Un hombre de 59 años, que se desempeñaba como portero de un edificio ubicado en inmediaciones de avenida Luis N. Palma, fue aprehendido este martes por la tarde, acusado de intentar sustraer un bolso con dinero en efectivo y pertenencias personales del interior de un departamento.

El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando personal de la Sección Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras recibir un aviso por una presunta tentativa de hurto y violación de domicilio.

Según relató el damnificado, de 30 años, se encontraba descansando en su vivienda cuando escuchó ruidos en la puerta de ingreso. Momentos después, advirtió que alguien manipulaba un bolso que estaba cerca de la salida.

Al levantarse para comprobar qué sucedía, se encontró con el portero del edificio, quien habría ingresado al departamento utilizando una llave que, según aseguró el propietario, nunca le había entregado.

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría intentado llevarse el bolso, que contenía dinero en efectivo y objetos personales.

Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de una llave considerada de interés para la investigación.

En el hecho intervino la Fiscalía en turno, a cargo del fiscal auxiliar de Propiedad, mientras que personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.

La sentencia, firmada por el Juez de Garantías Ramón A. Lell, homologó el acuerdo alcanzado entre la Unidad Fiscal, representada por el Dr. Facundo Barbosa, y la defensa técnica del imputado, con la conformidad de la querella particular. En dicho acuerdo, Luque reconoció su autoría y responsabilidad material en el hecho investigado.

Detalles de la condena y reglas de conducta

El tribunal declaró al imputado autor materialmente responsable del delito de abigeato (artículo 167 ter, primer párrafo, y artículo 45 del Código Penal Argentino) y le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional.

Asimismo, se fijaron pautas y reglas de conducta obligatorias durante el mismo período:

-Prohibición de acercamiento: Luque no podrá aproximarse a menos de 1.000 metros del establecimiento rural “La Yola”.

-Medidas de protección: Se le prohíbe mantener contacto, así como realizar actos molestos, intimidatorios o perturbadores hacia la víctima.

-Trabajo comunitario: Deberá realizar tareas comunitarias a razón de dos horas cada dos semanas.

Desde la defensa querellante, los Doctores. Joaquín Ivanovich y Nicolás Kaiser; y los sectores productivos que acompañaron el reclamo valoraron la celeridad del accionar policial y judicial para dar respuesta a este caso en particular. Aunque la condena dictada es de ejecución condicional, destacaron la importancia de que estos hechos no queden impunes y que se sienten precedentes de resguardo al patrimonio de los productores.

Por otra parte, la investigación judicial continúa su curso con el objetivo de determinar e identificar a posibles coautores o partícipes adicionales involucrados en la maniobra delictiva.

La preocupación persiste entre los productores de la zona. Pese a los esfuerzos policiales y a la reunión realizada el pasado jueves 1° de octubre de 2026 en el Establecimiento La Yola, los delincuentes continúan actuando en la región y los hechos delictivos siguen sucediendo, lo que mantiene en estado de alerta a la comunidad rural.

Fuente: MundoRural

Un hombre de 54 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en Gualeguaychú, acusado de haber sustraído una garrafa de un carrito de comidas.

El procedimiento se concretó alrededor de la 1:30, cuando efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública realizaban recorridas preventivas y localizaron al sospechoso en la intersección de Ituzaingó y Primera Junta.

Según la información policial, las características del hombre coincidían con la descripción que había sido aportada previamente por el Comando Radioeléctrico, luego de que se informara sobre la sustracción de una garrafa en un carrito de comidas ubicado en la esquina de Rocamora y Piccini.

Al ser interceptado por los efectivos, el hombre circulaba en bicicleta y transportaba una garrafa de 10 kilos que se encontraba envuelta en una campera.

Tras identificarlo, los uniformados procedieron a su aprehensión y al secuestro de la garrafa.

La Fiscalía de Propiedad en turno tomó intervención en el hecho y dispuso las diligencias correspondientes.

El Juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, dictó el procesamiento con prisión preventiva para el comisario Daniel Alejandro Rosatelli y el resto de los imputados en la causa por narcotráfico. Se trata del expediente que investiga el hallazgo de más de 1.300 kilos de marihuana en La Paz, en febrero de este año.

Según se informó a AHORA, la Justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva para Rosatelli, César Leonel Ramírez, Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, imputados como coautores del delito de transporte agravado de estupefacientes.

