El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Capital Federal dispuso no hacer lugar a las peticiones planteadas por la representación legal de Cristian Gabriel Álvarez Congiu, en la causa donde se investiga el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano.

Durante el desarrollo de la jornada judicial, el equipo letrado integrado por los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro fundamentó dos solicitudes principales: por un lado, la nulidad del debate y la consecuente suspensión de las actuaciones bajo el argumento de que el imputado no se encuentra en condiciones cognitivas ni psíquicas para afrontar el juzgamiento; por otro lado, el cambio de modalidad procesal para habilitar la realización de un juicio por jurados populares.

Los jueces integrantes del tribunal, Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, resolvieron desestimar ambos requerimientos. Ante este pronunciamiento, la defensa del acusado ratificó que presentará un recurso ante la Cámara de Casación Penal y promoverá una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De igual modo, los profesionales confirmaron la presentación de un planteo en la justicia federal en base a presuntas irregularidades vinculadas a la validez del procedimiento.

La representación técnica del imputado sostuvo sus argumentos citando informes emitidos con anterioridad por el Cuerpo Médico Forense, los cuales aludían a un deterioro psico-orgánico de carácter grave. En esa línea, la defensa insistió en la necesidad de incorporar estudios médicos de alta complejidad al expediente para verificar el estado de salud actual del procesado.

Pese a los reclamos formulados por la parte defensora y las incidencias surgidas durante la audiencia presencial, la magistratura resolvió dar continuidad al cronograma establecido para el debate oral. La jornada continuó según lo previsto con la toma de declaraciones a los integrantes de las fuerzas de seguridad convocados en calidad de testigos para aportar precisiones sobre las actuaciones iniciales llevadas a cabo en la escena del hecho.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú resolvió reducir a la mitad los honorarios profesionales fijados en un proceso de homologación de un acuerdo de alimentos, al considerar que la aplicación estricta del mínimo establecido por la ley arancelaria derivaba en una suma desproporcionada para quienes debían afrontar el pago.

El caso surgió a partir de la apelación presentada por dos abuelos, quienes habían sido obligados en forma subsidiaria a abonar una cuota alimentaria mensual de 160.000 pesos. Además de esa obligación, debían afrontar los honorarios de los abogados intervinientes, regulados inicialmente en diez juristas para cada profesional, lo que equivalía a $816.939,60 por cada uno.

Los jubilados cuestionaron esa regulación al sostener que el monto representaba el equivalente a unas catorce cuotas alimentarias y resultaba imposible de afrontar con ingresos provenientes de jubilaciones mínimas.

Al analizar el planteo, la vocal Ana Clara Pauletti consideró que no era necesario declarar la inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley Arancelaria Nº 7.046, tal como habían solicitado los apelantes. En cambio, entendió que correspondía aplicar el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación, que faculta a los jueces a fijar una retribución equitativa cuando el resultado de aplicar la escala arancelaria genera una evidente e injustificada desproporción entre el trabajo realizado y los honorarios resultantes.

En su voto, la magistrada destacó que el acuerdo alimentario había sido alcanzado durante la instancia de mediación prejudicial, sin necesidad de un proceso judicial complejo. Además, señaló que tanto la persona que reclamaba los alimentos como los abuelos obligados al pago se encontraban en una situación de vulnerabilidad económica.

El fallo también advirtió que una aplicación inflexible de los mínimos arancelarios puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la Justicia, especialmente en casos donde quienes deben afrontar esos costos cuentan únicamente con haberes jubilatorios mínimos.

Con esos fundamentos, la Cámara resolvió fijar los honorarios en cinco juristas para cada abogado, reduciendo a la mitad la regulación original por considerar que ese monto guardaba una relación más razonable con la tarea profesional desarrollada y con las circunstancias particulares del caso. Con información de Diario Judicial

La investigación por la muerte de Milagros Zoé Schimf, la joven hallada sin vida en la ciudad de Concordia, ingresa en una etapa de definiciones clave. La querella, representada por los abogados Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain en nombre de la madre de la víctima, determinó cuáles serán los ejes fundamentales de su estrategia judicial: el primer objetivo irrenunciable es descartar por completo un femicidio, para luego acreditar la hipótesis de una instigación al suicidio provocada por un entorno de violencia de género.

Por el hecho se encuentra detenido e imputado su expareja, Maximiliano César Acosta. Durante la última semana, el juez de Garantías Francisco Ledesma dictó 90 días de prisión preventiva para el acusado. Acosta enfrenta cargos no solo por la presunta instigación al suicidio, sino también por amenazas y dos hechos de desobediencia judicial, en una causa liderada por la fiscal Evelina Espinosa.

"Nuestra tarea principal en principio es descartar que se trate de un femicidio. La familia necesita quedarse tranquila de que, en todo caso, se trató de una autodeterminación y bajo qué contexto se dio", afirmó la letrada.

Actualmente, las partes están a la espera de que se incorpore de forma oficial el informe final de la autopsia al expediente, un elemento pericial que resultará científico y determinante para clausurar la hipótesis de una muerte violenta directa a manos de un tercero.

El legajo judicial no parte de un hecho aislado; cuenta con un denso historial de agresiones previas que configuran el delito de violencia de género. Entre los antecedentes que forman parte de la investigación penal se enumeran:

La iniciativa, considerada pionera a nivel nacional, será aplicada en todos los juzgados civiles y comerciales con competencia sucesoria de la provincia y abarcará específicamente la etapa vinculada a la declaratoria de herederos.

Según se informó, el nuevo esquema digital permitirá simplificar procedimientos, optimizar la administración de datos y brindar mayor previsibilidad a quienes deban atravesar un proceso sucesorio. Actualmente, el tiempo promedio para obtener una declaratoria de herederos ronda el año y medio desde la presentación inicial. Con la implementación del sistema, se estima que ese plazo podría reducirse a entre 45 y 60 días, siempre que la documentación requerida sea presentada correctamente y se cumplan las exigencias procesales correspondientes.

La medida fue formalizada mediante el Acuerdo Nº 16/26 del STJER y establece que, a partir de agosto, todas las sucesiones sin testamento deberán iniciarse a través de un formulario digital disponible en la Mesa Virtual. Este mecanismo reemplazará la tradicional demanda sucesoria y también eliminará el uso de la denominada “foja 0”.

De esta manera, las Mesas Únicas Informatizadas (MUI) o áreas de Superintendencia recibirán directamente las solicitudes mediante el sistema SIRIRI, realizarán el sorteo correspondiente y asignarán cada expediente al juzgado competente. Además, la tasa de justicia será calculada y generada automáticamente por la plataforma al momento de completar el trámite.

El proyecto comenzó a gestarse en 2023 por impulso de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, que conformó una comisión específica para estudiar alternativas de automatización. Tras varios meses de trabajo técnico y de consenso, en noviembre de 2025 se puso en marcha una prueba piloto en distintos juzgados de la provincia.

Luego de más de seis meses de funcionamiento experimental, las autoridades judiciales concluyeron que la herramienta cumplió con los objetivos previstos, por lo que resolvieron extender su utilización a toda la jurisdicción provincial.

Paralelamente, el Instituto Alberdi lleva adelante instancias de capacitación destinadas tanto a personal judicial como a abogados y abogadas. La primera cohorte ya se encuentra en desarrollo y reúne a más de 800 participantes entre ambos sectores. También está prevista una nueva convocatoria para quienes deseen capacitarse antes de la entrada en vigencia del sistema.

Desde el Poder Judicial destacaron que la plataforma fue diseñada con una lógica sencilla e intuitiva, incorporando herramientas que guían al usuario durante cada etapa del trámite, unifican criterios de gestión y requieren únicamente la información indispensable para avanzar en el proceso sucesorio.

En su camino al título, en la zona de grupos vencieron a Junín 3 a 0, luego empataron con los locales 1 a 1 en un partido donde los árbitros hicieron lo imposible para torcer la suerte a favor de Catamarca, y cerraron la fase con otro empate ante Santiago del Estero.

Ya en octavos de final, dejaron atrás a La Plata con un inobjetable 2 a 0; luego –en cuartos de final- llegó el turno de Rosario y en un partido con muchas emociones estamparon un nuevo 2 a 0 para conseguir el pasaje a las semifinales. En la anteúltima instancia se enfrentaron a la poderosa Córdoba, donde en un partido muy luchado y sufrido se alzaron con un contundente triunfo por 2 a 1 dejando atónitos a sus rivales que no podían creer que “David venciera a Goliat”. Y así llegaron a la ansiada final que se disputó en el Estadio Bicentenario de Catamarca, donde en un partido donde el cansancio fue protagonista, Aston Birra fue superior a su rival –nuevamente Junín- y cuando parecía que nuestros representantes se alzarían con la victoria 1 a 0, una jugada aislada estampó el empate 1 a 1, indicando que todo se definiría en los penales.

