Este domingo se confirmó una excelente noticia que llevó alivio a familiares y autoridades de ambas márgenes del río Uruguay: la adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde el viernes 16 de octubre fue encontrada con vida en territorio argentino. Según confirmaron las fuentes oficiales del vecino país, la joven se encuentra en buenas condiciones de salud, poniendo fin a horas de profunda incertidumbre y zozobra que habían movilizado a los aparatos de seguridad nacionales e internacionales.

La desaparición de la menor, ocurrida en la ciudad uruguaya de Paysandú —ubicada estratégicamente frente a la localidad entrerriana de Colón—, había activado de manera inmediata los protocolos de emergencia transfronterizos. Ante la posibilidad concreta de que la adolescente hubiera cruzado la frontera, las autoridades uruguayas solicitaron formalmente la cooperación internacional a sus pares de la Argentina. Como resultado, se desplegaron mecanismos de urgencia: en el territorio argentino se implementó la Alerta Sofía, el sistema de emergencia destinado a la difusión masiva e inmediata de casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo, mientras que en Uruguay se activó el protocolo equivalente de la Alerta Amber.

Su padre había explicado en declaraciones públicas que la menor se encontraba en su habitación durante la madrugada y que su ausencia fue advertida en una franja horaria acotada, entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana. Desde el primer momento, el núcleo familiar manifestó una profunda angustia. Su madre había señalado con preocupación que la adolescente no era una persona habituada a salir sola ni a ausentarse por sus propios medios, circunstancia que incrementó de forma drástica la inquietud de sus allegados y aceleró la denuncia formal ante la Policía.

En el operativo coordinado participaron de manera activa diversos organismos federales, la división Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, cuyos efectivos intensificaron los patrullajes y las tareas de inteligencia operativa en la zona limítrofe. Esta sinergia institucional permitió finalmente dar con el paradero de la menor este domingo.

Hasta el momento, las autoridades intervinientes han mantenido bajo estricta reserva los detalles específicos sobre la localidad exacta en la que fue localizada ni las circunstancias precisas que mediaron para que la joven cruzara a territorio argentino y fuera hallada. No obstante, el saldo primordial es sumamente favorable, marcando el cierre exitoso de una investigación compleja que movilizó recursos diplomáticos y policiales de ambos países, a la espera de que los gabinetes interdisciplinarios puedan brindar contención a la menor y esclarecer por completo los hechos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con los organismos provinciales competentes y las fuerzas de seguridad federales, ha puesto en marcha de manera formal el protocolo nacional de búsqueda urgente conocido como Alerta Sofía. La medida se instrumenta con el objetivo de optimizar la difusión masiva e inmediata de la imagen y los datos filiatorios de menores de edad desaparecidos cuyas circunstancias de ausencia presenten un alto riesgo inminente para su integridad física.

La adolescente es Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años de edad. De acuerdo con los registros oficiales aportados por la investigación preliminar, la última vez que fue vista por testigos y cámaras de seguridad ocurrió el pasado 16 de octubre de 2026, en las inmediaciones del puente internacional Paysandú–Colón, infraestructura vial y aduanera que conecta la República Argentina con la República Oriental del Uruguay. Desde ese momento, se activaron de manera inmediata los protocolos de rastrillaje fronterizo y las pericias de rigor para determinar su trayecto y posibles vínculos o acompañantes al momento de ausentarse.

En cuanto a sus rasgos particulares, se consigna que posee tez trigueña, cabello de color castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de su desaparición, las autoridades judiciales y policiales se encuentran recabando testimonios para precisar la vestimenta que llevaba puesta, información que continúa bajo estricta reserva sumarial para no entorpecer las medidas probatorias en curso.

La ciudadanía puede comunicarse de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas del día a la línea 134, correspondiente al sistema nacional de denuncias y avisos del Ministerio de Seguridad. Asimismo, se encuentran habilitadas las dependencias de las fuerzas de seguridad federales y provinciales más cercanas, así como el número de emergencias correspondiente, para recibir aportes que contribuyan de forma directa a esclarecer las circunstancias del caso y dar con el paradero de la adolescente a la brevedad.

Una adolescente de 14 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo de arma de fuego durante la madrugada de este domingo 4 de octubre en una vivienda ubicada en el barrio Morajú, en la ciudad de Nogoyá.

La joven recibió atención médica inicial en el Hospital San Blas de esa localidad y, debido a la complejidad de las lesiones que presentaba, se dispuso su posterior traslado al Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná. En el centro asistencial de la capital provincial permanece alojada en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades médicas, la paciente presenta una lesión penetrante provocada por un proyectil de arma de fuego en la zona del tórax izquierdo, la cual registró orificio de entrada y de salida. Su estado de salud es calificado como grave.

El episodio se encuentra bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Nogoyá, desde donde se ordenó la realización de diversas medidas probatorias para esclarecer cómo ocurrió el hecho. Al tratarse de una causa que involucra a una menor de edad y que cuenta con la disposición de reserva de sumario, las autoridades judiciales no brindaron mayores precisiones sobre las hipótesis de la investigación.

Dentro de las actuaciones instruidas por la Fiscalía interviniente, se requirió el trabajo del personal de la División Policía Científica. Los efectivos especializados llevaron a cabo las diligencias periciales de rigor en el inmueble donde se produjo el disparo, con el fin de recolectar elementos de convicción.

Asimismo, los funcionarios judiciales a cargo de la causa ordenaron el secuestro preventivo del arma de fuego presuntamente utilizada, medida orientada a posibilitar los peritajes balísticos pertinentes y determinar las responsabilidades del caso. En el marco del mismo procedimiento, se efectuaron pruebas de dermotest a dos personas adultas que permanecían en la vivienda al momento de registrarse el hecho.