Además, para Rosatelli, el procesamiento abarca también los delitos de lesiones graves y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real. Este hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2025 en calle Bavio al 367, en la sede de la ONG “Suma de Voluntades”, según indica la resolución judicial.

Por otro lado, se trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir la suma de $15.000.000 individuales para responder a las costas procesales y eventuales penas pecuniarias.

Prisión preventiva para todos los acusados

Por último, se dispuso que los imputados continúen alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná a disposición del Juzgado Federal mientras avanza la causa.

Culminó ayer la primera parte de un juicio que comenzó la semana pasada, que tiene como imputado a un joven policía de 21 años que fue llevado ante la Justicia de Gualeguaychú por los graves hechos que fueron denunciados por una mujer de 20 años que fue su pareja durante unos meses.

Según la acusación, los hechos se produjeron durante la relación de pareja y se extendieron desde mediados de 2025 hasta febrero de 2026. La Fiscalía y la querella describieron durante el juicio una relación signada por situaciones de violencia sexual, física y psicológica, además de amenazas y otros episodios que fueron incorporados a la imputación.

Abusos sexuales durante la relación

El primero de los hechos atribuidos al policía corresponde a reiterados episodios de abuso sexual que, según la acusación, tuvieron lugar mientras mantenían la relación de pareja, lo cual es un agravante dentro de la acusación. De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, el imputado la habría obligado en distintas oportunidades a mantener relaciones sexuales y a practicarle sexo oral contra su voluntad.

Los episodios habrían ocurrido principalmente en los domicilios donde convivieron en Gualeguaychú. La acusación sostuvo que el imputado le quitaba la ropa, la tocaba, la penetraba vaginalmente, además de obligarla a practicarle sexo oral pese a sus negativas.

La Fiscalía también describió un contexto previo de sometimiento psicológico. Según la imputación, al comienzo de la relación el joven le habría prohibido mantener amistades, la habría alejado de su familia y durante la convivencia la habría descalificado reiteradamente. También le habría manifestado que se encontraba abrumado por deudas económicas y que la única solución era quitarse la vida, expresiones que, de acuerdo con la acusación, generaban temor en la joven.

Uno de los episodios puntuales señalados ocurrió el 2 de diciembre de 2025, cuando ambos se encontraban en el departamento donde vivían en calle Guido Spano. Según la acusación, él intentó mantener relaciones sexuales con ella, pero ante su negativa la tomó fuertemente de los brazos, provocándole marcas. La joven habría logrado escapar y encerrarse en el baño, desde donde le manifestó que iba a denunciarlo.

Siempre de acuerdo con la imputación, en ese momento el joven funcionario le habría dicho que no le serviría de nada recurrir a la Jefatura de Policía porque, según sus palabras, “era la casa de los policías” y que a él no le ocurriría nada. Para la acusación, esa situación incrementó el temor de la denunciante.

El embarazo y la interrupción

El segundo hecho incorporado al expediente se relaciona con un embarazo de aproximadamente seis semanas y media que cursaba la joven a fines de enero de 2026.

Según la acusación, el agresor tomó conocimiento del embarazo y la habría obligado a interrumpirlo, pese a que ella le manifestó en reiteradas oportunidades que no quería hacerlo. De acuerdo con lo expuesto en el juicio, el imputado la habría llevado en distintas oportunidades al Hospital Centenario y finalmente el 30 de enero la acompañó hasta el establecimiento, donde ella debía realizar los trámites y retirar la medicación indicada para la interrupción del embarazo.

La acusación sostiene que ese mismo día, una vez que regresaron al domicilio de Guido Spano, el joven le habría indicado que realizara el procedimiento. Ella habría comenzado a atravesar el proceso en el baño de la vivienda, presentando, según el relato incorporado al expediente, vómitos con sangre, contracciones y abundante sangrado.

Siempre según la imputación, ante los planteos de la joven respecto de que no quería interrumpir el embarazo, el acusado le habría respondido que debía hacerlo y que, de continuar con el embarazo, le arruinaría la vida. También habría utilizado expresiones amenazantes vinculadas con ella y con la criatura, según fue expuesto durante el debate.

