La sentencia fue dictada luego de la audiencia de cesura realizada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 12 de junio, al término de cinco jornadas de debate desarrolladas en los Tribunales de Gualeguaychú.

Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi. Por tratarse de un proceso vinculado con delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolló a puertas cerradas, con el fin de resguardar la intimidad de las personas involucradas.

Cabe que destacar que, este fue el 164° juicio por jurados realizado en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento.

León XIV recibió este miércoles en una audiencia a 40 integrantes del Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor, CEPROME Latinoamérica, una entidad formada por profesionales de diversas disciplinas que desde hace diez años trabajan para combatir los abusos en el contexto eclesial y promover una cultura de la prevención.

En su discurso, el papa recordó que en su reciente viaje apostólico a España habló a los obispos "sobre el dolor de quienes han sido heridos por quienes debían cuidarlos" y afirmó que "la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado".

El pontífice agregó que "esta tarea, a pesar de ser principal responsabilidad de quienes somos llamados a ser pastores, es un mandato para todos en la Iglesia, y algunos, como ustedes, la han asumido incluso en el ámbito profesional".

El papa agradeció la labor de estas asociaciones que fortalecen "las redes de colaboración entre las Iglesias locales y las instituciones civiles, promoviendo la cultura de la prevención y del cuidado de los más vulnerables".

"Mi deseo es que todos los espacios en la Iglesia, ya sean físicos o virtuales, sean verdaderamente lugares para el encuentro fecundo con Jesucristo, libres de miedos, sospechas o desconfianzas", añadió el papa peruano-estadounidense.

Por su parte, el sacerdote Daniel Portillo, teólogo, psicólogo y presidente de Ceprome Latinoamérica, agradeció las palabras de aliento del papa y evaluó positivamente esta primera década de la organización que ayudó a fundar.

“En un primer momento la Iglesia respondió a la crisis de los abusos solo desde una perspectiva jurídica y psicológica, pero este fenómeno es mucho más complejo y vimos que era necesario un abordaje interdisciplinar. Por eso, integramos progresivamente otras dimensiones que nos han permitido acoger y acompañar a las víctimas de modo más integral en su proceso de sanación. Y no solo eso, sino que llegamos a la convicción de que no bastaba con intervenciones puntuales, sino que era necesario promover una verdadera cultura del cuidado y de la prevención en el contexto eclesial”, sostuvo Portillo, citado por Vatican News.

Ceprome Latinoamérica, que ha formado a más de 15.000 personas en la región, mantiene ahora su enfoque interdisciplinario ante nuevos desafíos como la inteligencia artificial, analizando tanto sus amenazas hacia menores como sus oportunidades de protección, destaca el portal de comunicación del Vaticano, publicó DW.

(APFDigital)

El caso se cerró esta semana en un juicio abreviado, en el que este hombre, que no tenía antecedentes penales, se responsabilizó del hecho por el cual estaba imputado y gracias a esa falta de antecedentes y por tratarse de un abuso sexual simple logró escapar de una condena de prisión efectiva.

De la denuncia se desprendió que el imputado la manoseaba por encima de la ropa y que recién se animó a contar lo que padecía luego de la muerte de su madre. La tocaba en reiteradas oportunidades desde ella cumplió los 14 años hasta los 16. Cada vez que la adolescente pasaba frente al hombre, el sujeto le tocaba los glúteos o los pechos, la abrazaba, pese a que ella le pedía que no lo hiciera más. Incluso, hubo momentos en que mientras ella dormía, el condenado se acercaba a su cama y la tocaba en todo el cuerpo.

El fiscal Jorge Gutiérrez encuadró el hecho en el delito de “abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente” y fue en ese marco en el que se acordó con el consentimiento de la víctima la condena para este hombre que logró escapar de una pena de cumplimiento efectivo, pero condicionado a no reincidir porque esa sentencia se convertirá en cumplimiento efectivo.

Un nuevo juicio por abuso sexual dará inicio en Gualeguaychú la próxima semana. El lunes se realizará la selección del jurado y desde el martes comenzarán las audiencias para establecer la responsabilidad penal de un hombre que podría ser condenado a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Se trata de un sujeto que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la joven.

Al parecer, este hombre habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes actualmente opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.

La autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en la capital de Córdoba el fin de semana pasado, arrojó sus primeros resultados. El informe preliminar apuntó que Agostina perdió la vida debido a una asfixia mecánica y que, tras su muerte, fue desmembrada.

¿La víctima fue abusada antes de morir? Las opiniones en torno a la autopsia no fueron concluyentes. Las fuentes consultadas coinciden en la existencia de “posibles signos de abuso sexual”, sin embargo, la descomposición del cuerpo, hallado casi una semana después de la muerte, impediría, por lo pronto, una conclusión definitiva en la causa investigada por el fiscal Raúl Garzón.

De todas maneras, este punto está en discusión y podría ser resuelto en las próximas horas. Si es confirmado, significaría un cambio notable en la calificación en contra de Claudio Barrelier, el único acusado por el hecho.

Los forenses, por otra parte, lograron establecer la data de muerte. “Se estima un marco temporal entre las 23 del sábado 20 y las 5 AM del sábado 21 de mayo”, asegura una misma fuente. Es decir: Agostina fue asesinada, al menos, casi cuatro horas antes de que la Policía de Córdoba recibiera la denuncia por su desaparición.