Las actuaciones continúan en curso en la sede judicial de Nogoyá para reconstruir la mecánica del acontecimiento. Hasta la fecha no se difundieron detalles vinculados a la relación existente entre las personas presentes en el lugar y la menor, mientras la investigación prosigue bajo estricto hermetismo.

En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, se reafirma el compromiso de abordar la salud mental como una prioridad de cuidado colectivo. A través del Área de Juventud, se lleva adelante un trabajo sostenido en escuelas secundarias y espacios comunitarios de la ciudad, ofreciendo herramientas de orientación, acompañamiento y escucha activa a adolescentes y sus familias.

El programa de prevención del suicidio adolescente se articula de manera interdisciplinaria junto a profesionales de la salud mental y actores del sistema educativo local. La propuesta busca generar espacios seguros donde los jóvenes, padres, tutores, docentes y toda persona que trabaje con adolescentes, puedan expresar sus vivencias, reconocer señales de alerta temprana entre sus pares y contar con herramientas acordes.

Durante las jornadas grupales, se abordan temáticas vinculadas al manejo de las emociones, la detección de situaciones de vulnerabilidad, el uso responsable de redes sociales y la construcción de redes de sostén entre pares. Las actividades combinan dinámicas participativas y debates abiertos, permitiendo reflexionar sobre las problemáticas cotidianas sin prejuicios ni estigmas.

Las instituciones educativas y organizaciones sociales interesadas en solicitar contar con las charlas o recibir asesoramiento sobre el programa pueden dirigirse directamente a la sede del Área de Juventud, ubicada Gervasio Méndez 1104, de lunes a jueves de 8 a 16 y los viernes de 8 a 14 h o comunicarse al 3446- 516675.

Esta semana se realizó el requerimiento de la elevación a juicio de un hecho que sucedió en la mañana del 18 de mayo, en el que un delincuente atacó a una joven menor de edad que caminaba en dirección al Colegio Pío XII, con la finalidad de robarle el celular.

Era un lunes, cerca de las 7.30 de la mañana, en inmediaciones al museo Azotea Lapalma, sobre el pasaje San Luis. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad y esas imágenes fueron claves en la investigación y en la detención del sujeto, que se produjo ese mismo día por la noche.

En esa filmación se observó que la chica de 17 años caminaba por una vereda y su atacante lo hacía por la vereda de enfrente, en dirección contraria. En un momento, al aproximarse, el asaltante cruzó la calle y la abordó. El robo se produjo en segundos. La abrazó e intimidó con un arma blanca y consiguió quitarle el teléfono celular. Luego salió corriendo en la dirección que caminaba, mientras que la joven se fue completamente compungida en sentido hacia la escuela.

Con la información que la víctima brindó y con la filmación de los hechos, que se pudo secuestrar de la cámara de seguridad, la Policía inició la averiguación de la identidad del delincuente. El fiscal Jorge Gutiérrez y la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú trabajaron durante todo ese lunes para tratar de identificarlo y hacia el final del día se realizó un allanamiento.

Se obtuvo la dirección a partir del seguimiento satelital del GPS del aparato sustraído. Se logró identificar al supuesto autor y se libró la orden de allanamiento en un domicilio de calle Hernández entre Bolívar y Andrade. Durante ese procedimiento, el sospechoso de 37 años intentó darse a la fuga por el fondo de la vivienda, pero un operativo cerrojo que se implementó rodeando la manzana, le hizo imposible escapar y finalmente fue aprehendido.

En esa requisa se le secuestró prendas de vestir relacionadas con la causa, algunas de ellas que serían las que utilizaba al momento del asalto que se ven en las imágenes, una mochila y diversos elementos cortantes, entre ellos un cuchillo tipo Tramontina, un destornillador y una tijera sin mango, los cuales guardarían directa vinculación con el hecho. Fue llevado a la Jefatura Departamental y quedó alojado con medidas preventivas durante un tiempo.

Los antecedentes

Este hombre ya contaba con antecedentes. En 2017 fue condenado a 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En 2020, en juicio abreviado, fue condenado a dos años y tres meses de prisión efectiva por tentativa de robo y encubrimiento por receptación sospechosa.

El caso último y más resonante sucedió de 2024. El lunes 15 de abril de ese año, este sujeto ingresó a una farmacia ubicada frente al Hospital Centenario, en calles San Martín y Hernández, y amenazó a la empleada con un arma blanca, sustrajo el dinero que había en la caja y huyó con la recaudación.

Entró vistiendo un piloto de lluvia y tapándose la boca con un trapo. La empleada lo reconoció porque durante esa misma mañana ya había ingresado tres veces a vender distintos elementos y le manifestaba que el dueño de la farmacia le debía dinero. Luego saltó el mostrador y amenazándola con el arma blanca se llevó 155 mil pesos de la recaudación. Incluso intentó llevarse el monitor de la PC, pero no tuvo éxito.

En la investigación, y como también se dejó asentado en la denuncia que realizó la víctima de 40 años, este delincuente gritaba que el dueño del comercio “le debía plata” por diferentes changas que realizaba, como ser el corte de pasto o la poda de árboles, y en la cuarta vez que ingresó produjo el robo y fue identificado.

En esa ocasión se lo detuvo en San José al norte. Fue trasladado a Jefatura Departamental, y tras 24 horas de estar detenido, se ordenó una medida de prisión preventiva por 20 días. En julio de ese 2024 fue declarado primer reincidente y recibió un año de prisión efectiva que cumplió en la Unidad Penal 9.