El episodio del cuchillo y el arma reglamentaria

El tercer hecho ocurrió, según la acusación, el 12 de febrero de 2026 alrededor de las 22.30, en el departamento de Guido Spano. La imputación señala que, luego de que ella le pidiera ingresar al baño, él habría entrado detrás y la habría tomado del cabello para sacarla del lugar, mientras le exigía que se bañara y comiera. La joven, entre llantos, habría arrojado un recipiente de shampoo contra el imputado, quien le habría manifestado que estaba cansado de verla llorar.

Más tarde, durante la cena, según la acusación, el sujeto le habría dicho que se matara y, utilizando un cuchillo tipo Tramontina con el que estaba comiendo, le habría provocado varios cortes en la cara anterior del antebrazo izquierdo.

La imputación agrega que, después del episodio, el joven se habría acostado y le habría pedido perdón, manifestando que no sabía lo que había hecho. Sin embargo, ante el estado de angustia y temor de la víctima, habría dejado su arma reglamentaria a disposición de la joven y le habría dicho que, si se sentía tan mal, se matara. Luego se habría retirado del domicilio para cumplir un servicio adicional.

La privación de la libertad y otro episodio de violencia

Al día siguiente, el 13 de febrero, se produjo otro de los hechos incluidos en la acusación. Según el expediente, el acusado regresó durante la tarde o noche al departamento que compartía con ella, quien había preparado sus pertenencias debido a que el joven se retiraría de la vivienda.

En ese contexto, la joven le habría recriminado por relaciones que mantenía con otras mujeres mientras convivían. De acuerdo con la acusación, el muchacho reaccionó diciéndole que estaba loca, la empujó sobre la cama y la tomó del cuello. Ella habría logrado liberarse y correr hacia la puerta, pero la acusación sostiene que el imputado había arrojado las llaves al exterior del departamento, impidiendo que pudiera salir. Luego, siempre según el relato llevado a juicio, volvió a tomarla del cuello y la colocó sobre un ropero.

En medio de esa situación, el acusado habría llamado a su madre para que fuera a buscarlo. Después de esa comunicación, según la acusación, tomó un cuchillo, se lo arrojó a su joven novia sobre la cama y le dijo que se matara. Posteriormente habría tomado el mismo cuchillo y se lo habría colocado sobre el abdomen.

La situación terminó cuando ella tomó el teléfono celular del policía y logró comunicarse con la propietaria del departamento. La mujer concurrió al lugar junto con su esposo, abrió la puerta y permitió que víctima pudiera salir de la vivienda.

Al día siguiente, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el acusado le envió un mensaje por Instagram a ella con amenazas de muerte y que no la dejaría en paz, que si la veía con otro hombre le iba a disparar y que debía quitarse la vida.

Por estos hechos, la fiscal Cedrés mantuvo la calificación de abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones leves agravadas reiteradas, privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y aborto doloso. Esta acusación fue sostenida por el querellante y ambos coincidieron en el pedido de pena de 17 años de prisión. El abogado defensor, Alfredo Vitale, sostuvo en los alegatos que los hechos no pudieron ser acreditados durante el juicio contra su defendido y que sea absuelto por el beneficio de la duda.

Todo esto quedó en manos del juez Mauricio Derudi, que dará a conocer su adelanto de veredicto el próximo jueves 8 de septiembre y ante los pedidos de que se le mantenga el arresto domiciliario al acusado, el magistrado resolvió que quedara en libertad con medidas restrictivas porque no han surgido fundamentos para considerar que existiera riesgo de fuga.

La causa que tiene como imputado a Hugo Rubén Acuña Escobar avanzó hacia la instancia de juicio luego de la audiencia de elevación realizada en los Tribunales de Gualeguaychú.

En ese marco, y ante el pedido del fiscal Gastón Popelka, de mantener la medida de coerción, la Justicia dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 45 días corridos, contados a partir de la fecha de la audiencia.

Mientras continúa el proceso, Acuña Escobar deberá permanecer detenido y alojado en dependencias de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, hasta tanto el Servicio Penitenciario de Entre Ríos disponga de un cupo en una unidad carcelaria. Una vez asignado, deberá concretarse su traslado.

La investigación

Acuña Escobar se encuentra imputado en una investigación vinculada con una serie de hechos delictivos registrados en Villa Paranacito, que motivaron su detención y la imposición de la prisión preventiva.

