El sector solicita herramientas financieras viables tras el fin de las tasas subsidiadas y critica las altas exigencias que imponen los programas de fomento para las Pymes del campo.

Juan Pablo Cerini, quien a inicios de este año comenzó su segunda gestión como presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), proviene de la empresa familiar El Hinojo, dedicada a la agricultura, a la producción de cerdos con una granja de 2.000 madres y la comercialización de carne porcina a través de la cadena de carnicerías La Porca, con 14 sucursales (nueve en la ciudad de Paraná y cinco en Santa Fe).

El negocio porcino atraviesa una etapa de crecimiento en el consumo, impulsada en parte por la brecha de precios con la carne vacuna. Según Cerini: “Un corte de costilla de carne de vaca vale $20.000, mientras que uno de costilla de carne de cerdo cuesta $10.000, lo que genera un atractivo muy significativo para el consumidor. A pesar de la estacionalidad que suele planchar los precios entre mayo y julio, pareciera que la brecha entre los precios se estabilizó en esos valores cercanos al doble, un indicador que nos hace ser optimistas como productores ya que augura que el consumo va a seguir creciendo”.

Asimismo, señaló que las granjas con índices de eficiencia promedio logran sostenerse: “Hoy la foto para el momento del año es relativamente buena ya que el precio está más bajo, pero así todo estamos saliendo casi empatados”. Esta situación de equilibrio en producciones que cuentan con “genética y buen alimento” permite proyectar que, cuando la demanda se active hacia finales de julio, el sector volverá “al terreno de la rentabilidad”.

Según el directivo, para que la actividad sea sustentable frente a los costos, existen parámetros técnicos ineludibles: “Hay que apuntar a determinado nivel de productividad para que la actividad sea viable. Más menos 3.000 kilos por madre al año pueden no ser sostenibles en el tiempo”.

Entre Rios ha sido la región con mayor crecimiento en los últimos años, situándose actualmente como la cuarta provincia a nivel nacional en términos de producción porcina.

Uno de los puntos centrales de la agenda de Capper con el Gobierno de Entre Ríos es la reglamentación de la Ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas. “Básicamente lo que la ley establece es la obtención del certificado de aptitud ambiental a través de un trámite simplificado vía digital. Este certificado tendrá una revalidación cada cinco años en lugar de dos, lo que simplifica la carga administrativa para el productor. Conseguir una ley es un paso institucional muy importante. Ahora viene la otra parte que es la reglamentación y después la de la búsqueda de soluciones específicas para cada uno de los sectores”.

Entre las principales dificultades para el crecimiento del sector se encuentran el déficit de infraestructura y el alto costo de inversión inicial: “Poner una granja para producir cerdos es más caro que una de pollo o un feedlot”, señaló Cerini.

Respecto al crédito, advirtió sobre la desaparición de las tasas negativas: “Se terminaron los créditos a tasa negativa contra la inflación, que fue el periodo del final de la gestión anterior y la transición al actual Gobierno nacional. Ese cambio macroeconómico todavía no aterrizó del todo en el productor. Aunque existen líneas como las del Banco BICE a valor producto, pero no es una línea de financiamiento sobre la cual la gente se tire de cabeza debido a la incertidumbre sobre la inflación futura”.

Cerini analizó también las herramientas de fomento a la inversión a nivel provincial (RINI) y nacional (RIMI): “Lo más atractivo a nivel provincial es que te eximen de ingresos brutos de la venta incremental de tu proyecto. Pero en las actividades rurales, veo que en Córdoba y Santa Fe ya nadie paga ingresos. Entonces me estás devolviendo lo que en las otras provincias ya no me cobrarían. En cuanto al RIMI el principal obstáculo son los umbrales de inversión. Como soy del agro para acceder tengo que invertir 3,5 millones de dólares. Si fuera industrial accedo con una inversión de 600 mil dólares. Es la gran discriminación que viene sufriendo el campo en el tema Pyme. El atractivo es la amortización acelerada para pagar menos impuesto a las ganancias, pero la vara de ingreso para el sector agropecuario es considerada excesivamente alta”.

El presidente de Capper señaló que el crecimiento del consumo de carne porcina, la eficiencia productiva y la reglamentación de herramientas vinculadas al ambiente y la inversión serán factores centrales para el desarrollo de la actividad en Entre Ríos. También remarcó las dificultades vinculadas al acceso al financiamiento, los costos de infraestructura y las diferencias en los regímenes de promoción para el sector agropecuario.

Tras una historia familiar de superación, es la primera mujer que se pone al frente de la institución que nuclea a 150 industrias. En esta entrevista exclusiva, Valenti analiza la urgencia de infraestructura vial y conectividad para las fábricas en un contexto de rentabilidad acotada.

Celeste Valenti, titular de la empresa láctea Cremigal, es la nueva presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), una institución que nuclea a aproximadamente 150 industrias y cámaras sectoriales de la provincia. Su llegada a la conducción se produjo tras desempeñarse como vicepresidenta primera durante la gestión de Gabriel Burdín. Entrevista exclusiva con la titular de UIER.

Sobre su acceso al cargo, Valenti señaló: “Fueron muchos años, siempre de a poquito, me incorporé a UIER apenas tuve que hacerme cargo del negocio familiar para contactarme con otras empresas que tenían los mismos problemas o desafíos. Nunca imaginé que iba a presidir esta institución”. La decisión final fue impulsada por sus colegas de la UIER: “Ellos fueron los me terminaron de convencer, me dijeron: ‘Celeste, tenés que ser vos, confiamos en que vas a poder'”. La actual Comisión Directiva se compone por un grupo que incluye a diversas mujeres de distintos rubros y perfiles jóvenes.

Objetivos de gestión y desafíos industriales

La agenda de la UIER bajo su presidencia se centra en la continuidad de ejes estratégicos y en el análisis comparativo regional. “Hoy en día lo que estamos viendo es empezar a estudiarnos nosotros: cómo estamos respecto a las otras provincias de la región centro”, afirmó Valenti. Entre las prioridades legislativas y técnicas, la institución aborda normativas ambientales, leyes de parques industriales y cuenta con seis departamentos especializados en áreas como legales, recursos humanos y tecnología.

Valenti identifica como una necesidad provincial el fomento de la actividad privada: “Entre Ríos necesita que haya más trabajo genuino, más industrias y más inversiones privadas”. En este sentido, la entidad trabaja con el Gobierno en el análisis de incentivos para los empresarios que quieren invertir y, según sus palabras: “Armar una propuesta realmente atractiva”.

En cuanto a la operatividad diaria, la preocupación se centra en la infraestructura y los insumos energéticos. “Estamos viendo también el día a día, por ejemplo, ahora hay un tema de que no sabemos si va a haber gas en el invierno”, explica Valenti, detallando que la UIER actúa en representación de las industrias ante estos escenarios. También destaca como fundamentales la infraestructura vial y la conectividad a internet para el funcionamiento de las fábricas.

La trayectoria de Celeste Valenti en el sector industrial comenzó a sus 22 años cuando, junto a su hermano Ignacio —que en ese momento tenía 18—, tuvo que ponerse al frente de la Cremigal tras el fallecimiento de su padre en 2004: “Fue un shock. A veces hay cosas que no me acuerdo, pero fue bravo porque primero fue hacerse cargo de algo que no entendía por dónde arrancar y segundo también había perdido a mi papá. Estaba triste, pero la circunstancia hizo que tenga que tomar decisiones y afrontar la realidad”.

A pesar de contar con formación en Comercialización y Administración de Empresas, Valenti reconoció que no estaba involucrada en la operatividad diaria de la fábrica en ese entonces. Su crecimiento se basó en el aprendizaje directo con el personal: “Mi papá trajo buena gente y fue cada uno de ellos los que me enseñaron y así fuimos creciendo juntos”.

Bajo su gestión, la empresa pasó de procesar aproximadamente 100 mil litros de leche diarios a alcanzar promedios de 500 mil litros en períodos de alta producción. Actualmente, la firma ocupa el puesto número 15 en el ranking nacional de recibo de leche estando entre las 15 más importantes del país en procesamiento.

