente dentro de un juicio oral.

Uno de los aspectos que más pesó en la resolución fue que, inmediatamente después del hecho, la propia investigación había apuntado hacia otra persona: el hermano del imputado. Incluso, una de las adolescentes que acompañaba a la víctima lo identificó en ese momento como el autor del robo luego de que un policía le exhibiera una fotografía tomada durante la persecución. Más tarde, esa hipótesis fue descartada y la pesquisa cambió de rumbo hacia Mauro Palacios a partir del análisis de las filmaciones. Para el juez, ese cambio exigía una fundamentación mucho más sólida de la que finalmente presentó la acusación.

La resolución también pone bajo análisis la metodología utilizada para obtener parte de la evidencia audiovisual. El magistrado señaló que uno de los videos no fue extraído directamente del sistema de grabación, sino que consistía en una filmación realizada con un teléfono celular sobre otro dispositivo, lo que impidió verificar aspectos relevantes como la exactitud de la fecha y el horario registrados. Si bien aclaró que ello no implicaba desconocer la autenticidad del material, sostuvo que el procedimiento reducía su valor probatorio.

El fallo también cuestiona que los informes comparativos sobre las zapatillas y el supuesto tatuaje del acusado carecieran de respaldo técnico suficiente. Según el juez, las similitudes señaladas por los investigadores no permitían identificar de manera inequívoca al autor del hecho y, por el contrario, evidenciaban inconsistencias que debilitaban la acusación.

En definitiva, el magistrado concluyó que la investigación generó sospechas sobre Palacios, pero no logró transformarlas en certezas. En el derecho penal, recordó, una condena solo puede dictarse cuando la autoría del hecho queda demostrada más allá de toda duda razonable. Al no alcanzarse ese estándar, resolvió absolver al acusado y mantener incólume el principio constitucional de inocencia que ampara a toda persona mientras su responsabilidad no sea acreditada de manera fehaciente.

Una mujer de 44 años, que trabaja como secretaria de una integrante del cuerpo legislativo de Gualeguaychú, radicó una denuncia el viernes por la tarde en la Comisaría Primera, contra el concejal Marcelo Rodríguez de La Libertad Avanza por acoso sexual y abuso sexual simple.

Según pudo conocer EL ARGENTINO, la víctima relató que viene soportando el hostigamiento de Rodríguez desde hace tiempo en forma verbal, con ofrecimientos del concejal para tener una relación, pero hace dos semanas esas insinuaciones pasaron a otro plano.

La denunciante contó que Rodríguez ingresó a la oficina donde ella se encontraba con la excusa de que buscaba a la concejal Mirta Sulzyk, también integrante de La Libertad Avanza, cerró la puerta y las persianas, se acercó a donde ella estaba dentro de la habitación y comenzó a manosearla en sus partes íntimas.

La mujer comenzó a gritar, se defendió como pudo y salió de la oficina, mientras el concejal le decía: “Dale que estoy caliente”. Los acosos fueron continuos, pero se intensificaron en las últimas semanas, donde el hombre le tocaba el pelo, el hombro y otras partes de su cuerpo.

Según consta en su denuncia, la mujer siempre se defendió y en todo momento le hizo saber su negativa a esas insinuaciones sexuales que Rodríguez le proponía. Incluso, desde hace unas semanas, le ponía traba a la puerta de su oficina para no ser sorprendida por el ahora denunciado.

El hecho ya está en órbita de la Justicia de Gualeguaychú. Desde la Fiscalía, trabajan en la investigación y en otorgar las medidas restrictivas que ha solicitado la mujer para impedir el acercamiento del concejal.

