En el procedimiento se incautaron 38.005 comprimidos de Rohypnol, una sustancia sedante conocida en el ámbito criminal y farmacológico como “la droga del abuso sexual”.

Los aprehendidos son dos hombres domiciliados en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, identificados por sus iniciales como C. A. C. y M. A. K. S. De acuerdo con los datos recabados en el marco de la causa, este último es un conocido influencer de la provincia mediterránea, donde además se desempeña como director de marca en la industria de la moda.

La hipótesis principal de las autoridades apunta a que el cargamento ingresó al país desde Brasil y tenía como destino final la provincia de Córdoba. Los acusados se desplazaban a bordo de un Volkswagen Suran con el que habían egresado hacia el país vecino el pasado 29 de septiembre, concretando su reingreso a territorio argentino este 10 de octubre.

El expediente tramita ante el Juzgado Federal de Concordia, bajo la dirección de la jueza Analía Ramponi y con la participación del secretario penal Alan Bergdolt. Como resultado del operativo de interceptación, la Justicia dispuso la incautación inmediata del vehículo acondicionado para el traslado y de tres teléfonos celulares.

A partir de las directivas emitidas por la magistrada federal, la investigación sumó medidas operativas fuera del territorio provincial. Se ejecutaron tres allanamientos en inmuebles de Villa Carlos Paz, en un despliegue conjunto coordinado por la Policía de Entre Ríos, la División Unidad Operativa Federal Concordia y la División Unidad Operativa de Investigaciones Córdoba de la Policía Federal Argentina (PFA). Durante las medidas se identificó a personas vinculadas a los sospechosos y se requisó documentación junto con dispositivos electrónicos adicionales.

Está previsto que ambos detenidos presten declaración indagatoria ante la jueza Analía Ramponi durante la jornada de este martes.

El Rohypnol es la denominación comercial del flunitrazepam, un psicofármaco perteneciente a la familia de las benzodiacepinas. Su consumo produce una marcada somnolencia, alteración de la coordinación motora y amnesia anterógrada.

Si bien en determinados contextos se detecta su uso recreativo en fiestas o eventos masivos —donde reduce drásticamente la capacidad de reacción—, la sustancia es catalogada epidemiológicamente como “la droga del abuso sexual” o “la droga de las violaciones”, dado que sus efectos de incapacitación física y borrado de memoria son frecuentemente instrumentalizados para facilitar la comisión de delitos contra la integridad sexual.

Este secuestro se suma a antecedentes recientes gestionados por la misma sede judicial en la región norte de la provincia. En procedimientos tramitados durante los años 2023 y 2025, la jueza Analía Ramponi coordinó operativos que permitieron incautar casi 40.000 comprimidos y 52 kilos de Rohypnol, respectivamente, causas que también derivaron en detenciones y allanamientos múltiples. Concordia Policiales

El expolicía Luis Roberto Jesús Carlino fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual agravado, en el marco de una causa que involucró a un menor de edad. El fallo se resolvió mediante un juicio abreviado y se sumó a una condena anterior que había recibido por los hechos vinculados con la sedición policial de diciembre de 2013.

Carlino fue condenado por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido aprovechándose de la convivencia preexistente con un menor de edad y por su condición de ascendiente, reiterado, a raíz de dos hechos que fueron considerados en concurso real.

La condena, según publicó Concordia Policiales, fue dictada por el vocal de los Tribunales de Concordia, Pablo Garrera Allende. El procedimiento se desarrolló mediante un juicio abreviado que había sido acordado entre el abogado defensor del expolicía, Alejandro Giorgio, y la fiscal de la causa, Daniela Montangie, con el consentimiento de las víctimas.

La condena anterior por la sedición policial

Carlino ya contaba con antecedentes judiciales relacionados con los hechos ocurridos durante la sedición policial de diciembre de 2013. En julio de 2015, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia lo había condenado a tres años y medio de prisión y siete años de inhabilitación.

La causa había estado relacionada con los acontecimientos registrados entre el 8 y el 9 de diciembre de 2013, cuando un grupo de policías tomó la Jefatura Departamental Concordia en el marco de un reclamo por aumentos salariales y mejoras laborales.

Los hechos de diciembre de 2013

La protesta había dejado a la ciudad sin el normal servicio de seguridad y, durante aquellas jornadas, se produjeron saqueos en distintos comercios. Como consecuencia de los hechos registrados en ese contexto, tres personas murieron.

La condena dictada en 2015 fue posteriormente apelada por las defensas. En 2022, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos rechazó los planteos de prescripción de la acción penal y los recursos que habían sido presentados contra las condenas.

Un año después, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó las impugnaciones formuladas por las defensas y confirmó lo que había sido resuelto en las instancias judiciales anteriores.

Tras esos pronunciamientos, la defensa oficial presentó un recurso extraordinario federal que posteriormente llegó en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal desestimó la presentación por cuestiones formales. De esa manera, quedaron firmes las condenas que habían sido dictadas contra los policías por los acontecimientos de diciembre de 2013.

La División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, logró en las últimas horas la detención de un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura vigente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones de las calles Moreno y Gervasio Méndez, y fue el cierre de un operativo que incluyó investigaciones, tareas de vigilancia encubierta y el análisis de información proveniente del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP)

Gracias a estos recursos, la Policía Federal pudo establecer el paradero del prófugo, concretar su detención y de esta forma darle un cierre a la orden de captura que había sido emanada desde el Juzgado de Garantía N°3 de Moreno.