El crecimiento se sustentó en diversas etapas: por un lado, continuar con la producción de leche en polvo que había empezado su padre, que como Pyme los obligaba a jugar como las grandes industrias. Apuntaron a la diversificación de productos con producción de yogur para agregar valor a la materia prima y no depender exclusivamente del mercado del queso cremoso. Impulsaron la leche larga vida en 2021 con un sachet complejo, tras investigar alternativas en Finlandia, Francia y Colombia. Y profundizaron la integración con producción propia a través de tambos, incluyendo inversiones recientes en sistemas de ordeñe tipo calesita.

En cuanto a la inserción en mercados externos, Cremigal destina actualmente alrededor del 5% de su volumen de producción a la exportación, lo que representa un 7% de su facturación total. El proceso de internacionalización comenzó con la planta de leche en polvo, hito que Valenti describe como un motor de profesionalización: “Me dio el puntapié para decir: 'voy a habilitar la planta para exportar' y esa decisión hizo que tengamos que tener un orden diferente ya que fue la base para el crecimiento fronteras afuera”. Además de la leche en polvo, la empresa proyecta concretar su primera exportación de quesos a Brasil a fines de este mes. Según la empresaria, este paso hacia nuevos mercados “exige estar más atentos porque es otro mercado”.

Respecto al financiamiento de estas inversiones, Valenti aclara que Cremigal no mantiene niveles altos de endeudamiento: “La deuda para reinvertir en la empresa la tenemos con el mismo proveedor. Vamos creciendo a paso firme”.

En la actualidad, el enfoque se desplaza hacia la eficiencia de costos debido a la coyuntura económica: “Hoy en día, la rentabilidad es muy pequeña y por eso vamos paso a paso cuidando siempre la calidad de cada uno de nuestros productos”.

La campaña de granos finos en Entre Ríos comenzó con un escenario de fuertes contrastes. Mientras las sembradoras ya avanzan en algunos lotes, la incertidumbre económica domina las decisiones productivas. Según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se proyecta una caída del 18% en la intención de siembra de trigo, lo que reduciría el área implantada a unas 600.000 hectáreas.

El contador Matías Méndez, gerente de GC Agro, advierte que el sector enfrenta un problema estructural: “No estamos agregando valor para el riesgo que estamos corriendo”. Para el ciclo 2026/27, describe una rentabilidad extremadamente ajustada, con márgenes que califica como “muy finitos”, debido a la volatilidad de los costos de los fertilizantes, especialmente de la urea, impulsada por los conflictos bélicos internacionales.

Méndez expuso además la fragilidad financiera del negocio agrícola y señaló que el sector no logra generar valor suficiente frente al nivel de riesgo y capital inmovilizado. Con una superficie provincial prácticamente estabilizada desde hace 15 años, el crecimiento horizontal hoy implica “robarle campo al vecino”, una dinámica que incrementa los valores de arrendamiento y erosiona aún más el margen neto.

En contrapartida, el crecimiento vertical mediante la intensificación ganó terreno en las últimas campañas. El trigo alcanzó las 729.000 hectáreas y superó incluso la superficie de soja de primera. Sin embargo, el incremento de la producción no se tradujo necesariamente en mejores resultados económicos debido a factores de mercado y logística.

La trampa de la logística y la calidad

La campaña pasada dejó en evidencia que producir más no siempre significa ganar más. A pesar de obtener rindes 1.100 kg/ha superiores a los presupuestados, el precio del trigo cayó hasta los 166 dólares por tonelada.

El elevado volumen cosechado generó cuellos de botella logísticos que derivaron en costos adicionales por cupos y descuentos por calidad —especialmente por PH— que oscilaron entre el 5 % y el 10 %. Esta volatilidad, según Méndez, refuerza la necesidad de una gestión sistémica orientada a proteger el principal activo biológico del sistema: el suelo.

El trigo continúa siendo un cultivo clave por su estabilidad y por el aporte que realiza al sistema productivo. Sin embargo, este año el éxito estará menos ligado al volumen cosechado y más a la capacidad de gestionar costos y diversificar riesgos en un mercado que no ofrece margen para errores.

El informe de marzo de 2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) aporta cifras que terminan de delinear el complejo escenario para el cereal en la provincia. El reporte oficial proyecta resultados que obligan al productor a trabajar con extrema eficiencia para evitar caer en terreno negativo.

Para Entre Ríos, la SAGyP estima un rendimiento promedio de 2,97 tn/ha para la campaña 2026/27 y un precio de cosecha de 222 dólares por tonelada. Si bien este valor representa una mejora del 21 % respecto de las estimaciones de diciembre de 2025, continúa condicionado por una estructura de costos en ascenso.

La rentabilidad, además, varía de manera significativa según el régimen de tenencia de la tierra, siendo el modelo bajo arrendamiento el más vulnerable. El costo del arrendamiento, calculado en torno a los 94,5 dólares por hectárea para la región, termina de comprometer la rentabilidad del cereal.

Según la Bolsa de Cereales de Entre Rios, en su último informe la situación es aún más crítica, los rindes necesarios para cubrir los costos se sitúan en 3.300 kilos para campo propio y 3.870 kilos para campo arrendado, algo muy difícil de llegar a conseguir: solo en 4 de cada 10 años se pueden lograr dichos rindes.

Los datos oficiales ratifican la advertencia de los analistas: el trigo 2026/27 en Entre Ríos se jugará en una franja extremadamente delgada, donde la eficiencia en el uso de insumos y la administración del riesgo de arrendamiento serán determinantes para sostener la rentabilidad del productor.

En una industria que exige pureza medida en partes por billón y trazabilidad absoluta, la empresa Danangie demuestra cómo la trashumancia y la tecnificación permiten superar las barreras del mercado internacional, mientras advierte sobre los desafíos regulatorios que el sector aún debe resolver para no frenar el crecimiento.

Lo que hoy es un hito nacional —el despacho de 20.986 kilos de miel con arancel cero hacia Alemania— comenzó de a poco. Conversamos con Daniel Danbros fundador de la empresa Danangie que a pocos días de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, Argentina concretó la primera certificación para exportar bajo el sistema de cuotas previsto en el pacto. La operación corresponde a un cargamento de miel despachado desde Concordia, Entre Ríos, con destino al mercado europeo.

La empresa nació en 1990 en un garaje con apenas 400 colmenas. Apenas un año después, mediante un crédito del Banco Nación, saltaron a las 1.000 colmenas y comenzaron a comprar producción a terceros. Con el tiempo, la firma logró una integración vertical necesaria: ante la falta de infraestructura externa, compraron un aserradero adyacente a su planta para fabricar sus propios cajones, adquirieron montes de eucaliptus y hoy se autoabastecen de madera sobradamente. Incluso, en medio de la crisis de 2002, Daniel vio una oportunidad para empezar a exportar, consolidando una expansión que hoy incluye una empresa independiente en Canadá manejada por una de sus hijas.

Esta trayectoria de tres décadas alcanzó un nuevo nivel de profesionalismo de la mano de su hija María de los Ángeles (Angie), psicóloga y encargada de exportaciones, quien aseguró el primer cupo del nuevo acuerdo Mercosur-UE. "Como mi hija estaba a las 12 y 1 minuto en la oficina online, le dieron luz verde y ni lerda ni perezosa metió todo lo que pudo", relata Daniel sobre el momento en que se habilitó el sistema para eliminar el arancel que hasta el 30 de abril era del 17,3%.

Seguimiento del acuerdo y ventajas competitivas

El empresario señaló que la firma siguió durante años la negociación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea debido al impacto esperado para la actividad exportadora. “Sabíamos de los beneficios que nos iba a traer este tratado”, afirmó.

Sobre el impacto comercial del nuevo esquema, explicó que la eliminación del arancel mejora la competitividad frente a productores europeos: “Vamos a entrar de distinta manera que entra un productor francés o alemán, con la diferencia que tenemos que pagar el contenedor y el viaje”.

También indicó que, aun con el arancel anterior, la empresa logró sostener sus mercados mediante estándares de calidad y trazabilidad: “Los importadores europeos prefieren trabajar con nosotros sabiendo que lejos de ser un problema somos una solución”.

Según detalló, la planta trabaja con sistemas de seguimiento online para los clientes europeos. “Ellos pueden seguir todo el proceso, desde que se reciben los tambores hasta que se carga el contenedor”, explicó y sostuvo que la exigencia de calidad del mercado europeo obliga a trabajar con estándares muy estrictos: “Trabajamos con residuos en partes por billón”.