La detención se concretó a principios de agosto en un operativo conjunto encabezado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Primera de Ramallo y de la DDI Departamental San Nicolás, luego de que la Justicia librara una orden de captura.

Uno de los datos que resultó clave para la pesquisa fue que el acusado se encontraba alojado en un inmueble ubicado sobre los locales comerciales que posteriormente fueron atacados, una circunstancia que, de acuerdo con los investigadores, le permitió moverse por la zona sin despertar sospechas y planificar los hechos con mayor facilidad.

La causa reúne tres episodios ocurridos entre fines de junio y comienzos de julio.

El primero se registró durante la madrugada del 24 de junio, cuando el autor habría ingresado al comercio "La Casona", ubicado sobre avenida Entre Ríos de Villa Paranacito y propiedad de Viviana Lovaiza. Para acceder forzó el techo de madera del sector del vestidor y, al descender, provocó daños en un perchero, que terminó quebrado. Este hecho fue calificado como daño.

El segundo episodio ocurrió en la madrugada del 8 de julio, nuevamente en el local "La Casona". En esa oportunidad, el delincuente habría utilizado el mismo acceso por el techo para ingresar y sustraer una importante cantidad de prendas de vestir de hombre y mujer, entre ellas pantalones, remeras, buzos, un piloto y otras prendas de distintas marcas.

Pocas horas después, alrededor de las 4.14 de la madrugada, se produjo el tercer hecho. La investigación sostiene que el acusado forzó una ventana trasera del comercio "Estilo Alborada", también ubicado sobre avenida Entre Ríos, y con el rostro cubierto y utilizando guantes robó dos teléfonos celulares nuevos, un reloj inteligente y 230 mil pesos en efectivo que se encontraban en la caja registradora.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del robo y, posteriormente, los investigadores establecieron que los elementos sustraídos habrían sido ofrecidos para la venta a través de Facebook, un dato que fortaleció la imputación.

La Fiscalía imputó a Acuña Escobar por los delitos de daño y dos hechos de robo, en concurso real. Tras analizar las evidencias reunidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías resolvió dictarle 30 días de prisión preventiva. El plazo venció y ahora, tras la realización de la elevación a juicio, se le prorrogó la medida por 45 días.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Capital Federal dispuso no hacer lugar a las peticiones planteadas por la representación legal de Cristian Gabriel Álvarez Congiu, en la causa donde se investiga el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano.

Durante el desarrollo de la jornada judicial, el equipo letrado integrado por los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro fundamentó dos solicitudes principales: por un lado, la nulidad del debate y la consecuente suspensión de las actuaciones bajo el argumento de que el imputado no se encuentra en condiciones cognitivas ni psíquicas para afrontar el juzgamiento; por otro lado, el cambio de modalidad procesal para habilitar la realización de un juicio por jurados populares.

Los jueces integrantes del tribunal, Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, resolvieron desestimar ambos requerimientos. Ante este pronunciamiento, la defensa del acusado ratificó que presentará un recurso ante la Cámara de Casación Penal y promoverá una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De igual modo, los profesionales confirmaron la presentación de un planteo en la justicia federal en base a presuntas irregularidades vinculadas a la validez del procedimiento.

La representación técnica del imputado sostuvo sus argumentos citando informes emitidos con anterioridad por el Cuerpo Médico Forense, los cuales aludían a un deterioro psico-orgánico de carácter grave. En esa línea, la defensa insistió en la necesidad de incorporar estudios médicos de alta complejidad al expediente para verificar el estado de salud actual del procesado.

Pese a los reclamos formulados por la parte defensora y las incidencias surgidas durante la audiencia presencial, la magistratura resolvió dar continuidad al cronograma establecido para el debate oral. La jornada continuó según lo previsto con la toma de declaraciones a los integrantes de las fuerzas de seguridad convocados en calidad de testigos para aportar precisiones sobre las actuaciones iniciales llevadas a cabo en la escena del hecho.

La intervención policial se produjo alrededor de las 19.30, en inmediaciones de Pedro Jurado y Camilo Villagra, luego de un llamado que alertó sobre una situación de violencia.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Octava se entrevistó con una mujer de 59 años, quien explicó que su nieta se encontraba de visita cuando mantuvo una discusión con su padre.