El detenido fue inmediatamente trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición para un futuro traslado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente al partido de General Rodríguez, de donde se solicitó su captura.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que la víctima no debe ser remitida a un proceso civil para obtener la reparación del daño acreditado en la causa, pero por otro lado se recalificó el hecho como tentativa de abuso y se ordenó un nuevo pronunciamiento.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) hizo lugar, de manera parcial, a un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y anuló el rechazo a la reparación integral a una víctima de abuso sexual cometido en una dependencia del Ejército Argentino en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Por unanimidad, los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar y la jueza Ángela Ledesma dejaron sin efecto la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay que había desestimado el pedido de reparación del daño causado a la víctima en la sentencia que condenó al autor de los abusos.

En el caso intervinieron la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, cuyo responsable es el fiscal Pedro Rebollo; la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la fiscal general María Josefina Minatta; la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), cuya titular es María Fernanda Bergalli; y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena. En la instancia de casación, intervino el titular de la Fiscalía General N°2 ante la CFCP, el fiscal general Raúl Pleé.

El pedido de reparación había sido calculado por la SIFRAI y la DGRADB a solicitud de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. En febrero de 2024, las dependencias especializadas estimaron el monto en $29.228.298, al proponer que la suma sea equivalente al salario percibido durante los cinco años en los que la víctima sufrió los hechos investigados en la causa.

En el mismo fallo —aunque con la mayoría de Yacobucci y Ledesma y la disidencia de Slokar—, la Cámara hizo lugar al agravio de la defensa y recalificó el hecho de abuso sexual consumado a tentado, tal como incluso había calificado el hecho la fiscalía en su alegato en el juicio oral.

La Cámara aclaró que esta recalificación no altera la escala penal aplicable ni implica desconocer la materialidad del hecho ni la responsabilidad del condenado sargento Víctor Hugo Mercado, que fue confirmada por unanimidad tras un extenso análisis de la prueba testimonial y documental producida en el debate.

Como consecuencia de la recalificación, los jueces ordenaron remitir la causa al tribunal de origen para que, con una nueva integración, fije la pena correspondiente al delito tentado, previa audiencia y con intervención de las partes.

La decisión del tribunal oral y el recurso del MPF

El 8 de septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay condenó al sargento Mercado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como autor del delito de abuso sexual simple, en concurso real con lesiones psicológicas graves mediando violencia de género. A la vez, descartó que el hecho estuviera agravado por la pertenencia del acusado a las fuerzas de seguridad —concluyó que el Ejército Argentino no integra esa categoría— y rechazó el pedido de reparación integral formulado por la fiscalía, al considerar que el planteo había sido sorpresivo, que la víctima no había tenido intervención y que disponerla en el proceso penal le impediría ejercer una acción civil autónoma.

Contra esa decisión, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa de Mercado interpusieron sendos recursos de casación.

Los fundamentos de Casación sobre la reparación integral

Al resolver, la Sala II consideró, en primer lugar, que el pedido de reparación no había sido sorpresivo. Señaló que tanto la fiscalía de instrucción como la querella lo habían planteado en los respectivos requerimientos de elevación a juicio y que el cálculo elaborado en febrero de 2024 por la SIFRAI-DGRADB en un dictamen y a pedido de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, había sido puesto en conocimiento de la defensa, que no había formulado objeciones.

En ese sentido, los jueces destacaron que, antes del debate y en su carácter de querellante, la víctima “adhirió a las pautas delineadas por el acusador para el cálculo de la reparación, las cuales fueron ratificadas en su alegato, sin que la defensa hubiese efectuado consideración alguna”.

La Cámara también descartó que la procedencia de la reparación dependiera de que la víctima se constituyera en actora civil o mantuviera su participación como querellante hasta el debate. Al respecto, señaló que el artículo 29 del Código Penal (por el cual se solicitó la reparación integral) no exige esos requisitos y que el Ministerio Público Fiscal puede solicitar el resarcimiento del daño en su carácter de representante del interés general y, en particular, de los derechos de las víctimas, conforme las facultades previstas en el artículo 120 de la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica del MPF (N°27.148).

A su vez, la Sala II rechazó el argumento según el cual la víctima debía recurrir necesariamente a una acción civil para requerir la reparación. Explicó que la finalidad del artículo 29 del Código Penal es permitir que la reparación del daño pueda ser dispuesta en la propia sentencia penal, evitando que quien ya atravesó un proceso de esa naturaleza deba iniciar un nuevo juicio para obtener una respuesta reparatoria respecto de un daño que quedó acreditado.

“Remitir a la víctima a la vía civil luego de un proceso penal que acreditó el daño, su entidad y su vinculación causal con la conducta del condenado, no solo resulta contrario a la finalidad de la norma, sino que importa, en los hechos, una carga adicional e injustificada sobre quien ya ha transitado un proceso de esta naturaleza”, señala el fallo.

Finalmente, la Cámara destacó la importancia de garantizar a la víctima un acceso efectivo a la reparación del daño, ya que no solo es una exigencia del derecho interno, sino también una obligación internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos. En particular, recordó los compromisos asumidos mediante la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que exige adoptar mecanismos para asegurar la reparación integral de la víctima, siendo este un derecho constitucional reconocido.

El caso

La víctima se desempeñaba en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú del Ejército Argentino, donde Mercado era suboficial y su superior jerárquico.

En julio de 2016, el condenado la obligó a realizar una tarea fuera de su horario laboral y, aprovechándose de esa situación, intentó forzarla a mantener relaciones sexuales y realizó distintos tocamientos sin su consentimiento.

