Dos procedimientos policiales realizados durante la mañana del jueves en Gualeguaychú terminaron con la aprehensión de dos hombres por distintos hechos. En uno de los casos, un hombre de 48 años tenía un pedido de detención vigente en una causa por amenazas. En el otro, un joven de 29 fue interceptado por personal policial cuando agredía físicamente a una mujer de 39 años en la vía pública.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de las 9, cuando el hombre de 48 años se presentó en la Comisaría Tercera. Al verificar su situación, el personal constató que registraba un pedido de detención vigente en el marco de un legajo judicial por el supuesto delito de amenazas.

Tras dar intervención a la fiscal de Género en turno, se dispuso su aprehensión. Por orden judicial, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

El segundo episodio ocurrió también durante la mañana, en la intersección de las calles Misiones y La Rioja. Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico que realizaban una recorrida observaron a un hombre de 29 años cuando le daba un golpe de puño en el rostro a una mujer de 39.

Los policías intervinieron y demoraron al agresor. En ese contexto, la mujer explicó que se dirigía a la Comisaría Tercera para denunciar la sustracción de su teléfono celular y señaló al hombre aprehendido y a otro individuo como presuntos autores del hecho.

Por lo ocurrido en la vía pública, tomó intervención la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso la aprehensión del hombre y el traslado de la mujer para que formalizara la denuncia por la sustracción del teléfono.

Ambos procedimientos quedaron sujetos a las actuaciones judiciales correspondientes. Mientras que en el primer caso la detención respondió a un pedido vigente en una causa por amenazas, en el segundo se investigan tanto la agresión contra la mujer como la presunta participación de los señalados en la sustracción del celular.

Este jueves a partir de las 9 se inicia en los Tribunales de Gualeguay, el nuevo juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García. El debate tendrá siete jornadas y buscará determinar la responsabilidad penal del acusado en el crimen de la joven, ocurrido en abril de 2017.

Las audiencias se desarrollarán en la Sala Nº 1 y están previstas para el jueves 29 y viernes 30 de octubre, además de los días 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre.

El proceso corresponde al Legajo Nº 142/17, caratulado “Pavón, Néstor Roberto s/Abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio”.

El tribunal estará presidido por Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, e integrado por Maximiliano Otto Larrocca Ress, de Concordia, y Nicolás José Gazali, de Concepción del Uruguay.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Maite Burruchaga, mientras que los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens actuarán como representantes de la querella, en nombre de los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García.

Por su parte, la defensa de Pavón estará a cargo de los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto. Durante las audiencias se analizarán las pruebas y los testimonios relacionados con la acusación.

En declaraciones anteriores a Elonce, Néstor García, padre de la joven, había expresado su expectativa ante esta nueva instancia judicial y reclamado que Pavón “cumpla la pena que le corresponde”.

La familia participará del proceso a través de sus representantes legales, quienes intervendrán como querellantes durante las siete jornadas previstas.

Una de las particularidades del nuevo juicio será su transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La medida fue dispuesta por el tribunal a pedido de la querella y contó con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Los magistrados fundamentaron la decisión en el principio de publicidad del debate, establecido en los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, se estableció que los testigos y peritos no podrán seguir las audiencias por internet ni por otros medios de comunicación antes de prestar declaración, con el objetivo de preservar las condiciones del proceso judicial.

También se permitirá el ingreso de periodistas a la sala, sujeto a la capacidad disponible. Los camarógrafos y fotógrafos podrán registrar imágenes antes del inicio de cada audiencia.

Además, el tribunal podrá restringir la exhibición de pruebas sensibles o disponer el desalojo de la sala cuando resulte necesario proteger a las personas involucradas.

La Justicia investiga un femicidio y cinco personas permanecen detenidas, cuatro de ellas acusadas por el crimen.

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que permanecía desaparecida desde hacía 21 días en Corrientes, fue encontrado este miércoles. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación judicial por presunto femicidio, que tiene a cinco personas detenidas y cuatro de ellas directamente acusadas por el crimen.

La mujer se desempeñaba como directora de la Escuela N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, en una zona rural cercana a la localidad correntina de Esquina.

Tras una intensa búsqueda, fuerzas de seguridad y personal del Poder Judicial hallaron este miércoles el cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la educadora que se desempeñaba como directora en la escuela rural de la estancia El Curupí.

El hallazgo se produjo durante los rastrillajes concentrados en la zona rural del departamento de Esquina.

Fuentes oficiales, señalaron a El Litoral la docente fue encontrada en un lugar de "difícil acceso, donde no hay señal telefónica". Además, detallaron que "a 5 metros había un bolso tirado".