La definición por penales fue para el infarto, a tal punto que el Colegio de Junín estuvo a un penal de lograr el ansiado título, pero los nervios jugaron su papel y el ejecutor erró el disparo; lo que permitió que Aston Birra que venía abajo pueda empatar la definición. Luego llegó la locura, Enrique Garbino –de desempeño soberbio durante todo el torneo- contuvo una nueva ejecución de los Juninenses, y Lucio Benítez no dejó escapar la oportunidad para que la abogados entrerrianos puedan decir por primera vez “Somos Campeones Nacionales”.

Ahora vendrán los festejos y luego a preparar el nuevo torneo nacional que se disputará en Salta el próximo año, donde el nombre “Aston Birra” será cabeza de serie por mérito propio.

El plantel campeón estuvo integrado por Enrique Garbino, Martin Céspedes, Matías, Heit, Lucio Benítez, Ramiro Nario, Paolo Ronconi, Gastón Vera, Martín, Gonzalo, Leonardo Martínez, Norberto Rossi, Leonardo Chesini, Gastón Popelka, Gustavo Risso, José Gabriel, Francisco Irigoyen y Enzo Solar; acompañados por los colaboradores, Marcos Casarotto, Mariano Vela y Pablo Reynoso, siendo el Dr. Enzo Bossi el médico del plantel.

La Cámara de Senadores a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos; y el Instituto de Formación Legislativa, implementaron los cursos de capacitación en Ley Micaela Nº27.499 (formación en género y violencia de género) y Ley Yolanda Nº27.592 (capacita en temáticas ambientales, desarrollo sostenible y cambio climático), que se ponen a disposición del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos para brindarlos a sus matriculados.

La rúbrica del convenio se llevó a cabo este martes al mediodía en el Salón de la Vicegobernación de Entre Ríos. Participaron la vicegobernadora de la provincia y presidenta de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, junto al presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel.

Estuvieron presentes, además, las coordinadoras de Observatorio de Géneros y Derechos Humanos; Lucia Borroni y el Instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi; la prosecretaria y la coordinadora de la Cámara de Senadores, Sara Foletto y Julieta Sosa; y los asesores legales Fernando Monge, María Luisa Domínguez, Rubén Sieber.

Luego de la ceremonia, el presidente del Colegio de la Abogacía, expresó: “La firma de este convenio reviste de vital importancia porque es fundamental tener colegas capacitados. A través de la Vicegobernación, se abre la posibilidad de poder acceder a la firma de un convenio sumamente importante para todos los matriculados y matriculadas de la provincia, como es la capacitación en la Ley Yolanda y en la Ley Micaela, con lo cual creemos que un beneficio para los colegas va a redundar a la larga en un beneficio para la sociedad”, remarcó abogado. (Fuente: APFDigital)

La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) oficializó este martes la primera demanda colectiva contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y sancionada en el Congreso. La presentación se realizó tras el puntapié inicial de la CGT, que había movilizado a Tribunales para abrir el camino judicial contra la normativa.

La demanda busca que la Justicia declare la invalidez de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que vulneran derechos reconocidos por la legislación vigente. Desde la entidad remarcaron que el planteo no responde a una disputa partidaria, sino a una discusión jurídica. “No se trata de una discusión política. Se trata de una discusión constitucional”, señalaron al anunciar la presentación.

Los abogados del Estado argumentaron que el artículo 14 bis de la Constitución protege derechos fundamentales que, según su interpretación, se ven afectados por la nueva normativa. La acción colectiva abre así el primer frente judicial contra la reforma laboral, en un contexto en el que distintos gremios y organizaciones ya habían anticipado que recurrirían a la Justicia para intentar frenar o modificar algunos de los cambios introducidos.

La iniciativa marca un paso relevante en la estrategia de oposición a la reforma, ya que instala el debate en el ámbito judicial y no solo en el político o sindical. Se espera que otras entidades y gremios se sumen con presentaciones similares en las próximas semanas, ampliando el alcance de las demandas colectivas. Fuente: APFDigital

Ya lo decía el recordado Roberto Fontanarrosa a través del gran Inodoro Pereyra: “La historia lo juzgará. Pero tiene el mejor de los abogados: el olvido”. Y por eso siempre es bueno traer a la memoria hechos que marcaron un momento de la historia, aunque pareciera que en la Argentina no existiera el pasado.

Muchas veces los nombres de las calles parecieran ser sólo eso: nombres de calles que nada tienen que ver con nosotros, pero detrás de esas nomenclaturas hay algo más, se trata de personas de carne y hueso que la historia quizá no los premió con avenidas importantes, sino con arterias periféricas para minimizar lo que sus figuras representaron.

Pero para hablar de un hecho particular de la historia hay que primero trazar un marco de lo que sucedía no sólo en el país, sino en el mundo. Analizar lo general para comprender lo particular, que en este caso se trata del crimen del senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere, muerto balazos en una sesión en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, durante la exposición del senador Lisandro De La Torre, cuando ventilaba la corrupción tras el pacto el vicepresidente Julio Argentino Roca (H) y el representante del imperio británico Walter Runciman, y la complicidad de los funcionarios del gobierno de facto del general Agustín Pedro Justo.

La crisis del 30

El 24 de octubre de 1929 Estados Unidos amaneció con el derrumbe del mercado de valores, que arrastró a miles de inversores. Muchos perdieron sus grandes fortunas y los dólares que los capitalistas tenían, se evaporaron. Esto no sólo afectó a Estados Unidos, sino que trajo réplicas en todo el mundo.

Por aquellos años, Inglaterra era el principal socio comercial de la Argentina, y como ocurre siempre, los países centrales hacen sus negocios y los que la terminan pagando son los países periféricos.

Inglaterra era el principal comprador de carnes de la Argentina y a causa de esta crisis bajó de golpe un 40 por ciento el valor de nuestras exportaciones. Esto llevó a que gran parte de los productores del campo, medianos y pequeños, se fundieran. Por lo tanto, hubo una crisis tremenda en el campo y el país se quedó divisas para importar.

En ese momento, Argentina era un país que producía muy poco, que tenía una industria muy endeble y a consecuencia de lo que sucedía en el campo, se originó una expulsión de la mano de obra rural a las ciudades. Pero esto trajo aparejado la aparición de nuevas fuentes de trabajo en una industria que se abría para sustituir las importaciones. Se empezaba a fabricar localmente lo que antes se importaba.

Lo que ocurrió es que esos nuevos puestos de trabajo no alcanzaban para satisfacer los números de desocupación. La crisis era muy grande y el hambre de la gente también, y las clases dominantes tuvieron la excusa perfecta para volcar esa animosidad social en la figura del presidente Hipólito Yrigoyen. Fue así que el 6 de septiembre de 1930, los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo lideraron el golpe de Estado que interrumpió por primera vez en nuestra historia el orden democrático y dio inicio a la llamada "Década Infame".

Uriburu, premiado con una importante calle de Buenos Aires y otras tantas en distintos puntos del país, no hizo nada diferente a lo que sus predecesores iban a hacer a lo largo de los reiterados golpes de Estado que sufrirá la Argentina más adelante. Prohibió partidos políticos, suspendió elecciones e implementó ley marcial y censura. Buscaba un orden corporativista y autoritario, influenciado por el fascismo creciente en Italia y Alemania. Intentó reformar la Constitución con la intención de quedarse en el poder, pero fracasa ante un descontento popular y como figura de recambio aparece Agustín P. Justo, su coequiper en el golpe, que gana en unas elecciones completamente fraudulentas en 1932, que la historia lo conoció como “fraude patriótico” porque se proscribió a la Unión Cívica Radical. Uriburu abandonó el país, se exilió en Europa y murió poco después.

La visita a Gualeguaychú

Agustín P. Justo asumió la presidencia en 1932 y se mantuvo en el poder hasta 1938. Nacido en Concepción del Uruguay en 1876, este militar e ingeniero tuvo un vínculo muy especial con Gualeguaychú. Visitó la ciudad el 29 de mayo de 1937 y se convirtió en el tercer presidente en hacerlo, detrás de Urquiza y Avellaneda. Lo hizo en el yate presidencial "Tecuara", llegando al renovado puerto de Gualeguaychú y fue en el marco de la inauguración de importantes obras, entre las que se destacaba la flamante costanera, la Avenida Del Valle, y el Asilo de Ancianos en lo que actualmente es el Instituto Agrotécnico; entre otras obras que había traído el diputado nacional Juan Francisco Morrogh Bernard.