Tras la negativa de la víctima, Mercado comenzó a hostigarla y acosarla laboralmente mediante burlas y expresiones denigrantes frente a sus compañeros, ante quienes se refería a ella como “loca”, “la soldado 22” o “la crazy” en las formaciones. También utilizó su asimetría de poder y su posición jerárquica para trasladarla reiteradamente a otras oficinas y someterla.

Aun con denuncias en su contra y una orden de alejamiento, Mercado continuó hostigándola, lo que provocó en la víctima un deterioro psicológico que la llevó, en septiembre de 2021, a cometer un intento de suicidio y a la posterior solicitud de baja del servicio militar. En el juicio, se acreditó que estos hechos causaron un grave deterioro en la vida y en la psiquis de la víctima.

La semana pasada había finalizado la primera parte del debate, donde se realizaron los alegatos de clausura. Tanto la fiscal Martina Cedrés y el querellante Pablo Di Lollo coincidieron en un pedido de pena de 17 años de prisión para el joven policía que estaba acusado por su ex novia de 20 años de graves delitos contra su persona que en esta primera instancia no pudieron ser comprobados. El abogado defensor, Alfredo Vitale, sostuvo en los alegatos que los hechos no pudieron ser acreditados durante el juicio contra su defendido y había requerido que fuera absuelto por el beneficio de la duda.

El juez Mauricio Derudi, en su adelanto de veredicto, absolvió al acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, aborto doloso, lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género y privación ilegal de la libertad.

En su lugar, sí lo condenó por el delito de amenazas simples reiteradas a cumplir con una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, más una serie de medidas de coerción hacia la víctima por el plazo de 3 años. En esta ocasión no se conocieron los motivos que tuvo el magistrado para su decisión y será el próximo 18 de septiembre cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia.

A partir de ese momento comenzarán a correr los plazos procesales para que la sentencia adquiera firmeza, pero es muy posible que ambas partes acusadoras recurran el fallo a una segunda instancia, para ser analizado por los camaristas de Casación en Concordia.

Según la acusación, los hechos se produjeron durante la relación de pareja y se extendieron desde mediados de 2025 hasta febrero de 2026. El primero de los hechos atribuidos al policía corresponde a reiterados episodios de abuso sexual que, según la acusación, tuvieron lugar mientras mantenían la relación de pareja, lo cual es un agravante dentro de la acusación. De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, el imputado la habría obligado en distintas oportunidades a mantener relaciones sexuales y a practicarle sexo oral contra su voluntad.

Los episodios habrían ocurrido principalmente en los domicilios donde convivieron en Gualeguaychú. La acusación sostuvo que el imputado le quitaba la ropa, la tocaba, la penetraba vaginalmente, además de obligarla a practicarle sexo oral pese a sus negativas.

La Fiscalía también describió un contexto previo de sometimiento psicológico. Según la imputación, al comienzo de la relación el joven le habría prohibido mantener amistades, la habría alejado de su familia y durante la convivencia la habría descalificado reiteradamente. También le habría manifestado que se encontraba abrumado por deudas económicas y que la única solución era quitarse la vida, expresiones que, de acuerdo con la acusación, generaban temor en la joven. Uno de los episodios puntuales señalados ocurrió el 2 de diciembre de 2025, cuando ambos se encontraban en el departamento donde vivían en calle Guido Spano. Según la acusación, él intentó mantener relaciones sexuales con ella, pero ante su negativa la tomó fuertemente de los brazos, provocándole marcas. La joven habría logrado escapar y encerrarse en el baño, desde donde le manifestó que iba a denunciarlo.

Siempre de acuerdo con la imputación, en ese momento el joven funcionario le habría dicho que no le serviría de nada recurrir a la Jefatura de Policía porque, según sus palabras, “era la casa de los policías” y que a él no le ocurriría nada. Para la acusación, esa situación incrementó el temor de la denunciante.

El embarazo y la interrupción

El segundo hecho incorporado al expediente se relaciona con un embarazo de aproximadamente seis semanas y media que cursaba la joven a fines de enero de 2026.

Según la acusación, el agresor tomó conocimiento del embarazo y la habría obligado a interrumpirlo, pese a que ella le manifestó en reiteradas oportunidades que no quería hacerlo. De acuerdo con lo expuesto en el juicio, el imputado la habría llevado en distintas oportunidades al Hospital Centenario y finalmente el 30 de enero la acompañó hasta el establecimiento, donde ella debía realizar los trámites y retirar la medicación indicada para la interrupción del embarazo.

La acusación sostiene que ese mismo día, una vez que regresaron al domicilio de Guido Spano, el joven le habría indicado que realizara el procedimiento. Ella habría comenzado a atravesar el proceso en el baño de la vivienda, presentando, según el relato incorporado al expediente, vómitos con sangre, contracciones y abundante sangrado.

Siempre según la imputación, ante los planteos de la joven respecto de que no quería interrumpir el embarazo, el acusado le habría respondido que debía hacerlo y que, de continuar con el embarazo, le arruinaría la vida. También habría utilizado expresiones amenazantes vinculadas con ella y con la criatura, según fue expuesto durante el debate.

El episodio del cuchillo y el arma reglamentaria

El tercer hecho ocurrió, según la acusación, el 12 de febrero de 2026 alrededor de las 22.30, en el departamento de Guido Spano. La imputación señala que, luego de que ella le pidiera ingresar al baño, él habría entrado detrás y la habría tomado del cabello para sacarla del lugar, mientras le exigía que se bañara y comiera. La joven, entre llantos, habría arrojado un recipiente de shampoo contra el imputado, quien le habría manifestado que estaba cansado de verla llorar.

