De esta manera, como viene sucediendo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, el Salario Mínimo Vital y Móvil lo determinará el Gobierno por decreto.

Las tres centrales obreras unificaron criterio y pidieron un SMVM para abril de $644.165 y $657.703 para mayo, con un aumento en torno al 120%. Por su parte, el empresariado ofreció $301.500 para abril, $306.500 para mayo y $311.500 para junio, un 1,3% de incremento. Ante estas posturas tan alejadas, se pasó a un cuarto intermedio.

El debate entre las cámaras empresarias, las tres centrales sindicales y representantes del Gobierno se adelantó y comenzó a las 10 de la mañana. La convocatoria a la reunión se dio luego de la aceleración inflacionaria de marzo y el aumento en el precio del dólar oficial, factores que llevaron la inflación a la zona del 4% mensual, bastante por encima de los últimos ajustes acordados en la mayoría de las paritarias.

Antes de la reunión, las tres centrales sindicales del país, CGT y las dos CTA se reunieron con el fin de acordad posiciones. Uno de los focos primordiales fue el reclamo "por un SMVM digno, ya que en la era Milei dicha referencia perdió un 30% de poder adquisitivo", según estimaciones de la CTA Autónoma.

Vale recordar que el Salario Mínimo incide en el piso de los haberes jubilatorios, el valor del seguro por desempleo, y actúa como variable ordenadora para el cálculo de las Asignaciones y del impuesto a las Ganancias. Ámbito Financiero

El economista Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, analizó la reciente salida del cepo cambiario y el rumbo económico del Gobierno. En un tono crítico pero reflexivo, Melconian advirtió que la Argentina se encuentra apenas en el inicio de una “maratón” económica y señaló fuertes contradicciones en la política económica, especialmente tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Lo que ocurrió la semana pasada es incalificable”, afirmó el economista en referencia a las medidas adoptadas por el Ejecutivo. “Si no era la semana pasada, iba a ser esta o la que viene. Pero eso no lo convierte en un plan estratégico. El programa sigue teniendo el ADN de un acuerdo con el Fondo. Es un volantazo”, subrayó.

Melconian consideró que el Gobierno ha mostrado su mejor desempeño en el plano fiscal, pero que aún falta claridad en el frente monetario y cambiario. “Ha estado contradictorio en lo cambiario y mudo en lo monetario”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que las decisiones fiscales actuales deberán ser superadas en 2025, y que el margen de acción es limitado: “Se gana de dos maneras: o se recauda más o se baja el gasto. No hay mucho más”.

Además, planteó dudas sobre la sostenibilidad del superávit y cuestionó el rumbo de la política tributaria: “Firmaron con el Fondo una reforma tributaria, pero no sabemos cómo se va a aplicar, ni a nivel nacional ni provincial”.

Respecto a las retenciones al agro, Melconian sugirió que el panorama es incierto. “Si algún día el tipo de cambio es flotante y hay retenciones, ¿cómo vas a competir? Y ahora, con el dólar bajando, el Gobierno dice que va a comprar, pero esa película ya la vimos”.

También advirtió sobre la falta de una regla monetaria clara: “Países que logran estabilidad necesitan reglas. Acá se sigue improvisando. Incluso subieron la tasa de interés en contra del proceso de baja”.

El economista sostuvo que el modelo económico actual aún está en una etapa de transición, sin una hoja de ruta sólida. “Esto no es aún un programa integral. Es apenas el comienzo. Falta mucho por definir y ordenar”, sentenció.

Competitividad: “Argentina sigue siendo un país caro en dólares"

En la parte final de su extensa entrevista, el economista Carlos Melconian abordó un tema central para la economía real: el nivel de precios en dólares y cómo esto afecta la competitividad de Argentina.

Consultado sobre si el país continúa siendo caro en términos de divisas extranjeras, Melconian fue categórico: “Sí, seguimos siendo caros en dólares. Y eso es un problema estructural que arrastramos hace tiempo”. Explicó que, si bien la salida del cepo es un paso relevante, no alcanza para corregir distorsiones de fondo si no se acompañan con una reforma tributaria y una reforma laboral profunda.

“Cuando hablamos de precios en dólares, no se trata solo del tipo de cambio. También influye cómo se forman los precios internos, los costos logísticos, la carga impositiva y los salarios en relación con la productividad”, remarcó.

En ese sentido, el economista hizo referencia a la comparación con los años 90, pero advirtió que no se puede trasladar directamente aquel contexto al presente: “En los 90 tenías una realidad cambiaria y global completamente distinta. Hoy, incluso el dólar en Estados Unidos ha perdido valor relativo por la inflación que también están teniendo. Eso afecta la forma en que medimos nuestros precios en dólares”.

Respecto a la viabilidad del programa económico del gobierno de Javier Milei, Melconian fue prudente: “Esto no es automático. Sin financiamiento externo y sin credibilidad sostenida, cualquier intento de estabilización puede fracasar. No alcanza con no emitir; se necesita una política integral y consistente”.

Finalmente, y con tono amistoso, Melconian agradeció el espacio y dejó una frase que resume su enfoque actual: “No soy futurólogo, pero está claro que esto es una maratón. El que crea que todo se soluciona con un solo paso, se equivoca. La transformación requiere tiempo, reformas profundas y mucha credibilidad”.

Tras la salida del cepo cambiario, los bancos ajustaron las tasas que ofrecen por sus plazos fijos en pesos en un promedio de 5 puntos, y de a poco las billeteras virtuales también se suben a esa tendencia de dar mayores rendimientos para que sus opciones de ahorro en pesos sigan siendo atractivas.

Esta reconfiguración del panorama financiero local llega luego del anuncio del gobierno de Javier Milei, que decidió eliminar el cepo cambiario tras más de seis años de vigencia. Como respuesta, las entidades financieras comenzaron a ofrecer mayores rendimientos para captar depósitos en moneda local y evitar una migración masiva hacia el dólar.

Uno de los ejemplos más destacados en el segmento de billeteras digitales es el caso de Naranja X, que subió hasta el 37% el interés de los "Frascos Remunerados", una herramienta que permite separar dinero por objetivos o plazos, personalizando cada frasco con nombre y categoría. En este caso, el rendimiento varía, según el tiempo en que los fondos estén congelados. Con una TNA que va de 29% a 37%, según los días en los que estén congelados los fondos que pueden ser 28, 14 o 7 días. En todos esos casos, la tasa de cancelación anticipada es de 5%.