De acuerdo con el relato de la adolescente, durante el conflicto el hombre la habría golpeado en el rostro, provocándole una lesión en la zona de la nariz.

Ante lo ocurrido, se estableció comunicación telefónica con la madre de la menor, quien fue informada de la situación y dio aviso a la Policía.

Por disposición de la Fiscalía de Género en turno, la adolescente y su abuela fueron trasladadas hasta la dependencia policial del Menor y la Mujer, donde se inició el procedimiento correspondiente para recibir la denuncia.

Además, se dio intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), con el objetivo de garantizar la asistencia y el resguardo de la adolescente.

En tanto, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Género, que continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Fernando Cerimedo, ex asesor de La Libertad Avanza (LLA), se negó a declarar este martes en el marco de la causa que lo tiene como imputado por ‘tentativa de femicidio’ en perjuicio de su ex pareja, Nadia Beller, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

En consecuencia, el consultor político permanece bajo custodia de la policía local en La Paz, la capital boliviana, donde se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz Pereira, el presidente del país vecino.

Cerimedo está acusado de ser el autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, quien este lunes fue abordada por dos desconocidos mientras estaba en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, el fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato contra la abogada -de 33 años- no se limita solamente al ex asesor del presidente Javier Milei, ya que según adelantó podrían haber otros autores intelectuales detrás del atentado.

Ante este panorama, la Justicia del país andino intentará identificar a quienes planificaron el ataque y establecer una relación con los sicarios, quienes le dispararon tres veces a la víctima.

El actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del ataque.

Una vez detenido, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y quedó a disposición de la Justicia.

El ataque tuvo lugar el lunes por la noche cuando dos hombres vestidos como repartidores llegaron en una moto robada al hotel en el que Beller había sido citada para un supuesto compromiso laboral.

Uno de ellos abrió fuego mientras que los otros dos le robaron, uno la cartera y el otro el celular. Los tres se dieron a la fuga en otro vehículo.

Beller, a raíz de los tres disparos, fue llevada de urgencia a una hospital de Santa Cruz, donde en diálogo con el medio boliviano DTV responsabilizó a Cerimedo por el ataque. “Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son”, afirmó y agregó: “Si no fingía estar muerta, me remataban”.

Tras abstenerse de declarar, la Justicia dictó la medida cautelar para el único acusado por el disparo que terminó con la vida de Nilo Benjamín Auzqui. Permanecerá en la Jefatura Departamental hasta ser trasladado a la Unidad Penal N° 9.

La Justicia de Garantías de Gualeguaychú resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para Cristian Nahuel León, el joven de 23 años imputado por el homicidio agravado de Nilo Benjamín Auzqui, ocurrido en la madrugada del pasado lunes en el barrio Yapeyú.

Durante la audiencia, la Fiscalía fundamentó el pedido basándose en la gravedad del hecho y los riesgos procesales. Tras haberse abstenido de declarar en su indagatoria ante la fiscal Martina Cedrés, León continuará alojado provisoriamente en la Jefatura Departamental. Según informaron fuentes judiciales a El Argentino, una vez que se libere un cupo en el sistema penitenciario, será trasladado formalmente a la Unidad Penal N° 9 (UP9) de Gualeguaychú.

Mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a la espera de los resultados definitivos del dermotest enviado a Paraná y los detalles concluyentes de la autopsia —que determinó que la víctima falleció a causa de una hemorragia interna masiva provocada por un disparo en la zona de la axila izquierda—, los investigadores confirmaron que cuentan con registros fílmicos claves que apuntan directamente a su autoría, descartando por el momento la participación de terceros

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género de Paraná, Elizabeth Comas, dispuso la imputación formal de un hombre acusado de difundir imágenes íntimas y crear perfiles falsos en redes sociales para estigmatizar y hostigar a su expareja. Tras la decisión judicial, el denunciado fue notificado para que se presente junto a su abogado defensor.

En paralelo, el juez de Garantías Eduardo Ruhl ordenó prorrogar las medidas de restricción de acercamiento por un plazo de 90 días.

La víctima, oriunda de una localidad del departamento Paraná, convivió con el acusado entre 2018 y 2024. Según la denuncia, en los últimos años de relación descubrió que el hombre había creado cuentas falsas en Instagram y X (ex Twitter), donde la promocionaba como escort y ofrecía falsos servicios sexuales.

