Detrás de sus puertas no hay solo libros, sino también historias, oportunidades, sueños y personas convencidas de que el conocimiento debe estar al alcance de todos.

Por Noelia Campostrini*

Cada 24 de octubre, el Día Internacional de las Bibliotecas nos invita a reconocer su importancia. Pero hoy, más que celebrar, necesitamos reflexionar sobre su presente. Detrás de cada biblioteca que permanece abierta hay una lucha cotidiana, muchas veces silenciosa, por sostener un derecho fundamental que es el acceso a la cultura.

Las bibliotecas populares nacieron de la organización comunitaria y de la convicción profundamente democrática de que nadie debería quedar excluido del conocimiento por su condición económica. Esa misión continúa vigente, aunque sostenerla resulta cada vez más difícil. Los costos aumentan, los recursos escasean y el esfuerzo voluntario parece tener que compensar, una y otra vez, aquello que las políticas públicas no alcanzan a garantizar.

Argentina cuenta con la Ley Nacional 23.351, que reconoce y protege a las bibliotecas populares mediante la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). Sin embargo, las conquistas históricas también pueden verse amenazadas. La Ley 27.432 puso en riesgo recursos destinados a la cultura, posteriormente prorrogados hasta 2072 mediante la Ley 27.693. En 2025, el Decreto 345 intentó modificar la estructura y las atribuciones de la CONABIP, medida que fue rechazada por el Congreso.

Pero el problema no termina en las leyes. Las dificultades para acceder oportunamente a los recursos, pone de manifiesto una contradicción preocupante ya que de poco sirve reconocer un derecho si después se debilitan las condiciones necesarias para ejercerlo.

El financiamiento de las bibliotecas populares no es un favor que se concede ni un gasto del que se puede prescindir. Es una responsabilidad pública y una inversión en igualdad de oportunidades. Cuando faltan recursos, no solamente peligra el funcionamiento de un edificio, también se limitan talleres, se postergan proyectos y se reducen posibilidades de encuentro y aprendizaje.

Quienes formamos parte sabemos de horas de trabajo voluntario, de gestiones interminables, de actividades organizadas para reunir fondos y de quienes a través de donaciones ofrecen lo que tienen para que otros encuentren allí lo que necesitan. Pero también sabemos que la solidaridad no puede reemplazar indefinidamente la responsabilidad del Estado.

En Gualeguaychú, la Biblioteca Popular “Francisco Hernández López Jordán” es testimonio de esa construcción colectiva. Fundada el 14 de noviembre de 1943, nació para acercar la cultura a los vecinos del barrio del oeste. A casi 83 años de aquel comienzo, continúa siendo un espacio de lectura, talleres, actividades culturales y encuentro entre generaciones.

Su historia demuestra que una biblioteca popular es mucho más que un lugar donde se prestan libros. Es una puerta que se abre para quien busca aprender, para quien necesita compañía, para quien descubre una vocación o simplemente encuentra un espacio donde sentirse parte. Allí, cada actividad y cada encuentro fortalecen los vínculos que nos unen como sociedad.

Defender las bibliotecas populares es, en definitiva, una decisión política sobre el país, la provincia o la ciudad que queremos construir. Donde la cultura sea un derecho y no un privilegio; donde el conocimiento no dependa del dinero y donde el compromiso de los vecinos encuentre acompañamiento en políticas públicas sostenidas.

En tiempos en los que el individualismo parece imponerse sobre lo colectivo, las bibliotecas populares nos recuerdan que una sociedad no se fortalece solamente con crecimiento económico, sino también con educación, cultura, solidaridad y espacios donde las personas puedan encontrarse, reconocerse y crecer.

Una ciudad puede multiplicar sus edificios, ampliar sus calles y mejorar sus servicios, pero su verdadera grandeza también se mide por las oportunidades que ofrece a su gente. Y en esa tarea, las bibliotecas populares tienen un valor que ninguna cifra presupuestaria puede expresar.

En este Día Internacional de las Bibliotecas, el mejor homenaje es asumir el compromiso de defenderlas. Detrás de cada biblioteca popular hay generaciones de vecinos que sembraron esperanza, solidaridad y oportunidades.

Así como ningún árbol crece sin raíces, ningún pueblo puede construir un futuro digno si descuida su historia, su identidad y aquello que lo mantiene unido. Defender nuestras bibliotecas es honrar a quienes nos precedieron y cuidar el legado que merecen quienes vendrán.

*Vicepresidenta de la Biblioteca Popular “Francisco Hernández López Jordán”

Marta tiene 62 años. Hace veinticinco que paga la misma prepaga, conoce a su cardiólogo desde hace una década y sabe en qué consultorio la van a atender un martes a las nueve. Cuando le llegó el último aumento de la cuota, hizo la cuenta y no le cerraba, después de un cuarto de siglo tuvo que elegir entre el supermercado y la prepaga.

Por Jeremías Irigoytía*

Desesperada, llamó a otra empresa para cambiarse. Le cotizaron casi el doble. Por su edad y por una arritmia que arrastra desde hace tiempo: “elegir” se había convertido en una palabra vacía.

Juan tiene 38. Es diabético desde los veinte y no tiene la edad de Marta, pero el resultado es el mismo: cuando pidió cotización en otra prepaga, la preexistencia le sumó un valor diferencial que lo dejó atado a la empresa que ya tenía, le convenga o no. Y después está Carlos, 55 años, sin ninguna enfermedad, sin nada que declarar. A él nadie le cobra de más por preexistencia. Pero cuando compara, las cuatro empresas grandes del mercado le ofrecen, en los hechos, variantes de lo mismo al mismo precio. Su libertad de optar existe en la ley y se diluye en la práctica.

Marta, Juan y Carlos no son casos aislados. Son, hoy, la historia de miles de argentinos.

Más de diez millones de personas dependen exclusivamente del sistema público de salud. Detrás de esa cifra conviven dos realidades: quienes perdieron su empleo registrado y con él su obra social, y quienes, aun trabajando, ya no pueden sostener la prepaga que eligieron pagar durante años. Un dato lo resume: el 62% de quienes abandonaron su prepaga no migró a una empresa más económica. Se quedó, directamente, sin cobertura.

¿Cómo llegamos hasta acá? A fines de 2023 se estaba formando una tormenta perfecta. Durante años de inflación descontrolada, el Estado había contenido los aumentos de las cuotas mediante un régimen de autorización previa: en 2020 subieron un 10% frente a una inflación del 36,1%; en 2021, un 36% frente al 50,9%; en 2022, un 64% frente al 94,8%. Esa brecha era real, y las empresas advertían que sus ingresos ya no acompañaban sus costos. El sistema anterior, además, tenía burocracia, demoras y poca transparencia. Necesitaba una reforma. El problema no fue diagnosticar la enfermedad. Fue el remedio.

El DNU 70/2023 eliminó el control previo sobre los aumentos y liberó los precios, con un objetivo declarado: más libertad de elección y libre competencia entre prepagas y

obras sociales. La lógica parecía sencilla: si una empresa cobraba de más, el afiliado se iba a otra. Pero esa lógica descansa sobre un supuesto que Marta, Juan y Carlos desmienten a su manera: todos los consumidores son igual de libres para irse.

Esa libertad existe, y bastante, para quien es joven y está sano. Se reduce para los que tienen una enfermedad preexistente, aunque sea joven como Juan. Y se diluye igual para quien, sin estar enfermo, se encuentra con un mercado donde cuatro empresas concentran más del 60% de los afiliados y ofrecen, en los hechos, poco margen real de diferencia.

Cambiar de prepaga no es como cambiar de compañía de internet. La ley dice que la enfermedad no puede ser motivo de rechazo, pero la nueva empresa puede cobrar un valor diferencial por la preexistencia y por la edad. La pregunta deja de ser teórica: ¿Qué libertad tiene quien, para elegir, debe pagar mucho más, o elegir entre lo mismo?

Meses después de liberar los precios apareció la primera paradoja: el propio Estado debió volver a intervenir frente a los fuertes aumentos de las principales empresas.

Hoy se abre un tercer capítulo. A partir de reclamos de afiliados particulares, los tribunales empiezan a fijar límites, porque desregular los precios no borra la Constitución, ni la Ley de Defensa del Consumidor, ni la prohibición del abuso del derecho, ni el derecho a la salud. Antes, el Estado controlaba la razonabilidad del aumento antes de que llegara a la factura. Hoy ese control llega después, cuando el afiliado reclama y toca la puerta de la Justicia. Pasamos, en buena medida, del control preventivo a la judicialización.

