El clientelismo suele imaginarse como una transacción simple: un político entrega un beneficio y un ciudadano paga con el voto. Sin embargo, la imagen típica –un choripán por un voto– no permite comprender ni el fenómeno ni sus consecuencias. Para empezar, hay que superar prejuicios: no solo afecta a los pobres, no es exclusiva del peronismo y “los clientes” no son sujetos pasivos, “tontos manipulados”. El patronazgo es una forma particular de clientelismo: en lugar de repartir bienes o beneficios puntuales, la relación se construye alrededor del acceso a un empleo público y de los servicios políticos que ese empleo puede generar. Su incidencia es notable.

Un estudio de Zarazaga de 2014 mostraba que el 50% de los referentes en el Gran Buenos Aires eran empleados públicos. A leer bien el dato: no quiere decir que la mitad de los funcionarios públicos son referentes políticos, sino que la mitad de los referentes de GBA, según el estudio citado, eran empleados públicos.

Muchos piensan la relación clientelar como una amenaza de alguien con poder: yo te doy el trabajo, vos hacés lo que te digo. Sin embargo, ¿por qué, una vez conseguido el trabajo, los empleados públicos respetarían el acuerdo y seguirían haciendo su parte?

En “Trabajo y Favores. Empleo público y servicios políticos en Argentina” (Fondo de Cultura Económica, 2026), Virginia Oliveros propone otra cosa: quizá no haga falta amenazar a nadie. Su teoría del patronazgo no-coercitivo –patronazgo autosostenible– se centra en los incentivos comunes entre patrones y clientes. Lo que los une es que el futuro de ambos está ligado. Para los políticos el beneficio está claro: contar con trabajo “gratis” que los ayude a sostenerse en el poder. Hay una serie de actividades que los partidos realizan en el territorio para las cuales suele ser difícil encontrar voluntarios: fiscalizar elecciones, hacer pintadas, repartir boletas o participar en actos políticos.

La dificultad para estudiar el tema salta a la vista. ¿Cómo investigar un intercambio que nadie tiene demasiado interés en reconocer? Para ello, Oliveros recurre a metodologías que permiten garantizar la confidencialidad y el anonimato e implementa una encuesta presencial a 1.200 empleados públicos del sector local en tres municipios: Tigre, Santa Fe y Salta.

¿Cómo se consigue el empleo? El 64% de los entrevistados declaró haber encontrado puesto a través de un conocido, un familiar o un amigo y el 59% informó que las relaciones personales eran más importantes que la afinidad ideológica. Esto no significa que el 64% haya conseguido su puesto a cambio de apoyo político porque conocer a alguien y obtener un empleo mediante una recomendación no son, por sí mismos, prueba de clientelismo. Pero muestran hasta qué punto las relaciones personales pueden ocupar el lugar de procedimientos impersonales de contratación.

En Tigre, de los aproximadamente 2.400 empleados al momento del estudio apenas un 20% tenía contrato permanente, lo que deja amplio margen para la discrecionalidad. El libro da cuenta de momentos de despidos masivos que muestran que el temor a quedarse sin trabajo si pierde la elección el intendente que hizo las contrataciones es real. Ahí se activa una de las aristas centrales de esta cuestión.

La Constitución ha garantizado la estabilidad laboral de los empleados desde 1957, sin embargo, el aumento del empleo temporal ha sido notable. A la vez, la descentralización y las competencias del nivel local para gestionar contrataciones abren un amplio marco para la discrecionalidad.

Otro hallazgo relevante es el que evidencia que los puestos no siempre ni mayoritariamente son “fantasmas”. El patronazgo puede funcionar con personas que efectivamente trabajan y además hacen favores políticos. Hay puestos de nivel bajo como el de barrenderos, choferes, empleados de seguridad, que se distribuyen de manera clientelar. También hay puestos medios en secretarías y como abogados, médicos y contadores. Cuando estos puestos fueron obtenidos en redes clientelares, además de las tareas que se realizan en períodos electorales, los empleados ofrecen favores políticos.