Esta maniobra desencadenó un acoso constante por parte de desconocidos —con mensajes eróticos, fotos explícitas y propuestas sexuales— que la obligó a abandonar su localidad debido a la severa estigmatización social.

La investigación quedó caratulada bajo el delito de “promoción y facilitación de la prostitución”. No obstante, la Fiscalía también evalúa un contexto integral de violencia de género física y psicológica, que incluye episodios de golpes, amenazas y abusos sexuales.

La resolución de la fiscal Comas se produjo tras una ampliación de la declaración testimonial de la víctima, en la que aportó detalles sobre hechos de extrema crueldad y abusos sufridos durante la convivencia que previamente no se había animado a relatar.

En diálogo con AHORA, el abogado querellante, Juan Brondo, valoró los avances de la investigación: “Estamos de acuerdo con el trabajo de la fiscalía. Apoyamos y consentimos la continuación de las medidas restrictivas, ya que protegen a la víctima”, detalló el letrado, al tiempo que agregó: “Esperamos las pericias solicitadas, que traerán aún más luz al caso”.

Respecto al impacto que el daño psicológico y mediático tuvo en la mujer, Brondo remarcó: “Nuestra representada sufrió una exposición en redes sociales muy dañina para su imagen. El denunciado hizo todo lo posible para doblegarla, la anuló como persona y logró que hiciera lo que él quería. Prácticamente no podía decirle que no”.

Actualmente, la querella aguarda que el Ministerio Público Fiscal (MPF) fije fecha para la realización de las pericias psicológicas y psiquiátricas al acusado. “Esta medida lleva tiempo, pero es muy necesaria para la causa”, concluyó Brondo.

Mientras la Fiscalía continúa reuniendo testimonios y material probatorio para sostener la acusación formal en la investigación penal preparatoria, el acusado permanece notificado y con la prohibición absoluta de acercarse a la víctima o a su domicilio.

En la mañana de este jueves, Juan Manuel Reverter, el principal acusado por el femicidio de la modelo Agostina Jalabert, fue detenido en el condado de Deschutes, estado de Oregon, Estados Unidos. El operativo de captura estuvo a cargo de efectivos del Servicio de Alguaciles de EE. UU., el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington. Reverter se encontraba prófugo desde hacía más de tres años y pesaba sobre él una Alerta Roja de Interpol dictada en diciembre de 2025.

El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2023 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, estado de Quintana Roo. La víctima, de 31 años y originaria de Carmen de Patagones, fue hallada sin vida por su hermana en el departamento que compartía con Reverter en el Complejo Paseo del Real.

Aunque inicialmente las autoridades locales investigaron el caso bajo la hipótesis de un suicidio —al encontrar a la joven en el baño atada por el cuello con un cinturón—, los reclamos de la familia y las pericias posteriores modificaron el rumbo de la causa.

Tras la detención del imputado en territorio estadounidense, la causa queda a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá formalizar la solicitud de extradición hacia México para que Reverter sea juzgado por el delito de femicidio.

Un hombre de 27 años fue detenido durante la madrugada de este martes acusado de incumplir medidas judiciales de restricción y acercarse al domicilio de su ex pareja.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:40, cuando personal de Comisaría Primera acudió a inmediaciones de Hernández y Andrade tras la activación de un botón antipánico. En el lugar, una mujer de 26 años denunció que su ex pareja estaba tocando el timbre de la vivienda pese a las restricciones vigentes.

Los efectivos realizaron un patrullaje por la zona y lograron localizar al sospechoso a unas dos cuadras del domicilio.

La Fiscalía de Género dispuso su aprehensión por el presunto delito de desobediencia judicial. El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición de la Justicia.

Un violento episodio empañó los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en pleno centro de la capital entrerriana. Lo que comenzó como una celebración popular en la Plaza 1 de Mayo terminó con un hombre apuñalado en el abdomen y un detenido tras un rápido allanamiento realizado este jueves por el personal policial.

El presunto agresor, identificado como Rodrigo Facundo Rosarigo, de 30 años, fue arrestado bajo el cargo de Tentativa de Homicidio.

El incidente se desencadenó el miércoles 15 de julio alrededor de las 20, en el sector de las calles Su Santidad Francisco y Urquiza, frente a la Catedral Metropolitana.