En las últimas horas, el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, había dictado la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como presuntos autores materiales del femicidio.

Quiénes son los cinco detenidos por el crimen

La investigación también involucró a una pareja de puesteros que trabajaba en el establecimiento rural. Se trata de Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, quienes ya habían recibido prisión preventiva. Rojas fue acusado de coautoría de femicidio, mientras que Leguizamón quedó imputada como autora de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural acusado de falso testimonio. El hombre había sido el primero en mencionar un posible asesinato de la docente a manos de dos trabajadores de la estancia. Sin embargo, posteriormente, su abogado sostuvo que esas declaraciones habían sido realizadas bajo presuntos apremios ilegales por parte de la Policía de Corrientes.

Las pruebas encontradas durante la investigación

En los últimos procedimientos realizados en la estancia El Curupí, los investigadores encontraron prendas de vestir quemadas y un bozal en una construcción precaria utilizada por Zarza, quien se desempeñaba como capataz del establecimiento.

El lugar estaba ubicado a aproximadamente 150 metros de la Escuela N° 626, donde Godoy trabajaba con un pequeño grupo de alumnos, hijos de empleados de la estancia.

El establecimiento rural comprende unas 12.000 hectáreas y se utiliza para actividades agropecuarias y como coto de caza. Los elementos secuestrados fueron incorporados a la investigación para determinar las circunstancias del crimen.

Un hombre de 59 años, que se desempeñaba como portero de un edificio ubicado en inmediaciones de avenida Luis N. Palma, fue aprehendido este martes por la tarde, acusado de intentar sustraer un bolso con dinero en efectivo y pertenencias personales del interior de un departamento.

El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando personal de la Sección Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras recibir un aviso por una presunta tentativa de hurto y violación de domicilio.

Según relató el damnificado, de 30 años, se encontraba descansando en su vivienda cuando escuchó ruidos en la puerta de ingreso. Momentos después, advirtió que alguien manipulaba un bolso que estaba cerca de la salida.

Al levantarse para comprobar qué sucedía, se encontró con el portero del edificio, quien habría ingresado al departamento utilizando una llave que, según aseguró el propietario, nunca le había entregado.

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría intentado llevarse el bolso, que contenía dinero en efectivo y objetos personales.

Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de una llave considerada de interés para la investigación.

En el hecho intervino la Fiscalía en turno, a cargo del fiscal auxiliar de Propiedad, mientras que personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.

Un hombre de 49 años fue aprehendido este martes en Gualeguaychú cuando trasladaba un perfil de acero de unos cinco metros de largo que habría sido sustraído de un sector utilizado por la Dirección de Tránsito Municipal.

El procedimiento se inició alrededor de las 13, luego de que el Comando Radioeléctrico recibiera un aviso sobre un hombre que llevaba un elemento de características sospechosas. Con esa información, efectivos de Comisaría Segunda y otros móviles policiales lo localizaron en calle 3 de Febrero, entre Buenos Aires y Goldaracena.

Al identificarlo, los uniformados advirtieron que llevaba un perfil de acero tipo “C”, pintado de amarillo en una de sus caras. Según se estableció durante las primeras averiguaciones, el elemento habría sido retirado de la esquina de Eva Perón y Concordia, donde era utilizado para restringir el paso de vehículos y pertenecía a Tránsito Municipal.

Tras informar lo ocurrido a la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro del perfil, que sería devuelto a la repartición municipal. El caso quedó en manos del Fiscal de Propiedad de turno.

El personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Departamental de Gualeguaychú, en conjunto con miembros de la DDI de San Isidro, realizaron hoy por la mañana un allanamiento en la localidad de Don Torcuato y además de la detención de la mujer que estaba prófuga, que no había podido ser localizada en los allanamientos realizados a fines de julio, se logró secuestrar dos teléfonos celulares que serán peritados y podrían ser claves para seguir identificando a posibles integrantes de una banda dedicada a las extorsiones.

La mujer de 32 años era una de las dos mujeres que estaban siendo buscadas en torno a esta causa, sobre la que existía una orden de captura. En los últimos días se obtuvo información valiosa sobre el paradero y hasta ese lugar llegó la comisión de Investigaciones para lograr aprehenderla. La detenida será trasladada en las próximas horas a Gualeguaychú y quedará bajo las órdenes del fiscal Lucas Pascual, que ya logró la condena la semana pasa de otra de las mujeres que estaba vinculada al caso.