“Nadie olvidaría por ejemplo, el vuelo de la escuadrilla de dieciocho aviones en el momento en que el Presidente pisaba Gualeguaychú”, escribió el periodista Fabián Magnotta el 5 de noviembre de 1995 en Cuadernos de Gualeguaychú de diario EL ARGENTINO.

Justo, Roca y la Commonwealth

Al flamante presidente Justo lo acompañó en la fórmula Julio Argentino Roca, el hijo del conquistador del desierto; y fue en ese contexto de crisis mundial que Gran Bretaña decide comprarles exclusivamente a sus colonias, conocidas como la Commonwealth, la comunidad británica de naciones.

Esta decisión dejaba afuera a la Argentina como proveedor de carne y demás derivados del sector agrícola ganadero, y originó que los terratenientes argentinos entraran en pánico. Enviaron a Londres una misión encabezada por el vicepresidente Roca, que fiel a su estirpe familiar, brindó un discurso en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, donde dijo sin temor a cipayismo, que la Argentina merecía ser parte del imperio británico.

Roca trata por todos los medios que la Argentina se incorpore a la Commonwealth, pero a Inglaterra no le interesaba y se aprovechó de la desesperación criolla. En todo caso, le dicen a Roca que están dispuestos a hacer un pacto comercial, y así se firma el 1 de mayo de 1933 el Pacto Roca-Runciman. El vicepresidente argentino y el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman, firman un acuerdo verdaderamente vergonzoso que Arturo Jauretche lo define como “el acta del coloniaje”.

Inglaterra solamente se compromete a comprar carne argentina en la medida que sea más barata que la de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Incluso, decía el propio pacto, que si salido del puerto el embarque de carne argentina, Gran Bretaña se enteraba que había una carne más barata en otro lado, podía suspender la compra. Hasta ese punto de humillación llegaba el acuerdo.

A cambio, Argentina se compromete a dejar entrar a las empresas británicas sin pagar ningún derecho, y nuestro país acepta la imposición anglosajona que solo podrá establecer frigoríficos nacionales si no tenían fines de lucro. Parece un chiste, pero no lo era. Inglaterra le imponía al país que no podía instalar frigoríficos propios y fue así que creció enormemente el poder de los frigoríficos británicos, como por ejemplo, el famoso Anglo en la Isla Maciel, en Avellaneda, que había sido inaugurado en 1927, que tenía su similar en Fray Bentos, del otro lado del río Uruguay.

Asesinato en el Senado

En 1984, el director Juan José Jusid estrenó su película “Asesinato en el Senado de la Nación”, con la actuación de grandes actores como Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez, entre un largo elenco. No era una ficción, sino que estaba basado en los hechos que sucedieron 23 de julio de 1935. Esa tarde, mataron de tres balazos al senador nacional Enzo Bordabehere.

Pero esos disparos de arma de fuego no estaban dirigidos a este legislador electo que todavía no había asumido, sino que tenían como blanco a otro senador, que la historia poco rescata y que fue conocido como “el fiscal de la República”.

Lisandro De La Torre era Senador Nacional por Santa Fe del Partido Demócrata Progresista. Había llegado a un Congreso Nacional que se caracterizaba por la corrupción. Justo había llegado al poder de forma fraudulenta y de ahí para abajo todo estaba teñido de corrupción.

El Pacto Roca-Runciman fue el principio de una serie de entrega de soberanía a los británicos que De La Torre se encargó de denunciar dentro del recinto de la Cámara Alta. Durante cinco sesiones hizo público, de forma muy solitaria, los escandalosos negociados y la implicancia directa del Presidente Justo y dos de sus ministros, el de Agricultura y el de Hacienda, Luis Duhau y Federico Pinedo, respectivamente. Este último es el abuelo del Federico Pinedo del Pro, que casualmente ejerció el cargo de Presidente provisional del Senado de la Nación desde el 3 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019.

De La Torre presentó pruebas contundentes. Descubrió la facturación real que se enviaba a tierras británicas, escondida en cajas bajo el rótulo de corned beef, en un barco británico. Se llevaban las pruebas de la evasión fiscal y fraude, al calor del Pacto Roca-Runciman.

Esa tarde del 23 de julio de 1935, De la Torre va a denunciar esto en el Senado de la Nación, pero a medida que revela todo el entramado de corrupción, la situación comienza a calentarse y Duhau y Pinedo lo amenazan de muerte, pero este político socialista de 66 años, lejos de amedrentarse continuó.

Duhau, impunemente, contesta a la audiencia: “ya pagará todo este señor Senador, punto por punto, ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho”. De la Torre estaba completamente solo en el Senado y esperaba por la asunción de Enzo Bordabehere, otro santafesino que quería como a un hijo, que había sido electo Senador pero que Roca, como presidente de la Cámara, no aprobaba los pliegos para que asumiera y acompañara a De La Torre en la bancada demócrata progresista.

Bordabehere estaba esa tarde con la esperanza de que al terminar los temas de la sesión se pudiera tratar su pliego para finalmente asumir el cargo y acompañar a su mentor y maestro. Las discusiones eran cada vez más encendidas y las amenazas más impunes. Duhau era un estanciero bonaerense, vinculado a la Sociedad Rural. De la Torre reveló que Duhau se beneficiaba vendiendo ganado de su propiedad a los frigoríficos investigados.

A Pinedo le achacaba su papel como responsable técnico del tratado Roca-Runciman. Pero fue durante una discusión con este Ministro que todo sucedió. Fue insultado por Pinedo y De La Torre se paró de su banca y se dirigió hacia donde estaba Pinedo, pero al llegar, Duhau se interpuso y le dio un empujón. De la Torre cayó al piso.

“Bordabehere corrió en su auxilio, pero fue en ese instante que resonaron tres estampidos y, luego, otro. Pocos se dieron cuenta de que era Valdez Cora quien disparaba. Y que Bordabehere, al cubrir a De la Torre, se desplomaba en medio de un estallido de sangre. Tenía dos tiros en la espalda y, al girar el cuerpo hacia el hombre que gatillaba, recibió otro en el tórax. El cuarto disparo lo hirió a Duhau en la mano izquierda”, escribió el periodista Ricardo Ragendorfer en una nota publicada en Télam años atrás.

El comisario Valdez Cora

El sicario se había equivocado de blanco. El muerto debía ser De La Torre. Había sido otra “cagada” que se mandaba el ex comisario Ramón Valdez Cora. Este hombre de 42 años era el encargado del trabajo sucio del Partido Conservador y por haber apoyado el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, lo premiaron con el cargo de comisario de la Policía de Buenos Aires.

Pero no duró mucho. Se mandó varias macanas que imposibilitaron a sus padrinos a poder mantenerlo a la luz pública. Su carrera policíaca estuvo signada por apremios ilegales, abuso de poder y cobro de coimas, entre otras cositas.

Ese 23 de julio, Valdez Cora se encontraba en el Senado y no dudó en sacar su arma y disparar. Luego, salió corriendo del recinto, pero no alcanzó a abandonar el Congreso que fue detenido. Fue condenado a 20 años de prisión, y recuperó la libertad en 1953. Su muerte se produjo al año y medio, sin que nunca fueran identificados sus cómplices e instigadores.

Bordabehere fue despedido en Santa Fe ante miles y miles de personas. De La Torre quedó destruido y nunca se pudo recuperar. El General Justo ni siquiera decretó duelo por el asesinato de Bordabehere y esa misma noche del crimen asistió a una gala en el Teatro Colón. De La Torre declararía horas después del crimen: “Se conoce el nombre del matador, falta conocer el nombre del asesino”.

El duelo y la muerte

Pinedo, sin esperar que pasara un tiempo prudencial, retó a duelo a De La Torre ese mismo día del homicidio, “con motivo de las expresiones lujuriosas vertidas por el senador Lisandro de La Torre”, argumentó el diario El Censor de Gualeguaychú en aquella edición del 25 de Julio. “El lance se realizó esta mañana en Campo de Mayo, cambiándose los duelistas un disparo de pistola de acuerdo a los establecido por los respectivos padrinos, sin resultado”, se informó.