Según el testimonio de W.R.H. de 29 años, pareja de la víctima, ambos se encontraban festejando cuando pasó por el lugar su expareja, Rodrigo Rosarigo. Tras un cruce de señas provocativas, se inició una fuerte discusión.

La situación escaló rápidamente cuando la actual pareja de Rosarigo, identificada por los testigos como “P.T”, agredió a Herrera con una botella. En ese instante, Andrés Portillo de 38 años intervino para defender a su pareja y comenzó a pelearse físicamente con Rosarigo. En medio del tumulto y la confusión de la multitud, Portillo recibió una puñalada en la zona abdominal. Fue trasladado de urgencia en estado consciente al Hospital San Martín, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el violento cruce no habría sido casual. Existía un fuerte conflicto previo entre ambos hombres: en el año 2017, Portillo estuvo involucrado en el homicidio de un amigo de Rosarigo. Por ese hecho, Portillo purgó una condena en la Unidad Penal N° 1, habiendo recuperado la libertad recién en 2024.

Tras el ataque, la fiscal de Delitos Complejos en turno, Sonia Vives, comisionó de inmediato a la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Inteligencia Criminal (D.G.I.I.C.) para esclarecer el caso.

Producto de las tareas investigativas y los datos recabados en la escena, este jueves se dio cumplimiento a una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Paul Harris y Pablo Lorenz, en la zona de la salida al Thompson.

Durante el procedimiento se arrestó a Rodrigo Facundo Rosarigo y se incautó telefonía celular, elemento que será peritado para sumar a la causa.

La causa penal quedó ahora bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Valeria Vilchez, quien indagará al detenido en las próximas horas. En tanto, se aguarda la evolución médica de Portillo para que pueda brindar su declaración testimonial una vez que finalicen los efectos de la anestesia postquirúrgica. Ahora

Un hombre de 35 años fue aprehendido este jueves por la tarde en el marco de una causa por desobediencia judicial, luego de incumplir una restricción de acercamiento vigente hacia su expareja.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:30, cuando personal de Comisaría Cuarta acudió a un domicilio ubicado sobre calle Maestra Piaggio al 1880 tras la activación del Botón Antipánico (BAP).

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre en la vivienda de sus padres, lindante con el domicilio de la denunciante, también de 35 años. La mujer manifestó haber atravesado una situación de conflicto y solicitó asistencia mediante el dispositivo de emergencia.

Durante la intervención, la Policía constató que el hombre tenía vigentes medidas judiciales que le prohibían acercarse a menos de 500 metros de su expareja, además de una restricción por actos molestos.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Género de turno, que dispuso la aprehensión del acusado. Posteriormente fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones por el presunto delito de desobediencia judicial.

La decisión judicial se conoció luego de que la fiscalía señalara una contradicción entre los alegatos de incapacidad de la defensa y las recientes presentaciones musicales masivas del imputado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 fijó el inicio del debate para esa fecha, apenas dos días después del recital que el músico tiene programado brindar en la provincia de Tucumán. El proceso continuará con diversas audiencias fijadas durante los meses de agosto y septiembre, donde se analizará la responsabilidad del artista en el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018. Según la acusación, Álvarez Congiu mantuvo una discusión con Díaz, a quien le recriminó haber difundido que le había sustraído pertenencias de una mochila. Testigos del caso afirmaron que la víctima intentó agredir al músico, momento en el cual este extrajo una pistola calibre .25 y efectuó cuatro disparos que le causaron la muerte de forma inmediata en un pasillo del complejo habitacional.

Durante el periodo de suspensión, Álvarez Congiu recibió atención en el sector psiquiátrico del penal de Ezeiza y luego fue trasladado a un centro terapéutico en Tortuguitas, hasta obtener el alta para un tratamiento ambulatorio en libertad. Sin embargo, en noviembre de 2025 anunció su regreso oficial a los escenarios, concretando un show en Córdoba el 20 de diciembre de ese año ante más de 40.000 personas, seguido por otra presentación en Rosario el 9 de mayo de 2026.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Sandro Abraldes basó su pedido de reanudación en este comportamiento público. Para la fiscalía, la coordinación cognitiva, el manejo del estrés y la memoria operativa demostradas en conciertos de tres horas de duración evidencian que el imputado posee los recursos necesarios para comprender los actos del proceso y administrar sus derechos, superando el trastorno cognitivo leve diagnosticado.