Actualmente se encuentra con medidas inhibitorias y acusado de robo agravado por uso de arma, una imputación que tiene una escala penal que va desde los 5 hasta los 15 años de prisión. El fiscal cerró la etapa investigativa y ya requirió la elevación para que en los próximos meses se realice el juicio que lo podría enviar nuevamente a la cárcel.

La intervención policial se produjo alrededor de las 19.30, en inmediaciones de Pedro Jurado y Camilo Villagra, luego de un llamado que alertó sobre una situación de violencia.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Octava se entrevistó con una mujer de 59 años, quien explicó que su nieta se encontraba de visita cuando mantuvo una discusión con su padre.

De acuerdo con el relato de la adolescente, durante el conflicto el hombre la habría golpeado en el rostro, provocándole una lesión en la zona de la nariz.

Ante lo ocurrido, se estableció comunicación telefónica con la madre de la menor, quien fue informada de la situación y dio aviso a la Policía.

Por disposición de la Fiscalía de Género en turno, la adolescente y su abuela fueron trasladadas hasta la dependencia policial del Menor y la Mujer, donde se inició el procedimiento correspondiente para recibir la denuncia.

Además, se dio intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), con el objetivo de garantizar la asistencia y el resguardo de la adolescente.

En tanto, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Género, que continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

La adolescente de 17 años que había desaparecido en Corrientes, fue encontrada este domingo sana. La Justicia había activado la Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de la joven. La joven había sido vista por última vez el viernes y, desde entonces, nadie se había vuelto a contactar con ella.

Las autoridades difundieron su descripción física con el objetivo de facilitar su identificación y solicitaron la colaboración de la comunidad para encontrarla.

La madre de la adolescente, Alejandra, había dicho a TN que su hija se había ido a encontrar con su novio de 37 años para ir a Felipe Yofre, un pueblo cercano.

“Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular”, había contado la mujer. “La escuché bien pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal”, sumó.

Alejandra afirmó que su hijo llegó a encontrarse con el novio de la adolescente y que él “habría querido llevársela a Brasil”. Además, sostuvo que el hombre quedó a disposición de la Justicia y será indagado.

Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante las horas en las que la adolescente permaneció desaparecida y establecer si se cometió algún delito.

Fuente: Ahora

El Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió activar el protocolo de emergencia Alerta Sofía para intensificar de manera urgente la localización de Iara Ayelén Duprat, la adolescente de 17 años que falta de su hogar desde el pasado viernes en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá. La causa es encabezada por la Justicia y la Policía de Corrientes, pero ante la preocupante falta de novedades y el transcurso del tiempo, las autoridades decidieron extender el operativo a todo el territorio nacional mediante el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

La joven, a quien sus allegados llaman Kiara, fue vista por última vez cuando salió de su casa con la intención manifestada de reunirse con su novio. Al notar que nunca llegó al punto de encuentro acordado ni retornó a su vivienda, su madre formalizó de inmediato la denuncia en la Comisaría de la Mujer y el Menor local. Entre las líneas investigativas que analizan las fuerzas de seguridad cobra fuerza la hipótesis de que la menor se haya trasladado por sus propios medios hacia la provincia de Entre Ríos, motivo por el cual se coordinaron rastrillajes y cruces de datos en los principales accesos interprovinciales.

Para facilitar la colaboración ciudadana, las autoridades difundieron una descripción detallada de la joven. Iara es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, es de tez blanca, ojos verdes y lleva el cabello negro azulado recortado a la altura de los hombros. Posee además tres tatuajes visibles que resultan determinantes para reconocerla, una inscripción con el nombre Dalil acompañado de mariposas en una de sus manos, la palabra Mauricio en la zona de las costillas y otro grabado con el nombre Bryan.

Cualquier persona que pueda aportar datos relevantes debe comunicarse de forma inmediata con la Comisaría de la Mujer de Curuzú Cuatiá al número 3794-504628, recurrir a la dependencia policial más cercana, llamar al 911 o al 101, o bien utilizar la línea gratuita y anónima 134 del Ministerio de Seguridad, habilitada las 24 horas.

La Alerta Sofía es un mecanismo extraordinario de difusión masiva que se aplica únicamente en situaciones excepcionales donde se presuma un peligro grave para la integridad del menor. El sistema propaga avisos inmediatos en telefonía móvil, redes sociales y medios de comunicación para movilizar de forma rápida a la sociedad, recordando que si bien en el país se registran unas 7.000 denuncias anuales por extravío de menores, este protocolo extremo se reserva exclusivamente para los casos de máxima gravedad.

Este 25 de julio se cumplen 22 años de la desaparición de Fernanda Isabella Aguirre, la adolescente de 13 años que fue vista por última vez en San Benito, departamento Paraná, en un caso que conmocionó a Entre Ríos y al país y que, pese al paso del tiempo, aún no tiene respuestas definitivas.

Fernanda desapareció el 25 de julio de 2004, cuando se dirigía al puesto de venta de flores donde trabajaba junto a su madre, frente al cementerio de la localidad. Horas más tarde, su familia recibió un llamado extorsivo en el que exigían dinero a cambio de su liberación, dando inicio a una de las investigaciones criminales más importantes de la provincia.

El principal sospechoso fue Miguel Ángel Lencina, un delincuente con antecedentes por delitos sexuales y homicidio que gozaba de salidas transitorias. Fue detenido tras ser vinculado a los llamados extorsivos, pero tres días después apareció muerto en su celda sin haber revelado qué ocurrió con la adolescente.

