La Justicia Federal de Concordia resolvió a favor de un grupo de personas con discapacidad que reclamaban la restitución de pensiones no contributivas suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fallo constituye un antecedente relevante en Entre Ríos, luego de numerosos rechazos administrativos registrados en los últimos años.

Durante 2024 y 2025, muchos expedientes fueron rechazados administrativamente bajo argumentos vinculados a la imposibilidad de verificar datos patrimoniales o antecedentes clínicos. Según el letrado, esas demoras afectaron a miles de personas con patologías severas y situaciones económicas críticas. “Tengo casos extremos de cáncer y de vulnerabilidad total”, aseguró.

Velázquez Pens señaló que la situación se agravó tras cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud de la Nación. “Se desmanteló la agencia y ahora todo resulta mucho más dificultoso”, expresó. Además, indicó que existen problemas para acceder a los certificados médicos oficiales necesarios para iniciar los trámites, especialmente en algunas ciudades entrerrianas.

Ante la falta de respuestas administrativas, los abogados debieron recurrir a acciones judiciales como amparos y pedidos de sanciones para acelerar los expedientes. “Los amparos están llevando entre un año y un año y medio”, precisó Velázquez Pens, quien consideró necesario que el Estado agilice los procedimientos para evitar que las personas deban atravesar largos procesos judiciales para acceder a derechos básicos.

El fallo conocido en Entre Ríos ordenó restituir el beneficio a personas cuya situación médica y social ya había sido acreditada previamente mediante evaluaciones oficiales. La resolución marca un precedente que podría impactar en otros casos similares en la provincia y en el país, donde miles de personas esperan respuestas para acceder a pensiones vitales en contextos de alta vulnerabilidad.

Fuente: El Once

El funcionario hablará ante la Cámara de Diputados con un discurso que, según anticiparon en la Casa Rosada, estará enfocado en los resultados económicos del Gobierno, la estabilidad macro y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

La presentación de Adorni se dará en una sesión especial que podría extenderse al menos seis horas. Tras su discurso inicial, el jefe de Gabinete deberá responder preguntas de los legisladores, organizadas en tres tandas.

Desde el entorno del funcionario evitaron confirmar si responderá consultas vinculadas a su situación judicial o si se limitará a cuestiones de gestión. Entre los temas que podrían aparecer figuran las investigaciones por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el caso de la criptomoneda $LIBRA.

La exposición se produce a 50 días de las primeras revelaciones sobre viajes y patrimonio de Adorni, que derivaron en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito. También será su primera aparición institucional de peso tras más de un mes sin conferencias de prensa.

El oficialismo buscará mostrar respaldo político pleno. Está previsto que el presidente Milei asista al Congreso junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del Gabinete, en una señal de apoyo a la figura del jefe de Gabinete.

La preparación del informe

Adorni trabajó durante semanas en la elaboración de su discurso y en las respuestas a las cerca de 4800 preguntas enviadas por los diputados, aunque en el Gobierno aseguran que muchas están repetidas.

El armado del informe se realizó junto a su equipo más cercano, con foco en ordenar los principales ejes de gestión y anticipar posibles cuestionamientos en el recinto. Incluso, el funcionario realizó el lunes por la mañana un ensayo previo en el Congreso.

En el marco de un férreo operativo de seguridad con intervención de la Casa Militar, el Gobierno demostrará su apoyo al Jefe de Gabinete. A la presencia confirmada de Javier y Karina Milei en el palco central, se agregó la novedad de que el presidente y su hermana pidieron que el Gabinete en pleno esté presente en los balcones del primer piso del recinto, para el inicio de la sesión previsto a las 10.30.

También dirán presentes los senadores nacionales del bloque que comanda Patricia Bullrich, supo la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes de Presidencia de Diputados. Toda la carne al asador.

Un rato antes de tomar lugar en el hemiciclo para dar su informe inicial, Adorni pasará por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para la foto que ya se hizo costumbre cada vez que un ministro se presenta en el Congreso.

“Habrá entre 100 y 200 invitados institucionales”, explicaron las fuentes de la presidencia de Diputados a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

La medida fue dispuesta en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y alcanza tanto a exfuncionarios como a empresarios vinculados al expediente.

Entre los citados aparece el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en la causa.

Las indagatorias serán entre abril y mayo

Según se informó, las declaraciones indagatorias se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye también la ampliación de las declaraciones de cinco personas ya procesadas, entre ellas el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.

En la resolución, el juez Ariel Lijo sostuvo que la organización investigada “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”.

También inhibieron bienes de personas y empresas

Además de las indagatorias, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes para personas y empresas involucradas. La medida busca evitar el desprendimiento de activos que podrían haber sido producto o instrumento de los posibles delitos y que, eventualmente, podrían ser recuperados por el Estado.

La causa investiga maniobras que habrían implicado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos.

Cada 15 de marzo se celebra el Día Nacional de la Accesibilidad, en recuerdo de la sanción de la Ley 23.314 de 1994, que garantiza la eliminación de barreras físicas, urbanas y de transporte para personas con movilidad reducida. En este marco, la Municipalidad de Gualeguaychú resaltó el trabajo sostenido del Área de Accesibilidad e Inclusión durante el año pasado y presentó los compromisos para el nuevo período, con el objetivo de consolidar políticas públicas que promuevan la equidad y la autonomía.

Uno de los ejes centrales fue la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con atención personalizada, asesoramiento y acompañamiento en cada instancia del trámite. Se incrementaron las atenciones vinculadas al CUD y a Pensiones No Contributivas, en el marco de auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, se realizaron salidas territoriales para garantizar el acceso de quienes no podían trasladarse.

El área impulsó el Espacio ATIM (Abordaje Terapéutico Interdisciplinario Municipal), que trabaja con escuelas integrales y acompaña el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad. Se sumaron profesionales y materiales terapéuticos, fortaleciendo la atención temprana y preventiva. En el plano deportivo, se consolidó el Programa de Fútbol en Silla de Ruedas con el equipo “Los Toros” y se desarrollaron talleres de estimulación para niños con TEA y actividades físicas para personas mayores.

El Banco de Ayudas Técnicas avanzó con nueva incorporación de equipamiento y personal especializado, mientras que la Colonia Municipal Inclusiva integró a personas con discapacidad en todas sus actividades recreativas. En el plano laboral, el Programa Empleo con Apoyo logró nuevas inserciones en empresas locales, y el Programa Promover amplió oportunidades de acceso al empleo en áreas municipales y privadas, extendiendo su alcance a localidades vecinas.

La planificación para este año busca consolidar políticas existentes y ampliar dispositivos estratégicos. Se continuará con el acompañamiento integral en la tramitación del CUD, la asistencia en la aplicación Mi Argentina y la gestión de beneficios como SUBE y el Símbolo Internacional de Acceso. El espacio Abordaje Terapéutico Interdisciplinario Municipal (ATIM) será reubicado en un espacio exclusivo con nuevas especialidades y ampliación de cupos.

En materia laboral, se ampliará la red de empleadores comprometidos con la inclusión y se desarrollarán alternativas de empleo autogestionado o protegido. Se pondrá en marcha un Programa Municipal de Accesibilidad a la Vivienda para responder a la demanda de rampas y adecuaciones domiciliarias. En el plano cultural, el programa Acceder continuará garantizando la participación en eventos masivos como el Carnaval del País, con espacios adaptados y transporte accesible.

La Municipalidad de Gualeguaychú reafirma así su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, fortaleciendo una política pública con mayor alcance territorial y social, que busca dar respuesta al aumento sostenido de la demanda y garantizar el acceso pleno a derechos.

Un fallo del Juzgado Federal Nº2 de Paraná, a cargo del juez Daniel Alonso, dispuso que la Agencia Nacional de Discapacidad – Programa Federal Incluir Salud – autorice de manera inmediata la cobertura integral de la prestación básica “Centro de Día Categoría A – jornada doble sin dependencia” para un joven de 26 años con discapacidad. La resolución se emitió tras constatar la falta de respuesta del organismo y la omisión en brindar la atención requerida, lo que el magistrado calificó como una conducta intolerable que vulnera derechos fundamentales.

El amparo fue presentado por el padre del joven, quien es titular de una Pensión por Discapacidad y beneficiario del Programa Federal Incluir Salud. El certificado único de discapacidad consigna diagnóstico de retraso mental moderado y orientación prestacional en formación laboral, rehabilitación y transporte. El médico tratante prescribió la prestación en un Centro de Día, considerando que se ajusta a sus necesidades cognitivas y contribuiría a mejorar su calidad de vida.