La investigación por el violento ataque a un adolescente de 17 años, que fue baleado a la salida de un boliche de Gualeguaychú, ingresó en una nueva etapa. El fiscal Jorge Gutiérrez, a cargo de la pesquisa, requirió la elevación de la causa a juicio al considerar concluida la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y sostuvo que existen pruebas suficientes para que los dos imputados enfrenten un debate oral.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Garantías de Natalia Céspedes, que ahora deberá realizar el control de la acusación antes de resolver si el expediente es remitido al Tribunal de Juicio.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando el adolescente salía de un local bailable en la zona del Corsódromo y, tras una discusión y una pelea registrada en inmediaciones de una panadería ubicada en la zona de Concordia y Avellaneda, el conflicto continuó algunas cuadras más adelante.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, los dos imputados se retiraron del lugar en un automóvil y volvieron a encontrarse con el grupo en el que se encontraba la víctima. En ese momento, uno de los acusados descendió del vehículo y efectuó varios disparos con una pistola calibre .380 dirigidos hacia la parte inferior del cuerpo del adolescente. La investigación sostiene que realizó al menos seis disparos, de los cuales tres impactaron en la pelvis y en las piernas, provocándole una fractura de tibia y otras lesiones que obligaron a una intervención quirúrgica.

Para la Fiscalía, mientras el presunto autor de los disparos ejecutaba el ataque, el otro imputado permaneció al volante con el vehículo en marcha, aguardándolo para facilitar la huida una vez consumado el hecho. Tras la agresión, ambos abandonaron el lugar dejando al adolescente gravemente herido sobre la vía pública.

Tras el ataque, los supuestos autores permanecieron ocultos en casas de familiares hasta que finalmente decidieron salir y enfrentar la acusación. Concurrieron hasta la sede de la Fiscalía en 25 de Mayo y Mitre acompañados de sus familiares más cercanos, y tras ello se ordenó su detención.

Posteriormente, fueron citados a indagatoria ante el fiscal Jorge Gutiérrez y ambos se abstuvieron de declarar. Luego, en la audiencia ante la jueza Céspedes, y de común acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que se mantuvieron prófugos varios días y existía una orden de pedido de detención, la magistrada dictó la prisión preventiva por 30 días, que venció a fines de mayo. Luego, a principios de junio, se les extendió la medida por 60 días, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En su requerimiento, el fiscal Gutiérrez atribuyó al joven de 24 años el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, mientras que al imputado de 23 años le atribuyó participación como cómplice de las lesiones graves agravadas.

La acusación se apoya en los testimonios incorporados durante la investigación, las pericias realizadas por la Policía Científica, el secuestro de vainas servidas, la planimetría del lugar del ataque y el análisis de registros fílmicos efectuado por personal de la División Investigaciones, elementos que, según el Ministerio Público Fiscal, permiten reconstruir la mecánica del hecho y el grado de participación de cada uno de los acusados.

En el requerimiento de remisión a juicio, el representante del Ministerio Público también adelantó el monto de pena que solicitará en caso de obtener una condena. Para el presunto autor material de los disparos requirió cinco años y ocho meses de prisión efectiva, valorando especialmente la utilización de un arma de fuego, la diferencia de edad con la víctima —que tenía 17 años— y el hecho de haber abandonado el lugar sin prestarle asistencia. Para el otro acusado, cuya intervención fue considerada secundaria, solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva, teniendo en cuenta su participación en la huida y sus antecedentes penales computables.

La causa deberá atravesar ahora la etapa de control de la acusación. Si el requerimiento fiscal supera esa instancia sin objeciones que impidan su avance, el expediente será remitido al Tribunal de Juicio, donde se fijará la fecha para el debate oral que definirá la responsabilidad penal de ambos imputados.

Todo se conoció el jueves por la tarde, cuando la madre de uno de los niños concurrió a la Guardia del Hospital Centenario con su hijo con síntomas que la preocuparon. Le indicó al médico que el menor de 11 años se encontraba en el cumpleaños de una joven de 16 años y que en un determinado momento comenzó a tener mareos, perdió el equilibrio, la visión borrosa y el habla no era coherente.

