El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y también del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, además del director de la entidad, Juan Curutchet, debido a las operaciones con derivados de oro que la institución llevó adelante en 2025.

"Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba", precisó el letrado en declaraciones televisivas.

E indicó: "Por ejemplo la asociación Ilícita como jefe Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables".

Acerca de a dónde se encuentra el oro, Dalbón respondió: "Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Policita de averiguar" y agregó: "Realmente confío en que la ampliación que haremos el martes que es el pedido de detención de Bausili y de Curutchet, realmente Ariel Lijo se lo tome en serio".

Aclaró que "si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruído a la Justicia en base a lo que fue en base al exámen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que minitieron en la auditoría".

Acorde con el abogado, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados sobre el oro, con egresos de divisas.

Agregó que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al final de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

El escrito detalla que el resultado se conforma de $1.400.793 millones o 960,2 millones de dólares, anotados como resultado negativo por opciones, y de $68.362 millones, equivalentes a 62,8 millones de dólares en primas de opciones.

A su vez, la tenencia de oro registró durante ese ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, acorde con la información contable precisada en la denuncia.

¿Cuáles son los posibles delitos que Dalbón les atribuye a los funcionarios? Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Además de los pedidos de detención, el letrado pidió: la prohibición de salir del país, de acceder a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde haya documentación relacionada con la investigación y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.

Y añadió: "La respuesta del Presidente del Banco Central? 'En algún lado están'".

La legisladora dejó en claro que esa contestación "no alcanza" e hizo hincapié en que la "plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra".

Por lo tanto, "ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició " y sentenció: "SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS DESPACHOS".

Agencia NA

La Justicia Federal homologó un acuerdo de conciliación por el cual el abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez logró el cierre de una causa penal en su contra por incitación a la violencia y mensajes discriminatorios dirigidos a la comunidad islámica. La resolución, firmada por el juez federal Julián Ercolini tras la conformidad del fiscal Carlos Rívolo y del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), establece que el imputado deberá publicar una retractación formal en redes sociales y donar $200.000 al Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por las autoridades del CIRA luego de una serie de agresiones publicadas por Sarubbi Benítez el 11 de febrero de 2025 en la red social X (ex Twitter). En sus publicaciones, el letrado —quien también se desempeña como conductor en el canal de streaming Carajo— utilizó términos xenófobos e islamófobos para calificar de forma denigrante a los fieles de dicha fe, incitando al odio colectivo y descalificando la presencia de un participante musulmán en un programa de televisión masivo.

Frente al avance del expediente, la defensa del profesional promovió un acuerdo reparatorio en el marco del Código Procesal Penal Federal. Como parte de los compromisos asumidos, el abogado presentó un escrito expresando un "sincero arrepentimiento", argumentando que sus expresiones "brotaron del desconocimiento". Además, se comprometió a difundir una disculpa pública en la misma plataforma donde emitió los agravios, tras haber mantenido un encuentro institucional con las autoridades de la entidad religiosa querellante para interiorizarse sobre la fe y cultura islámica en el país.

En sus fundamentos, el juez Ercolini consideró procedente la vía conciliatoria para la resolución del conflicto al remarcar que los dichos, si bien revisten gravedad en su contenido, se vertieron hacia un colectivo religioso y no sobre una persona individual con violencia física. Con el cumplimiento de la donación pactada y la publicación de las disculpas públicas en su cuenta personal, la acción penal quedará definitivamente extinguida.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un capítulo de alta tensión en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Durante la séptima audiencia del debate, el tribunal autorizado hizo lugar a un pedido de Laudelina Peña, quien solicitó entrevistarse de urgencia con su hija, Macarena Peña. El encuentro se produjo en un cuarto contiguo a la sala de audiencias luego de que la joven prestara un testimonio clave ante los jueces Fermín Ceroleni y Eduardo Bosch.

Pese a la ausencia momentánea de la imputada en el recinto, la abogada defensora Mónica Chirivín aceptó que la jornada continuara vía Zoom. La ronda de declaraciones de este jueves estuvo marcada por las revelaciones sobre presuntos aprietes y la reconstrucción minuciosa de las horas previas y posteriores al 13 de junio de 2024, momento en que el menor fue visto por última vez.

"Patricia Bullrich se las va a llevar", habría sido la frase intimidatoria utilizada por el abogado defensor según la declaración de la joven. Macarena afirmó que ella se negó desde un principio a participar de la maniobra de encubrimiento y que, días más tarde, acudió a la asesoría de Elizabeth Cutaia para formalizar la denuncia por amenazas ante las autoridades judiciales.

Previamente, la audiencia había sufrido interrupciones debido a las descompensaciones de los involucrados. El imputado Antonio Benítez debió recibir asistencia médica urgente al registrar una presión arterial máxima de 18, lo que obligó a dictar un cuarto intermedio. Posteriormente, la testigo Camila Núñez rompió en llanto tras un cruce con el defensor Enzo Di Tella por aparentes contradicciones sobre el trayecto hacia el naranjal, obligando a reproducir registros de video para refrescar su memoria.

Por último, los tíos maternos del menor, Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, completaron la grilla de testigos. Este último relató que, al dirigirse a la casa de la abuela tras enterarse de la desaparición, cruzó en la ruta a Benítez acompañado por un hombre encapuchado no identificado. El Tribunal Oral Federal dispuso un cuarto intermedio extendido y determinó que el debate presencial se reanudará el próximo martes.

[Con información de Infobae]

El abogado Augusto Lafferriere confirmó que asumirá la defensa de Pablo Laurta en la causa que se tramita en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio. La novedad marca un cambio respecto de la situación planteada semanas atrás, cuando el letrado había revelado que fue designado por el acusado sin haber mantenido contacto previo con él y que aún no había decidido si aceptaría representarlo.

A fines de mayo, en diálogo con Elonce, Lafferriere explicó que tomó conocimiento de la designación mediante una notificación judicial y calificó la situación como "atípica". En aquella oportunidad aseguró que no conocía personalmente a Laurta y que tampoco había mantenido conversaciones con él ni con integrantes de su entorno.

"Generalmente primero tengo un diálogo con el cliente y después se formaliza la designación", había explicado entonces el abogado, quien señaló que antes de aceptar cualquier defensa necesitaba entrevistarse con el acusado y conocer su versión de los hechos.

La defensa quedó encaminada

Ahora, Lafferriere confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que asumirá la representación de Pablo Laurta en la causa entrerriana, aunque aclaró que todavía resta completar algunos pasos procesales para formalizar su intervención dentro del expediente.

Según detalló, el acusado deberá ser trasladado a Concordia para ratificar la proposición de defensor realizada previamente ante autoridades penitenciarias. Además, indicó que el próximo martes 16 de junio se desarrollará una audiencia vinculada a una pericia caligráfica.

"Se hará una audiencia para la formación del cuerpo de escritura", explicó el letrado, medida que permitirá avanzar con la formalización de su designación como defensor.

Una pericia clave para la investigación

La audiencia prevista para la próxima semana está relacionada con una serie de anotaciones en papel que fueron secuestradas durante la detención de Pablo Laurta.

Los investigadores buscan determinar si esos escritos pertenecen al acusado, por lo que solicitaron una pericia caligráfica que permita comparar la documentación secuestrada con muestras de escritura obtenidas oficialmente.

En ese contexto, la fiscalía continúa incorporando elementos de prueba dentro de la investigación. "La fiscalía está recopilando evidencias para luego pedir la remisión a juicio oral de la causa", indicó Lafferriere.