Los resultados de los estudios a los órganos -que presentaron un fuerte daño a causa de las maniobras de desmembramiento- y los análisis toxicológicos de rigor se conocerán en los próximos días.

En las últimas horas, Barrelier -detenido en el penal de Bouwer, internado en un pabellón psiquiátrico luego de que expresara su deseo de quitarse la vida tras el hallazgo del cadáver- fue finalmente imputado por el delito de femicidio. Nuevos agravantas a la calficación podrían ser agregados.

¿Por qué nadie escuchó nada? La asfixia como método de muerte y el desmembramiento post-mortem son compatibles con la hipótesis del “crimen silencioso” que barajan los investigadores. El fiscal Garzón, según reveló este medio, sospecha que Barrelier actuó solo en su casa del barrio Cofico de la capital cordobesa. Según confiaron altas fuentes del caso a Infobae, una de las líneas de trabajo apunta a determinar si Agostina fue drogada, algo que deberán aclarar las pericias toxicológicas.

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo, condenó hoy a E.D.A a 18 años de prisión efectiva más las accesorias legales por hallarlo “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años y la guarda, reiterado y en concurso real”.

El hombre, fue juzgado por un jurado popular que lo halló “culpable” al término de un juicio que se desarrolló en Victoria, entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, en la sede del Colegio de la Abogacía, y se llevó adelante a puertas cerradas por tratarse de delitos contra la integridad sexual.

El magistrado, quien dirigió el debate oral y la posterior audiencia de cesura, también impuso al imputado prisión preventiva domiciliaria con autorización de salidas laborales en días, horarios y a lugares determinados y dictó medidas de protección hacia todas las personas vinculadas las que subsistirán hasta que el pronunciamiento se torne ejecutorio.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el abogado Eduardo Horacio Guaita, mientras que las defensoras públicas María Emilia Terraza y Agustina Quattrochi ejercieron la defensa técnica del imputado. En representación del Ministerio Público Pupilar intervino el defensor público Gustavo Piquet.

Se trató del centésimo sexagésimo juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Fuente: Ahora

El detenido es un joven de 21 años, funcionario policial, que se encuentra detenido con prisión preventiva en la Comisaria de Minoridad y Violencia Familiar por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones leves agravadas reiteradas, privación ilegítima de la libertad y amenazas simples”.

La Investigación Penal Preparatoria está cerrada e incluso ya se realizó el requerimiento para realizar la audiencia de elevación de la causa a juicio, pero ello se ha dilatado por posibles nulidades que presentará la defensa en torno al procedimiento llevado adelante. Mientras tanto, el jueves por la mañana se discutió ante el Vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Tobías Podestá, la excarcelación bajo medida domiciliaria del imputado.

La fiscal Martina Cedrés, a cargo de la investigación, se negó rotundamente a que esto sucediera porque detalló lo sucedido durante abril que obligó a la Justicia de Gualeguaychú a dar marcha atrás sobre una domiciliaria que se le había dictado a raíz de un supuesto incumplimiento de mantener contacto con la víctima.

Tras la detención a mediados de febrero, se le dictó una prisión preventiva que se le prorrogó hasta principios de abril, donde el juez de Garantías, Ignacio Telenta, le otorga el beneficio de un arresto domiciliario a pedido de la defensa. Pero el 23 de abril, la víctima fue contactada por una mujer para alertarla que la habían contactado desde el círculo íntimo del imputado para que la fotografiara en el comercio donde trabaja, para amedrentarla, lo cual fue puesto en conocimiento de la Fiscal, que requirió inmediatamente que se le revocara de la domiciliaria.

El acusado volvió a su lugar de detención y en la audiencia de esta semana, su defensor apeló por su excarcelación, pero esta vez fue el juez Podestá el que le negó volver a ese beneficio y en principio se lo mantendrá hasta el próximo 13 de mayo cuando se volverá a discutir si se lo mantiene detenido o se lo libera.

El caso es sumamente grave, porque además la persona acusada es miembro de la Policía en Gualeguaychú. Fue acusado de obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, de practicarle sexo oral, mientras convivieron durante el 2025. Ella expresó en todo momento su negativa, pero ello originaba algo inverso en el sujeto, que según denunció la mujer, su novio “disfrutaba esa situación”.

Ella anulaba su voluntad y era la voluntad del acusado la que dominaba la relación de pareja. Le prohibió tener amigos, la alejo de su familia con excusas de toda índole. Erosionó su carácter y personalidad, insultándola y diciéndole que no servía para nada, algo propio en este tipo de relaciones de abuso.

Para la víctima no era algo fácil de denunciar. El agresor pertenecía a la Policía y en todo momento le recalcaba que no le iba a servir de nada ir a la Jefatura y que a él no le iba a pasar nada. Infundió miedo y terror en la joven, e incluso fue tal el nivel de sometimiento al que la sometió que la obligó a interrumpir en enero pasado un embarazo de seis semanas.

A todo ello, también se le suman las constantes agresiones físicas. Luego de abortar, la insultaba diciéndole que lloraba todo el tiempo, la tomó de los pelos para sacarla del baño. Cuando cenaban, y como eran constantes las lágrimas de la joven a la que había obligado a terminar con el embarazo, le dijo que se matara y con el cuchillo Tramontina que tenía en su mano le originó un corte en el brazo izquierdo. Incluso, le dejó su arma reglamentaria a mano para que se suicidara.

