El Gobierno nacional anunció la ampliación del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a toda la industria, habilitando la importación de insumos, partes y componentes sin el pago de aranceles ni impuestos mientras se utilicen en procesos productivos. La medida, oficializada mediante el Decreto 252/2026, modifica un esquema vigente desde 2002 que en la práctica había quedado restringido a la industria automotriz.

Con esta reforma, cualquier sector podrá acceder al beneficio, lo que busca reducir costos de transacción, mejorar la competitividad y fomentar la incorporación de valor agregado local. El régimen también alcanza a proveedores de empresas exportadoras, ampliando su impacto a lo largo de la cadena de valor y favoreciendo una mayor integración de la producción nacional.

Entre los cambios centr

ales, se eliminan requisitos que antes funcionaban como barreras de entrada. Por un lado, ya no será obligatoria la constitución de una garantía global única, habilitándose el uso de cualquiera de las alternativas previstas en el Código Aduanero. Por otro, se suprime la exigencia de firmar acuerdos previos con cámaras sectoriales, lo que abre el régimen a un universo más amplio de compañías.

La implementación y regulación del nuevo esquema quedará bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que deberá definir los mecanismos operativos. Según el Gobierno, la reforma apunta a modernizar un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad, que presentaba limitaciones para impulsar la producción y las exportaciones.

Fuente: La Nación

Suscripta por Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, el entrerriano Guillermo Michel, Emir Félix, Juan Pablo Luque y Pablo Todero, diputados y diputadas de Unión por la Patria (UxP) presentaron una propuesta alternativa de modernización laboral que se opone al proyecto impulsado por el gobierno nacional, al que cuestionaron por promover un retroceso en derechos fundamentales.

La iniciativa de los diputados y diputadas “constituye una alternativa que asume los desafíos del presente y promueve un debate alineado con las discusiones y tendencias que se desarrollan a nivel internacional, defendiendo el rol de la negociación colectiva, el trabajo digno y el equilibrio democrático en las relaciones laborales”, se indicó a esta Agencia.

En el proyecto se propone: el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo; la modificación del régimen de corresponsabilidad parental; el financiamiento bancario de indemnizaciones; la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales; la modernización y el fortalecimiento de la inspección del trabajo; la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo; la regulación del trabajo en plataformas digitales; y la reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

“Lejos de modernizar, la propuesta del Poder Ejecutivo se inscribe en un modelo de concentración económica, desindustrialización y debilitamiento de la ciencia, la educación pública y las universidades, con efectos directos sobre el empleo, los ingresos y la cohesión social. Nosotros, desde el peronismo, no solamente nos oponemos a este intento de volver al siglo XIX, sino que además proponemos una serie de reformas para mejorar la realidad efectiva de las trabajadoras y trabajadores en el siglo XXI”, explicó Kelly Olmos al presentar el proyecto.

“Hemos trabajado con algunas compañeras y compañeros para hacer un aporte al debate que tiene que dar el peronismo frente a este proyecto tan regresivo para el mundo laboral que ha presentado el Gobierno nacional”, sostuvo luego.

“Es una alternativa desde otra percepción. Ellos consideran que hay que hacer una mayor explotación de los trabajadores. Para nosotros es con ampliación de derechos y con un debate que se alinea más con el futuro, como deberíamos aspirar a organizar el mundo del trabajo”, añadió.

Al explicar los puntos centrales, Olmos dijo que en su proyecto se reafirman los convenios colectivos. “La institución madre sigue siendo la negociación colectiva. Mientras que el Gobierno la debilita en su proyecto e intenta someter a todo el universo laboral a la decisión unilateral de la patronal”, dijo. Cuando son convenios derivados, corresponde la registración y publicación.

Y afirmó: “El otro aspecto es referido a las indemnizaciones. En su proyecto, el damnificado se somete a cobrarlo en cuotas. Y otro, sustraen importantes niveles de recursos de la Anses para asignarlos a un fondo financiero de financiamiento de estas indemnizaciones”.

“Nosotros decimos que las indemnizaciones no las tiene que pagar ni el damnificado ni los jubilados. Si hay que financiarlo, lo debe hacer el Banco Nación con condiciones para que tampoco pierda y usando los mecanismos razonables”, contrapuso.

Luego, aseguró: “Después, planteamos que Argentina avance con la reducción de la jornada laboral, donde estamos muy atrasados, así como en las licencias por nacimiento”.