No se trata de volver, sin más, al sistema anterior: las empresas también necesitan ser sustentables. Pero la competencia solo protege al consumidor cuando ese consumidor es realmente libre para elegir. Marta, Juan y Carlos siguen hoy donde estaban, pagando lo que pueden y resignando otras cosas para hacerlo. No porque hayan elegido quedarse, sino porque no tuvieron, en los hechos, otra opción.

Quizás ahí estuvo el error de fondo de la desregulación: liberar los precios antes de preguntarnos cuán libres eran, en realidad, quienes iban a pagarlos.

* Abogado

El lema del 2026, “Innovar hoy para nutrir el mañana”, podría sonar a simple eslogan institucional, pero creo que refleja justo lo que necesitamos como sociedad: tenemos el enorme y urgente desafío de alimentarnos saludablemente hoy sin destruir los recursos que van a necesitar las próximas generaciones.

Por Elsa Asrilevich*

Es interesante señalar que uno de los debates que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) estuvo impulsando durante esta semana cómo están combinando dos mundos que a veces parecen opuestos.

Por un lado, me parece vital que nos apoyemos en la inteligencia artificial, la biotecnología de avanzada y la agricultura de precisión para poder anticiparnos a desastres climáticos, como las inundaciones que nos trae el Fenómeno de El Niño. Pero, por otro lado, me emociona profundamente que por fin se esté visibilizando y empoderando el rol indispensable de las mujeres rurales.

Que la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya declarado este 2026 como el Año Internacional de la Agricultora y que la FAO busque reconocer a 100 heroínas que rescatan los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, me parece la verdadera innovación. Siento que volver a nuestras raíces para aprender a cuidar los recursos naturales es tan importante como cualquier avance tecnológico.

Estamos perdiendo o desperdiciando cerca del 30% de los alimentos que producimos, mientras una gran parte de la población ni siquiera tiene acceso a una dieta completa y saludable. Cambiar esta realidad debería ser una prioridad absoluta para todos. Esa pérdida me resulta incomprensible e invita a diseñar políticas alimentarias que la disminuya.

Pero lo realmente interesante es ver que toda esta agenda global no se queda solamente en charlas diplomáticas a miles de kilómetros, sino que aterriza acá, en nuestra realidad local. Me entusiasma saber que, en nuestra ciudad, se realicen actividades comunitarias de salud gratuitas y abiertas en distintos espacios sanitarios.

Una alimentación saludable, en base a alimentos frescos, locales, adquiridos en locales de cercanía, donde conocemos al comerciante y a veces también al productor, es un objetivo que tenemos que tener presente. Ofrecerles a los gurises estos alimentos en los comedores, promete una población saludable en el futuro. ¡Evitemos los ultraprocesados! Sólo producen sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) como la diabetes, la hipertensión arterial y las cardiopatías.

Asimismo, la educación es la base de todo. Resulta importante ver cómo en Entre Ríos, el portal Aprender ya está inculcando a los más chicos con "recreos activos" y manuales de manipulación de alimentos, o cómo la Facultad de Bromatología de la UNER se involucra directamente con clases especiales para concientizarnos.

Transformar nuestros sistemas agroalimentarios para erradicar el hambre no depende únicamente de los datos y la ciencia, sino de cómo valoramos a quienes producen nuestra comida y de cómo nos involucramos todos como comunidad.

*Licenciada en Nutrición | MP 161

Por Marcos Henchoz*

Sobre esta fecha se ha escrito cientos de textos y artículos desde diferentes miradas, principalmente, desde la referencia de orden nacional y sus posicionamientos políticos. En ese sentido, se ha buscado explicar sus causas, modos de movilización y consecuencias. El debate acerca de quienes promovieron la movilización también tiene su propia “biblioteca”. Otros plantean que fue una acción espontánea de los trabajadores.

En estas líneas no vamos a profundizar sobre lo ocurrido en ciudad Buenos Aires y el conurbano sur bonaerense (lugares de movilización). Seguramente, en el día hoy, diferentes medios de comunicación generarán programas específicos o reproducirán filmaciones de la época. Aquí trataremos de recuperar aspectos de la historia local y regional que nos permiten reconocer matices propios en el marco de lo ocurrido en el agitado segundo semestre del ‘45.

Aunque falta mucho por investigar en nuestra provincia, podemos hacer algunas aproximaciones sobre el movimiento obrero, sus dirigentes, sectores sociales y políticos que militaron a favor de Perón, la concreción de su política laboral y su posicionamiento de liderazgo para un sector que reclamaba por mejoras en sus condiciones de vida.

Entre las primeras medidas gubernamentales que llevaron a cabo las nuevas autoridades nacionales hizo referencia a la aplicación de la ley marcial. En tapa, el periódico Crónica de Gualeguaychú (6/6/43), aclaró que “(...) en la noche de ayer, la Dirección de Crónica fue notificada de la siguiente comunicación: Jefe Policía – Gualeguaychú – Of 61 – En virtud de la vigencia de la ley marcial queda prohibida la realización de reuniones y toda manifestación pública. Notifíquese a directores y órganos periodísticos la prohibición de difundir noticias alarmistas o comentarios que se refieran al movimiento militar producido ayer en la Capital federal. Alfredo Giandana”. Fueron momentos de decisión y de tomar partido por un bando o por el otro.

El matutino El Diario de nuestra ciudad (5/6/43) tomó la postura de apoyar abiertamente a la Revolución “(...) en la obra de reconstrucción nacional que se avecina, no puede quedar nadie remiso (...) En el capítulo de cargos para los hombres depuestos por la revolución del 4 de junio, hay algo que no puede ser olvidado y que no debe quedar impune: el manejo doloso de los bienes del Estado. Los negociados de la Lotería, del caucho, del hierro, de la coordinación de transportes, del azúcar, etc., deben ser investigados severamente y sus culpables arrojados a la cárcel”. El golpe de Estado fue apoyado por la Unión Cívica Radical del sector yrigoyenista y el Partido Libertador Nacional (uno de sus dirigentes era Julio Irazusta), entre otras agrupaciones.

Se disolvió la Legislatura, se reorganizó el Poder Judicial y parte de la administración pública. Se designaron nuevos jefes de policía e intendentes. Se prohibieron el partido comunista y socialista. La represión se hizo sentir en sindicatos, periódicos, asociaciones judías y la masonería; principalmente, bajo el gobierno del Capitán Carlos María Zavalla. Según el historiador Leyes (2015), poco de ocupar el poder, el gobierno de facto comenzó con una “política dual”. Por un lado, represión y persecución para los dirigentes más opositores, más extremos y, por otro, beneficios parciales para los más moderados y dispuestos al diálogo.

Fueron clausurados los sindicatos de panaderos, de la madera y de la construcción de Paraná. Junto a otros gremios en Concordia, Basavilbaso, Villa Domínguez y Rosario del Tala. Muchos de estos dirigentes y militantes comprometidos fueron apresados. Todas estas medidas se tomaron durante los primeros meses del nuevo gobierno.

Algunos de esos beneficios eran anteriores, pero no se ejecutaban en su totalidad. El cambio de rumbo también se dio en otros ámbitos y con otros actores de la economía y de la iglesia católica. Esta, en los inicios, inicios de la gestión gubernamental logró implementar medidas a favor de la enseñanza de su catecismo en las escuelas públicas.

1945 fue clave en ese proceso de cambio. Se da la ruptura de relaciones con la iglesia, agrupaciones políticas y sectores económicos a la par del endurecimiento de las posturas con los partidos tradicionales y sus referentes. El radical entrerriano Eduardo Laurencena lo tildaba abiertamente de nazi. Sin dudas, que las proclamas de la Marcha por la Constitución y Libertad, en contra del gobierno, en septiembre de ese año, fue un quiebre con los sectores vulnerables y el de los trabajadores; ya que, prometieron volver atrás con los derechos laborales otorgados y entre los cánticos se escuchaba “hoy hacemos el cajón para Farrell y Perón”. La reacción fue la movilización de los trabajadores, el 17 de octubre, en Buenos Aires y alrededores, en el marco de nerviosismo provocado por el apresamiento de Perón; quien para ese entonces ya se había convertido en su líder.

