A más de 660 días de haberse sancionado la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Senadores, los docentes continúan esperando su aplicación por parte del Gobierno nacional, pese a que la Justicia ratificó en varias oportunidades la obligación de cumplirla. En ese contexto, la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ubicada en Gualeguaychú, sufrió la renuncia de más de 20 profesores.

La secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu), Analía Matas, confirmó que entre el año pasado y los primeros meses de 2026, más de 20 docentes decidieron abandonar la labor de enseñar. “Esto se debe a que su profesión no es puramente docente y pueden ejercer otras actividades como bioquímicos”, explicó.

Matas alertó además que el presupuesto universitario se encuentra un 50% por debajo de lo necesario para sostener el funcionamiento diario. “Se hace lo que se puede. Se trata de ahorrar en luces y si hay algún trabajo de reparación se deja en manos de terceros”, señaló.

En lo salarial, los incrementos también quedaron rezagados frente a la inflación: en enero el aumento fue del 2,5% contra una inflación del 2,9%; en febrero, 2,2% frente a 2,9%; y en marzo, 2% frente a 2,5%. Según la gremialista, los haberes están atrasados un 50%.

La situación no solo afecta a los docentes, sino también a los estudiantes, quienes acompañan las medidas de fuerza. “La situación que viven las universidades, los hospitales y las escuelas no escapa a lo que pasa en la familia. Entonces ellos comprenden lo que sucede”, remarcó Matas.

Este lunes Agdu participará del Plenario de Conadu para definir los pasos a seguir. Una de las propuestas es la instalación de carpas junto a Ctera en las capitales provinciales entre el 6 y el 17 de abril. La semana pasada ya se había realizado un paro de 72 horas.

La dirigente gremial reconoció que la esperanza de que la Ley de Financiamiento Universitario se ponga en práctica es escasa, ya que los pocos avances se dieron “por obligación judicial”. Sin embargo, la última resolución de la Justicia genera un mínimo alivio en un panorama que se vuelve cada vez más insostenible.

La comunidad universitaria de Entre Ríos se ve atravesada por un paro total de actividades. Desde la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) informaron que, junto a la federación nacional Conadu, se resolvió suspender la asistencia a los lugares de trabajo en reclamo de salarios dignos, paritarias reales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida se fundamenta en la crítica situación que atraviesa la docencia universitaria: aulas, proyectos de investigación y tareas de extensión sostenidas con compromiso, pero bajo condiciones de precariedad y con presupuestos insuficientes. “La vocación no puede seguir siendo utilizada para naturalizar la precariedad”, expresaron desde AGDU, subrayando que defender el salario es también defender la calidad de la educación pública.

En paralelo, la Comisión Directiva de Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) anunció su adhesión al paro docente y reafirmó su compromiso con la defensa irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario. Los trabajadores no docentes acompañarán la medida de fuerza durante toda la semana y también se sumarán a los paros nacionales convocados por Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) en distintas fechas de marzo y abril.

“Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad”, remarcaron desde Apuner, al tiempo que exigieron el cumplimiento inmediato del fallo judicial que ordena la recomposición salarial integral de la comunidad universitaria.

De esta manera, docentes y no docentes confluyen en una misma demanda: garantizar condiciones laborales y presupuestarias que permitan sostener la universidad pública en su misión de enseñanza, investigación y extensión, sin que ello se haga a costa de la dignidad de sus trabajadores.

En el marco de una tensión creciente entre el sector académico y el Gobierno nacional, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) confirmó su adhesión al paro total de actividades previsto para esta semana que comeinza. La decisión, que afectará el normal inicio del ciclo lectivo en diversas facultades, fue ratificada tras el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Conadu.

La medida de fuerza se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo inclusive, bajo la modalidad de paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

Desde el gremio expresaron un profundo malestar por la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación superior. Según el comunicado oficial, el sector lleva "dos años sosteniendo las universidades en condiciones inviables", producto de la combinación de una inflación sostenida y la ausencia de negociaciones paritarias que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

"Con salarios deteriorados y sin paritarias reales, el gobierno pretende profundizar el vaciamiento del sistema universitario", advirtieron desde la conducción gremial.

Para AGDU y la federación nacional, la resolución del conflicto no admite grises. La consigna principal de la jornada de protesta es la plena vigencia y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual consideran la única herramienta legal capaz de garantizar el funcionamiento de las instituciones y salarios dignos para los docentes.