“Nosotros creemos que esta es una batalla política y que estos proyectos sirven para mostrar que cuando hablan de modernización, quieren volver al siglo XIX. Un retorno a más de 100 años atrás”, resumió.

Por eso, dijo, la respuesta del peronismo está a la vista: “Yo creo que el peronismo está movilizado. Y eso creo que muy a la brevedad se va a ver con mucha más magnitud”.

“El Gobierno siempre intenta usar el verano como período para instalar estas cuestiones con la idea de que la gente está distraída y va a poder pasarlas sin debate público”, denunció.

Pero matizó: “Nosotros sentimos que tenemos que instalar el debate y hacer el mayor esfuerzo. Porque lo que está proponiendo el Gobierno, y está haciendo en la práctica, es una flexibilización laboral. Va a traer una mayor reducción de ingresos todavía a los sectores del trabajo”. (APFDigital)

Según fuentes del caso, los vehículos ingresaban desde Paraguay bajo el argumento de visitas turísticas, pero luego eran utilizados en producciones audiovisuales y alquileres para artistas. La Aduana detectó la reiterada presencia de autos radicados en Paraguay circulando en Buenos Aires, lo que derivó en cruces con ARCA, Migraciones y la División Contravencionales de la Policía de la Ciudad.

Ese seguimiento permitió establecer que los vehículos eran explotados comercialmente en videoclips y eventos, lo que está prohibido bajo el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur. Los autos aparecían con frecuencia en redes sociales y en producciones de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez.

El Juzgado Federal de Puerto Iguazú ordenó cinco allanamientos en el área metropolitana, donde se secuestraron cuatro automóviles valuados en más de $500 millones, una camioneta Toyota SW4, $30 millones en efectivo, US$20 mil y un arma de fuego sin documentación. También fueron detenidos dos ciudadanos argentinos, que quedaron incomunicados mientras avanza la causa.

Al mismo tiempo, se determinó que uno de los imputados se presentaba como responsable de una productora de eventos, aunque no tenía actividad económica declarada ante ARCA. La causa se abrió por presunto contrabando agravado, delito que prevé penas de hasta diez años de prisión. Desde el juzgado no descartan nuevas medidas y el expediente retrotrae el origen del esquema al menos hasta 2023, mientras se analiza si hubo más intermediarios o destinos comerciales.

El Gobierno nacional introdujo una modificación en el régimen aduanero que permitirá a los operadores de comercio exterior utilizar declaraciones juradas para respaldar sus obligaciones en determinadas operaciones de importación. La actualización, formalizada mediante el Decreto 838/2025, habilita una opción adicional al sistema de garantías tradicionales, con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos para empresas consideradas confiables.

La norma establece que los importadores podrán presentar un documento firmado “cuando los regímenes de importación establezcan la obligación de garantizar los tributos que pudieran exigirse por dichas operaciones”. Según el decreto, esta herramienta busca “homogeneizar el tratamiento normativo, reducir costos operativos para las empresas y simplificar trámites”, en línea con el plan de modernización impulsado por el Ejecutivo.

La administración aclaró que la alternativa no afectará el control aduanero ni el resguardo del interés fiscal. El planteo oficial sostiene que se trata de un mecanismo menos gravoso que las garantías financieras, que suelen implicar costos adicionales y trámites prolongados para los operadores.

En redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y afirmó que “abre un camino para una importante simplificación de los trámites aduaneros”. Explicó que, ante discrepancias o dudas en la liquidación de tributos, la Aduana suele exigir garantías por el monto en disputa, lo que encarece la operatoria y expone a los importadores a demoras y gastos financieros. Según el funcionario, la posibilidad de reemplazar ese requisito por una declaración jurada “reduce costos y limita las oportunidades de corrupción”.

Sturzenegger señaló que la Aduana deberá definir ahora en qué casos y para qué operadores estará habilitada esta modalidad. Aseguró que el cambio “abre la puerta a una gran simplificación de la operatoria y a una reducción de precios para todos los argentinos”.

La medida se inscribe en un conjunto de reformas orientadas a desburocratizar procesos, digitalizar trámites y hacer más previsible el esquema para el comercio exterior. El sector empresario sigue de cerca los alcances de la implementación, que definirá qué importadores podrán acceder a la nueva opción y bajo qué condiciones.