Ante la falta de recursos económicos para afrontar el servicio, el actor solicitó que se cubra a través de instituciones con convenio. En octubre de 2025 envió una Carta Documento a la Agencia Nacional de Discapacidad reclamando la cobertura en la institución APANA, sin obtener respuesta.

El juez Alonso sostuvo que la negativa y demora del organismo afecta gravemente el derecho a la salud y a la vida, protegidos por la Constitución y tratados internacionales. Señaló que la actitud dilatoria no puede justificarse en razones burocráticas y que la falta de provisión oportuna repercute negativamente en la calidad de vida del beneficiario.

La resolución enfatiza que las sentencias en materia de amparo de salud constituyen órdenes de ejecución en sí mismas. Por ello, si no se verifica el cumplimiento en el plazo otorgado, el tribunal dispondrá medidas para garantizar la efectividad de la manda judicial. Además, impuso las costas del proceso a la demandada.

El fallo marca un precedente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, al remarcar que los trámites administrativos no pueden convertirse en obstáculos para acceder a prestaciones esenciales. La justicia reafirmó que la salud y la vida no admiten dilaciones y que los organismos deben responder en tiempo oportuno para asegurar el bienestar integral de los beneficiarios. (Fuente: APFDigital)

Pablo Recchia

Opinión

Saber que te escuchan, que te entienden y que hay disposición para encontrar soluciones a través de una Ordenanza municipal, un decreto, una resolución, o directamente se logra una Ley nacional, provincial, municipal, que ampare derechos fijados en la constitución, en legislaciones presentes, en tratados internacionales, es parte de los logros que suelen pasar años para que se cumplan, pero que llegan.

Esos pequeños o grandes logros, no son ni más, ni menos que derechos adquiridos y mejor calidad de vida para nuestros hijos y para toda persona con discapacidad.

Nosotros solo actuamos como idóneos, como referentes, aportando nuestra experiencia y militancia y también como veedores para que las cosas se hagan bien. La información y el conocimiento nos otorga poder, ese poder bien utilizado y bien intencionado.

Venimos de la época donde las políticas públicas en discapacidad las regía la Comisión Nacional Asesora para las personas con discapacidad (Conadis) dependiente de la Jefatura de Gabinete de ministros. El cuarto piso de ese hermoso edificio en CABAgg era ocupado totalmente para resolver, cumplir y trabajar sobre las leyes de vanguardia que ya teníamos en los años '90, y debatir las vicisitudes del Consejo federal de Discapacidad (COFEDIS), que si funcionaba de verdad.

Por ejemplo, escolaridad, salud, vivienda, trabajo, acceso a la tecnología, deportes, recreación. Siempre atentos a que la discriminación y el estigmatismo disminuya al máximo posible.

Por aquellos años (década de los 90) comenzaba la globalización, la comunicación, la tecnología y eso nos permitía poner en práctica muchas cosas que antes eran desconocidas pero las teníamos en mente. Formamos el Movimiento Asociativo de padres a nivel nacional y trabajamos fuertemente organizando congresos, conferencias, seminarios, y también convocamos a prestigiosos referentes internacionales quiénes nos indicaban muchas veces el camino a seguir basados en las experiencias de otros países más avanzados.

Por entonces, Naciones Unidas (ONU) y sus miembros parte, estaban ya trabajando junto a profesionales y personas con discapacidad de todo el mundo, en la creación de la Convención Internacionales sobre los derechos de las PCD. Nuestro país como miembro también era parte.

Esto fue en los comienzos del nuevo milenio, puesto que para 2006 ya estaba formateada la Convención que luego de varios años en conjunto, se da a conocer a nivel mundial.

Para Argentina fue "el primer Tratado Internacional" que rúbrica en este nuevo milenio, siendo para nosotros una gran alegría y una herramienta fundamental y constitucional para trabajar sobre derechos.

Con esta Convención, de hecho se deroga felizmente el modelo médico hegemónico sobre discapacidad (la PCD no es un enfermo), y se pone en marcha el modelo social sobre discapacidad bajo los nuevos paradigmas de derechos humanos.

Nuestros hijos, todas las personas con discapacidad o alguna condición son considerados Sujetos de Derechos, tienen identidad, tienen derechos y obligaciones como ciudadanos. Se educan. Votan. Participan de la vida política de nuestro País. Deben acceder al mercado laboral competitivo. Acceden al sistema de salud, etc.

Lo que se consideraba "beneficios", se promociona claramente como derechos. Todo esto expresado en los cincuenta artículos de la Convención y su decreto facultativo.

Un logro. Una conquista. Una responsabilidad y un reconocimiento humanitario.

Argentina pone en vigencia la Convención de la ONU en el año 2008 como ley nacional 26378. Sumado a lo que ya existía como la ley 24901 de prestaciones básicas, entre otras, pensábamos que los tiempos venían con viento a favor.

Luego en 2016 el gobierno de turno convierte la CONADIS en la ANDIS ( Agencia Nacional de Discapacidad), quien tenía autonomía y presupuesto para llevar adelante políticas publicas para que las PCD accedan a sus derechos. No funcionó como se pensaba, pero al menos era un espacio de discusión.

Dicho esto y puesto en conocimiento a quienes no entienden mucho sobre lo que está pasando hoy en políticas públicas en discapacidad, se pueden mencionar algunas de las situaciones actuales por las que estamos luchando e intentando reivindicar, sin caer en la liviandad de opinar solo porque lo escuché, sobre quitas (injustas) de pensiónes. Reformas del sistema de salud que otorga derechos de prestaciones a sus afiliados.

Trabas y barreras impuestas en Educación y todo el sistema de educación Inclusiva que ya fue discutido en implementado para que nuestros hijos y PCD accedan a la educación de calidad. Desaparece la capacitación. La Asignacion Universal para asegurar estos derechos (que inauditamente) hoy lo consideran gastos innecesarios y desaparecen de las actuales politicas públicas. Al menos en la práctica cotidiana. Cuántas veces ya hemos escuchado hablar de Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Inclusivas, eso ya quedó el la utopía y en los: eso no se puede!

Cometen actos ilícitos y de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), eliminan derechos básicos. Desintegran la Agencia y pasa a ser un área del Ministerio de Salud de la Nación, ignorando de esa manera la Convención, ley nacional 26378, volviendo de esta manera al Modelo Médico de discapacidad. La PCD vuelve a ser considerado una persona enferma que hay que curar, rehabilitar, encerrar, no educar.

Al parecer para este gobierno la discapacidad es sinónimo de "enfermedad" lo que lisa y llanamente vulnera derecho y retrocede conquistas de años, solo por decisiones de ineptos y funcionarias que desconocen de que se trata la discapacidad y solo ven números para llegar al tan mentado "déficit cero" sin importar la salud y los derechos de parte de su población, que teniendo en cuenta sus sistemas de apoyo llega a ser el 40% de todos los votantes argentinos.

Esto es estadística comprobada, no es inventar un número. Estadísticas tenemos muchas, y números también, a pesar del inepto funcionario que dirige el INDEC, que inventa números y no nos permitió saber en el censo 2022 la cantidad de PCD que hay en nuestro país. Información muy importante para determinar el individualizar problemas en diferentes colectivos y tener presupuestos reales para sostener el sistema de protección de personas, instituciones y salud de las PCD.

Promovemos el diálogo. Nos ponemos a disposición. Nos manifestamos con marcha pacíficas y entregamos manifiestos a las autoridades. Ofrecemos nuestra experiencia y estamos dispuestos a todo tipo de colaboración. Acompañamos a prestadores y a todo aquello que tenga que ver con los sistemas de apoyos de nuestros hijos.

La respuesta es represión, derogación de leyes, violación de derechos, ignorar la legislación vigente. No poner en marcha la ley de emergencia en Discapacidad, violando clarmente derechos Constitucionales. Considerar los derechos como gastos y también ignorar que las políticas públicas de este gobierno (si existieran) son un camino asegurado a que muchas personas queden en el camino. Se mueren, se enferman, las familias colapsan. Las instituciones también. La desidia avanza.

Este 2026 nos encuentra llenos de desafíos e incertidumbres. difícil de planificar

Hoy no sabemos dónde estamos parados.

No vislumbramos un cambio

Estamos desamparados y al borde del abismo.