El impacto en la cadena y los desafíos pendientes

Aunque los contratos vigentes ya tenían precios pactados bajo el esquema anterior, Danbros asegura que el beneficio se sentirá pronto en toda la región. "Se va a acomodar toda la cadena productiva y es importante para el sector... va a ser un beneficio para todo, para toda la cadena", señala, pensando en los productores que aún están en proceso de crecimiento.

Sin embargo, el optimismo convive con la cautela ante nuevos desafíos regulatorios. Danbros advierte sobre un problema inminente con la laca de los tambores que podría cerrar el mercado europeo en poco más de un mes: "Tenemos latente un problema con los tambores... le estamos pidiendo al Senasa que se ponga las pilas porque realmente necesitamos solucionar ese problema".

Respecto a la producción de la campaña actual, Daniel Danbros destaca que la clave de su operatividad es la transhumancia, una técnica que les permite trasladar las colmenas a diferentes regiones para aprovechar floraciones que no están disponibles en su zona durante todo el año. Según relata, cuando en Entre Ríos no hay flores en verano, movilizan las colmenas hacia la cuenca lechera de Córdoba y Santa Fe. Esta estrategia, sumada a su red de productores integrados, les permite ofrecer una miel de calidad uniforme y trazable que cumple con exigencias internacionales de pureza medidas en partes por billón (PPB). Aunque aclara que su producción es miel natural y no orgánica —debido a que la ubicación de sus campos cerca de rutas nacionales impide esa certificación específica—, Danbros asegura que la calidad es de excelencia y que, a pesar de los altos costos en combustible y tambores, "el precio no está tan mal" en esta temporada. Para el productor, este es el momento para que sus colegas "se pongan las pilas y hagan más material, crezcan en colmenas", aprovechando que el país necesita aumentar sus saldos exportables.

Entre Ríos, polo apícola

El éxito se enmarca en una provincia que cuenta con más de 10.000 apiarios, alrededor de 700.000 colmenas y más de 2.300 productores, consolidándose como el segundo polo apícola del país. En el segmento orgánico, más de 4.500 colmenas se encuentran certificadas, con una fuerte concentración en los humedales del Delta, lo cual nos posiciona con un potencial para el crecimiento de esta producción diferenciada.

El actual presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Senado y referente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, analizó los desafíos legislativos para el sector agropecuario, su visión sobre la propiedad privada y el ambicioso plan de desregulación que impulsa junto al presidente Javier Milei.

El legislador se ha convertido en una de las voces dentro del Congreso para defender la agenda del sector agropecuario bajo el prisma de la libertad de mercado. Con una postura crítica hacia lo que denomina un “Estado opresor”, en diálogo con EL ARGENTINO sostiene que la reconstrucción económica del país depende de devolverle al productor la seguridad jurídica perdida tras décadas de intervencionismo y presión fiscal.

Mantiene un diálogo fluido con el presidente Milei, ¿qué lugar ocupa el campo en su agenda y qué pasará finalmente con las retenciones?

Partí de la base para entenderlo, que él entiende al igual que yo que en la producción y en la economía en general, el Estado es el problema y no la solución. Para el Presidente, los impuestos son un flagelo y su compromiso es que las retenciones para el campo sean cero. No es una promesa de campaña para quedar bien en la Rural; él desprecia el impuesto por considerarlo de origen inmoral, ya que el Estado usa el monopolio de la fuerza para cobrar por servicios de justicia y seguridad que, por décadas, no ha prestado de manera eficiente.

¿Cómo define el rol que debería tener el Estado frente al mercado agropecuario?

Lo que tiene que hacer el Estado es darte un marco jurídico y seguridad con reglas claras, con la menor cantidad de impuestos posible y la eliminación de cualquier tipo de traba. El mercado somos todos y quien debe mandar es el consumidor, tal como sucede en los países desarrollados. Lamentablemente, el campo ha sido el “chivo expiatorio” para financiar al Estado, generando un resentimiento alentado por el socialismo que debemos terminar.

En su labor parlamentaria, ¿cuáles son los ejes centrales que está trabajando para el sector?

Me van a ver permanentemente apoyando la baja de impuestos, la desregulación y cualquier normativa que le haga la vida más fácil a la gente del campo. Hoy estamos discutiendo algo básico, pero fundamental: la inviolabilidad de la propiedad privada. Estamos volviendo a entender que lo que es tuyo es tuyo, tal como lo defienden los artículos 17, 20, 22 y 25 de la Constitución Nacional. Dentro de esto, impulsamos cambios en la Ley de Fuegos y la de Tierras.

¿Qué objeciones tiene contra estas dos leyes?

La Ley de Fuegos del kirchnerismo planteaba el sinsentido de que, si quemabas un campo, no podías producir allí por 30 años, ignorando que la quema es, en muchas provincias, una práctica productiva necesaria para el forraje. Respecto a la Ley de Tierras, es una normativa xenófoba que solo logró destruir el patrimonio de los argentinos. Entre 2012 y el cambio de gobierno, los precios de los campos cayeron entre un 30% y un 50% porque se limitó el ingreso de capitales extranjeros. Al capital no le gusta que lo restrinjan; el extranjero que invierte no se lleva la tierra, reinvierte si hay seguridad jurídica.

Respecto a la energía y biotecnología, ¿hay proyectos específicos en marcha?

Estamos trabajando en una nueva Ley de Combustibles para salir de un esquema donde la Secretaría de Energía dispone cupos y precios como si fuese la “Gestapo”. Queremos liberalizar el sector de biodiesel y bioetanol para que las empresas compitan por eficiencia. También es crucial la Ley de Semillas (UPOV 91) para dar seguridad jurídica a los obtentores y fomentar el desarrollo científico local. Empresas argentinas como Don Mario, hoy se desarrollan más en Brasil o Estados Unidos que aquí, y eso es lo que tenemos que revertir para dejar de exportar científicos y conocimiento.

Como legislador vinculado a Entre Ríos, ¿cómo integra la problemática provincial en esta agenda nacional?

Mi función es generar puentes con los distintos sectores privados de Entre Ríos. Estoy analizando junto a diversas Cámaras la necesidad de una reforma en la ley de trabajo rural y una modernización laboral que se ajuste a las necesidades actuales. Aunque nací en Buenos Aires, vivo en La Paz hace 15 años y me siento entrerriano; mi objetivo es que cualquier proyecto que trabajemos en el Senado tenga un impacto transformador en la producción de nuestra provincia.

Mencionó con preocupación que empresas y científicos argentinos terminan radicándose en el exterior. ¿Qué falta en nuestra legislación para que el conocimiento se quede y produzca en el país?

Nosotros somos grandes exportadores de inversores, de científicos y de conocimiento porque no tenemos el marco de seguridad jurídica que garantice que el fruto de su esfuerzo les pertenece. Hoy, si un científico inventa algo y lo presenta en Argentina, no tiene protección, lo que obliga a los desarrolladores del Conicet o de fundaciones a hacerlo afuera. Mi compromiso desde el Senado es darles ese marco. En otras palabras, que quede claro que lo tuyo es tuyo: respeto a la propiedad privada y después, si te va bien, bienvenido a hacerte multimillonario. Y si te va mal, tendrás que dedicarte a otra cosa, como cualquier hijo de vecino.

Entre exportaciones récord y el interés de gigantes de China y Estados Unidos, el funcionario analiza la crisis de Sancor, el fin de las trabas por el scrapie y el plan para que los productores usen a sus vacas como garantía de crédito.

En el corazón de una de las cuencas lecheras más importantes de Entre Rios, se llevó a cabo una nueva edición de la Expo Leche Nogoyá. El evento, definido por la viceintendenta de la ciudad, Desiré Peñalosa, como un "gran esfuerzo económico y humano" que recae en un 95% sobre el municipio, busca resaltar el valor de un sector que es el que "más genera empleo dentro del campo". En este escenario de tradición y trabajo, donde empresas como La Sibila y Cremigal marcan el pulso regional, el Director de Lechería de la Nación, Sebastián Alconada, dialogó con EL ARGENTINO sobre el horizonte de la actividad.