La denuncia que dio origen a todo

La causa se inició el 30 de septiembre de 2025, cuando un hombre denunció haber sido intimidado por desconocidos que, haciéndose pasar por funcionarios judiciales y efectivos policiales, le aseguraban que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas de una supuesta detención y utilizando información sobre su entorno familiar para generar temor, consiguieron que realizara varias transferencias de dinero. El damnificado habría realizado transferencias bancarias por un monto aproximado de 42 millones de pesos.

Las primeras actuaciones permitieron seguir el recorrido del dinero y detectar que parte de la organización operaba desde la provincia de Buenos Aires. En ese marco, durante octubre del año pasado fueron detenidos en la zona de Ceibas dos hermanos oriundos de San Isidro, quienes habían sido identificados durante las tareas investigativas como personas vinculadas al cobro de parte del dinero entregado por la víctima.

Aquellas detenciones marcaron un punto de inflexión en la investigación. Con el avance de las pericias sobre teléfonos celulares, cuentas bancarias y registros de comunicaciones, la Fiscalía logró ampliar el universo de sospechosos y profundizar la hipótesis de que detrás del hecho actuaba una estructura organizada, con integrantes que cumplían distintos roles y que mantenían contacto permanente entre sí.

La pesquisa avanzó luego hacia el conurbano bonaerense, donde en abril de este año se realizaron allanamientos en la localidad de Boulogne Sur Mer. Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos dos sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos incorporados al expediente. Sin embargo, dos mujeres lograron evadir el operativo y desde entonces permanecían con pedido de captura.

Lejos de detenerse, la investigación continuó durante los últimos meses. A fines de julio, personal de Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú regresó a Boulogne Sur Mer y si bien no concretaron las detenciones buscadas, hallaron más elementos que permitieron la reconstrucción de la red investigada.

La detenida de este martes es hermana de uno de los dos hombres que se encuentran presos en la Unidad Penal 21 de Campana, que son señalados en la investigación que lleva adelante el fiscal Pacual como parte de la organización delictiva, en tanto la mujer que fue condenada la semana pasada, que había quedado involucrada en un procedimiento anterior, es pareja del otro hombre preso en la misma cárcel. A ella se le dictó en Gualeguaychú una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de encubrimiento agravado y el decomiso de dinero que se le halló en su poder cuando fue detenida, le fue entregado a la víctima en concepto de reparación.

El trabajo investigativo permitió reconstruir una operatoria que iba mucho más allá de un simple llamado telefónico. A partir del análisis de comunicaciones, movimientos bancarios y otros elementos de prueba, los investigadores lograron establecer la participación de distintas personas que cumplían funciones específicas dentro de la maniobra, desde quienes mantenían contacto con la víctima hasta quienes administraban las cuentas donde terminaba el dinero obtenido mediante el engaño.

Una moto que había sido robada durante la tarde del domingo en la zona de la Costanera, fue recuperada durante la madrugada de hoy, durante una recorrida preventiva de la Policía.

El hallazgo se produjo alrededor de las 2.20, cuando efectivos de la Comisaría Primera patrullaban calle Angelelli, entre San Pantaleón y San Vicente de Paul. Allí advirtieron la presencia de una moto estacionada sobre la vereda y decidieron verificar sus datos.

Al consultar los números de motor y chasis en el sistema policial, comprobaron que se trataba de una Motomel Skua de 150 centímetros cúbicos, cuyas características coincidían con las del vehículo denunciado como sustraído horas antes.

Tras confirmar la situación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que ordenó el secuestro de la motocicleta y la correcta identificación de la persona que la tenía en su poder. El rodado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Dos hombres, de 27 y 39 años, fueron aprehendidos el domingo por la noche en Gualeguaychú, luego de ser vistos por las cámaras de seguridad cuando salían de una obra en construcción con materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, cuando operadores de la Sala del Comando Radioeléctrico advirtieron, a través de las cámaras de videovigilancia, a dos sujetos que salían del predio con un carrito de mano. En su interior llevaban ladrillos cerámicos.

La situación fue comunicada al personal policial que se encontraba en las inmediaciones. Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a ambos hombres a pocos metros de la obra y comprobaron que trasladaban los materiales.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía de turno, se dispuso la aprehensión de los sospechosos, de 27 y 39 años, por el supuesto delito de hurto en flagrancia. Además, se procedió al secuestro del carrito y los ladrillos.

Los dos hombres fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, se puso en conocimiento al propietario de la construcción para que formalizara la denuncia correspondiente.

Juan Enrique Ruiz Orrico busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de cuatro jóvenes en un choque ocurrido en la Ruta Provincial 39. La defensa del exfuncionario provincial presentó un recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, una decisión que provocó la indignación de Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas.