Un turno, un permiso para hacer una fiesta o para una obra, acelerar un expediente. Los favores son innumerables y quienes son percibidos como afines al intendente reciben muchas más solicitudes que los que no lo son. El libro ejemplifica el caso de una persona que recurre a solicitar ayuda porque se le ha muerto el padre y no tiene donde velarlo. Muchos de estos pedidos requieren de activar a varias personas para resolver la demanda. Se trata de cumplir las funciones de la administración, pero haciéndolo en el marco del favor: convertir una tarea administrativa en una ayuda personal. Esta cuestión es central porque el sistema funciona, en buena medida, debido a que resuelve problemas reales.

El patronazgo resuelve problemas reales, pero tiene consecuencias negativas para la gobernanza y la democracia. Sin reglas claras para la contratación, existe un amplio margen de discrecionalidad y se activan los incentivos por los que el patrón o político de turno coloque a sus afines. La calidad de los servicios baja porque los puestos de trabajo no se adjudican en función del conocimiento y la experiencia sino de la afinidad con el gobierno. También tienen consecuencias negativas sobre la competencia porque quien está en el poder utiliza estos recursos para mantenerse, inclinando la cancha. En definitiva, el patronazgo afecta simultáneamente a la calidad del estado y a la competencia democrática. El problema no es que alguien toque el bombo. El problema empieza cuando el acceso a un empleo público depende de quién toca el bombo, a quién conoce y para quién está dispuesto a tocarlo.

La motosierra de Milei ha convertido al Estado y a sus empleados en uno de los principales blancos de la política de ajuste. Trabajo y Favores obliga a introducir una distinción incómoda. Que existan empleos obtenidos por relaciones personales, favores políticos o lealtades partidarias no demuestra que el Estado sea innecesario.

Demuestra que necesitamos mejores reglas para construirlo. La alternativa al patronazgo no es eliminar el Estado sino profesionalizarlo: que el acceso a un puesto dependa de las capacidades y no de las conexiones; que un trámite sea un derecho y no un favor; que un empleado público responda a reglas e instituciones y no al intendente de turno. Necesitamos escuelas, hospitales, transporte, seguridad, y un sinfín de servicios que ofrece el Estado. La alternativa al Estado clientelar no es menos Estado. Es mejor Estado.

*Politóloga y comunicadora (Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)

En enero de 2024, mientras el Congreso debatía la llamada Ley Ómnibus, Javier Milei lanzó una amenaza que ocupó los titulares: si los legisladores bloqueaban sus reformas, apelaría a una consulta popular. Nunca ocurrió.

No era la primera vez. Carlos Menem también amagó con consultar a la ciudadanía. Esta votación tampoco pasó, pero el decreto de convocatoria incentivó la negociación que derivó en el Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución de 1994. El acuerdo impulsado por el ex presidente Raúl Alfonsin buscó evitar el divorcio entre el apoyo a un líder popular y una legalidad que impedía la reelección que buscaba Menem.

Diez años antes se había producido la única consulta de la historia democrática del país, cuando Alfonsín convocó el plebiscito por el Tratado del Beagle (el conflicto de límites que estuvo al borde de conducirnos a la guerra con Chile). Mucho más atrás en el tiempo, el primer gran plebiscito de la argentina acompañó la concentración de poder de Juan Manuel de Rosas en 1835, dejando una huella profunda en los arquitectos de la futura república, Juan Baustista Alberdi y Domingo Sarmiento. Esta es casi toda la historia nacional de los plebiscitos y referendos.

Las provincias tienen mucho más para contar: Corrientes (1913) y Mendoza (1916) fueron las primeras en incorporar mecanismos de democracia directa, seguidas por Córdoba (1923), Santa Fe (1921, pero entró en vigor en 1932), Entre Ríos (1933) y la provincia de Buenos Aires (1934). Más tarde, después del golpe de 1955, una nueva ola de elaboraciones constitucionales los introdujo en los territorios nacionales provincializados. La tercera ola se inició con la última transición a la democracia.