La causa que sigue abierta en Entre Ríos

Mientras la Justicia de Córdoba ya elevó a juicio la causa por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, en Entre Ríos continúa la investigación por el homicidio de Martín Sebastián Palacio.

La causa busca determinar la responsabilidad de Pablo Laurta en el crimen del remisero ocurrido antes de que viajara hacia Córdoba, donde posteriormente se produjeron los asesinatos de su expareja y de la madre de ella.

Un niño de 11 años dejó de asistir a la Escuela Nº6 “Florentino Ameghino”, ubicada en la zona del Quinto Cuartel, en la ciudad de Victoria, tras sufrir presuntos hechos de bullying, hostigamiento y amenazas reiteradas. La madre del menor, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal luego de haber recurrido previamente a distintas instituciones sin obtener respuestas favorables, según afirmó.

La escuela primaria comparte edificio y horario con la Escuela Secundaria Nº7 “Mariano Moreno”. De acuerdo con el relato de la familia, los episodios de violencia se habrían intensificado durante este año y habrían incluido amenazas de muerte escritas en un paredón cercano al ingreso del establecimiento educativo.

La mujer aseguró que realizó denuncias ante autoridades escolares, la Policía, la Comisaría del Quinto Cuartel, la Jefatura Departamental y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Sin embargo, sostuvo que no recibió soluciones concretas para garantizar la seguridad de su hijo.

“No estamos frente a un hecho aislado”

El abogado de la familia, Agustín Greco, sostuvo que la situación denunciada “ha afectado profundamente su vida cotidiana, su tranquilidad y su derecho fundamental a crecer en un entorno seguro”.

Asimismo, remarcó que “las actuaciones realizadas demuestran que no estamos frente a un hecho aislado. Existen antecedentes, intervenciones previas y denuncias reiteradas que serán oportunamente acreditadas en las actuaciones judiciales y administrativas en trámite”.

El letrado también manifestó que lo que “preocupa no es solamente el último episodio denunciado, sino la sensación de desprotección que experimenta una familia que lleva años solicitando respuestas concretas para resguardar a un niño de apenas 11 años”.

Amenazas dentro y fuera de la escuela

La madre del menor relató el impacto que la situación tuvo en la vida cotidiana de su hijo y de toda la familia. “Es muy duro, muy difícil”, expresó al describir el cuadro que atraviesan desde hace más de dos años.

“Yo ya he agotado todas las instancias. Hace dos años que vengo haciendo denuncias. Los hechos no solo pasan dentro de la escuela, sino también afuera. Los agresores son vecinos. Mi hijo ni siquiera puede ir a la despensa”, afirmó.

Además, señaló que el niño dejó de realizar actividades habituales por temor. “Hace unos ocho meses que mi hijo no sabe lo que es ir a jugar a la pelota con los amigos, no puede compartir con sus vecinos, en el Quinto Cuartel. Ni siquiera puede cruzar la calle. También hay amenazas contra mí, porque ahora últimamente se la han agarrado conmigo y con mi esposo, que es una persona mayor, de 68 años”, contó.

La posibilidad de cambiar de escuela

La madre explicó que actualmente el menor no asiste a clases por recomendación legal, mientras evalúan cómo continuar. “Nadie me ha dado respuesta. Toman estos hechos como si fuera algo natural, que no es para tanto. Ahora, no estoy mandando a mi hijo a la escuela por consejo de mi abogado, hasta tanto esto se resuelva. Tengo miedo de que le hagan algo, porque han escrito una amenaza en una pared de la escuela. Quiero resguardar la integridad física de mi hijo”, manifestó.

Según indicó, desde la institución educativa le comunicaron que adoptarían medidas preventivas, aunque sostuvo que “no han hecho nada”. También señaló que en el Copnaf le informaron que intervendrían en el caso, pero afirmó que hasta el momento no recibió nuevos contactos ni respuestas oficiales.

La mujer explicó que analiza cambiar a su hijo de establecimiento educativo pese al dolor que eso le provoca, ya que el niño cursa el último año de primaria y desea finalizar el ciclo junto a sus compañeros y participar del viaje de egresados, señala Entre Ríos Ahora.

Finalmente, la mujer reveló que el episodio más reciente ocurrió la semana pasada y estaría relacionado con una amenaza directa. “Uno de los agresores se encontró en el baño con un compañero de mi hijo, tenía una navaja, se la mostró y le dijo que era para mi hijo”, denunció.

La muerte del abogado Julio Federik, a los 76 años, provocó pesar en ámbitos judiciales, políticos y culturales de Entre Ríos. El reconocido penalista falleció este martes 19 de mayo en Paraná, ciudad donde desarrolló gran parte de una trayectoria marcada por el derecho, la docencia y la producción literaria.

Federik fue considerado una de las figuras más influyentes del ámbito jurídico entrerriano. Su nombre quedó ligado de manera directa a la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos y a distintas transformaciones institucionales impulsadas en la provincia durante las últimas décadas. Además, tuvo participación destacada en causas de repercusión nacional, entre ellas la investigación judicial vinculada al atentado contra la AMIA.

El letrado había nacido en Paraná el 17 de junio de 1949. Cursó sus estudios en la Escuela Normal y en el Colegio La Salle, para luego graduarse como abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, institución en la que también ejerció la docencia.

Un jurista con fuerte influencia institucional

A lo largo de su carrera, Federik construyó un perfil de abogado especializado en derecho penal, aunque su actividad trascendió ampliamente el ejercicio profesional tradicional. Fue convencional constituyente en la reforma constitucional entrerriana de 2008 y participó en la incorporación de normas vinculadas al sistema acusatorio y a la Fiscalía Anticorrupción.

Su aporte más reconocido fue la elaboración del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, considerado una pieza central para la modernización de la administración judicial en la provincia. Aquella tarea lo posicionó como una referencia técnica en materia procesal penal y derivó posteriormente, en la elaboración de propuestas similares a nivel nacional.

También intervino en causas de alta sensibilidad pública. En el atentado a la AMIA actuó como abogado querellante representando a familiares de víctimas, en un expediente que él mismo definió como “el caso más largo y comprometido” de su trayectoria profesional.

El pasado viernes, la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas llevó adelante su Asamblea General Ordinaria en las instalaciones del Club Universitario de Paraná. Allí se renovaron las autoridades para el período 2026-2028, resultando electo como presidente Hugo Eduardo Grassi, representante del Club Atlético Patronato de Paraná.

La jornada se caracterizó por una amplia participación de dirigentes de toda la provincia, tanto de manera presencial como virtual, consolidando un verdadero espíritu federal. Representantes de distintos departamentos entrerrianos se dieron cita para acompañar el proceso democrático de renovación de autoridades, reflejando el compromiso de los clubes con el fortalecimiento institucional del deporte provincial.

La nueva comisión directiva asumió con el objetivo de continuar trabajando en la regularización institucional de las entidades, la capacitación de dirigentes, la integración territorial y el acompañamiento permanente a los clubes en toda la provincia. En este marco, la Federación destacó que la amplia participación registrada refleja el interés de las instituciones deportivas por consolidar un espacio de representación que permita canalizar las necesidades del sector y proyectar políticas conjuntas en beneficio del deporte entrerriano.

Entre los nombres que integran la flamante conducción se encuentra el dirigente gualeguaychense Gerardo Sánchez, actual miembro de la Comisión Directiva del Club Atlético Sporting. Su incorporación como vocal titular en la Federación es un reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el desarrollo institucional y deportivo de Gualeguaychú. Sánchez, abogado y referente local, ha colaborado con numerosas instituciones deportivas y educativas, mostrando siempre una fuerte vocación dirigencial y de servicio comunitario.