Las tasas que ofrecen las principales billeteras digitales

Más allá de los productos personalizados como los “Frascos Remunerados”, las billeteras virtuales siguen apostando por otras herramientas de inversión como los Fondos Comunes de Inversión (FCI) y las cuentas remuneradas, que buscan mantener la competitividad frente a los nuevos niveles de tasas bancarias.

Una por una, estas son las tasas actuales que ofrecen las billeteras digitales en productos de FCI de mercado monetario (MM) o renta mixta (RM): Cocos (FCI RM) y Prex Argentina (FCI MM): 33,21%; Personal Pay (FCI MM) e IEB+ (FCI MM): 32,48%; Mercado Pago (FCI MM): 31,75%; Claro Pay (FCI MM): 31,03%; Lemon Cash (FCI MM): 30,66%; Ualá (Cuenta Remunerada): 30%, con tope de $1.000.000 y ganancia máxima mensual de $26.300; N1U y Astropay (FCI MM): 29,93%; Naranja X (Cuenta Remunerada): 29%, con tope de $600.000.

Ualá, una de las pocas billeteras que ofrece la posibilidad de constituir plazos fijos, establece las siguientes tasas: 37% TNA a 30 y 90 días; 38% TNA a 180 días; y hasta 40% TNA por congelar pesos durante 365 días.

Una de las ventajas destacadas por los usuarios de cuentas remuneradas es que generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin necesidad de mover fondos ni invertirlos manualmente. Esto contrasta con las cajas de ahorro tradicionales, que no suelen ofrecer rendimientos, salvo excepciones.

Por otro lado, los Fondos Comunes de Inversión se consolidan como una opción para quienes priorizan liquidez, ya que permiten retirar los fondos en un plazo de 24 a 48 horas, lo cual los diferencia del plazo fijo tradicional que exige esperar un vencimiento.

Una de ellas fue la fintech Cocos Capital, que lanzó una funcionalidad que permite realizar pagos en dólares sin los impuestos habituales que encarecen consumos en moneda extranjera. Esta alternativa se puede usar para compras en el exterior o para abonar servicios internacionales como Netflix, Spotify, Disney+, Amazon o Tinder. Según Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos, “elimina los costos derivados del cambio de divisa y también la necesidad de realizar gestiones manuales como el stop debit, la compra o transferencia de moneda extranjera, o el seguimiento de los descuentos impositivos en los resúmenes de cuenta”.

Tasas de interés de los bancos

En este ecosistema digital en expansión, los bancos tradicionales también intentan no perder terreno. Estas son las tasas de interés que ofrecen los 10 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, para plazos fijos online a 30 días: Banco Nación: 35%; Banco Galicia, Galicia Más, Banco Provincia y Credicoop: 34%; Banco Macro: 32,5%; Banco ICBC: 31,5%; Banco Santander: 31%; Banco BBVA: 29,25%; Banco Ciudad de Buenos Aires: 29% (Con información de Clarín)

Las reacciones no se hicieron esperar. Tanto de quienes advierten sobre las graves consecuencias que puede acarrear la llamada "Fase 3" del plan Milei-Caputo, como de aquellos otros que ya toman posición, ante el nuevo valor "oscilante" del dólar, aumentando precios antes que otros lo hagan primero. Aunque no se sabe con certeza cuál será el valor del dólar de paridad de importación desde el lunes (el viernes el mayorista cotizaba a 1074 pesos para la venta), todos descuentan que habrá devaluación ese día y en los siguientes.

Un dólar "flotante" en 1290 pesos, por ejemplo, equivaldría a un aumento de la cotización oficial del 20 por ciento.

Desde corralones de materiales para la construcción a grandes carnicerías, pasando por los más diversos rubros --automóviles, artículos de limpieza e higiene o gaseosas--, este sábado muchos comercios abrieron un poco más tarde de lo habitual, después de aplicar aumentos en las listas de precios, que oscilaron en algunos casos entre el 20 y el 30 por ciento.

No fueron todos, ya que en otros barrios relevados no hubo variaciones de precios en esta jornada. Pero también es cierto que hubo quienes prefieron no abrir o no concretar ventas hasta poder pulsear a partir del lunes cuál será el precio de reposición para su mercadería.

El Gobierno anunció la privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal a través de la cual la administración pública se encargaba del mantenimiento y construcción de rutas, autopistas y autovías nacionales que unen las provincias y al país con sus vecinos del Mercosur.

El anuncio fue hecho este mediodía con una afirmación que resume el axioma a través del cual el gobierno de Javier Milei prioriza el criterio de rentabilidad y recaudación por sobre el servicio a la población:

“El Estado deja su rol de constructor y administrador vial para asumir funciones de promotor y supervisiones que desarrolle el sector privado”, definió el vocero Manuel Adorni durante una conferencia en Casa Rosada.

El portavoz presidencial lanzó también una pretendida chicana que vuelve como un boomerang en contra del Gobierno. “La patria contratista se terminó”, dijo utilizando una figura que en rigor hace alusión al enroque que acababa de anunciar: empresas privadas se ligarán al Estado para obtener ganancias siderales a través de la concesión o privatización de un servicio.

La privatización de Corredores Viales SA, una compañía estatal creada en 2019, tendrá tres pasos: su liquidación, disolución y entrega de servicios a compañías particulares que -en la voz de Adorni- tendrán “el derecho de exigir el cobro de un peaje” a todo aquel que circule por allí.

Las rutas nacionales por las cuales se transitaba libre y gratuitamente, perderán ese privilegio. Todo, según Adorni, bajo la sacrosanta creencia neoliberal de que “más competencia en el mercado va a implicar mejores precios”. Y, claro está, porque en la lógica del gobierno de Milei “el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de obras”.

Corredores Viales fue un tilde incluido en la lista de privatizaciones de la mentada la Ley Bases. Pero su anuncio tardó y fue hecho sugestivamente a días de que el Ministerio de Infraestructura bonaerense y una veintena de intendentes presentaran una demanda contra esa empresa y el presidente Milei.

La acusación no fue solo por la falta de mantenimiento de rutas sino también por el presunto “desvío de fondos” que habría concretado el Gobierno a través de esa estatal. Particularmente en el corredor que atraviesa Tandil.

Adorni se encargó de desacreditar a Corredores. Dijo que “el 45 por ciento de la totalidad de la traza” que operaba esa firma “estaba en estado malo o crítico”, afirmó que “los contratos de obra estaban paralizados” e indicó que “los atrasos tarifarios (de los peajes) eran de 45 por ciento en relación a la tarifa técnica”.