No es necesario que el lector este de acuerdo conmigo, pero sí es necesario discutir y ponernos de acuerdo para generar el cambio que necesitamos para salir de esta gravísima situación sin echarle la culpa a nadie.

Es difícil hacerse a la idea que el individualismo triunfa sobre lo colectivo, sin importar "el otro", invisibilizar al individuo, desconocer la condición de cada persona.

No busquemos Simbolismos, no hagamos interpretaciones. Simplemente "hagamos algo"

*Referente Nacional

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es, desde hace años, la llave de acceso a derechos fundamentales para millones de personas en Argentina. Sin embargo, a comienzos de 2025 se anunciaron modificaciones que generaron confusión: ¿hay cambios reales o todo sigue igual? Mientras el Gobierno asegura que se trata de una simplificación administrativa, especialistas y beneficiarios advierten que la brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica sigue siendo profunda.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud, dispuso mediante la Resolución 2520/2024 una prórroga automática de un año para los CUD que vencían entre enero y diciembre de 2025. Es decir, esos certificados se mantuvieron vigentes durante todo 2025 y continúan teniendo validez hasta su nueva fecha de caducidad en 2026, sin necesidad de que sus titulares hayan iniciado un trámite de renovación inmediata.

El objetivo declarado es evitar que las personas pierdan beneficios por demoras burocráticas y aliviar la presión sobre las juntas interdisciplinarias que evalúan cada caso. En términos legales, los derechos que habilita el CUD no cambiaron: acceso a pensiones, transporte público gratuito, cobertura integral de salud y rehabilitación, beneficios educativos y laborales.

Aquí surge la polémica. Para algunos especialistas en derecho social, la prórroga automática no constituye un cambio sustancial, sino una medida transitoria que ya estaba prevista en la normativa vigente. “La ley siempre contempló la posibilidad de extender plazos en casos excepcionales. Lo que se hizo ahora fue aplicarlo de manera masiva, pero no se modificó la esencia del certificado”, explicó una abogada especializada en derecho social consultada por EL ARGENTINO.

Otros, en cambio, consideran que la medida sí representa un avance, aunque limitado. “Es un alivio para miles de familias que no tendrán que peregrinar por turnos imposibles. Pero no resuelve el problema de fondo: la falta de cumplimiento efectivo de los derechos que el CUD garantiza”, señalaron desde REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad).

El CUD promete derechos que, en la práctica, muchas veces no se cumplen. Desde Fededis (Federación Argentina de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad), que agrupa a más de 1900 instituciones y familias en todo el país, denuncian que miles de personas ven vulnerados sus derechos diariamente.

A pesar de que la ley garantiza la gratuidad en el transporte público para las personas con discapacidad, en la práctica el acceso suele estar lleno de obstáculos. “Muchos usuarios denuncian que los choferes desconocen la normativa o directamente ponen trabas al momento de validar el beneficio. Lo que debería ser un derecho automático se convierte en una discusión cotidiana, generando incomodidad y vulnerando la dignidad de quienes dependen del CUD para moverse por la ciudad”, mencionaron desde Fededis.

En concordancia con el organismo la abogada comentó a EL ARGENTINO: “La situación no es muy distinta en el ámbito de la salud. Obras sociales y empresas de medicina prepaga limitan prestaciones, obligando a las familias a iniciar reclamos administrativos o incluso judiciales para acceder a tratamientos y rehabilitaciones que deberían estar garantizados”. El certificado, que en teoría abre la puerta a una cobertura integral, se enfrenta a la resistencia de sistemas que priorizan la burocracia por encima de las necesidades urgentes.

“En educación, la promesa de inclusión también tropieza con la falta de recursos. Muchas escuelas carecen de personal especializado o de infraestructura adecuada para garantizar la integración plena de estudiantes con discapacidad", afirmaron desde Fededis.

Los especialistas coinciden en que el verdadero problema no está en el certificado en sí, sino en la manera desigual en que se implementa. La medida, señalan, funciona como un “parche” que evita la caducidad masiva de documentos, pero no ataca las fallas estructurales que siguen afectando a miles de personas.

A su vez, organizaciones de discapacidad insisten en que la falta de campañas de información claras mantiene a gran parte de la población en la incertidumbre: muchos desconocen los cambios y continúan atrapados en trámites engorrosos. Así, la distancia entre lo que promete la normativa y lo que ocurre en la vida cotidiana se hace cada vez más evidente.

El debate sobre el CUD revela una tensión clásica en la política social argentina: los derechos reconocidos en la ley no siempre se traducen en derechos ejercidos en la vida cotidiana. La prórroga automática del CUD no resuelve los problemas estructurales de acceso y cumplimiento de la Ley.

Pasadas las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el uso de pirotecnia volvió a quedar en el centro del debate público en Gualeguaychú. Organizaciones proteccionistas de animales y familiares de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) manifestaron su repudio ante una práctica que, pese a estar prohibida por ordenanza, continúa repitiéndose año tras año.

Desde la organización comunitaria TGD Padres TEA Gualeguaychú, integrada por familias, profesionales y personas allegadas a quienes atraviesan esta condición, remarcaron que tanto la venta como el uso de pirotecnia están prohibidos en la ciudad y señalaron la falta de controles efectivos para garantizar el cumplimiento de la normativa.

En diálogo con EL ARGENTINO, la presidenta de la entidad, Carina Leonardi, expresó su preocupación por el impacto que estos ruidos generan en personas con hipersensibilidad auditiva. “Los ruidos provocados por pólvora o escapes libres son estremecedores. Hemos explicado hasta el cansancio lo que implica la hipersensibilidad auditiva. No es una exageración ni un capricho: no se elige y tampoco se puede evitar voluntariamente”, explicó.

Leonardi detalló que este tipo de estímulos “producen dolor, ansiedad, angustia y estrés”, y que en muchos casos “desregulan completamente a la persona, ocasionando crisis que pueden durar muchas horas después de que el petardo se apagó o que el vecino pasó tirando cortes mientras hacía picadas”.

Estas expresiones formaron parte del comunicado leído el pasado 30 de diciembre durante la marcha contra el uso y la venta de pirotecnia en Gualeguaychú. El documento fue posteriormente entregado al Municipio, junto a un petitorio con una serie de reclamos concretos.

Entre los principales puntos solicitados se destacan el refuerzo de controles municipales y operativos de fiscalización, la aplicación de sanciones correspondientes, la implementación de campañas de concientización y difusión sobre las ordenanzas vigentes, la habilitación de canales accesibles y visibles para realizar denuncias ciudadanas y una mayor articulación entre áreas municipales para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Actualmente rigen en la ciudad la ordenanza de Pirotecnia Cero (N.º 12079/16) y la que prohíbe el uso de escapes modificados en motos (N.º 12509/2021). Sin embargo, desde la organización advierten que, pese al marco legal existente, las prácticas prohibidas continúan ocurriendo a diario.

“Creemos que faltan campañas profundas y sostenidas en el tiempo. También respuestas concretas a los llamados que reciben las líneas de denuncia. No se observan programas que garanticen efectivamente el cumplimiento de la ordenanza”, señaló Leonardi.

El compromiso social aparece como otro de los ejes centrales del reclamo. “Ponerse en el lugar del otro es fundamental. Hay personas a las que este tipo de conductas les afecta seriamente su salud y su bienestar”, sostuvo.

En ese sentido, la referente consideró que, para quienes aún no comprenden el daño que generan estas prácticas, las sanciones resultan imprescindibles. “Lo único que puede interpelarlos es el decomiso de la pirotecnia y la multa correspondiente. Lo mismo con los escapes modificados: su extracción y la sanción económica, como se hace en otros municipios. Las motos con escapes libres son una constante en cualquier punto de la ciudad y provocan crisis muy angustiantes”, afirmó.

El cierre de la ANDIS y la preocupación por las políticas de discapacidad

Carina Leonardi también se refirió al cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a las consecuencias que esta decisión del Gobierno Nacional genera en el colectivo de personas con discapacidad.

“Es como el último cachetazo. Queda claro que para este gobierno no es prioridad responder a las necesidades de los sectores más vulnerables, sino a intereses inescrupulosos ligados al poder”, manifestó.

Según explicó, la ANDIS debía garantizar una mirada integral de la discapacidad, abordando no solo aspectos médicos sino también sociales. “Se busca desplazar el modelo social para reinstalar el modelo médico hegemónico, donde la discapacidad vuelve a ser un estigma individual y se minimiza la responsabilidad del entorno y las barreras cotidianas”, advirtió.