La presencia de un representante de Gualeguaychú en la conducción provincial es motivo de orgullo para la ciudad, ya que asegura que las necesidades y proyectos de los clubes locales tengan voz en el ámbito federativo. Con este nuevo rol, Gerardo Sánchez suma su experiencia y capacidad de gestión a un espacio clave para el futuro del deporte entrerriano.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada por dirigentes de distintos puntos de la provincia, entre ellos Julio César Schmidt (María Grande), Valeria Vulliez (Colón), Lorena Gareis (Villa Fontana), Adalberto Álvarez (Villaguay), Enrique Gómez (Gualeguay), Nicolás Milessi (Paraná), Jorge Ibáñez (Concepción del Uruguay) y Amalia Bonella (San Benito), además de los vocales titulares que representan a Concordia, Chajarí, Diamante, Rosario del Tala y La Paz.

Con esta renovación, la Federación Entrerriana de Clubes inicia un nuevo período de trabajo con la mirada puesta en fortalecer la institucionalidad, promover la capacitación y acompañar el crecimiento de las entidades deportivas en todo el territorio provincial.

Mariela Beatriz Altamirano, la madre biológica del nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, Ángel Nicolás López, fue detenida este domingo por la noche. Horas atrás, se había solicitado la detención inmediata, tanto de ella como la de su pareja Michel González, por estar acusados de “homicidio agravado”.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Chubut, comandado por el Dr. Héctor Iturrioz, le informó a la Agencia Noticias Argentinas, que el martes ambos detenidos serían indagados.

Asimismo, el fiscal General Facundo Oribones, junto a la Funcionaria de Fiscalía Diana Guzman comunicaron que le solicitaron al juez penal de turno la detención de Altamirano y González, en relación a la investigación por la muerte de Ángel, “en base a los elementos recabados hasta el momento”.

“Las detenciones se producen luego de recibir la autopsia preliminar hoy y de un arduo trabajo de fiscalía en todos estos días. Así el pedido de detención fue autorizado por el juez penal de turno y en las próximas horas se fijará la correspondiente audiencia de control de detención. Hasta que se concrete dicha audiencia, no hay intervención ajena al Ministerio Público Fiscal”, confirmó el organismo chubutense.

Fuentes del caso indicaron que fueron alojados en celdas diferentes y que, en las próximas horas, se hará la audiencia de lectura de cargos y tendrán la posibilidad de declarar en indagatoria.

Por su parte, el abogado Roberto Castillo, quien representa al padre del menor, Luis Armando López, se encuentra junto a su pareja, la vedette y conductora Cinthia Fernández, en Comodoro Rivadavia acompañando a la familia. Desde sus redes sociales aseguró que “empezaron a hacer justicia” porque detuvieron a los "asesinos de Ángel”.

Durante la tarde del domingo, el letrado había presentado una ampliación de la denuncia penal en la que solicitó la inmediata imputación y detención de González y Altamirano por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte, indica NA.

El documento presentado ante la fiscalía, describe un escenario de "producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes". Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

La autopsia preliminar resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor.

En una conferencia realizada en la sede de la CGT y transmitida por la radio cooperativa Inclusión y el programa Modo Obrero, el abogado laboralista Andrés Ocampo analizó en detalle el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Ante un auditorio de trabajadores aceiteros y representantes sindicales, Ocampo advirtió que la iniciativa no representa una modernización, sino un retroceso que amenaza con desmantelar el derecho laboral, precarizar las condiciones de trabajo y debilitar la acción sindical.

Ocampo recordó que el derecho laboral nació para reconocer la desigualdad entre empleador y trabajador, y que cualquier intento de borrar esa lógica equivale a eliminar la esencia misma de la protección jurídica. Según su análisis, el proyecto busca vaciar de poder al sindicalismo, restringiendo huelgas, asambleas y la tutela de los delegados, mientras otorga mayor autoridad a las patronales. Ejemplificó con prácticas ya aplicadas en algunas empresas, como el banco de horas, las jornadas de doce horas o la exigencia de certificados médicos detallados, anticipando lo que la reforma pretende legalizar.

El abogado subrayó que la oposición a estas medidas no es partidaria, sino una defensa de la supervivencia y la dignidad de los trabajadores. Reivindicó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como un pilar que garantiza la protección de los derechos laborales y que, según él, debe ser defendido como una verdadera “Biblia obrera”.

Uno de los puntos más críticos señalados por Ocampo es la eliminación de sanciones a los empleadores que mantienen trabajadores no registrados o mal registrados. Para él, esto constituye un incentivo al fraude laboral y fomenta figuras como la del “colaborador independiente”, que deja al trabajador sin acceso a obra social, ART, vacaciones pagas o licencias por enfermedad.

El impacto, señaló, ya se refleja en los números: pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo registrados y cierre de miles de empresas. Lejos de generar empleo, las reformas han debilitado la estructura laboral y fomentando la informalidad. Ocampo alertó que esta situación no solo aumentará la cantidad de juicios laborales, sino que también saturará la justicia, dejando a los trabajadores en largas esperas para poder reclamar lo que les corresponde.

El abogado denunció que las reformas buscan disciplinar a jueces laborales y abogados, restringiendo su capacidad de controlar la constitucionalidad de las normas. Además, criticó la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que obligaría a renegociar desde cero derechos ya conquistados. También advirtió que se pretende ampliar la definición de “servicios esenciales” hasta abarcar sectores como la producción de alimentos, lo que en la práctica impediría la protesta.

En paralelo, señaló que las patronales serían beneficiadas con condonaciones de deudas y la eliminación de sanciones penales por incumplimientos en aportes y contribuciones, premiando a quienes han lucrado con fondos retenidos a los trabajadores. Para Ocampo, esta contracara revela con claridad el sesgo de la reforma: mientras se recortan derechos y se persigue a sindicatos, jueces y abogados laboralistas, se otorgan beneficios directos a las grandes corporaciones.

El cierre de la conferencia estuvo marcado por un llamado a la unidad sindical y social. Los aceiteros, junto a otros gremios presentes, recordaron que ya han vivido situaciones similares en el pasado y que solo la organización y la lucha permitieron conquistar derechos. Se destacó la importancia de la capacitación, del diálogo cotidiano entre compañeros y de la participación en charlas y espacios colectivos.

“Si nos quedamos quietos, perdemos todo”, fue la advertencia que resonó en la sala. La conclusión fue clara: mantener la unidad, concientizar a cada trabajador y estar preparados para la movilización inmediata, porque lo que está en juego no es solo el salario, sino la dignidad y el futuro de la clase trabajadora argentina.

Una grave denuncia por presunta estafa conmocionó a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado (provincia de Misiones), luego de que padres y alumnos advirtieran la desaparición de más de 17 millones de pesos destinados a la fiesta de egresados. El dinero había sido reunido durante todo el año y estaba bajo la administración de una madre, identificada como Romina E., cuyo paradero actualmente se desconoce y es intensamente buscada por la Policía, luego de gastar los fondos en el casino.

Según los testimonios, los aportes comenzaron en abril y correspondían a dos cursos, con un total de 35 estudiantes, cuyos padres abonaban cuotas mensuales para cubrir todos los gastos de la recepción. La situación salió a la luz cuando, a pocos días del evento, intentaron saldar los pagos finales y descubrieron que la mayoría de los servicios no estaban abonados: catering, DJ, sonido, iluminación y otros proveedores. Solo se había pagado la seña del salón.

Mónica B., madre de una alumna, fue una de las primeras en exponer públicamente lo ocurrido. “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, expresó. Relató que durante meses solicitaron comprobantes, contratos y rendiciones, pero siempre recibieron evasivas. “Le pedí muchísimas veces que nos mostrara los comprobantes de pago y siempre tenía una excusa”, sostuvo a Misionesonline.