En la causa también fue condenada su esposa, Mirta Chávez, quien recibió una pena de 17 años de prisión por su participación en las extorsiones. Durante el proceso judicial declaró que Lencina había asesinado a Fernanda, aunque esas afirmaciones nunca pudieron ser corroboradas y el cuerpo de la joven jamás fue encontrado.

Con el paso de los años surgieron numerosas pistas e hipótesis que fueron investigadas por la Justicia, pero ninguna permitió determinar qué ocurrió con la adolescente ni establecer su paradero.

La madre de Fernanda, María Inés Cabrol, encabezó durante años una intensa búsqueda. Recorrió distintos puntos del país siguiendo cada pista y mantuvo vigente el reclamo de justicia hasta su fallecimiento, ocurrido en 2010 a causa de una enfermedad.

Actualmente, el nombre de Fernanda Aguirre continúa incluido en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ofrece una recompensa para quienes aporten información útil que permita esclarecer el caso. ElOnce

Un automóvil Volkswagen Golf, conducido por un joven de 21 años, circulaba por calle Primera Junta cuando, al llegar a la intersección con Libertad, el conductor perdió el control del rodado e impactó contra el cordón.

En esa acción, tras chocar contra el cordón, el auto colisionó con una moto Honda Wave 110 cc que se encontraba estacionada. La conductora, una joven de 20 años, sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, mientras que la acompañante, una adolescente de 17 años, resultó con lesiones leves, consistentes en contusiones aisladas.

Los Bomberos Voluntarios realizaron las tareas de seguridad en la escena del siniestro, donde se debió cortar el suministro eléctrico y de combustible de ambos vehículos, a fin de prevenir riesgos. En tanto, la Policía realizó el trabajo criminalístico y el personal del Hospital Centenario asistió a las víctimas.

La ilusión de compartir el viaje de egresados con sus compañeros estuvo a punto de quedar frustrada por una decisión institucional que, según la Justicia, vulneró derechos fundamentales. Una adolescente con epilepsia focal y trastorno cognitivo leve había sido excluida del viaje de estudios al exterior organizado por su colegio bajo el argumento de que su estado de salud representaba un riesgo. Sin embargo, un fallo judicial concluyó que esa decisión fue arbitraria, ilegítima y discriminatoria.

La sentencia, dictada por la jueza de Garantías N° 6 de Paraná, Elisa Zilli, hizo lugar a la acción de amparo promovida por los padres de la estudiante y ordenó al establecimiento educativo autorizar su participación en el viaje de sexto año previsto para agosto de 2026, además de cesar inmediatamente toda conducta discriminatoria hacia la adolescente.

La negativa del colegio

El conflicto comenzó cuando las autoridades del colegio comunicaron a la familia que la alumna no podría participar del tradicional viaje educativo al exterior. La institución sostuvo que el campus donde se alojarían los estudiantes se encontraba alejado de centros de salud, carecía de infraestructura para atender una eventual emergencia y que, debido a la enfermedad que padece la adolescente, no podía garantizar su seguridad durante la estadía.

La familia rechazó esa explicación y presentó abundante documentación médica. La neuróloga tratante aseguró que la joven se encuentra clínicamente estable, lleva años bajo tratamiento, tiene autonomía para desenvolverse en su vida cotidiana y no presenta ninguna contraindicación para viajar, incluso al exterior, siempre que lo haga acompañada por un familiar y respetando las indicaciones terapéuticas. También acompañaron informes de la psicóloga, la psicopedagoga y la terapista ocupacional, quienes coincidieron en la importancia educativa, social y emocional de que pudiera participar del viaje junto a sus compañeros.

Un informe clave

Durante el trámite del amparo intervino el Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia. El especialista designado analizó toda la historia clínica y coincidió con el equipo tratante: dictaminó que ni la epilepsia ni el trastorno cognitivo leve constituyen un impedimento para viajar y que el traslado al extranjero no representa un riesgo adicional para la adolescente, siempre que se respeten determinadas pautas médicas.

Entre las recomendaciones figuraron viajar con medicación suficiente para toda la estadía, portar certificados médicos y recetas, contratar un seguro de asistencia al viajero que cubra enfermedades preexistentes, adaptar la medicación al cambio horario y que la joven permanezca acompañada por un familiar responsable durante todo el viaje.

Al analizar el caso, la magistrada sostuvo que la controversia no giraba sobre la existencia de la enfermedad —hecho reconocido por ambas partes— sino sobre si esa condición justificaba impedirle participar de una actividad escolar junto al resto de sus compañeros.

Una respuesta negativa

El fallo afirma que el colegio desatendió los informes médicos especializados y optó por excluir a la alumna únicamente por su discapacidad, otorgándole un trato diferente al resto de los estudiantes. Esa decisión, sostiene la sentencia, vulneró los derechos a la igualdad, a la educación, a la inclusión social y a la no discriminación reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que protegen especialmente a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

La resolución también resalta que las personas con discapacidad deben ser consideradas sujetos plenos de derechos y que las instituciones educativas tienen la obligación de promover su inclusión, eliminando las barreras que impidan su participación en igualdad de condiciones. Para fundamentar esa conclusión cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y diversos precedentes nacionales e internacionales.

Como consecuencia del fallo, la jueza condenó al colegio a autorizar, en un plazo de cinco días hábiles, la participación de la adolescente en el viaje de estudios y a cesar inmediatamente cualquier acto discriminatorio relacionado con su condición de salud.

Además, dispuso que el viaje se realice con el acompañamiento de uno de sus padres, que se contrate un seguro médico que contemple enfermedades preexistentes y que se adopten todos los recaudos indicados por los profesionales de la salud para garantizar su bienestar durante la estadía.

