El fiscal Christian Fabio solicitó una condena de 20 años de prisión para Claudio Contardi, exesposo de la actriz y conductora Julieta Prandi, a quien acusó de haber cometido reiterados abusos sexuales agravados durante la convivencia en el domicilio conyugal. “Julieta, la víctima, no mintió”, afirmó el fiscal en su intervención ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana.

Durante el alegato, Fabio pidió al tribunal que dicte un fallo condenatorio: “Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad. No queda dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes y sostenido por cada una del resto de las pruebas que trajimos a esta sala. Por ello, solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental a la víctima”.

El representante del Ministerio Público detalló los hechos que, según la acusación, ocurrieron entre 2015 y 2018, cuando la pareja convivía en el barrio privado Septiembre, en Escobar.

“Señores jueces, para esta fiscalía no quedó ninguna duda: quedó debidamente demostrado que por el año 2015, posterior al 28 de julio, hasta marzo de 2018, fecha en que se mudan a Martínez, el señor Contardi en oportunidad de estar en pareja con Prandi, durmiendo en la habitación del domicilio conyugal del barrio privado Septiembre, en Escobar, en horas de la noche abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades, ejerciendo amenazas violencia física tomándola del cuello y del cabello por detrás y accediendo a ella carnalmente, ejerciendo violencia psicológica diciendo que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer estando en una relación asimétrica de poder", afirmó Fabio.

A lo largo del juicio, Prandi expuso con detalle los abusos, y según el fiscal, su testimonio fue corroborado por distintas pruebas y contextos. Para la acusación, “se acreditó la violencia física, económica y psicológica que declaró Prandi”.

“Julieta estaba en un grado de vulnerabilidad tal que era aprovechado por su pareja. Julieta puso en palabras en esta audiencia [cuando declaró como testigo] todos los episodios de la manera en la que pudo. En cinco palabras: su vida fue un infierno”, expresó Fabio, al trazar un panorama de lo vivido por la actriz durante los años de convivencia.

El fiscal hizo hincapié en la validez del testimonio de Prandi, a pesar de no haber otros testigos presenciales de los abusos. “Señores jueces, tengo que señalar que estos dichos de Julieta no son huérfanos. Todos sabemos en el mundo del derecho lo que ocurrió en la clandestinidad, dentro de cuatro paredes, solo presencia de la víctima y el victimario es un caso de testigo único”, remarcó Fabio.

El alegato marcó un punto crucial en el juicio oral contra Claudio Contardi, quien enfrenta una acusación que contempla agravantes por el daño psicológico causado. Ahora, el tribunal deberá deliberar y definir el futuro del acusado.

La sentencia se espera para los próximos días, en un caso que ha tenido amplia repercusión pública y mediática desde su inicio, dada la notoriedad de la denunciante y la gravedad de los hechos imputados.

No fue la única denuncia. Una ola de testimonios similares llevó al capellán primero a prisión común y luego a domiciliaria. El juicio, previsto para julio de 2024, nunca llegó: una semana antes, el Tribunal Criminal Nº 5 de La Plata decretó la extinción de la acción penal por prescripción, sobreseyó a Sidders y ordenó su inmediata libertad. El fallo se apoyó en la reciente decisión de la Corte Suprema que benefició al ex sacerdote Juan José Ilarraz, condenado por abusar de siete menores en un seminario en Paraná.

Daniela falleció en septiembre de 2024, a los 32 años, por una enfermedad intestinal que atribuía al daño psicológico ocasionado por los abusos. Su testimonio, revelado por Prensa Obrera, expuso el horror vivido: “A los 12 años tuve mi primer intento de suicidio. El silencio me provocó muchísimo malestar”.

El fallo de la Corte Suprema en el caso Ilarraz, dictado el 1 de julio, revocó la sentencia del Superior Tribunal de Entre Ríos y consideró prescripta la acción penal. Alegó que, aunque los hechos sean aberrantes, el principio de legalidad penal no puede flexibilizarse. Así, estableció un límite claro a la imprescriptibilidad en causas de delitos sexuales cometidos décadas atrás por miembros de la Iglesia.

La abogada de la familia de Silva, Pía Garralda, calificó el fallo como una garantía de impunidad: “Tiene una clara intencionalidad política para proteger a los abusadores”. Explicó que estos delitos rara vez se denuncian en el momento, especialmente cuando las víctimas son menores, lo que exige una mirada distinta sobre los plazos de prescripción. Recordó que las leyes Piazza (2011) y la reforma de 2015 cambiaron esos criterios, pero los hechos anteriores quedaron fuera del nuevo marco legal.

Carlos Lombardi, abogado y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, señaló la contradicción entre legalidad y justicia: “El fallo que sobresee al cura Sidders es legal, sí. ¿Es justo? No”. Subrayó que mientras las víctimas cargan con secuelas profundas, los agresores quedan libres por cuestiones formales.

Sidders, de 65 años, fue cura, docente y conductor de “Ave María Purísima”, un programa local donde aparecía con sotana negra y boina rural. Desde ese espacio, lanzó discursos misóginos, discriminatorios y anti derechos, lo que motivó denuncias ante el INADI y el retiro de su programa del aire por parte del Arzobispado de La Plata.

Los casos de Sidders y Ilarraz fijan precedentes alarmantes para hechos similares ocurridos antes de 2011. La interpretación judicial prioriza el paso del tiempo por sobre el sufrimiento de las víctimas. El debate sobre la prescripción y el rol de las instituciones religiosas en el encubrimiento vuelve al centro de la escena. (Fuente: APFDigital)