"La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, SE CUMPLE", sentenciaron, dejando en claro que la flexibilización de esta normativa es el punto de mayor fricción con las políticas actuales del Ejecutivo. (APFDigital)

El primer plenario del año de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), realizado el 6 de febrero, definió por unanimidad un plan de lucha que incluye participar del paro del miércoles 11, impulsar jornadas de paro en marzo y organizar una marcha federal en defensa de la universidad pública. La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) participó como gremio de base en la reunión.

Los dirigentes universitarios advirtieron que la mayoría de los docentes perciben sueldos de 250 mil pesos desde hace un año, sin aumentos. “La situación es insostenible”, señalaron, y exigieron al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, conquistada con movilizaciones de toda la comunidad académica.

Entre los puntos más urgentes, se pidió el restablecimiento de la paritaria nacional para discutir recomposición salarial, estabilidad laboral y acceso a una cobertura de salud digna. El plenario también ratificó la necesidad de articular con otros actores sociales para fortalecer la defensa de la universidad pública.

El plan de acción aprobado incluye:

Un nuevo plenario se realizará a finales de febrero para evaluar los resultados de las consultas y definir la continuidad de las medidas durante el cuatrimestre. Fuente: APFDigital

El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades argentinas está rodeado de incertidumbre. Así lo expresó Diego Zanetti, docente universitario y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), en diálogo con EL ARGENTINO, al analizar el comunicado del Frente Sindical y la situación presupuestaria del sector. “Coincidimos con el planteo porque la situación viene siendo cada vez peor. Tenemos un muy pequeño margen de maniobra para poder garantizar que el 2026 inicie las actividades de manera normal”, dijo.

Zanetti explicó que el fallo de Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 sobre la ley de financiamiento universitario, suspendida por el gobierno de Javier Milei, es apenas un respiro: “Nos da en cierto modo esperanza, en términos de fe, relacionada al cumplimiento de una ley sancionada y ratificada, pero arbitrariamente suspendida. Si esa medida cautelar se pudiera garantizar, tendríamos un espacio de clarificación de la condición presupuestaria”.

El docente remarcó que más allá de lo salarial, el problema es estructural: “Tenemos un desfinanciamiento marcado, que se va a acentuar aún más con la decisión del gobierno de derogar el financiamiento de ciencia y tecnología, educación técnica y fondos educativos”.

Zanetti reflexionó que las políticas oficiales implican un retroceso profundo: “Ya tuvimos un atisbo de comprensión acabada de qué es lo que quiere este gobierno desde el punto de vista de la ciencia. Con las líneas que supuestamente van a habilitar, muestran un sesgo absolutamente anti argentino, un renunciamiento a la soberanía científica y tecnológica”. explicó a EL ARGENTINO.

El docente fue categórico: “No se trata sólo de ciencia y tecnología, sino de una renuncia de soberanía en muchos otros aspectos. Si no tenemos garantía de lo salarial y del financiamiento universitario, será muy difícil garantizar un inicio normal del 2026”.

Recordó que en los últimos años las universidades atravesaron un camino de vetos y presupuestos recortados: “Pasamos un 2024 con una ley vetada, un 2025 con una ley aprobada pero suspendida, y ahora arrancamos un 2026 con un presupuesto mentiroso, con números absolutamente falsos”.

Zanetti cuestionó además la estrategia comunicacional del gobierno: “El secretario de política universitaria amagó con un aumento del 25% simplemente para tirar la pelota al córner. Fue una operación de prensa que impactó mucho dentro de las organizaciones”.

El referente de ADGU relató el impacto cotidiano en la comunidad docente: “Conversando con colegas en las mesas de exámenes, muchos me dicen literalmente: ‘No sé si en 2026 sigo dando clases’. Cada mes tratamos una renuncia en el consejo directivo. Gente capacitada, formada, que decide dejar la universidad porque no puede sostenerlo en su economía personal y familiar”.

Zanetti agregó que la crisis desalienta a las nuevas generaciones: “Muchos jóvenes deciden no involucrarse en la carrera docente por esta condición. Es lamentable, pero estamos en una situación muy complicada”.

En ese marco, anticipó posibles medidas de fuerza: “Es muy probable que de persistir esta política de ajuste, el 2026 tenga un inicio con los docentes tomando medidas de fuerza, tal cual fue la finalización del 2025. Terminamos el año con paros y sin convocatoria a paritarias. El inicio de clases no está garantizado bajo ningún aspecto”.