En nuestra provincia, Entre Ríos, el proceso constituyente que incorporó estos mecanismos fue impulsado por el gobierno del radical Luis Lorenzo Etchevehere (1932-1935) en un contexto de fuerte conflicto con la Iglesia católica. No es un detalle menor que en 1915 se judicializó un conflicto porque la Iglesia se resistía a entregar al gobierno copias de los libros de bautismo y defunción para depurar los padrones electorales. La nueva constitución buscaba la modernización institucional e introdujo herramientas inéditas para la época, como la iniciativa, el referéndum y la revocatoria de mandato. Para algunos constituyentes aquello era "demasiado futurista". Visto desde la actualidad, la observación resulta llamativa: muchas de esas herramientas permanecieron sin uso.

Para 2026, 18 provincias regulan el referéndum obligatorio; 22 las consultas populares y 15 la revocatoria de mandato. Pero entonces, si existen, ¿por qué apenas los vemos funcionar? La cuestión debe ser matizada. Se han registrado al menos 24 intentos de activación desde 1987 (a los que se suman decenas de votaciones locales, con decenas de prácticas de la revocatoria en Córdoba).

Mirar la historia argentina desde esta perspectiva permite descubrir episodios poco conocidos. Fueron provincias gobernadas por sectores conservadores las primeras en incorporar mecanismos de democracia directa. No fue el peronismo sino los gobiernos de intervención posgolpe del 55 los que los incorporaron en Chaco, Neuquén y Misiones. Santa Cruz habilitó la reelección indefinida de Néstor Kirchner mediante una consulta convocada sin base legal expresa un año antes de que Hugo Chávez reformara la constitución venezolana por esta vía. Hubo consultas ambientales impulsadas por vecinos en distintos puntos del país, en general con escaso éxito. La mayoría de las iniciativas ciudadanas terminan archivadas sin siquiera ser discutidas.

En las prácticas recientes, lejos del ideal participativo, los protagonistas fueron los gobernadores que buscaban la reelección (pero no todos tuvieron éxito), mientras que las iniciativas ciudadanas se convierten en el ejemplo más flagrante de su fracaso.

El problema más que jurídico es político. Durante décadas convivieron en Argentina dos formas distintas de limitar la participación ciudadana. Una, heredera del republicanismo conservador, desconfía de la intervención popular y prefiere dejar las grandes decisiones en manos de las élites. La otra habla en nombre del pueblo, pero reserva la capacidad de decidir a líderes fuertes o estructuras partidarias jerárquicas y rígidas.

“De Rosas a Milei. Una historia política de la democracia directa en Argentina”, un libro escrito junto con María Laura Eberhardt (Editorial Prometeo, 2026) reconstruye, por primera vez de manera sistemática, más de un siglo de debates y experiencias con la democracia directa. La obra revela las formas en que se disputa y redefine el poder político en la Argentina. No idealiza estos instrumentos. La experiencia internacional muestra que pueden fortalecer la democracia, pero también ser utilizados por líderes autoritarios o populistas para concentrar poder. Los ejemplos abundan, desde Napoleón hasta Hugo Chávez.

Detrás de esos casos aparece un patrón más amplio. La democracia directa funciona como un espejo de la representación política. Allí donde existen instituciones sólidas y reglas claras, puede ampliar la capacidad de decisión ciudadana, como ocurre en Suiza o en nuestro vecino Uruguay. Allí donde predominan el personalismo y la concentración del poder, suele transformarse en un instrumento más de la disputa entre dirigentes o en papel mojado.

Hoy Argentina atraviesa una nueva etapa de incertidumbre política. Cada vez que la representación entra en crisis reaparece la idea de consultar directamente a la ciudadanía. Ocurrió con Menem, con Milei y probablemente volverá a ocurrir. La pregunta no es si habrá nuevos referéndums o consultas populares. La pregunta es quién decide, cómo decide y cuánto puede intervenir la ciudadanía en la toma de decisiones.

“De Rosas a Milei. Una historia política de la democracia directa en Argentina” se presentará en la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú el 25 de julio, a las 15.30 horas.

Yanina Welp

Politóloga y comunicadora (Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)

El 21 de junio fue la hora de Colombia. En una elección de vértigo, Abelardo de la Espriella —autodenominado “el tigre”, admirador de Milei, sin experiencia política y sin un partido estructurado— se impuso a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien podría haber tenido un mejor desempeño si el presidente Gustavo Petro no hubiera insistido en convertir el comicio en un plebiscito sobre su propia figura. En cualquier caso, el resultado fue estrecho y dejó un país dividido territorialmente, pero sobre todo en términos afectivos. Las consecuencias de este escenario son múltiples y no se limitan a Colombia. Un patrón similar pudo observarse en Perú poco antes.