En el duelo, De La Torre disparó al aire, mientras que Pinedo tiró a matar, pero gracias a la mala puntería, la vida del Senador siguió unos años más, pero ya no era el mismo. Poco a poco se fue retirando de la vida política. Escribió sus memorias. El 5 de enero de 1937 renunció a su banca, cansado y abrumado por el silencio de la mayoría de la clase política, y dos años después se pegó un tiro en el corazón en su domicilio de Esmeralda 22, en la ciudad de Buenos Aires.

Un dato anecdótico: uno de los padrinos de Pinedo en el duelo fue Robustiano Patrón Costa, un político conservador salteño, que trascendió en la historia argentina por una frase que diría años más tarde con la llegada del peronismo. "Lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno, el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. ¡Ya no pedía. Discutía!".

Fuentes: Educ.ar - El pacto Roca Runciman y el comercio de carnes

Felipe Pigna – El Historiador

Adrián Pignatelli – Infobae

Crisis económica del 29 – La Izquierda Diario

Gualepedia – Cuadernos de Gualeguaychú

Hemeroteca Instituto Magnasco – Diario El Censor

Ricardo Ragendorfer – Télam – Prensa Red

El juez Sebastián Manuel Gianello, titular del Juzgado Laboral de Colón, hizo lugar al amparo sindical presentado por García y dispuso que el Municipio restituya a la trabajadora a su puesto original en la Plaza General Urquiza, en las mismas condiciones de tareas, jornada y remuneración. La resolución fija un plazo de 48 horas para cumplir la medida y advierte que, en caso de demora, se aplicará una multa diaria.

García, representada por los abogados Carlos y Federico Fenes, ingresó al Municipio en 2013 y desde entonces cumplió funciones en la plaza principal de la ciudad. En 2024 fue electa delegada sindical. Sin embargo, el 6 de enero de 2025 fue trasladada a la Zona de Acceso Dr. Bastián, bajo las órdenes de un nuevo responsable. Según su presentación, el cambio de lugar —a unos dos kilómetros de su puesto habitual— dificultó su labor gremial, ya que no cuenta con movilidad propia y debe registrar ingreso y egreso en su antiguo sector por falta de control horario en el nuevo destino.

La delegada sostuvo que el traslado vulneró la garantía sindical prevista en el artículo 52 de la Ley 23.551, que impide modificar las condiciones laborales de representantes gremiales sin una resolución judicial previa de exclusión del fuero. También señaló que la medida tuvo un carácter antisindical, ya que tanto ella como su compañera Carla Soto realizaban tareas activas de afiliación y asesoramiento.

En su fallo, Gianello consideró que la reubicación “impide el contacto con el personal y la realización habitual de las tareas de representación”, y que la cercanía geográfica no es un argumento suficiente para justificar el traslado. El juez destacó además que la simultaneidad en el cambio de destino de ambas delegadas y la ausencia de una reorganización general del personal constituyen indicios de una medida dirigida a obstaculizar la actividad sindical.

El magistrado remarcó que no existe constancia de una resolución judicial que haya autorizado la exclusión de tutela sindical, requisito indispensable para modificar las condiciones laborales de una delegada. Por ello, concluyó que el traslado es nulo y ordenó restablecer las condiciones previas. (Con información de El Entreríos)

El Gobierno analiza una fuerte desregulación de los colegios profesionales, lo que implicaría reducir controles, requisitos y sistemas de matriculación para diversas actividades como la abogacía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la enfermería, el corretaje y la actividad de los agentes de propaganda médica.

Así surge de un documento oficial que circuló en las últimas horas y que sería el borrador del proyecto que el Ejecutivo elevará próximamente, aunque las medidas no fueron incluidas en las modificaciones preliminares difundidas el martes tras la finalización del Consejo de Mayo, encuentro que no contó con la participación de la CGT.

Eliminación de matrículas y normas disciplinarias

El capítulo XXV del borrador propone la derogación de un conjunto amplio de leyes y estatutos que regulan el ejercicio profesional. Entre ellas figura la eliminación de la obligatoriedad de matriculación para los abogados porteños, modificando el artículo 2°, inciso b, y el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley 23.187, que regula la profesión en la Capital Federal.

El Gobierno ya había intentado una reforma similar a través del Decreto 70/2023, donde se proponía liberar la matrícula, eliminar el régimen disciplinario y suprimir los Colegios Departamentales de Abogados, además de modificar normas arancelarias de orden público. Sin embargo, aquellas disposiciones quedaron suspendidas por la Justicia.

El informe del Consejo de Mayo justificó la orientación general de estas medidas al señalar que “un profesional que debe matricularse para ejercer su profesión, un comerciante debe habilitar su local, pasar imposibles controles y cumplir exigentes requerimientos antes de poner sus productos a la venta”. El Gobierno enmarca allí su postura sobre la necesidad de “remover barreras” para ejercer actividades económicas.

Alcances sobre otras profesiones

El borrador también plantea la desregulación de la actividad de los agentes de propaganda médica, así como la eliminación de requisitos de ejercicio, matriculación y funciones específicas de los enfermeros a nivel nacional. En la misma línea, se propone modificar o derogar las normas que rigen la actividad de martilleros y corredores.

Para especialistas consultados, esta iniciativa podría impactar en los sistemas actuales de control ético, fiscalización del ejercicio profesional, definición de incumbencias y mecanismos disciplinarios, elementos que hoy dependen de los colegios profesionales.

Eliminación de estatutos laborales históricos

La orientación desregulatoria también alcanza a figuras laborales consolidadas. El documento propone eliminar:

El Estatuto del Periodista Profesional, que regula jornada, estabilidad, indemnizaciones especiales y condiciones de trabajo.

El Estatuto del Viajante de Comercio, que establece comisiones mínimas, indemnización especial y normas de contratación.

La Ley de Teletrabajo, que otorga derechos como la desconexión digital, reversibilidad a modalidad presencial y compensación por gastos de electricidad e internet.

Estas normas, vigentes desde distintas épocas y sostenidas por amplio consenso sectorial, estructuran relaciones laborales específicas que podrían quedar desreguladas en caso de aprobarse el proyecto.

Un debate que se anticipa complejo

La eventual presentación del borrador en el Congreso abrirá un debate político, judicial y sindical de alto impacto, dado que involucra profesiones colegiadas, derechos laborales y marcos regulatorios históricamente establecidos.

Hasta tanto el Gobierno oficialice la propuesta, permanece la expectativa en colegios profesionales, sindicatos y especialistas, que anticipan contrapuntos entre el objetivo gubernamental de “flexibilizar el ejercicio profesional” y las advertencias sobre la pérdida de controles, estándares y protecciones laborales. (Clarín)

Tras ser destituida como jueza y perder sus fueros, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola - que representan a Dalma y Gianinna Maradona en la causa por la muerte de su padre- pidieron la detención de Julieta Makintach.

El requerimiento fue presentado este jueves en el marco de una audiencia donde se trató el pedido de recusación de la exmagistrada a los fiscales que investigaron el escándalo del documental sobre el juicio por la muerte del Diez. Ella había alegado “irregularidades procesales”, una denuncia sobre la que deberá expedirse en los próximos días el juez de Garantías a cargo de resolver la situación.

En el marco de la jornada, los letrados Burlando y Améndola presentaron el escrito al que accedió Infobae, en el cual explicaron que durante la causa se revelaron irregularidades de Makintach definidas como “conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos directos de intimidación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves”.

Ante esta situación, señalaron: “Consideramos que deben adoptarse medidas cautelares que resulten idóneas para este caso concreto, resultando a nuestro entender la más adecuada y proporcional al riesgo de elusión y entorpecimiento probatorio la detención preventiva de la imputada Julieta Makintach”.

El pedido de detención se fundamenta en el artículo 148 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que habilita la adopción de medidas cautelares ante peligro cierto de fuga, peligro de entorpecimiento concreto y conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba.

Los letrados afirman que “la gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”.

En caso de que el juzgado considere que no se reúnen los extremos para la detención, los abogados solicitaron en subsidio la prohibición absoluta de salida del país y la entrega inmediata del pasaporte de Makintach, como así también la prohibición estricta de contacto y acercamiento con testigos, personal policial, funcionarios y periodistas vinculados a la investigación.

Entre los episodios señalados, mencionaron el envío de mensajes intimidatorios a la custodia policial Malen Tattí Romero inmediatamente después de que esta declarara en su contra, así como un contacto impropio con la médica esteticista María Eva Soledad Pereyra, a quien -acusaron- habría intentado influir en su testimonio tras enviarle material audiovisual relacionado con la causa.

También hay un fragmento destinado a la actitud de Makintach con los periodistas que cubrieron el caso.