Finalmente, la magistrada ordenó que, una vez firme, la sentencia sea publicada en el portal del Poder Judicial de Entre Ríos, preservando la identidad de la adolescente, con el objetivo de visibilizar este tipo de situaciones y prevenir nuevos hechos de discriminación en ámbitos educativos.

La investigación por el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, sumó un testimonio que puede resultar crucial para desentramar el contexto que rodeaba al crimen. Una testigo clave identificada como "Carla" brindó declaraciones exclusivas en las que confirmó la dinámica interna del bar "Wachitas", ubicado en la calle Ituzaingó 521 del barrio Nueva Córdoba, el cual ya fue clausurado definitivamente por el municipio debido a graves faltas de seguridad e higiene.

Carla, quien tiene 31 años y se desempeñó como trabajadora sexual en ese establecimiento entre los años 2020 y 2023, complicó la situación procesal de dos de las mujeres implicadas en la causa. Por un lado, apuntó contra Soledad Andreani —actualmente imputada por encubrimiento agravado—, a quien definió directamente como la proxeneta del lugar. Por el otro, desmitificó el rol de Mariana Palmero —pareja del principal acusado del crimen—, asegurando que no se trataba de una víctima engañada, sino de alguien que cumplía tareas operativas dentro del local.

"Me ofreció trabajar con ella, me contó cómo era la modalidad, que los tipos eran gente de plata, de poder, se podía ganar bien depende el servicio que uno hiciera", remarcó la testigo. Añadió que Andreani les advertía de antemano que se acostarían con "gente de filo" (personas de alto poder adquisitivo) y no con el público habitual de los recitales.

Uno de los puntos más contundentes del testimonio de Carla estuvo dirigido a la figura de Mariana Palmero. "Yo salgo a hablar porque la conozco, Palmero es un monstruo, se hace la víctima, no es que ella fue engañada", sentenció con dureza. Explicó que la mujer se encargaba de limpiar las mesas, mantener los baños y servir las bebidas a los clientes, estando al tanto de los movimientos del bar.

Finalmente, la testigo reveló una llamativa situación administrativa que descubrió cuando fue citada a declarar ante la Jefatura de Policía de Córdoba en el marco del caso Agostina. Según relató, las autoridades la notificaron de un hecho que ella desconocía por completo: "Me dan un papel que dice que yo desde 2019 salgo como desaparecida y eso no lo sabía". Carla explicó que en aquel año se encontraba en situación de calle y ejerciendo el trabajo sexual, lo que añade un nuevo elemento de debate sobre el control y el seguimiento de las personas en situación de vulnerabilidad en la provincia.

La investigación por el violento ataque a un adolescente de 17 años, que fue baleado a la salida de un boliche de Gualeguaychú, ingresó en una nueva etapa. El fiscal Jorge Gutiérrez, a cargo de la pesquisa, requirió la elevación de la causa a juicio al considerar concluida la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y sostuvo que existen pruebas suficientes para que los dos imputados enfrenten un debate oral.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Garantías de Natalia Céspedes, que ahora deberá realizar el control de la acusación antes de resolver si el expediente es remitido al Tribunal de Juicio.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando el adolescente salía de un local bailable en la zona del Corsódromo y, tras una discusión y una pelea registrada en inmediaciones de una panadería ubicada en la zona de Concordia y Avellaneda, el conflicto continuó algunas cuadras más adelante.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, los dos imputados se retiraron del lugar en un automóvil y volvieron a encontrarse con el grupo en el que se encontraba la víctima. En ese momento, uno de los acusados descendió del vehículo y efectuó varios disparos con una pistola calibre .380 dirigidos hacia la parte inferior del cuerpo del adolescente. La investigación sostiene que realizó al menos seis disparos, de los cuales tres impactaron en la pelvis y en las piernas, provocándole una fractura de tibia y otras lesiones que obligaron a una intervención quirúrgica.

Para la Fiscalía, mientras el presunto autor de los disparos ejecutaba el ataque, el otro imputado permaneció al volante con el vehículo en marcha, aguardándolo para facilitar la huida una vez consumado el hecho. Tras la agresión, ambos abandonaron el lugar dejando al adolescente gravemente herido sobre la vía pública.

Tras el ataque, los supuestos autores permanecieron ocultos en casas de familiares hasta que finalmente decidieron salir y enfrentar la acusación. Concurrieron hasta la sede de la Fiscalía en 25 de Mayo y Mitre acompañados de sus familiares más cercanos, y tras ello se ordenó su detención.

Posteriormente, fueron citados a indagatoria ante el fiscal Jorge Gutiérrez y ambos se abstuvieron de declarar. Luego, en la audiencia ante la jueza Céspedes, y de común acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que se mantuvieron prófugos varios días y existía una orden de pedido de detención, la magistrada dictó la prisión preventiva por 30 días, que venció a fines de mayo. Luego, a principios de junio, se les extendió la medida por 60 días, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En su requerimiento, el fiscal Gutiérrez atribuyó al joven de 24 años el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, mientras que al imputado de 23 años le atribuyó participación como cómplice de las lesiones graves agravadas.

La acusación se apoya en los testimonios incorporados durante la investigación, las pericias realizadas por la Policía Científica, el secuestro de vainas servidas, la planimetría del lugar del ataque y el análisis de registros fílmicos efectuado por personal de la División Investigaciones, elementos que, según el Ministerio Público Fiscal, permiten reconstruir la mecánica del hecho y el grado de participación de cada uno de los acusados.