Ella intentó escapar de la casa, pero el sujeto la mantenía encerrada y había tirado las llaves hacia el exterior. Alcanzó a tomar un teléfono y llamó a la dueña del inmueble que alquilaban, que fue con su marido y luego de poder abrir la puerta, recataron a la joven.

La situación de los derechos de las mujeres en Afganistán vuelve a estar en el centro de la preocupación internacional tras la implementación de un nuevo código penal bajo el régimen talibán. Informes recientes advierten que las sanciones previstas para casos de violencia doméstica resultan mínimas incluso en situaciones graves, lo que especialistas consideran una legalización de facto de la violencia al reducir las consecuencias legales para los agresores.

Organizaciones de derechos humanos señalan que estas disposiciones se suman a un contexto ya restrictivo: las mujeres enfrentan severas limitaciones para estudiar, trabajar, viajar sin acompañante masculino y participar en la vida pública. La ausencia de mecanismos efectivos de protección y justicia incrementa la vulnerabilidad frente al abuso y la impunidad.

Aunque el código no incluye un artículo que autorice explícitamente golpear a las esposas, expertos subrayan que las penas leves y la falta de protección real generan un entorno peligroso. En la práctica, las mujeres quedan expuestas a la violencia sin garantías de que sus denuncias sean atendidas ni de que los responsables enfrenten sanciones proporcionales.

La comunidad internacional ha manifestado reiteradamente su preocupación por el deterioro de los derechos de las mujeres en Afganistán desde el regreso de los

talibanes al poder. Diversos organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales insisten en la necesidad de medidas urgentes para garantizar su seguridad y dignidad, recordando que el derecho a vivir libres de violencia es un principio básico de los derechos humanos.

El nuevo marco penal refuerza un escenario de discriminación estructural y desprotección, donde las mujeres afganas ven restringidas sus libertades y expuestas a la violencia sin respaldo institucional. La denuncia internacional busca mantener la presión sobre el régimen talibán para que revierta estas disposiciones y asegure condiciones mínimas de justicia y equidad.

El cantante español Julio Iglesias respondió este viernes a las acusaciones realizadas por dos de sus exempleadas al afirmar que nunca ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", asegura el artista en su perfil de Instagram.

Esta es la primera vez que el cantante responde directamente a estas acusaciones, reveladas el martes en una investigación realizada por dos medios de comunicación, tras los comentarios publicados por el entorno del artista en la revista 'Hola!' en la que manifestó que "todo se va aclarar" y que está "preparando su defensa".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agrega el artista en Instagram.

Al mismo tiempo, el cantante dice que no puede olvidarse de "tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

El mensaje ha obtenido una respuesta inmediata de la actual esposa del cantante Miranda Rynsburger, natural de Países Bajos, y con quien se casó en 2010.

Rynsburger, que tiene cinco hijos con el artista español y hasta el momento no ha hecho ninguna declaración pública, escribió en su perfil de Instagram: "A tu lado siempre" junto a un corazón.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha abierto una investigación sobre el asunto y tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante, representadas por la organización Women's Link.

Por su parte, Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán, con bufete en Madrid y que ha intervenido en varios casos de notoriedad pública, para hacer frente a estas acusaciones.

Las extrabajadoras que acusan al cantante han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalaron El Diario.es y Univisión.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

En una rueda de prensa en Madrid el martes, el equipo legal de Women's Link anunció que el Ministerio Público español tomará declaración a las denunciantes.

Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, reveló que hay otras mujeres que fueron trabajadoras del artista que se han puesto en contacto con ellas, si bien evitó mencionar si también fueron presuntamente víctimas del cantante, por lo que no ha ofrecido datos para proteger su intimidad.

El hecho fue denunciado en Comisaría Cuarta e involucra a un efectivo de la Policía de Entre Ríos. De acuerdo a lo que pudo saber Diario Río Uruguay, el episodio habría ocurrido dentro del propio hospital, donde el funcionario se desempeñaba como guardia de seguridad.

Siempre de acuerdo a la denuncia, la mujer se encontraba en el nosocomio visitando a su madre, quien permanecía internada. Fue allí donde el efectivo habría intentado tocarla de manera indebida. La situación motivó la inmediata presentación policial por parte de la presunta víctima, dando inicio a las actuaciones correspondientes.

Desde Jefatura Departamental de Policías de Concordia explicaron, que, una vez conocida la denuncia, "se tomaron todas las medidas necesarias, se tomó contacto también con la denunciante y es por eso que estamos trabajando y viendo esta situación", señalaron.

La causa fue caratulada como “presunto abuso sexual simple” y quedó bajo la supervisión de la fiscal Evelina Espinoza, quien dispuso las primeras medidas probatorias tendientes a esclarecer lo ocurrido. En esta etapa, se busca recolectar testimonios y otros elementos que permitan determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del denunciado.

Ante el Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó el juicio contra Yamil Ale Abdala y Sandro de la Cruz Vázquez, acusados de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de Misiones. Los hechos ocurrieron en un campo ubicado en Puerto Yeruá, en cercanías de Calabacillas, departamento Concordia, y fueron detectados tras una inspección estatal que puso fin a la situación de explotación.