El docente también desmintió el supuesto aumento anunciado por el Ministerio de Capital Humano: “No es un aumento: es una mentira. Fue una fake news. El gobierno nos tiene acostumbrados a estas operetas. El aumento efectivo ronda el 25,5% anual, apenas empató una inflación futura. No hay recuperación salarial”.

Zanetti subrayó la gravedad de la letra chica: “Ese aumento estaba atado al Presupuesto 2026, cuyo artículo 75 pretendía derogar la Ley de Financiamiento Universitario. Perdemos por el pasado, porque no se recupera nada de lo perdido. Perdemos por el futuro, porque se nos promete un 2026 con números que nadie cree”.

Finalmente, concluyó con una definición contundente: “Este anuncio no es una política salarial, es cartón pintado, un montaje comunicacional para encubrir más ajuste. La realidad es salarios por debajo de la línea de pobreza, paritarias empantanadas y más desfinanciamiento universitario. Sin salarios dignos no hay universidad posible. La educación no es un gasto: es futuro”.

Un sector de la docencia universitaria entrerriana inició este lunes un paro de una semana en reclamo por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. La medida, convocada por el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), se extenderá hasta el 6 de diciembre y afectará el normal desarrollo de las mesas de exámenes en las instituciones de la provincia.

La organización, enrolada en Conadu Histórica, denunció un “ahogo presupuestario” que —según destacan— mantiene los salarios en niveles de pobreza. “El gobierno de Javier Milei le declaró la guerra a los trabajadores. Especialmente a la universidad, con salarios que no alcanzan y presupuestos insuficientes”, plantearon en el comunicado de convocatoria.

Sitradu remarcó que la Ley de Financiamiento fue aprobada en cuatro oportunidades por el Congreso, pero que el Ejecutivo nacional “se niega a aplicarla”, pese a reconocer una deuda salarial que supera el 43%. También detalló los ingresos actuales de la planta docente y no docente: un auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva percibe alrededor de $450 mil y un trabajador no docente de categoría siete tiene un básico cercano a los $600 mil.

El sindicato sostuvo que estos niveles salariales obligan a la comunidad universitaria a asumir múltiples empleos y tareas precarizadas, afectando directamente la calidad académica. “No hay plata para salarios, becas, infraestructura ni mantenimiento; pero sí para beneficios a empresas y la especulación financiera”, cuestionaron.

Además, alertaron sobre el impacto del proyectado recorte en educación para 2026, que estiman por debajo del 40% de inversión actual. En ese marco, denunciaron que las reformas laboral, tributaria, previsional y penal impulsadas por el Gobierno “pondrán en riesgo derechos históricamente conquistados”.

En paralelo, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), que integra Conadu, anticipó que el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse comprometido si la Ley de Financiamiento no se implementa en su totalidad. La federación resolvió preparar un plan de lucha nacional que incluye la posibilidad de no comenzar las clases en marzo.

“El desfinanciamiento histórico llevará a una crisis que costará años revertir si no hay una respuesta urgente”, advirtió el secretario general de Conadu, Carlos De Feo, al término del plenario nacional.

Mientras tanto, el conflicto vuelve a tensar la agenda educativa del país y coloca a la comunidad universitaria de Entre Ríos frente a un cierre de año signado por la incertidumbre, con riesgo de que el impacto se profundice en el inicio del próximo ciclo académico.

Las universidades nacionales inician este miércoles un paro de tres días impulsado por los gremios docentes de todo el país. La medida responde al rechazo del recorte salarial que atraviesan las casas de estudio y al reclamo por la inmediata puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras una extensa disputa política.

En Entre Ríos, adhieren la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), ambos alineados con las federaciones nacionales Conadu y Conadu Histórica. Desde los sindicatos sostienen que la aplicación efectiva de la norma es clave para detener el deterioro de las condiciones laborales y preservar el carácter público y gratuito de la educación superior.

La ley fue sancionada por el Congreso tras un intenso debate que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior ratificación legislativa, que la convirtió en ley pese a la oposición del Ejecutivo. Los gremios remarcan que, a más de un mes de esa definición, el Gobierno aún no dispuso su reglamentación ni los fondos comprometidos.

En Entre Ríos, las actividades académicas permanecerán paralizadas en las sedes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con asambleas informativas y clases públicas en distintos puntos de la provincia.

El Congreso de Conadu, del que participa AGDU, resolvió además condicionar el inicio del ciclo lectivo 2026 a la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, se avanzará con la judicialización del reclamo por la apertura de paritarias, en coordinación con el Frente Sindical Universitario.