Luego aseguró que la empresa tiene “una deuda con proveedores de 142 mil millones de pesos y pérdidas por acumuladas por 288 millones”.

El próximo paso tras el anuncio será el pase de lo que quede de la compañía a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que depende del Ministerio de Economía. Este área será la encargada de adoptar y siguientes medidas:

Extinción de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales que comprenden a corredores nacionales.

La ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de nuevos contratos de concesión de obra pública sobre los corredores.

La disolución y liquidación de Corredores Viales una vez adjudicados los contratos de concesión.

A partir del anuncio de hoy, el Gobierno seguirá sumando rutas nacionales a su cartera de venta de bienes del Estado y haciendo que el tránsito por el país deje de ser un derecho y se convierta en un privilegio que cosecharán manos privadas.

Desde que asumió, Milei no sólo frenó la obra pública sobre la red vial sino que también firmó decretos de varias privatizaciones de rutas. En enero pasado llamó a licitación tramos del Corredor Vial 18.

Ese tramo estaba compuesto por las rutas 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres), 135 (de Colón a General Artigas), A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre Argentina y Brasil), y la 174 (de Rosario a Victoria).

Se supo que también prevé seguir con la concesión de más de 8 mil kilómetros de la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba. (Fuente: Página12)

Las principales causas de este desplome son las tres olas de calor consecutivas, con temperaturas superiores a los 40°C en varias regiones, y una prolongada sequía que afectó los cultivos. En provincias como Chaco, se registraron temperaturas nocturnas superiores a 32°C y niveles de humedad por debajo del 20%, agravando el estrés hídrico.

La soja de primera siembra sufrió abortos de flores y chauchas, pérdida de hojas y plantas, lo que redujo significativamente los rindes. La soja de segunda tuvo pérdidas aún mayores, con reducciones de entre el 30% y el 70% en los rendimientos potenciales. Se estima que unas 780.000 hectáreas quedarán fuera de la cosecha.

El rendimiento promedio nacional proyectado de soja es de 27,6 quintales por hectárea (qq/ha), 2,5 Mt menos que la campaña anterior. En Buenos Aires se espera un rendimiento de 27,3 qq/ha (vs. 31,4 en 2023), en Córdoba 30,0 qq/ha (vs. 31,3) y en Santa Fe 30,9 qq/ha (vs. 39,1).

El maíz también se vio gravemente afectado. El temprano, sembrado en octubre, enfrentó condiciones extremas en la floración, impactando el desarrollo de las mazorcas. El tardío necesita lluvias urgentes en los próximos 10 días para evitar más pérdidas. La BCR proyecta un rendimiento nacional de 70,5 qq/ha, con caídas en Buenos Aires (-3,8 qq/ha), Córdoba (-4,8%) y Santa Fe (-2,8 qq/ha).

Aunque las lluvias recientes aliviaron parcialmente la situación, no fueron suficientes para revertir el déficit hídrico. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos días se necesitarán al menos 40 mm semanales de precipitaciones en varias provincias clave para evitar más recortes en la producción.

Las pérdidas económicas se estiman en u$s3.450 millones, con u$s2.070 millones por la caída en la producción de soja y u$s1.380 millones por la de maíz. La incertidumbre climática sigue generando preocupación en el sector agropecuario, que enfrenta un panorama desafiante con márgenes de rentabilidad ajustados.

Según trascendió, el encuentro fue “ameno” y “positivo”, aunque los industriales no ocultaron su preocupación por el contexto actual. Durante la reunión, se planteó la caída del 9,4% en la producción industrial durante 2024 y la pérdida de 30 mil puestos de trabajo, cifras que reflejan la crisis que atraviesa el sector. Caputo intentó calmar las inquietudes asegurando que, si la recaudación sigue en aumento, el Gobierno podrá reducir algunos impuestos que afectan a la industria.

Uno de los temas más sensibles fue el impacto de los aranceles al acero y al aluminio impuestos por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los empresarios señalaron que la doble imposición –aranceles externos e internos– dificulta la competitividad de las exportaciones argentinas. En ese contexto, Caputo lanzó una pregunta que sorprendió a los asistentes: “¿Qué les parece un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos?”. La propuesta generó incertidumbre entre los industriales, que pidieron analizar los eventuales efectos antes de pronunciarse.

A pesar de la insistencia de los empresarios en discutir el atraso cambiario con Brasil, el ministro evitó hablar directamente del tipo de cambio. Sin embargo, se reconoció que la devaluación del real ha abaratado los productos brasileños y dejado en desventaja a la industria argentina. Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en enero las importaciones desde Brasil aumentaron un 57,9% interanual, mientras que las exportaciones argentinas solo crecieron un 11,2%.

Caputo también intentó dar señales de alivio fiscal al sector productivo. Prometió que no se eliminarán más aranceles a las importaciones ni la Tasa de Estadística, y aseguró que el Gobierno estudia la eliminación del impuesto al cheque y otros tributos que afectan la producción. Además, mencionó que la modificación de las retenciones a las exportaciones industriales está “en carpeta”.

En cuanto a la recuperación económica, el ministro expresó optimismo y mencionó que la recaudación de enero creció un 6%, lo que podría generar margen para alivios impositivos. No obstante, los empresarios se mostraron escépticos ante las promesas oficiales. “Todo pareció demasiado lindo para esta realidad”, expresó uno de los asistentes.

Si bien el encuentro buscó transmitir confianza en la política económica, los industriales advirtieron que sin medidas concretas, el sector seguirá enfrentando dificultades para competir en el mercado interno y externo. Mientras tanto, la expectativa queda puesta en si el Gobierno cumplirá sus promesas y cómo enfrentará los desafíos que el 2025 trae para la industria argentina.

Según estimaciones de consultoras privadas, enero de 2025 cerraría con una inflación mensual entre el 2% y el 2,5%, lo que representaría una leve baja respecto al 2,7% registrado en diciembre de 2024. Sin embargo, factores como los precios estacionales y el rubro servicios siguen presionando al alza, complicando el objetivo oficial.

Uno de los principales obstáculos para reducir la inflación es el impacto de los bienes estacionales, especialmente en sectores como el turismo. Durante enero, los costos asociados a vacaciones y recreación se dispararon, con aumentos del 6,2% mensual en el rubro turismo, según datos de C&T Consultores. En la Ciudad de Buenos Aires, las categorías Recreación y Cultura, Seguro, y Restaurantes y Hoteles registraron subas del 7,7% y 6%, respectivamente. Además, en el rubro Alimentos y Bebidas, productos como la carne y las frutas experimentaron incrementos del 2,9% y 5,7% en la última semana de enero.