Para los representantes de las hijas de Maradona, estos episodios no son hechos aislados, sino que configuran un “modus operandi orientado a manipular, condicionar y amedrentar a quienes aportan prueba esencial”.

El escrito enfatiza que existe “una conducta sistemática que es imprescindible hacer cesar”, y advierte sobre la capacidad de Makintach para intervenir el curso de la investigación, valiéndose de su rol funcional para acceder a dependencias, manipular registros y personal, e incluso ingresar personas al Poder Judicial en días inhábiles sin autorización.

“Además, venimos a requerir la orden de preservación y secuestro del material audiovisual del programa televisivo conducido por Nelson Castro, donde la imputada ha seguido realizando manifestaciones públicas incompatibles con su calidad de investigada”, solicitaron en otro tramo de la presentación.

Al final del documento, los abogados agregaron también la “prohibición de realizar comentarios, referencias, entrevistas o manifestaciones públicas sobre el proceso vinculado a la muerte de Diego Armando Maradona”, a fin de evitar la revictimización de Dalma y Giannina Maradona y la afectación del proceso penal principal.

El conflicto entre el Sindicato de Químicos y Petroquímicos y la empresa Laboratorios Pyam sumó un nuevo capítulo, cuando los representantes empresariales se ausentaron sin previo aviso a una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de Gualeguaychú.

Mientras tanto, en la calle, una multitud de obreros químicos se manifestó en respaldo al reclamo gremial, visibilizando una situación que se agrava semana a semana.

La audiencia fue encabezada por el prosecretario del sindicato, Martín Gómez, junto al abogado laboralista Andrés Ocampo, quienes denunciaron la falta de respuesta de la empresa y exigieron medidas concretas. “Pedimos que se apliquen las multas correspondientes y que en la próxima audiencia se convoque al dueño con fuerzas públicas. No podemos seguir esperando mientras los trabajadores están sin obra social y cobrando en cuotas”, expresó Gómez ante los presentes al salir de las instalaciones de la Secretaria de Trabajo.

Sueldos en cuotas, obra social caída y silencio empresarial

El conflicto con Pyam se remonta a mediados de abril, cuando la empresa comenzó a pagar los sueldos en cuotas irregulares, llegando a fraccionar los haberes en cuatro o cinco partes. En diálogo con EL ARGENTINO, Gomez afirmó: “A la fecha, aún no se ha terminado de abonar el aguinaldo, y la situación se agrava por el incumplimiento en el pago de aportes patronales, especialmente los correspondientes a la obra social”.

“Desde abril no se paga la obra social, aunque se descuenta todos los meses. La gente se entera que no tiene cobertura cuando va al médico. Están terminando en el hospital, sin atención, sin respuestas”, denunció Gómez. Según el dirigente, hay cuatro expedientes abiertos en Paraná por incumplimientos de la empresa, pero aún no se han dictado resoluciones.

La empresa y sus abogados: una estrategia que preocupa

El dueño de Laboratorios Pyam, Vigliani, ha asistido a audiencias anteriores, pero en esta última decidió no presentarse. En su lugar, la empresa contrató a un equipo de abogados vinculados a Fademi, empresa con antecedentes de conflicto gremial. “Los nuevos asesores de Pyam son los mismos que los de Fademi. Quieren aplicar la misma modalidad de vaciamiento. Si no nos unimos, nos llevan puestos”, advirtió Gómez.

La preocupación del sindicato no es menor. Fademi protagonizó un extenso conflicto en el último año, con trabajadores en la puerta de la fábrica durante meses, reclamando por condiciones laborales y pagos adeudados. “Lo que pasó en Fademi puede repetirse en Pyam. Y si eso ocurre, el conflicto va a escalar dentro del Parque Industrial, donde hay cuatro fábricas químicas grandes. Nosotros vamos a estar ahí, apoyando a los compañeros”, aseguró el dirigente.

La calle como escenario de lucha

Mientras se desarrollaba la audiencia, una nutrida manifestación de obreros químicos se congregó frente a la Secretaría de Trabajo, visibilizando el reclamo y respaldando a sus representantes. “La presencia de los compañeros fue contundente. Estamos defendiendo nuestros derechos y nuestra fuente de trabajo”, expresó Gómez a EL ARGENTINO, agradeciendo el acompañamiento de los trabajadores y de otros sectores solidarios.

El sindicato pidió que en la próxima audiencia se convoque al dueño de la empresa con fuerzas públicas, para garantizar su presencia y exigir explicaciones. “Queremos que venga el dueño, que diga si tiene un plan de pago, que ponga al día la obra social. Esta vez, no vino nadie de la empresa, ni siquiera avisaron. Es una falta de respeto”, señaló.

Un reclamo legítimo, una advertencia clara

Gómez fue enfático en aclarar que el sindicato no está pidiendo nada fuera de lo que establece la ley. “Estamos reclamando que se cumpla con los convenios, que se paguen los sueldos como corresponde. Nada más. Pero si traen abogados de Buenos Aires para aplicar estrategias de vaciamiento, el conflicto va a ser grande. Y va a ser en el Parque Industrial, con todos los trabajadores unidos”.

Actualmente, 42 trabajadores dependen de Laboratorios Pyam, pero el impacto del conflicto podría extenderse a otras empresas del sector químico. “Estamos hablando de fábricas que comparten territorio, que comparten problemáticas. Si no hay respuestas, la solidaridad va a ser total”, concluyó Gómez.

La tensión entre los trabajadores y el Ejecutivo va en escalada. En la mañana de ayer en Obras Públicas, se hizo presente el nuevo referente del área, Benito Bacigalupo con abogados y oficiales de la Policía.

Informaron la decisión de la Secretaría de Trabajo: "La medida es ilegal", dijeron, mientras que desde ATE aseguraron que siempre se mantuvieron las guardias de trabajo y que continuarían con las retenciones de servicio por dos y tres horas.

En tanto, el Intendente escribió hoy en sus redes un duro comunicado, donde trató de parásitos a quienes llevan adelante la medida y aseguró que habrá sanciones y despidos para quienes actúen contra los intereses del Municipio.

"Mensaje claro para los parásitos que no quieren trabajar: Romperle una bicicleta a un compañero de trabajo que si quiso salir a trabajar, es de cobarde y de mafia berreta. Sepan que cada acción tiene una consecuencia y no es gratis. #nonostiemblaelpulso", escribió en una primera historia de Instagram.

Luego agregó: "A los mafia berreta que dicen que nos van a cortar mangueras o ponerle cosas al aceite para que se fundan las máquinas nuevas.

Sepan que si hacen eso, los vamos a denunciar penalmente y los vamos a echar, hay mucha gente de bien en la municipalidad y otros que no están y que necesitan trabajar, ustedes los pocos no van a opacar al resto. #nonostiemblaelpulso".

Finalmente, expresó: "Ayer nos escondían las llaves de las máquinas a los trabajadores que si querían salir, sepan que los vamos a sancionar.

Dejen trabajar a la gente y no jodan a los ciudadanos que les paga el sueldo".

En caso de existir una amenaza cierta sobre la maquinaria municipal, el Intendente tiene obligación de denunciar según el Codigo Procesal Penal de la Provincia: ARTÍCULO 5.- Acción pública. La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio Público Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá interrumpirse, hacerse cesar ni suspenderse salvo los casos

expresamente previstos por la ley.

El procurador fiscal general podrá establecer pautas objetivas para la priorización de la investigación de determinados delitos, de acuerdo a las necesidades de cada circunscripción judicial, así como también teniendo especialmente en cuenta la insignificancia de los hechos, la conciliación entre las partes, el expreso pedido de la víctima para que el Fiscal se abstenga de ejercer la acción penal y la reparación del perjuicio causado por parte del imputado.

ARTÍCULO 235.- Obligación de denunciar. Deben denunciar el conocimiento que tengan sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia o autorización para su persecución, y sin demora:

a) Los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones adquieran conocimiento de un delito, salvo que pese sobre ellos el deber de guardar secreto.

b) Los médicos, parteras o farmacéuticos y demás personas que profesen cualquier ramo del arte de curar en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional el cual, salvo manifestación en contrario, se presumirá.

c) Los obligados expresamente por la ley.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo no acompañó por ahora el pedido de nulidad de la causa que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina. Por estas horas, conversa con sus defensores todo lo que implicaría ser un “imputado colaborador”.

Su defensa pidió más tiempo, una prórroga para responder sobre un planteo para anular el caso en el que se investigan supuestas coimas en el organismo. Sin ver el expediente y sin imputación concreta, los abogados de Spagnuolo argumentaron que no pueden responder al pedido de nulidad.