El debate es presidido por la jueza Noemí Berros. Según la acusación del fiscal general José Ignacio Candioti, Abdala, propietario del establecimiento rural, y De la Cruz Vázquez, quien se desempeñaba como capataz, captaron, trasladaron y acogieron a cinco personas adultas con el objetivo de obtener un beneficio económico a partir de su trabajo.

Las víctimas, identificadas como O.A.M., D.A.M., P.R.M., F.O.M. y D.S.M.D.B., provenían de las localidades misioneras de Irigoyen y Eldorado. De acuerdo con la investigación, los hechos se desarrollaron entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022 y cesaron tras una inspección de la entonces AFIP Paraná, hoy ARCA.

La Fiscalía sostuvo que la captación se realizó mediante propuestas laborales engañosas y abuso de confianza, aprovechando la extrema vulnerabilidad social y económica de los trabajadores. Se les prometieron salarios, alimentos, herramientas y una vivienda digna. En uno de los casos, incluso, existía un vínculo familiar con uno de los imputados, utilizado para generar confianza.

Como parte del engaño, De la Cruz Vázquez habría enviado imágenes de un campo en buenas condiciones que no coincidía con el lugar real de trabajo. Una vez en el predio, los trabajadores fueron sometidos a tareas forestales y de desmonte en condiciones de aislamiento y precarización extrema, con jornadas extensas, de lunes a lunes, y bajo un control permanente.

Las condiciones de vida fueron calificadas como indignas. Las víctimas debieron construir chozas con materiales precarios, sin camas adecuadas, baños, energía eléctrica, gas ni agua potable. Para higienizarse utilizaban una laguna cercana y el agua para consumo era provista por un vecino. La Secretaría de Trabajo provincial constató la falta de condiciones mínimas de higiene y seguridad.

En materia salarial, los pagos fueron parciales, irregulares y muy inferiores a los montos legales, incluso por debajo del salario mínimo. Además, se exigía una permanencia mínima para cobrar, se realizaban descuentos arbitrarios y se obligaba a seguir trabajando aun con herramientas en mal estado.

El expediente también incorpora testimonios sobre malos tratos, amenazas y episodios de violencia. Para el Ministerio Público, el conjunto de engaños, el aislamiento, las restricciones a la movilidad y las condiciones laborales configuran claramente el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Este martes declararán las víctimas y el miércoles lo harán testigos ofrecidos por la Fiscalía, entre ellos funcionarios estatales y profesionales que intervinieron en la asistencia a los trabajadores.

La provincia Mendoza registró su primer caso de condena por grooming en la plataforma de videojuegos Roblox, luego de que un hombre admitiera haber acosado a una adolescente de trece años. El proceso judicial culminó con un acuerdo de juicio abreviado, en el que el acusado, Benjamín Elías Marín Mendoza, reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta. La condena fue de tres años, por lo que es excarcelable.

La sentencia recayó sobre el delito de distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil, según consta en la resolución judicial. Marín Mendoza utilizó la plataforma Roblox para iniciar contacto con la víctima, simulando una relación de amistad. Una vez que logró obtener el número de WhatsApp de la menor, le exigió el envío de fotografías íntimas. Durante un periodo prolongado, el acusado recibió contenido de la adolescente, hasta que la madre de la víctima accedió a las conversaciones y descubrió la situación, lo que permitió identificar el caso como grooming y presentar la denuncia correspondiente.

El caso se dio a conocer luego de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba restringieran el acceso a Roblox en las escuelas públicas. En este sentido, es pertinente aclarar que esta plataforma digital cuenta con 380 millones de usuarios activos mensuales, lo que la convierte en una de las más utilizadas por menores de edad en todo el mundo.

Grooming y ESI

Alejandra Fripp es coordinadora del programa de Educación Sexual Integral (ESI) de la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, en diálogo con EL ARGENTINO enfatizó en que “en Instagram y en los juegos on line son los lugares donde hay mayor captación de groomers”. Además, “el grooming está sumamente relacionado con las redes de trata. Por ejemplo, anuncios falsos que son maravillosos, con excelente sueldo en México y esas cosas. Por eso, los adultos debemos atender el tiempo de ellos en las pantallas y acompañar. Hoy, en los grupos de WhatsApp en infancias y adolescencias transitan muchísimos contenidos pornográficos o que, quizás, exponen a una persona”.

“Es importante que, como familia, sepamos qué está pasando en ese grupo, porque es lo mismo que haríamos si tuviéramos una pelea en el patio de casa, entre los amigos de mi hijo o de mi hija. Entonces, debemos intervenir”, afirmó la docente.

“El grooming es el acoso virtual, pero hace diez años y pensábamos en un groomer y veíamos un adulto con un perfil falso que se dedicaba a contactar niños, adolescentes, y a comenzar a generar un vínculo a través de un chat, para luego poder pasarlo a un espacio más privado, como puede ser WhatsApp, y luego solicitar imágenes de contenido sexual. Pero hoy ha mutado esto, actualmente la Inteligencia Artificial (IA) hace que el abusador tome una foto tuya y haga una foto de contenido sexual para extorsionarte”, explicó la coordinadora departamental de ESI.