El planteo judicial se produjo después de que la condena fuera ratificada por la Cámara de Casación Penal de Concordia y por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano. Ahora, los abogados intentan habilitar la intervención del máximo tribunal nacional para cuestionar la sentencia, publicó La Calle.

La presentación deberá ser evaluada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que resolverá si concede o rechaza el recurso. La solicitud no implica que la Corte Suprema vaya a revisar automáticamente la condena ni modifica por sí misma la situación judicial del exfuncionario.

La indignación de una madre

La decisión de la defensa generó una fuerte reacción de Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de los cuatro jóvenes que murieron en el siniestro vial.

A través de sus redes sociales, la mujer cuestionó que Ruiz Orrico continúe recurriendo a nuevas instancias judiciales después de haber reconocido su responsabilidad en el hecho.

“Esto es tremendo, nunca visto en la provincia. ¡Se declaró culpable y apela a la Corte Suprema!”, expresó. En la misma publicación, Dubini manifestó su desconcierto por la decisión de los abogados del exfuncionario. “No se acuerdan que se declaró responsable del homicidio de los gurises, no entiendo”, agregó.

La nueva presentación judicial volvió a generar malestar entre los familiares de las víctimas, quienes reclaman que se haga efectiva la condena impuesta por la Justicia.

Qué debe resolver el Superior Tribunal de Justicia

El recurso extraordinario federal fue presentado ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que deberá determinar si corresponde habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Antes de adoptar una resolución, el tribunal dará intervención a la querella y al Ministerio Público Fiscal, que tendrán diez días hábiles para responder al planteo de la defensa.

Una vez cumplida esa instancia, el expediente quedará en condiciones de ser analizado por los magistrados. No existe un plazo establecido para que el tribunal se pronuncie.

Si el Superior Tribunal concede el recurso, el expediente podrá llegar a la Corte Suprema, que deberá determinar si corresponde intervenir.

En cambio, si la presentación es rechazada, la defensa todavía podrá intentar un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal nacional, de acuerdo con los requisitos procesales correspondientes.

Por lo tanto, la presentación representa una nueva instancia en el recorrido judicial del caso, pero no supone una revisión automática de la sentencia.

Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo tras ser sorprendido en circunstancias que lo vinculan con un intento de robo en la vía pública.

El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Luis N. Palma y bulevar Daneri, donde vecinos advirtieron movimientos sospechosos de una persona que merodeaba vehículos estacionados. La situación fue comunicada al Comando Radioeléctrico mediante un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de un hombre encapuchado que llevaba una bolsa e intentaba abrir un automóvil.

Según las primeras informaciones, el sospechoso abandonó el lugar al advertir que había sido observado y se dirigió hacia el sector este de la ciudad. A partir de los datos aportados, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Pocos minutos después, efectivos de la División Motorizada localizaron a un hombre que reunía las características descriptas por los testigos. Fue interceptado sobre calle Luis N. Palma, antes de llegar a Roffo, donde se realizó el procedimiento de identificación correspondiente.

Durante la intervención, los policías secuestraron distintos elementos que, de acuerdo con la investigación inicial, podrían haber sido utilizados para intentar cometer el ilícito. Las pertenencias quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidas a las pericias y análisis correspondientes.

Tras ser informada de lo ocurrido, la Fiscalía de Propiedad dispuso la aprehensión del sospechoso por su presunta participación en un hecho de hurto en grado de tentativa, al considerar que existían elementos suficientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

La causa continuará ahora con la recolección de pruebas y testimonios que permitan determinar con precisión las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del detenido.

El rápido aviso de vecinos y la posterior intervención policial permitieron localizar al sospechoso pocos minutos después del incidente, evitando que el hecho llegara a consumarse.

Una mujer de 41 años fue detenida durante la madrugada de este domingo en la ciudad luego de protagonizar una serie de incidentes en la vía pública que motivaron la intervención policial.

El episodio se registró en la intersección de avenida Artigas y Hernández, donde vecinos y transeúntes advirtieron sobre la presencia de una persona que estaba generando molestias en la zona. A raíz de la situación, efectivos policiales acudieron al lugar para intentar controlar el conflicto y restablecer la normal circulación en el sector.

De acuerdo con la información recabada, al llegar los uniformados encontraron a una mujer que alteraba el orden público y mantenía una actitud hostil. En varias oportunidades intentaron dialogar con ella e invitarla a retirarse del lugar, pero la mujer no accedió al pedido.