Desde el lado de los estudiantes, el impacto fue inmediato. Sofía V., una de las egresadas, contó que se enteraron de la situación el mismo día del evento, cerca del mediodía. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató.

Detalló además que los pagos se realizaban a través de una billetera virtual, donde en ocho meses se juntaron aproximadamente 17.500.000 pesos, de los cuales “no estaba pago ni el 15% de lo prometido”.

Ante el riesgo concreto de que la recepción se suspendiera, los padres se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, donde debía realizarse la fiesta, y comenzaron a reorganizar todo contrarreloj. Con el acompañamiento del intendente local, lograron reunir un faltante crítico de 8.300.000 pesos, lo que permitió que el evento finalmente se realizara. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

La denuncia penal fue radicada el viernes pasado y la Justicia investiga el caso, mientras continúa la búsqueda de la mujer señalada, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

En medio de la conmoción, los padres destacaron un gesto que conmovió a toda la comunidad: los propios alumnos decidieron que la hija de la mujer denunciada participe igualmente de la fiesta. “Dijeron que ella no tiene la culpa y que también merecía vivir su noche”, señalaron.

Padres de alumnos de la Escuela de Comercio N° 19 de la localidad de El Dorado (Misiones) presentaron una denuncia penal por presunta estafa contra Romina E., a quien acusan de haberse quedado con una suma cercana a los 17 millones de pesos, dinero que había sido recaudado para el acto de recepción de los 35 estudiantes de la institución. Según indicaron los denunciantes, los fondos fueron reunidos con aportes realizados durante el año por las familias.

Si bien la denuncia fue presentada de manera grupal, se aclaró que cada familia realizó aportes distintos, tanto en las sumas como en las modalidades de pago, lo que deberá ser analizado de forma individual en la causa. Además, se supo que otra persona también recibía inicialmente el dinero, pero luego se retiró de la organización y entregó la totalidad de los fondos a Romina E., quien quedó a cargo de la administración.

Una vez finalizada la instancia penal, los padres anunciaron que avanzarán con una demanda civil. Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación por tener que asumir nuevamente los gastos del evento o cumplir con los compromisos formales ya asumidos.

La urgente recaudación cubrió un faltante crítico de $8.300.000 pesos. Aunque la celebración está asegurada, los padres ahora asumen una nueva y pesada carga: "Nos quedamos con una deuda, pero la fiesta sale. El intendente sacó de su bolsillo", explicó. "Ahora, el compromiso es que cada padre deberá poner $320.000 pesos para devolver esa plata."

La fiesta se realizó con esfuerzo solidario

La recepción de egresados finalmente se realizó el viernes por la noche, luego de atravesar una situación límite provocada por una presunta estafa millonaria que puso en riesgo el evento a pocas horas de su inicio.

Según relató Ramón Mercado, padre de una egresada y abogado, durante la mañana los padres fueron alertados de que la fiesta no se realizaría. “Temprano nos llamaron y nos comunicaron que el evento no salía, el evento de recepción que ya teníamos programado para el día de la fecha”, explicó. Ante esa noticia, se convocó de urgencia a todas las familias a una reunión en el mismo salón donde debía desarrollarse la celebración.

En ese encuentro, los responsables del lugar y los distintos proveedores informaron que la persona encargada de la organización no había abonado lo acordado. “No se acercó a pagar el monto convenido para realizar el evento. El fotógrafo, la señora del catering, nadie había cobrado”, detalló Mercado, describiendo el escenario con el que se encontraron.

La furia de los alumnos y padres se intensificó cuando se supo que Romina E., después de la reunión informativa, no dio la cara y salió del grupo de comunicación. La indignación aumentó cuando se conoció un mensaje en el que la mujer señalada habría reconocido problemas de ludopatía y que al dinero habría sido gastado en el casino como explicación de lo ocurrido.

Frente a la gravedad de la situación y el impacto emocional en los estudiantes, los padres decidieron actuar rápidamente. “Queríamos que esta fiesta salga por nuestros hijos, porque ya era solamente llanto cuando se empezaron a enterar de todo”, manifestó. En ese contexto, confirmaron que habían sido víctimas de una estafa, lo que generó indignación y angustia entre las familias.

Mercado remarcó además el fuerte componente humano del caso, ya que la persona señalada como responsable es madre de una alumna que también egresaba. “No tuvo compasión ni siquiera por su hija, así que por nosotros menos”, expresó. A pesar de ello, los padres resolvieron dejar de lado el enojo para priorizar a los jóvenes y salvar la noche.

De manera inmediata se organizó una campaña solidaria. “Nos reunimos los padres, pedimos ayuda a gente conocida y gracias a Dios apareció quien nos dio una mano con el efectivo para que la fiesta se realice”, contó. El aporte clave llegó de parte del intendente local, quien colaboró de forma personal y no institucional. “Ahora tenemos una deuda y nos hacemos cargo de pagarla”, aclaró.

Gracias al compromiso de los proveedores, el apoyo comunitario y el esfuerzo colectivo, la recepción pudo concretarse. “Gracias a Dios llegamos a un buen fin y hoy se está realizando la fiesta tan esperada. Los padres están contentos, los chicos también. Trabajamos ocho meses para esto y se logró”, concluyó Mercado.

Un amigo de Diego Xiccato, uno de los cinco argentinos arrestados el domingo pasado en Miami, Estados Unidos, por robar valijas llenas de ropa de varios locales del shopping Dolphin Mall, habló este martes antes de ingresar a su domicilio, en la ciudad de Mendoza. En su diálogo con la prensa, se mostró sorprendido por la causa penal en la que también están involucrados Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua.

“Ha sido una boludez de viejos chotos, que se quisieron hacer los adolescentes y la cagaron”, consideró el vecino de Xiccato, que tiene una peluquería ubicada al lado de su casa.

El hombre relató que mantiene una amistad de más de 30 años con el peluquero y expresó sorpresa ante lo sucedido. “Lo conozco (por Xiccato) hace más de 30 años. No es un mal chico. Jamás lo vi en nada raro”, dijo. Además, indicó que pese a conocer al resto del grupo, no todos eran amigos entre sí.

En la entrevista, también dijo que los acusados, que habían viajado a la ciudad balnearia de la Florida en el marco de una despedida de solteros, no son delincuentes. "Pobres, es una situación de mierda“, concluyó.

Tal como se ve en el video que se dio a conocer este martes, los mendocinos imputados comparecieron ante la jueza, vestidos con el característico uniforme naranja de los presos en Estados Unidos, asistidos por un traductor y, en la mayoría de los casos, sin la posibilidad de contar con defensa oficial por tener propiedades declaradas. En la audiencia pidieron que le fijen un monto de fianza.

Las audiencias, gestionadas por videollamada mediante la plataforma Zoom, se organizaron con cuatro pantallas: la primera mostraba a cada acusado acompañado por un oficial de la Corte, la segunda a la abogada del Estado de Florida, la tercera al traductor responsable de la interpretación y la cuarta a la magistrada. Cada intervención tuvo una duración aproximada de tres minutos en los que la jueza leyó las imputaciones y determinó los montos de las cauciones.

Xiccato, de 46 años y un conocido coiffeur en la provincia de Mendoza, enfrenta cargos por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de treinta días y robo al por menor, y fue el primero en declarar ante la magistrada.

La jueza Glazer lo acusó por haber sustraído mercancía de una tienda Tommy Hilfiger y de la tienda Berlington, le fijó una fianza total de USD4.500 y le prohibió acercarse al centro comercial y a los locales que asaltó.