El Argentino se mantuvo equidistante. La concentración de los trabajadores y adherentes fue en la intersección de las calles Del Valle y Pellegrini, a las 19:30. Tomaron esta calle hasta la 25 de Mayo y se dirigieron hasta la Rocamora regresando por Urquiza hasta el escenario central de Humberto Primo (hoy, Italia) y 25 de Mayo. Entre los oradores estuvieron Pedro Bachini (exdirector del diario El Argentino e integrante de la Federación Agraria Argentina), Roberto Massaferro y Alejandro Vela (dirigentes del radicalismo yrigoyenista).

Si bien, hubo algunas concentraciones menores el mismo 17; la movilización central, en diferentes localidades de Entre Ríos (Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná, Gualeguay), fue el 18. Y, en algunos casos, el 19 como en Villaguay. Tanto la convocatoria como los activistas provenían de diferentes sectores sociales, económicos y políticos. En Concordia jugó un rol importante el sindicato de empleados de Comercio. En Paraná, la oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión organizó la jornada. Mientras que, en Gualeguaychú hubo una base heterogénea, cuyos principales promotores fueron el radicalismo yrigoyenista y El Diario como herramienta de propaganda.

*Marcos Henchoz - Historiador

La pregunta parece técnica, pero encierra un problema mucho más profundo: hasta dónde una tabla administrativa puede condicionar la reparación de un daño efectivamente provocado por el trabajo.

Por Martín Cespedes*

El reciente fallo “Galarza” del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos vuelve a poner esa tensión en primer plano y obliga a recordar algo elemental: en el sistema de riesgos del trabajo, las tablas de incapacidades, los listados de enfermedades y las fórmulas son herramientas necesarias, pero nunca deberían negar reconocimiento a una persona afectada en su salud.

En materia de accidentes y enfermedades laborales, una parte importante del sistema de reparación se apoya en baremos, es decir, tablas destinadas a asignar porcentajes de incapacidad según las lesiones o secuelas comprobadas. La lógica del sistema es comprensible: se busca uniformidad, previsibilidad y cierta objetividad. Dos trabajadores con lesiones semejantes – en un sistema tarifado de indemnización - deberían recibir respuestas semejantes y no quedar librados a criterios absolutamente dispares.

El problema aparece cuando la herramienta destinada a medir el daño termina sustituyendo a la realidad que debería medir. Esto es, precisamente, lo que vuelve interesante y de importante aplicación actual, al fallo “Galarza”. En el caso, se discutió una disminución auditiva causada por exposición laboral al ruido. La afección estaba médicamente comprobada y su origen laboral también. Sin embargo, la aplicación estricta del baremo conducía a asignarle un 0% de incapacidad porque no se alcanzaban determinados parámetros previstos reglamentariamente. Para explicarlo la afección del trabajador estaba presente, pero no alcanzaba el mínimo daño requerido por el baremo.

La pregunta entonces deja de ser médica y se vuelve jurídica: ¿puede existir una lesión permanente provocada por el trabajo y, al mismo tiempo, considerarse que jurídicamente esa lesión no genera incapacidad alguna?

El propio Tribunal fue contundente. Señaló que negar la incapacidad de una enfermedad profesional reconocida por no alcanzar los parámetros del baremo “importa la negativa de protección” de trabajadores cuya salud fue afectada por el trabajo. Y agregó que “resultaría lesivo de la normativa constitucional” que, probado el origen laboral de la hipoacusia, no se graduara la incapacidad simplemente porque el daño no alcanzaba el umbral previsto por la reglamentación. En función de ello, concluye el tribunal la reglamentación, resultaría lesivo de la normativa constitucional que reconoce la protección a la integridad psicofísica (art. 19, CN) y a las condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis, CN).

Allí aparece, el verdadero valor del fallo. No se trata de negar la utilidad de los baremos ni de sostener que cada juez pueda apartarse libremente de ellos. Se trata de recordar qué lugar ocupan dentro del sistema. Los baremos son herramientas técnicas; no son la realidad. Son construcciones normativas que pueden modificarse, ampliarse o reemplazarse. Por ello, una cosa es establecer cómo debe cuantificarse una lesión y otra muy distinta permitir que una reglamentación convierta en inexistente un daño que está médica y causalmente comprobado.

El razonamiento debería conservar un orden elemental. Primero debe determinarse si existe una lesión. Luego, si esa lesión guarda relación causal con el trabajo. Y recién después corresponde mensurar su incidencia sobre la capacidad de la persona. El baremo debería responder cuánto incapacita un daño; no debería poder decidir que el daño no existe.

Esta mirada, además, no es ajena al derecho internacional del trabajo. La normativa de la Organización Internacional del Trabajo coloca el eje en la relación entre el trabajo y el daño. El Convenio 155 de la O.I.T. – entre otras normas internacionales aplicables al ámbito local - define la enfermedad profesional por su vinculación con factores de riesgo derivados de la actividad laboral y no porque una determinada afección figure necesariamente en una lista cerrada.

La enseñanza es clara: las listas y los baremos sirven para ordenar el sistema, pero no deberían sustituir el juicio básico acerca de si existe un daño causado por el trabajo.

También existe una dimensión constitucional que no puede soslayarse. La Corte Suprema, en el conocido precedente “Aquino”, definió al trabajador como un “sujeto de preferente tutela constitucional”. Esa idea cobra todavía mayor relevancia cuando el trabajador, además, ha sufrido un accidente o una enfermedad profesional. Allí aparece una situación de doble hiposuficiencia: la propia de quien trabaja dentro de una relación estructuralmente desigual y la adicional de quien ve afectada su salud o su capacidad laboral.

En el fallo “Ascua”, la Corte volvió sobre esta lógica afirmando; el legislador puede diseñar fórmulas, topes y sistemas objetivos de reparación, pero esas herramientas no pueden frustrar la finalidad protectoria que les da sentido.

Por eso, el problema de los baremos no es una discusión meramente técnica. Detrás de un porcentaje hay una persona que puede escuchar menos, moverse peor, soportar dolor o haber perdido una capacidad en forma irreversible, que antes tenía. Si la lesión existe, es permanente y fue causada por el trabajo, una tabla no debería tener el poder de hacerla desaparecer.

El control judicial aparece justamente allí. No para reemplazar sin más el sistema tarifado, sino para impedir que una reglamentación termine neutralizando el derecho que debía hacer efectivo.

En definitiva, “Galarza” excede ampliamente la discusión sobre una determinada pérdida auditiva. El fallo vuelve a poner en debate cuál es el límite de la mecanización del daño laboral y recuerda algo que no debería perderse de vista: el sistema de riesgos del trabajo fue creado para proteger personas víctimas de un siniestro, y no para amparar una tabla de incapacidad.

Por ello, sin dejar de reconocer la importancia, la utilidad y aplicación práctica de un baremo o tabla de incapacidad en la solución del caso; la enseñanza más sencilla del fallo puede también sea también la más importante: el baremo debe servir para medir el daño; no puede servir para borrarlo.

*Abogado

El clientelismo suele imaginarse como una transacción simple: un político entrega un beneficio y un ciudadano paga con el voto. Sin embargo, la imagen típica –un choripán por un voto– no permite comprender ni el fenómeno ni sus consecuencias. Para empezar, hay que superar prejuicios: no solo afecta a los pobres, no es exclusiva del peronismo y “los clientes” no son sujetos pasivos, “tontos manipulados”. El patronazgo es una forma particular de clientelismo: en lugar de repartir bienes o beneficios puntuales, la relación se construye alrededor del acceso a un empleo público y de los servicios políticos que ese empleo puede generar. Su incidencia es notable.

Un estudio de Zarazaga de 2014 mostraba que el 50% de los referentes en el Gran Buenos Aires eran empleados públicos. A leer bien el dato: no quiere decir que la mitad de los funcionarios públicos son referentes políticos, sino que la mitad de los referentes de GBA, según el estudio citado, eran empleados públicos.

Muchos piensan la relación clientelar como una amenaza de alguien con poder: yo te doy el trabajo, vos hacés lo que te digo. Sin embargo, ¿por qué, una vez conseguido el trabajo, los empleados públicos respetarían el acuerdo y seguirían haciendo su parte?