Más tarde, durante la cena, según la acusación, el sujeto le habría dicho que se matara y, utilizando un cuchillo tipo Tramontina con el que estaba comiendo, le habría provocado varios cortes en la cara anterior del antebrazo izquierdo.

La imputación agrega que, después del episodio, el joven se habría acostado y le habría pedido perdón, manifestando que no sabía lo que había hecho. Sin embargo, ante el estado de angustia y temor de la víctima, habría dejado su arma reglamentaria a disposición de la joven y le habría dicho que, si se sentía tan mal, se matara. Luego se habría retirado del domicilio para cumplir un servicio adicional.

La privación de la libertad

Al día siguiente, el 13 de febrero, se produjo otro de los hechos incluidos en la acusación. Según el expediente, el acusado regresó durante la tarde o noche al departamento que compartía con ella, quien había preparado sus pertenencias debido a que el joven se retiraría de la vivienda.

En ese contexto, la joven le habría recriminado por relaciones que mantenía con otras mujeres mientras convivían. De acuerdo con la acusación, el muchacho reaccionó diciéndole que estaba loca, la empujó sobre la cama y la tomó del cuello. Ella habría logrado liberarse y correr hacia la puerta, pero la acusación sostiene que el imputado había arrojado las llaves al exterior del departamento, impidiendo que pudiera salir. Luego, siempre según el relato llevado a juicio, volvió a tomarla del cuello y la colocó sobre un ropero.

En medio de esa situación, el acusado habría llamado a su madre para que fuera a buscarlo. Después de esa comunicación, según la acusación, tomó un cuchillo, se lo arrojó a su joven novia sobre la cama y le dijo que se matara. Posteriormente habría tomado el mismo cuchillo y se lo habría colocado sobre el abdomen.

La situación terminó cuando ella tomó el teléfono celular del policía y logró comunicarse con la propietaria del departamento. La mujer concurrió al lugar junto con su esposo, abrió la puerta y permitió que víctima pudiera salir de la vivienda.

Al día siguiente, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el acusado le envió un mensaje por Instagram a ella con amenazas de muerte y que no la dejaría en paz, que si la veía con otro hombre le iba a disparar y que debía quitarse la vida.

Un hombre de 22 años que tenía un pedido de captura vigente fue localizado y detenido este martes en Gualeguaychú, en el marco de una investigación llevada adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental.

El joven era buscado por disposición de la Justicia en una causa por supuesto abuso sexual. Según se informó, había sido declarado en rebeldía y sobre él pesaba una orden de detención.

Tras ser localizado en la vía pública, fue trasladado a la Jefatura Departamental. Durante la requisa de sus pertenencias, los efectivos encontraron oculto dentro de su calzado un envoltorio que contenía una sustancia blanca, de aspecto similar a una piedra.

Ante el hallazgo intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó un test orientativo de campo. El resultado fue positivo para cocaína.

Con conocimiento de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro del envoltorio, que contenía 8,7 gramos de cocaína, y se iniciaron actuaciones por el presunto delito de tenencia de estupefacientes.

De esta manera, el procedimiento derivó no solo en la detención del hombre que era buscado por la Justicia, sino también en el inicio de una nueva investigación vinculada al hallazgo de la droga.

La escritora E. Jean Carroll recibió oficialmente US$ 5.625.005,48 de Donald Trump, tras una batalla legal de tres años que culminó con un jurado declarándolo culpable de abuso sexual y difamación. El desembolso, que incluye daños e intereses, fue ordenado por el juez Lewis Kaplan y confirmado en el registro del tribunal.

Trump intentó bloquear la transferencia alegando que debía esperar a una reconsideración de la Corte Suprema, pero su maniobra fue desestimada. El tribunal de apelaciones también rechazó suspender el pago, dejando al mandatario sin margen de maniobra.

Carroll, de 82 años, celebró la resolución con un mensaje a sus seguidores: “¡El águila ha aterrizado!”, agradeciendo a su equipo legal y mencionando irónicamente a Alina Habba, exabogada de Trump. Su abogada principal, Roberta Kaplan, remarcó que “un jurado unánime declaró culpable a Trump; hoy Carroll recibe la indemnización que le corresponde”.

Los abogados de Carroll señalaron que el dinero será destinado a su jubilación y permanecerá en una cuenta que devenga intereses mientras se resuelve la última apelación de Trump, quien insiste en plantear su inmunidad presidencial ante la Corte Suprema.

El caso, que se convirtió en símbolo de resistencia frente al poder político, expone a Trump en un terreno incómodo: no solo perdió en tribunales, sino que debió cumplir con el pago, un golpe a su imagen pública en plena pulseada política y judicial.

El delito de la trata de personas dejó de ser una problemática anclada únicamente al terreno físico. Tras la pandemia, las redes de explotación trasladaron gran parte de su estructura al entorno virtual, mutando sus estrategias hacia el uso de redes sociales, plataformas de contenido pago y videojuegos en línea. Así lo advirtió la Coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, Silvina Calveyra, quien analizó el panorama actual de la provincia de Entre Ríos frente a estos delitos complejos.

"Venimos trabajando incluso con entidades educativas, alertando sobre estas nuevas modalidades que tienen que ver con las primeras fases en el delito de trata: el ofrecimiento y la captación. Hablamos de un delito que es totalmente dinámico, que no es estático y que va mutando", explicó Calveyra en diálogo con APFDigital.

Según la funcionaria, la captación digital se vale del engaño, falsas promesas laborales y el "falso noviazgo virtual" a través de sitios como OnlyFans, Sugar Daddy o Sweet Lady, e incluso mediante plataformas de juego donde se busca endeudar a niños y niñas. "Estamos hablando de delitos muy complejos que se vinculan con otros como el narcotráfico, donde las víctimas son utilizadas como soldaditos o como mulas", alertó.