Mucho se ha debatido sobre los contenidos de la Educación Sexual Integral, en este sentido, la profesional hizo énfasis en que “la prevención del grooming es un contenido obligatorio de la ESI, tanto en el nivel primario como en el secundario”. Por lo que “las escuelas trabajan ciudadanía digital, trabajan lo público y lo privado. Porque hoy convivimos con un nivel de exposición tremendo, hay una enorme exposición de la vida privada e íntima”.

Sobre la violencia digital

“Nuestras infancias acceden cada vez más temprano a las pantallas”, remarcó Fripp Lozano. Y propuso: “pensemos en las violencias en general, en el dolor, en la humillación, en la vulnerabilidad hacia una persona. ¿Qué sucede cuando eso se da a través de pantallas? En primer lugar, el impacto es mucho mayor, porque llega a mayor cantidad de personas. La viralización hace que más personas vean esa situación”.

“Primer mensaje: cuando me llega un vídeo en el que veo a una persona que está expuesta, donde veo una pelea de adolescentes, bueno, eso debo reportarlo, denunciarlo”, alertó Fripp Lozano. Al tiempo que explicó que, “como en la socialización primaria, con nuestra familia o en la escuela, aprendemos a convivir con otros, aprendemos a respetar al otro, a no insultar, a no golpear, a pedir permiso. Todo ese mundo de pautas lo debemos trasladar también a la virtualidad, por eso es tan importante que, cuando nosotros brindamos un celu también brindemos pautas. Es fundamental que los adultos podamos acompañar a las infancias y adolescencias”.

Sin estadísticas oficiales

EL ARGENTINO consultó a la Fiscalía de Género de Gualeguaychú sobre violencia digital y las denuncias que este flagelo genera. Lamentablemente, por falta de recursos, las mismas no existen, aunque es un proyecto que la fiscal Eliana Ghiglione se propuso para el año que viene.

“Sabemos que son muy importantes las estadísticas, pero actualmente no tenemos. Es algo en lo que proyectamos trabajar”, aseguró. Al tiempo que explicó que “la violencia digital es una modalidad, es decir, un medio a través del cual se ejercen los distintos tipos de violencia. La Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su Artículo N°5 dice los tipos de violencia, es decir, psicológica, física, sexual y varias más. Y en el sexto enumera la modalidad, es decir, a través de qué medios se pueden ejercer esos tipos de violencia”, detalló.

En esta línea, la funcionaria judicial recordó que “a partir de la Ley Olimpia se reconoce a la violencia digital como una modalidad más, pero el problema que tenemos es que no crea delitos, no se creó un delito específico. Es decir, cuando se denuncian cuestiones violentas, por ejemplo, un acoso a través de medios digitales, por ahora, nosotros no podemos actuar. No hay un delito específico sobre violencia digital”. Pero, en esta línea, “muchos delitos que ya se investigan en un contexto de violencia de género se pueden materializar a través de medios digitales, como por ejemplo las amenazas, delito que está estipulado en el Código Penal”.

En estos casos, la Fiscalía de Género puede -y, de hecho, lo ha hecho- pedir medidas urgentes, como secuestrar los dispositivos de la persona, secuestrar la computadora, el teléfono, etcétera, para hacer cesar la violencia, según lo dispone la Ley 26.485.

La falta de estadísticas oficiales no colabora a dimensionar la gravedad del tema. Por lo que se impone como prioritario trabajar en este sentido. Desde la Fiscalía de Género aseguran poder mostrar números a partir del año que viene.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, confirmó al aire de Radio 2820 que una trabajadora denunció hostigamiento laboral y abuso sexual por parte de un histórico integrante de la institución. La entidad activó el protocolo establecido por el Ministerio de Trabajo, reasignó funciones y dio intervención judicial. “Actuamos con la mayor celeridad posible”, aseguró Otero.

El presidente de una de las instituciones más importantes de nuestra comunidad, explicó en Radio 2820 que fue notificado formalmente el pasado 3 de noviembre, mediante una carta documento dirigida directamente a su despacho.

En la misiva, la empleada señalaba que atravesaba esta situación desde hacía casi un año.

Según sus propios dichos, Otero solicitó rápidamente una reunión con la denunciante al día siguiente, donde —según explicó— la mujer “se ratificó todo lo expuesto en la denuncia”.

"A partir de ese momento, la Cooperativa activó los mecanismos institucionales y legales correspondientes: se presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, se informó a la seccional superior del gremio de Luz y Fuerza, con sede en Mercedes, y se puso en marcha el protocolo “Defender”, establecido por la cartera laboral. En paralelo, la trabajadora fue retirada de su ámbito habitual y reasignada a nuevas tareas para garantizar su seguridad", afirmó.

“Actuamos de manera sumamente veloz. Tenemos la responsabilidad de resguardar a quien se siente víctima y, a la vez, asegurar que la persona acusada pueda ejercer su defensa en un marco transparente”, sostuvo Otero.

Ambas personas continúan trabajando en la institución, aunque separadas para evitar cualquier tipo de contacto.

Consultado sobre la existencia de un eventual parentesco entre los involucrados —versión que circuló en las últimas semanas—, el presidente evitó dar precisiones.

“No puedo manifestarlo públicamente. Hay una investigación abierta”, expresó. También confirmó que la Justicia ya tomó declaración a la denunciante y al acusado, y que esta semana se realizaron pericias psicológicas a ambas partes.