En el requerimiento de remisión a juicio, el representante del Ministerio Público también adelantó el monto de pena que solicitará en caso de obtener una condena. Para el presunto autor material de los disparos requirió cinco años y ocho meses de prisión efectiva, valorando especialmente la utilización de un arma de fuego, la diferencia de edad con la víctima —que tenía 17 años— y el hecho de haber abandonado el lugar sin prestarle asistencia. Para el otro acusado, cuya intervención fue considerada secundaria, solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva, teniendo en cuenta su participación en la huida y sus antecedentes penales computables.

La causa deberá atravesar ahora la etapa de control de la acusación. Si el requerimiento fiscal supera esa instancia sin objeciones que impidan su avance, el expediente será remitido al Tribunal de Juicio, donde se fijará la fecha para el debate oral que definirá la responsabilidad penal de ambos imputados.

Un violento episodio se produjo este jueves a la ciudad de La Paz, cuando un adolescente de 16 años se enfrentó a tiros con efectivos policiales en plena vía pública. El hecho no dejó heridos, y culminó con la detención del menor tras una persecución de varias cuadras y el secuestro de un arma de fuego. Sin embargo, la posterior resolución judicial volvió a encender la polémica: por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven recuperó la libertad pocas horas después y fue restituido a sus progenitores.

La gravedad del ataque quedó plasmada en el vehículo utilizado por los agentes de Investigaciones, cuyo capó recibió el impacto de uno de los proyectiles. En diálogo con medios provinciales, el jefe de la Departamental La Paz, Carlos Schmuk, detalló que la persecución se extendió por unas seis cuadras y pasó por las inmediaciones de un establecimiento educativo de la zona, aunque aclaró que las detonaciones no se registraron frente a la escuela, lo que evitó una tragedia mayor.

Finalmente, los efectivos lograron reducir al menor en cercanías de calle Los Pinos. Al momento de requisarlo, se le secuestró un revólver calibre 22 largo que contenía todas sus municiones percutidas, lo que demuestra que el atacante gatilló el arma hasta vaciar el tambor. "Gracias a Dios no hubo funcionarios policiales ni civiles lesionados", destacó el jefe policial aliviado.

El trasfondo del caso expone una problemática recurrente en la región. Según confirmaron las propias autoridades policiales, tanto el adolescente de 16 años como varios integrantes de su grupo familiar directo cuentan con un frondoso historial delictivo y ya se encuentran vinculados a diversas causas judiciales y allanamientos previos por abuso de armas de fuego y disputas violentas entre bandas locales.

La comunidad educativa de La Salle - Villa Malvina realizará el próximo lunes distintos espacios de oración y acompañamiento espiritual en memoria de Francisca, la estudiante que falleció el jueves.

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la institución, donde se invitó a familias, docentes y alumnos a participar de una misa y momentos de reflexión en la Capilla del establecimiento.

"Invitamos a todas las familias y docentes de la comunidad educativa a compartir un momento de oración por Francisca el próximo lunes 22 de junio, de 7:30 a 7:45 horas, y de 13:10 a 13:25 horas, ambos momentos en nuestra Capilla", expresaron desde la escuela.

Además, se informó que los estudiantes de sexto año y sus familias compartirán un espacio especial de oración y despedida entre las 11:10 y las 11:50 horas.

En el comunicado, la institución manifestó: "Como comunidad educativa, queremos reunirnos en la fe y la esperanza para celebrar el abrazo misericordioso del amor de Dios Padre que la ha recibido. Nos acompañaremos en el dolor que nos produce su partida y en la fe en la promesa de un mundo nuevo que ya ha nacido para Francisca".

La propuesta busca generar un espacio de contención para quienes integran la comunidad educativa y atraviesan momentos de profundo dolor tras la pérdida de la adolescente.

Un accidente de tránsito registrado en la tarde de este viernes movilizó a las fuerzas de seguridad y de salud de la ciudad, dejando como saldo a un menor de edad con heridas de carácter leve y el secuestro del rodado en el que se trasladaba.

El siniestro vial ocurrió a las 17:12 horas sobre el Boulevard Pedro Jurado, a la altura del número 527. Por causas que la investigación intenta establecer, un automóvil Ford Fiesta LXD de color gris, guiado por un hombre de 36 años, se encontraba estacionado sobre el margen este de la arteria con sentido de circulación sur-norte cuando colisionó con una motocicleta Mondial LD de 110 cc, color negra, que transitaba en su misma dirección. El motovehículo era conducido por un adolescente de 15 años de edad.

En el sitio del accidente trabajó el personal de la División Criminalística de la Jefatura Departamental, llevando a cabo las pericias mecánicas y planimétricas de rigor para determinar la mecánica del choque. Minutos más tarde, la médica policial de turno constató de forma oficial que las lesiones sufridas por el motociclista revisten carácter leve, quedando supeditadas al resultado de estudios médicos complementarios.

Ante esta flagrante infracción a la Ley Nacional de Tránsito, se solicitó la presencia del personal de la Dirección Municipal de Tránsito, cuyos agentes procedieron a la confección de las actas de infracción correspondientes y al posterior secuestro y retención de la unidad Mondial, la cual fue trasladada al depósito de vehículos retenidos.

Un terrible episodio se originó poco después de las 12 en pleno centro, que causó la conmoción de muchas personas que transitaban por la ciudad al mediodía. Una joven, residente en el edificio, habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida, aunque ello se encuentra en pleno proceso investigativo para confirmar las circunstancias.