Mediante la Resolución 72/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Nación aprobó la habilitación de una zona operativa aduanera en Santa Elena, sobre la margen izquierda del Canal Troncal de Navegación, bajo jurisdicción de la División Aduana Paraná. La medida responde a un pedido de LDC Argentina S.A., filial de Louis Dreyfus Company, multinacional con más de 120 años de presencia en el país y dedicada a la exportación de algodón, cereales y oleaginosas.

La terminal portuaria que obtuvo la habilitación pertenecía originalmente a El Maná Puerto Buey S.A., cuya operación estaba vinculada a la Cooperativa Agropecuaria La Paz Limitada. Sin embargo, tras la compra del paquete accionario por parte de LDC Argentina, la compañía asumió la continuidad del trámite para la habilitación del puerto. Según consta en la resolución, la firma comunicó oficialmente la adquisición y solicitó ser reconocida como responsable del proceso, lo que finalmente fue aceptado.

El nuevo espacio aduanero en Santa Elena representa un punto estratégico para la logística de exportaciones agrícolas. La zona, ubicada en un tramo clave del Paraná, permitirá a la multinacional agilizar operaciones de carga y despacho, reduciendo tiempos y costos en la salida de granos hacia los mercados internacionales. En la práctica, esto implica que los productos despachados desde la terminal podrán realizar el proceso de control y fiscalización sin depender de otros puertos o nodos aduaneros.

El desembarco de LDC en esta terminal forma parte de la estrategia de la compañía de consolidar una red integrada de producción, acopio, industrialización y comercialización. La firma ya cuenta con instalaciones en Rosario, Bahía Blanca, General Lagos y Timbúes, entre otros puntos de la hidrovía. La incorporación de Santa Elena amplía su influencia en la región centro-norte de Entre Ríos, donde la producción agrícola ha crecido de manera sostenida en la última década.

La decisión despierta expectativas económicas en la zona, al proyectarse un aumento en el movimiento portuario, generación de empleo directo e indirecto y mayor competitividad para productores locales. No obstante, también abre interrogantes sobre el impacto ambiental y el rol que jugarán las autoridades provinciales y municipales en el control de las operaciones.

Con esta habilitación, el puerto de Santa Elena se suma al mapa de enclaves estratégicos para el comercio exterior argentino, reforzando la importancia del Paraná como eje central de la economía exportadora.

En un operativo coordinado por la Mesa de Frontera, la Dirección General de Aduanas (DGA) incautó 2.839 bultos que ingresaron al país de manera irregular. Las intervenciones se realizaron en Entre Ríos y en Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes, Jujuy, Salta y Santa Fe, en rutas nacionales y depósitos urbanos de empresas de logística.

En Entre Ríos, los procedimientos se desplegaron sobre la Ruta Nacional 14 y en centros de distribución ubicados en ciudades clave. La provincia posee tres pasos internacionales habilitados con Uruguay —Colón-Paysandú, Concordia-Salto y Gualeguaychú-Fray Bentos— que la convierten en un corredor estratégico para el comercio legal y, en paralelo, un punto crítico para el ingreso de mercancías ilegales.

El parte oficial indicó que la mercadería incautada incluía drogas como marihuana y hojas de coca, además de electrodomésticos, artículos electrónicos, cubiertas, indumentaria, calzado, termos, artículos de bazar y perfumes. Según la DGA, los productos habrían ingresado por pasos no habilitados y luego eran enviados a los principales centros de consumo mediante empresas de encomiendas.

La Mesa de Frontera —integrada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía, la AFIP y organismos sectoriales— se reúne cada quince días para analizar denuncias del sector privado y definir medidas conjuntas. Estos operativos forman parte de una estrategia más amplia que busca cerrar el circuito del contrabando, no sólo en los puntos de ingreso, sino también en la etapa de distribución interna.

En el caso entrerriano, las fuerzas federales y personal aduanero apuntaron a detectar los movimientos logísticos que permiten que mercadería ilegal ingrese desde Uruguay a través de zonas rurales o vías fluviales y luego se disperse por el país. Fuentes oficiales señalaron que las rutas 14 y 127, junto con caminos secundarios cercanos a los ríos Uruguay y Gualeguay, son escenarios habituales de vigilancia.