La polarización afectiva y el creciente malestar con la política están cambiando de forma silenciosa pero profunda quién entra, quién se queda y quién se va de la política profesional. No es solo una cuestión de estilos o de discursos duros, de agresiones, ofensas y mentiras (lo que ya es mucho decir). También está en juego algo menos visible: la composición misma de quienes deciden hacer de la política una carrera. En este nuevo contexto, la política deja de ser un espacio más o menos regulado y previsible para convertirse en un entorno incierto, de alta exposición, baja protección institucional y costos personales crecientes. El resultado es una selección adversa: tienden a quedarse o a entrar quienes toleran mejor el conflicto, la exposición permanente y la personalización extrema, mientras que otros perfiles se autoexcluyen o abandonan.

Este cambio se entiende mejor si se observa el ecosistema en el que hoy se hace política profesional. La comunicación política se ha desplazado hacia una economía de la atención donde lo que cuenta no es tanto la complejidad de las ideas como su capacidad de generar impacto inmediato. Las redes sociales, la fragmentación mediática y la lógica de la viralidad han intensificado la personalización y han debilitado a los partidos como intermediarios. Competir políticamente implica competir por visibilidad constante, muchas veces a costa de las mínimas reglas de la educación y la convivencia. La polarización afectiva actúa como un amplificador: si el que modera no llama la atención, la confrontación se vuelve rentable.

A esto se suma la transformación de los sistemas de partidos, que han perdido capacidad de filtro y de protección. Allí donde antes los partidos ordenaban carreras, seleccionaban perfiles y amortiguaban los costos de la exposición pública, hoy predominan estructuras más débiles, más volátiles o directamente personalistas (como ocurrió con de la Espriella en Colombia y antes con Milei en Argentina, que se lanzaron a la política sin partidos). Esto abre la puerta a outsiders y liderazgos no convencionales que tienden a ser hiperpersonalistas y toman sus decisiones solos.

Si el prestigio de hacer política es bajo, la hostilidad alta y la frontera entre lo público y lo privado cada vez más difusa, ¿quién querrá involucrarse? No sorprende que muchos perfiles potenciales decidan no entrar o salir antes de consolidarse. La política se convierte en un filtro duro que no solo selecciona capacidades, sino también disposiciones psicológicas y emocionales específicas.

El caso francés ilustra bien la combinación de fenómenos descritos en el artículo. En las elecciones locales de marzo de 2026, más de dos tercios de los municipios presentaron una única lista de candidatos, y en decenas de ellos no hubo ni siquiera postulaciones. Las dimisiones de alcaldes y autoridades locales, muchas de ellas asociadas a episodios de violencia simbólica, acoso digital y desgaste personal, refuerzan esta tendencia. Mientras tanto, en las grandes ciudades como París, Marsella o Lyon, donde la competencia es más intensa y mediatizada, se observa el efecto inverso: mayor polarización y una creciente presencia de perfiles más confrontativos y visibles. Francia muestra así, en distintos niveles territoriales, la lógica de selección adversa que describimos aquí: la política se vacía en algunos espacios y se radicaliza en otros, configurando un entorno que favorece la entrada o permanencia de perfiles con mayor tolerancia al conflicto y menor aversión a la exposición, a costa de una creciente erosión de la diversidad representativa.

A esta dinámica se suma una consecuencia menos visible pero igualmente relevante: quienes permanecen en la política tienden a desarrollar lo que aquí propongo llamar hubrispia, una combinación de arrogancia y miopía. Arrogancia, porque la exposición constante, la lógica del liderazgo personalizado y la validación selectiva de los entornos políticos alimentan una sobreconfianza en las propias capacidades y diagnósticos. Y miopía, porque el ritmo acelerado de la competencia política, la presión comunicacional permanente y la lógica del corto plazo reducen la capacidad de percibir efectos no inmediatos, costos difusos o señales de desgaste institucional.