La misma suma fue impuesta a Aparo Orlando, de 49 años, propietario de varios negocios y socio de uno de los otros detenidos. Al no poder acceder a un defensor público debido a la tenencia de bienes, la magistrada le consultó si prefería esperar para contratar un abogado particular, pero el acusado solicitó resolver su situación de inmediato, ya que tenía previsto un vuelo próximo.

La audiencia de Moyano, de 41 años, socio de Aparo Orlando y con antecedentes en Estados Unidos, tuvo un desarrollo similar. Pidió fianza directamente y el Estado solicitó una suma similar a la de los otros implicados. El total fijado fue algo menor: USD4.000. Además, le advirtieron que debe mantenerse alejado del shopping.

Zuloaga Arenas, de 49, solicitó el beneficio de un defensor oficial argumentando no tener contactos locales. No obstante, al declarar que posee un inmueble, se le denegó la petición. La fianza impuesta también ascendió a USD4.000 y también quedó vigente la orden de no acercamiento al mall.

Finalmente, Rua, de 45 años, fue el único que afirmó poder solventar un abogado particular, aunque optó por solicitar la fijación de la fianza sin más dilaciones. Glazer le comunicó un monto de USD4.000. Rua preguntó por los mecanismos para efectuar el pago, a lo que la jueza respondió que la cárcel acepta tarjetas de crédito o puede contratar a un financista.

El acusado, después, le preguntó cómo podría ser liberado. “Pague la fianza en la cárcel y entonces lo liberan“, respondió la jueza Glazer, recordada por un episodio viral cuando años atrás debió juzgar a un excompañero de colegio.

La jueza resolvió en menos de veinte minutos los cinco casos, imponiendo en total 21.000 dólares como fianza y estableció las restricciones de acercamiento a los comercios robados. Todos los procesados permanecieron incomunicados y alejados de sus familias, mientras esperaban el cumplimiento de los trámites para una eventual liberación.

El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en el organismo, al argumentar que el audio que dio inicio a la investigación y que se le atribuye fue “adulterado”.

A través de su abogado, Mauricio D’ Alessandro, presentó dos escritos ante el juez Sebastián Casanello en los que pidió que se le dicte el sobreseimiento.

En uno de los escritos, la defensa sostuvo que la decisión de imputarlo y citarlo a indagatoria se encuentra sustentada en “prueba adulterada que no fue debidamente introducida al proceso; invalidez que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado”. Para la defensa esos audios fueron manipulados.

Los audios que se le atribuyen a Spagnuolo no fueron incorporados como prueba por el fiscal Franco Picardi. La prueba es la documentación que se recopiló en múltiples allanamientos y todo lo que se recuperó de los teléfonos incautados.

Hasta ahora, los planteos de nulidad fueron rechazados pero fueron apelados y debe resolver la Cámara Federal.

Spagnuolo adjunto una pericia realizada por especialistas que “confirma la manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética por IA", según el escrito.

“Sumamos por primera vez en este proceso penal, un documento oficial donde consta un estudio pericial donde se analizaron los audios ingresados primigeniamente a estos actuados y que se achacan al señor Spagnuolo como su interlocutor”.

En base a la pericia, pidió la nulidad al de todo lo actuado y el sobreseimiento. El informe pericial presentado por Spagnuolo fue elaborado por la empresa especializada Graudio Forensics, que tiene sede en Madrid, España. (Ámbito)

En un escenario de tensiones crecientes entre el Gobierno nacional y los sectores sindicales, la reforma laboral vuelve a instalarse en el centro del debate público. Bajo el argumento de modernizar las relaciones laborales y fomentar el empleo, el oficialismo impulsa un paquete de medidas que despierta resistencias en amplios sectores del movimiento obrero.

Las advertencias también se hicieron sentir desde el sector pyme. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, advirtió que “la reforma no tendrá sentido si no se reactiva la economía”. En declaraciones a Panorama Político, Rosato sostuvo que “sin consumo interno, cualquier flexibilización laboral será solo un parche que no resuelve el problema de fondo”.

En concordancia con lo anterior, EL ARGENTINO consultó al abogado laboralista Andrés Ocampo: “Hay que ser claros: mediante la normativa laboral no se crea ni se destruye empleo. El empleo depende de decisiones macroeconómicas, de políticas de crédito, subsidios, apoyo a las pymes, servicios públicos eficientes y protección de la industria nacional. Una apertura indiscriminada de importaciones destruye empleo por competencia desleal. Por eso, el argumento de que modificando la normativa laboral se va a generar empleo es falso. Lo que sí implica esta reforma es una regresión en derechos laborales, con la misma lógica que se intentó imponer en los años 90 y durante el macrismo”.

Desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Delegación Concepción del Uruguay (S.T.I.A.) afirmaron en diálogo con EL ARGENTINO: “Una reforma laboral con olor a pasado, que revive figuras regresivas y debilita derechos conquistados”. Los referentes gremiales alertaron sobre el regreso de lo que denominan “los muertos-vivos del modelo neoliberal”: despido barato, jornadas extendidas, vacaciones fraccionadas y una negociación colectiva fragmentada.

En tanto, el abogado Ocampo de Gualeguaychú cuestionó los fundamentos del proyecto oficial, señalando que no existe aún una propuesta concreta, pero que los anuncios y antecedentes “apuntan a la quita de derechos”.

El profesional aclaró: “En primer término, hay que decir que todo lo que se discute son especulaciones. No hay un proyecto concreto que se pueda analizar en profundidad. Lo que circula son títulos, comentarios y supuestos jurídicos que podrían modificarse. Y lo que se observa es que la lógica detrás de estos anuncios es restrictiva: apunta a la quita de derechos y al aumento de ganancias del sector patronal. Según los voceros del gobierno, el objetivo —como ocurrió con el DNU 70/2023 y con la sección laboral de la Ley Bases— sería crear más puestos de trabajo. Pero lo que se anunciará va en sentido contrario”.

Entre los puntos más críticos, desde el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación en Concepción del Uruguay, señalaron a EL ARGENTINO la posibilidad de pagar indemnizaciones con un tope de diez salarios, excluyendo adicionales, aguinaldo y premios, lo que “abarata el despido y legaliza la precarización”. Además, se habilita a las PYMES a pagar en hasta 12 cuotas, lo que “convierte la indemnización en una promesa incierta, especialmente en sectores con alta rotación y bajos ingresos”.

También cuestionaron la creación del llamado “salario dinámico”, un adicional negociado directamente entre trabajador y empleador, que “puentea al sindicato y habilita la discriminación salarial”. Según el gremio, esta figura rompe con el principio de igualdad ante tareas similares y debilita la negociación colectiva como herramienta de equidad.

Otro eje de preocupación es la flexibilización de la jornada laboral, que podría extenderse hasta 12 horas diarias bajo la figura del “banco de horas”, sin pago de extras.

El abogado laborista mencionó: “Lo que se propone es un refrito de viejas recetas: ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias, implementar bancos de horas que ya han demostrado su ineficacia, y debilitar la organización sindical mediante reformas que afectan derechos colectivos. Se busca precarizar el trabajo, volver a los contratos basura que ya fracasaron en Argentina. Es un museo de grandes novedades, como dice la canción, pero con ideas del siglo XIX.”

Por su parte desde el Sindicato de Alimento advirtieron: “El trabajador queda sujeto a las necesidades de la producción, sin garantías ni compensaciones reales”. Esta modalidad, agregan, “naturaliza la sobreexplotación y desdibuja los límites entre tiempo laboral y vida personal”.