Los pasos fronterizos habilitados con Uruguay —Colón-Paysandú, Concordia-Salto y Gualeguaychú-Fray Bentos— funcionan bajo un control binacional, pero existen múltiples pasos precarios que suelen ser utilizados por contrabandistas para sortear controles. La hidrovía del río Uruguay también es monitoreada por Prefectura Naval, aunque el tráfico de pequeñas embarcaciones en áreas poco vigiladas sigue siendo un desafío.

La DGA remarcó que el trabajo conjunto con Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal permitió decomisar la carga antes de que llegara a su destino final. La investigación continúa para identificar a los responsables de la operación logística, que se presume tiene ramificaciones en distintos puntos del país.

Este tipo de operativos refuerza la presión sobre las redes de contrabando que afectan la economía formal y ponen en riesgo la seguridad, no sólo por el daño fiscal que generan, sino también por el tráfico de drogas y otros productos ilegales. La ubicación geográfica de Entre Ríos, con su frontera fluvial y terrestre con Uruguay, seguirá siendo un eje central en la lucha contra estas maniobras ilícitas.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes impuso penas de hasta tres años de prisión, multas y decomiso de bienes a cuatro hombres que en 2019 intentaron atravesar la ruta 14 con casi trescientos pares de zapatillas sin aval aduanero. El caso se resolvió mediante un juicio abreviado: los acusados admitieron su responsabilidad y la calificación de contrabando agravado por uso de documentos falsificados.

El operativo que originó la causa ocurrió el 20 de marzo de 2019 cuando efectivos de Gendarmería detuvieron una Renault Duster Oroch en el Puesto “Paraje Cuay Grande”, cerca de Santo Tomé. En la caja hallaron bolsas negras con 279 pares de zapatillas, valuadas en 581 811 pesos. El conductor declaró que venían de Posadas rumbo a Colón, Entre Ríos, y presentó pólizas supuestamente emitidas por la Aduana misionera a nombre de tres tripulantes.

La documentación, sin embargo, despertó sospechas: los talonarios correspondían a la serie 2018 pero exhibían fecha 19 de marzo de 2019, y uno de los sellos pertenecía a una funcionaria fallecida dos meses antes. Un llamado a la Aduana de Santo Tomé confirmó la falsedad de los papeles y habilitó el secuestro de la mercadería, el vehículo y los teléfonos.

Identificados como Oscar Daniel Sampallo (51), Lucas Matías Sampallo (25), Juan Ramón Verón (53) —todos entrerrianos— y Richard Nahuel Rodríguez Rivera (27), uruguayo, los ocupantes fueron procesados por contrabando y, en tres casos, por uso de documento apócrifo. Tras más de cinco años de trámite, fiscalía y defensas pactaron un juicio abreviado que evitó el debate público y permitió un fallo rápido.

El juez subrogante Juan Manuel Iglesias homologó el acuerdo y dictó penas de tres años para los hermanos Sampallo y Rodríguez Rivera, y de dos para Verón. Todas quedaron en suspenso por dos años, condicionadas a la fijación de domicilio, el control de la Dirección de Ejecución Penal y la prohibición de nuevas infracciones. De reincidir, deberán cumplir la condena en prisión efectiva.

Además, el tribunal dispuso el decomiso definitivo de la Duster y de las zapatillas, que podrán subastarse o donarse una vez firme la sentencia. El decomiso alcanza incluso los gastos de depósito. En el caso del ciudadano uruguayo se notificará a Migraciones y a su embajada, paso habitual cuando un extranjero recibe sentencia penal.

La resolución, subrayan fuentes judiciales, busca desincentivar el contrabando que utiliza rutas mesopotámicas para ingresar mercadería desde Paraguay y Brasil. Aunque la pena quedó en suspenso, los magistrados advirtieron que la reincidencia implicará prisión efectiva y agravará futuras responsabilidades.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó parcialmente el recurso de apelación de la firma Indra SA, confirmando el procesamiento de los directivos y readecuó el embargo sobre los bienes de la empresa por la suma de 126.362.307,32 pesos. La readecuación del embargo procedió porque se tomó el aforo en dólares estadounidenses y no en pesos argentinos.

De acuerdo a la información que publicó APF, la Cámara Federal de Apelaciones integrada por Mateo José Busaniche, presidente; y Beatriz Estela Aranguren, vicepresidente, se resolvió “rechazar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la firma Indra SI SA y, en consecuencia, confirmar la resolución del 21 de abril de 2025 que resuelve el procesamiento de la nombrada por considerarla prima facie autora del delito de contrabando agravado, de conformidad con lo dispuesto en el Código Aduanero (CA)…, y del Código Penal (CP)”.