Otro factor clave es el peso de los servicios en la canasta del IPC. En la Ciudad de Buenos Aires, mientras los bienes subieron un 1,4% en enero, los servicios aumentaron un 4,3% mensual. Este fenómeno no es nuevo: desde febrero de 2024, los servicios han crecido por encima de los bienes, pero aún no alcanzan su punto de equilibrio. Los analistas destacan que, aunque los servicios representan el 31% de la canasta del IPC nacional, su impacto en la inflación es significativo, ya que dificultan la desaceleración de los precios y refuerzan la apreciación real del peso.

Frente a este escenario, el Gobierno ha identificado tres áreas clave para controlar la inflación: los salarios, el dólar y los servicios públicos. En el caso de los salarios, el Ejecutivo busca mantener aumentos moderados en las paritarias, con techos del 1% para los estatales y del 3% mensual para otros sectores. Esta estrategia apunta a evitar que los incrementos salariales presionen aún más los precios.

En cuanto al dólar, el Gobierno ha reiterado que el tipo de cambio no está atrasado y ha implementado un "crawling peg" del 1% para reducir la volatilidad cambiaria. Además, se espera que la llegada de fondos frescos del FMI y una mayor liquidación de divisas del agro contribuyan a estabilizar el mercado cambiario.

Finalmente, en el ámbito de los servicios públicos, el Gobierno ha decidido postergar aumentos tarifarios para evitar presiones inflacionarias inmediatas. Sin embargo, esta medida podría generar complicaciones a futuro, ya que retrasa la adecuación de precios y dificulta una reducción más pronunciada de la inflación a largo plazo.

Según las proyecciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), la inflación seguirá una trayectoria descendente, alcanzando el 1,6% en julio de 2025. Para todo el año, se espera una inflación del 23,2%, 2,7 puntos porcentuales menos que en el pronóstico anterior. No obstante, el desafío del Gobierno será mantener los precios alineados con la meta inflacionaria, sin afectar el crecimiento económico previsto para el año. La evolución de los salarios, el dólar y los servicios públicos será clave para lograrlo.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) volvió a advertir sobre la vulnerabilidad de las Pymes ante una ola de ejecuciones y embargos tras la feria judicial. La Resolución 1445/2024 del Ministerio de Economía habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a actuar sobre las cuentas de las empresas que no pueden cumplir con sus obligaciones fiscales, en un contexto económico adverso.

Según el comunicado de Apyme, “esto sucede en un marco de caída del consumo interno del 18% en lo que va del actual periodo de Gobierno”, lo que agrava la situación de las pequeñas y medianas empresas. Además, señalaron que la industria sigue afectada por la apertura importadora, el aumento de costos internos y el desfasaje cambiario.

La entidad denunció que la política fiscal vigente beneficia a los sectores de mayores ingresos, mientras que las Pymes enfrentan mayores cargas impositivas. “Se bajan retenciones a exportaciones agropecuarias y se reducen impuestos a bienes de lujo, mientras que se restituye el IVA a productos de primera necesidad”, indicaron.

Desde Apyme criticaron el rumbo del Gobierno, afirmando que “se redobla el ajuste sobre la población, la producción y el trabajo, mientras se destinan recursos a sectores con rentas extraordinarias, especuladores financieros y acreedores internacionales”.

En este contexto, la organización llamó a las autoridades a frenar la “persecución fiscal” contra las Pymes y considerar soluciones para aquellas que quedan fuera de los planes de regularización. También reiteraron su intención de impulsar la declaración de una Emergencia Mipyme que evite cierres masivos de empresas y preserve al sector como motor de la economía.

El panorama actual plantea desafíos críticos para las pequeñas y medianas empresas, que piden medidas urgentes para evitar su colapso en un mercado cada vez más restringido y competitivo.

El Fondo Monetario Internacional confirmó que la negociación con el Gobierno continúa a distancia para alcanzar un acuerdo nuevo que incluya financiamiento, pero evitó dar detalles sobre si está en discusión un salto cambiario o una salida rápida del cepo, dos temas que el ministro de Economía Luis Caputo buscó descartar en las últimas horas.

En conferencia de prensa, la portavoz del organismo, Julie Kozack, informó que las conversaciones continúan entre los técnicos del FMI y los funcionarios del Poder Ejecutivo luego de terminada la misión oficial del staff la semana pasada en Buenos Aires. “El nuevo programa apuntará a aprovechar los avances logrados hasta ahora y, al mismo tiempo, abordar los desafíos pendientes que enfrenta el país”, dijo Kozack.

En ese sentido, dijo que “se siguen manteniendo conversaciones constructivas y frecuentes” y planteó que “para mantener los avances iniciales” (en términos de mejoras macroeconómicas), “existe un reconocimiento compartido entre el personal del FMI y las autoridades argentinas sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, al tiempo que se avanza en las reformas que fomenten el crecimiento”, consideró.

En las últimas horas, el Gobierno salió a descartar que una devaluación y una salida rápida del cepo cambiario sean precondiciones para un acuerdo con el FMI, una especulación que sobrevolaba el mercado en los últimos días, y las negociaciones que continuaron tras el fin de la misión técnica buscan llegar a un acuerdo sobre qué secuencia tendrán los desembolsos adicionales que espera para reforzar las reservas del Banco Central.

El contacto entre los funcionarios del equipo económico y el staff técnico del FMI no concluyó con el cierre de la misión, la semana pasada, sino que fue sostenido de manera virtual. Por el momento, no está prevista una visita del Ministerio de Economía a Washington.

Luis Caputo evitó dar detalles sobre la negociación pero salió al cruce de versiones y especulaciones en el mercado que aseguraban que las conversaciones con el organismo internacional incluyen condicionalidades tales como un salto devaluatorio o el fin de las restricciones cambiarias de manera rápida como requisito para contar con desembolsos.

“El acuerdo con el Fondo no implica ninguna devaluación, eso no es un tema. La otra es que tampoco implica que una vez hecho el acuerdo se sale de las restricciones al día siguiente”, dijo. El ministro de Economía no detalló el contenido de las conversaciones actuales, aunque en el horizonte aparecen como temas centrales cómo quedaría diseñado un esquema de desembolsos netos adicionales. La secuencia de envíos es una de las claves para el refuerzo de las arcas del BCRA.

En un documento reciente a propósito del informe de evaluación Ex Post del programa Extended Fund Facility (EFF) iniciado en 2022, el organismo ya había dejado trascender qué elementos separaban al FMI y al Gobierno de un entendimiento sobre la política económica que debería continuar tras el primer año de programa del gobierno libertario.