En “Trabajo y Favores. Empleo público y servicios políticos en Argentina” (Fondo de Cultura Económica, 2026), Virginia Oliveros propone otra cosa: quizá no haga falta amenazar a nadie. Su teoría del patronazgo no-coercitivo –patronazgo autosostenible– se centra en los incentivos comunes entre patrones y clientes. Lo que los une es que el futuro de ambos está ligado. Para los políticos el beneficio está claro: contar con trabajo “gratis” que los ayude a sostenerse en el poder. Hay una serie de actividades que los partidos realizan en el territorio para las cuales suele ser difícil encontrar voluntarios: fiscalizar elecciones, hacer pintadas, repartir boletas o participar en actos políticos.

La dificultad para estudiar el tema salta a la vista. ¿Cómo investigar un intercambio que nadie tiene demasiado interés en reconocer? Para ello, Oliveros recurre a metodologías que permiten garantizar la confidencialidad y el anonimato e implementa una encuesta presencial a 1.200 empleados públicos del sector local en tres municipios: Tigre, Santa Fe y Salta.

¿Cómo se consigue el empleo? El 64% de los entrevistados declaró haber encontrado puesto a través de un conocido, un familiar o un amigo y el 59% informó que las relaciones personales eran más importantes que la afinidad ideológica. Esto no significa que el 64% haya conseguido su puesto a cambio de apoyo político porque conocer a alguien y obtener un empleo mediante una recomendación no son, por sí mismos, prueba de clientelismo. Pero muestran hasta qué punto las relaciones personales pueden ocupar el lugar de procedimientos impersonales de contratación.

En Tigre, de los aproximadamente 2.400 empleados al momento del estudio apenas un 20% tenía contrato permanente, lo que deja amplio margen para la discrecionalidad. El libro da cuenta de momentos de despidos masivos que muestran que el temor a quedarse sin trabajo si pierde la elección el intendente que hizo las contrataciones es real. Ahí se activa una de las aristas centrales de esta cuestión.

La Constitución ha garantizado la estabilidad laboral de los empleados desde 1957, sin embargo, el aumento del empleo temporal ha sido notable. A la vez, la descentralización y las competencias del nivel local para gestionar contrataciones abren un amplio marco para la discrecionalidad.

Otro hallazgo relevante es el que evidencia que los puestos no siempre ni mayoritariamente son “fantasmas”. El patronazgo puede funcionar con personas que efectivamente trabajan y además hacen favores políticos. Hay puestos de nivel bajo como el de barrenderos, choferes, empleados de seguridad, que se distribuyen de manera clientelar. También hay puestos medios en secretarías y como abogados, médicos y contadores. Cuando estos puestos fueron obtenidos en redes clientelares, además de las tareas que se realizan en períodos electorales, los empleados ofrecen favores políticos.

Un turno, un permiso para hacer una fiesta o para una obra, acelerar un expediente. Los favores son innumerables y quienes son percibidos como afines al intendente reciben muchas más solicitudes que los que no lo son. El libro ejemplifica el caso de una persona que recurre a solicitar ayuda porque se le ha muerto el padre y no tiene donde velarlo. Muchos de estos pedidos requieren de activar a varias personas para resolver la demanda. Se trata de cumplir las funciones de la administración, pero haciéndolo en el marco del favor: convertir una tarea administrativa en una ayuda personal. Esta cuestión es central porque el sistema funciona, en buena medida, debido a que resuelve problemas reales.

El patronazgo resuelve problemas reales, pero tiene consecuencias negativas para la gobernanza y la democracia. Sin reglas claras para la contratación, existe un amplio margen de discrecionalidad y se activan los incentivos por los que el patrón o político de turno coloque a sus afines. La calidad de los servicios baja porque los puestos de trabajo no se adjudican en función del conocimiento y la experiencia sino de la afinidad con el gobierno. También tienen consecuencias negativas sobre la competencia porque quien está en el poder utiliza estos recursos para mantenerse, inclinando la cancha. En definitiva, el patronazgo afecta simultáneamente a la calidad del estado y a la competencia democrática. El problema no es que alguien toque el bombo. El problema empieza cuando el acceso a un empleo público depende de quién toca el bombo, a quién conoce y para quién está dispuesto a tocarlo.

La motosierra de Milei ha convertido al Estado y a sus empleados en uno de los principales blancos de la política de ajuste. Trabajo y Favores obliga a introducir una distinción incómoda. Que existan empleos obtenidos por relaciones personales, favores políticos o lealtades partidarias no demuestra que el Estado sea innecesario.

Demuestra que necesitamos mejores reglas para construirlo. La alternativa al patronazgo no es eliminar el Estado sino profesionalizarlo: que el acceso a un puesto dependa de las capacidades y no de las conexiones; que un trámite sea un derecho y no un favor; que un empleado público responda a reglas e instituciones y no al intendente de turno. Necesitamos escuelas, hospitales, transporte, seguridad, y un sinfín de servicios que ofrece el Estado. La alternativa al Estado clientelar no es menos Estado. Es mejor Estado.

*Politóloga y comunicadora (Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)

La discusión en torno al 12 de octubre suele reaparecer cada año con fuerza en el debate público, reactivada además por decisiones oficiales que reabren viejas disputas sobre la memoria. Sin embargo, abordar esta fecha exige ir más allá de las denominaciones y los feriados de calendario para indagar en la densidad de un proceso histórico cuyas secuelas continúan modelando la realidad social, económica y cultural.

Por Fernando Piciana

Lo ocurrido a partir de 1492 no constituye un acontecimiento escolar abstracto ni una gesta heroica sin contradicciones. La llegada europea a América inauguró un período prolongado de violencia, subordinación y reordenamiento geográfico forzoso. En el territorio entrerriano, pueblos originarios como los charrúas, los guaraníes y los chanás debieron resistir el avance constante de la conquista. Aquella irrupción no pretendía únicamente adueñarse de las tierras, sino también desarticular de raíz la relación sagrada que estas culturas tenían con la tierra, los ríos y los ritmos de la naturaleza.

Herramientas como la encomienda sirvieron para someter y despojar de sus bienes y territorios a los habitantes originarios en gran parte del continente. Bajo la excusa de “civilizar” y “evangelizar”, miles de hombres y mujeres terminaron sometidos al trabajo forzado y al servilismo. Aunque la zona del Litoral tuvo características propias, el resultado final fue el mismo: el desalojo constante de sus territorios, la desarticulación de las familias y un exterminio progresivo que redujo a las comunidades a su expresión mínima. Esa enorme pérdida humana significó además la destrucción de una riqueza cultural incalculable, que la historia escrita por los ganadores prefirió tapar y mandar al olvido.

Por eso es necesario desarmar esa idea de un progreso tranquilo y pacífico. La llegada de los conquistadores no fue un intercambio respetuoso, sino un proyecto explícito de dominio económico y cultural. Las potencias del otro lado del Atlántico organizaron las tierras americanas para extraer riquezas y enviarlas a sus países, favoreciendo también a las élites de la época. La llegada del ganado y las nuevas formas de trabajar la tierra no vinieron a integrar a los pobladores originarios, sino a echarlos de los lugares que siempre habían sido suyos. A esas comunidades las expulsaron del nuevo orden productivo.

Las consecuencias de esa ruptura no se terminaron con las guerras de la Independencia. Esa marca colonial sigue viva hoy en las desigualdades que vemos a diario. El abandono y la falta de oportunidades que todavía sufren los pueblos originarios y sus descendientes muestran que sigue pesando una mirada que pone las ideas y costumbres europeas por encima de la identidad indígena. A pesar de los intentos por recuperar la memoria, el sistema económico y social en el que vivimos suele dejar la herencia de nuestros antepasados como un simple adorno folclórico.

Hablar de la conquista sin denunciar el atropello continuo es contar la mitad de la historia y llamarla completa. Los conquistadores destruyeron formas de organización comunitaria que funcionaban en armonía con el entorno. Impusieron un modelo rígido donde todo lo que no encajaba con el modo de vida europeo se consideraba salvaje o de menor valor. Así se fueron apagando idiomas enteros, se perdieron cantos tradicionales y se interrumpió una manera de vivir que respetaba el medio ambiente y cuidaba el equilibrio natural.

También existe una responsabilidad en la manera en que esa historia llega a las nuevas generaciones. Durante mucho tiempo, los pueblos originarios aparecieron en los manuales como una referencia lejana, asociada a un pasado que parecía terminar con la llegada de los europeos. Esa mirada no solamente empobreció el conocimiento histórico: también instaló la idea de que algunas culturas tenían un lugar central en la construcción del país y otras apenas un lugar marginal. Revisar esa forma de enseñar no implica reemplazar una versión por otra, sino ampliar la perspectiva para que el pasado pueda ser comprendido desde más de una voz.