Lejos de colaborar, comenzó a lanzar insultos contra los agentes y a mostrarse cada vez más agresiva, situación que complicó la intervención y derivó en su traslado a una dependencia policial.

La involucrada, oriunda de la provincia de Buenos Aires, fue conducida a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para su identificación y la realización de las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, la situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso su aprehensión bajo la figura de resistencia a la autoridad, una conducta prevista en el Código Penal para los casos en que una persona se opone o dificulta el accionar legítimo de las fuerzas de seguridad.

Tras la medida judicial, se iniciaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con el trámite correspondiente. Mientras tanto, la mujer permaneció a disposición de la Justicia.

El episodio se desarrolló durante las primeras horas del domingo y no se informaron personas lesionadas ni otros incidentes vinculados al procedimiento.

Personal policial dependiente del Comando Radioeléctrico intervino de manera formal durante la tarde del pasado sábado, alrededor de las 19:10 horas, en un procedimiento concretado en la intersección de las calles 1.º de Mayo y Urquiza de nuestra ciudad, en el marco de una causa instruida por el supuesto delito de tentativa de estafa. El despliegue de los efectivos de seguridad se originó de forma inmediata a raíz de una denuncia formal radicar por una vecina de la localidad, de 43 años de edad, quien se desempeña como propietaria y comerciante en un establecimiento mercantil de la zona urbana.

De acuerdo con los datos recabados en el parte oficial elaborado por las autoridades intervinientes, la damnificada manifestó ante los agentes que, durante el transcurso de la jornada comercial, dos personas desconocidas se presentaron en su local comercial e intentaron efectuar diversas transacciones de compraventa utilizando para ello comprobantes de pago apócrifos o falsificados. La rápida advertencia de la maniobra irregular por parte de la comerciante permitió dar aviso a las fuerzas de seguridad pública mediante una llamada de alerta al sistema de emergencias, facilitando la pronta respuesta de los móviles policiales que patrullaban el área jurisdiccional.

Ante esta situación de flagrancia, los efectivos policiales se hicieron presentes de manera inmediata en el lugar de los hechos y procedieron a constatar la presencia de los sospechosos descriptos por la denunciante. Seguidamente, y conforme a los protocolos legales vigentes para este tipo de actuaciones preventivas, el personal actuante mantuvo una comunicación telefónica directa con el Fiscal Auxiliar de Propiedad en turno, quien interiorizado de los pormenores del suceso dispuesto formalmente la aprehensión preventiva de los sospechosos, además de ordenar la realización inmediata de las diligencias procesales correspondientes y el secuestro de los elementos de interés para la causa judicial en curso.

Como resultado del procedimiento operativo, los uniformados identificaron a los involucrados tratándose de un hombre de 61 años de edad y una mujer de 41 años, ambos domiciliados legalmente en la localidad de Esteban Echeverría, ubicada en la Provincia de Buenos Aires. Finalizadas las primeras actuaciones de rigor en el lugar del hecho, ambas personas fueron trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad hacia las dependencias policiales correspondientes.

Un siniestro vial de gravedad se produjo este sábado en el kilómetro 3 de la Autovía Nacional N.º 14, en jurisdicción de Ceibas, cuando un automóvil despistó, colisionó contra el guardarraíl y volcó sobre el cantero central del trazado nacional. El hecho se registró alrededor de las 14:09 horas, en momentos en que el vehículo circulaba en sentido norte-sur, en el tramo que conecta la ciudad de Gualeguaychú con la provincia de Buenos Aires.

En el rodado se desplazaban cuatro personas mayores de edad —tres masculinos y una femenina—, dos de ellas domiciliadas en la provincia de Buenos Aires y dos procedentes de la ciudad de Ushuaia. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, los tripulantes regresaban hacia sus localidades de origen luego de haber participado en una competencia internacional de canotaje realizada en Gualeguaychú.

A raíz de la violencia del impacto, tres de los pasajeros lograron salir del habitáculo con la asistencia inicial de otros automovilistas que transitaban por la zona, mientras que un cuarto acompañante permaneció atrapado dentro de la estructura deformada del coche. Ante esa situación, el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas debió desplegar maniobras de extricación y salvamento para concretar su liberación de manera segura.

Como resultado de las colisiones y la posterior vuelco, tres de los cuatro ocupantes sufrieron heridas de diversa consideración. Para la atención inmediata de las víctimas asistieron dos unidades sanitarias del Hospital Eva Duarte de Ceibas junto a la ambulancia del cuartel de bomberos. Tras brindar los primeros auxilios y estabilizar a los accidentados en el lugar del hecho, el personal médico dispuso su traslado inicial al nosocomio local de Ceibas y, posteriormente, su derivación hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú para efectuar estudios de mayor complejidad.