Y allegados al exfuncionario deslizaron que una vez que la justicia levante el secreto de sumario, y se le realice “una imputación concreta”, evaluarán la posibilidad de “convertirse en arrepentido”.

Spagnuolo tendría la intención de mejorar su situación procesal en la causa, para lo que tendría que declarar como imputado colaborador.

El pedido de prórroga para contestar sobre los pedidos de nulidad es interpretado como una posibilidad cada vez más fuerte de que Spagnuolo hable. El ex titular de ANDIS es uno de los involucrados, junto al dueño de la droguería Suizo Argentina Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en la causa originada en los audios del entonces funcionario, en los que habla de supuestas coimas mencionando a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Ahora, su defensa aguarda a que se levante el secreto de sumario en la investigación para ver el expediente y toda la prueba que fueron acumulando el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

La Justicia investiga un esquema de sobornos en Andis y los contratos multimillonarios con la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del Estado.

Desde la defensa de Spagnuolo, aseguraron: “Sin acceder a la causa nos resulta imposible responder sobre la nulidad”.

“Entendemos que el juzgado debería haber esperado a levantar el secreto de sumario para darle tramite al incidente de nulidad”, dijeron al medio gráfico Ámbito.

Es decir, la opción de ser arrepentido son conversaciones que se mantienen con defensores. Pero hasta que no haya una imputación concreta o ver el desarrollo de la causa no van a dar ese paso. Hasta el momento, simplemente lo están conversando.

Por esto mismo, en el escrito no figura nada concreto acerca de que el extitular de ANDIS sea definitivamente un arrepentido.

Los dueños de la droguería plantearon la nulidad de la causa al considerar que los audios tienen un origen ilegal y que por lo tanto todo lo que se obró en el expediente sería nulo de nulidad absoluta.

La defensa de los Kovalivker también planteó que la droguería ya fue investigada en otra causa con similar objeto procesal que terminó cerrada y archivada por ausencia de delito.

De esos pedidos, la justicia pidió opinión a los abogados de Spagnuolo, a la Fiscalía y también a Poder Ciudadano que es querellante en la causa.

Los letrados Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze que representan a Spagnuolo, requirieron una prórroga porque el caso aún se encuentra en secreto de sumario lo que impide acceder a la prueba del expediente.

Por ahora no se pronunciarán sobre la nulidad en primer lugar ante la ausencia de imputación concreta. Pero lo cierto es que Spagnuolo está evaluando en la posibilidad de que el caso siga y convertirse en “arrepentido”, colaborar con la causa para mejorar su situación.

La defensa aguarda las imputaciones formales del expediente, que aún no fueron formuladas. El fiscal Picardi encontró en la denuncia “sospecha suficiente” como para avanzar en la investigación. Así se realizaron múltiples allanamientos y secuestros de teléfonos celulares de los que no surgió aún información relevante.

El jueves, varios medios informativos de la capital provincial se hicieron eco de una supuesta novedad en el Poder Judicial de Entre Ríos, que permitía la designación de fiscales auxiliares temporarios, pero que “dadas las limitaciones presupuestarias por las que atraviesa este Ministerio Público Fiscal se hace preciso disponer la presente como designación funcional sin derecho a percepción de diferencias salariales”.

Todo esto, “a fin de lograr mayor eficiencia en la investigación penal a través de una gestión eficaz de recursos, se habilita la autorización a profesionales de la abogacía, integrantes de las Unidades Fiscales, a desempeñarse como fiscales auxiliares temporarios”.

EL ARGENTINO consultó a varias fuentes judiciales sobre este tema y si bien la respuesta de todas ellas fue unánime, hubo una que fue contundente: “Es un bolazo”. En realidad, el artículo 34 de la ley 10407, sobre orgánica del Ministerio Público de Entre Ríos, que establece la organización jerárquica y facultades, autoriza a empleados que sean abogados y demuestren capacitación a concurrir a audiencias y ejercer funciones auxiliares de Fiscalía sin que ello implique ejercer la acción penal.

Se trata de empleados del Poder Judicial que trabajan dentro del Ministerio Público Fiscal, que prestan su “colaboración” en audiencias a donde el Fiscal no puede concurrir por cuestiones de horarios o superposición de tareas. Estos tienen la facultad de asistir a esas audiencias que no impliquen acción penal.

Incluso, las fuentes consultadas indicaron que es una figura que existe hace más de una década en Entre Ríos y tampoco es una imposición. “Muchas veces, los jóvenes que recién ingresan al Poder Judicial, lo piden porque les sirve como experiencia para luego cuando los cargos de fiscales auxiliares o agentes fiscales salen a concurso, pero no es una imposición obligatoria”, explicó un alto cargo que prefirió preservar su nombre para no polemizar.

El Artículo 34° de la ley 10407, explicita que “El Fiscal Coordinador, con autorización del Procurador General, podrá facultar a los abogados que integren el personal de su Unidad, a intervenir como fiscales auxiliares por un plazo determinado, el que podrá ser renovado periódicamente. El abogado que cumpla funciones como fiscal auxiliar transitorio no podrá litigar en juicio oral, ni disponer de la acción penal, y siempre intervendrá bajo el control del director de la Unidad donde aquél se desempeñe. El ejercicio de estas funciones, no dará derecho a estabilidad ni significará el cobro de diferencias salariales”.

El 12, 13 y 14 de agosto, Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se sentarán ante un tribunal. Será un hecho histórico: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un juicio por la caza de un yaguareté. El caso podría sentar jurisprudencia y establecer un precedente clave en la protección de especies en peligro crítico de extinción.

Sucedió a fines de julio de 2024, en un campo ubicado en Ibarreta— localidad del departamento Patiño— al sudeste de la provincia de Formosa. Todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera. El animal, que formaba parte del sustento diario de varias familias, se había extraviado hacía dos días. Ante su ausencia, Máximo Cisneros (61), dueño del lugar, les pidió ayuda a Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) —tres changarines que trabajaban realizando deslinde y limpieza de alambrados en la zona— para encontrarla.

Los cuatro hombres salieron en busca de la vaca con sus perros y la encontraron muerta. Cerca de los restos del animal —explicaron más tarde— apareció el yaguareté. Nunca antes habían estado frente a uno. Habían oído hablar de él, habían visto sus huellas en el monte, pero era la primera vez que lo tenían tan cerca. En ese momento, según contaron, los perros comenzaron a enfrentarse con el animal y la situación se les fue de las manos. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, explicó Viterman. “Nosotros somos hombres de campo, estamos acostumbrados a trabajar con animales ariscos, pero nunca vimos un bicho tan poderoso como ese. A la vaca se la comió”, sumó Hugo.

De acuerdo con su relato, actuaron por miedo. Usaron una escopeta vieja que llevaban con ellos y le dispararon. En el expediente judicial figura que fue Claudio quien ejecutó el disparo fatal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”. De acuerdo con la ley, podrían recibir tres años de prisión.

Poco después de matar al animal, los cuatro hombres se fotografiaron sonrientes junto al animal. Las imágenes “fueron tomadas por unos vecinos”.

El 27 de julio de 2024, las fotos del yaguareté —maniatado, colgado y despellejado— llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY). Fue ella quien denunció el hecho. La gravedad del caso justificó la intervención inmediata de la Justicia: el yaguareté está protegido por la Ley 25.463, que lo declara Monumento Natural Nacional. Apenas quedan 20 ejemplares en el Gran Chaco argentino.

Dos días después de que se radicó la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. Durante el operativo, el dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia en compañía de sus abogados. Pasaron casi dos meses detenidos: primero en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Formosa y luego en una dependencia de Pirané, a 110 kilómetros de la capital provincial. El 7 de noviembre pasado obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria.

La causa, calificada como caza de animales silvestres cuya captura está prohibida, agravada por la participación de tres o más personas, fue elevada a juicio en diciembre de 2024. El 12, 13 y 14 de agosto, los cuatro se sentarán ante un tribunal. Será un hecho histórico: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un juicio oral por la caza de un yaguareté. El caso podría sentar jurisprudencia y establecer un precedente clave en la protección de especies en peligro crítico de extinción.

A diferencia de Máximo Cisneros, que espera el juicio en libertad, ellos lo hacen con prisión domiciliaria. Así lo decidió la Justicia luego de que pasaron más de un mes sin comparecer y ante la existencia de una orden de captura nacional. Hoy tienen permiso para salir a trabajar entre las 7 y las 15 horas, como parte de un régimen de salidas laborales autorizado por el juzgado. Sus abogados solicitaron una ampliación de ese horario, pero la respuesta aún está pendiente.