También dispuso “readecuar el embargo impuesto sobre los bienes de la procesada a la suma de 126.362.307,32 pesos; de conformidad a los considerandos precedentes…”. La readecuación dispuesta contó con el consentimiento del fiscal general, que “entendió que le asiste razón al impugnante, ya que la base del cálculo del mismo, sin motivación real, habría sido tomada del aforo en moneda extranjera, dólares estadounidenses y no en referencia al monto en pesos argentino, conforme obra en dicha planilla de valoración y de conformidad a cómo fuera calculado respecto del co-imputado Viaggio; por lo que el cálculo deviene nulo, debiendo así ser declarado, encomendándose un nuevo cómputo tomando como base el aforo considerado, esto es, 31.590.576,83 pesos…, con expresa consideración ante la eventual penalidad pecuniaria que debería recaer en caso de condena”.

El caso

Las actuaciones llegaron a la Cámara derivadas del Juzgado Federal Nº1 de Gualeguaychú, que el del 21 de abril de 2025, dictó “el procesamiento de la nombrada por considerarla prima facie autora del delito de contrabando agravado”, y dispuso el embargo de sus bienes por 2.370.353.280 pesos. El recurso fue concedido el 30 de abril de 2024.

La Cámara precisó que “en lo que a esta incidencia respecta, el 25 de febrero de 2025 se le recibió declaración indagatoria a la firma Indra SI SA, cuando se le imputó el hecho, entendiendo que “habría sido la donante de los insumos informáticos y remitente de la mercadería proveniente de la Zona Franca de Colonia”. El 21 de abril de 2025 el Magistrado resolvió su procesamiento por el delito de contrabando agravado, y el embargo de sus bienes por la suma de 2.370.353.280 pesos. Contra esa resolución se alzó la defensa, dando lugar a la intervención de la Cámara.

Las actuaciones se iniciaron “con la denuncia realizada el 19 de enero de 2021, por el Administrador de AFIP - Aduana Gualeguaychú, Gustavo Falcón, en el Juzgado Federal, informando que no habrían arribado a destino seis camiones de Tránsito Directo de Importación, destino Bolivia, Aduana de salida Pocitos, Salta; ingresados por Aduana de Gualeguaychú, en el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), tres de ellos el día 22 de febrero de 2020 y tres el 27 de febrero de 2020, en transportes –aparentemente- pertenecientes a la empresa de origen boliviano, Cooperativa Tarija del Sur RL, siendo la empresa Tradex LTDA responsable de la logística y representante de la mencionada empresa en la República Oriental del Uruguay”.

Un hombre de nacionalidad argentina intentó cruzar por el puente internacional San Martín, desde Gualeguaychú hacia Fray Bentos, una importante cantidad de dinero, que tenía escondido en el ducto del aire acondicionado de su Alfa Romeo último modelo.

Al ser inspeccionado por personal de Aduana y Prefectura de la República oriental del Uruguay, las autoridades encontraron más de 1 millón de reales y 63.365 dólares ocultos en las rejillas de ventilación del aire acondicionado.

El procedimiento lo realizó Prefectura de Fray Bentos, sobre las seis de la mañana del martes. El dinero suma, en total, 277 mil dólares y como no fue declarado, fue incautado junto al automóvil, y el hombre deberá prestar declaración ante la Fiscalía de Fray Bentos. Inforío

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó 23 resoluciones generales que imponían requisitos de intervención a cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales durante las verificaciones físicas de mercaderías importadas. Esta medida se enmarca en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos para lograr una reducción del arancel del 10% que ese país impuso recientemente a los productos argentinos.

La decisión se formalizó mediante la Resolución General N° 5693/2025, firmada por el titular del organismo, Juan Alberto Pazo, y publicada en el Boletín Oficial el 9 de mayo. A partir del 10 de mayo, día siguiente a su publicación, la normativa entró en vigencia y dejó sin efecto un conjunto de disposiciones emitidas entre 1998 y 1999, vinculadas al canal rojo de selectividad en el sistema aduanero.

Según explicaron desde el Gobierno, esta iniciativa “ayuda al proceso de liberar el comercio”. La eliminación de estos requisitos representa un paso en dirección a varios de los puntos incluidos en el documento anual de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), que detalla las principales barreras que, según Washington, obstaculizan el comercio bilateral con Argentina.