Sobre el estado emocional de la trabajadora, Otero señaló que se encuentra “golpeada”, lo que dificulta el diálogo. “Estas situaciones generan vergüenza y nerviosismo. No son fáciles para ninguna de las partes”, opinó.

El titular de la Cooperativa Eléctrica reconoció que la situación “causa dolor y preocupación”, dado el trato cotidiano con los 130 empleados de la institución, aunque remarcó que su gestión solo se vería afectada si la entidad no hubiera actuado como correspondía. “Hay antecedentes de denuncias en ámbitos gremiales donde no se le dio a la trabajadora el respaldo necesario. En el siglo XXI, estas situaciones no pueden permitirse”, afirmó.

Finalmente, Otero sostuvo que la Cooperativa “tiene las puertas abiertas” para colaborar en el esclarecimiento del caso. “Estoy a disposición de la Justicia. Lo importante es recuperar un ambiente de trabajo tranquilo y seguro para todos”, concluyó. (Fuente: Radio 2820)

Se trata de un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja. Poco más de una semana después de estar alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, fue trasladado a la Unidad Penal 9 para continuar en ese lugar su detención mientras se prosigue con la Investigación Penal Preparatoria que lleva adelante el fiscal Jorge Gutiérrez.

El policía detenido habría mantenido un fuerte entredicho con otro funcionario policial que también se encontraba alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, vinculado a un caso de violencia de género que se suscitó casi simultáneamente en Urdinarrain.

En la primera audiencia en el Juzgado de Garantías para resolver su situación procesal, Gutiérrez había requerido una prisión preventiva por un plazo de 30 días para realizar las pericias correspondientes al hecho. Enumeró cada una de las medidas que le restaban realizar y por tratarse de un miembro de la fuerza policial, y ser ello un agravante en el caso, pidió un cumplimiento efectivo carcelario para que la investigación no se viera comprometida con una posible libertad del acusado.

El juez de Garantías, Ignacio Telenta, escuchó esas peticiones del Fiscal y dispuso la medida por 30 días, con la posibilidad de prorrogarse. Ello finalmente sucedió en la mañana de este jueves, cuando se amplió la medida por otros 60 días mientras se continúa con una serie de pericias que aún restan por realizar en la causa antes de su elevación a juicio.

El imputado es un policía de Gualeguaychú que prestaba funciones en la Comisaría Tercera. El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y la mujer no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso.

La mujer, que tiene otros dos hijos en común con este hombre, no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado. Como primera medida, se le secuestró su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, en donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Desde mediados de octubre, se encuentra en la UP9.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el abogado Gregorio Dalbón, quien la acusa de abuso de autoridad al solicitar allanamientos a periodistas y medios de comunicación con el presunto objetivo de amedrentar y censurar. La denuncia se presentó un día después de que la ministra, en nombre del Gobierno, denunciara un supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según Dalbón, el pedido de Bullrich incluía “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Entre los objetivos de los allanamientos figuraban los estudios de Carnaval Stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.

Además de los allanamientos, la ministra solicitó una medida cautelar inédita: prohibir la difusión, reproducción o circulación de los audios y cualquier otro material obtenido durante la operación denunciada, bajo apercibimiento legal. Para Dalbón, esto representa un “intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”.

La denuncia sostiene que la acción no se limitó a periodistas específicos, sino que buscó restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, configurando una forma de censura indirecta y masiva. El abogado calificó la denuncia de Bullrich como un “instrumento de intimidación” destinado a condicionar la libertad de prensa.

Dalbón encuadró el accionar de Bullrich en el delito de abuso de autoridad, señalando que se trató de un caso de extralimitación funcional. Argumentó que los allanamientos a medios, el secuestro de equipos de trabajo y la intención de prohibir la difusión de información periodística son acciones “manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

El episodio generó un debate intenso sobre los límites del poder del Ministerio de Seguridad y la protección de la libertad de prensa en Argentina. Mientras los defensores de la ministra insisten en la necesidad de investigar el supuesto espionaje, los críticos alertan sobre los riesgos de que el Estado utilice la denuncia penal como herramienta de presión contra los periodistas.

La situación también coincide con la creciente tensión en torno a la divulgación de los audios de Karina Milei, que han provocado polémica y movilizado a diversos sectores del periodismo y la opinión pública. La causa aún no tiene definiciones judiciales, pero la citación de Bullrich a prestar declaración indagatoria podría marcar un hito en la jurisprudencia sobre libertad de expresión y límites del poder estatal en el país.

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

La dimensión de las acusaciones contra Maraniello llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados. La organización sindical celebró entonces “haber logrado la consigna policial en el horario laboral” y remarcó que el juez fue notificado conforme al artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina, encabezada por el abogado César Grau.

Los expedientes contra Maraniello abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes declaró haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas en el organismo. La empleada argumentó que asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su empleo, y relató haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos. Señaló además que se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, sumados a observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar pedidos personales. Informó que los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios persistentes fuera de lugar. Según pudo saber Infobae, la víctima comunicó que necesitó medicación para soportar el contexto laboral, mencionó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y finalmente formalizó la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.

En estos casos, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino para tomar declaración, aunque la denunciante aclaró que no pretendía instar acción penal. Según la fiscal Mariana Labozzetta, el hecho podría revestir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello. Por ese motivo, el expediente pasó a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

El proceso disciplinario continúa con la evaluación de pruebas y testimonios. Mientras tanto, la Comisión de Disciplina analiza si corresponde aplicar sanciones administrativas o eventualmente girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez.