La falta de conocimiento que todavía existe sobre los aportes de los pueblos originarios es también consecuencia de esa exclusión de la memoria. Mientras los monumentos en las plazas y los manuales solían aplaudir sin cuestionar la figura del colonizador, se dejaba en la sombra a miles de pobladores a los que les sacaron todo para levantar pueblos y campos. Cada hectárea que hoy vemos como productiva guarda la historia de hombres y mujeres que fueron expulsados con violencia de sus casas. La deuda que la sociedad tiene con esas identidades pisoteadas sigue sin saldarse.

La decisión del Gobierno nacional de cambiar por decreto la denominación de la fecha, dar marcha atrás con el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” y restablecer el nombre “Día de la Raza” demuestra que el debate sobre nuestro pasado sigue más abierto que nunca en pleno siglo XXI. Más allá de los cambios de nombre en las normas o de los intentos oficiales por desempolvar viejos relatos colonialistas, el 12 de octubre no puede volver a transformarse en el festejo de una conquista. No es un detalle menor, porque las palabras con las que nombramos el pasado también determinan la manera en que lo interpretamos. No significa lo mismo hablar de descubrimiento, encuentro, conquista o invasión. Cada término pone el acento en una experiencia diferente y asigna lugares distintos a quienes participaron de ella. Por eso la discusión sobre el nombre no puede reducirse a una disputa política ni a una cuestión de calendario: detrás de cada denominación hay una manera de entender quiénes fueron protagonistas de aquella historia y quiénes quedaron relegados al silencio. Por encima de cualquier decreto que busque tapar la realidad, esta fecha tiene que seguir siendo una oportunidad para ejercitar la memoria y reconocer la fuerza incuestionable de los pueblos que todavía habitan este suelo.

El Día del Odontólogo o Día de la Odontología Latinoamericana surgió durante un Congreso en Buenos Aires en 1925, cuando el doctor Raúl Loustalán propuso dedicar una jornada a esta profesión. La fecha elegida fue en recuerdo del 3 de octubre de 1917, cuando fue fundada la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), en un congreso de dentistas llevado a cabo Santiago de Chile.

Susana Villamonte*

Cada año, quienes ejercemos la profesión aprovechamos la fecha para para reflexionar sobre el cuidado bucal y su relación con la salud general, acentuando la importancia de la prevención que es la estrategia más económica y exitosa, ya que evita que los problemas pequeños se conviertan en tratamientos complejos, invasivos y de alto costo.

En Argentina el acceso al cuidado bucal es desigual debido a un sistema de salud fragmentado, es decir, un sistema dividido entre el sector público, las obras sociales sindicales y la medicina prepaga. Lo que genera diferencias en la calidad y en los tiempos de atención. En nuestro país existe una gran brecha socioeconómica, por lo que las consultas odontológicas son más frecuentes en sectores de ingresos medios y altos, a pesar de que en los sectores vulnerables existe una prevalencia de caries (la enfermedad más prevalente mundialmente) en niños y niñas de edad escolar que oscila entre el 60% y el 90%.

Aunque existen redes de atención primaria pública y programas escolares gratuitos a nivel provincial y municipal, son aún insuficientes para cubrir la demanda de atención. Entonces, el cuidado de la salud bucal cuando no se cuenta con recursos económicos requiere principalmente priorizar la prevención diaria y aprovechar al máximo los servicios de salud pública gratuitos. Es por esto que la prevención en salud bucal es la estrategia más económica y exitosa. Pero, ¿cuándo empieza esta prevención?

El cuidado de la boca del ser humano comienza durante el embarazo de su mamá, porque la salud bucal y la nutrición de la madre influyen directamente en la formación de los dientes del feto y reducen el riesgo de transmisión de bacterias tras el nacimiento.

Los dientes temporales (los llamados dientes de leche) del bebé comienzan a formarse entre la quinta y la sexta semana de gestación. En este sentido, hay que saber que las hormonas del embarazo aumentan el riesgo de gingivitis (inflamación de las encías) y la sensibilidad en la madre, y si esto no es evitado o tratado tempranamente puede inducir partos prematuros. También las infecciones bucales graves y la periodontitis (enfermedad de las encías y tejido de sostén del diente) no tratadas a tiempo pueden tener las mismas consecuencias o provocar el bajo peso del bebé al nacer.

Asimismo, tras el nacimiento, las caries en adultos significan una mayor cantidad de bacterias que luego, a través de la saliva (al besar o probar la comida), pueden pasar al bebé.

Otras consecuencias

Desde los primeros años de vida hasta la adultez, la cavidad oral puede revelar señales de alarma de diversas condiciones médicas, como diabetes, anemia y deficiencias vitamínicas, problemas inmunológicos (debilitan el sistema de defensa del organismo) o enfermedades cardiovasculares. Asimismo, es habitual que sea síntoma de estrés y ansiedad, reflejados en el bruxismo (apretar o rechinar los dientes), lo que provoca desgaste dental, dolor en la mandíbula y en la cabeza al despertar, además de trastornos psicosomáticos en la boca.

Es importante tener claro que la salud de cada uno de nosotros depende en primera instancia de cada uno de nosotros. Las y los odontólogos y estomatólogos ayudamos a cuidarla.

Por todo lo dicho deberíamos concurrir periódicamente a la consulta en salud bucal, desde la mamá durante el embarazo y después del nacimiento, durante toda la vida de esa persona. En esas consultas debemos ser informados sobre las medidas de prevención, tan simples como una buena higiene después de cada comida.

El éxito de nuestra profesión, encargada de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades y trastornos de la boca, los dientes y el aparato estomatognático (que incluye tejidos blandos, encías, maxilares y anexos), muchas veces depende tan sólo de poder trasmitir la información correcta en una consulta.

La boca es la puerta de entrada a nuestro organismo. No existe cuerpo sano sin boca sana.

*Odontóloga especialista en estomatología COER- Matrícula Provincial 4863

La propuesta de declarar el 29 de septiembre como “Día del Supremo Entrerriano”, en homenaje a Francisco “Pancho” Ramírez y en conmemoración de la creación de la República de Entre Ríos, vuelve a poner sobre la mesa una figura central de nuestra historia provincial. El proyecto presentado en la Cámara de Diputados también plantea incorporar el estudio de su vida y obra a los niveles primario y secundario.

La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de una efeméride. La pregunta más interesante quizás sea otra: ¿qué significa recordar a Francisco Ramírez en la Entre Ríos del siglo XXI?

Ramírez nació en Concepción del Uruguay en 1786 y falleció en 1821. Fue militar, dirigente político y protagonista de las luchas que enfrentaron distintos proyectos sobre la organización de los territorios que habían formado parte del Virreinato del Río de la Plata. Su historia tampoco puede contarse como una sucesión sencilla de buenos y malos, héroes y traidores. Precisamente allí reside parte de su riqueza histórica.

Ramírez fue inicialmente un hombre ligado al proyecto artiguista. José Gervasio Artigas había construido en el Litoral una propuesta basada en la autonomía de los pueblos y en una concepción federal que enfrentaba al centralismo porteño. Ramírez participó de ese escenario y combatió junto a otros caudillos federales, entre ellos Estanislao López (Santa Fe). Pero las alianzas políticas de aquellos años estuvieron lejos de ser permanentes. La victoria federal en Cepeda, el 1° de febrero de 1820, significó la derrota del Directorio y abrió una nueva etapa política. Poco después, Ramírez, López y Buenos Aires suscribieron el Tratado del Pilar. El acuerdo provocó el distanciamiento con Artigas, quien interpretó que sus antiguos aliados habían abandonado la lucha contra los portugueses y el proyecto de los Pueblos Libres.

Este episodio resulta particularmente interesante para comprender a Ramírez. El mismo hombre que había sido parte del espacio artiguista terminó enfrentándose militarmente con quien había sido su referente. Hablar simplemente de “traición” puede resultar tentador, pero es interesante preguntarnos qué intereses defendía Ramírez, qué lugar pretendía ocupar Entre Ríos y cómo fueron cambiando las relaciones de poder en el Litoral.