En cuanto a las vacaciones, el sindicato denunció que se habilita su fraccionamiento y la posibilidad de acordarlas fuera de los períodos legales, lo que “individualiza el derecho y lo somete a la lógica empresarial”.

Respecto a la negociación colectiva, alertaron sobre una “atomización por empresa” que debilita la fuerza gremial, junto con la eliminación de cuotas solidarias y aportes patronales. “Se busca desfinanciar a los sindicatos y fragmentar la representación, debilitando la capacidad de defensa de los trabajadores”, sostuvieron.

“Es claro - afirmó Ocampo, el abogado laboralista a EL ARGENTINO - que se pretende instalar la negociación directa entre empleador y trabajador como si fuera equitativa, cuando todos sabemos que sin organización sindical, el trabajador tiene muy pocas herramientas para defender sus condiciones.”

Finalmente, el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación rechazó la redefinición de la huelga como “inofensiva”, con servicios mínimos que, según afirman, “vacían de contenido el derecho a la protesta”. En casi todas las actividades, se establecen restricciones que, sumadas a las reformas recientes en la Ley de Contrato de Trabajo, “configuran un escenario de disciplinamiento laboral”.

Por su parte Andrés Ocampo, también se manifestó sobre este punto: “Se apunta a destruir los convenios colectivos por actividad, reemplazándolos por convenios por empresa. Esto implica que cada empresa pueda imponer condiciones más favorables para sí misma, en detrimento de los trabajadores. Se busca maximizar la ganancia empresarial y aumentar el control sobre la fuerza laboral, modificando jornadas, licencias y vacaciones según el interés patronal. Todo esto es profundamente negativo.”

El profesional remarcó que: “Por supuesto que puede haber modificaciones en los convenios colectivos, pero siempre deben ser para ampliar derechos, no para restringirlos. Así lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la protección del trabajo en todas sus formas. También lo afirman los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el artículo 75 inciso 22. Las reformas deben ser progresivas, nunca regresivas. Lo que se propone desde el gobierno va en sentido contrario.”

Más allá de los títulos y especulaciones, el debate sobre la reforma laboral revela una disputa de fondo: el modelo de país que se pretende consolidar. En Entre Ríos, las voces gremiales y profesionales coinciden en que flexibilizar derechos no garantiza empleo, y que sin políticas activas para el desarrollo productivo, el trabajo decente seguirá siendo una promesa vacía. La defensa de la negociación colectiva, la jornada digna y la equidad salarial no es sólo una bandera sindical: es una apuesta por una democracia con justicia social.

Pequeño J, el principal acusado del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, se presentó este viernes a una audiencia ante la Justicia de Perú donde fue notificado de su imputación, le leyeron sus derechos y le dieron la posibilidad de elegir si quiere una “extradición simplificada” a Argentina que demoraría menos de lo previsto. Tony Janzen Valverde Victoriano, sin embargo, no aceptó.

La decisión la tomó después de pedir unos minutos para consultar con su abogado personal, quien lo acompañó en la jornada que estuvo a cargo del juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona. Tras un breve cuarto intermedio, el acusado dijo que no aceptaba la opción.

Su defensor fue quien se explayó sobre la postura elegida. A su turno, dijo que Pequeño J es inocente y que volvió a Perú porque vio las noticias argentinas y se sintió indefenso. “Vio que su nombre y apellido salía en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Dijo ‘en Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿quién me va a poner un abogado? Por eso fue la idea de que se venga al Perú“.

En este contexto, el letrado insistió en que le otorguen a Pequeño J la libertad con restricciones, a diferencia de la Fiscalía que solicitó que Janzen Valverde Victoriano quede en prisión preventiva.

El defensor del principal apuntado por el triple femicidio luego señaló: “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición) cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”.

Y agregó: “En virtud de ello, señor magistrado, quien habla, se ha presentado los tres arraigos de ley: arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar. La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita al señor magistrado que en vuestra jurisdicción se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia. Esta defensa le solicita su comprensión. Es un joven que tiene 20 años, tiene mucho por dar, como dice, a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para mi patrocinado”.

Tras escuchar a todas las partes, los jueces fueron a deliberar a fin de decidir cómo será el proceso de extradición de Pequeño J y si quedará en prisión preventiva o no hasta ese momento.

La audiencia comenzó con el juez leyéndole a Pequeño J sus cargos: “Se le adjudica el haber participado en la comisión de los hechos perpetrados en el día 9 y 23 de septiembre de 2025 en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar, número 702 partido de Florencia, Varela, Argentina, Buenos Aires”, dijo el juez al comienzo de la audiencia.

En este contexto, especificó: “Se entiende que Valverde Victoriano junto con un número indeterminado de sujetos, actuando de común acuerdo con división de roles y con claras intenciones de causarle la muerte, aplicaron múltiples golpes de puños, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocasionándole lesiones de tal magnitud que habrían provocado su desespero”. (Fuente: Infobae)

De ese modo, el abogado Fernando Di Benedetto, que accionó en representación de Asociación “Ecoguay” y la Agrupación “Conciencia Animal” de Entre Ríos en la Justicia para prohibir la doma y jineteada en Oro Verde, analizó el fallo del juez de Paz Mariano Ramón Jurado que rechazó el amparo presentado.

El magistrado concluyó que en la presentación no se logró “acreditar los actos de maltrato y crueldad hacia equinos, que se producen en los eventos de doma y jineteada que el Municipio de Oro Verde autoriza. Utilizo deliberadamente este tiempo verbal, pues el festival que se realizó el pasado 17 de agosto, no constituyó un evento aislado, sino que se ha venido repitiendo durante casi una década, en similares condiciones y con habilitación municipal previa”.

Di Benedetto cuestiona que el juez haya ponderado los términos de la Ley Nº 10.740 de Rescate, Protección y Promoción de la Cultura Tradicional Entrerriana.

“El juez está legitimando la violencia”

“A través de esta sentencia, al llegar a esa conclusión, el juez está legitimando la violencia”, señaló el letrado y explicó: “nuestro principal argumento es que ya hay una ley penal, que es una ley penal nacional, federal, que se aplica en todo el país. Entonces, una norma provincial no puede regular lo que una ley penal nacional ya prohíbe.

Concretamente, el artículo 3, inciso 8, de la ley penal 14.346, que es la ley penal que protege a los animales, establece categóricamente como delito "los espectáculos públicos en donde se mate, hiera u hostilice animales”.

Di Benedetto reprochó que el magistrado se haya basado en una ley, la Nº 10.740, “que ni siquiera está reglamentada, por lo tanto no se puede aplicar. El juez sostiene que no encuentra ilegalidad en la jineteada y que en todo caso habría que cuestionar la constitucionalidad de la ley y dice que, bueno, al estar regulado esto no encuentra ilegalidad en el acto, y dice que la cuestión se tendría que dirimir en el Poder Legislativo. Por supuesto que no, porque cuando hay una ley injusta o hay una privación de derechos, tenés que recurrir al juez. Para eso están los jueces, para que se aplique el derecho”.

“Vamos a apelar”

“Los animales son seres sintientes. Si yo a vos te pego un balazo, es un estímulo externo que te va a generar una experiencia muy negativa. Con los animales pasa lo mismo. En razón de su sintiencia, tienen que ser protegidos”, observó.

Hay fallos que han declarado a los animales sujetos de derecho, insistió, algo que el juez de Paz de Oro Verde no tuvo en cuenta. “Lamentablemente, el juez hace una interpretación muy escueta, jurídicamente muy pobre, la cual vamos a apelar en su totalidad”.