“Para allanar el camino hacia la recuperación del acceso a los mercados será necesario adoptar una estrategia creíble para desmantelar los controles cambiarios, una mayor flexibilidad cambiaria y un papel más significativo de la política monetaria”, definieron los técnicos del FMI.

“La fuerte acumulación de reservas cambiarias durante 2024 reflejó la devaluación gradual del 120% en diciembre de 2023, la flexibilización de las condiciones de sequía y la amnistía (blanqueo) fiscal. Al mismo tiempo, la presencia de amplios controles cambiarios (que será necesario desmantelar para aliviar las distorsiones y recuperar el acceso a los mercados de capital) y la apreciación del tipo de cambio real como resultado de la preservación de un tipo de cambio de paridad lenta podrían dificultar la acumulación continua de reservas cambiarias”, apuntó el equipo técnico en otro tramo del informe.

Por otra parte, consideró el staff que “con una política fiscal anclada en una meta fija (equilibrio presupuestario), mantener la competitividad externa y suavizar las fluctuaciones en respuesta a los shocks requeriría tanto un mecanismo más eficaz de ajuste externo, en particular una mayor flexibilidad cambiaria”, en referencia a un tipo de cambio con un comportamiento menos estricto que el actual crawling peg, que por el momento sigue en 2% mensual pero que podría incluso ser más lento.

En el plano fiscal, el FMI reconoció la transición rápida hacia el superávit que decidió el gobierno libertario aunque hizo objeciones sobre el perfil de ese ajuste y cómo debería ser en adelante. “Además de las medidas fiscales de alta calidad (mejora de la progresividad del impuesto a la renta personal y reducción de los subsidios), una parte considerable de la recuperación fiscal inicial se logró mediante profundos recortes al gasto discrecional, incluida la inversión pública y los salarios, así como medidas de ingresos temporales o puntuales”, en referencia al impuesto PAIS o las incluidas en el paquete fiscal.

El sector agropecuario enfrenta un escenario complejo marcado por una caída del 30% en la facturación, a pesar de la reducción de retenciones anunciada por el gobierno. La combinación de precios internacionales a la baja, aumento en el costo de los insumos y la energía, junto con la incertidumbre económica, ha generado un freno en la comercialización de granos y un enfriamiento en la compra de insumos para la próxima campaña.

El gobierno esperaba que la baja de retenciones incentivara la liquidación de divisas, con el objetivo de recaudar 3.000 millones de dólares en un mes. Sin embargo, los productores han decidido vender a cuentagotas, esperando mejores condiciones. La situación recuerda a los años ‘90, cuando una combinación de factores adversos llevó a la desaparición de numerosos pequeños y medianos productores.

Incertidumbre y caída de inversiones

La falta de previsibilidad ha llevado a los productores a reducir la compra de insumos, lo que ya afecta a la industria agroquímica, que reporta una caída del 30% en su facturación. Empresas del sector han comenzado a reprogramar pagos e incluso a declararse en concurso preventivo, como ocurrió con Los Grobo y Surcos, generando temores de un efecto dominó.

Por otro lado, se ha detectado un aumento en la venta de tierras en zonas de alto valor productivo, algo que no se veía desde hacía años y que refuerza la tendencia a una mayor concentración del negocio agrícola en grandes grupos económicos.

Retenciones y tipo de cambio: el debate abierto

La quita de seis puntos en las retenciones no tuvo el impacto esperado por el gobierno, según los referentes del sector. Eduardo Buzzi, expresidente de la Federación Agraria, calificó la medida como "homeopática", afirmando que el dólar soja implementado por el gobierno anterior ofrecía mejores condiciones para los productores.

El problema central sigue siendo el tipo de cambio. Mientras el gobierno evita una devaluación brusca, el campo necesita un dólar más competitivo para mejorar la rentabilidad. En este contexto, la incertidumbre sobre las negociaciones con el FMI y las políticas proteccionistas de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump agregan más presión al sector.

Perspectivas para los próximos meses

Con un ojo en el cielo esperando lluvias y otro en las decisiones del gobierno, los productores mantienen una postura cautelosa. La estabilidad cambiaria es un objetivo clave del gobierno de Javier Milei, pero desde el campo advierten que "es la estabilidad de los cementerios", en referencia a la parálisis de la actividad productiva.

Mientras tanto, el impacto de la crisis ya se siente en la industria proveedora del agro, y el riesgo de una mayor concentración de tierras podría modificar aún más el mapa productivo. La expectativa está puesta en si el gobierno tomará nuevas medidas para incentivar la producción o si mantendrá su rumbo, aún a costa de una mayor recesión en el sector.

Con el inicio de febrero, rigen los nuevos topes de facturación, escalas y cuotas del Monotributo. Se trata de la primera actualización del año de los parámetros que fijó la reforma fiscal en línea con la evolución de precios. Desde este sábado, los contribuyentes del Régimen Simplificado percibirán un alza de 2,7% en el máximo a facturar.

A partir de ahora, la categoría A -la más baja- puede facturar hasta $7.813.063,45, mientras la categoría K llega a $82,37 millones. Por otro lado, el precio máximo unitario de venta de insumos subió de $385.000 a $466.361,15.

Las cuotas mensuales a pagar treparon 21%, así como otros parámetros, como los alquileres devengados y la superficie destinada. Los pequeños contribuyentes del Monotributo deberán abonar la cuota mensual el jueves 20 de febrero. La fecha de vencimiento abarca a todas las categorías, según informó ARCA.

Con el aumento de 2,7% en los topes de facturación anual (ingresos brutos), desde 1° de febrero, las escalas del Monotributo son las siguientes:

• Categoría A: $6.450.000 a $7.813.063,45;

• Categoría B: $9,45 millones a $11.447.046,44;

• Categoría C: $13,25 millones a $16,05 millones;

• Categoría D: $16,45 millones a $19,92 millones;

• Categoría E: $19,35 millones a $23,43 millones;

• Categoría F: $24,25 millones a $29,37 millones;

• Categoría G: $29 millones a $35,12 millones;

• Categoría H: $44 millones a $53.298.417,30;

• Categoría I: $49,25 millones a $59,65 millones;

• Categoría J: $56,4 millones a $68,31 millones;

• Categoría K: $68 millones a $82,37 millones.

Desde febrero de 2025, los contribuyentes del Monotributo deberán abonar las siguientes cuotas en total

• Categoría A: de $26.600 a $32.221,32.

• Categoría B: de $30.280 a $36.679,00.