La Policía actuó de inmediato y acordonó el perímetro para evitar que se tomaran imágenes por parte de transeúntes. Se dispuso del protocolo especial para este tipo de casos y se controló la situación a medida que los familiares fueron llegando al lugar.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o necesita hablar con alguien, es importante buscar acompañamiento profesional y apoyo inmediato en servicios de salud, guardias hospitalarias o líneas de asistencia disponibles.

Podes comunicarte al :107 o acudir a la Guardia de Salud Mental de Hospital Centenario Gualeguaychú ante una situación de crisis o riesgo.

Otras líneas disponibles: 0800-999-0091 – Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental. Funciona las 24 horas, todos los días del año y brinda escucha, orientación y acompañamiento.

El personal de la Jefatura Departamental Concordia se encuentra trabajando para dar con el paradero de Tatiana Zalazar, una adolescente de 14 años que se ausentó de su domicilio el pasado miércoles 10 de junio alrededor de las 18:40.

Desde ese momento no se tienen novedades sobre su ubicación, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda y localización. Personal policial trabaja intensamente en distintas tareas investigativas con el objetivo de establecer su paradero lo antes posible.

Al momento de desaparecer, Tatiana Zalazar vestía una remera blanca, un saco marrón, un pantalón marrón, zapatillas negras y llevaba una mochila verde. También podría haber tenido una bufanda roja.

La adolescente es de estatura mediana y, según describen sus familiares, su contextura física puede hacer que aparente ser mayor de edad.

Ante la desaparición, solicitan a cualquier persona que pueda aportar información que permita localizar a la menor que se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana, al servicio de emergencias 101 o con su padre al 3454-261091

La búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida desde el mediodía del lunes, mantiene en alerta a las autoridades de Córdoba, que desplegaron un importante operativo en Colonia Caroya y localidades cercanas para intentar localizarla.

La denuncia fue presentada por la madre de la joven luego de que no regresara a su hogar tras finalizar la jornada escolar. Desde entonces, la Justicia provincial y las fuerzas de seguridad trabajan para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a su desaparición.

Según la información difundida por los investigadores, la adolescente fue vista por última vez alrededor de las 12 al retirarse del Colegio Presbítero José Bonoris. De acuerdo con los testimonios reunidos hasta el momento, una amiga fue la última persona que tuvo contacto con ella y aseguró que la joven permaneció esperando un colectivo después de salir de clases.

La falta de noticias sobre su paradero motivó un importante despliegue de recursos en distintos sectores de Colonia Caroya y zonas cercanas.

El operativo cuenta con la participación de 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero que realiza recorridas aéreas para colaborar con la búsqueda. Además, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se trasladó personalmente a la localidad para seguir de cerca el desarrollo de las tareas.

La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Monti, quien coordina las distintas diligencias para intentar determinar qué ocurrió después de que la adolescente abandonara el establecimiento educativo.

Cómo identificarla

Las autoridades difundieron la imagen de la joven y detallaron sus características físicas para facilitar su localización.

Indicaron que tiene contextura delgada, cabello largo de color negro, tez trigueña y una altura aproximada de 1,60 metro. Al momento de desaparecer vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Mientras continúan los rastrillajes y las tareas investigativas, la Policía de Córdoba solicitó a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades, ya que cualquier dato podría resultar clave para avanzar en la búsqueda.

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó este lunes la pena de 15 años de prisión para un hombre acusado de engañar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad y oriunda de la provincia de Chaco. Los hechos ocurrieron en un prostíbulo ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde la víctima fue sometida mediante golpes y amenazas.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió fijar una suma de 63 millones de pesos en concepto de reparación integral para la víctima, el decomiso del local comercial donde se produjo el delito y la inmediata detención del imputado.

En su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, la fiscal consideró a Rubén Alberto Cabra, de 43 años, alias “Petro”, autor del delito de facilitación de la prostitución en concurso ideal con el delito de trata de personas.

El debate se desarrolla desde el 22 de abril ante el TOF integrado de manera unipersonal por la jueza Mariela Emilce Rojas. Como representante del MPF, intervienen la fiscal Minatta y la auxiliar fiscal Gabriela Velázquez. El 16 de junio se conocerá el veredicto.

El caso

La investigación judicial se inició en 2019 a raíz de una denuncia recibida a través de la Línea 145, que fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo.

Tras un análisis preliminar, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Minatta, que —a través de medidas de investigación— logró identificar a la víctima en 2021. Inicialmente, la causa involucraba a dos imputados del caso, pero el dueño del prostíbulo —Rubén Ángel Cabra, tío del actual imputado— falleció antes de ser llamado a declaración indagatoria, por lo que su sobrino quedó como único acusado.

Según la acusación, los hechos comenzaron en 2006 cuando la víctima, de entonces 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en la ciudad chaqueña de Villa Ángela. Una vez trasladada a Concepción del Uruguay, fue recibida en el prostíbulo denominado Snack Bar donde fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta octubre o noviembre de 2008.

Violencia de género y marco normativo

Al iniciar su alegato, la fiscal Minatta planteó que en esta causa se juzgan y se investigan “delitos en un contexto de violencia de género” y remarcó que la trata de personas con fines de explotación sexual es una de las formas de violencia de género que más están atravesados por los distintos tipos de violencia que prevé la Ley N°26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: “violencia física, psíquica, sexual, económica y simbólica”.

En esa línea, la fiscal trazó un recorrido histórico sobre la legislación en la materia. Destacó como “de vanguardia y adelantada” a la “Ley Palacios”, de 1913, que convirtió a la Argentina en la primera nación en sancionar una ley contra ese delito, y mencionó la posterior incorporación del delito de trata de personas al ordenamiento jurídico penal mediante la Ley N°26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en 2008, junto con su reforma integral en diciembre de 2012.