A pesar de los desafíos macroeconómicos, Alconada presentó cifras contundentes sobre el desempeño exportador: "El bimestre es récord, exportamos más de 273 millones de dólares, aumentamos un 17% las exportaciones comparado con el año pasado". Este crecimiento se da en un contexto de precios internacionales que se han estabilizado en valores que el funcionario califica como "buenos", oscilando entre los 3.700 y 4.000 dólares la tonelada.

Sin embargo, no todo ha sido fluido en el frente externo. El funcionario se refirió específicamente a las complicaciones surgidas por el scrapie en ovinos, que afectó los registros sanitarios de exportación: "Estos días fueron medio complicados puntualmente por este tema, nos condicionó algunos registros sanitarios de productos de exportación". Al respecto, Alconada trajo tranquilidad al informar gestiones avanzadas con Senasa: "Se resolvió el mercado de Argelia, que es uno de los principales por volumen... Quedaban 24 mercados al día de ayer (sábado pasado) y ahora ya deben quedar 10 mercados por arreglar", estimando que la situación se normalizará totalmente en los próximos días.

Inversiones globales y movimientos industriales

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue el renovado interés de potencias mundiales en el sector lácteo argentino. Alconada detalló la visita del Dairy Club de Estados Unidos, una asociación que nuclea a productores que manejan el 50% de la leche de su país: "Había un productor... que tenía 200.000 vacas; nosotros en Argentina tenemos un millón y medio". Según el funcionario, estos actores "están viendo a Argentina como una oportunidad de inversión" al observar un camino hacia la normalización macroeconómica. A esto se suma el interés estratégico de China, por la materia prima y el suero de alta calidad para fórmulas infantiles.

En el plano local, Alconada interpretó los recientes movimientos corporativos —como las inversiones del grupo peruano Gloria que adquirió el 80% de la filial argentina de la canadiense Saputo que opera con las marcas La Paulina, Ricrem y Molfino y el traspaso de Mastellone— como señales positivas de largo plazo: "Que una empresa se gaste más de 600 millones de dólares en comprar una planta... alguien que hace ese tipo de inversión algún tipo de análisis hizo". En este marco, no eludió la realidad de la cooperativa más emblemática del país: "Sancor viene en terapia intensiva hace años por cuestiones de manejo propio... tiene una marca espectacular, tiene capital humano espectacular", reconoció. Sin embargo, vinculó la actual urgencia por sanearla con un posible cambio de manos: "Creo que el apuro por poder ordenarla tiene que ver con una oportunidad de interés de compra por parte de alguien".

El desafío de la eficiencia y el financiamiento

Pese al optimismo por el crecimiento de la producción (ubicada un 10% por encima del año pasado), el director fue tajante respecto a la necesidad de profesionalizar la gestión. Citando la reciente encuesta sectorial del INTA, advirtió que "más del 40% no lleva registro y no hace planificación ni económica ni financiera".

Para Alconada, el tambero debe completar su transformación: "Esto es una carrera donde hay que convertirse en empresarios... El mensaje es feo, pero si no cambiamos, te vas a fundir". En un entorno sin inflación, la eficiencia será la única regla de supervivencia.

Para acompañar este proceso, el organismo trabaja en herramientas financieras adaptadas a la realidad del sector, donde el 54% de la actividad se realiza en campos alquilados: "Estamos trabajando muy muy fuerte en lograr utilizar el Warrant... buscando poder tomar como garantía las vacas para que el productor pueda acceder al crédito", concluyó el funcionario, reafirmando una visión optimista para el cierre del año.

Por su parte, el ministro provincial Guillermo Bernaudo analizó la situación local destacando que, tras años de sequía, la entrada al invierno será positiva gracias a la recomposición de pasturas: "Creo que vamos a andar con muy buen pasto para entrar al invierno, cosa que también es importante acá en la provincia". Bernaudo enfatizó que el tambo entrerriano es "proporcionalmente chico" y tiene un fuerte componente de "arraigo y familiar", una actividad que el Gobernador Rogelio Frigerio busca sostener activamente.

Para ello, la provincia impulsa el programa de Buenas Prácticas Lecheras junto al CFI: "Se hace todo un checklist de 112 puntos para ver los ámbitos de mejora de los tambos... han empezado a corregir, tenemos financiamiento para las correcciones". Además, Bernaudo detalló la renovación de un convenio clave con el banco BICE por 2.500 millones de pesos: "Son valor producto, más UVA, 8% de interés y nosotros subsidiamos la mitad de esa tasa... se convierte a valor leche con un 4% de interés". El objetivo es facilitar inversiones críticas, especialmente en el tratamiento de efluentes.

Este impulso a la competitividad se da en un momento bisagra para el sector a nivel nacional. Entre Ríos es la cuarta productora de leche del país con aproximadamente un 5%, muy por detrás de las principales como Córdoba que aporta el 35 % de la producción nacional, luego le sigue Santa Fe 31%, Buenos Aires 25% (Siglea ago25). Es innegable el fenómeno no solo nacional sino mundial de cierre de tambos, no obstante, Argentina y precisamente Entre Ríos son los lugares con menores cierres.

Según las estadísticas que genera la dirección nacional de lechería en (agosto de 2025) hay 95 tambos en la cuenca este de Entre Ríos. Totalizando 520 en toda la provincia y 4,93% de los litros del país. Dichas estadísticas se basan en todos los tambos que entregan leche a usinas lácteas que reportan todos los meses la información. A estos valores deberíamos agregar los tambos quesería que no mandan la información, pero en el departamento de Gualeguaychú son casi inexistentes.

La provincia de Entre Ríos aportó el 3,5% respecto al volumen de producción de leche a nivel nacional en 2020 (Informe 2020, Dirección General de Estadística y Censos – Ministerio de Economía de Entre Ríos) y en agosto de 2025 se encentraba en un valor cercano al 5%; por lo que la importancia relativa si bien es más baja que en las principales cuencas, es importante y creciente.

Se estima que un tambo emplea al menos una persona cada 1.000 lts de leche diarios, a fines del año pasado la producción en Entre Ríos era al menos de 1.342.314 lts según datos de la secretaria, es un sector de alrededor de 1.350 tamberos, a los que tenemos que sumarle los sectores satélites de los mismos como los transportistas y los trabajadores de las usinas lácteas.

El sector ovino de Gualeguaychú y de todo el país se encuentra en estado de alerta tras la confirmación, por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de los primeros brotes de Scrapie clásico en Argentina. La detección se produjo en reproductores importados desde Paraguay en 2021 y 2022, localizados en establecimientos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

El Scrapie, también conocido como "tembladera", es una enfermedad neurodegenerativa fatal que afecta a ovejas y cabras. Si bien las autoridades y especialistas recalcan que no es una zoonosis —es decir, no se transmite a los humanos ni afecta el consumo de carne—, su impacto económico y en el estatus sanitario es profundo.

Uno de los focos detectados se encuentra en la localidad de Herrera de nuestra provincia, específicamente en la cabaña “El Luchador”. Su propietario, Sergio Tafarel, relató que la aparición de la enfermedad fue una sorpresa absoluta, ya que se dio en el marco de controles preventivos de rutina. “Nos toca esto por hacer las cosas bien, por hacer todo de forma legal y formal”, afirmó el criador, explicando que es obligación de quienes importan animales remitir el cerebro de los ejemplares cuando mueren por causas naturales.

Tafarel fue enfático al señalar que en su establecimiento nunca se observaron signos de la enfermedad: “No vi ningún síntoma, nunca tuvimos síntomas, nada de nada, pero es obligación remitir el cerebro”. Actualmente, su establecimiento se encuentra bajo interdicción del Senasa, lo que significa que tiene restringido el movimiento de animales; aunque puede vender ejemplares para faena, tiene prohibida la comercialización de reproductores.

La noticia ha generado una revolución entre los productores de la zona. Matías Márquez, referente de la raza Hampshire Down e integrante de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, expresó que es “un problema grande que nos salpica directamente a nosotros y a un montón de cosas más a nivel país”.

La consecuencia más inmediata es la pérdida del estatus de “país libre”, lo que bloquea automáticamente la emisión de certificados de exportación para animales en pie. Márquez explicó que, si bien el comercio interno continúa, el Senasa ya no puede emitir certificados para mercados que exijan dicho requisito sanitario. Este cambio ya afecta a industrias locales que sufrieron el cierre de exportaciones de alimento balanceado debido a que algunos mercados internacionales exigen el estatus de país libre para recibir estos productos.