Leonardi subrayó que la disolución del organismo implica la pérdida de autonomía y de fondos destinados a programas específicos, además de producirse en un contexto de irregularidades aún no esclarecidas. “Las personas con discapacidad no son enfermas: tienen condiciones que limitan su funcionamiento, pero eso no justifica retroceder en derechos”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que la existencia de un ente específico es una obligación asumida por el Estado argentino al adherir a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional desde 2008. “Repudiamos la disolución de la ANDIS. Lo oportuno sería aclarar las irregularidades pendientes y dar respuesta a los trámites iniciados, no borrar de un plumazo todo lo construido”, concluyó.

Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresaron su rechazo al anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. Si bien reconocieron que el Estado puede reorganizar sus estructuras, señalaron que este tipo de decisiones deben comunicarse con mayor claridad, transparencia y en concordancia con la legislación nacional e internacional vigente en materia de discapacidad.

Según manifestaron, el modo en que se dio a conocer la medida, a un día de finalizar el año, generó conmoción e incertidumbre en la comunidad. En ese sentido, advirtieron sobre la preocupación que implica que la discapacidad quede reducida a una única área del Estado, cuando las personas con discapacidad requieren políticas integrales que aborden educación, trabajo, vivienda, accesibilidad, participación comunitaria y salud.

ASDRA recordó que este enfoque integral responde al modelo social y de derechos humanos asumido por la Argentina al adherir en 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese marco, consideraron especialmente grave retroceder hacia un enfoque médico de la discapacidad, del cual costó décadas salir.

Desde la organización señalaron que volver a concebir la discapacidad únicamente desde la salud desconoce a las personas como sujetos de derechos y debilita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos integrales para la plena inclusión. Asimismo, indicaron que quitar a la discapacidad de un ámbito de articulación transversal implica un retroceso que luego se traduce en políticas concretas insuficientes o directamente en su ausencia.

Por estos motivos, desde ASDRA manifestaron el malestar de la comunidad y reiteraron la necesidad de políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en derechos.

Finalmente, advirtieron que la medida se da en un contexto de mensajes públicos que instalan confusión y sospecha al asociar la existencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con supuestos abusos. En ese sentido, aclararon que el CUD no implica el cobro de dinero, sino el acceso a prestaciones y apoyos, y que la confusión con las pensiones, que solo percibe un porcentaje mínimo de quienes cuentan con CUD, estigmatiza injustamente a las personas con discapacidad y a sus familias.

El Gobierno avanzará con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que administra las pensiones para personas con discapacidad, cuyas funciones serán transferidas al Ministerio de Salud de la Nación. En ese marco, se darán de baja a quienes no cumplan con ciertos requisitos.

La novedad la dio a conocer este martes el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la que denunció "descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente". Cabe recordar que a mitad de año se conoció que el exdirector, Diego Spagnuolo, denunció una trama de corrupción en la compra de medicamentos que presuntamente llegaría hasta Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció el jefe de Ministros. También aseguró que esta transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”.

De todas maneras, la absorción por Salud incluirá auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos. Adorni mencionó la supresión de 16 puestos y una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.

Vale destacar que la Agencia Nacional de Discapacidad evaluaba las condiciones de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y determinaba si una persona podía recibirlo o no.

Pese a que no se recortarán nuevas pensiones, sí seguirán vigentes los requisitos que había impuesto ANDIS con anterioridad para poder acceder al beneficio de una pensión por discapacidad. En caso de no cumplir con las condiciones establecidas, podría darse de baja.

Para no perder la pensión por discapacidad, una persona deberá cumplir con todos estos requisitos de forma obligatoria:

Contar con una incapacidad laboral total y permanente (igual o superior al 66%).

No recibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación (ya sea contributiva o no contributiva).

No estar trabajando en relación de dependencia ni inscripto como autónomo o monotributista (excepto en la categoría de monotributo social).

No poseer ingresos propios suficientes ni contar con familiares con obligación legal de proveer manutención.

Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país (los extranjeros deben acreditar al menos 10 años de residencia).

No encontrarse privado de la libertad ni requerido por la Justicia.

DNI del titular (frente y dorso).

Certificado Médico Oficial (CMO) digital y estudios médicos respaldatorios.

Partida de nacimiento y documentación de los padres (si el solicitante es menor de edad).

Formulario P.S 6.4 de apoderado (si corresponde).

Fotocopias de toda la documentación

ANSES confirmó un aumento del 2,47% para sus prestaciones, debido a la Ley de Movilidad que se basa en el último dato de inflación de INDEC. En el caso de la pensión por invalidez, este beneficio consiste en un 70% de una jubilación mínima.

Así será el monto para enero de 2026 junto con el bono de $ 70.000:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52.

Aunque el anuncio de este martes se presenta como un gesto de orden institucional y transparencia, llega en medio de un escándalo por irregularidades que salpican al organismo, con investigaciones internas en curso y cuestionamientos sobre prácticas administrativas. (Ámbito)

El Gobierno anunció este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como organismo independiente y que todas sus funciones pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones. La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según Adorni, la ANDIS —creada en 2017 para coordinar políticas públicas en discapacidad— acumuló con el tiempo “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, una crítica que cae bastante cerca del espíritu de gestión de este gobierno para todos los organismos públicos.

El funcionario aseguró que esta transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones para personas con discapacidad, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”.

La absorción por Salud también incluye auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos —Adorni mencionó la supresión de 16 puestos y una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.

Aunque el anuncio se presenta como un gesto de orden institucional y transparencia, llega en medio de un escándalo por irregularidades que salpican al organismo, con investigaciones internas en curso y cuestionamientos sobre prácticas administrativas.

La ANDIS no recibía fondos públicos desde abril pasado. Hace unos días, un decreto reactivó la asignación de recursos para el área, pero a través del Ministerio de Salud. Se le agregaron $173.032 millones, que se suman a los cinco billones de pesos que tenía destinados para 2025. A un día de terminar el año, el ANDIS lleva ejecutado el 86% de su presupuesto.

"Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", aseguró Adorni, en relación al traspaso del área al ministerio que comanda Mario Lugones.

El jefe de Gabinete garantizó que este cambio no traerá recortes "a ninguna prestación". En cambio, dijo que se eliminarán "16 cargos políticos", y que esta modificación permitirá reducir la estructura jerárquica en un 45,7%.

La Agencia Nacional de Discapacidad se creó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de centralizar y coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad. Así se unificaron funciones de entidades previas, como la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y el Servicio Nacional de Rehabilitación. El organismo estaba bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

En agosto de este año, se conocieron una serie de mensajes de audio con la voz del entonces director ejecutivo de la entidad, Diego Spagnuolo, donde se describía una trama de sobornos, corrupción y sobreprecios en la compra de medicamentos y otras prestaciones. La red involucraba a droguerías, operadores y también a altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del primer mandatario, Karina Milei. En particular, se la señalaba como responsable de quedarse con el "3 por ciento" de cada transacción.

La causa, bajo investigación de la Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py, tiene quince imputados citados a indagatoria, entre ellos Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS. Karina Milei, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones fueron citados por el Congreso para dar explicaciones, pero no comparecieron ante los legisladores. (Con información de Ámbito y Perfil)

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) sumó un nuevo revés judicial en el contexto de un recurso de amparo que presentó el hijo de una afiliada con discapacidad solicitando la cobertura integral de internación en un geriátrico. El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió este miércoles “hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por LAG, en representación de su madre, con patrocinio letrado, y ordenar a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) que arbitre los recursos económicos y humanos necesarios a los fines de garantizar la inmediata cobertura integral, de la afiliada, de la prestación de internación” en una residencia privada de Paraná.

La resolución se ajustó al pedido y se emitió “conforme a los valores del módulo ‘hogar permanente categoría A’ del nomenclador aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación junto a la Agencia Nacional de Discapacidad, mediante Resolución Conjunta Nº 2/25, y/o las que en el futura la modifiquen o reemplacen, desde el mes de septiembre de 2025, mientras dure la necesidad de internación”.

También le ordenó a la vencida que “abone las prestaciones atrasadas por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025 por ella misma reconocidos; por los motivos expuestos en los considerandos” y le impuso las costas de la presente acción de amparo.