¿Será la inexplicable permanencia de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete uno de sus efectos más visibles en Argentina? La continuidad de Adorni, pese a semanas de exposición pública por inconsistencias patrimoniales, dejó expuestas contradicciones e inconsistencias que ponen en cuestión la veracidad de sus dichos y erosionan su credibilidad política. Pese al rechazo generalizado, el Presidente lo sigue sosteniendo.

La hubrispia no es un rasgo individual aislado, sino un efecto sistémico. Surge cuando la política deja de ofrecer mecanismos de corrección, reflexión y desaceleración propios de la deliberación democrática. Cuando la política deja de corregir a quienes la ejercen, empieza a deformarlos.

En ese contexto se inscribe Golpe militar y dictadura en Argentina (1976–1983). Sur, paredón y después…, de Carlos Malamud (Ediciones Catarata, 2026).

El libro ofrece una reconstrucción amplia y ordenada del período. A lo largo de trece capítulos, Malamud recorre el contexto histórico, los principales actores y una diversidad de dimensiones —la economía, el fútbol, la guerra de Malvinas— que permiten comprender la complejidad del proceso. El resultado es una panorámica accesible tanto para lectores no especializados como para quienes buscan revisar críticamente interpretaciones consolidadas.

Uno de los méritos de la obra es moverse con solvencia en un terreno delicado: el cruce entre memoria, historia y usos políticos del pasado. En ese sentido, el aporte de Malamud no es solo descriptivo, sino también interpretativo: desarma lecturas simplificadoras. A continuación, me detengo en algunos.

La influencia externa. La revolución cubana pesaba en los imaginarios de la época y funcionó como referencia para algunos grupos armados argentinos. En ese marco, el golpe debe inscribirse en la lógica más amplia de la Guerra Fría. No obstante, Malamud relativiza el papel de Estados Unidos en el caso argentino, señalando que su apoyo e intervención fueron menores que en otros países de la región, como Chile. Esta lectura matiza una narrativa extendida y obliga a pensar el caso argentino también desde sus dinámicas internas.

La excepcionalidad del golpe. El del 76 fue uno más en una larga serie de interrupciones militares del orden constitucional durante el siglo XX argentino. Sin embargo, también presentó rasgos distintivos. Por un lado, la escala y sistematicidad de la violencia estatal; por otro, la intención de establecer un régimen colegiado que permitiera gestionar las tensiones internas entre las Fuerzas Armadas (a diferencia de lo que ocurrió en Chile bajo el férreo liderazgo de Pinochet).

Como señala el autor, el único acuerdo sólido en los primeros años de la dictadura fue el objetivo y los métodos de combate a las organizaciones armadas (destruirlos a cualquier precio) , que ya se encontraban en declive al momento de la interrupción constitucional.

El plan del ‘Proceso’. El golpe fue acompañado de un sentimiento mesiánico que buscaba cambiar de forma irreversible la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura social, junto a partidos políticos y sindicatos. Nada de eso funcionó. Divisiones internas, diferencias de visión y cálculos equivocados, y también el hecho de que los militares privilegiaran su propia supervivencia y los objetivos políticos por sobre los económicos condujo a la catástrofe de Malvinas, la crisis económica, el enorme endeudamiento del estado y, al fin, el vacío de poder que abrió una nueva oportunidad para la democracia.

La violencia. Un tema sensible es el del origen, la temporalidad y el tipo de violencia. Aquí el libro se adentra en un terreno controvertido, donde se cruzan debates históricos, jurídicos y políticos. Por un lado, persisten sectores que reivindican a organizaciones armadas como Montoneros o el ERP; por otro, han ganado visibilidad —aunque sigan siendo minoritarios— discursos que justifican la llamada “guerra antisubversiva”. Frente a estas posiciones, Malamud propone una lectura que evita tanto la idealización como la equiparación: sin héroes, pero con villanos.

El peronismo. En este punto, el libro también abre interrogantes incómodos. Entre ellos, el papel del peronismo en el inicio de la violencia paraestatal. Bajo el gobierno de Perón comenzó a actuar la Triple A, y la pregunta sobre su grado de responsabilidad –si fue una estrategia deliberada o una dinámica tolerada bajo la influencia de López Rega– sigue siendo objeto de debate (p. 48).