El hallazgo llega en un momento de gran impulso para la actividad, con inversiones en frigoríficos y una creciente venta de genética. Sin embargo, la aparición del scrapie generó dudas sobre eventos clave como el Congreso Mundial de la raza Hampshire Down, previsto para 2026 en la Rural de Palermo. Finalmente, Márquez confirmó que se desarrollará normalmente entre los días 18 y 24 de julio.

Por su parte, Tafarel dirigió críticas hacia el organismo sanitario nacional por no haber exigido pruebas de resistencia genética al momento de la importación. “Senasa nos tendría que haber exigido a todos los importadores el análisis de resistente que se denomina RR/R”, sostuvo, argumentando que con ese dato se podría haber evitado el ingreso de animales susceptibles a la enfermedad. Además, cuestionó los tiempos del organismo: en su caso, el animal murió en julio de 2025, pero los resultados positivos recién fueron informados en abril de 2026.

Senasa ha incorporado a los establecimientos afectados en un programa oficial de control y seguimiento. Los establecimientos afectados se encuentran bajo interdicción, lo que implica el bloqueo de su Registro Nacional de Productores Agropecuarios (Renpa). Esto restringe el movimiento de animales desde y hacia dichas unidades productivas. Las cabañas afectadas tienen estrictamente prohibido vender animales como reproductores. Esta es una de las medidas más sensibles para los cabañeros, ya que afecta directamente la venta de genética que es su principal ingreso. Además, se trabaja en la adecuación de protocolos para intentar mantener abiertos mercados de productos considerados "seguros", como lana, cueros y embriones, además de la carne previa remoción de tejidos de riesgo.

A pesar de la gravedad institucional, Tafarel intentó llevar tranquilidad a los consumidores y productores: "Es una enfermedad que está en todo el mundo. Los vecinos brasileros conviven con ella y no han parado de crecer en producción y exportaciones". No obstante, para los cabañeros locales, el desafío ahora es a largo plazo: iniciar procesos de selección de animales resistentes para intentar recuperar, en unos años, el estatus sanitario perdido.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema Integrado (Siber), de seguimiento y estimación de la producción de cereales y oleaginosas en el territorio entrerriano, analizó la evolución de la relación insumo-producto de los granos frente a la urea. De cara al inicio de la ventana de siembra de trigo en Entre Ríos, el mercado de insumos encendió las alertas tras un abrupto encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, fuertemente traccionado por la escalada de los recientes conflictos internacionales.

El mercado global de fertilizantes nitrogenados registró una fuerte disrupción a partir de marzo debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, generando un severo shock de oferta. Las interrupciones en rutas marítimas clave, especialmente en el Estrecho de Ormuz —corredor por donde circula cerca de un tercio del comercio mundial del insumo—, sumadas a los ataques a infraestructuras energéticas, redujeron drásticamente la capacidad efectiva de exportación. Este estrangulamiento logístico y productivo se vio agravado por el aumento de los costos energéticos, las restricciones a las exportaciones impuestas por China y la vulnerabilidad de mercados altamente dependientes como India. En consecuencia, se configuró un escenario de escasez global que impulsó los valores internacionales a niveles máximos de varios años, sosteniendo una fuerte presión alcista y una actitud sumamente cautelosa entre compradores y vendedores.

En Argentina, la reacción de la cadena comercial fue netamente defensiva. Ante la dificultad de estimar los costos de reposición en un contexto de extrema volatilidad, importadores y distribuidores prácticamente se retiraron del mercado. Al no haber una urgencia inmediata frente a otros mercados globales (el 80% de las importaciones de urea arriban al país entre junio y octubre), se reduce drásticamente el incentivo de los traders para asumir riesgo comercial e ingresar nuevos barcos. Argentina cuenta con una planta de urea que abastece aproximadamente el 50% del consumo, sin embargo, será importante considerar la evolución de la relación grano/fertilizante; es decir, del poder de compra del cereal, para llevar a cabo la próxima campaña de fina.

De acuerdo a los relevamientos del mercado de fertilizantes de proveedores de insumos, en el último mes, el precio de referencia local de la urea experimentó un abrupto salto del 60%, copiando en su totalidad la trayectoria del costo teórico de reposición (CFR Argentina), que trepó un 59% en el mismo período. Esta dinámica evidencia una rápida transferencia del shock externo a los valores domésticos, manteniendo inalterado el diferencial del mercado local, que opera en torno al 16% por encima del costo de importación.

Como contrapartida, las cotizaciones del cereal mostraron una reacción sumamente conservadora frente a la volatilidad global. Mientras el insumo clave se disparó, de acuerdo a las cotizaciones publicadas por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, la pizarra local del trigo registró un alza de apenas un 3% en dólares durante los últimos 30 días, posicionándose actualmente en 185 dólares por tonelada.

La marcada asimetría provocó un severo deterioro en los términos de intercambio para el productor entrerriano: si hace un mes una tonelada de trigo permitía adquirir 330 kg de urea, hoy ese poder de compra se derrumbó a tan solo 208 kg. Esta contracción del 36% en la capacidad adquisitiva del grano frente a su principal requerimiento tecnológico plantea un escenario de alta exigencia financiera, que obligará a recalcular las dosis óptimas y proyecta un inevitable impacto negativo sobre los márgenes brutos de la próxima campaña.

Al trasladar esta asimetría de precios a la estructura de costos directos, el efecto sobre la rentabilidad esperada del cultivo es severo. Considerando un planteo tecnológico estándar para Entre Ríos con una dosis objetivo de 160 kg/ha de urea (según plantea Márgenes Agropecuarios), la inversión en fertilización nitrogenada saltó de 88,8 dólares a 142 por hectárea en el lapso de un mes. En términos prácticos, aquel productor entrerriano que no haya anticipado la compra del insumo deberá afrontar un costo adicional de 53 U$S/ha, traccionado netamente por el contexto internacional.

Este encarecimiento golpea de lleno la proyección del margen bruto para la nueva campaña. Si se analiza el escenario bajo el rendimiento promedio provincial de los últimos cinco años, el resultado esperado para productores arrendatarios pasó de ser cercano a cero el mes pasado, a arrojar, a los precios de hoy, resultados negativos. Este deterioro es producto de una combinación de factores: el aumento del costo en urea, un arrendamiento encarecido respecto a campañas anteriores (con la cotización pizarra de la soja por encima del promedio de los últimos dos años) y una cotización local en dólares de trigo en su nivel más bajo en los últimos cinco años. En consecuencia, el rendimiento de indiferencia pasó de posicionarse en 3.750 kg/ha hace un mes atrás, a los 3.930 kg/ha que observamos hoy, valor por encima de los rendimientos promedio observados en las últimas campañas.

A pesar del escenario restrictivo que plantea el mercado disponible, las posiciones a cosecha ofrecen una perspectiva más alentadora. Actualmente, el contrato de trigo posición diciembre en el mercado de futuros A3 se ubica en 220 dólares por tonelada. Al proyectar los márgenes con este valor de referencia, y aun contemplando el sobrecosto de la urea, el rendimiento de indiferencia se posiciona en 3.300 kg/ha. De esta manera, si se toma como referencia el rendimiento promedio provincial de las últimas cinco campañas, el margen bruto para el productor arrendatario logra revertir los números rojos y proyecta un resultado positivo aproximado de USD 45 por hectárea.

Ante aquel escenario se indicó que será importante observar la evolución de los acontecimientos internacionales, que impactan tanto en las cotizaciones del fertilizante como en los precios de los cultivos. Cualquier incremento en insumos clave como la urea puede representar un riesgo para la rentabilidad, en un contexto donde los márgenes de los productores entrerrianos ya son ajustados.

Se formalizó la creación del Consorcio Caminero de Perdices y aledaños. Esta iniciativa surge ante la necesidad de intervención directa de vecinos y productores sobre la red terciaria de la provincia, compuesta por caminos de tierra: “que presentan deficiencias de mantenimiento por parte de Vialidad Provincial durante décadas”. El actual gobierno provincial ha incentivado la creación de los consorcios y el mismo Gobernador anunció en el año 2024 que se buscaría crear la ley que los ampare.