En el sitio del siniestro se montó un dispositivo de asistencia, peritaje y ordenamiento vehicular que contó con la participación coordinada de dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas (Móviles 24 y 12), efectivos de la Policía de Ceibas, personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, peritos de Criminalística de Gualeguaychú y efectivos de Gendarmería Nacional Argentina apostados en el Puesto Vial Ceibas, junto a la unidad de auxilio mecánico de la concesión del corredor.

Una vez concluidas las tareas de rescate, la atención médica de los afectados y los peritajes correspondientes a cargo de las fuerzas de seguridad, se procedió a la remoción del automotor dañado y a la limpieza de la calzada. Las dotaciones intervinientes concluyeron el operativo a las 17:08 horas, momento en que la circulación vehicular quedó completamente normalizada en ambos sentidos de la autovía.

La Justicia federal dio un paso formal hacia el inicio del juicio oral contra el representante de modelos Leandro Santos y tres personas de su entorno, al fijar la fecha para la realización de la audiencia preparatoria del debate. El encuentro fue convocado por el Tribunal Oral Federal N°1 de la Capital Federal para el próximo 24 de noviembre, instancia en la que los magistrados y las partes definirán los aspectos organizativos, la prueba que se proyecta producir y la modalidad bajo la cual se llevará adelante el juzgamiento de los imputados en Comodoro Py.

El tribunal a cargo del proceso estará integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, mientras que la acusación fiscal será llevada adelante por el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Osorio. La fijación de esta audiencia previa constituye el paso procesal necesario para determinar el calendario definitivo del juicio y disponer las citaciones de los testigos que prestarán declaración testimonial a lo largo de las audiencias.

El expediente tuvo sus primeras actuaciones en el año 2010 en la República Oriental del Uruguay, en el marco de un procedimiento denominado internamente "Operación Blanca". Con el transcurso del tiempo y el avance de las averiguaciones, la causa derivó en una investigación tramitada ante la fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se recolectaron los elementos de convicción que permitieron el procesamiento de los acusados y la posterior elevación de las actuaciones a la etapa de juicio oral.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la acusación, la estructura montada alrededor de la agencia de modelaje Latin American Models habría sido utilizada como pantalla comercial para captar jóvenes en Argentina y Uruguay. La imputación sostiene que la promesa de inserción y desarrollo profesional en el ámbito publicitario o del espectáculo constituía el mecanismo de atracción para luego derivar a las víctimas a situaciones de explotación sexual en eventos, reuniones y encuentros de carácter privado.

Además de Leandro Santos, la nómina de imputados que deberán afrontar el juicio oral incluye a sus hermanos Rodrigo y Micaela Santos, a quienes la investigación atribuye un rol operativo enfocado en el reclutamiento y la selección de las jóvenes a través de la firma comercial. Por otra parte, se encuentra imputado Luis Zanardi, señalado en las actuaciones como la persona encargada de la logística de los encuentros privados, la entrega de dinero a las presuntas víctimas y la coordinación de los traslados. La acusación formal abarca los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas y maniobras de lavado de activos.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)

Tal como informó AHORA, el entrepiso de madera de un bar se desplomó este viernes por la noche mientras un grupo de personas celebraba un cumpleaños. Como consecuencia del derrumbe, al menos unas 15 personas resultaron heridas y recibieron asistencia médica, de las cuales siete fueron trasladadas al Hospital San Martín.

Se informó esta mañana cuáles fueron las lesiones que padecieron los jóvenes heridos, ninguna de ellas de extrema gravedad, afortunadamente. Según precisó en diálogo con AHORA Jorge Pérez, Director de Operaciones de la Policía, los heridos fueron dados de alta durante la madrugada.

Ahora se busca determinar qué ocurrió. Durante la noche el mismo viernes, en comunicación con el fiscal en turno, Clarisa Aiello, se solicitó que se realicen las actuaciones de oficio policial. En este sentido, se pidió al personal de Policía Científica para hacer fotografía, planimetría y laboratorio y al mismo tiempo se demandó la presencia del personal de control urbano.

Además, este sábado por la mañana el local ya lucía en su puerta la faja de clausura, que permanecerá hasta que las autoridades determinen lo sucedido.

Qué dijo el dueño

Ahora resta establecer las circunstancias en las cuales se produjo la ruptura del entrepiso del bar, ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Alameda de la Federación.