“El anuncio es parte del proceso de simplificación y desburocratización. Trabas arancelarias, un montón de resoluciones aisladas, que exigían la presencia de representantes del sector privado en las inspecciones, algo que generaba un montón de demoras operativas y costos adicionales”, explicaron desde el Gobierno. “Había barreras duplicadas y ahora las sacamos”, resumieron.

También dio detalles el ministro Federico Sturzenegger, en X. “Para sacar un container que iba por canal rojo necesitabas la aprobación de tu competidor local. El modelo de la casta en formato puro. Pero como hemos encontrado en muchas áreas, este tipo de restricciones tienen infinidad de ‘redundancias’, es decir, barreras duplicadas. Por eso celebramos la decisión de Juan Pazo que, en un trabajo digno de un arqueólogo, descubrió estas redundancias. Aunque estos mecanismos no se activaban de manera habitual, ciertamente eran un disuasorio, además de sobrecargar al proceso y a la aduana. Gracias Andrés Velis, Director General de Aduanas (y equipo), por seguir el proceso de depuración del comercio, pilar fundamental del Pacto de Mayo impulsado por el presidente”, dijo Sturzenegger.

La Cámara Federal de Paraná, integrada por Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, resolvió este lunes “rechazar los recursos de apelación interpuestos por la defensa de Carlos Cáceres y Jacinto Cuello y, en consecuencia, confirmar la resolución del 21 de marzo de 2025, en cuanto decreta la prisión preventiva y dispone el embargo de los nombrados…”.

El Tribunal intervino en el proceso en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Cáceres, de 33 años, y de Cuello, de 43 años, contra la resolución que decretó la prisión preventiva de ambos por el delito de Hurto simple y dispuso el embargo sobre sus bienes.

La Cámara sostuvo “en relación a ambos, que aun cuando las consideraciones sobre el monto de la pena conminada en abstracto y la posibilidad de procedencia de una condena de ejecución condicional le serían aplicables, la existencia de antecedentes penales es fundamento razonable para presumir el riesgo procesal que llevó al a quo a mantener sus detenciones”. Así, se concluyó que “dadas las circunstancias del caso, la privación de libertad se presentaba como la única modalidad idónea para asegurar con efectividad la comparecencia y sujeción de los imputados al proceso”.

El caso

Las actuaciones se iniciaron “el 7 de marzo de 2025 con la denuncia formulada por Pablo Cafferata -empleado de la Aduana de Gualeguaychú- quien puso en conocimiento que en horario del almuerzo, ocasión en la que no había nadie en la oficina del depósito de la Aduana, dos personas que desconocía, ingresaron a esa planta –por calle San Lorenzo- y sustrajeron dos computadoras -una completa (CPU y Monitor) y la restante un CPU-, lo que habría quedado acreditado a través de las cámaras de seguridad del lugar”.

El Tribunal evaluó que el fiscal auxiliar “habría dejado debida constancia de que, con posterioridad a la recepción de la denuncia, recibió una llamada del Administrador de Aduana Gualeguaychú (Gustavo Falcón), informando que los sujetos de la filmación estarían en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, por lo que se comunicó con el Comandante Tatarín de la GNA, a quien le solicitó que juntamente con el referido Administrador, se constituyeran en el lugar.

También se consignó que “se observó que uno de los sospechosos habría dejado un bolso en el kiosco de la Terminal y se habría retirado del lugar; y que al entrevistar al señor que lo atendía, les confirmó esa circunstancia, diciendo que dos personas de cabello oscuro, de los cuales uno era ‘medio rengo’, le habían dejado ese bolso en custodia, y que lo vendrían a retirar entre las 20 y 20:30 horas”.

De conformidad a la normativa vigente “se requisó el bolso de mención y se pudo corroborar que efectivamente se trataba de las computadoras sustraídas. Además, se puso en conocimiento que en razón del horario de partida que los sujetos informaron al quiosquero, personal de GNA se dirigió a las boleterías, con el objeto de consultar qué ómnibus partían en esos horarios”.

En la terminal se informó que “uno de los micros salía a las 20:30 y que dos masculinos de los cuales uno era rengo, habían sacado boletos, pudiendo determinarse a través de sus DNI que se trataba de Cáceres y Cuello. Por tal motivo, se realizaron patrullajes por la zona, lo que culminó con la detención de los nombrados, y el 10 de marzo se les recibió declaración indagatoria”.