En esta línea hay un proyecto de ley que el año pasado logró media sanción en Diputados, pero aún no tuvo tratamiento en la Cámara Alta provincial. El senador Jaime Benedetti declaró a EL ARGENTINO: “Debería aprobarse el proyecto en senadores porque sino volvería para atrás, tiene algunas cuestiones reglamentarias en la que deben estar todos de acuerdo, pero otorga una forma de participación público-privada. Ahora está en el Senado trabada porque el peronismo no ha dado quórum, pero buscaremos la forma de tratarla”.

La decisión de conformar este consorcio se fundamenta en lo que los integrantes describen como una falta de respuesta operativa estatal. Según Rafael Puente, integrante de la comisión, la conformación tomó casi un año de gestiones administrativas para constituir una sociedad civil sin fines de lucro. Puente afirma: “Ya Vialidad demostró que no tiene capacidad operativa ni la tuvo para estar a la altura de las circunstancias”.

A diferencia de gestiones anteriores, el actual gobierno provincial promueve este modelo de participación público-privada, donde el Estado aporta aproximadamente el 80% del presupuesto y los privados ejecutan las tareas con maquinaria y personal propio o contratado.

El consorcio asume la responsabilidad de 140 kilómetros de caminos rurales acordando trabajar en conjunto con los Jefes de la Juntas de Costa Uruguay Sur (Oscar Martinelli) y de Perdices (Ignacio Recaré) para que aporten materiales y herramientas para la tarea de reparación de los caminos. Puente señala que no reciben los trazados en condiciones óptimas para el simple mantenimiento: “No estamos recibiendo los caminos en condición de mantenerlos. Hay algunos tramos que están mejor, otros que están peor y otros intransitables”.

Entre los obstáculos identificados se encuentra el desmonte de las banquinas, donde la maleza y los árboles impiden el asoleamiento necesario para que el camino se seque tras las lluvias y generan interferencias en el tendido eléctrico. A diferencia de consorcios históricos como el de Gilbert, este nuevo grupo no ha recibido maquinaria en comodato por parte de Vialidad.

El sistema de trabajo se basará en la certificación mensual de montos según el estado de los caminos. Vialidad establece un valor teórico por kilómetro, pero el pago efectivo depende de la inspección: “De un valor teórico que nos pagará Vialidad por kilómetro, ahí nos empieza a castigar en porcentajes de acuerdo al estado”.

Para iniciar las operaciones, el consorcio planea:

Contratación de terceros: Se recurrirá a productores locales con maquinaria o empresas privadas. Aportes voluntarios: Se contempla la contribución de vecinos y contratistas que utilizan los caminos. Priorización de tramos: Las tareas comenzarán en las dos salidas principales a la ruta: el camino de la comisaría en Perdices y el de los transformadores en el kilómetro 32.

Existen sectores, como trabajadores viales y algunas entidades rurales como la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), que han manifestado reparos ante este modelo, argumentando que la tarea corresponde estrictamente al Estado.

Ante esta posición, Puente sostiene: “Llevamos 30, 40 años en picada. Yo en eso disiento con la entidad rural... hay que adaptarse a los cambios, a los nuevos tiempos. No estamos a la altura de las circunstancias, no la estamos viendo”. Puente aclara que, si bien es una tarea que debería realizar el Estado, la falta de servicios y el deterioro de los caminos provocan graves problemas para el trabajo diario de los productores y la migración de los habitantes rurales hacia las ciudades. Por otro lado, aseguró que si bien el gobierno provincial afirma que el 50% de la recaudación de los impuestos inmobiliarios rurales se destina a reparar los caminos rurales: “según nuestros cálculos; por la cantidad de caminos que tenemos; el presupuesto debería ser mayor. Pero esta es una discusión que vamos a hacer desde adentro, ahora que nos hacernos cargo de nuestra zona”.

La conformación del consorcio marca el inicio de una etapa de organización para el mantenimiento de los caminos rurales en la zona de Perdices, con un esquema de trabajo que combina gestión institucional, recursos limitados y participación de actores locales.

En septiembre de 2025, el Senasa emitió la Resolución 711/2025 que introdujo cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa. El nuevo esquema, con menos vacunas obligatorias para “reducir costos”, contempla una primera campaña total y una segunda campaña, en 2026, destinada únicamente a terneros/as. Además, se actualizó la composición de la vacuna (Resolución 460/2024) y se reguló el movimiento de hacienda.

Ya iniciada la campaña actual, el organismo publicó una nueva resolución, la N° 201/2026, fechada el 13 de marzo, que incorpora la libre elección del vacunador por parte del productor. A partir del 1 de enero de 2027, el titular de un Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) podrá seleccionar y contratar directamente a veterinarios privados acreditados por el Senasa para aplicar las dosis en su establecimiento.

La norma también introduce modificaciones en el procedimiento operativo del Plan Nacional. Sin crear ni eliminar registros, incorpora ajustes en los mecanismos de comunicación y autogestión de los vacunadores mediante los sistemas del organismo. En este marco, se prevé adecuar las herramientas informáticas para que, a partir de las actas de vacunación registradas por veterinarios privados, se garantice la trazabilidad de las vacunas y de las aplicaciones realizadas.

Con esta actualización normativa se promueve un esquema descentralizado de prestación de servicios sanitarios, bajo supervisión estatal, que amplía las alternativas disponibles para los productores y reconoce el rol de los veterinarios privados.

El esquema actual en Entre Ríos

En la provincia, el plan de vacunación es ejecutado por Fucofa, entidad sin fines de lucro integrada por Federación Agraria Argentina (FAA), Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco) y Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer). Desde 1989 mantiene un convenio con Senasa para la delegación de la vacunación.

En el departamento Gualeguaychú, el sistema se organiza en 23 zonas con 6 vacunadores, bajo la coordinación de Eber Luján. Fucofa se encarga de planificar el cronograma con los establecimientos, mantener la cadena de frío y asegurar la cobertura total.

En otras provincias el esquema presenta diferencias. En San Pedro (Buenos Aires), por ejemplo, la Sociedad Rural local, a través de un ente de lucha contra la aftosa, contrata veterinarios elegidos por los productores. El ente centraliza las vacunas, garantiza la cadena de frío y abona los servicios. En este modelo, el precio de la vacunación se compone del valor de la dosis y del arancel de aplicación, que se distribuye entre el ente y el vacunador.

Cambios operativos y desafíos

Con la nueva normativa, uno de los cambios centrales será que cada veterinario deberá recibir y conservar la vacuna bajo condiciones adecuadas, cumpliendo con los requisitos de control exigidos por Senasa, como el monitoreo diario de temperatura mediante acumuladores o grupos electrógenos. Este esquema implicaría mayores exigencias de control por parte del organismo sanitario.

Repercusiones del sector

Tras el anuncio, distintas entidades del campo manifestaron su posición. Federación Agraria Argentina, CRA y Farer expresaron su rechazo a la medida, mientras que la Sociedad Rural Argentina se manifestó a favor. Durante la semana está prevista la realización de reuniones de las Coprosas para analizar la implementación del nuevo sistema.

El presidente de Fucofa, Matías Martiarena, expresó su rechazo a la desregulación planteada. Señaló que permitir la compra directa a laboratorios y la contratación privada de vacunadores “quita el control que los entes sanitarios pueden ejercer sobre la vacunación”.

El dirigente indicó que el sistema vigente ha sostenido durante décadas el estatus sanitario que permite acceder a mercados como Estados Unidos y, próximamente, Japón. Según explicó, el modelo actual garantiza que la vacuna salga del laboratorio, conserve la cadena de frío y se aplique correctamente.

“Es mucho más práctico, operativo y económico para el Senasa auditar a 300 entes en el país que a 5.000 vacunadores que van a estar dispersos”, afirmó.

También recordó que un esquema desregulado similar ya existió en Argentina y generó dificultades sanitarias.

El dirigente remarcó que el modelo vigente se basa en un esquema solidario, donde todos los productores abonan el mismo costo, lo que garantiza la cobertura total del rodeo.

Además, advirtió que los cambios podrían afectar el control de enfermedades zoonóticas como la brucelosis, cuya prevalencia en Entre Ríos descendió 12 puntos en el marco del sistema actual.

Finalmente, calificó la medida como una decisión tomada sin consulta en el ámbito de las Coprosas (Comisión Provincial de Sanidad Animal) y señaló que continuarán las gestiones para su revisión.