Sin embargo, el entorno digital plantea desafíos legales. En ese sentido, la funcionaria destacó la adhesión de Entre Ríos a la Ley Olimpia contra la violencia digital como un paso positivo para contrarrestar plataformas creadas con "cero perspectiva de género" y basadas en asimetrías de poder. Asimismo, adelantó que en el último Consejo Federal de Trata se debatió una reforma profunda para que la Ley de Trata considere estas nuevas modalidades virtuales.

Por otra parte, ligó estrechamente la problemática del grooming como la antesala de la trata, mencionando que a través de la campaña provincial "En Internet no todo es lo que parece" se constató el aumento de denuncias en los talleres escolares: "La mayoría de los niños y adolescentes atravesó alguna situación".

"Hoy estamos frente a una realidad donde la explotación es en línea a través de estos sitios. Incluso es mucho más grave y riesgosa porque, por este abuso de poder y el funcionamiento de estas plataformas, las personas explotadas muchas veces ni siquiera ven el rostro del prostituyente", detalló la coordinadora.

Calveyra describió que las personas rescatadas presentan secuelas muy graves con daños profundos, intentos de autolesión y de suicidio. La funcionaria ejemplificó el nivel de vulneración con casos de resonancia nacional donde las víctimas eran obligadas mediante streaming a autolesionarse o a registrar situaciones extremas bajo extorsión y chantaje emocional.

Respecto al protocolo de asistencia, se precisó que el abordaje inicial y la declaración testimonial se coordinan con los ministerios públicos fiscales, la Protex y el Programa Nacional de Rescate. Posteriormente, el seguimiento y acompañamiento a largo plazo quedan a cargo de los puntos focales provinciales, rol que en el territorio entrerriano desempeña el Consejo dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El arco político de Gualeguaychú fue sacudido en la mañana de este lunes cuando, a través de EL ARGENTINO, se conoció la denuncia realizada por la secretaria del bloque de La Libertad Avanza contra el concejal Marcelo Rodríguez.

Según el relato, el ataque que sufrió la mujer sucedió en la oficina dentro del Palacio Municipal y desde tiempo padece el acoso sexual por parte del legislador, pero hace dos semanas atrás fuer manoseada en sus partes íntimas y cansada de todo decidió hacer la denuncia.

“Estoy sorprendido y me estoy enterando por los medios de esta situación. Yo no he sido notificado de nada”, fue lo primero que aclaró Rodríguez en su primera declaración a EL ARGENTINO y señaló: “Estoy tranquilo porque es todo mentira, si tiene que intervenir la Justicia que lo haga con celeridad”.

Por último, comentó: “La gente que me conoce sabe cómo actuó en mi vida. Lo que si, cuando la Justicia resuelva, actuaré en consecuencia sobre esta situación, porque detrás está mi familia, mi honor y mi espacio político, y mucha gente que me quiere está sufriendo por esta situación”.

A lo largo de toda la semana se desarrolló en los Tribunales de Gualeguaychú un nuevo juicio por jurado por un caso de abuso sexual gravemente ultrajante, contra un hombre que durante más de una década violó a una joven que hoy ya tiene 20 años y se animó a contar lo que padeció.

Se trata de un sujeto que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la víctima.

Este hombre habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.

El pasado lunes comenzó a tratarse el caso en los Tribunales. Ese primer día estuvo dedicado a la selección de las doce personas que integraron el jurado y el martes se realizaron los alegatos de apertura y la recepción de la prueba, entre los profesionales que atendieron a la joven en la Casa de la Mujer y en el Centro de Salud de su barrio. El martes y miércoles siguieron con las declaraciones de la madre, familiares, amigos, que tomaron conocimiento de los hechos y peritos del Poder Judicial. El jueves fue el turno de la defensa y sus testigos, y este viernes se realizaron los alegatos de clausura e instrucciones finales al jurado ante de la deliberación y veredicto.

El jurado lo encontró culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de conviviente y por ser la víctima menor de 18 años, y la audiencia de cesura se realizará el próximo miércoles, donde la fiscal Cedrés podría requerir hasta el máximo de lo que establece el Código, con una pena de hasta 20 años de prisión.

La Policía y la Justicia continúan buscando a Néstor Armando Rondán, quien permanece prófugo tras fugarse antes de ser trasladado a una unidad penal para comenzar a cumplir una condena de seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal.

La sentencia fue dictada por el vocal Pablo Garrera Allende en el marco de una causa impulsada por la fiscal Evelina Espinosa. El condenado debía ser alojado en una cárcel para dar inicio al cumplimiento de la pena, pero logró escapar un día antes de concretarse el traslado.

El hecho por el que fue condenado ocurrió el 4 de agosto de 2024. Según la investigación judicial, la víctima mantenía una relación de amistad con Rondán y ambos regresaban de una fiesta realizada en la localidad de General Campos con destino a Estación Yeruá. Durante el trayecto, el ahora condenado habría golpeado a la joven para luego abusar sexualmente de ella.

A lo largo de la investigación, la Fiscalía reunió diversos elementos probatorios que permitieron avanzar hacia el juicio y obtener la condena. Sin embargo, antes de que la sentencia comenzara a ejecutarse, el acusado logró evadir el accionar de la Justicia.

Según por Concordia Policiales, durante el pasado fin de semana se llevaron adelante allanamientos en Estancia Grande y Estación Yeruá, lugares donde existían indicios de que podría encontrarse oculto. Los procedimientos no arrojaron resultados positivos y el hombre continúa siendo intensamente buscado.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que cualquier dato que permita establecer su ubicación podría resultar determinante para concretar su captura y garantizar el cumplimiento de la condena impuesta por la Justicia.

El Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF) puso en marcha un ciclo de capacitaciones destinado al personal de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC) y Nodos territoriales de Gualeguaychú. El objetivo es reforzar los protocolos de actuación frente a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, brindando herramientas prácticas para la detección temprana y la intervención adecuada.

Las jornadas están a cargo del equipo técnico de ANAF y se desarrollan en distintos espacios de salud y atención comunitaria, entre ellos el CAPS Patico, CIC Néstor Kirchner, Nodo Curita Gaucho, CAPS Cuchilla, CAPS San Francisco y CAPS San Isidro. El cronograma se extenderá hasta el próximo 28 de mayo, con encuentros que buscan llegar a la mayor cantidad de equipos territoriales.

Durante las capacitaciones, los profesionales trabajan sobre la elaboración de informes de sospecha de abuso sexual infantil (ASI), situaciones de maltrato y otros contextos de vulnerabilidad. Se abordan indicadores de riesgo y se explican los procedimientos institucionales que deben activarse al momento de intervenir, incluyendo los circuitos de derivación hacia organismos especializados.

El espacio también permite fortalecer la articulación entre el sistema de salud y ANAF, promoviendo una respuesta más rápida y coordinada ante casos complejos. Se detalla cómo funcionan las redes institucionales y el trabajo conjunto con escuelas, defensorías y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), explicando los pasos que siguen los casos desde su ingreso hasta la intervención de cada organismo.

Además, se entrega material impreso con información específica y contactos institucionales, lo que facilita la comunicación entre equipos y garantiza una articulación más fluida. La propuesta apunta a que cada trabajador de la salud cuente con herramientas claras y accesibles para actuar frente a situaciones de vulneración de derechos.

Tras el rechazo por parte de la justicia brasileña de los dos últimos recursos de apelación presentados por la defensa de Juan Darthés, el condenado por violación a Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años, debe cumplir su condena efectiva de seis años y medio de prisión en un penal de Brasil.

La propia Thelma Fardin, a través de un video donde hace un recorrido de los largos 8 años de proceso judicial que involucró a tres países, fue la encargada de dar la noticia hace minutos, desde sus redes sociales junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval.

Este fallo, en el que el hoy condenado por abuso sexual con acceso carnal utilizó todas las herramientas de dilación y gran cantidad de recursos económicos, sienta un precedente jurídico internacional en la defensa de los derechos humanos de las infancias, adolescencias y mujeres.

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Mientras en Argentina un gobierno dispuesto a arrasar con los tratados internacionales de protección a infancias y mujeres, Thelma nos recuerda una de sus expresiones más contundentes: “¿Pretenden que las víctimas nos filmemos mientras somos violadas?”.

Este recorrido devastador para Thelma deja un mapa en relación a la revictimización a la que son sometidas las víctimas y las madres de quienes son abusadas y expone sin fisuras el daño irreparable que pretenden instaurar desde el Poder Legislativo Nacional con el Proyecto de Falsas Denuncias, impulsado por la senadora Carolina Losada y Andrea Guacci, esposa de Diego Guacci, entrenador de fútbol femenino de la AFA y 8 veces denunciado.

Recordemos que Dhartes, ha recurrido hasta la embestidura religiosa de pastor evangélico y aún así, a partir de ahora y durante los próximos seis años y medios, dormirá en la celda de un penal brasileño.

Fuente: Página12

En las últimas horas del miércoles, personal de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina, detuvo a un joven de 28 años que se encontraba prófugo de la Justicia por el delito de abuso sexual agravado.

La Policía realizó relevamientos periódicos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) que es una plataforma digital unificada de Argentina que permite a las fuerzas de seguridad consultar y registrar en tiempo real pedidos de captura, restricciones y medidas judiciales sobre personas o elementos, y comenzaron a investigar los movimientos del sospechoso en la ciudad.

El requerimiento provenía desde el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, en una causa que lo tiene como protagonista por abuso sexual agravado. Luego de varios días de tareas investigativas, se pudo establecer la zona que frecuentaba y el miércoles hacia el final de la tarde se logró su detención. Posteriormente fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El fiscal Jorge Gutiérrez, el mismo que también lleva adelante el caso contra el policía Mariano Corvalán, acusado del intento de femicidio de Carolina Huck, tiene bajo su poder la causa que tiene como imputado a otro policía, que fue acusado de abusar con acceso carnal a su hijastra de 12 años.

Por decisión del juez de Garantías, Ignacio Telenta, el acusado se encuentra detenido bajo una orden de prisión preventiva que se le ha prorrogado varias veces. Está alojado en la Unidad Penal 9 y es muy posible que esa medida se le extienda hasta llegar al juicio.

Se trata de un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre de 2025 por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja. Poco más de una semana después de estar alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, fue trasladado a la Unidad Penal 9 para continuar en ese lugar su detención hasta la realización del juicio.

El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y la mujer no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso. Ella tiene otros dos hijos en común con este hombre, y no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado.

Una vez que el caso recayó en la Fiscalía, la primera medida que se adoptó fue secuestrarle su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, en donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Pero luego, y tras un altercado que mantuvo con otro detenido, fue trasladado a la UP9.

Ahora, el fiscal Gutiérrez finalizó con la etapa investigativa y requirió la realización de la audiencia de elevación del caso a juicio, donde se anticipó que requerirá una pena de prisión de 13 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado.