En septiembre de 1820, Ramírez dio a conocer desde Corrientes el bando que puso en marcha la organización de la denominada República de Entre Ríos. La fecha del 29 de septiembre es la que actualmente se propone como eje de la conmemoración. La expresión “República de Entre Ríos” puede generar, incluso hoy, interpretaciones equivocadas si se la analiza con categorías políticas actuales. No se trató de una república independiente en el sentido de un Estado nacional separado de las Provincias Unidas. Fue una experiencia política regional, breve y particular que, bajo el liderazgo de Ramírez, articuló los territorios de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y buscó establecer una organización propia en un contexto de enorme fragmentación.

La historiografía académica la analiza como una experiencia de organización política y administrativa del Litoral. Y aquí aparece una cuestión que merece ser destacada: la República de Entre Ríos no fue solamente una construcción militar. La experiencia incluyó disposiciones de carácter político, económico, militar y administrativo.

Entre las medidas señaladas por las fuentes se encuentran disposiciones vinculadas con la educación, la agricultura, la administración y la organización de los territorios.

Sin embargo, aquella experiencia duró muy poco, el mismo entramado de alianzas que había permitido a Ramírez alcanzar una posición de enorme poder comenzó a quebrarse. Estanislao López, antiguo aliado, pasó a ser adversario. Ramírez intentó avanzar sobre Santa Fe y posteriormente inició su retirada hacia Córdoba. Allí, el 10 de julio de 1821, murió en combate.

En apenas unos meses, entonces, podemos observar buena parte de las tensiones que atravesaron la política rioplatense: federalismo y centralismo, autonomía provincial, alianzas entre caudillos, pactos, rupturas, proyectos regionales y diferentes maneras de imaginar la organización política. Por eso, si se conmemora un “Día del Supremo Entrerriano” se puede estudiar sus decisiones, sus aciertos, sus errores, sus alianzas y sus enfrentamientos. Puede preguntarse por qué se acercó a Artigas, por qué terminó enfrentándolo, qué significó el Tratado del Pilar, por qué construyó la República de Entre Ríos y por qué terminó enfrentado con López.

Entre Ríos tiene una participación fundamental en el proceso de construcción política de la Argentina y sus protagonistas merecen ser estudiados en toda su complejidad.

En este sentido, la propuesta de llevar la vida y obra de Ramírez a las escuelas es muy significativo ya que posiciona a Entre Ríos como parte de la historia nacional, que de hecho lo es, pero a través de este proyecto actual se plantea justamente profundizar su tratamiento en los niveles primario y secundario. Porque conocer al Supremo Entrerriano no debería significar solamente saber que nació en Concepción del Uruguay, que ganó en Cepeda, que creó la República de Entre Ríos y que murió en 1821.

Debería significar comprender el mundo en el que vivió, las disputas políticas de su tiempo, el proyecto federal, el lugar de las provincias y las dificultades que existieron para construir una organización común.

Tal vez allí esté el verdadero valor de la discusión actual. El 29 de septiembre puede ser una fecha para recordar a Ramírez, pero también para preguntarnos qué entendemos por federalismo, qué lugar ocupa Entre Ríos en la historia nacional y cuánto conocemos de nuestro propio pasado.

*Prof. de Historia y Guía local Coprotuer

Cuando hablamos de planificación financiera, muchas veces pensamos inmediatamente en la jubilación —cuánto tendremos, si podremos mantener nuestro nivel de vida cuando dejemos de trabajar—, y es importante, pero es solamente una parte. Planificar también es preguntarse qué pasa si el principal sostén económico de una familia deja de producir ingresos durante un tiempo, o directamente para siempre. ¿Qué pasa con la educación de los hijos, con la cobertura de salud, con la vivienda, con esos pequeños gustos que también forman parte de la vida que elegimos? Son preguntas incómodas, y por eso mismo conviene hacerlas cuando estamos bien, cuando todavía podemos decidir. Porque cuando el imprevisto sucede, ya no es momento de improvisar.

Para eso hace falta primero una distinción que muchas veces se pierde: no es lo mismo un flujo que un stock, ni un activo que un pasivo. El flujo es lo que entra o sale durante un período (el sueldo, el alquiler, la cuota escolar), mientras que el stock es lo que tenemos acumulado en un momento dado (los ahorros, las inversiones, los inmuebles). Y dentro de ese stock, un activo es lo que genera beneficios futuros, mientras que un pasivo es la obligación que vamos a tener que afrontar tarde o temprano.

Acá aparece una confusión habitual: contamos la casa y el auto como parte de nuestro patrimonio, y lo son, pero eso no significa que generen flujo. La casa en la que vivimos tiene valor económico, pero mientras la habitamos no produce un ingreso mensual; el auto, además, nos cuesta (combustible, seguro, mantenimiento) en lugar de darnos algo a cambio. Por eso la pregunta no es solamente cuánto tenemos, sino qué parte de eso puede generar un flujo, y qué flujo necesitamos para sostener la vida que elegimos.

El riesgo que casi nadie calcula

Hay una pregunta que pocas veces hacemos con números: ¿Cuánto cuesta sostener la vida que elegimos para nuestra familia? No se trata de ponerle precio a nuestros afectos, sino de identificar económicamente lo que queremos garantizar la educación de los hijos, la salud, las actividades que consideramos indispensables y también lo que damos por sentado: la casa, el auto, los servicios. No todo gasto pesa lo mismo: hay gastos que podemos reducir o postergar si el ingreso cae, y hay otros que queremos preservar, aunque las cosas se pongan difíciles. Esa distinción, más que ningún cálculo, es la que ordena la planificación.

Supongamos una familia en la que uno de los adultos genera la totalidad de los ingresos. Mientras todo funciona, la estructura parece sólida. Pero ¿qué pasa si esa persona no puede trabajar durante seis meses? ¿Y si no vuelve a trabajar nunca más? Incluso en una familia con dos ingresos hay un riesgo que casi nunca se calcula: qué porcentaje de los gastos podría seguir sosteniéndose si uno de esos dos ingresos desapareciera. Conocer esa respuesta antes de necesitarla es, en el fondo, de lo que se trata planificar.

El patrimonio como red de protección

Construir patrimonio no debería ser solamente una meta asociada a tener más: puede cumplir una función más concreta, que es proteger nuestro proyecto de vida. Y ahí aparece uno de los puntos más difíciles de toda esta planificación —cuando el ingreso aumenta, la primera reacción suele ser mejorar el consumo: una casa mejor, un auto mejor, más viajes. Está bien disfrutar del fruto de nuestro trabajo. El problema empieza cuando cada aumento de ingreso se traduce automáticamente en un aumento equivalente de gasto, porque ahí podemos ganar cada vez más y seguir dependiendo por completo del próximo ingreso, sin construir nunca nada detrás.

La otra decisión posible es que, cada vez que el ingreso mejora, una parte de esa mejora se convierta en patrimonio, no necesariamente todo, pero sí una parte. Si elegimos educación privada para nuestros hijos, podemos calcular cuánto representa ese gasto a lo largo de los años y empezar a construir un fondo que lo sostenga; lo mismo vale para salud, vivienda o movilidad. No se trata de tener hoy todo el dinero que vamos a necesitar durante veinte años, sino de construir, de a poco, una estructura que nos haga depender un poco menos de un único ingreso.

Las decisiones más importantes de esta planificación hay que tomarlas antes de necesitarlas. No podemos controlar todo lo que la vida nos va a poner adelante, pero sí podemos decidir qué hacemos mientras las cosas funcionan. Y ahí valen algunas preguntas concretas: qué porcentaje de nuestros gastos fijos sobreviviría seis meses sin nuestro ingreso principal; cuánto de lo que tenemos acumulado genera flujo y cuánto solo consume, como la casa o el auto; y qué pasó, la última vez que ganamos más con esa diferencia —si se transformó en gasto o si se transformó en algo que va a seguir ahí cuando lo necesitemos.

Porque el patrimonio no debería ser solamente lo que acumulamos. También puede ser aquello que construimos hoy para que el proyecto de vida de nuestra familia pueda continuar mañana.

*Economista - Especialista en finanzas personales

El diagnóstico oficial tiene un problema: no explica por qué la mora de los hogares no dejó de crecer en casi dos años, ni por qué ese deterioro no se distribuye al azar, sino que golpea de manera sistemática a los mismos sectores. Las dos mediciones disponibles, con metodologías distintas, coinciden en la dirección. Según el último Informe de Bancos del BCRA, la mora bancaria de las familias se mantuvo en junio en 12,8%, tras 19 meses consecutivos de alza, más del doble que el 5,2% de junio de 2025. El Monitor Mensual de Crédito a las Familias, elaborado por Eco Go y la Universidad Austral, muestra un deterioro todavía mayor: la morosidad llegó a 18% del total de créditos en julio, el vigésimo primer aumento mensual consecutivo, con un alza interanual de 10,3%. Este relevamiento encontró que el 26,6% de los titulares de crédito estaba en mora en julio. La lectura de responsabilidad individual puede explicar casos aislados, pero no explica un fenómeno agregado, sostenido en el tiempo y confirmado por dos fuentes con universos distintos.