De acuerdo a la documentación, las denuncias contra Maraniello incluyen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. Varios expedientes fueron remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, aunque permanecen bajo reserva y no tienen difusión pública.

El gremio judicial remarcó que el avance de las entrevistas con empleados actuales y ex empleados ha permitido conocer “más y más casos”. En uno de los testimonios, la víctima describió su situación de vulnerabilidad, mencionando que era hija de un camionero y dependía del empleo como trabajadora interina para sostener sus estudios, siendo la primera universitaria de su familia.

La intervención de Maraniello en el escándalo de los audios de Karina Milei coincide con el avance de las causas en su contra. La filtración de los supuestos audios generó un operativo judicial del entorno presidencial para controlar la difusión.

Otra denuncia

El Gobierno presentó una denuncia judicial tras la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” orientada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. Acusa de maniobra golpista y alude a la participación de sectores de la oposición. El expediente quedó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.

La acción judicial estuvo acompañada por una orden del juez Alejandro Marianello, quien dispuso que cesara inmediatamente la difusión de los audios. El fallo, favorable a Karina Milei, busca evitar nuevas filtraciones por considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles. Además, el Gobierno solicitó el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y apuntó a los responsables de su publicación y a allegados de la diputada Marcela Pagano.

Según la denuncia, la difusión se produce en un “momento estratégico”, coincidente con la etapa clave de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales. El Gobierno interpreta esta coincidencia como parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado y denuncia que la utilización de los audios representa un hecho grave sin precedentes en la política argentina.

Fuentes del Ejecutivo reconocen preocupación interna por el impacto de la crisis, consideran que la revelación de los audios afectó la motivación de la militancia y resaltan el riesgo de que la crisis política se profundice si el oficialismo no logra un resultado favorable en los comicios próximos.

El oficialismo atribuye la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen y señala la coordinación de sectores opositores, en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna que agrava la situación del Gobierno nacional. (Infobae)

El operativo comenzó el 5 de agosto en el Puesto de Control Fijo “Pucorucá” de la Agrupación V “Entre Ríos”, cuando los gendarmes inspeccionaron un camión de encomiendas proveniente de Posadas. El can antinarcóticos “Mirko” detectó un paquete dirigido a R.A.B., que contenía 128 envoltorios con un total de 49,935 kilos de marihuana.

Ante la magnitud del hallazgo, la jueza federal de Concordia dispuso una entrega vigilada: la droga fue parcialmente reemplazada por una sustancia inocua para permitir que el envío continuara hasta su destino bajo control judicial.

La intervención culminó con la detención de W.A.N., quien se presentó a retirar la encomienda acompañado de dos mujeres, mientras se realizaban allanamientos en domicilios vinculados, incautándose teléfonos celulares y otros elementos de interés.

El procedimiento buscó desarticular la red criminal detrás del envío, y la investigación continúa para identificar a otros integrantes de la organización que operaba entre varias provincias, interrumpiendo así la distribución de estupefacientes hacia la región patagónica.

La convocatoria bajo el lema "A un encubridor no se le da la bienvenida" surge a raíz de denuncias que involucran al prelado con hechos ocurridos durante su gestión como obispo de Santa Rosa, La Pampa.

El origen del repudio se vincula a la historia de Vicente Suárez Wollert, joven oriundo de Santa Elena que en 2015, con 19 años, viajó a Intendente Alvear para integrarse a la Fraternidad de Belén, dirigida por el cura José Miguel Padilla.

Allí, según relató el propio Suárez Wollert, sufrió acosos sexuales por parte de Padilla, quien fue luego juzgado y absuelto en 2023 por el beneficio de la duda, pese a la gravedad de las denuncias. El sacerdote había sido expulsado de la congregación antes de su muerte en 2024.

Suárez Wollert denunció que durante su estancia en la Fraternidad, Padilla lo citó a su habitación bajo el pretexto de atender su salud y allí lo acosó físicamente, afirmando que “yo era solamente de él” y que lo sentía “un poquito más suyo”. El joven llevó el caso ante la Justicia, pero asegura que Raúl Martín, entonces obispo de Santa Rosa, desoyó sus pedidos de ayuda pastoral, negó conocer los hechos y minimizó las denuncias públicamente, cuestionando incluso la veracidad del testimonio de la víctima.

El denunciante relató que Martín, frente a la prensa, llegó a afirmar que no todo lo que dicen las víctimas debía considerarse verdad y desestimó su relato, lo que generó malestar y acusaciones de encubrimiento. A raíz de estas circunstancias, Suárez Wollert decidió dar un paso simbólico y contundente: solicitó formalmente su apostasía, renunciando al vínculo religioso que lo unía a la Iglesia desde su bautismo.

En la carta presentada al Arzobispado de Paraná, argumentó que su decisión se fundamenta en la conducta del arzobispo, a quien acusa de avalar con su silencio los abusos cometidos, omitir la asistencia pastoral solicitada, no impulsar las investigaciones correspondientes y faltar a la verdad durante el juicio.