La democracia. Otro aspecto que destaca es la constatación de la escasa defensa de la democracia en el período previo al golpe. Lejos de ser una sorpresa, la irrupción militar era esperada. Distintos actores, incluidos sectores de las propias organizaciones armadas, anticipaban el golpe como una oportunidad para reconfigurar el escenario político. Para Montoneros y el ERP el nuevo contexto podría habilitar una “guerra civil abierta” y un salto cualitativo en la lucha revolucionaria (p. 41). Esta mirada obliga a revisar retrospectivamente la debilidad de la cultura democrática en ese momento.

La verdad y el relato. Malamud también aborda las narrativas que más controversia han generado en la Argentina contemporánea, como la “teoría de los dos demonios” y la cifra de desaparecidos. El informe Nunca Más (1984), elaborado por la CONADEP por encargo del presidente Raúl Alfonsín, reconocía tanto la violencia de las organizaciones armadas como la violencia represiva, “infinitamente peor”, ejercida por el Estado. Sin embargo, esa formulación fue pronto cuestionada por sectores que la interpretaron como una equiparación inaceptable.

Con el tiempo, estas disputas se profundizaron. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó una reescritura del prólogo del Nunca Más, proponiendo un encuadre diferente: una confrontación entre proyectos de país, donde de un lado se ubicaban los “héroes” y del otro los responsables de un plan represivo vinculado a intereses más amplios. Malamud reconstruye estas tensiones sin eludir su carga política, mostrando cómo el pasado sigue siendo un campo de batalla simbólico, ahora reeditado por el gobierno de Javier Milei y su slogan de “Memoria, verdad y justicia completa”.

A cincuenta años del golpe, no hay dudas sobre un punto: “Los jefes de la dictadura más sangrienta que conoció el país tuvieron la capacidad de destruir cuanto se puso a su alcance, pero fueron incapaces de construir nada nuevo en su lugar” (p. 15). Por eso el lema de 1983 —Nunca Más— sigue vigente. Pero no como un consenso definitivo, sino como un principio que debe ser defendido, reinterpretado y, sobre todo, sostenido frente a nuevas disputas sobre el pasado y el presente. En ese terreno, la obra de Carlos Malamud ofrece una contribución valiosa: no clausura el debate, pero sí lo vuelve más exigente.

*(Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)

Sin embargo, hay diferencias de calado entre vivir en democracia o en dictadura. Bien lo saben los familiares y amigos de los miles de personas que el régimen iraní asesinó por salir a la calle a reclamar por sus libertades en enero y febrero de 2026 (5800 según la ONG HRANA). También en Argentina, a fines de la década del setenta, una protesta organizada podía acabar con la desaparición o la muerte de quienes la promovieran. Las normas no resuelven las disputas, les dan un marco para procesarlas sosteniendo la convivencia pacífica. Para abordarlo, hoy proponemos la lectura de El descubrimiento de la ley. Cómo el derecho se convirtió en una herramienta para hacer política (Siglo XXI, 2025), de Catalina Smulovitz.

Smulovitz cuenta que su interés por el tema se remonta a “sus años impresionables”, entre 1973 y 1983, transcurridos entre su adolescencia y la entrada a la vida adulta, en los que los acontecimientos de la época dejan una impronta especial en las creencias y comportamientos de las personas: “Cuando los males de la violencia y del ejercicio del poder sin límites empezaron a evidenciar los peligros de vivir en una sociedad anómica, mi interés en las promesas de la justicia y el imperio de la ley adquirió una mirada intensa y persistente”, dice.

El libro desgrana el modo en que la ley opera en un marco democrático (capítulos 1 y 2), con un lenguaje ameno y preguntas que van encontrando respuestas fundamentadas, combinando la revisión histórica y política con datos que permiten poner el caso argentino en una perspectiva global y regional. No se ofrecen argumentos abstractos o esencialistas sino realistas (el calificativo es mío): “el triunfo de la ley no es producto de una voluntad normativa sino del cálculo estratégico” (p.19). Según Smulovitz, los actores políticos que aceptan renunciar a beneficios a corto plazo lo hacen esperando beneficios en el largo plazo.