Las causas que explican cómo llegamos a esta situación son varias, pero comparten una misma raíz: son consecuencia de decisiones de política económica concretas que derivaron en caída del empleo formal, un cambio drástico en la estructura de precios relativos y encarecimiento real del crédito. Estos efectos golpearon al mismo tiempo sobre un mismo bolsillo. Y si bien no pone en riesgo al sistema financiero, es una realidad que afecta a los sectores medios bajos de la población y que merece atención desde la autoridad política.

No todas las familias que hoy están en mora se endeudaron por el mismo motivo. Hay un primer grupo que tomó crédito porque, al momento de asumirlo, la cuota entraba cómodamente en su presupuesto. En estos casos no es la tasa de interés sino el monto de la cuota la que define si tomar o no el crédito. Por otra parte, están quienes usaron la tarjeta para sostener consumos que antes pagaban de contado apostando a que la pérdida de poder de compra era transitoria. Ambos grupos terminaron en el mismo lugar: sin poder afrontar sus deudas. Pero llegaron por caminos distintos, y esa distinción desarma el argumento de que la mora es simplemente el resultado de malas decisiones individuales.

Los datos respaldan esa lectura. Según el BCRA, en abril de 2026, la carga mensual de servicios de deuda de las familias representó 24,1% de la masa salarial, y cerca del 80% de esa carga correspondió a préstamos personales y tarjetas de crédito. En la misma línea, el relevamiento de Eco Go y la Universidad Austral encontró que más de la mitad de los encuestados considera que las tasas de interés son tan altas que el crédito termina siendo una trampa, y que casi la mitad de quienes se endeudaron tiene dificultades para cumplir con los pagos.

¿Qué pasa en nuestra provincia?

Según el informe de la Universidad Austral, Entre Ríos es una de las provincias con menor porcentaje de mora sobre el monto de los créditos, 14%, detrás de La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. El deterioro mensual de este indicador para julio es igual al promedio nacional (+0,5%), pero el acumulado interanual es menor (+7,8% vs. +10,3%), lo que sugiere que la provincia viene deteriorándose a un ritmo más lento que el país en general, aunque no está exenta del fenómeno. Si miramos por tipo de deuda, mientras la mora del sistema financiero entrerriano es de 10,5%, la de los proveedores no financieros casi la triplica, con 30,8%.

En cuanto a la cantidad de deudores cada mil habitantes y el promedio del monto de deuda en mora, la provincia tiene indicadores por debajo del promedio nacional: 399 deudores cada 1.000 habitantes, contra 445 a nivel país; y una deuda promedio por deudor de $4,3 millones, contra $4,8 millones a nivel país. Pero esto que parece una buena foto no significa algo bueno per se: la variación interanual muestra un deterioro similar al promedio nacional. La provincia está atravesada por el mismo proceso, pero con menos intensidad y un mejor punto de arranque. Al mirar la serie histórica, la mora casi se cuadriplicó entre diciembre de 2023 y julio de 2026: pasó de 4,1% a 14,0%, mientras el crédito real (en billones de pesos, a precios de junio de 2026) creció de $1,1 a $2,5.

¿Qué pasa si miramos el fenómeno desde el lado de los ingresos? El primer factor es la pérdida de empleo formal. El trabajo registrado total, excluyendo el Monotributo Social, pasó de 12.730.782 puestos en noviembre de 2023 a 12.546.139 en junio de 2026, una caída neta de 184.643 puestos, concentrada especialmente en el empleo asalariado privado. En el primer trimestre de 2026 la destrucción de empleo formal se extendió a 19 de las 23 provincias del país.

Por su parte el salario real de quienes conservaron su empleo en el sector privado registrado prácticamente no se movió. Según los datos provisorios del SIPA, en julio de 2026 se ubicó apenas 0,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023, luego de acumular tres meses consecutivos de caída (-3,6%). En términos de poder de compra agregado, el salario volvió casi al punto exacto de partida, casi tres años después.

Esto cambia el eje del argumento. El ingreso de quienes tienen trabajo registrado no colapsó: lo que cayó fue la cantidad de gente con ese tipo de trabajo, y lo que cambió drásticamente para quienes sí lo conservaron no fue cuánto ganan, sino en qué se les va ese ingreso. La estructura del gasto se modificó tanto en estos años que el mismo salario real de 2023 hoy compra menos educación, menos salud y menos servicios esenciales que entonces. El ingreso llegó casi intacto; lo que se redujo, y drásticamente, fue lo que ese ingreso alcanza a comprar.

La segunda compresión del ingreso disponible: lo que subió más que los ingresos. Dos mecanismos concretos explican esta compresión: la desregulación de precios de bienes como colegios privados y prepagas, y la recomposición de tarifas de servicios públicos.

Durante 2025 los servicios aumentaron 43,1% interanual, muy por encima de los bienes, que subieron 26,5%. Dentro de esa división, la salud subió 28,2% en el año, impulsada por prepagas que treparon entre 29,8% y 45,3% según la región. El resultado es una porción cada vez menor de ingreso disponible: no porque las familias ganen menos ni porque gasten distinto por elección, sino porque lo que antes era ingreso disponible para consumo corriente hoy está absorbido por educación, salud y tarifas.

Hay un tercer elemento que explica por qué la mora, además de aparecer, se sostuvo: la suba de tasas de interés activa desde 2024. El financiamiento con tarjeta nunca fue barato en Argentina; cuando además se encareció en términos reales, la cuota de la deuda contraída para sostener el nivel de vida se volvió, con el tiempo, tan difícil de pagar como el gasto que buscaba cubrir. La cuota del crédito compite por esa misma porción de ingreso disponible: cuando se encarece, no solo hay que dejar de consumir para pagarla, hay que dejar de pagarla, y ahí aparece la mora.

Los tres factores no son fenómenos aislados: son resultado de decisiones de política económica que impactaron simultáneamente sobre el mismo ingreso disponible de los hogares. A la pregunta de si alguien les puso una pistola en la cabeza para endeudarse, los datos responden que no hizo falta: bastó con que menos gente tuviera trabajo registrado, con que lo que ese trabajo paga alcanzara cada vez para menos, y con que el crédito se encareciera, al mismo tiempo, durante casi dos años seguidos.

*Economista - Especialista en finanzas personales

Por Martín Céspedes*

Durante mucho tiempo el derecho privado partió de una idea sencilla: dos personas libres celebraban un contrato en condiciones de igualdad y ambas debían cumplirlo.

Ahora bien, la realidad actual nos demostró que ser iguales ante la ley no significa necesariamente estar en igualdad de condiciones.

De un lado puede encontrarse una persona que contrata un servicio; del otro, una empresa profesionalmente organizada, con conocimientos técnicos, información y capacidad económica muy superiores. Allí encuentra una de sus principales razones de ser el Derecho del Consumidor.

En nuestro país, el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce expresamente el derecho de consumidores y usuarios a la protección de su seguridad e intereses económicos. A ello se suma la Ley 24.240, que establece, entre otras cosas, el deber de información y seguridad del proveedor. Esta diferencia entre consumidor y proveedor resulta particularmente visible en la actividad financiera.

Hoy en día, un banco ya no nos brinda solamente una cuenta y un CBU. Nos proporciona home banking, aplicaciones móviles, transferencias inmediatas, tarjetas virtuales, créditos preaprobados y operaciones disponibles las veinticuatro horas. Este servicio que puede estar expuestos a riesgos o delitos financieros, también forma parte del servicio que nos presta la entidad financiera.

Por lo tanto, junto con la facilidad y rapidez que ofrece la banca digital aparecen obligaciones de información, control, seguridad y prevención del daño. El consumidor sabe utilizar una aplicación, pero no conoce ni controla lo que ocurre detrás de ella. El banco, en cambio, administra los mecanismos de autenticación, registros de acceso, dispositivos habilitados, alertas, perfiles transaccionales y sistemas destinados a detectar operaciones inusuales.