Inmediatamente el médico comenzó a indagar sobre cuál podría haber sido el factor que desencadenó esta situación en el menor y fue allí que la madre confirmó que podría haber sido una torta de brownie que había llevado su hija, que tenía un gusto extraño.

El profesional ordenó la realización de un análisis de orina para establecer lo que ya para ese momento podía sospechar debido a los síntomas que presentaba y esos estudios arrojaron la presencia de THC (tetrahidrocannabinol), que es el principal compuesto psicoactivo presente en la planta de cannabis sativa.

Desde el Hospital Centenario se comunicaron con referentes del Hospital Posadas para una consulta profesional ante el cuadro, desde donde se alertó que podría originar un cuadro de gravedad por no tener presente la cantidad exacta que el menor había consumido. El niño quedó en observación por algunas horas hasta que finalmente se estableció su cuadro clínico y posteriormente fue dado de alta.

Pero lo alarmante se conoció casi de forma simultánea, cuando otro niño de 10 años que estaba en el mismo festejo, hijo de la mujer que llevó la torta, fue llevado al Hospital y también se le detectó intoxicación por THC.

El médico interviniente, siguiendo el protocolo, dio aviso a las autoridades judiciales y posteriormente la Policía le tomó entrevista y denunció los casos que ahora son materia de investigación. Durante la tarde del viernes se realizaron dos allanamientos y se busca establecer responsabilidades. Aún no está claro si la mujer que llevó la torta con THC fue la cocinera o si la adquirió en algún lugar. Ambos niños están fuera de peligro.

Uno de los procedimientos se realizó en el domicilio donde se realizó el cumpleaños y según pudo saber El Argentino se secuestró parte de la torta en cuestión que había quedado, mientras que el segundo allanamiento fuer en la casa de la mujer que llevó el postre con cannabis y en ese lugar secuestraron el teléfono de la sospechosa y elementos relacionados al consumo de marihuana.

La pandemia por el Covid 19 trastocó la vida de todas las personas. Las medidas dispuestas desde el Gobierno Nacional de Alberto Fernández obligaron a los distintos gobiernos, provinciales y municipales, a tomar decisiones para salvaguardar y garantizar la vida de los ciudadanos.

Fue en este contexto que, en julio de 2020, el Juzgado Federal de Gualeguaychú inició una investigación para establecer si dos funcionarios municipales de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad bajo la gestión del intendente Esteban Martín Piaggio, habían incurrido en un delito con fondos públicos.

Lo que se buscaba establecer fue si el subdirector de Desarrollo Social, Javier Villarreal, y el director de Suministros del municipio, Ariel D'agostino, habían obligado abusivamente a la Municipalidad de Gualeguaychú a la compra directa de 50 bidones de cinco litros de alcohol en gel cada uno, a un precio unitario de $ 3.509, con un importe total de $ 175.450, obviando procesos licitatorios, de concurso de precios o de comparación de oferta, bajo el pretexto de emergencia sanitaria Covid 19.

Hay que recordar que, en los primeros meses de la pandemia, el temor generalizado y las medidas de higiene que se adoptaron, hicieron que el alcohol en gel desapareciera casi por completo del mercado. La demanda era mayor a la oferta y lo poco que se conseguía era a precios muy superiores a los que habitualmente se comercializaba hasta ese momento.

Las actuaciones relacionadas con la cuestionada compra comenzaron a tomar forma en el ámbito federal, donde se puso la lupa sobre diversas presuntas irregularidades detectadas en la operación. Entre los aspectos observados figuraban la contratación de un proveedor que no desarrollaba actividades vinculadas al producto adquirido, la ausencia de autorización por parte de la Anmat y el pago de un importe que excedía los valores máximos establecidos por la normativa nacional vigente para ese insumo.

Mientras esa pesquisa avanzaba, el entonces exfuncionario municipal Javier Villarreal decidió presentarse por iniciativa propia ante los tribunales de Gualeguaychú. A partir de allí se abrió una discusión sobre qué jurisdicción debía intervenir en el caso. En ese contexto, el fiscal provincial que recibió la presentación entendió que no correspondía impulsar una investigación desde el ámbito local.