Dicho muy sencillo: las instituciones surgen cuando actores políticos enfrentados no pueden ganar, pero tampoco pierden, y entonces se convencen de que no establecer mecanismos de cooperación será peor para todos. Entre 1930 y 1983, Argentina fue un ejemplo del escenario opuesto: la imposibilidad de la cooperación. El primer golpe de estado del siglo XX instaló una “legalidad de facto” (cuando por primera vez en nuestra joven democracia la Corte Suprema se subordinó a un poder político anticonstitucional). De ahí en más cada cambio de gobierno intentó alinear al poder judicial con sus intereses. La última transición, desde esta lectura, se sustentó en el fracaso de la búsqueda de eliminar a los adversarios. El reconocimiento de esa imposibilidad habría generado las bases para el restablecimiento de la ley y la democracia.

El capítulo 3 (¿Por qué crece la judicialización?) señala que el aumento de casos que acaban en los tribunales obedece, por un lado, al reconocimiento y visibilidad de la justicia y, por otro, da lugar a la intervención de jueces como actores de las decisiones políticas. Nada de esto es exclusivo de Argentina como bien ilustra en estos días la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra los aranceles implementados por la Administración de Donald Trump. (La Corte cumplió su papel de contralor de la constitucionalidad, pero el Presidente ha reaccionado descalificando la institución y denunciando que sirve a intereses externos).

La ley y los derechos humanos: un programa para la democracia (capítulo 4) muestra a la vez la originalidad de la política de derechos humanos que se llevó adelante en Argentina, empezando por la proeza alfonsinista de haber sentado a los máximos responsables de la dictadura en el banquillo. También deja en evidencia que muy desde el principio, lejos de un consenso monolítico, hubo disputas por la verdad, la memoria y la reparación, que redefinieron el marco del debate según el poder de distintos actores. El quinto capítulo (¿Cómo se protegen los derechos en las provincias argentinas?) hace una panorámica de la situación en las provincias y llama la atención sobre algo fundamental: las normas importan tanto como la posibilidad de hacerlas efectivas.

Para el final queda el Lawfare. El capítulo 6 separa paja de trigo y ordena conceptos, relatos y casos. Desde 1980, el porcentaje de presidentes procesados por corrupción creció en América Latina, pasando del 30% registrado al inicio del período a un 56% después de 2000. De los 101 presidentes latinoamericanos en funciones entre 2000 y 2022, 57 enfrentaron causas por delitos de corrupción. De estos, 17 declararon sufrir persecución política y 12 se presentaron como víctimas de lawfare. No se trataría de una diferencia de fondo sino de marco: desde 2016, cuando los abogados del presidente Lula en Brasil introdujeron el concepto en su defensa, el término se propagó por la región. Las causas contra expresidentes han aumentado, sean de derecha o de izquierda. Sin embargo, solo la izquierda apela al marco del lawfare. ¿Por qué? Lo hace, sugiere la autora, porque permite articular una estrategia de defensa y movilización eficaz al alegar que las acusaciones carecen de pruebas, existe selectividad judicial y cuentan con el respaldo de corporaciones mediáticas que temen a los gobiernos populares. Existe corrupción, pero no siempre (no fue el caso de Lula). Y existe selectividad o manipulación de la justicia incluso cuando se persigue la corrupción (sobrados ejemplos hay de sentencias que duermen eternamente en cajones de Comodoro Py y otras que se aceleran).

La obra de Smulovitz, en su conjunto, es una invitación a reconocer la importancia de la ley, el lado bueno de su presencia en las disputas y también los riesgos que esto conlleva, porque la trampa está a la vista: la judicialización de la política pone en el centro los nombramientos de los miembros del Poder Judicial. Si la Justicia no logra recuperar legitimidad y sostener su independencia, la tentación de politizarla aún más terminará por corroerla. En marzo se cumplirán 50 años del último golpe de Estado que hubo en Argentina, que introdujo niveles de violencia sin precedentes incluso para un país con una trayectoria violenta como es el nuestro. Por la memoria, cuidar la Justicia es cuidar la convivencia en paz.

*Politóloga y comunicadora (Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)