De acuerdo al testimonio del dueño del bar, N.V., debido a la “intensidad de la lluvia” que se presentó este viernes por la noche, las personas que estaban sentadas afuera ingresaron al bar, y allí, por la cantidad de clientes que se habían ubicado en la planta alta del entrepiso, el espacio “colapsó”, cayendo sobre las personas que estaban debajo.

Además, siempre según el testimonio del propietario a la Policía, en la parte superior había un cumpleaños donde los jóvenes comenzaron a “cantar y festejar, provocando el colapso de dicho piso”.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Gualeguaychú recuperó durante la madrugada de este sábado una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo iniciada en Concepción del Uruguay.

El procedimiento se llevó adelante en el acceso a un bar ubicado sobre calle Tropas, casi en su intersección con Paso del Tala, donde los efectivos detectaron una motocicleta Honda XR 250.

Al verificar los datos del rodado, constataron que registraba un pedido de secuestro vigente, vinculado a una denuncia por el supuesto delito de robo de motovehículo, radicada el pasado 13 de septiembre ante la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad en turno, que ordenó el secuestro formal de la motocicleta y la realización de las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

Una joven de 20 años fue aprehendida durante la mañana de este sábado en el barrio Vidal de Gualeguaychú, luego de protagonizar un incidente con personal policial que había acudido a un domicilio por un presunto conflicto familiar.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de Comisaría Sexta llegaron a la vivienda tras recibir un requerimiento por una situación conflictiva. En el lugar, se entrevistaron con un joven de 21 años, quien explicó que mantenía una relación informal con una mujer a la que le había solicitado en reiteradas oportunidades que se retirara del domicilio, sin obtener una respuesta favorable.

Ante esta situación, una funcionaria policial intentó dialogar con la joven para intervenir en el conflicto. Sin embargo, de acuerdo con el parte oficial, la mujer reaccionó de manera violenta y le propinó una bofetada en el rostro.

A raíz de lo sucedido, se dio intervención a la Fiscalía de Género, que dispuso la aprehensión de la joven por el presunto delito de resistencia a la autoridad.

Finalmente, la mujer fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer, donde quedó a disposición de la Justicia.

Un accidente se registró la noche de este viernes en el centro de Paraná: el entrepiso de madera de un bar se desplomó mientras un grupo de personas celebraba un cumpleaños. Como consecuencia del derrumbe, 15 personas resultaron heridas y recibieron asistencia médica, de las cuales siete fueron trasladadas al Hospital San Martín indicaron a AHORA desde bomberos voluntarios.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 en el bar Las Piedras ubicado en la esquina de las calles Córdoba y Alameda de la Federación. Según se informó, la estructura cedió cuando los invitados comenzaban a cantar el feliz cumpleaños, lo que provocó la caída de quienes se encontraban en el sector superior.

Las personas que estaban sobre el entrepiso cayeron desde “una altura estimada en dos metros y medio”. Tras el colapso de la estructura, se dio aviso a los servicios de emergencia para asistir a los lesionados.

De las 15 personas que recibieron atención médica en el lugar, siete fueron derivadas al hospital para una evaluación de mayor complejidad. Hasta el momento no se difundieron partes oficiales sobre el tipo de lesiones registradas ni sobre la evolución de los pacientes trasladados.

En el establecimiento se desplegó un operativo de asistencia y control. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y equipos de rescate, quienes intervinieron en la atención de los afectados y en la revisión de la estructura. También participó personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná para realizar las actuaciones administrativas correspondientes.

Aún no se establecieron los motivos que provocaron el colapso del entrepiso de madera. Las autoridades realizarán las pericias técnicas para evaluar el estado previo de la construcción y las condiciones de seguridad del local.

Fuente: AHORA

La investigación por la muerte de Maycol Naim Gutiérrez, el adolescente de 17 años que falleció tras accidentarse con su motocicleta en la esquina de San Martín y Chalup, fue archivada por decisión del fiscal Jorge Gutiérrez.

La resolución se apoyó principalmente en la pericia accidentológica de Gendarmería Nacional que estableció que el joven circulaba a 126 kilómetros por hora antes del impacto y que esa velocidad le impidió conservar el control del vehículo.

El agente fiscal sostuvo en su resolución que el resultado fatal debía atribuirse a la conducta del propio motociclista y que los elementos reunidos no permitían establecer una responsabilidad penal del personal policial que había intervenido en las circunstancias previas al accidente.