Claramente la realidad actual nos pone en evidencia una nueva desigualdad, ahora tecnológica.

En ese escenario aparece el phishing o delito financiero, ya que un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico o una llamada aparentemente auténtica. “Detectamos una operación sospechosa”. “Su cuenta será bloqueada”. “Necesitamos validar sus datos”.

El consumidor confía, proporciona información y el delincuente consigue ingresar al sistema. ¿Termina allí la responsabilidad del banco porque la víctima entregó sus datos?

Un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes – máximo organismo judicial en la provincia - respondió negativamente. Así, en diciembre de 2025 resolvió el caso de una consumidora víctima de phishing mediante el cual se había obtenido un préstamo posteriormente declarado nulo. El banco sostuvo que había sido la propia cliente quien había proporcionado voluntariamente sus datos.

El Superior Tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que el banco continúa siendo el principal obligado a garantizar la seguridad de las operaciones y prevenir fraudes electrónicos, especialmente porque la trazabilidad técnica de los canales digitales se encuentra bajo su control. El fallo menciona además mecanismos concretos de prevención: doble autenticación, monitoreo de operaciones inusuales, alertas y controles sobre dispositivos y direcciones IP.

La diferencia es importante: una cosa es explicar cómo el delincuente consiguió las claves y otra, por qué el sistema permitió después concretar el daño.

Fueron 51 transferencias en 35 minutos. En otro caso paradigmático, “Martorina c/ Nuevo Banco de Santa Fe” se realizaron 51 transferencias “infrecuentes” - destaca el fallo - de $20.000 en menos de 35 minutos. Luego hubo otras tres operaciones. En total desapareció más del 98% del dinero disponible en la cuenta.

Allí, la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe consideró suficientemente acreditada, en esa etapa preliminar, la existencia de operaciones extraordinarias y terminó adoptando una decisión particularmente interesante: ordenó cautelarmente al banco restituir la totalidad del dinero transferido, $1.078.000, previa fianza, sin esperar la sentencia definitiva. Esto significa devolver en forma anticipada y sin esperar el consumidor, la tramitación total de un proceso que puede llevar años.

Esto muestra otra faceta moderna del Derecho del Consumidor: no solamente reparar el daño cuando finalmente termina un juicio, sino también procurar evitar que el transcurso del proceso termine agravándolo.

Aunque entendemos que el consumidor también debe actuar con prudencia: proteger sus contraseñas, no proporcionar códigos de seguridad y desconfiar de enlaces o comunicaciones sospechosas; el hecho de que el consumidor haya sido engañado tampoco puede convertirse automáticamente en una eximente de responsabilidad para el banco.

Habrá que analizar cada caso: si las operaciones eran habituales, si se realizaron desde un dispositivo nuevo, si existieron transferencias sucesivas, incorporación de destinatarios desconocidos, contratación repentina de créditos o movimientos incompatibles con el perfil del cliente. Y también habrá que preguntarle al banco qué medidas adopto su sistema frente a esas señales, y donde debe participar activamente – puesto que es quien cuenta con toda la información de su propia plataforma digital – en la clarificación del caso.

La tecnología cambió extraordinariamente la forma de utilizar los servicios financieros y el Derecho del Consumidor necesariamente debe acompañar esa transformación, ya que buena parte de la seguridad está en nuestro Celular. Y por ello, las ventajas de la digitalización no pueden pertenecer exclusivamente al proveedor mientras todos sus riesgos son trasladados al usuario.

Mas aún, cuando el delito financiero ya no es un hecho imprevisible para el banco, y por ello, sin desconocer la responsabilidad del propio usuario en la protección de sus datos, debemos preguntarnos en la actualidad: ¿Por qué el sistema que debía proteger su dinero no consiguió detenerlo?

*Martín Céspedes

Abogado

*Por María Elena Pesce

Más allá de la enseñanza tradicional, la labor en la educación especial demanda poner el cuerpo y el corazón. La historia de una profesora que convirtió el dibujo y la madera en herramientas de inclusión, y que hoy proyecta un espacio creativo abierto a la comunidad en vísperas de su retiro.

Cada 11 de septiembre, al conmemorarse el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y a todos aquellos que dedican su vida a la enseñanza, se nos invita a detenernos y contemplar el verdadero sentido del aula. Más allá de los calendarios institucionales, de los homenajes formales y del paso de los años, la docencia se revela no como una simple profesión, sino como un compromiso constante de la vida cotidiana.

Esta es una oportunidad para mirar hacia atrás, recorrer los caminos transitados y poner en valor esa trama de afectos, aprendizajes compartidos y metas alcanzadas que dan significado a nuestro rol en la sociedad. En lo personal, soy docente de Artes Visuales. Toda mi trayectoria la realicé en la Escuela de Educación Integral N° 12 José Facio.

En aquella época la escuela era solo para niños sordos e hipoacúsicos, lo cual me significó un desafío en cuanto a la comunicación. Pero para mí sorpresa esa barrera se levantó fácilmente desde el trabajo en conjunto con los chicos y el aprendizaje de la Lengua de señas. Encontré en lo personal una satisfacción inmensa poder brindarles un espacio de expresión utilizando lo gráfico y artístico. El arte siempre presente como modo de comunicación.

Más tarde con los años la escuela cambió y se convirtió en Escuela de Educación Integral. Es decir, se incluyeron alumnos con distintas discapacidades, lo que generó un nuevo desafío: incorporó un taller de formación laboral para los alumnos más grandes en conjunto con otra docente donde se obtuvieron hermosos resultados. Hacíamos juegos y juguetes didácticos en madera que luego eran requeridos por distintas instituciones, gabinetes y gente particular.

Por supuesto que hay que reconocer que hubo cansancio, frustraciones, ganas de abandonar, pero el amor de esos niños hacía que vuelvas a creer en vos y cargarte de energías. El mejor regalo era ver sus caritas de alegría cuando lograban algo. El “Yo Puedo” es la mejor vitamina para seguir.

Ahora, en mi última etapa esperando para retirarme, creo que seguiría abocada al arte, mi proyecto es generar un taller, un espacio de expresión y creatividad abierto a la comunidad. La educación no es fácil, los docentes no siempre somos comprendidos. No solo se lucha día a día para lograr pequeños objetivos con los alumnos, es decir no solamente lo pedagógico importa, sino que se toma al alumno como un todo y se trata de acompañarlo y ayudarlo en otras carencias, es donde el docente se pone en la piel de la psicóloga, madre, abuela, enfermera, amiga. Y damos calor a las pancitas para que sus corazones estén contentos y tranquilos. Que su única tarea sea aprender y disfrutar.

En este marco, celebrar a la escuela es celebrar esos cruces transformadores donde lo humano prevalece sobre cualquier limitación. La labor en la educación especial nos demuestra a diario que las verdaderas fronteras no están en las capacidades de nuestros alumnos, sino en las miradas rígidas que a veces la sociedad impone sobre ellos.

Cuando abrimos la puerta del aula y proponemos un lenguaje donde el trazo, la forma, la madera y el color toman la palabra, los diagnósticos quedan en un segundo plano y emerge lo esencial: la persona, su potencial y sus ganas de crear.

En un contexto donde la tarea del educador suele ser juzgada desde afuera por métricas frías o resultados inmediatos, quienes habitamos la escuela sabemos que las transformaciones más profundas son invisibles a simple vista. Ocurren en el plano del afecto, en el acompañamiento sostenido, en el abrazo a tiempo y en la paciencia inagotable para esperar los tiempos de cada chico.

Educar es sembrar sin la urgencia de cosechar de inmediato, confiando en que cada herramienta brindada, cada gesto de contención y cada experiencia artística compartida quedarán grabados como cimientos firmes para el resto de sus vidas. Al mirar el horizonte cercano y contemplar la llegada del retiro, no puedo sino sentir un profundo agradecimiento por cada año vivido en la escuela.

La jubilación no significa el fin de un camino, sino la evolución de una pasión que busca nuevas formas de manifestarse en el tejido social. La necesidad de seguir creando, de brindar talleres y de abrir espacios creativos a la comunidad nace de la convicción de que el arte humaniza, sana y conecta. Un maestro no deja de serlo cuando firma su último libro de asistencia; la vocación trasciende las paredes de una institución y se convierte en un modo de andar por la vida, manteniendo encendida la llama de la enseñanza en cada proyecto que se emprende.

María Elena Pesce

Maestra de Educación en artes visuales