La disputa por la competencia parecía encaminar el expediente nuevamente hacia la Justicia Federal, pero el juez de Garantías Ignacio Telenta sostuvo una postura diferente. Consideró que los hechos debían ser analizados por la Justicia entrerriana y promovió las actuaciones necesarias para que así ocurriera.

Con ese objetivo, en septiembre de 2020 impulsó un planteo formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que definiera cuál era el fuero competente. Tras más de tres años de controversia judicial, el máximo tribunal del país se pronunció y respaldó la posición del magistrado de Gualeguaychú, determinando que la causa continuara su trámite en la órbita provincial.

Pero tras ello, los meses pasaron y hace poco tiempo atrás se tomó una decisión respecto a esta causa. El fiscal Jorge Gutiérrez no encontró delito porque consideró que, en ocasiones, las acciones atípicas están justificadas y no son ilícitas. Si bien hay una modalidad establecida para la compra, como existe una Ordenanza (11738/2012) que lo especifica, en este caso había una situación excepcional que lo justificaba.

Por el contrario, lo que se puso bajo la lupa no fue el accionar de los funcionarios municipales, sino el del vendedor, que no contaba con autorización para el fraccionamiento y/o venta de alcohol medicinal. Según la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial el alcohol en gel de 1000 ml tenía un precio $ 480 a $ 500.

En el archivo de la causa, Gutiérrez entendió que la adquisición del producto, fuera de los canales tradicionales, se enmarcó en una situación de escasez de oferta ante la demanda y la urgencia de cubrir la necesidad. “La grave situación le imponía al funcionariado municipal un deber de resguardar la salud de la población de esta ciudad y la adquisición del alcohol en gel era una de las herramientas para tal misión, evitar o al menos mitigar la propagación del virus”, consideró el Fiscal.

En consecuencia, la actuación de Villarreal y D'agostino “se halla amparada por la Ley”, al igual que la figura del entonces intendente Esteban Martín Piaggio. En cuanto al vendedor, “es cierto que de su parte hay un aprovechamiento al cotizar por encima del precio promedio”, pero se entendió que “no existió una desproporción tal que pueda hablarse de un abultado enriquecimiento con la venta”.

A lo largo de toda la semana se desarrolló en los Tribunales de Gualeguaychú un nuevo juicio por jurado por un caso de abuso sexual gravemente ultrajante, contra un hombre que durante más de una década violó a una joven que hoy ya tiene 20 años y se animó a contar lo que padeció.

Se trata de un sujeto que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la víctima.

Este hombre habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.

El pasado lunes comenzó a tratarse el caso en los Tribunales. Ese primer día estuvo dedicado a la selección de las doce personas que integraron el jurado y el martes se realizaron los alegatos de apertura y la recepción de la prueba, entre los profesionales que atendieron a la joven en la Casa de la Mujer y en el Centro de Salud de su barrio. El martes y miércoles siguieron con las declaraciones de la madre, familiares, amigos, que tomaron conocimiento de los hechos y peritos del Poder Judicial. El jueves fue el turno de la defensa y sus testigos, y este viernes se realizaron los alegatos de clausura e instrucciones finales al jurado ante de la deliberación y veredicto.

El jurado lo encontró culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de conviviente y por ser la víctima menor de 18 años, y la audiencia de cesura se realizará el próximo miércoles, donde la fiscal Cedrés podría requerir hasta el máximo de lo que establece el Código, con una pena de hasta 20 años de prisión.

Un nuevo juicio por abuso sexual dará inicio en Gualeguaychú la próxima semana. El lunes se realizará la selección del jurado y desde el martes comenzarán las audiencias para establecer la responsabilidad penal de un hombre que podría ser condenado a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Se trata de un sujeto que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la joven.

Al parecer, este hombre habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes actualmente opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.