En la mañana de este jueves se realizó la autopsia en la Morgue Judicial del Cementerio Norte, al cuerpo del interno Miguel Ángel Magallán, por orden de la fiscal Martina Cedrés para despejar cualquier hipótesis en torno al deceso.

El médico forense del Poder Judicial de la jurisdicción Gualeguaychú, Marcelo Benetti, no encontró anomalías en las placas de cráneo y tórax, y se confirmó que el fallecimiento se debió a una descompensación cardíaca por su cuadro de obesidad mórbida e hipertensión arterial.

Magallán tenía 42 años, era nacido en Gualeguaychú y domiciliado en Palavecino, soltero y había sido empleado municipal. Cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”. Pero además estaba a la espera de otra condena porque tenía en trámite otra causa por abuso de menores.

El deceso ocurrió pocos minutos después de las 7, mientras se encontraba en su celda junto a otros seis internos. Según relataron testigos, manifestó sentir un fuerte dolor en el pecho, se lo advirtió a los demás y cayó en su cama. Los demás presos avisaron al celador que ingresaba justo para la apertura del pabellón, pero nada se pudo hacer.

El Servicio Penitenciario trabajaba a las 8 de la mañana lluviosa de Gualeguaychú en trasladar el cuerpo hasta la Morgue Judicial en el Cementerio Norte para realizar mañana una autopsia al cuerpo por requerimiento de la Fiscalía, para determinar la causa de muerte y despejar cualquier otra variable, pero todo hace indicar que su comorbilidad fue el origen de un paro cardiaco.

Este hombre de 42 años, nacido en Gualeguaychú y domiciliado en Palavecino, era soltero y había sido empleado municipal. Desde hace un tiempo cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”. Pero además estaba a la espera de otra condena porque tenía en trámite otra causa por abuso de menores.

Los casos judiciales de abuso sexual se repiten a diario en los pasillos de Tribunales. Son incontables los hechos que han sido juzgados y sus responsables condenados, cumpliendo penas en cárceles. Son, en su gran mayoría, causas que tienen a menores como víctimas y sus perpetradores parte del círculo familiar, pero lo que es poco común es que un joven abuse de su pareja y el caso tome trascendencia.

El detenido es un joven de 21 años, funcionario policial, que se encuentra detenido con prisión preventiva en la Comisaria de Minoridad y Violencia Familiar por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones leves agravadas reiteradas, privación ilegítima de la libertad y amenazas simples”.

Esta semana se realizó una audiencia de apelación porque la defensa se oponía a la realización de una pericia que es clave para finalizar con la investigación y que la causa se eleve a juicio. Se trata de la pericia sobre el teléfono celular del acusado, en donde se encontraría la amenaza que le habría realizado a su pareja y que terminó originando la denuncia y apertura de causa.

En el día de los enamorados

Esa amenaza se habría realizado el 14 de febrero pasado, en donde el policía le escribió a su joven pareja de 20 años a través de Instagram: “no te voy a dejar en paz y donde te vea con otro te pego un tiro, lo mejor para vos es que te mates de una vez, te hubiera apuñalado nomas, hija de puta vas a ser mía para siempre”.

En la audiencia de esta semana finalmente se aprobó la realización de la pericia, que se va a llevar a cabo el próximo 13 de abril. Al día siguiente se debe discutir la prórroga de la prisión preventiva, pero la fiscal Martina Cedrés ya tendría todo lo necesario para cerrar la investigación y requerir la elevación de la causa a juicio.

El caso es sumamente grave, porque además la persona acusada es miembro de la Policía en Gualeguaychú. Fue acusado de obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, de practicarle sexo oral, mientras convivieron durante el 2025. Ella expresó en todo momento su negativa, pero ello originaba algo inverso en el sujeto, que según denunció la mujer, su novio “disfrutaba esa situación”.

Ella anulaba su voluntad y era la voluntad del acusado la que dominaba la relación de pareja. Le prohibió tener amigos, la alejo de su familia con excusas de toda índole. Erosionó su carácter y personalidad, insultándola y diciéndole que no servía para nada, algo propio en este tipo de relaciones de abuso.

Para la víctima no era algo fácil de denunciar. El agresor pertenecía a la Policía y en todo momento le recalcaba que no le iba a servir de nada ir a la Jefatura y que a él no le iba a pasar nada. Infundió miedo y terror en la joven, e incluso fue tal el nivel de sometimiento al que la sometió que la obligó a interrumpir en enero pasado un embarazo de seis semanas.

A todo ello, también se le suman las constantes agresiones físicas. Luego de abortar, la insultaba diciéndole que lloraba todo el tiempo, la tomó de los pelos para sacarla del baño. Cuando cenaban, y como eran constantes las lágrimas de la joven a la que había obligado a terminar con el embarazo, le dijo que se matara y con el cuchillo Tramontina que tenía en su mano le originó un corte en el brazo izquierdo. Incluso, le dejó su arma reglamentaria a mano para que se suicidara.

Ella intentó escapar de la casa, pero el sujeto la mantenía encerrada y había tirado las llaves hacia el exterior. Alcanzó a tomar un teléfono y llamó a la dueña del inmueble que alquilaban, que fue con su marido y luego de poder abrir la puerta, recataron a la joven.

Los abusos a menores se repiten a diario. En el Poder Judicial acaparan horas y horas de atención y de recursos las causas por este tipo de delito. Son una constante que no distingue clases sociales, edades, ni lugares. Ocurre en todos lados y en todos los ámbitos. Los responsables son siempre los mismos: miembros del círculo familiar de la víctima.