El expediente se había abierto para esclarecer dos cuestiones: por un lado, si las lesiones que provocaron la muerte de Gutiérrez se habían producido por una pérdida de control de la moto, por impericia o por un posible desperfecto mecánico; por otro, si el procedimiento policial desplegado para identificar a un grupo de motociclistas se había desarrollado conforme a la normativa vigente y quiénes habían intervenido materialmente en él.

A toda velocidad

Uno de los elementos determinantes para la decisión fiscal fue el informe elaborado por Gendarmería Nacional. La pericia, realizada por la especialista Celeste Alvarado, concluyó que la causa del accidente había sido la pérdida de control operativo de la motocicleta, asociada a la excesiva energía cinética derivada de una velocidad previa al impacto de 126 kilómetros por hora en pleno centro de la ciudad.

Según el análisis técnico citado por el fiscal, esa velocidad anuló la capacidad del conductor para responder oportunamente ante un obstáculo en la vía pública, así como el tiempo de reacción y la distancia disponible para frenar.

La reconstrucción también estableció que la motocicleta policial Gilera llegó al lugar del accidente aproximadamente cinco segundos después de ocurrido. De acuerdo con el informe incorporado a la resolución, ese rodado circulaba a una velocidad estimada de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

La conclusión pericial fue central para responder una de las preguntas que habían motivado la apertura de la causa: si la caída podía explicarse por un desperfecto mecánico o por una falla del vehículo. El fiscal tomó como fundamento la pérdida de control asociada a la velocidad y consideró que la conducta del joven había sido determinante en el desenlace.

Una madrugada trágica

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 12 de mayo de 2025, poco antes de la medianoche. Gutiérrez circulaba en una motocicleta Gilera de 150 centímetros cúbicos, sin casco de seguridad, cuando perdió el control y cayó, donde impactó contra un elemento de cemento.

La secuencia había comenzado en la zona de la costanera, donde efectivos policiales intentaban identificar a un grupo de motociclistas. Según la reconstrucción difundida en aquel momento, los conductores se dispersaron al advertir la presencia policial y el adolescente se alejó por Luis N. Palma. Luego atravesó diagonalmente la plaza San Martín y tomó Chalup en contramano, en dirección hacia el sur. La moto continuó su recorrido hasta pasar 25 de Mayo y llegar a la esquina de San Martín, donde se produjo la caída.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario, pero murió como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.

Los primeros resultados de la autopsia, informados en los días posteriores al hecho, habían señalado que las lesiones se concentraban en el lado izquierdo de la cabeza. El examen preliminar no detectó impactos de bala ni otros traumatismos que hicieran presumir una agresión ajena a la caída.

El cierre de la causa

En los fundamentos de su decisión, el fiscal sostuvo que la pericia ubicó a Gutiérrez como protagonista directo del siniestro y que su conducta había sido determinante para explicar el resultado fatal. “se trata de un hecho "imputable a la víctima", pues es el comportamiento de esta el que explica el resultado al no conducirse en la vía pública teniendo el dominio efectivo del vehículo”, indicó el funcionario.

La resolución encuadró lo ocurrido como un supuesto de imprudencia de la propia víctima, al considerar que el joven no conservó el dominio efectivo de la motocicleta mientras circulaba por la vía pública. Para fundamentar esa conclusión, el representante del Ministerio Público citó doctrina penal sobre la violación del deber objetivo de cuidado y la posibilidad de que el resultado dañoso sea atribuible a la conducta imprudente de la propia víctima.

De esta manera, la investigación iniciada tras la muerte de Maycol Naim Gutiérrez concluyó con una decisión fiscal que atribuyó el desenlace a la pérdida de control de la motocicleta a una velocidad de 126 kilómetros por hora y descartó, sobre la base de los elementos incorporados al expediente, la existencia de responsabilidad penal del personal policial interviniente.

El personal de Prefectura Naval interceptó un camión que transportaba productos ictícolas en la zona sur de la ciudad, tras realizar tareas investigativas previas. En la inspección, los efectivos constataron que el conductor no contaba con la documentación respaldatoria de la carga y verificaron que la cámara frigorífica se encontraba apagada y que los precintos de seguridad estaban colocados de manera irregular.

Ante esta situación, se dio intervención al director de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia de Entre Ríos, Mario Zárate, quien dispuso la apertura de la cámara frigorífica para inspeccionar su contenido.

Como resultado, se constató que el vehículo transportaba 286 ejemplares de sábalo, boga y carpa, con un peso total de 710 kilos y un valor estimado de más de 6 millones de pesos.

Finalmente, se labró el acta de infracción correspondiente y, por disposición de la autoridad competente, se procedió a la incautación y desnaturalización de la mercadería.