El magistrado precisó que “así las cosas, las cuestiones que debo resolver son: 1) ¿si corresponde otorgar una categoría de internación bajo modalidad de hogar diferente a la reconocida por la obra social, esto es categoría “A” en lugar de “C”?; 2) en su caso ¿qué plazo de duración de la cobertura debe imponerse?; y 3) si corresponde ordenar a la OSER que abone la cobertura adeudada por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025”.

No puede ser calificada como integral

Tras analizar las posiciones del amparista y la demandada, Budasoff concluyó que “la conducta de la obra social plasmada, tanto en la respuesta otorgada a la afiliada ante el pedido…, como en la falta de pago de los meses de la prestación por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, no puede ser calificada como integral en los términos normativos que he descripto más arriba y por tal constituye un acto de autoridad que lesiona de manera manifiestamente ilegítima el derecho a la salud y a la mejor calidad de vida de la su afiliada híper vulnerable con discapacidad, surgiendo tal ilegitimidad en grado de evidencia dentro del margen de apreciación que permite la naturaleza sumaria del amparo”.

Así, entendió que “en consecuencia, corresponde hacer lugar a la presente acción de amparo y ordenar a la Obra Social de Entre Ríos demandada que arbitre los recursos económicos y humanos necesarios a los fines de garantizar la inmediata cobertura integral…”. (Fuente: APFDigital)

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover una mayor integración en la sociedad. En Argentina, la fecha también tiene alcance nacional desde el año 2000, cuando se instituyó por Ley 25.346.

En 2025, el día encuentra al país en medio de un escenario complejo: aunque la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada tras una extensa lucha del sector y ratificada por ambas cámaras del Congreso luego del veto presidencial, la norma aún no se implementa. La falta de avances profundiza la preocupación de familias, instituciones y profesionales del sistema, que advierten un deterioro creciente en los servicios y en las condiciones de atención.

En este contexto, Pablo Recchia, referente y militante del sector, escribió para EL ARGENTINO un mensaje que llama a la reflexión y describe la situación actual como crítica. “Este 3 de diciembre, día Internacional de las PCD reflexionemos: como padre de una mujer con Síndrome de Down, como militante en discapacidad hace más de 30 años, como referente nacional en estos temas y representante de organizaciones afines, entre otras cosas que me avalan, pido que reflexionemos: qué conmemoramos este 3 de diciembre?, qué tenemos que festejar?, qué es lo que tenemos que comunicar?”, expresó, enumerando una serie de preocupaciones: “Se pierden derechos adquiridos; se violan legislaciones constitucionales; se suspenden prestaciones y servicios esenciales para personas con discapacidad; se caen los sistemas de apoyo; se destapan actos de corrupción inéditos en Argentina en detrimento de las Pensiones con Discapacidad; se agravia en todo momento a las personas con discapacidad y todos sus colectivos”.

Recchia también convocó a abrir instancias de diálogo “para que esta perversa política y persecución se termine de una vez, en nombre del déficit cero y el ajuste que este gobierno pretende hacer sobre las franjas más vulnerables”. Y remarcó: “Nuestros hijos, por su condición, no son la variante del ajuste, ni ciudadanos de segunda o tercera categoría”.

La fecha vuelve a poner en discusión la necesidad de pensar políticas de inclusión que trasciendan el plano declarativo y se traduzcan en acciones concretas. “Nuestros hijos son sujetos de derechos según la CDPCD de ONU, ley 26378, y de nuestra Constitución Nacional, art. 75 inciso 22. La vida de todos los colectivos de personas con discapacidad, de por sí, ya es difícil, y se la estamos haciendo caprichosamente peor, angustiante, violenta, perversa, injusta, con precariedad, innecesariamente”, advirtió Recchia.

A fines de octubre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció un aumento de entre el 29% y el 35% en las prestaciones, a pagarse en tres tramos entre octubre y diciembre. La medida fue recibida con cautela y también con desconfianza por parte de instituciones y profesionales que, desde hace meses, reclaman actualizaciones que acompañen la inflación y pagos en tiempo y forma.

Según señalaron referentes del sector, los montos anunciados continúan muy por debajo de las necesidades reales. “Estos aumentos vienen atrasados en un 70%. Lo presentan como una solución definitiva, pero todos sabemos que no lo es (…) seguimos trabajando con recursos que no alcanzan”, plantearon.

En su reflexión, Recchia fue contundente: “Este 3 de diciembre no tenemos alegrías, no tenemos un norte que nos guíe, no vemos futuro ni claridad. Hay desesperados intentos de familias, instituciones, prestadores, profesionales por subsistir y vemos que la decadencia es aún mayor día a día. Hay intentos y buenas intenciones. Pero no alcanza”.

El referente concluyó su mensaje subrayando la necesidad de un Estado presente: “Necesitamos políticas públicas en discapacidad y un Estado presente y responsable para que garantice que los sistemas funcionen y no dejen desamparadas a miles y miles de familias. Hay intentos y buenas intenciones. Pero no alcanza. Tenemos que seguir generando conciencia y docencia ante tanta mentira y confusión. Nuestra lucha comienza sistemáticamente cada vez que se producen estas injusticias, y lo seguimos haciendo; ese será nuestro legado”.

El médico urólogo Pablo Atchabahian está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en su casa de Luján de Cuyo, Mendoza, desde el 14 de noviembre pasado.

Es el primer detenido en la causa ANDIS. La decisión se tomó por “riesgos procesales” y porque hubo episodios que para la Justicia demuestran que tenía “conocimiento concreto” de la existencia de la investigación y, pese a ello, “decidió evadirse” y no pudo ser ubicado durante las tareas de investigación.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó un planteo de su defensa para cesar con el arresto domiciliario y esa decisión llegó ahora en apelación a la Cámara Federal porteña, que deberá resolver sobre la cuestión.

La sala II del Tribunal de Apelaciones también tiene a estudio planteos de nulidad como prueba de los audios filtrados del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que dieron origen a la causa.

Sin embargo, los investigadores sostienen que la pesquisa avanza con evidencia independiente a estos audios y que en todo caso se trata de una prueba más cuya relevancia deberá valorarse en el momento oportuno.

Riesgos procesales

En el caso de Atchabahian, sus abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza solicitaron el cese del arresto domiciliario y que, en todo caso, se fije una medida cautelar menos gravosa. Aseguran que no hay peligro de fuga ni de entorpecer la investigación.

Pero el fiscal federal Franco Picardi se opuso. “Debe tenerse presente que a sabiendas del allanamiento de la vivienda y de los secuestros realizados a quien sería su ex pareja y de la existencia de estas actuaciones, evadió presentarse ante la justicia”.

A la hora de resolver, el juez Casanello consideró que “los riesgos procesales permanecen incólumes”.

“Se parte de la base de una severa imputación que ofrece una amenaza de castigo incompatible con una ejecución condicional”, explicó en su resolución.

A ello se suman “las dificultades con las que se enfrentó la instrucción a la hora de dar con él”.

Para los investigadores hay peligro de entorpecer la investigación que está en plena etapa de recopilación de prueba. Además se tuvo en cuenta la “fuerte ascendencia” del acusado “sobre otras personas, algunas comprometidas en el caso y otras que puedan serle de ayuda”.

Se está ante un “panorama de riesgos ciertos que no pueden ser neutralizados sin una severa restricción”.

Por ello el juez concluyó que “la prisión domiciliaria se presenta como la medida de coerción idónea, necesaria y proporcional para garantizar, en este momento, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley del caso” y la persistencia del arresto domiciliario “resulta indispensable”

La fiscalía había pedido la detención porque no pudo ser hallado y evitó la ejecución de una orden de requisa el 8 de octubre pasado.

En base a escuchas telefónicas se determinó que conocía la existencia de la causa penal y “mantendría contactos con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional”.

La decisión fue apelada y ya llegó en revisión a la Cámara Federal porteña.

Quién es el detenido

Atchabahian es un médico urólogo, exfuncionario del organismo y señalado por el fiscal Picardi en su dictamen como “una pieza central de una estructura que operó decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera de la agencia”.

Ante el juez se negó a declarar, al igual que lo vienen haciendo los demás convocados a declaración indagatoria, entre ellos Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete.

Este último está preso pero por otra causa penal, condenado por explotación de la prostitución ajena.

El nombre de Atchabahian aparece, según la investigación, “en todos los puntos sensibles del expediente”: los chats donde se delineaba la “toma de la ANDIS”, las órdenes externas sobre pagos y personal, los vínculos con proveedores y el circuito financiero que hoy reconstruye la Justicia.