Di Benedetto cuestionó además que el magistrado haya cargado con las costas sobre las espaldas de las ONG que accionaron. “En este tipo de procesos colectivos, en los que se debaten cuestiones de interés público, no se impone costas a las ONG. Eso lo prevé la misma Ley de Procedimientos Constitucionales y los códigos procesales. Uno está acostumbrado a perder con algunos fallos. Lo que no me esperaba es una sentencia tan desastrosa”, aportó. Ahora.

La espiral descendente de Federico Uriburu, el ex fiscal desplazado en medio de situaciones escandalosas, tocó fondo hace unos días, a raíz de haber sido denunciado por abuso sexual de una menor de edad y privación ilegítima de la libertad de otras dos a las que trasladaba como chofer de una aplicación.

La denuncia contra Uriburu fue presentada hace unos días en la Unidad Fiscal de Atención Primaria y, según pudo saber Página Judicial, quedó a cargo de la fiscal Ileana Viviani, quien les tomó declaración a las adolescentes e instó al ex fiscal a designar abogado defensor.

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del 30 de agosto de 2025. La noche anterior, Uriburu había estado festejando su cumpleaños y, tras la celebración, salió a trabajar como chofer de aplicación, a lo que se dedica desde que renunciara como fiscal de Rosario del Tala –antes había estado en Nogoyá–, en septiembre de 2023.

En esas circunstancias, acudió a un mensaje para levantar pasajeros en cercanías del Patito Sirirí, en Paraná, donde subieron tres chicas jóvenes al Chevrolet Cruze. Ellas dicen haberle indicado un recorrido, hacia el centro, pero que el conductor se negó y, en cambio, condujo hasta el sudeste de la ciudad, donde bajó una de ellas; luego continuó el recorrido y, mientras transitaban por calle Gualeguaychú, habría obligado a otra de las jóvenes a conducir el automóvil, provocando un accidente. Las cámaras de videovigilancia públicas registraron el choque contra un semáforo a las 3.43.

Una de las adolescentes relató además que durante el viaje habría sido abusada sexualmente por Uriburu, en presencia de sus amigas. La víctima tiene 16 años.

La agente fiscal Ileana Viviani inició una investigación penal preparatoria, atribuyó a Uriburu la posible comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual simple y lo instó a designar abogado defensor, entre otras medidas. Paralelamente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) clausuró un sumario que tenía abierto en su contra desde mayo de 2023 y dispuso su cesantía como empleado.

El fiscal patotero

La denuncia contra Uriburu es la última de una serie que lo tuvo en el centro de la escena cuando ejerció como fiscal interino, primero en Nogoyá y más tarde en Rosario del Tala, hasta que fue renunciado, en septiembre de 2023.

Uriburu, de 45 años, ingresó al Poder Judicial en 2002, mientras cursaba la carrera para ser abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue empleado provisorio y suplente en la antigua Cámara Primera en lo Criminal de Paraná, hasta que titularizó el cargo en 2012, previo concurso de antecedentes y oposición; y un año después pasó a desempeñarse en el Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá.

En 2014, cuando se implementó el sistema acusatorio, el procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, lo designó como fiscal auxiliar provisorio. Ahí alcanzó el pico de popularidad el día que ordenó el allanamiento del convento de Carmelitas Descalzas, luego de que una investigación periodística revelara situaciones de malos tratos y torturas físicas y psicológicas que sufrían las religiosas internas. Por el hecho imputó a la madre superiora, Luisa Ester Toledo, que finalmente terminó condenada a tres años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de dos carmelitas.

Pero su luz se apagó prontamente. Uriburu sostiene hasta el día de hoy que, desde distintos sectores del poder político y judicial, estrechamente vinculados a la Iglesia, le cobran una factura por aquella causa.

En 2020 fue denunciado por violencia de género. En los días previos al inicio de la cuarentena, y haciendo ostentación de su cargo, Uriburu hostigó a una mujer en el bar Nicéforo. Primero se ofreció a sacarle una foto mientras estaba con un grupo de amigas, después intentó arrancarle su número de teléfono y finalmente la abordó en el baño del bar. Esa noche terminó en escándalo cuando el novio de la mujer increpó a Uriburu para que cesara en su actitud.

Lo cierto es que Uriburu persistió en los mecanismos de acoso hacia la mujer, enviándole mensajes de texto; llegó a amenazar a su pareja, un empleado del Juzgado de Paz de Lucas González; e incluso pretendió manipular a la jueza y al dueño del bar para que declararan en su contra.

En su paso por Nogoyá también logró tejer relaciones con abogados locales, no precisamente con lo más prestigiosos; en el mundillo de los tribunales se hablaba del accionar vidrioso del fiscal y al procurador le llegaron datos sobre intercambios que podrían ser calificados de impropios con otros profesionales.

El Procurador García no le soltó la mano, pero en diciembre de 2020 buscó oxigenar la jurisdicción y envió a Uriburu a Rosario del Tala, para que asumiera como fiscal interino ante la jubilación de quien venía desempeñándose en el cargo desde hacía décadas.

Su paso por Rosario del Tala terminó de la peor manera. Renunció en septiembre de 2023, luego de que una empleada judicial con quien había formado pareja lo denunciara por abuso sexual.

La mujer, una profesional del equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial, declaró ante la Oficina de Violencia de Género del STJ y dijo, entre otras cosas, que Uriburu la intimidaba jactándose de su relación con el procurador García y la camarista Marcela Badano: “Hacía alarde de sus vínculos y relaciones laborales en el marco de la violencia que ejercía sobre mí”, dijo la mujer.

Esa denuncia sentenció su suerte. El alto cuerpo le inició un sumario bajo los cargos de haber violado el deber de “guardar una conducta pública y privada compatible con el cargo”, tomando en consideración las reiteradas denuncias de violencia de género que se han interpuesto en su contra y el procurador García lo renunció a las pocas semanas.

Uriburu no volvió a pisar tribunales. Siguió percibiendo una parte de su sueldo durante dos años. Hasta este martes, ya con la denuncia por abuso sexual simple y privación ilegítima de la libertad sobre sus espaldas, en que el STJ le puso punto final al sumario administrativo y dispuso su cesantía. Ahora tampoco podrá ganarse la vida como chofer de aplicación. Ya no.

Virué es un abogado muy reconocido dentro de la provincia y fuera de ella. Este larroquense fue secretario de Justicia de Entre Ríos y a nivel nacional fue Director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la Nación desde el 2009 al 2010. Con estos pergaminos, no es para nada extraño que desde todos los operadores de la Justicia y del Gobierno hayan coincidido en que este larroquense sea quien canalice todas las necesidades de los trabajadores del Derecho para mejorar el sistema de justicia de Entre Ríos.

En diálogo con EL ARGENTINO, Virué manifestó que hay un reclamo coincidente desde los operadores judiciales sobre la necesidad de actualizar cuestiones dentro del procedimiento que han quedado obsoletas. Hace trece años atrás se implementó el actual sistema de enjuiciamiento y desde entonces no se han realizado mejoras.

“La idea es establecer algunas cuestiones que no están reguladas, y para eso, la Secretaría de Justicia me designa a mí como representante ante el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Concepción de Uruguay, que son las que tienen las carreras de derecho en la región, para que yo canalice, recepte las inquietudes de todos los sectores y se plasmen en un proyecto de ley que va a ser elevado a la legislatura”, explicó Virué.

Anteriormente hubo un proyecto del Ejecutivo, cuando el gobernador era Gustavo Bordet, que fue retirado por el gobernador Rogelio Frigelio, que ahora con estas sugerencias e inquietudes desde los distintos sectores, se van a incorporar al que el Gobierno Provincial pretende que sea aprobado en ambas cámaras.