El cronograma establecido por el tribunal fija audiencias para los días 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, extendiendo las jornadas de debate hacia el mes de septiembre. Las autoridades judiciales evaluaron que la intensa actividad pública del procesado resulta incompatible con los argumentos de incapacidad procesal presentados originalmente por sus representantes legales.

Inminente pedido de captura de "Pity" Álvarez por el crimen de un amigo

La investigación por la muerte de Milagros Zoé Schimf, la joven hallada sin vida en la ciudad de Concordia, ingresa en una etapa de definiciones clave. La querella, representada por los abogados Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain en nombre de la madre de la víctima, determinó cuáles serán los ejes fundamentales de su estrategia judicial: el primer objetivo irrenunciable es descartar por completo un femicidio, para luego acreditar la hipótesis de una instigación al suicidio provocada por un entorno de violencia de género.

Por el hecho se encuentra detenido e imputado su expareja, Maximiliano César Acosta. Durante la última semana, el juez de Garantías Francisco Ledesma dictó 90 días de prisión preventiva para el acusado. Acosta enfrenta cargos no solo por la presunta instigación al suicidio, sino también por amenazas y dos hechos de desobediencia judicial, en una causa liderada por la fiscal Evelina Espinosa.

"Nuestra tarea principal en principio es descartar que se trate de un femicidio. La familia necesita quedarse tranquila de que, en todo caso, se trató de una autodeterminación y bajo qué contexto se dio", afirmó la letrada.

Actualmente, las partes están a la espera de que se incorpore de forma oficial el informe final de la autopsia al expediente, un elemento pericial que resultará científico y determinante para clausurar la hipótesis de una muerte violenta directa a manos de un tercero.

El legajo judicial no parte de un hecho aislado; cuenta con un denso historial de agresiones previas que configuran el delito de violencia de género. Entre los antecedentes que forman parte de la investigación penal se enumeran:

Un hombre de 54 años fue detenido este miércoles por la noche en el marco de una causa por violencia familiar, luego de ser acusado de intentar agredir a sus hijas en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles San Juan y Bolivia.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.30, cuando un llamado alertó sobre una situación de violencia en el domicilio. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre habría intentado atacar a sus hijas, aunque la intervención de otros familiares presentes impidió que la agresión llegara a concretarse.

Tras recabar la información sobre lo ocurrido, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de Género, que dispuso la aprehensión del sospechoso.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Un nuevo episodio de violencia de género requirió la intervención de las fuerzas de seguridad en la zona de la Costanera local. Durante la madrugada de este domingo, agentes de la Policía de Entre Ríos detuvieron a un hombre de 25 años tras ser acusado de golpear a una joven en el interior de un reconocido establecimiento nocturno.

El operativo se inició cuando la víctima, una mujer de 18 años, logró salir del local y se dirigió hacia los efectivos policiales que se encontraban apostados en el ingreso cumpliendo funciones de servicio adicional. Visiblemente afectada, la joven relató que momentos antes había sido agredida físicamente por el sospechoso dentro de la pista y lo señaló directamente ante las autoridades.

El procedimiento de detención y traslado estuvo a cargo del personal de la Sección Comando Radioeléctrico, quienes trasladaron al detenido hacia la Alcaidía de la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por su parte, las autoridades confirmaron que la joven agredida recibió la asistencia correspondiente en el momento y manifestó a los uniformados que se presentaría en las horas posteriores por sus propios medios ante la Comisaría de la Minoridad y la Familia para formalizar la denuncia penal del hecho.

Durante la madrugada de este sábado, un hombre de 47 años fue aprehendido en el marco de una causa por presunta violencia de género, tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en la intersección de las calles Saraví y Troisse, donde intervino personal de Comisaría Segunda.

Según las primeras actuaciones, una mujer de 37 años manifestó que se dirigió al domicilio de un amigo, lugar donde se encontraba su pareja. Allí se habría originado una discusión durante la cual, de acuerdo con su denuncia, el hombre le propinó un golpe en la frente, provocándole una lesión visible.

Ante la denuncia y las evidencias constatadas por el personal policial, se realizaron las actuaciones de rigor y se dispuso la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

En el procedimiento también participó personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, que colaboró con la recepción de la denuncia y las actuaciones correspondientes.