Abstracto

La Cámara, al tratar los agravios planteados por la defensa contra el dictado de la prisión preventiva de Cáceres y Cuello, advirtió que el 12 de marzo el juez de primera instancia “rechazó las excarcelaciones de los nombrados”, resoluciones que fueron “confirmadas por este Tribunal el 7 de abril de 2025 –oportunidad en que se valoró negativamente la posibilidad de la morigeración de la detención de ambos…”.

También entendió que “atento a que el dictado de la prisión preventiva –de fecha 21 de marzo de 2025- fue previo a la expedición por parte de esta Alzada al analizar los riesgo procesales, entiendo que el recurso de apelación en este punto ha devenido de abstracto tratamiento”. Respecto del monto del embargo, determinado en 50.000 pesos, la Cámara entendió que “se encuentra debidamente fundado, ponderado en específico las circunstancias socioeconómicas y ambientales de los cautelados, así como el aseguramiento perseguido con dicha medida…, por lo que el quantum de 50.000 pesos luce ajustado debiendo rechazarse el agravio en lo que a este punto respecta”.

Antecedentes

No obstante que el planteo devino abstracto, la vocal Gómez realizó consideraciones respecto de la situación de los acusados. Así, respecto a Cuello, evaluó que su ocupación sería delivery y ayudante de cerrajería, que el 26 de octubre de 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de Capital Federal, le impuso la pena única de seis años de prisión, con costas, comprensiva de la pena única de cuatro años y tres meses de prisión y costas, aplicada el 9 de noviembre de 2015 por Privación ilegal de la libertad, y la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso en orden al delito de Robo calificado por el uso de arma de fuego que no era apta para el disparo por hallarse descargada, en grado de tentativa y Tenencia ilegítima de arma de guerra.

En cuanto a Cáceres, se analizó que su ocupación es la de empleado en un restaurante y se valoró que el 10 de enero de 2018 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53 de Capital Federal, lo condenó a 15 días de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de Hurto en grado de tentativa; que el 20 de febrero de 2020 el Juzgado Nacional de Rogatorias le envío al Director del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal que registraba orden de detención del 2 de diciembre de 2019 del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial La Plata por el delito de hurto.

También se consideró que el 3 de junio de 2021 el Juzgado en lo Correccional N°3 de La Plata informó que en el marco de otra causa por Hurto que se le impuso la pena de un año y seis meses de cumplimiento efectivo, comprensiva de la dictada en la causa N° 8082 de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de Hurto, y la dictada el 30 de mayo de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 de CABA, en una causa por el delito de Amenazas simples, Amenazas agravadas por el uso de armas y Violación de domicilio, todos en concurso real, donde se lo condenó a la pena de un año de prisión en suspenso. (APFDigital)

José Ignacio Gascón Núñez fue encontrado culpable por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay por el delito de contrabando de exportación de cocaína, en grado de tentativa y agravado por su destino comercial. Fue condenado por cargar el camión que conducía Wilson Guzmán Da Rosa Osorio, condenado en mayo de 2023 a la pena de 4 años y 6 meses de prisión.

El secuestro de la droga tuvo lugar el 8 de mayo de 2021 en la Ruta 136 cuando los narcos pretendían pasar el cargamento desde Gualeguaychú a Fray Bentos para llegar a Montevideo. El operativo lo realizó la Aduana de Gualeguaychú y en el procedimiento se encontraron 215 kilogramos de cocaína ocultos en el camión de transporte internacional conducido por Wilson Guzmán Da Rosa Osorio.

La droga estaba en bultos cubiertos con cinta de embalar y envueltos en frazadas térmicas, bajo bolsas con la leyenda “Harina de Soya Tipo Exportación”. Da Rosa Osorio, el hombre que conducía el camión, buscando atenuar su responsabilidad, identificó a “Nacho” (cuyo apellido “puede ser Gascón”) como la persona que cargó la cocaína en su camión en la estación de servicio “La Paz”.

Proporcionó detalles sobre el encuentro, la descripción física, el domicilio en Montevideo y hasta fotografías de Gascón Núñez. Las filmaciones de las cámaras de seguridad de la estación de servicio permitieron mostrar la llegada y el estacionamiento paralelo de dos camiones, uno que luego se identificó como el de Gascón Núñez y el otro como el de Da Rosa Osorio.