“Hay una discusión, fundamentalmente, sobre el tema de los plazos de la investigación penal. Por un lado, el interés del Estado y de la sociedad en que se castiguen los delitos, y por el otro lado, está la garantía constitucional al principio de inocencia y la necesidad de una respuesta rápida por parte de la Justicia a un ciudadano que está sometido a un proceso penal”, indicó el abogado.

Virué explicó que se intentará buscar “un equilibrio entre estas dos cuestiones para plasmarlo dentro del Código Procesal Penal”. “También se pretende incorporar la figura del informante y del arrepentido, y la posibilidad de que el Estado intervenga no solo como actor civil, que es lo que hoy puede hacer, sino también como querellante para contribuir en la investigación criminal”, agregó.

Por el momento, “estamos receptando las inquietudes y durante septiembre para tratar de plasmar todo durante octubre y parte de noviembre, y ahí socializarla con los diferentes estamentos para que generen observaciones eventualmente. De allí pasará al Ejecutivo para su revisión por la Secretaría Legal y Técnica y, en su caso se envía el proyecto a la Legislatura”.

“En muchos casos habrá sustitución de artículos y en otros habrá agregados, y en otros puede haber incorporación de nuevos artículos al texto del Código Procesal Penal”, añadió el entrevistado.

Algunas de las cuestiones que se pretenden mejorar dentro de esta nueva reforma del proceso penal, se encuentra una regulación de una etapa previa a la Investigación Penal Preparatoria y su duración. Lo mismo con respecto al proceso y los plazos para resolver. Existe una problemática actual con los juicios por jurados que en algunos casos tienen un atraso en la fijación de audiencias.

También se analizan las facultades de la querella para pedir la elevación a juicio o exigir pronunciamiento a la Fiscalía ante la omisión. Las potestades del Juez de Garantías en la etapa intermedia. Los límites del control de la acusación y delimitación de las decisiones que son apelables. La regulación de la prueba digital. El decomiso anticipado en delitos graves. La regulación específica de la acción privada cuando el MPF dispone archivo y es confirmado por el Coordinador.

Otras cuestiones también involucran a la incorporación del proceso contra personas jurídicas. La eliminación en la etapa intermedia de la unificación de acusación entre MPF y acusador privado en caso de discrepancia entre ambos. Incorporación expresa de la acusación alternativa o subsidiaria. La posibilidad del Estado de asumir el rol de querellante (en el proceso penal). Regular la incorporación a debate de la declaración de la víctima y del dictamen del perito fallecida. Y la posibilidad de vía recursiva de víctima y Fiscalía en caso de veredicto absolutorio en el juicio por jurados.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el abogado Gregorio Dalbón, quien la acusa de abuso de autoridad al solicitar allanamientos a periodistas y medios de comunicación con el presunto objetivo de amedrentar y censurar. La denuncia se presentó un día después de que la ministra, en nombre del Gobierno, denunciara un supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según Dalbón, el pedido de Bullrich incluía “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Entre los objetivos de los allanamientos figuraban los estudios de Carnaval Stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.

Además de los allanamientos, la ministra solicitó una medida cautelar inédita: prohibir la difusión, reproducción o circulación de los audios y cualquier otro material obtenido durante la operación denunciada, bajo apercibimiento legal. Para Dalbón, esto representa un “intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”.

La denuncia sostiene que la acción no se limitó a periodistas específicos, sino que buscó restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, configurando una forma de censura indirecta y masiva. El abogado calificó la denuncia de Bullrich como un “instrumento de intimidación” destinado a condicionar la libertad de prensa.

Dalbón encuadró el accionar de Bullrich en el delito de abuso de autoridad, señalando que se trató de un caso de extralimitación funcional. Argumentó que los allanamientos a medios, el secuestro de equipos de trabajo y la intención de prohibir la difusión de información periodística son acciones “manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

El episodio generó un debate intenso sobre los límites del poder del Ministerio de Seguridad y la protección de la libertad de prensa en Argentina. Mientras los defensores de la ministra insisten en la necesidad de investigar el supuesto espionaje, los críticos alertan sobre los riesgos de que el Estado utilice la denuncia penal como herramienta de presión contra los periodistas.

La situación también coincide con la creciente tensión en torno a la divulgación de los audios de Karina Milei, que han provocado polémica y movilizado a diversos sectores del periodismo y la opinión pública. La causa aún no tiene definiciones judiciales, pero la citación de Bullrich a prestar declaración indagatoria podría marcar un hito en la jurisprudencia sobre libertad de expresión y límites del poder estatal en el país.

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

La dimensión de las acusaciones contra Maraniello llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados. La organización sindical celebró entonces “haber logrado la consigna policial en el horario laboral” y remarcó que el juez fue notificado conforme al artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina, encabezada por el abogado César Grau.

Los expedientes contra Maraniello abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes declaró haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas en el organismo. La empleada argumentó que asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su empleo, y relató haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos. Señaló además que se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, sumados a observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar pedidos personales. Informó que los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios persistentes fuera de lugar. Según pudo saber Infobae, la víctima comunicó que necesitó medicación para soportar el contexto laboral, mencionó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y finalmente formalizó la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.

En estos casos, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino para tomar declaración, aunque la denunciante aclaró que no pretendía instar acción penal. Según la fiscal Mariana Labozzetta, el hecho podría revestir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello. Por ese motivo, el expediente pasó a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

El proceso disciplinario continúa con la evaluación de pruebas y testimonios. Mientras tanto, la Comisión de Disciplina analiza si corresponde aplicar sanciones administrativas o eventualmente girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez.

De acuerdo a la documentación, las denuncias contra Maraniello incluyen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. Varios expedientes fueron remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, aunque permanecen bajo reserva y no tienen difusión pública.

El gremio judicial remarcó que el avance de las entrevistas con empleados actuales y ex empleados ha permitido conocer “más y más casos”. En uno de los testimonios, la víctima describió su situación de vulnerabilidad, mencionando que era hija de un camionero y dependía del empleo como trabajadora interina para sostener sus estudios, siendo la primera universitaria de su familia.

La intervención de Maraniello en el escándalo de los audios de Karina Milei coincide con el avance de las causas en su contra. La filtración de los supuestos audios generó un operativo judicial del entorno presidencial para controlar la difusión.

Otra denuncia

El Gobierno presentó una denuncia judicial tras la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” orientada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. Acusa de maniobra golpista y alude a la participación de sectores de la oposición. El expediente quedó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.

La acción judicial estuvo acompañada por una orden del juez Alejandro Marianello, quien dispuso que cesara inmediatamente la difusión de los audios. El fallo, favorable a Karina Milei, busca evitar nuevas filtraciones por considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles. Además, el Gobierno solicitó el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y apuntó a los responsables de su publicación y a allegados de la diputada Marcela Pagano.

Según la denuncia, la difusión se produce en un “momento estratégico”, coincidente con la etapa clave de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales. El Gobierno interpreta esta coincidencia como parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado y denuncia que la utilización de los audios representa un hecho grave sin precedentes en la política argentina.

Fuentes del Ejecutivo reconocen preocupación interna por el impacto de la crisis, consideran que la revelación de los audios afectó la motivación de la militancia y resaltan el riesgo de que la crisis política se profundice si el oficialismo no logra un resultado favorable en los comicios próximos.

El oficialismo atribuye la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen y señala la coordinación de sectores opositores, en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna que agrava la situación del Gobierno nacional. (Infobae)