Consecuencias en otras enfermedades

Un punto que suele pasar desapercibido, pero es vital: el nuevo esquema debilita la lucha contra la brucelosis. En Entre Ríos, el plan actual permitió bajar la prevalencia de esta zoonosis en 12 puntos, logro que ahora se ve amenazado por el cambio de fechas y la desarticulación de las campañas oficiales.

La vitivinicultura en el departamento de Gualeguaychú está experimentando un crecimiento notable, con una producción regional que hoy se estima entre las 30.000 y 50.000 botellas por campaña. A través de las historias de Bodegas Ianni y Finca Los Bayos, se revela un sector que combina la pasión familiar con la profesionalización técnica, enfrentando desafíos climáticos y estructurales para posicionar a Entre Ríos en el mapa vitivinícola mundial. Concordia es el departamento de Entre Ríos con mayor producción de vinos tintos con 608 quintales de uvas tintas y otros 616 de uvas blancas, segundo Colón, muy cerca en tercer lugar Diamante y finalmente Gualeguaychú.

La producción nacional de uvas es de 20.399.315 millones de las cuales 13 millones son producidas en Mendoza que ocupa el primer lugar y Entre Ríos el 14. Una historia que tiene que ver con la ley de zonificación de la producción allá por 1936.Hasta ese momento, Entre Ríos era una de las provincias más importante del país en la producción de vinos, contaba con casi 4000 hectáreas de viñedos registradas y más de 114 bodegas para la elaboración de vinos que se comercializaban en todo el país, incluso se exportaban al mundo, según datos de la Asociación de Viticultores de Entre Ríos.

Esta ley prohibió la producción de vides y la elaboración de vinos en suelo entrerriano y recién en 1998, cuando esta ley se deroga, podemos nuevamente retomar esta actividad en todo el país y Entre Ríos recomienza con la implantación de vides y la elaboración de sus vinos y también con el enoturismo.

Somos una asociación que impulsa el conocimiento de la vitivinicultura, que implica trabajar la tierra, cuidar las vides y lograr la magia de elaborar los mejores vinos en nuestro suelo entrerriano.

Pioneros con visión de exportación

Néstor Ianni de Bodegas Ianni inició su viñedo en 2012 y fue uno de los primeros emprendimientos del Departamento. Con el asesoramiento de ingenieros agrónomos, apostó por cepas como Sauvignon Blanc en blancos, y Cabernet Franc y Tannat en tintos, las cuales se adaptaron con éxito al suelo local. Su filosofía se resume en crear "vinos con identidad propia de una tierra diferente", alejándose del estándar tradicional de Mendoza para abrazar las características de un terruño que, según Ianni, se asemeja más al 99% de los viñedos del mundo.

Actualmente, el emprendimiento produce entre 10.000 y 12.000 botellas anuales. Su modelo de funcionamiento se basa en la reinversión constante en tecnología y la búsqueda de certificaciones de sustentabilidad, un paso previo a la producción orgánica. El objetivo de Ianni es claro: la exportación. A pesar de la burocracia y la saturación del mercado, ya ha realizado envíos de prueba al exterior, confiando en que la calidad de su vino puede competir globalmente.

Ciencia, enoturismo y diversificación

En Urdinarrain, la Finca Los Bayos representa la nueva generación de productores. Iniciado en 2017 por Jorge Riheme y su hijo Maximiliano, este proyecto destaca por su profesionalización técnica. Maximiliano, enólogo formado en la provincia, supervisa desde la poda de invierno hasta la comercialización. El viñedo cuenta con dos hectáreas donde conviven variedades como Merlot, Chardonnay, Marselán y Pinot Noir, esta última utilizada para elaborar espumantes de corte clásico.

El funcionamiento de Los Bayos es meticuloso: la cosecha se realiza al alba para asegurar que la uva entre fresca a la bodega, optimizando el gasto energético y preservando la calidad del mosto. Además de su producción propia, que ronda las 5.000 a 6.000 botellas, la bodega presta servicios de vinificación a otros productores locales. Su estrategia de sostenibilidad económica se apoya en dos pilares: el enoturismo —que representa el 90% de sus ventas directas— y la diversificación con nuez pecán, contando con 12 hectáreas de este cultivo.

Los desafíos de una actividad a pulmón

A pesar del entusiasmo de los productores la actividad presenta obstáculos severos:

• Clima y sanidad: La alta humedad de Entre Ríos genera una fuerte presión de hongos (enfermedades criptogámicas), lo que exige un manejo preventivo constante y una intervención manual intensiva para controlar el crecimiento exuberante de las vides.

• Falta de infraestructura y apoyo estatal: Existen carencias básicas comunes a todas las actividades intensivas en el campo, como el mal estado de los caminos, el alto costo de la energía eléctrica y la falta de créditos con tasas accesibles. Ianni señala que aún no se termina de ver el potencial del vino como una industria estratégica, tratándolo a veces meramente como un "producto regional" para el turismo.

• Escala y asociativismo: El costo operativo en Entre Ríos es mayor que en la región de Cuyo debido a la pequeña escala. La falta de una cultura cooperativa sólida dificulta la creación de bodegas comunitarias grandes que permitirían competir mejor en mercados masivos.

A pesar de estas barreras, la convicción de estos productores es inquebrantable. Como afirma Ianni, Entre Ríos tiene un potencial "fantástico" para producir vinos sin necesidad de riego artificial, una ventaja competitiva enorme en un mundo con recursos hídricos escasos. El desafío final, según los protagonistas, es que el Estado y la sociedad reconozcan que los vinos entrerrianos no son solo una novedad, sino un producto de alta gama con identidad propia.

Mientras que a nivel nacional se proyecta una campaña de cosecha gruesa con resultados favorables, la realidad en el sur de la provincia de Entre Ríos muestra un escenario preocupante. De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se recolectarán 147,9 millones de toneladas de granos, un 13% más que en el ciclo pasado. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó una producción inédita de 160 millones de toneladas de granos, un incremento de 21,2 millones de toneladas respecto de los 138,8 millones del último ciclo, equivalente a una expansión del 15,2%.

A pesar de estas proyecciones, el departamento de Gualeguaychú y zonas aledañas enfrentan una fuerte merma en la productividad debido al impacto de la sequía.

Según datos del Sistema de Información de la BolsaCER, el rendimiento promedio provincial de maíz de primera se ubica en 6.500 kg/ha. Sin embargo, la brecha interna es marcada: el sector sur registra los valores más bajos, con un promedio cercano a los 5.400 kg/ha, mientras que los sectores norte y oeste alcanzan rendimientos significativamente superiores, oscilando entre los 7.700 y 7.800 kg/ha.

Disparidad regional: la sequía sectorizada y lotes en pérdida total

Luz Fiorotto, gerente general de Fiorotto Agroservicios, ubicada en Larroque, gestiona alrededor de 5.000 hectáreas en el departamento Gualeguaychú, entre Larroque, Cuchilla Redonda, Perdices y Las Mercedes. Describe cómo la sequía extrema y sectorizada ha afectado gran parte de los cultivos de soja y maíz, generando rendimientos que apenas cubren los costos. En la presente campaña gruesa 2025/26 realizaron 1.850 ha de maíz, 1.600 de trigo/soja y 1.500 de soja de primera.

“La verdad es que este año la zona sur, en el departamento de Gualeguaychú, ha sido muy castigada por la sequía. Nosotros el maíz de primera logramos sembrarlo bien temprano y ya terminamos la cosecha. Tuvimos un promedio de 55 quintales, más o menos. Te diría que cambiamos plata con los costos de producción; en cambio, en Villaguay estoy sacando 70 qq”.

En cuanto al maíz tardío, destacó: “Hace varios años que no hago, pero en los cultivos que se ven el estado es peor aún porque los agarró toda la sequía”.

La situación de la soja es todavía más crítica en ciertos puntos del sur entrerriano: “Hay lotes puntuales a los que les ha caído alguna lluvia y están más regulares, aunque finalmente muchos no van a llegar a los 1.000 kg. La lluvia de febrero cortó un poco, pero fue muy sectorizada; por eso los cultivos abortaron flores y chauchas”.