• Categoría C: de $35.458 a $42.951,26 para servicios y de $34.658 a $41.982,19 para la venta de productos.

• Categoría D: para servicios de $45.443,80 a $55.047,33, y de $44.343,80 a $53.714,87 los que venden productos.

• Categoría E: de $64.348,18 a $77.946,73 (servicios) y de $58.148,18 a $70.436,50 venta de cosas muebles;

• Categoría F: de $80.983 a $98.096,95 para los servicios, y para los que venden productos, de $69.783 a $84.530,08.

• Categoría G: de $123.696,20 a $149.836,63 para servicios y de $85.296,20 a $103.321,64 para los productos.

• Categoría H: para servicios de $280.734,68 a $340.061,68. Mientras, los que venden bienes, de $170.734,68 a $206.815,64.

• Categoría I: La cuota mensual pasa de $255.108,55 a $309.020,04 para quienes realizan ventas. Los que facturen por servicios abonarán $626.993,55.

• Categoría J: de $311.931,97 a $377.851,82 para ventas y llega a $759.420,03 en el caso de los servicios.

• Categoría K: La cuota mensual se irá de $377.084,75 a $456.773,19. En servicios, ascenderá a $1.050.323,75.

Entre las voces disonantes fue la del exministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Alejandro “Topo” Rodríguez.

En su cuenta de X, Rodríguez calificó la medida de “engaña pichanga” y argumentó que la baja era mínima y no tendría impacto real en los productores. “De hecho, este año el Estado recaudará del campo muchísimo más que el año pasado”, sentenció. Destacó que el gobierno proyecta una recaudación por derechos de exportación (DEX) superior a los $10 billones en 2025, mucho más que los $5 billones del año anterior.

Rodríguez también expresó su preocupación por el atraso cambiario, señalando que el Gobierno no está tomando medidas efectivas para solucionar este problema y, que por el contrario, “han decidido agravar el problema retrasando más la divisa en relación a la inflación”. Además, lamentó que la medida de baja de retenciones fuera aislada, sin un plan integral y sin un camino hacia la eliminación total de las retenciones. En su opinión, la medida “es una baja mínima, por su insignificancia no tiene impacto real, salvo en algún subsector que no es precisamente es el de pequeños o medianos productores”.

Otro crítico de la medida fue Ariel Bianchi, productor agropecuario en Conesa, quien tildó las acciones del gobierno como “kirchneristas”, aludiendo a una política de medidas temporales que no resuelven el problema estructural. “Te doy unas migas para que te apures a vender hasta junio”, agregó, destacando la falta de soluciones de fondo para el sector.

Enrique Bessone, economista y exproductor agrícola, comparó la medida con el famoso “dólar soja” impulsado por Sergio Massa. En su cuenta de X, Bessone cuestionó el plazo fijado para la baja, argumentando: “Muchachos si es hasta junio es el nuevo dólar soja de Massa por miedo a que no vendamos los stocks... dale no jodan. Ni siquiera bajan a cero al trigo qué está próximo a sembrarse”. A su juicio, la medida tiene un enfoque similar al implementado en el pasado, y no resuelve los problemas estructurales del sector.

Por otro lado, el ingeniero agrónomo Andrés Eduardo Bruno también expresó su desacuerdo con la medida, calificándola de “porquería”. En su publicación, Bruno criticó que la baja de retenciones no contribuiría a mejorar la producción ni la competitividad, y afirmó que solo se traduciría en una “menor recaudación fiscal que puede comprometer el equilibrio o superávit”. Además, opinó que “mejorar el bolsillo paliativamente a los que tomaron malas decisiones” solo complicaría aún más la posibilidad de eliminar las retenciones en el futuro. Según Bruno, los resultados de estas medidas serán un desastre y no resolverán los problemas de fondo del sector agropecuario.

El Gobierno nacional convocó a audiencias públicas para presentar las condiciones preliminares de los pliegos que regirán la licitación de los 677 kilómetros que componen la denominada "Ruta del Mercosur". Este tramo forma parte del proceso de concesión y privatización de la infraestructura vial del país. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 104/2025, con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) encargada de coordinar todo el proceso.

A través de este acto administrativo, la DNV detalló las fechas y lugares de las audiencias públicas, que están programadas para finales de febrero, como parte de un proceso transparente y abierto. La autoridad vial, encargada del estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales, explicó que las audiencias tendrán como objetivo presentar y discutir las condiciones del proyecto, que implica la privatización de tramos viales estratégicos para la economía nacional. “La DNV será responsable de todas las decisiones relativas al objeto de la audiencia pública”, aclara la normativa en su texto.

El plan de privatización contempla la licitación de los tramos que componen el actual Corredor Vial N° 18, que incluye rutas claves para el transporte de mercancías en el país. El proyecto, denominado “Red Federal de Concesiones”, se divide en dos segmentos: el Tramo Oriental, que incluye las Rutas Nacionales 12 y 14, la RN 135, A-015 y la N° 117; y el tramo de Conexión, que abarca la Ruta Nacional 174, que conecta las ciudades de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos) mediante el puente Rosario-Victoria, cruzando el Río Paraná.

De acuerdo con la resolución, las audiencias comenzarán con el primer segmento el 25 de febrero en la ciudad de Gualeguaychú, mientras que la segunda convocatoria se realizará el 27 del mismo mes en Victoria.

Los participantes interesados deberán presentar la documentación pertinente al objeto de las audiencias, y las empresas seleccionadas serán aquellas que ofrezcan la tarifa más baja para los usuarios. La DNV evaluará las propuestas de acuerdo con estos criterios.

Una vez concluida esta primera fase, el Gobierno procederá con un segundo proceso de licitación, mucho más ambicioso. Este incluye las concesiones de 8.470 kilómetros actualmente gestionados por Corredores Viales, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad vial a través de la construcción, explotación, mantenimiento y ampliación de la red. Este segundo tramo de concesión se extenderá a lo largo de gran parte de la red vial nacional, abarcando un porcentaje significativo del tráfico vehicular del país.

Durante las audiencias públicas, los licitantes tendrán la oportunidad de expresar opiniones, presentar propuestas y discutir los documentos relacionados con el proyecto. Aunque las manifestaciones de los participantes no tienen carácter vinculante, la DNV está obligada a considerarlas y a fundamentar cualquier desestimación que realice. Los interesados podrán consultar toda la información pertinente a través del Sistema de Trámite a Distancia (TAD) de la DNV y acceder al orden del día de las audiencias, que estará disponible con 24 horas de antelación en el sitio web oficial.