Durante la entrevista, Hugo fue el primero en tomar la palabra. “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijo. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, siguió Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.

Los tres hombres —padres de familia y sin estudios formales— se definieron como amigos de toda la vida y compañeros de changas en el monte. “En el campo de los Cisneros nosotros hacíamos madera y la vendíamos. ‘Changábamos’, como se dice, a la vuelta de los vecinos. Algunos nos pedían 100 o 500 metros de alambre, íbamos y lo hacíamos. Otros querían limpiar una picada (NdR.: eliminar vegetación, maleza y otros materiales), íbamos y lo hacíamos. Esos son nuestros trabajos, otra cosa no tenemos”, explicó Hugo.

Y siguió: “Para llegar a muchos lugares, desde la casita de los Cisneros, teníamos como tres kilómetros. Entonces nos íbamos en un carro con mulas y llevábamos nuestras cosas para armar el campamento y pasar la semana”. En ese contexto estaban el día que la causa tomó estado público. “Cuando se hizo el allanamiento estábamos en el monte trabajando con motosierras. Después, cuando nos enteramos, no sabíamos qué hacer. Teníamos un celular chiquitito, de esos negros, y había que salir a la ruta a buscar señal para comunicarnos con nuestras familias. Nos asustamos. Nunca pasamos por algo así”, dijo Claudio.

De cara al juicio oral, los tres acusados aseguran estar arrepentidos y sostienen que actuaron en legítima defensa. Lo que más los angustia hoy es su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, sumó.

Sus abogados destacan que el régimen de salidas laborales que consiguieron les permitió, al menos, intentar reconstruir algo del día a día. Pero advierten que las ocho horas disponibles muchas veces no les alcanzan. “Los lugares donde trabajan están lejos. Tienen que ir, volver, y a veces no pueden salir si llueve. Por eso pedimos una ampliación del horario. Todavía no fue resuelta, pero seguimos insistiendo”, explicaron a este medio.

El proceso también marca un precedente por otro motivo: es la primera vez en la historia judicial argentina que una ONG ambientalista es aceptada como querellante en una causa por la muerte de fauna silvestre. Se suman la Administración de Parques Nacionales y la Fiscalía de Formosa.

En diálogo con Infobae, Lodeiro Ocampo recordó que en 2023 hubo un antecedente en Clorinda, también en Formosa, donde otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 de pesos.

Antes de que la Justicia provincial lo confirmara, desde la Red Yaguareté ya sabían de qué ejemplar se trataba. Las manchas del animal funcionan como huellas digitales: cada uno tiene un patrón único. Según explicó Lodeiro Ocampo, las que encontraron en las fotografías que recibieron coincidieron con uno de los cinco ejemplares registrados en Formosa. Ahora quedan cuatro.

Consultado por este medio, Lodeiro Ocampo reconoció que un yaguareté puede reaccionar si es molestado mientras se alimenta, pero aclaró que ese tipo de encuentros con humanos son excepcionales. “No existen prácticamente ataques si no hay una situación de agresión previa. Lo que ocurrió puede pasar, pero no es la norma. Si lo fuera, tendríamos personas muertas todos los meses”, dijo, y trajo a colación un único caso ocurrido en los años noventa, también en Formosa, en el que murieron un yaguareté y un hombre, tras una situación similar.

Pero su preocupación no es solo por lo que pasó, sino por lo que puede seguir ocurriendo. “La especie está en peligro crítico de extinción y, ante la magnitud que cobró el caso, va a ser muy difícil que volvamos a ver un yaguareté muerto en Formosa. Lo van a matar y no nos vamos a enterar porque lo van a enterrar”, advirtió. Para Lodeiro Ocampo, la clave está en implementar un programa de convivencia entre yaguaretés y comunidades rurales: “Históricamente, este conflicto siempre se resolvió con sangre y bala, y con la extinción del yaguareté. El yaguareté vivía hasta el Río Negro y lo fuimos corriendo”.

En la misma línea, Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, advirtió: “Estamos al límite de perder al yaguareté. Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”.

Hoy se estima que en todo el país hay alrededor de 250 ejemplares, divididos en tres poblaciones distintas: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña —casi exclusivamente en el Chaco seco— y porciones de la selva misionera, en el corredor verde. “Nos alegramos cuando aparece uno nuevo, pero no festejamos demasiado porque sabemos que tiene los días contados. Los yaguaretés llegan esquivando balas y se van esquivando balas hasta que una los cruza y los mata”, explica el director de Red Yaguareté.

Por eso, dice, si este juicio logra una condena, aunque la pena sea leve, el mensaje será fuerte. “Queremos que les apliquen la pena máxima, aun cuando eso implique que después queden libres. De esa manera podremos trabajar sobre la Ley 22.421, de Conservación de la Fauna, que está vieja y obsoleta. Hay un proyecto para modificarla y subir las penas, pero necesitamos que se lo trate en el Congreso de la Nación. Ya fracasaron siete intentos”, cerró.

Al menos siete de cada diez padres no cumplen en tiempo y forma con la cuota alimentaria para sus hijos, según reveló la abogada Tamara Bezares, especialista en Derecho de Familia. En declaraciones al programa Tiempo de Policiales, por ATP Radio, la letrada advirtió que los registros oficiales apenas reflejan una mínima parte del incumplimiento real y denunció que los mecanismos judiciales siguen funcionando en contra de las mujeres.

Bezares subrayó que actualmente hay apenas 11 mil deudores inscriptos en todo el país, una cifra ridícula frente a la magnitud del problema. “En provincias enteras hay uno o dos inscriptos, cuando todos sabemos que el número de incumplidores es muchísimo mayor. Eso es una burla a la realidad que viven las madres y los chicos”, sostuvo.

La abogada detalló que en la provincia de Buenos Aires, donde existen mayores estadísticas, siete de cada diez padres directamente no cumplen con la cuota alimentaria, o lo hacen parcialmente. Y remarcó que ya no se necesita acumular varias cuotas impagas para quedar en el registro: “Hoy alcanza con una sola, incluso si se trata de alimentos provisorios”.

El problema, sin embargo, va más allá de la inscripción en un registro. Bezares explicó que para que un padre sea considerado oficialmente deudor alimentario, la madre debe atravesar un proceso legal complejo y costoso: iniciar un juicio, pagar un abogado, obtener una sentencia y luego pedirle al juez que declare el incumplimiento. “Muchas veces los jueces no lo hacen. Dicen que si el padre paga aunque sea un poco, eso demuestra ‘voluntad’, y así siguen eludiendo su obligación”, denunció.

El fin de semana, el tema cobró visibilidad cuando dos deudores alimentarios fueron impedidos de ingresar al recital de Los Piojos en el estadio Monumental. La medida se amparó en los controles dispuestos para estos casos, aunque según la especialista, se trata de acciones excepcionales que no alcanzan para generar un verdadero cambio estructural.

También apuntó contra los montos irrisorios que, en algunos casos, los jueces fijan como cuotas provisorias. “A una clienta mía le fijaron 30 mil pesos por mes como cuota provisoria, siendo que el padre era dueño de una empresa. Es un chiste”, afirmó Bezares, para quien la falta de perspectiva de género en muchas resoluciones sigue siendo la regla.

Finalmente, alertó sobre la enorme cantidad de mujeres que ni siquiera acceden a la Justicia: “Hay muchas que no llegan porque no tienen recursos, o porque están cansadas de lidiar con un sistema que no las escucha. Necesitamos más abogados que se comprometan, que le pongan el cuerpo a esto, porque es una cuestión social de fondo”.

El incumplimiento de la cuota alimentaria está tipificado como violencia económica, pero en la práctica, los mecanismos legales no logran reparar el daño que genera esta forma de abandono. Para las madres, la lucha continúa, y para muchas, recién empieza.

El juicio por la muerte de Maradona ya está un paso más cerca de reactivarse: este jueves, a través de un sorteo por bolillero manual, se definió quiénes serán los jueces que se harán cargo del caso tras la anulación del primer debate a causa del escándalo por el documental que protagonizaba Julieta Makintach.

El elegido fue el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig y Alejandro Lago. El órgano de juicio que salió elegido está naturalmente desintegrado, por lo que, tras la definición, debió sortearse el tercer magistrado para completarlo: salió Alberto Ortolani, del TOC Nº1, quien será subrogante.