Teniendo en cuenta que los costos de producción se estiman en 2.500 kg/ha, estos campos enfrentan una pérdida total. “Es una realidad que entrar a una soja complicada con una buena espalda del trigo da cierto alivio, por así decirlo, pero nosotros acá, por ejemplo, en la zona de Gualeguaychú, tengo hectáreas de segunda que están todas complicadas ya”, explica Luz.

A diferencia del desempeño productivo que el departamento Gualeguaychú registró en las campañas 23/24 y 24/25, este año la resiliencia del productor se pone a prueba frente a márgenes ajustados para el próximo ciclo.

La soja de primera: una caída frente a campañas anteriores

La situación no es diferente en Berardo Agropecuaria. Mientras el maíz temprano y el trigo han mostrado resultados aceptables, la soja de primera enfrenta una caída debido a la sequía, con pérdidas económicas en comparación con años anteriores. Para la siembra gruesa realizaron maíz temprano: “El 100% del maíz, sembramos casi 15.000 hectáreas. De ellas, 5.000 ha son de maíz Flint, así le llamamos nosotros porque pertenecen a un convenio que tenemos con ACA. Y después soja de primera, 5.000 ha, y de segunda, más o menos unas 15.000 hectáreas”, asegura el gerente de Producción de la empresa, Jorge López Llovet.

Por el estado de los cultivos, “no estamos viendo una campaña buena por delante; diría que, al revés, bastante floja, sobre todo si tomás la zona del departamento de Gualeguaychú. Cuando te vas más para el norte de Urdinarrain ya está un poco mejor”.

Para la soja de primera, entre todas las zonas sembradas, la empresa estima un rinde de 2.000 kg/ha frente a los 2.600 kg/ha proyectados inicialmente. Los cultivares de Gualeguaychú presentan un 88,40% en condición regular y mala.

En cuanto a la soja de segunda, aseguró: “Como se sembró en noviembre y diciembre, no sufrió el período crítico de ese cultivo y empezó con las primeras lluvias que se dieron a partir del 15 de febrero; por eso la soja de segunda la vemos en mejores condiciones que la soja de primera”, aclara Llovet. No obstante, en Gualeguaychú el 65% se encuentra en condición regular y el 30,70% en estado malo, con un rinde estimado de 1.900 kg/ha frente a los 2.000 kg/ha planificados.

Según la información proporcionada, las estimaciones actuales para la soja de primera están lejos de los resultados de los ciclos previos:

• Campaña 23/24: obtuvieron un rinde promedio de 2.600 kg/ha (26 quintales).

• Campaña 24/25: los resultados fueron aún mejores, alcanzando entre 3.000 y 3.200 kg/ha.

• Campaña actual: prevén rindes cercanos a los 2.000 kg/ha (20 quintales).

“Estaríamos casi seis quintales por debajo de la campaña 23/24 y casi 10 quintales por debajo de la campaña 24/25”, asegura Llovet.

Los datos muestran una campaña con resultados dispares entre regiones, donde las proyecciones nacionales positivas contrastan con las pérdidas productivas registradas en el sur de Entre Ríos, condicionadas principalmente por la distribución irregular de las lluvias y su impacto sobre los rendimientos.

Un nuevo foco de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en una granja comercial de Buenos Aires obligó a suspender exportaciones a principios de este mes. Tras focos previos en agosto de 2025, Argentina había recuperado su estatus de país libre de IAAP en octubre de 2025. Ahora, tras los nuevos casos de febrero y marzo, se activaron protocolos de sacrificio y desinfección para buscar la reapertura en 28 días.

El cierre de este mercado -cuyo principal destino es China y la Unión Europea- entre febrero y agosto de 2023 generó una pérdida para el sector estimada en 160 millones de dólares y fue uno de los detonantes de la crisis de empresas del rubro.

La situación es mucho más preocupante en nuestra provincia, que concentra el 50% del total de las áreas de producción avícola del país.

Según información suministrada el Jefe de Senasa del Departamento Gualeguaychú, José Bohl: “No se han detectado focos en Entre Rios, pero por los existentes en las demás provincias, los productores entrerrianos están afectados a las mismas restricciones de exportación y en alerta ante cualquier signo de enfermedad que pudiera aparecer”.

Por otro lado, destacó que el departamento tiene una capacidad instalada para la producción de carne avícola de 30.000.000 de aves pudiendo variar según la estacionalidad y el tipo de galpón, “esta es una actividad muy dinámica donde pueden salir productores”. Mientras que para gallinas de postura y recría la capacidad instalada es de 370.000 aves. Por otro lado, la producción semanal de huevos del departamento es de aproximadamente 2.870.000 unidades. En total la actividad cuenta en el departamento con 160 galpones para la producción de pollos parrilleros, 12 para reproductores, 3 de postura y 5 plantas incubadoras.

Desafíos y estrategias: el caso de Unión Cerealera

Unión Cerealera S.A. es una empresa que inició sus actividades en 1989 y comenzó su incursión en la avicultura en el año 2004. Su modelo de negocio se basa en el agregado de valor a la producción primaria de cereales (maíz, trigo, soja y arroz) a través de diversas unidades de negocio que incluyen una planta de acopio, un molino arrocero, una planta de alimento balanceado y una planta de extrusado de soja. En el sector avícola, operan bajo un modelo híbrido: poseen 23 galpones propios con tecnología avanzada, los de producción o engorde, granjas de reproductoras para la recría de madres y plantas de incubación. La producción alcanza aproximadamente entre 300.000 y 400.000 pollos por crianza, con ciclos de 45 a 50 días que permiten realizar seis crianzas anuales.

Los objetivos de la firma se centran en la eficiencia productiva y, eventualmente, en cerrar el ciclo con la incorporación de un frigorífico propio, que es la única etapa que actualmente no poseen.

En una charla con el Ingeniero Industrial Santiago Veronesi, Gerente Ejecutivo de Unión Cerealera S.A., y el Médico Veterinario Lucas Brun, Gerente de Producto, se analizó el complejo panorama que atraviesa la industria avícola argentina. La aparición de focos de gripe aviar y el cierre de mercados externos han puesto a prueba la resiliencia de las empresas del sector.

La situación del sector y el impacto de la gripe aviar

Argentina produce más pollo del que consume, lo que hace que la exportación sea vital para el equilibrio del mercado. Según Veronesi, el consumo interno ronda los 48 a 50 kg por habitante al año. Sin embargo, la gripe aviar han complicado este escenario. "Cuando no tenemos para desagotar el mercado externo, el mercado interno queda sobre ofertado y lógicamente el precio cae por debajo del costo", explicó Veronesi.

Aunque la provincia de Entre Ríos no ha registrado casos positivos hasta el momento, los brotes en granjas de reproductoras en Córdoba y Buenos Aires afectan a todo el sistema. Brun señaló que la pérdida de reproductoras impactará en una menor disponibilidad de pollitos bebé y, consecuentemente, en menos kilos de carne en el mercado a futuro.

A esto se suma la pérdida económica directa por el cierre de exportaciones a mercados clave como China. Brun recordó el impacto de tener contenedores ya liberados o en viaje que debieron regresar o ser desviados, lo que representa una pérdida enorme. Además, advirtió que la avicultura es un sistema de ciclos continuos que no se puede detener de un día para el otro: "Tengo todo un cronograma de 60 días hacia atrás que ya está en funcionamiento y que no lo puedo cortar".

Estrategias para afrontar las dificultades

Ante este contexto, Unión Cerealera despliega una serie de estrategias centradas en la biosecurity, la diversificación y la eficiencia tecnológica:

Perspectivas y desafíos financieros

A pesar de las estrategias, el panorama crediticio sigue siendo un obstáculo mayor. La actividad requiere una gran cantidad de capital de trabajo hundido durante los ciclos de crianza. Con las tasas de interés actuales, Veronesi considera que "no son tasas competitivas que permitan financiar la actividad y ganar algo".

Para los directivos de Unión Cerealera, la salida para el sector pasa necesariamente por recuperar mercados externos que permitan desagotar el mercado interno y conseguir mejores rentabilidades, además de facilitar el acceso al crédito para la renovación tecnológica de los galpones.

Para los directivos de Unión Cerealera, la salida para el sector pasa necesariamente por recuperar mercados externos que permitan desagotar el mercado interno y conseguir mejores rentabilidades, además de facilitar el acceso al crédito para la renovación tecnológica de los galpones.