Las organizaciones advirtieron que la protesta podría profundizarse si el Gobierno nacional no ofrece respuestas concretas. Mientras tanto, el conflicto por el financiamiento universitario se consolida como uno de los frentes más sensibles en la relación entre el Ejecutivo y el sistema público de educación superior.

Los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizan este martes un paro total de actividades por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue convocada por la Asociación Personal de la UNER (Apuner) en adhesión a la jornada nacional resuelta por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

La protesta se enmarca en el reclamo por la efectiva puesta en marcha de la Ley N° 27.795, promulgada este martes por el Gobierno nacional, que sin embargo postergó su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. La decisión oficial generó fuerte malestar en el sistema universitario, que exige una implementación inmediata para revertir la crisis presupuestaria.

Desde Apuner adelantaron que este miércoles continuarán las acciones de visibilización junto a otros gremios universitarios. En tanto, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) convocó a un paro total para este miércoles 22 de octubre, en coincidencia con la medida nacional definida por la Conadu.

“Frente a un contexto sumamente grave en las universidades nacionales, con salarios de pobreza, sobrecarga laboral y falta de diálogo, el objetivo es evitar el desguace del sistema universitario y científico”, señalaron desde AGDU en su convocatoria.

Durante la jornada de este martes se realizan en distintas ciudades del país actividades de protesta, clases públicas y movilizaciones para exigir la aplicación de la norma que garantiza recursos mínimos para el funcionamiento de las universidades públicas.

La promulgación sin implementación concreta de la Ley 27.795 mantiene la tensión con el sector académico y alimenta el conflicto que atraviesa a las universidades nacionales. Entre Ríos vuelve a ser una de las provincias con mayor nivel de adhesión a las medidas de fuerza, en un escenario que podría extenderse si no hay respuestas del Gobierno nacional.

Docentes y nodocentes universitarios de Entre Ríos comenzaron este lunes un nuevo paro de 48 horas, en el marco de la tercera semana de medidas de fuerza rotativas que se cumplen en universidades nacionales.

La protesta, convocada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y el gremio de nodocentes Apuner, reclama una recomposición salarial urgente y mayor presupuesto para garantizar el funcionamiento académico.

“Continuamos el plan de lucha en defensa de las universidades nacionales. Exigimos una suba salarial que recomponga el poder adquisitivo y un financiamiento adecuado para nuestras casas de estudio”, expresaron desde AGDU. El gremio alertó además sobre el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Senado pero con un veto anunciado por el Gobierno nacional. “Si hay veto, hay marcha”, anticiparon.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) impulsa la realización de una Tercera Marcha Federal Universitaria durante la tercera semana de septiembre, con el objetivo de articular a sindicatos, estudiantes y la comunidad educativa en rechazo al recorte presupuestario.

En Entre Ríos, los paros rotativos comenzaron tras una primera semana de huelga, entre el 11 y el 15 de agosto. Luego se concretaron las jornadas del 21 y 22, y del 26 y 27 de ese mes. La modalidad se mantendrá hasta lograr visibilizar el conflicto salarial y presupuestario que afecta a todas las universidades nacionales.

Desde Apuner remarcaron que “es un momento clave en el que docentes, no docentes, estudiantes y la sociedad civil debemos aunar esfuerzos para sostener a la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad”.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) participó del Plenario de Secretarías Generales de Conadu, que resolvió por unanimidad sostener el plan de lucha en todo el país. En ese marco, AGDU definió paros semanales rotativos de 48 horas los días jueves 21 y viernes 22 de agosto, martes 26 y miércoles 27, y lunes 1 y martes 2 de septiembre.

“El objetivo es visibilizar el conflicto salarial y presupuestario de las universidades nacionales. Además, impulsar una Tercera Marcha Federal Universitaria para la tercera semana de septiembre, en fecha a acordar con el conjunto de la comunidad universitaria”, señalaron desde el gremio. La movilización será “en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al veto que el gobierno nacional ya anticipó”.

Por su parte, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) también resolvió paros rotativos de 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, en las mismas fechas. Las medidas se inscriben en el plan de lucha “Sin salarios dignos no hay Universidad de calidad”.

“Entendemos que es momento en el que todos los actores del sistema universitario y educativo argentino y la sociedad civil debemos aunar esfuerzos para sostener a la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad”, remarcaron desde Apuner. (Fuente: APFDigital)