El sorteo se realizó en el marco de una audiencia donde estuvieron presentes tanto fiscales como abogados querellantes y defensores. El juez Gaig, que justo salió elegido, también la presenció.

Aunque estaba citada para las 12 del mediodía, la jornada se demoró unos minutos y el bolillero de madera comenzó a girar pasadas las 12:20, según supo Infobae.

La audiencia se desarrolló en una sala chica a la que solo tuvieron acceso las partes. Giannina Maradona, la única familiar de Diego que se hizo presente en el palacio judicial de la calle Ituzaingó, esperó afuera. La prensa tampoco tuvo acceso. Las autoridades de San Isidro alegaron que la prohibición de la entrada fue por falta de lugar.

El TOC N.º 7 sorteado era uno de los tres tribunales en la nómina (compuesta por 6) que están incompletos. Es decir, que tienen un lugar vacante. Lo mismo había pasado antes con el TOC N.º 3 donde se llevó a cabo el juicio declarado nulo: también estaba incompleto y fue subrogado por Julieta Makintach, que en realidad cumplía función en el TOC Nº2.

Esta vez, el magistrado que completará el tribunal será Alberto Ortolani, quien naturalmente integra el TOC N.º 1 junto a Gonzalo Aquino y Sebastián Hipólito Urquijo.

Un punto a aclarar: en el tribunal que salió sorteado también está la jueza María Coelho. Sin embargo, ella no estuvo como candidata para tomar esta causa porque ya fue designada para el juicio por jurados contra la enfermera Gisela Madrid, la única imputada en el caso por la muerte de Maradona que eligió esa opción. Por tener conocimiento de la causa y la prueba, no podía ser elegida para este debate.

Una vez pasado ese lapso de tiempo, los nuevos jueces podrían poner una fecha para la audiencia del 338, donde se podrán de acuerdo con las pruebas que se expondrán en el debate, la lista de testigos y cuestiones centrales del juicio.

Si en esa jornada (que podría demorarse más de un día) hay consenso de todos, se podría fijar la fecha para el nuevo proceso oral.

La carta que jugarán será la de “ne bis in idem”, la garantía constitucional que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho. Pero, ¿hay fundamentos para solicitarla?

Fuentes con conocimiento de derecho penal consultadas por Infobae remarcan que este recurso se puede plantear solo si hubo veredicto. Es decir, si efectivamente los imputados fueron juzgados en el marco de la causa. Esto no ocurrió con el caso de la muerte de Maradona, porque el debate se anuló cuando aun el proceso estaba en etapa de prueba.

Sin embargo, los defensores dicen que respaldarán su estrategia en una frase puntual del artículo 1 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que reza: “Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes reglamentarias (...) ni ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”.

Para los abogados de la defensa, a pesar de que no haya habido veredicto, sus clientes ya fueron perseguidos una vez por su responsabilidad en la muerte de Diego Maradona, por lo que apelarán a este fragmento para solicitar que el juicio no vuelva a hacerse y que los siete imputados queden absueltos.

La expresidenta Cristina Kirchner le solicitó a la Justicia que le especifique las prohibiciones que derivan de su condena a seis años de prisión ratificada por la Corte Suprema. Luego de que se confirme que podrá cumplir la pena desde su departamento en Constitución, su defensa se dirigió al Poder Judicial ante los rumores de que no podría salir al balcón.

Desde su cuenta oficial de X, la exmandataria publicó: "¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido. Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados".

¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…

Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido.

Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados.https://t.co/Rspne9knga

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 18, 2025 Esto sucede mientras se desarrolla una numerosa marcha en apoyo de Cristina Kirchner, con movilización hacia Plaza de Mayo y la participación de militantes, sindicatos y autoconvocados. Además, decenas de personas permanecen en los alrededores de San José 1111 en vigilia desde la confirmación de su sentencia.

La Justicia finalmente le concedió a la expresidenta Cristina Kirchner la prisión domiciliaria en la causa Vialidad en el domicilio de la calle San José 1.111 en Constitución. Sin embargo, le impuso una serie de condicionamientos que deberá respetar para poder conservar el beneficio.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, encabezado por los jueces Gorini, Uriburu y Basso, dispuso en su resolución "la detención de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena" a seis años que ratificó la Corte Suprema la semana pasada.

Además, le impuso a la exmandataria reglas de conducta "las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión".

En primer lugar, deberá permanecer en el domicilio elegido, salvo "en situaciones excepcionales" que deberá informar a la Justicia y "justificar debidamente" y se le impuso el uso de una tobillera electrónica.

También pusieron una restricción que apunta a evitar las concentraciones de manifestantes en el frente de su departamento. En este sentido, indicaron que "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

En el mismo sentido, el tribunal también limitó la cantidad de visitas que podrá recibir. La exmandataria tendrá 48 horas hábiles para presentar un listado de personas que estarán autorizadas a ingresar al domicilio sin autorización judicial. En esta nómina se incluyen familiares, custodia policial, profesionales de la salud que la asisten habitualmente y abogados que la representan. Toda persona que no está incluida en el listado deberá pedir autorización judicial.

Por último, se estableció que las condiciones de la detención domiciliaria serán revisadas cada tres meses.

La Justicia confirmó que Cristina Kirchner cumplirá prisión domiciliaria, la cual llevará adelante en su departamento del barrio de Constitución, ubicado en la calle San José 1111. Mientras tanto, pusieron en venta el departamento de arriba de dónde vive la expresidenta.

Según informó NA, la titular del PJ reside en la segunda planta del edificio, en un semipiso de 190 m2 que está valuado en 300 mil dólares, el cual es propiedad de e su hija Florencia Kirchner, quien vive en el tercer piso de la misma edificación.

En la planta superior, se puso en venta el departamento 3° F, el cual comercializa la corredora Mariana Stange Real State. Se trata de un inmueble de cuatro dormitorios, cocina y dos baños, con pisos de pinotea y de mármol en el hall de la recepción. "Es una propiedad muy luminosa”, detalla.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este viernes en la Casa Rosada a una delegación de gobernadores que participaron la semana pasada del encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el que expresaron su preocupación por la fuerte caída de la recaudación de impuestos coparticipables y de las transferencias automáticas desde la Nación.

La reunión, prevista para las 11, se concreta luego de la presión ejercida por los mandatarios provinciales en el CFI y de una votación en la Cámara de Diputados que impuso un aumento jubilatorio que el oficialismo rechazó pero no pudo frenar. En ese contexto, Francos optó por habilitar una instancia de diálogo con los gobernadores, que llegan con una demanda concreta: avanzar en un nuevo pacto fiscal que compense el desplome de los ingresos y el freno en la ejecución de obra pública.

Desde la Jefatura de Gabinete no confirmaron aún qué mandatarios asistirán de forma presencial, pero se espera la participación de un número importante de provincias, dada la gravedad del reclamo. La convocatoria incluye tanto a referentes críticos del gobierno de Javier Milei como a mandatarios con una postura más dialoguista, lo que da cuenta de la amplitud del malestar.

Según datos del Ministerio de Economía, las transferencias automáticas a las provincias registraron en mayo una caída real promedio del 23,8% en comparación con el mismo mes del año pasado. La disminución de la actividad económica, la baja de la recaudación de impuestos como Ganancias e IVA y la ausencia de transferencias discrecionales han afectado las cuentas provinciales, sumando tensión al vínculo entre la Nación y las jurisdicciones.

“Si ponés a un bebé recién nacido y al lado ponés a un gobernador, el gobernador llora más”, ironizó una fuente cercana a Francos, en declaraciones off the record a la agencia NA, dejando entrever el malestar del Ejecutivo frente a lo que considera una sobreactuación de los reclamos. No obstante, el Gobierno sigue con atención los movimientos de los mandatarios, ante el riesgo de que las demandas terminen confluyendo en un frente político común que complique aún más la gobernabilidad.

En la cumbre del CFI, realizada la semana pasada, participaron 18 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rubén Passalacqua (Misiones) se sumaron de forma virtual. El único ausente fue el correntino Gustavo Valdés, por compromisos de agenda.

Los gobernadores también expresaron su preocupación por el freno a la obra pública, que genera un impacto directo en el empleo y el desarrollo de infraestructura. Además, pidieron que la Nación regularice las deudas con las cajas previsionales no transferidas y reactive convenios suspendidos.

Aunque el Gobierno mantiene una postura austera frente al gasto público, la presión política y económica de las provincias obliga a Francos a gestionar con pragmatismo. La reunión de este viernes será clave para medir hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo a ceder en su estrategia de ajuste.