En esta ocasión, el hecho que llama la atención es otro: dos hermanos, de más de 50 años, fueron condenados en los últimos cuatro meses por abusar de menores de edad que son familiares directos de personas con quienes ellos mantenían una relación de pareja.

El primero de los dos fue Diego, que se hizo tristemente famoso luego que la familia de su joven pareja, 28 años menor, hiciera público la búsqueda de la joven de 23 años, que había dejado su casa para escapar a su lado.

Fue a fines de abril del 2025 cuando llegó a su fin la historia que tuvo con cierta preocupación a parte de la sociedad de Gualeguaychú: era intensamente buscada la joven de 23 años que había abandonado su casa. Si bien ya era mayor de edad, había cierta preocupación en su familia por la pareja que tenía: un hombre de 51 años que tenía su actividad laboral en la zona del delta entrerriano.

Con el correr de la investigación se estableció que este hombre, identificado como Diego Francisconi, había abusado de una niña de 12 años, que era familiar directa de la joven que tenía como novia y fue por ese delito que el 12 de noviembre de 2025 fue condenado, en un juicio abreviado, a 7 años y 6 meses de prisión.

Francisconi había conocido a su novia cuando ella tenía apenas 16 años y desde ese momento iniciaron una relación, que se transformó en una convivencia un año más tarde. Primeramente, lo hicieron en Villa Paranacito, pero luego, y tras un gran esfuerzo de la familia de la chica, se logró que ambos regresaran a Gualeguaychú, en 2021.

Se les construyó un dúplex en el barrio Pitter y allí vivieron hasta que a mediados de abril del año pasado se desató una discusión entre ambos, cuando el hombre fue abordado por la joven por el abuso de una menor de edad.

Tras ello, Francisconi abandonó la casa, pero días después ella lo siguió y fue su familia, preocupados por la integridad de la joven, la que decidió denunciar lo ocurrido.

El 26 de abril fueron localizados en un campo en la zona de Punta Caballo, en cercanías a Ceibas. Fue gracias al trabajo de investigación que hizo la Policía a través de la triangulación de antenas de telefonía celular, debido a que el hombre mantuvo una serie de comunicaciones a través de su móvil. Sin embargo, ella decidió defenderlo a través de los mismos medios públicos que se hicieron eco de la desesperada búsqueda de su familia y de la existencia de la denuncia por el abuso sexual de la menor de edad.

Casi en forma simultánea a la búsqueda de Diego en el sur entrerriano, en la Fiscalía de Villa Paranacito se daba a conocer otro hecho que tenía a su hermano Néstor como protagonista. Quien radicaba la denuncia era una ex pareja, que, tras su separación, tomó conocimiento, a través de su propia hija, quien que había sido abusada por el hombre que cumplía la figura de padrastro.

A sus 16 años, la joven se animó a contarle a su madre que durante el tiempo en que ella cursó tercer y sexto grado de la escuela primaria, Néstor había abusado de ella sexualmente y con acceso carnal. La relación de pareja ya había sido disuelta y la madre creyó automáticamente el relato de su hija, por lo que decidió denunciarlo.

El caso recayó en manos de la fiscal Natalia Bartolo, quien llevó adelante la investigación. En primer término, se esperó un plazo prudente para que la niña siguiera un proceso terapéutico y luego, cuando estuvo en condiciones, declaró en Cámara Gesell. Se le practicó una inspección médica y se encontraron rastros de abuso, lo que permitió imputar a Francisconi del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal cometido contra una menor y por la situación de convivencia preexistente.

Finalmente, el último miércoles se realizó una audiencia de juicio abreviado, con el consentimiento del Ministerio Pupilar, la víctima y su madre, y se condenó a Néstor Francisconi a cumplir una pena de 8 años de prisión.

Como las sentencias se dictaron en juicio abreviado, los condenados renunciaron a los plazos de apelación y los dictámenes quedaron automáticamente firmes. Es decir, inmediatamente fueron llevados a la cárcel para cumplir con la pena.

Primero, llegó Diego a la Unidad Penal N° 9, en noviembre, y quedó alojado en el módulo destinado a los internos condenados por delitos contra la integridad física y sexual de las personas. El miércoles pasado llegó Néstor, que también fue alojado en el mismo módulo. Ambos abusadores compartirán celda en los próximos años.

Un gran hermetismo envuelve a un caso por una supuesta difusión de imágenes de menores de 18 años realizada desde una PC en Gualeguaychú, que según la IP marcó en un domicilio ubicado en la zona suroeste de la ciudad.

La información para el inicio de la investigación fue remitida por la Unidad Fiscal Especializada de Delitos y Contravenciones informáticas (UFEDyC) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Convenio suscripto por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.

El caso recayó en manos de la fiscal Martina Cedrés, que recibió un informe de internet sobre el supuesto tráfico de más de 40 archivos que partían desde un ordenador situado en la zona suroeste de Gualeguaychú. El IP es un identificador numérico único, similar a una dirección postal, que asigna a cada dispositivo conectado a una red (Internet o red local) para comunicarse.

Con esta información se requirió una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías, que autorizó el procedimiento para la mañana del domingo. En el operativo se detuvo y trasladó a Jefatura a un joven de 21 años, con elementos que fueron secuestrados y quedaron a disposición de la causa para pericias, entre los que se destacan su teléfono celular y un ordenador.

Según pudo saber EL ARGENTINO, se trataría de más de 40 archivos con imágenes de abuso sexual infantil explicito. La investigación sigue su curso mientras se espera por el análisis del material informático secuestrado. El martes por la mañana será llevado a indagatoria y el miércoles se realizaría la audiencia en el Juzgado de Garantías para definir su situación procesal y posible prisión preventiva.