El “circuito prostituyente” local

La fiscalía describió con precisión el funcionamiento del entramado que operaba en Entre Ríos al momento de los hechos. “En el 2006, en la ciudad de Concepción del Uruguay existía un circuito prostituyente consolidado. Desde fines de la década del 90 y hasta el año 2013, la localidad era considerada un polo de la prostitución en la provincia”, aseguró Minatta, y enumeró una serie de prostíbulos de la época que funcionaban bajo la fachada de whiskerías o bares, como el reconocido local La Noche.

Respecto al lugar específico de la explotación, precisó: “El prostíbulo donde sucedieron los hechos se llamaba ‘Snack Bar’ y se ubicaba en las inmediaciones de la Ruta 39 y la Ruta 14. En un principio, era la guardería de las mujeres de ‘La Noche’, que en muchos casos venían de diferentes provincias y a veces con sus hijos”.

La fiscal explicó que, a partir de un determinado momento, el dueño de La Noche pasó a ser de Rubén Ángel Cabra, tío fallecido del imputado.

Para evidenciar la naturalización de la explotación sexual en aquel período, la fiscal recordó el testimonio brindado durante el debate por un comisario, quien ratificó que el traslado de mujeres engañadas desde las provincias del norte bajo falsas promesas laborales era una práctica habitual. “Primero les decían que era para atender en comercios y después les decían que en realidad debían prostituirse”, reseñó la fiscal.

Minatta hizo hincapié en las definiciones del jefe policial para graficar el contexto cultural de la época, al recordar que el testigo había afirmado que asistir a esos locales era considerado “algo normal” y que “ir a un cabaret era para un hombre lo mismo que ir a comerse una pizza”.

Captación, traslado y permanencia

La fiscalía dio por acreditado que el acusado Rubén Alberto “Petro” Cabra, se valió del engaño y de la situación de vulnerabilidad de la adolescente para trasladarla desde la ciudad chaqueña de Villa Ángela hasta la entrerriana de Concepción del Uruguay. “Ahí comenzó el verdadero infierno de la víctima”, subrayó Minatta.

La fiscal indicó que ni bien la víctima llegó, Cabra la llevó al local Snack Bar, que en ese entonces se encontraba habilitado como whiskería pero, sin embargo, funcionaba como prostíbulo. “En el lugar, que era propiedad de su tío, Rubén Ángel Cabra, se explotaba sexualmente a mujeres. La víctima dijo que se intentó ir, pero le dijeron que no podía porque tenía una deuda y que no podría irse hasta saldarla”, detalló Minatta. Señaló que, en un primer tramo, la joven fue alojada y explotada en ese cabaret junto a otras mujeres a lo largo de un año, y que era obligada a realizar “pases” en contra su voluntad.

También relató que, en una oportunidad, la joven logró escaparse con la ayuda de un “cliente”. Sin embargo, al llegar a la casa de su madre en Chaco, no se animó a contarle toda la verdad y empezó a recibir amenazas por parte de Cabra hasta que el imputado, junto a dos hombres, viajaron a buscarla y volvieron a trasladarla hasta Concepción del Uruguay, con la amenaza de que, si no lo hacía, algo muy grave podía pasarle a su familia.

En esta segunda etapa, la víctima fue alojada bajo llave en el domicilio particular del imputado Cabra y todas las noches era trasladada hasta el prostíbulo para continuar con su explotación.

Con respecto a la modalidad de explotación, Minatta detalló que la víctima debía ir al cabaret todas las noches, que nunca cobró ningún jornal ni porcentaje de ningún pase, y que si tomaba algo, ese importe se incorporaba a la deuda que ella ya tenía.

La fiscal también resaltó que, en su declaración, la víctima contó que una noche de 2007, la joven quedó embarazada del propio imputado tras ser drogada y perder el conocimiento. El sometimiento continuó incluso después del nacimiento de su hija en abril de 2008, bajo la amenaza de no permitirle verla.

La víctima logró escapar definitivamente a finales de ese año, aunque las amenazas del entorno del acusado persistieron hasta el momento de formalizar la denuncia en 2019.

“En este caso se da el acogimiento por parte de Cabra. Se mantuvo a la víctima en cercanías del lugar en el que fue explotada, con la imposibilidad o serias dificultades de poder terminar con esa situación. Durante esta fase, la víctima fue sometida a una absoluta privación de su libertad personal, siendo explotada sexualmente sin poder sustraerse de la órbita de control de sus captores”, señaló la fiscal.

Minatta enfatizó la condición de vulnerabilidad de la joven en lo que fue la etapa del traslado, en la que, según explicó se dio “el fenómeno de la migración interna”, una menor de edad oriunda de la provincia de Chaco “fue reclutada sin precisiones sobre las condiciones que la esperaban, sin haber podido tener ni la más mínima intervención en la decisión de cómo viajar y forzada por la necesidad extrema”.

Por último, la representante del MPF afirmó que en el caso se evidenció “un delito de carácter permanente toda vez que las conductas de los encartados nunca cesaron en el tiempo, formaron parte de la misma matriz de explotación y se extendieron por casi tres años”.

Calificación jurídica

Minatta explicó que la conducta endilgada por el MPF a “Petro” Cabra se divide en dos tramos temporales debido a los cambios legislativos:

Entre 2006 y abril de 2008, encuadra en el delito de “promoción y facilitación de la prostitución ajena”.

A partir de abril de 2008, los hechos se adecuan a la figura de “trata de personas”, conforme a la sanción de la Ley N°26.364.

Fuente: Fiscales