La conjunción de estos elementos probatorios, incluyendo la confesión del coimputado, las pruebas documentales del hallazgo de la droga, las filmaciones que registraron la interacción y el recorrido de los vehículos, y la propia confesión de Gascón Núñez en el marco del juicio abreviado, fueron fundamentales para sustentar la acusación por contrabando de drogas. Ahora

La normativa expresa que la suma con la que se puede cruzar la frontera no puede exceder los 10 mil dólares. De lo contrario debe efectuarse una declaración jurada, donde debe especificarse el origen del dinero y el motivo por el que se lo pasa de un país a otro.

El martes, alrededor de las 17, cuando se inspeccionaba un vehículo Peugeot, funcionarios de Aduana Fray Bentos hallaron 50 mil dólares ocultos en una bolsa blanca adentro de una caja con artículos personales.

Una mujer que viajaba con otra persona se hizo responsable de la situación. Fueron detenidas por Prefectura y puestos a disposición de Fiscalía uruguaya, que dispuso la incautación del dinero y del vehículo Peugeot. Luego, las personas involucradas quedaron en libertad, pero supeditadas a la causa. Inforío

En las últimas horas se conoció a través de medios de comunicación de Uruguay un hecho ocurrido el domingo pasado en el puente fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos, que obligó a la intervención de las autoridades aduaneras del vecino país.

En un colectivo de excursión, que ingresaba a Uruguay durante la madrugada, un funcionario se percató que el vidrio del baño presentaba irregularidades y al retirarlo se confirmó la sospecha. Encontraron que, detrás del vidrio, la estructura estaba cortada y por ese lugar se escondían bultos con ropa.

Posteriormente se realizó un control más exhaustivo y como resultado se confirmó que abajo del chasis y en la zona de los amortiguadores del micro, se encontraron otros bultos con más prendas de vestir. En total se incautaron más de 600 prendas a lo largo de las siete horas que demandó el procedimiento.

Este fue el segundo contrabando que se encontró en pocos días, porque el jueves anterior ya se había detectado una carga millonaria escondida en dos camiones de transporte internacional de cargas, que intentaron cruzar hacia Uruguay por el puente internacional San Martín.

El equipo de la Administración Nacional de Aduana de Fray Bentos encontró prendas de vestir, 265 metros cuadrados de cueros y material erótico; entre otras cosas; que componían el paquete que era ingresada por los choferes a modo personal, por fuera de las cargas declaradas por las empresas de transporte. El Argentino con información de Inforío

El caso se presenta atípico e interviene el Juzgado Federal de Gualeguaychú por el lugar donde se registró el robo. Aún no están del todo claras las circunstancias que rodean al caso y mucho menos la forma en que los dos delincuentes ingresaron a la entidad gubernamental ubicada en San Lorenzo y Del Valle, de donde se llevaron dos computadoras “all in one”.

El viernes por la tarde se descubrió la faltante de las dos computadoras y las autoridades de la Aduana Gualeguaychú comunicaron inmediatamente la situación al Juzgado Federal de la ciudad. La investigación quedó en manos del fiscal Pedro Rebollo, que le dio intervención al personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional para que iniciara rápidamente la investigación sobre los autores dl hecho.

Fue así que en poco tiempo se tuvieron datos precisos sobre quiénes habían sido los responsables del robo, aunque aún no esta muy claro cómo se las ingeniaron para entrar. Con registros fílmicos y el testimonio de testigos, la Gendarmería fue recabando información que permitieron establecer que los delincuentes estaban en la Terminal de Ómnibus comprando boletos hacia Buenos Aires.

Cuando los móviles de la fuerza federal llegaron al lugar, los sospechosos ya no estaban, pero habían dejado en guarda sus bolsos con las computadoras, hasta el horario en que saliera el micro. Allí mismo se inició la búsqueda de los autores, con el apoyo de la Policía, y al poco tiempo se los aprehendió en pleno centro de la ciudad, en la plaza San Martín.

Ambos sujetos fueron detenidos y trasladados a la Jefatura de Policía, donde quedaron alojados a disposición del juez Federal Hernán Viri, que el lunes les tomará declaración indagatoria. Lo que se trata de establecer es si se trató de un robo al boleo o si fue algo premeditado, en busca de información privilegiada que se guardaban en esas computadoras, aunque todo hace suponer que sólo vieron la oportunidad y la tomaron.