(Con información de Boletín Oficial e Infobae)

El Gobierno publicó el decreto que oficializa la baja temporal de las retenciones a los productos agrícolas más exportados. Esta decisión, había sido anunciada el pasado jueves. El mismo fue publicado en la última edición del Boletín Oficial bajo el número 38/2025.

La medida, que ya está en vigencia, establece una reducción significativa en las alícuotas de pago para algunos de los principales productos del campo. De acuerdo con el decreto, está baja afectará, al menos, hasta el 30 de junio de 2025 a cultivos como la soja, cuyo porcentaje de retención pasará del 33 al 26%. También se verán beneficiados los derivados de la soja, cuya alícuota caerá del 31 al 24,5%. Además, se reducirá el impuesto sobre la exportación de otros productos clave como el trigo, la cebada, el maíz, el girasol y el sorgo.

El decreto establece como requisito clave que los exportadores de estos productos deberán liquidar “al menos el 95% de las divisas respecto de esas mercaderías” en un plazo de “hasta quince días hábiles de efectuada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente”. En caso de no cumplir con esta obligación, deberán tributar la alícuota de derechos de exportación vigente antes de la aplicación de la medida.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central serán los encargados de supervisar los plazos de liquidación.

La medida fue recibida con ciertas reservas por parte de las principales entidades del sector agropecuario. Los presidentes de la Confederación Rural Argentina (CRA), Coninagro, Federación Agraria y la Sociedad Rural expresaron su preocupación al señalar que esta baja de retenciones no debe ser vista como una medida transitoria. “Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción", señalaron los dirigentes del campo.

Decreto 38/2025: baja de retenciones

Un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Coprofar) que se dio a conocer este sábado señaló que “si bien algunos laboratorios moderaron los aumentos de precios en los últimos meses de 2024, los valores se mantienen un 40% por encima de la inflación. La compra de medicamentos recetados por la población en general cayó en diciembre de 2024 un 14%, mientras que la compra de medicamentos a través de PAMI cayó un 22%”.

El informe de Coprofar precisó que “una vez finalizados los acuerdos que se venían sosteniendo con los laboratorios, hasta octubre de 2023, comenzaron a verificarse importantes aumentos en los precios de los medicamentos” y añadió que “actualmente no hay ningún tipo de regulación, como consecuencia, hay mucha variación en los aumentos que aplicaron los laboratorios durante 2024 (entre el 54% y el 133%). No obstante, cuando se compara con noviembre de 2023, los precios se mantienen en promedio un 40% por encima de la inflación”.

Desde Coprofar se sostuvo que “algunos laboratorios dejaron de aumentar los precios desde septiembre 2024, quizás debido a las caídas en las ventas y a que las compras se están volcando a alternativas genéricas, o bien a que se compensaron sus ingresos con los fuertes aumentos a los medicamentos PAMI”.

“Los jubilados se llevaron la peor parte en 2024 en cuanto a su acceso a los medicamentos. Además de la pérdida de la cobertura gratuita, se suman los importantes aumentos de precios en los medicamentos para los afiliados PAMI, muy por encima del promedio de aumentos al público en general y de la inflación: el aumento promedio en los medicamentos para los jubilados fue de 240% durante 2024” precisó el informe.

Añadió que “esto es así porque a partir de marzo-2024 PAMI les permitió a los laboratorios aumentar mensualmente un 5% los precios a sus afiliados por sobre la inflación. Esto se reafirmó en noviembre-2024 cuando se firmó con los laboratorios un nuevo convenio de provisión, permitiéndose un incremento mensual variable en los precios, por sobre la inflación”.

El Centro recordó que “desde hace varios años los afiliados al PAMI se beneficiaban con un precio menor en los medicamentos (denominado PVP-PAMI, precio de venta al público PAMI) que estaba entre un 20% y un 40% promedio por debajo del precio de venta al público en general (PVP); la intención de la administración actual es eliminar este beneficio, lo que significa un perjuicio para los jubilados. A lo anterior se debe sumar que muchos medicamentos se consideran ahora dentro de lo que se denomina “Cobertura Eventual”, pasando a tener un descuento de solamente un 40% y aplicándose el precio de venta al público general, no el de PAMI”.

Coprofar indicó que “como consecuencia de la falta de regulaciones, se observan grandes diferencias entre los precios de distintas marcas de medicamentos muy usados.

En el informe se señaló que aquello “se explica por el bajo cumplimiento y deficiente difusión de la ley 25649 de prescripción por nombre genérico y por la inclusión de marcas comerciales en las recetas – aún en las de obras sociales, incluido el PAMI- en favor de las marcas más costosas, sin fundamento”.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) destacaron los avances en las normativas que regulan las medidas antidumping en el país. Señalaron que aquellas “herramientas, fundamentales para combatir la competencia desleal, se optimizaron mediante la reducción de los plazos de investigación a un máximo de ocho meses y la simplificación de los procedimientos en un único organismo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE)”. Entendieron que el “cambio positivo representa un respaldo a las Pymes industriales en su lucha por competir en igualdad de condiciones”.

Desde la UIA destacaron la reciente reforma normativa como “un avance significativo”. Sin embargo, resaltaron “la necesidad de una reglamentación clara y accesible que garantice su aplicación efectiva. Este aspecto resulta clave en un escenario global cada vez más desafiante, donde las asignaturas pendientes en materia de competitividad siguen ocupando un lugar prioritario. Nuestro objetivo es proteger a la industria nacional y fomentar un comercio justo que permita a las empresas argentinas competir en igualdad de condiciones, contribuyendo al desarrollo económico del país”.

El informe señaló que “en Argentina, actualmente existen 94 medidas antidumping vigentes, de las cuales 50 están dirigidas a productos provenientes de China. Este país es, de hecho, el principal destinatario de estas medidas a nivel global, con un 33,4% de los casos registrados en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el ranking global, Argentina ocupa el sexto lugar con un 5,6% del total de medidas adoptadas, por debajo de economías como Estados Unidos (21,5%) e India (14,3%)”.

También se precisó que “el desglose de las medidas antidumping vigentes en Argentina muestra que el 52,13% corresponde a derechos ad valorem, mientras que los aranceles específicos representan el 26,6%. Estas cifras refuerzan la importancia de mecanismos como los derechos compensatorios para equilibrar las condiciones de competencia”.