La visita de Martín a Santa Elena generó así una respuesta inmediata de la comunidad, que prepara actos de protesta durante la fiesta patronal. Organizaciones locales y vecinos consideran que su presencia constituye una afrenta a la memoria de las víctimas y un símbolo de la falta de responsabilidad de la Iglesia frente a denuncias graves de abuso.

El caso de Suárez Wollert evidencia la tensión existente entre la institución eclesiástica y quienes denuncian encubrimiento de delitos sexuales. La reacción de Santa Elena se suma a un debate más amplio sobre la responsabilidad de los líderes religiosos frente a casos de abuso, la necesidad de transparencia y el derecho de las víctimas a recibir apoyo y justicia efectiva. La movilización prevista para este domingo busca visibilizar la postura de quienes consideran que la visita del arzobispo no debe celebrarse sin cuestionamientos y sin reconocimiento de los errores pasados por parte de la Iglesia.

Una carta pública firmada por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encendió la alarma en el Gobierno: acusa al presidente Javier Milei de “ataque deliberado” contra la independencia del Poder Judicial y exige explicaciones sobre medidas que, a juicio de los expertos, representan un deterioro democrático.

El detonante fue la situación de la jueza federal Karina Andrade, blanco de amenazas y campañas de desprestigio tras liberar a 114 manifestantes detenidos en marzo. Según la ONU, su caso refleja un patrón de estigmatización alentado desde la Casa Rosada, que apuntala “hostigamiento, abuso público y amenazas de muerte” contra magistrados críticos.

Detrás del reclamo subyace un fenómeno más amplio: el uso del protocolo antipiquetes, el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y la Ley Bases para reprimir protestas y criminalizar la disidencia. Entre enero y junio de 2024 las cifras que recopilaron los relatores son contundentes: 80 detenciones arbitrarias, 665 heridos —varios con lesiones oculares por balas de goma— y 47 periodistas agredidos mientras cubrían marchas. El informe documenta que, solo el 12 de junio, más de 200 personas resultaron lesionadas cuando Gendarmería avanzó con gases lacrimógenos, bastonazos y detenciones al voleo en el Congreso.

La ONU también menciona el caso del juez porteño Roberto Gallardo, denunciado y perseguido oficialmente por limitar el accionar de las fuerzas federales. Para los expertos, pedir la destitución de jueces que fallan contra el Ejecutivo atenta contra las garantías de imparcialidad previstas en la Constitución y en tratados internacionales suscriptos por Argentina. “Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos”, remarca el documento, que subraya la prohibición de aplicar legislación antiterrorista contra manifestantes pacíficos.

Mientras tanto, desde el Gobierno se multiplica la retórica confrontativa. El vocero presidencial Manuel Adorni calificó a la magistratura disidente como “justicia de puerta giratoria” y la responsabilizó de la inseguridad. Estas declaraciones, advierte la ONU, incrementan el riesgo de violencia, particularmente contra mujeres juezas como Andrade, objeto de mensajes con connotaciones sexuales y amenazas de femicidio.

El Ejecutivo solicitó una prórroga para responder, pero el calendario apremia: debe detallar qué acciones tomará para garantizar la libertad de expresión, proteger a los magistrados y frenar el uso excesivo de la fuerza. En un país con tradición de compromiso multilateral, desoír a Naciones Unidas podría aislar aún más a un presidente que ya enfrenta cuestionamientos de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La pulseada, en definitiva, va más allá de un expediente diplomático. Define si la Argentina mantiene el estándar de independencia judicial consolidado tras el retorno democrático o si avanza hacia un modelo donde protestar y juzgar se convierten en actividades de alto riesgo.

El 21 de mayo de 2018, Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por cinco casos de corrupción de menores agravada y dos de abuso deshonesto, hechos ocurridos durante su paso como prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, entre 1985 y 1993. Desde entonces cumplía arresto domiciliario en un departamento de la ciudad.

Este martes 1º de julio, la Corte Suprema declaró la prescripción de los delitos y absolvió a Ilarraz, lo que generó un fuerte impacto entre las víctimas y la comunidad.

Hernán Rausch, sobreviviente y figura clave en la acusación contra Ilarraz, expresó su sorpresa por la decisión y reafirmó la responsabilidad del cura: “La prescripción no dice que es inocente, solo que pasó el tiempo. Nuestra lucha ahora es para que estos delitos no prescriban y los culpables sean condenados como corresponde”.

Rausch recordó que la denuncia inicial ante la Iglesia en 1995 no tuvo consecuencias, y que fue recién en 2012 cuando la Justicia tomó intervención, culminando con la condena en 2018. Criticó además la actuación eclesiástica, a la que acusó de encubrir el caso para evitar que se conociera la verdad.

El sobreviviente destacó la importancia de la condena de primera instancia como un avance en la visibilización de estos delitos y la ruptura del silencio, aunque lamentó la absolución actual: “Ilarraz es culpable y la sociedad lo sabe. No tengo problema en enfrentarme con él. Conté la verdad”.

Finalmente, reclamó la modificación legal para evitar que los abusos sexuales prescriban y así proteger a futuras víctimas y garantizar justicia. El caso Ilarraz representa una de las causas más emblemáticas sobre abuso sexual en instituciones religiosas en la provincia de Entre Ríos, y reaviva el debate sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial para atender estos delitos con la gravedad y la celeridad que requieren. (Fuente: Entre Ríos Ahora)