En 2018, el ahora detenido fue Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud en ANDIS.

Cuando Diego Spagnuolo fue designado al frente del organismo en 2024, la fiscalía detectó que Atchabahian, sin ocupar ningún cargo formal, daba órdenes directas.

El Juzgado Federal Nº2 de Catamarca hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo provincial, y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer todas las pensiones suspendidas sin acto administrativo previo. La medida se extiende a todo el país, según explicaron fuentes judiciales.

La demanda cuestionaba la implementación de auditorías médicas dispuestas a partir del edicto 19.437/25 y denunciaba que, desde julio, gran cantidad de titulares tomaron conocimiento de la baja de sus beneficios al constatar la falta de pago o recibir notificaciones defectuosas, redactadas en un lenguaje técnico y sin permitir el ejercicio adecuado del derecho de defensa.

ANDIS sostuvo que actuó en ejercicio de las facultades otorgadas por los decretos 698/2017 y 843/2024, que las auditorías fueron correctamente notificadas y que las suspensiones se fundaron en la falta de acreditación de los requisitos médicos.

El Tribunal advirtió que la propia demandada no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que dispusieran las bajas, lo que configuró una vía de hecho administrativa: un obrar material carente de sustento jurídico que produjo la interrupción de prestaciones esenciales para un colectivo especialmente vulnerable.

El juez destacó que las pensiones no contributivas integran la propiedad de sus titulares y sólo pueden ser suspendidas mediante un procedimiento regular que respete el debido proceso, la defensa en juicio y la obligación estatal de motivar de modo suficiente sus decisiones, más aún cuando se afecta la salud y la subsistencia de las personas con discapacidad.

Tras caracterizar la pretensión como colectiva conforme la doctrina “Halabi”, el tribunal consideró acreditada una causa fáctica homogénea: la suspensión masiva e injustificada de pensiones bajo un mismo esquema operativo. Ello justificó la legitimación extraordinaria de las asociaciones actoras y el dictado de un pronunciamiento único con efectos expansivos para todos los titulares afectados.

En cuanto al cuestionamiento de constitucionalidad del Decreto 843/24 —que había reinstalado criterios restrictivos para el acceso a las pensiones— el juez entendió que la reciente sanción de la Ley 27.793, que reformó integralmente el régimen y derogó en los hechos las exigencias impugnadas, tornó abstracto ese planteo.

Finalmente el tribunal ordenó a ANDIS restablecer de inmediato todas las pensiones suspendidas o retenidas con fundamento en el decreto cuestionado y sin acto administrativo previo, disponer el pago de los haberes adeudados en el plazo de 24 horas, y tener por cumplida esa obligación respecto de quienes ya los hubieran percibido en virtud de la cautelar vigente. (Fuente: Ámbito)

Ninguno de los imputados en la causa ANDIS rompe el silencio, al menos por ahora. Este miércoles se presentó a indagatoria en Comodoro Py Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, quien no respondió preguntas de la Justicia ni hizo declaraciones. Este exfuncionario tiene un rol clave: estuvo a cargo del programa Incluir Salud, núcleo de las presuntas maniobras de corrupción.

Acompañado de su defensor Agustín Biancardi, Garbellini explicó en el Juzgado Federal N° 11 que guardaría silencio porque aún no logró conocer todo lo que hay en el expediente.

Otro de sus abogados, Martin Olari Ugrotte, adelantó que su defendido tiene intenciones de “dar todas las explicaciones que sean necesarias frente a los hechos por los que se lo acusa”.

Desde la defensa ratificaron en diálogo con Infobae que Garbellini es “completamente inocente”, a la vez que confirmaron que presentaron una apelación ante la Cámara Federal para tener acceso total a algunos legajos que por ahora permanecen restringidos.

Este miércoles también se había negado a declarar el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Lo mismo ocurrió el martes y el jueves de la semana pasada -respectivamente- con Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como “jefes paraestatales” de la ANDIS.

De qué se lo acusa

Según dictaminó el fiscal Franco Picardi al pedir su indagatoria, Daniel Garbellini habría tenido un rol clave en el entramado de corrupción que operó en el organismo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

Está imputado como uno de los cuatro jefes u organizadores de la asociación ilícita, al haberse encontrado pruebas que señalan que recibió y ejecutó instrucciones sobre la manipulación de los procesos de compra de medicamentos y la aplicación de sobreprecios, a cambio de coimas.

La investigación reveló que Garbellini también habría consentido que personas ajenas a la ANDIS, que respondían a los intereses propios y de las droguerías, tomaran decisiones sobre la gestión de recursos públicos y el sistema de compras de medicamentos, conocido como SIIPFIS.

Uno de ellos, según la acusación, es Pablo Atchabahian, de estrechísimo vínculo con Garbellini.

Atchabahian fue su jefe en la ANDIS durante el período 2018-2019 y hay evidencias que muestran que mantenían una fuerte amistad. El fiscal Picardi aseguró que el “funcionario sin cargo” -en los hechos un lobbysta- seguía dándole órdenes a Garbellini para llevar adelante el desvío de fondos públicos.

El presunto operador Pablo Atchabahian, detenido con domiciliaria en la provincia de Mendoza, le habría dictado a su amigo a qué droguerías debía favorecer incorporándolas al sistema SIIPFIS y a cuáles se debía frenar los pagos por “jugar mal” en los acuerdos preestablecidos.

Esta influencia del “jefe paraestatal” del organismo siguió con la presunta intrusión de Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche S.A.Q.E.I., en bases de datos sensibles.

Ferrari, antigua directora de Prestaciones Médicas en la gestión de Atchabahian, actuó -según la acusación- como operadora externa sin designación formal en ANDIS. Garbellini le habría facilitado acceso al SIIPFIS dándole un usuario y una clave. Ferrari utilizó este acceso para gestionar y agrupar “tickets”, recibir información privilegiada de compras y compartir datos sobre las droguerías involucradas.

El exfuncionario -despedido junto a Spagnuolo cuando se conocieron los audios y estalló escándalo- entregó su celular sin clave a la Justicia, pero cuando lo abrieron se descubrió que eliminó diversas conversaciones, incluidas las que mantuvo con Miguel Ángel Calvete.

Sin embargo, los chats pudieron recuperarse mediante una extracción forense. Garbellini permanece en libertad al igual que la mayoría de los acusados, aunque tiene prohibido salir del país.

Las indagatorias se retomarán el 28 de noviembre, con las citaciones de Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, ambos funcionarios de ANDIS que responderían a Calvete.

Miguel Ángel Calvete se negó a declarar este martes en la causa ANDIS que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, mediante el organismo de discapacidad. El hombre es la mano derecha de Diego Spagnuolo, el principal apuntado en el caso. Calvete había sido citado a indagatoria en Comodoro Py, frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi.

Calvete adquirió un rol central dentro de la investigación judicial por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los peritajes sobre sus teléfonos aportaron pruebas determinantes, ya que el empresario operaba como un gestor para distintos laboratorios y mantenía dentro del organismo una red de funcionarios que le respondían directamente.

Para los investigadores, actuó como un “director para-estatal de la ANDIS, articulando contactos internos y externos para “garantizar un esquema de corrupción” que favorecía a laboratorios y proveedores específicos.

Según indican, su tarea consistiría en oficiar de puente entre las empresas del sector y la estructura que encabezaba Spagnuolo, lo que le permitía destrabar pagos millonarios destinados a droguerías e insumos médicos. Entre las firmas beneficiadas aparecían Ortopedia Sagués, MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma S.A., entre otras.

Por otro lado, se dio a conocer que el vínculo entre Spagnuolo y Calvete comenzó en la campaña presidencial de 2023, durante un acto en Parque Norte. En aquel momento, el abogado cercano a Javier Milei ni siquiera imaginaba ocupar un despacho estatal, mucho menos asumir la conducción de la ANDIS.

El 15 de febrero de 2022, Daniel María Garbellini, entonces persona cercana a Diego Spagnuolo, creó un grupo de WhatsApp, en el que también participaron: “Pato Country” (Patricio Rama, vinculado a Pablo Atchabahian, a Miguel Ángel Calvete y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A.); Mariano Caballi (vinculado también a Miguel Ángel Calvete); y Pablo Atchabahian.

De las conversaciones mantenidas, entre los distintos intervinientes, se desprende que entre ellos mediaba una estrecha relación de amistad, caracterizada por un alto grado de confianza. Tal como les dijo Pablo Atchabahian: “somos familia”. Sobre Atchabahian este viernes se ordenó la detención porque no había sido hallado cuando se realizó uno de los procedimientos de la causa.

Según el fiscal Franco Picardi, de ahí surge el interés particular de Pablo Atchabahian en ocupar un lugar en la ANDIS, desde el año 2022, quien habría empezado a gestionar su regreso con diversos sectores del arco político. Pablo Atchabahian, prestó funciones en ANDIS, en el año 2018 en el mismo cargo que ocupó Daniel María Garbellini, en el año 2024.

Luego, surge otra conversación en la cual Pablo Atchabahian, dice: “Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”.

tal sentido, de los intercambios analizados se desprende que los miembros del grupo se encontraban en la búsqueda de un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto, manteniendo, a su vez, asiduas comunicaciones con diversos actores políticos, a quienes les transmitían sus intereses en el sector salud.

A principios del 2024, cuando los integrantes del grupo se enteraron de que habían despedido a David Aruachan del cargo de Subdirector Ejecutivo de la ANDIS, impulsaron de nuevo gestiones con la idea de volver a desembarcar en la agencia.

Surge de conversaciones las menciones a Diego Spagnuolo, como quien habría pedido la ANDIS y las referencias a Karina Milei, como la persona a la que debían llegar ya que sería “la que define todo”.

Ahora bien, una vez que Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini fueron designados en ANDIS, se corroboró que Pablo Atchabahian le daba órdenes al segundo de los nombrados, e indicaba: a quiénes pagar y a quiénes no; a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que puedan cotizar; a qué personal despedir de las gestiones anteriores; e incluso propuso a una persona que, si bien trabaja en la empresa Roche S.A.Q.E.I., se dedicaba a gestionar el sistema SIIPFIS.

Esta persona es, según consignó el fiscal, Luciana Ferrari. Respecto de Luciana Ferrari, pese a no ser parte de la ANDIS, tuvo acceso al sistema SIIPFIS, mediante el otorgamiento de un usuario y contraseña que fue registrado a nombre de otro empleado de la agencia: Walter Martínez. Este usuario fue otorgado por el propio Daniel Maria Garbellini a la nombrada para que pueda operar el sistema “desde afuera”, por pedido de Pablo Atchabahian.

“Diego Orlando Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje [a Israel] y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”.

Calvete le dice por mensaje de audio a Diego Spagnuolo: “Escuchame, bueno, hablás con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandále un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlitos Z, decile que viajás, que te lo mande por mail que te lo mande formalmente, no te ven de pico estos, son todos puenteros estos”.

Calvete le pidió a su mujer, Guadalupe Muñoz, "cinco palos” en efectivo. Ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. Para el fiscal cobran relevancia las imágenes de Spagnuolo ingresando al domicilio de Calvete con una mochila al hombro. Se trata de imágenes captadas por el sistema de monitoreo ubicado en ese domicilio y forman parte de las pruebas. (Fuente: Ámbito)

El último miércoles, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comunicó que las prestaciones para personas con discapacidad tendrán un aumento de entre el 29% y el 35%, a aplicarse en tres tramos sucesivos entre octubre y diciembre. El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de instituciones educativas, transportistas y profesionales que integran el sistema, que desde hace meses reclaman actualizaciones y pagos en tiempo y forma.

Es que, en lo que va de gestión de La Libertad Avanza (LLA) los prestadores del sector no habían percibido incremento alguno, generando un gran desfasaje en relación a la inflación y los costos operativos fijos. “Estos aumentos vienen atrasados en un 70%. Lo presentan como una solución definitiva, pero todos sabemos que no lo es”, afirmó, días pasados, a este medio Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir Gualeguaychú y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentino (Asdra).

La falta de pago, las demoras en los mismos, las trabas burocráticas hacen aún más complejas realidades que de por sí son muy difíciles de sobrellevar. Las familias y las profesionales del sector lo volvieron a expresar días atrás, cuando, en la puerta de la Municipalidad de Gualeguaychú, volvieron a reclamar la implementación de la Emergencia en Discapacidad, ratificada por el Congreso de la Nación tras el veto presidencial.

EL ARGENTINO dialogó con prestadoras del sector, quienes volvieron a poner sobre la mesa la cansadora, agobiante e insostenible realidad que deben soportar.

Hace 24 años que Silvina Levin ejerce como Terapista Ocupacional (TO), desde donde trabaja para que las personas sean lo más independientes posibles en la vida cotidiana y para mejorar su desempeño ocupacional.

En diálogo con EL ARGENTINO, la profesional, que siempre se desempeñó en el sector de discapacidad, destacó el trabajo del equipo interdisciplinario de Aprendiendo a Aprender, institución de la que es parte. Al tiempo que marcó las dificultades a las que deben hacer frente: “Nunca dejamos de atender, a pesar de los atrasos en los pagos, que son de 60, 90 y hasta 180 días. Esto se hace insostenible, ya que nosotros debemos cumplir con los gastos fijos mes a mes, sin demora. Debemos pagar alquiler, monotributo, profesiones liberales, seguro de mala praxis, honorarios de contador, matrícula de los diferentes colegios, etcétera”.

“Nuestro trabajo no se limita solo a la atención del niño, realizamos reuniones de equipo con los padres, en las escuelas, realizamos informes, planificamos sesiones y, aunque lo hacemos con mucho amor y vocación, todo esto queda por fuera del pago”, marcó. Y aseguró: “nos duele tener que tomar la decisión de no trabajar con obras sociales, ya que muchas familias se quedan sin los tratamientos necesarios para sus hijos”.

Por su parte, Paz Bourlot es musicoterapeuta hace 17 años, trabaja con personas con discapacidad y sin discapacidad, y hace seis fundó el Centro Educativo Terapéutico Alíum en la ciudad, dedicado a atender a niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

“Siempre ha sido muy problemático esto de que nunca sabes cuándo te van a pagar, no tenés una fecha fija respecto a a cuándo te abonan las sesiones ya facturadas. Las obras sociales que más temprano pagan están con una demora de 90 días, el resto mucho más. Algunas, inclusive, no pagan nunca”, aseguró la profesional.

“En lo que respecta a mi institución, donde trabajan muchos profesionales, esto es una gran dificultad, porque nunca sabemos con qué dinero contamos cada mes”, puntualizó. Y, sobre la aprobación de tratamientos, explicó que “siempre depende de cada obra social; ha sido una problemática histórica con todos los gobiernos, en ningún momento se han regularizado los pagos de obras sociales”.

“Creo que, no solo en discapacidad, en el sector salud en general, la relación con las obras sociales tendría que ser mucho más clara, todo más rápido, más fácil. Existen muchas trabas burocráticas que generan demoras y desgaste, tanto de las familias como de las profesionales”, cuestionó.

Romina Buschiazo es Acompañante Terapéutica (AT) hace más de 20 años, su relato es casi calcado a los demás, con el agravante de que su profesión no está contemplada en el Nomenclador Nacional de Discapacidad. Este es un gran problema, ya que el nomenclador es un listado oficial de prestaciones, tratamientos y terapias que deben ser garantizadas a las personas con discapacidad y cubiertas por los agentes de salud, como obras sociales y prepagas.

“Entonces, cada obra social decide cuánto paga por hora, sin una regulación unificada ni actualización acorde a la inflación. Al no estar nomenclada, nuestra prestación es por reintegro, lo que habilita a demoras y falta de reconocimiento administrativo. Estas demoras hacen, muchas veces, que se pierda la continuidad en los tratamientos”, remarcó.

“En algunos casos directamente no reconocen la figura del acompañante terapéutico, pidiendo que una facture como Cuidador Domiciliario u otra profesión, desvalorizando totalmente nuestro rol”, cuestionó Buschiazo. Y, en esta línea, recordó que “si bien existen leyes provinciales y registros, no hay una ley nacional que regule la profesión y establezca un marco ético uniforme”.

Las AT son quienes más tiempo pasan con los pacientes, son el nexo directo con los psicólogos, los psiquiatras, otros profesionales, las familias y las instituciones. Pero también son, dentro del propio sistema de discapacidad, uno de los sub sectores más precarizados.

“La falta de reconocimiento económico y profesional incrementa el agotamiento y el abandono de la profesión. En la misma Ley de Emergencia nos incluyen en el reclamo, pero no se pide que nos incluyan en el nomenclador”, expuso Buschiazo.

“Conozco muchas acompañantes que terminan trabajando en otros rubros porque no se pueden sostener económicamente. Para que se entienda: en noviembre presentamos los presupuestos de tratamiento a las obras sociales y los mismos tienen apenas un 5% de aumento respecto al año pasado. Es ilógico e insostenible”, concluyó la profesional.

Por otra parte, EL ARGENTINO consultó a Marcelo Pighetti, a cargo del área de Accesibilidad e Inclusión de la Municipalidad de Gualeguaychú, para conocer el rol del Estado local ante el desconocimiento del Gobierno Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso de la Nación.

“Son decisiones del Gobierno Nacional, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia”, explicó el funcionario. “Lo que sí puedo comentar es que seguimos trabajando con el objetivo de construir entornos más accesibles e inclusivos para todos. En este sentido, en el mes de octubre se realizaron un montón de actividades y la semana pasada tuvimos una jornada muy interesante destinada a todos los funcionarios y concejales de la Municipalidad”, relató. Al tiempo que remarcó la necesidad de “promover políticas públicas con un enfoque de inclusión, atendiendo y entendiendo todo lo que es la diversidad”.

La actividad a la que hizo referencia Pighetti fue llevada a cabo en el Centro de Convenciones, en forma conjunta entre el Gobierno de Gualeguaychú y el espacio recreativo y terapéutico CREAN, titulada “Más allá de lo que vemos”.

“Todos los funcionarios y concejales del Municipio tienen que trabajar en cuestiones de política pública, pero siempre entendiendo lo que es la diversidad y la inclusión. Este tipo de jornadas sirven para promover derechos para personas con discapacidad, para que, por ejemplo, cuando se haga una ordenanza los concejales las tengan en cuenta”, dijo Pighetti.

La palabra del titular de Accesibilidad e Inclusión deja claro las limitaciones del gobierno local y las nulas herramientas ante las decisiones de Nación. Así, cientos de familias y profesionales quedan a la deriva y, lo más grave, en muchos casos, las y los pacientes deben interrumpir o directamente no pueden acceder a los tratamientos que necesitan para mejorar su calidad de vida. La gravedad de la situación no es nueva, ni mucho menos. Pero sí es cierto que, en los últimos dos años, con el congelamiento del valor de las prácticas y la falta de respuestas, tanto de las obras sociales como de la Andis, la realidad se ha tornado desesperante. La discapacidad no puede seguir esperando más, no es un slogan, miles de vidas están en juego.

Ante los anuncios del Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre un nuevo incremento en los valores del nomenclador, distintos referentes del sector expresaron sus reparos y advirtieron que el aumento “llega tarde y no alcanza” frente al atraso acumulado y la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El último miércoles, la ANDIS comunicó que las prestaciones para personas con discapacidad tendrán un aumento de entre el 29% y el 35%, a aplicarse en tres tramos sucesivos entre octubre y diciembre. El anuncio fue recibido con expectativa, aunque también con escepticismo por parte de instituciones educativas, transportistas y profesionales que integran el sistema, que desde hace meses reclaman actualizaciones y pagos en tiempo y forma.

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los prestadores del sector no habían percibido incrementos, lo que generó un fuerte desfasaje en relación con la inflación y los costos operativos. Muchas instituciones se vieron obligadas a reducir días de atención o suspender actividades, ante la imposibilidad de sostener sus estructuras con los valores vigentes.

“Estos aumentos vienen atrasados en un 70%. Lo presentan como una solución definitiva, pero todos sabemos que no lo es”, afirmó Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir Gualeguaychú y referente de ASDRA, en diálogo con EL ARGENTINO. “Es una especie de tomada de pelo: te lo pagan en tres cuotas, recién el año que viene se pagarán, no sabemos qué inflación tendremos más adelante, y mientras tanto seguimos trabajando con recursos que no alcanzan”, añadió.

El referente explicó que las prestaciones están desactualizadas desde la gestión anterior y que el propio Estado “impone exigencias que luego no financia”. “Las instituciones que prestan servicios para personas con discapacidad, para que trabajen como tales, les piden que tengan edificios accesibles, un equipo interdisciplinario completo y toda la documentación en regla, pero el nomenclador cubre apenas un 30% de los costos. El resto lo tiene que poner la institución, y así es imposible sostenerse”, sostuvo.

Según Recchia, muchas entidades del país “ya están cerrando o reduciendo la cantidad de días de atención. Estamos hablando de instituciones que trabajan por vocación, no de un negocio. Muchos de nosotros ponemos plata de nuestro bolsillo para que los chicos no se queden sin atención”, remarcó.

El referente cuestionó además el enfoque del Gobierno Nacional hacia el sector: “Esta gestión está sacando derechos, no privilegios. La política del déficit cero se está aplicando a costa de los más vulnerables. Esto es un derecho constitucional, y lo están violando a la vista de todos”.

En cuanto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y publicada en el Boletín Oficial, Recchia aseguró que “no solo no se implementó” y que “el sector sigue sin respuestas concretas”. “Seguimos mendigando aumentos que el propio Gobierno presenta como un logro. La ley está, pero falta decisión política para ponerla en práctica”, dijo.

Desde Fundación Incluir impulsan un trabajo conjunto con otras organizaciones y foros del país. “Tenemos que discutir con la Convención y la ley en la mano. No se trata de politiquería ni de enfrentamientos locales: estamos reclamando una política pública nacional que garantice los derechos de las personas con discapacidad”, explicó.

La opinión de otras instituciones

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, apoderado legal de la Escuela Santa Rita, coincidió en que el aumento “medio tímido”, aunque valoró que representa “un movimiento después de meses de parálisis”. “Celebramos cualquier aumento, porque esto viene estancado desde hace mucho, diría desde hace muchísimos meses. Los servicios se siguieron prestando sin aumentos durante meses, lo cual perjudica no solo a los prestadores sino también a las personas con discapacidad”, señaló.

En cuanto a la continuidad de los servicios, el representante explicó los siguiente: “Los servicios se han seguido prestando prácticamente sin un aumento desde hace muchos meses, lo cual por supuesto perjudica no solo a los prestadores sino que este eh a la discapacidad en sí misma, digamos, porque todo lo que depende del estado, de Andís, y lo que depende también de Incluir Salud, se encuentra muy paralizado. Celebramos nosotros todo todo movimiento que haya, aunque sea a los efectos del atraso que hay, que es un tanto medio tímido el aumento, porque en realidad correspondería que eso se actualizara mucho más”, concluyó.

En el marco de una serie de reclamos del sector profesional y de familiares, que vienen solicitando una actualización de haberes y la normalización del sistema de atención a las personas con discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que se implementará un incremento de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador para prestadores del área.

La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos, entre los meses de octubre y diciembre de 2025.

El aumento del nomenclador se materializa a través de una decisión administrativa del jefe de Gabinete de la Nación. Sin embargo, el Gobierno aún no ha aclarado cuándo pondrá en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad, que tras haber sido vetada, recibió el rechazo de ambas cámaras del Congreso de la Nación y quedó finalmente promulgada.

Desde el sector que impulsa la aplicación efectiva de la ley advierten que la nueva medida representa “un pequeño alivio” ante la crítica situación que atraviesan los prestadores.

Así lo definió el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, quien sigue de cerca la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En un video publicado en sus redes sociales, el legislador sostuvo que el incremento anunciado “es un pequeño alivio”, pero reiteró la necesidad de poner en marcha la norma.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Daniel Arroyo (@licdanielarroyo)

“Casi un año después, la Agencia Nacional de Discapacidad actualizó los valores del nomenclador de las prestaciones a las que acceden las personas con discapacidad y sus familias. El aumento, que va del 29% al 35%, se aplicará de manera escalonada en octubre, noviembre y diciembre. La mayor parte de los prestadores (transportistas, terapistas, acompañantes, hogares y centros educativos) recibirán el impacto real entre marzo y abril del próximo año”, explicó Arroyo.

“Es una pequeña mejora, un alivio en un contexto de desesperación, de colapso y de maltrato generalizado. Sé que al menos es un poco de luz hacia adelante. Pero todos tenemos claro que es insuficiente, que esto no resuelve el problema. El Gobierno sigue sin poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad. Se trata de transformar en serio, y eso implica cumplir con esa ley, una obligación que el Gobierno deberá asumir”, concluyó el legislador.