A si vez, se exhibió que “en economías desarrolladas como Estados Unidos y la Unión Europea, estas herramientas han demostrado su eficacia para proteger la inversión y el empleo local

En el mismo sentido se sostuvo que “el impacto de estas medidas es crucial para las PyMEs locales, que enfrentan desafíos significativos. Entre ellos se destacan una de las cargas impositivas más altas del mundo, costos logísticos elevados y dificultades para acceder a financiamiento competitivo. En contraste, los productos importados de ciertos países llegan al mercado local con precios falseados, subsidiados en su origen y con menores costos laborales. Esta situación genera una competencia desleal que amenaza la sostenibilidad de la industria nacional”.

El Gobierno anunció una baja generalizada de derechos de exportación, que incluirá a productos como la soja y derivados, trigo, maíz, girasol y economías regionales. Habrá un grupo de bienes que tendrán caídas en las alícuotas y otros que serán eliminados de manera permanente.

“Vamos a bajar impuestos, pero sin comprometer el superávit. Esta decisión les permite a los productores poder planificar mejor. Dada esta situación particular del campo, con la sequía, es muy importante esta muestra de solidaridad. Estamos tratando de hacer justicia, en definitiva, eso es bajar impuestos, tener un país más justo”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo.

En el caso de las economías regionales, había productos con alícuotas residuales de retenciones que serán llevadas a cero de manera permanente. La medida alcanzará a productos tales como azúcar; preparaciones alimenticias; algodón; cuero bovino; bebidas; ovinos (lana y cueros); tabaco; forestoindustria; arroz; maní; golosinas, chocolates y otros.

Estos bienes representaron más de 1100 millones de dólares de exportaciones en el año 2024, informó la Secretaría de Comercio en un comunicado luego de la conferencia de prensa.

“Nos encantaría bajar todos los impuestos de forma permanente, pero va a ser un proceso a medida que tengamos el superávit que necesitamos”, señaló.

Caputo dijo que el gobierno no quiere “comprometer el esfuerzo de todos los argentinos, hoy hay superávit comercial, energético, de cuenta corriente. No se puede comprometer todo eso por más buenas intenciones que tengamos de bajar impuestos de forma permanente.

Posteriormente, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, apuntó que para acceder al beneficio “se va a poder optar por una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) particular, a los 5 días va a haber que pagar el derecho y a los 15 días hábiles va a haber que liquidar las divisas correspondientes. En el caso de aquellos cultivos o productos que no tengan DJVE, el embarque será el instrumento de realización del beneficio”.

El funcionario ratificó que todo este mecanismo estará operativo para los exportadores a partir del próximo lunes 27 de enero.

“Como hombre de campo, suscribo que es una excelente noticia. La verdad que para mí, además de ser un anuncio, es un tema que me emociona, que me llega, porque hemos trabajado muchísimo desde hace dos meses y pico, cuando se evaluó si esto se podía llevar adelante”, dijo Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, otro funcionario presente en el anuncio realizado en la Casa Rosada.

Iraeta consideró que para el campo esta reducción de las retenciones es fundamental en un momento en que los precios internacionales están bajos y hay zonas de la Argentina que están sufriendo una sequía importante. “Entonces, ojalá que llueva y que esta medida sirva para que podamos producir más y mejor”, concluyó.

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El Juzgado Civil de Bariloche condenó a la entidad por no garantizar la seguridad de las operaciones realizadas en la cuenta de una clienta que fue víctima de una estafa virtual a través de una operación comercial por la red social Facebook. Mediante engaños la indujeron a realizar operaciones en un cajero automático y le vaciaron las cuentas.

Una mujer que puso a la venta un artículo en Facebook fue contactada y estafada por un supuesto comprador que utilizó un engaño para inducirla a realizar gestiones en un cajero automático. De esta manera, los estafadores accedieron a su cuenta bancaria, vaciaron los fondos disponibles y gestionaron un préstamo a su nombre. El fallo destacó que la entidad no demostró haber implementado sistemas de seguridad adecuados para prevenir fraudes de este tipo, ni haber adoptado medidas adicionales pese al aumento de estafas electrónicas en los últimos años.

Tras advertir la estafa, la mujer radicó la denuncia en una comisaría local y notificó lo sucedido al banco, pero este rechazó su reclamo al sostener que la clienta había proporcionado voluntariamente sus claves bancarias a un tercero, lo que consideró como un acto de negligencia por su parte.

Tras analizar el expediente, el juez Cristian Tau Anzoátegui consideró que la empresa no cumplió con las normativas vigentes en materia de seguridad bancaria, como las comunicaciones emitidas por el Banco Central, que exigen a las entidades financieras extremar las precauciones frente a operaciones inusuales.

En este caso, profundizó el magistrado, “las transferencias realizadas por los estafadores presentaban claros indicios de irregularidad, al ser dirigidas a cuentas no registradas previamente por la clienta y por tratarse de movimientos atípicos en su historial bancario”.

“Además, tal inseguridad en el sistema de operación bancaria no sólo puede vislumbrarse en este caso, sino también en los diversos otros casos que ocurrieron con anterioridad al presente y donde se utilizaron similares metodologías de engaño, que son de público y notorio; todo lo cual refleja la vulnerabilidad del sistema brindado por el banco demandado”, agregó el juez al respecto.

“El solo hecho de contar con la certificación ISO 27001 del año 2013 no es suficiente para demostrar que el banco hubiera implementado todas las medidas de seguridad que se requieren para estos casos específicos; a lo cual, cabe agregar, que se trata de un certificado de antigua data y que se desconocen los alcances del mismo”, concluyó la sentencia.

El Gobierno nacional dio inicio al proceso de recategorización de los monotributistas, tal como lo había anticipado días atrás la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, que busca actualizar las categorías de los contribuyentes dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se extiende desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero, plazo en el que los monotributistas deberán realizar el trámite correspondiente.

Con la publicación de la Resolución General 5637/2025 en el Boletín Oficial, quedaron establecidos una serie de cambios clave en el procedimiento de recategorización.

Según la normativa, “la actualización prevista en el artículo 52 del citado Anexo se efectuará semestralmente a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice”.

De esta manera, las nuevas categorías de los monotributistas se actualizarán en función de la inflación acumulada en los primeros y segundos semestres del año, con los cálculos correspondientes a los meses de enero y julio.

En cuanto a la notificación de las resoluciones, la norma establece que estas serán enviadas al Domicilio Fiscal Electrónico de cada contribuyente dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento del período de recategorización. Además, la ARCA habilitará un sistema simplificado que permitirá a los monotributistas realizar el cambio de categoría de manera ágil, a través de su página web o aplicación móvil.

La escala de la A hasta la K, quedaría conformada de la siguiente manera: