El arroz, uno de los pilares de la economía regional entrerriana, atraviesa un momento delicado. La Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina expresó su preocupación por la “extrema vulnerabilidad” que afecta a los productores, quienes enfrentan una combinación de factores que los deja sin margen de rentabilidad.

La entidad describió un marcado “efecto pinza” que compromete la sostenibilidad de las explotaciones:

En el plano provincial, se concretaron reuniones con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, para coordinar una agenda de trabajo que priorice el sostenimiento de la cuenca arrocera, considerada un pilar clave de la economía regional.

La Filial reafirmó su compromiso con la defensa de los pequeños y medianos productores y adelantó que continuará trabajando para que se reconozca el valor estratégico del arroz dentro de la matriz productiva nacional.

Fuente: APFDigital

La industria proveedora de plásticos para envases anunció un aumento del 25% en sus listas de precios, como consecuencia directa del encarecimiento de materias primas derivado del conflicto en Medio Oriente. La región es clave en la producción de petroquímicos, fertilizantes y metales, lo que repercute en las cadenas de suministro globales.

El incremento afecta a fabricantes de envases de polietileno, bolsas de arranque y de consorcio, y repercute en toda la cadena de producción. Según Morgan Stanley, miles de millones de dólares en flujos comerciales están en riesgo, particularmente en aluminio y plásticos, insumos esenciales para la manufactura global.

El economista Damián Di Pace señaló que la medida impacta en la formación de precios del packaging y envases de alimentos, bebidas, delivery y supermercados, además de la construcción (caños, perfiles, aislantes), la industria automotriz (PVC y piezas livianas), y sectores farmacéuticos y cosméticos (frascos, blísteres y envases protectores).

Uno de los efectos más visibles será en los silos bolsa y en productos básicos de góndola: un paquete de arroz, por ejemplo, será más costoso debido al aumento del plástico para el envasado, el fertilizante y el combustible para transporte.

Las cadenas de suministro de fertilizantes también se ven comprometidas. El gas natural, insumo clave para la producción de amoníaco, urea y nitrato de amonio, experimenta alzas de entre 15% y 30% desde el inicio del conflicto. Con el petróleo rondando los 100 dólares el barril, el gas traslada mayores costos a la agricultura mundial.

El comunicado oficial de la firma que anunció el ajuste indicó que se trata del segundo aumento en una semana (16 y 23 de marzo), y que desde el 1 de abril debería aplicarse además un 2,9% por la variación del IPC. Sin embargo, aclararon que se evaluará hacia fin de mes la conveniencia de trasladar la dinámica inflacionaria a los precios.

En el plano internacional, el polietileno aumentó entre 25% y 35%, y los contratos por diferencia (CFD) proyectan subas adicionales de hasta 30%. En línea con esta tendencia, la multinacional BASF anunció incrementos inmediatos de hasta 30% en sus productos de cuidado del hogar, limpieza industrial y formuladores en Europa.

Con este escenario, el conflicto en Medio Oriente no solo encarece el petróleo, sino también insumos industriales clave, generando un efecto dominó en la producción, el comercio y los precios finales que llegan a los consumidores.

El viernes 13 de marzo, representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos se reunieron en Villaguay y definieron manifestar su oposición a la Resolución Nº 201/2026 del Senasa, que introduce cambios en el sistema de vacunación antiaftosa y antibrucélica. Los productores recordaron que en la década del 90, cuando se dejó de vacunar, la enfermedad reapareció y los mercados externos se cerraron por completo, generando graves consecuencias para la ganadería nacional.

En un contexto en el que el sector comienza a transitar una etapa de expectativas positivas, con valores históricos para el ganado, los delegados señalaron que la medida parece responder más a decisiones políticas que a un análisis técnico serio. Consideraron que la resolución implica un riesgo innecesario para la producción y para la apertura de mercados internacionales, que exigen garantías sanitarias estrictas.

Durante el encuentro también se abordó el impacto negativo de la influenza aviar en la avicultura entrerriana. Los productores remarcaron que el cierre de mercados y la caída en los valores del huevo y del pollo han generado un fuerte golpe económico en la región. La situación se agrava por la sequía que afecta a los departamentos del sur de la provincia, especialmente Gualeguaychú, donde ya en febrero se había solicitado la declaración de emergencia agropecuaria.

Los delegados coincidieron en que la falta de lluvias ha deteriorado los suelos y reducido la disponibilidad de pasturas, afectando directamente la producción ganadera y agrícola. La emergencia hídrica se suma a los problemas sanitarios y económicos, configurando un escenario complejo para los productores entrerrianos.

El encuentro de Villaguay también permitió analizar la realidad de otros sectores productivos. Los forestales del Delta, los citricultores, los arroceros y los tamberos atraviesan dificultades que se suman a la situación general de la agricultura. La FAA advirtió que la combinación de crisis sanitarias, climáticas y económicas requiere respuestas urgentes y coordinadas de los organismos nacionales y provinciales.

Los productores remarcaron que la defensa de la sanidad animal es clave para sostener la competitividad de la ganadería argentina y que cualquier retroceso en las políticas de vacunación puede tener consecuencias irreversibles. En este sentido, reiteraron su rechazo a la resolución del Senasa y reclamaron un debate amplio con participación de las entidades rurales antes de implementar cambios que afecten a toda la cadena productiva. Fuente: APFDigital

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos informó que se declaró el estado de emergencia fitosanitaria nacional por detección de Picudo Rojo de las Palmeras en Isla Martín García, en provincia de Buenos Aires.

Se trata de un flagelo de particular interés en la provincia, atento la gran cantidad de palmeras que habitan el territorio.

La medida dispuesta desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se publicó este jueves en el Boletín Oficial (Resolución 133/2026) y rige hasta el 30 de junio de 2027.

Su objetivo es prevenir la dispersión y el establecimiento de esta plaga en el país y define que debe dar aviso al Servicio Sanitario toda persona que detecte la presencia de ejemplares compatibles con ella y/o daños sospechosos del Picudo rojo de las palmeras.

Asimismo, establece el Plan de Contingencia específico cuyas medidas fitosanitarias deben ser implementadas ante la detección del insecto a fin de contener y controlar la mencionada plaga. En relación a ello, la norma autoriza los productos fitosanitarios para ser utilizados en tratamientos contra el Picudo rojo de las palmeras.

El objetivo de esta norma es preservar la integridad de las palmeras, consideradas en el país de importancia cultural, histórica y biológica emplazada en el arbolado y bosque urbano, parques nacionales y áreas protegidas cuya preservación para las generaciones futuras es primordial e invaluable. (APFDigital)

La agricultura argentina atraviesa un momento crítico: aún con rindes aceptables, los números no cierran en campos alquilados. Según la Bolsa de Cereales, en Entre Ríos la rentabilidad es negativa para trigo, soja y la rotación trigo-maíz. La caída de los precios internacionales y el aumento de los costos locales dejaron en rojo la ecuación productiva. En este contexto, EnBio 2026 —que se realizará en Junín el 25 y 26 de febrero— busca abrir un debate sobre el rol de los biológicos y las tecnologías sustentables.

Pablo Formaggini, director de contenidos de EnBio 2026, dialogó con EL ARGENTINO y planteó con crudeza: “Si seguimos manejando los cultivos solo con químicos, los rindes y la rentabilidad seguirán estancados. La calidad de los alimentos también”.

EnBio es una muestra anual que recorre distintas ciudades de Argentina, reuniendo productores, técnicos, investigadores y empresas para debatir sobre sustentabilidad agrícola. Es un encuentro técnico–científico que busca difundir el uso de insumos biológicos y nuevas tecnologías para enfrentar problemáticas agronómicas, especialmente el estrés abiótico en cultivos extensivos. El formato de estos encuentros es de charlas técnicas, ensayos a campo y presentaciones de especialistas nacionales e internacionales.

El encuentro tiene una trayectoria, la primera edición se realizó en Tandil, la segunda en Venado Tuerto, la tercera en Villa María, provincia de Córdoba y la cuarta, el año pasado, en Victoria, Entre Ríos. EnBio 2026 llega ahora a Junín, con el objetivo de vincular biológicos con problemáticas agronómicas específicas.

“Junín fue elegido por la estructura de sus campos, grandes y con productores que pueden pensar a largo plazo. El uso de biológicos implica pensar planteos a mediano y largo plazo donde se vean los resultados”, comentó Formaggini. “El objetivo de esta edición de EnBio es informar sobre los resultados de las encuestas que hemos realizado años anteriores donde el productor y el asesor nos pedían relacionar el uso de biológicos con una problemática agronómica específica”, manifestó el referente.

“Muchas veces nos preguntan qué son los biológicos y la respuesta es que son la solución a los problemas de estancamiento en los rindes y a los problemas de compactación y degradación de suelos que hay en toda la argentina”, aseguró Formaggini. Su diagnóstico es claro: el modelo agrícola argentino sigue atado al “chip del químico”, mientras los rindes permanecen estancados y países como Brasil y Estados Unidos duplican la productividad.

En este sentido, el especialista cuestionó la mirada dominante: “Muchas empresas dicen que los biológicos son un complemento de los químicos. ¡Eso es un error! Los biológicos pueden complementar, sustituir o ser la única opción. ¿Qué químico usarías para descompactar el suelo? Ninguno. ¿Qué químico mejora las defensas naturales de las plantas? Ninguno”.

El estrés abiótico, causado por factores ambientales, representa el 65% de las pérdidas mundiales de alimentos. En Argentina, afecta más que las retenciones. “Un golpe de calor de una semana en soja combinado con falta de agua son mil kilos menos de soja”, explicó Formaggini.

El estrés abiótico resulta de las dificultades que sufren las plantas por factores no vivos del ambiente, es decir, condiciones físicas o químicas que afectan su desarrollo y rendimiento. “Al estrés abiótico, que está provocando tantas dificultades a nivel mundial, lo separamos en dos tipos. Uno es el estrés radicular (o edáfico) y el otro el estrés climático. El estrés radicular lo hemos venido trabajado por muchos años en base al manejo del pH, la salinidad, la compactación, la nutrición, los metales pesados y el riego. Pero en la actualidad también debemos trabajar para manejar el estrés climático” afirmó el profesional.

En relación al estrés hídrico Pablo Formaggini comento: “Puede ser un grave problema que se lleva buena parte del potencial del cultivo y en los ensayos se podrá ver la diferencia inicial de crecimiento de una semilla sin tratar y otra tratada con bioestimulante en cultivos de soja y una soja que sufre un marcado estrés hídrico desde su siembra. La diferencia entre plantas con y sin tratamiento de semilla es muy notoria. La diferencia de fijación de frutos que se ve en un caso y en otro también lo es y será explicada en detalle en la recorrida por los campo durante el desarrollo del Enbio”.

Durante muchos años el manejo de los cultivos se pensó desde el “chip” del químico. Cuando una planta se enferma hay que aplicar un fungicida para controlar la enfermedad y con suerte se recuperan 200 kilos de soja. Hoy el mundo agrícola ya no se maneja así. La propuesta del encuentro incluye el uso de estaciones climatológicas para elaborar mapas de estrés y diseñar programas de manejo adaptados a cada región. “Hoy se trabaja para que la planta no se enferme y así no perder miles de kilos. Podemos mitigar el estrés climático con genética, infraestructura como riego subterráneo y bioestimulación con algas marinas y aminoácidos”, señaló.

La problemática se agrava en Entre Ríos, donde los suelos arenosos sufren compactación física, química y biológica. “La fertilización reiterada con fosfatos genera sarro y yeso que taponan los poros del suelo. La infiltración disminuye y las raíces se debilitan”, explicó Formaggini.

¿Cómo se ataca este problema? Utilizando algunas sustancias como son los ácidos carboxílicos, ácidos húmicos y sobre todo microorganismos benéficos como el caso de la bacteria bacillus subtilis. Cuando esta bacteria se reproduce forma comunidades y agrupaciones en el suelo que cumplen funciones esenciales, ya que aumentan la oxigenación del terreno y estimulan la actividad de las raíces, al mismo tiempo facilitan el drenaje del agua evitando encharcamientos que afectan a las plantas, mejoran la eficiencia de los fertilizantes porque los nutrientes se aprovechan mejor y favorecen el desarrollo de raíces fuertes y saludables que impulsan un crecimiento más vigoroso.

¿Cuántos productores de Entre Ríos usan biológicos en el suelo? Son contados con los dedos de la mano. Por eso, el encuentro EnBio es el evento para arrancar de nuevo y empezar a salir del estado de confort que hasta ahora significó manejar los cultivos solo con químicos.

“Sin estrategias de este tipo y con los precios de la soja en declive, en el corto plazo ya no será rentable hacer soja en Entre Ríos”, manifestó Pablo Formaggini a EL ARGENTINO. El especialista insiste en la necesidad de un cambio: “Hay que hacer autocrítica agrícola”. El llamado es a abandonar la comodidad de prácticas tradicionales y abrirse a estrategias sustentables que permitan recuperar suelos y enfrentar el cambio climático.

EnBio 2026 se presenta como una oportunidad única para escuchar voces críticas y alternativas de manejo. La cita es gratuita, pero con cupos limitados. Junín será el escenario donde se discuta si la agricultura argentina se anima a dar el salto hacia los biológicos o se resigna a seguir atrapada en el estancamiento.

La siembra de sorgo correspondiente al ciclo agrícola 2025/26 transita su tramo final en Entre Ríos y las proyecciones anticipan una fuerte retracción del área implantada. De acuerdo con las estimaciones actuales, la superficie alcanzaría las 55.000 hectáreas, lo que representa una caída interanual del 55%.

En términos absolutos, la reducción sería de unas 66.000 hectáreas respecto del ciclo anterior, marcando uno de los descensos más pronunciados de los últimos años para este cultivo en la provincia. De confirmarse este escenario, se trataría de la segunda menor superficie sembrada con sorgo desde el ciclo 2000/01.

Los relevamientos indican que restan muy pocas hectáreas por implantar y que el panorama ya se encuentra prácticamente definido. La baja en la superficie refleja un cambio significativo en las decisiones productivas, en un contexto marcado por variables económicas, climáticas y de mercado que condicionan la planificación agrícola.

En cuanto a la composición del área sembrada, el sorgo granífero concentraría el 56% de la superficie total, con unas 31.000 hectáreas. El 44% restante, equivalente a cerca de 24.000 hectáreas, correspondería al sorgo doble propósito o forrajero, utilizado tanto para grano como para alimentación animal.

El retroceso del sorgo se suma a las señales de reconfiguración del mapa agrícola entrerriano, con productores que ajustan estrategias ante la rentabilidad relativa de los cultivos, los costos de producción y las expectativas de rendimiento. El desempeño del ciclo 2025/26 permitirá evaluar el impacto de esta caída en la producción provincial y en las cadenas asociadas al cultivo.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por la diputada del kirchnerismo Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria), cercana a Juan Grabois, generó un escándalo en el sector agropecuario al proponer cobrar un "impuesto" al gas metano que emiten las vacas durante su proceso digestivo.

La iniciativa busca crear la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)", que obligaría a los productores ganaderos a pagar en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) emitidos, calculados en relación a la cantidad de cabezas de ganado.

Impuesto a los gases de las vacas

Al respecto, el director suplente del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Mariano Berisso, calificó como “disparatada” a la propuesta de la legisladora bonaerense e instó a “no darle demasiada importancia”.

“Hay que ir a sacarle el pie de encima al productor, quitarle impuestos para que sea rentable, para que haya más producción, para que la gente pueda acceder también a la carne a un precio más lógico y esto (por el proyecto para un nuevo gravamen) va en detrimento, además de que somos carbono negativo”, fundamentó al explicar que “las vacas emiten menos de lo que se contamina”

“Es lamentable que no estemos de acuerdo en temas que son claves simples y básicos para para la nación”, indicó Berisso.

Sobre la quinta de retenciones

Punto aparte, el productor ganadero calificó como “positivo” a la quita de retenciones al sector agropecuario y cárnico. “Entre Ríos es una provincia en agricultura más que nada marginal, no es como Córdoba y Santa Fe, porque hay menos rentabilidad, por lo tanto, una pequeña baja en las retenciones repercute muchísimo”, sostuvo en diálogo con el programa "Moviendo el Avispero" que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Y agregó: “El gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo, primero, en ordenar las cuentas públicas, las cuentas fiscales, para después podernos levantar el pie a los productores y eso ha hecho que, por lo menos, el productor pueda subsistir, que tenga algo de rentabilidad”.

Para el ganadero y dirigente del Distrito Entre Ríos de SRA, los productores “valoran el esfuerzo del gobierno nacional, pero no alcanza”. “Hay que seguir hasta que se pueda tener las retenciones cero, como los países lógicos, como cualquier país, pero se va en ese camino y ojalá que el gobierno nacional pueda cumplir para que los productores podamos dedicarnos a lo que sabemos hacer que es producir”, cerró.

En medio de la polémica que generó en el agro la propuesta de la legisladora de Unión por la Patria (UxP) Lucía Lorena Klug de cobrar un “impuesto” al gas metano emitido por las vacas -en el proceso digestivo- en la provincia de Buenos Aires, la diputada provincial cercana a Juan Grabois apuntó contra quienes se “burlaron” de la iniciativa. “No es una joda”, advirtió.

Así, la legisladora de Unión por la Patria, cuyo mandato vence la próxima semana, aseguró que el proyecto en cuestión fue presentado meses atrás, pero recién ahora cobró notoriedad.

Además, dijo que la idea generó todo tipo de burlas porque en un principio se vinculó a las flatulencias de las vacas. Pero sobre ello aclaró: “Son los eructos y es el estiércol de la vaca el que produce gas metano y es un tema muy serio, no es una joda”, aclaró en diálogo con LN+.

El Gobierno de Entre Ríos dio un paso decisivo en la implementación de las Buenas Prácticas Fitosanitarias al publicar la Resolución Nº 1472/25 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGP).

Esta norma reglamenta el funcionamiento y los requisitos de inscripción de los Registros Públicos obligatorios creados por el Decreto reglamentario de la Ley N° 11.178, buscando un control exhaustivo en toda la cadena de valor de los productos agroquímicos y fue publicada en el Boletín Oficial Nº28.230.

En sus considerandos, la Resolución subraya que todas las disposiciones están "...tendientes a garantizar un uso responsable y seguro de los productos fitosanitarios...".

Amplia cobertura de la obligatoriedad

Uno de los puntos centrales de la Resolución es la creación de los registros de inscripción obligatoria para todos los actores del sector. En el Anexo del Decreto, base de esta reglamentación, "...se crean en el ámbito de esta Secretaría los Registros Públicos de inscripción obligatoria, comprendiendo a importadores, elaboradores, formuladores y fraccionadores de fitosanitarios; expendedores; asesores; ensayistas; aplicadores; operarios; almacenadores y transportistas; unidades en condiciones de hermeticidad o confinamiento; empresas de verificación técnica funcional (VTF); y vehículos aéreos no tripulados aplicadores de fitosanitarios...".

La norma detalla los requisitos específicos para cada uno de estos registros, incluyendo la presentación obligatoria del protocolo de Verificación Técnica Funcional (VTF) aprobado para todos los equipos aplicadores (terrestres, aéreos tripulados y no tripulados).

Delegación de fiscalización y aranceles

La Resolución delega la potestad de control y sanción en la Dirección de Agricultura, organismo que ya cuenta con la experiencia operativa en la materia. El Artículo 1º establece: "Delegar en la DIRECCIÓN DE AGRICULTURA o el organismo que en el futuro la reemplace en sus competencias, la fiscalización, aplicación, ejercicio de la potestad sancionatoria y ejecución de la Ley N° 11.178 y su reglamentación." Además, esta Dirección será la responsable de la administración de los Registros, incluyendo la asignación de una matrícula de identificación para cada inscripto y equipo.

En cuanto al régimen arancelario, se fija el valor de la habilitación anual en litros de gasoil tipo Diésel 500 (D500), referenciado al precio de venta en la estación YPF–ACA de Paraná, aplicándose montos diferenciados según la actividad y cantidad de equipos. Se exceptúa del pago a los Registros de Operarios Fitosanitarios, Asesores Fitosanitarios, Vehículos Aéreos No Tripulados y Almacenadores y Transportistas Fitosanitarios.

Receta agronómica y capacitación

Para asegurar la trazabilidad y el control estatal de las aplicaciones, la SAGP definió el sistema oficial de la receta agronómica digital. El Artículo 35º indica: "Establecer como único sistema válido para la emisión de la receta agronómica digital, el actualmente implementado por la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA a través de la DIRECCIÓN DE AGRICULTURA...". Se advierte que cualquier receta emitida fuera de este sistema carecerá de validez.

Finalmente, la Resolución enfatiza la importancia de la capacitación. Tanto asesores como operarios fitosanitarios deberán realizar un curso inicial para su inscripción y acreditar la realización de cursos de actualización cada dos años como requisito de habilitación.

Se establece un plazo de hasta 45 días a partir de la entrada en vigencia para que todos los sujetos alcanzados por la Ley N° 11.178 soliciten su primera inscripción en el registro pertinente. (Fuente: APFDigital)

Alesksandre Gogalazde y Manuel Beissler son estudiantes postdoctorales e investigadores de la Universidad de Groningen, Países Bajos, y en su visita al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, compartieron los avances de este programa de investigación, que coordina acciones interdisciplinarias en distintas regiones del mundo, incluida la Argentina, para revertir la pérdida de biodiversidad en territorios ganaderos.

Curve Bend es un consorcio científico liderado por la Universidad de Groningen con financiamiento del Consejo Nacional de Investigación de los Países Bajos (NWO). La iniciativa propone desarrollar soluciones para diseñar paisajes productivos que equilibren las necesidades de la producción agropecuaria con la conservación de la biodiversidad, el suelo y los ecosistemas.

Durante la reunión, Boc-Hó destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre la ciencia y la gestión pública. "Esta audiencia nos permite abrir la puerta a nuevas investigaciones y proyectos que buscan mejorar el ambiente y la producción. Desde Entre Ríos valoramos profundamente este tipo de intercambios, que nos brindan herramientas y conocimientos para seguir fortaleciendo una ganadería sustentable, con cuidado del suelo y de nuestra biodiversidad", expresó el funcionario.

Entre los temas abordados se destacaron las prácticas de pastoreo sostenible, la conservación de suelos, el diseño de políticas para el manejo de paisajes ganaderos diversos y la cooperación científica con comunidades locales y organismos públicos.

Aleksandre Gogaladze compartió su experiencia en proyectos de acción colectiva en áreas de pastoreo, destacando la importancia de articular saberes locales con estrategias científicas para promover cambios reales en los territorios. Desde la Secretaría se remarcó el interés en fortalecer redes de cooperación con instituciones académicas de nivel internacional, y se evalúa la posibilidad de futuras colaboraciones y acciones conjuntas vinculadas al desarrollo agropecuario sostenible.

Participaron del encuentro el coordinador del Ministerio de Desarrollo Económico, Daniel Rodríguez; el director de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente, Pablo Aceñolaza; la coordinadora de Bosques Nativos, Andrea Cislaghi; el director de la Regional Entre Ríos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Jorge Gvozdenovich; la investigadora del INTA Paraná, Sonia Beatriz Canavelli; y por INTA EEA Concepción del Uruguay, Juan Martín Gange.

"Conocer estas nuevas investigaciones nos brinda experiencias valiosas que pueden aportar soluciones tangibles a los desafíos de nuestra provincia. Estamos convencidos de que el futuro exige producción con sostenibilidad, y el camino es el diálogo y la innovación en conjunto", concluyó Boc-Hó.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha el protocolo de muestreo del Proyecto de Diferenciación y Caracterización de Mieles Entrerrianas 2025, una iniciativa que busca definir el perfil botánico y la calidad de las producciones apícolas de la provincia. La medida, coordinada por el área Apícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, apunta a generar información científica capaz de respaldar la identidad del producto y su valor agregado.

El procedimiento unifica criterios para la extracción y análisis de muestras en salas particulares y cooperativas. La caracterización se realizará a partir del estudio de la composición polínica y de parámetros físico-químicos, claves para evaluar la diversidad floral y la calidad de las mieles.

Las muestras se obtendrán en apiarios representativos, priorizando aquellos con trazabilidad y georreferenciación de los lotes o que trabajen en distintas regiones productivas. El muestreo se efectuará durante la extracción, antes del depósito en tanques o tambores, y cada frasco —estéril, de 300 cc— deberá contener exclusivamente la producción de un solo apiario.

El calendario de corte quedó dividido en dos etapas: hasta el 15 de diciembre para el inicio de temporada, y luego de esa fecha para los melarios incorporados posteriormente. Cada muestra deberá identificarse con fecha, ubicación, datos del productor y flora predominante, entre otros elementos de control.

“El orden en el procedimiento y la trazabilidad son esenciales para obtener resultados comparables y confiables”, sostuvo el coordinador provincial de Apicultura, Rodrigo Toledo, quien destacó que se trata de “la primera experiencia de esta escala” impulsada desde Entre Ríos.

El análisis permitirá diferenciar las mieles según su origen y dar sustento técnico a su calidad, un paso central para fortalecer la identidad de un producto emblemático de la apicultura entrerriana y ampliar su competitividad.

Las muestras deben conservarse en lugares frescos y oscuros hasta su traslado a la sede de la Coordinación Apícola, en Paraná. Productores y cooperativas pueden solicitar instrucciones al correo oficial o vía WhatsApp.

En un acto que reunió a productores, técnicos, empresarios y autoridades, Frigerio destacó que “cuando hablamos de lechería, hablamos de desarrollo, de cómo pasamos del esfuerzo individual al crecimiento colectivo, y transformamos lo que producimos en arraigo, empleo y orgullo”. Valoró además la tarea de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler), a la que calificó como “ejemplo de madurez institucional y mirada de largo plazo”.

El gobernador subrayó la relevancia de que Argentina haya regresado a la Federación Internacional de Lechería y aseguró que Entre Ríos “será parte activa de esta nueva etapa”, convencido de que “cada paso que damos afuera fortalece el trabajo y la producción”.

Durante su discurso, reconoció los desafíos que enfrenta el sector, como la falta de crédito, la conectividad rural y el estado de los caminos. “Hasta ahora llegamos hasta acá gracias a los productores que nunca bajaron los brazos. Nuestro deber es acompañarlos con hechos concretos”, señaló. En ese sentido, mencionó que su gestión ya intervino un tercio de las rutas provinciales y que se obtuvieron financiamientos por más de 350 millones de dólares para mejorar la red vial.

Frigerio también remarcó la política fiscal de su gobierno: “Probablemente seamos el primer gobierno que, ante una crisis sin precedentes, en lugar de aumentar impuestos los bajó y eliminó más de cien tasas”. A su vez, anunció la ampliación del RINI a los tambos, lo que permitirá exenciones impositivas y reintegros energéticos. “Invertir en Entre Ríos tiene que convenir, y ese es el camino que estamos construyendo juntos”, sostuvo.

El intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, celebró la realización de la jornada en su ciudad y destacó la articulación público-privada como “clave del desarrollo local”. En tanto, el presidente de Caproler, Sergio Borré, agradeció la participación de los distintos actores de la cadena y afirmó: “La lechería es mucho más que producir leche: es una red que integra a los tamberos, las industrias, el comercio y el Estado. Solo unidos podemos crecer”.

Del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Raúl Boc Ho; la secretaria de Energía, Noelia Zapata; y el representante de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, entre otros funcionarios.

Luego de que este martes comenzara el debate en las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, la legisladora Blanca Osuna criticó el proyecto presentado por Benedetti y demás diputados nacionales que busca regular el uso de agroquímicos a nivel nacional.

“El proyecto no busca preservar la salud humana, es un traje a medida de quienes producen agroquímicos nocivos para la producción agrícola”, expresó en su cuenta de X.

Además, indica ciertas contradicciones en el articulado. “Mientras plantea `regulación´, habilita el uso de veneno en el aire, el suelo y cursos de agua, cerca de escuelas y viviendas”. Y agrega: “La iniciativa ignora la evidencia científica y los fallos judiciales que ya advirtieron el riesgo y condenaron fatales consecuencias”.

Por otra parte pidió que el sector agrícola opine y que los diputados integrantes de las comisiones inviten a “las voces de médicos, científicos independientes, docentes rurales y vecinos afectados que hasta ahora están silenciadas”.

El objetivo fue coordinar acciones de prevención, vigilancia, diagnóstico y manejo ante el riesgo de ingreso y establecimiento de esta maleza parásita conocida comúnmente como jopo del girasol que afecta los cultivos en distintas regiones de América del Sur.

El encuentro fue convocado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en el marco de la Resolución 1347/2024 que establece la alerta fitosanitaria nacional.

En representación de la provincia participó la técnica de la Dirección de Agricultura, María Fernanda Retamar y contó con la participación de representantes de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, ministerios de Agricultura provinciales, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación de Semilleros Argentinos, la Asociación de Cultivos Extensivos, técnicos y referentes del sector productivo de girasol.

Durante la reunión se presentó un panorama actualizado sobre la situación de Orobanche cumana en Sudamérica. Si bien la plaga no se encuentra presente en Argentina, sí ha sido detectada en Bolivia, lo que representa una amenaza potencial por su cercanía geográfica. En ese sentido, se subrayó la necesidad de reforzar los controles en fronteras, la fiscalización de semillas importadas y el monitoreo en las zonas productoras de girasol.

Los técnicos del Senasa y del INTA expusieron los lineamientos de trabajo acordados, que incluyen el diseño de protocolos de vigilancia y muestreo, la capacitación de inspectores y técnicos para la identificación de la maleza, y la implementación de un sistema de notificación inmediata ante sospechas en campo. También se avanzará en la validación de métodos de diagnóstico de laboratorio y en la estandarización de los procedimientos para la confirmación de casos.

Se destacó la importancia de fortalecer las medidas cuarentenarias y preventivas, especialmente en lo referente a la importación de semillas y al movimiento de maquinaria agrícola, implementando protocolos de limpieza y desinfección que eviten la diseminación accidental de semillas contaminadas.

Asimismo, se debatieron estrategias de manejo en caso de detección, priorizando el uso de híbridos resistentes, la rotación de cultivos y la eliminación temprana de focos. El comité acordó la elaboración de un plan de acción interinstitucional que contemple investigación, capacitación y comunicación, incluyendo la producción de materiales técnicos y de divulgación para productores.

Las provincias manifestaron su compromiso de aportar recursos humanos y técnicos para la vigilancia local, mientras que el Senasa actuará como organismo coordinador y punto de referencia para la recepción de denuncias.

Finalmente, se resaltó que la detección temprana y la acción coordinada son claves para evitar el ingreso y establecimiento de Orobanche cumana en el país, resguardando la sanidad y competitividad del cultivo de girasol argentino.

El ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernaudo y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Hó, encabezaron la actividad. Bernaudo destacó la gran concurrencia de productores y aplicadores, y aseguró que "esta es una tecnología que avanza a paso muy veloz y representa un salto cualitativo". Además, subrayó que el gobierno provincial impulsará la capacitación de los operarios y avanzará en la normativa necesaria para no frenar el progreso.

La directora de Agricultura, Carina Gallegos, explicó que el ciclo de formación busca que los operarios obtengan el carnet habilitante para el uso de esta tecnología, amparado en la Ley 11.178 de Buenas Prácticas. Gallegos mencionó que, debido a la gran cantidad de interesados, se tuvo que segmentar la capacitación en dos instancias, la próxima a realizarse en octubre.

Además de las capacitaciones con drones, la funcionaria detalló que este año se realizaron seis jornadas para operarios con equipos terrestres, alcanzando a 600 personas. También se llevaron a cabo talleres de concientización para el público en general y funcionarios, con cerca de 1.000 participantes, todo en el marco del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos.

Por su parte, el especialista Eugenio Lobo Vallejo destacó la importancia de formar a recursos humanos calificados y de seguir avanzando en la legislación. El experto también se refirió a las variables clave para una aplicación de calidad, como los parámetros de vuelo del dron, las condiciones meteorológicas y la evaluación del objetivo y la mezcla a aplicar.

Aunque el último cuatrimestre del 2025 ya comenzó, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la Nación sigue sin actividad. El despacho permanece cerrado y no se registran reuniones desde el 6 de mayo, cuando se definieron sus autoridades. Alfredo De Ángeli, senador del PRO por Entre Ríos, fue designado presidente, y el radical Daniel Kroneberger como vicepresidente. Desde entonces, no hubo avances ni nuevos proyectos ingresados.

El 2025 ha sido todo menos tranquilo para el sector agropecuario. Las discusiones sobre la baja de retenciones, los recortes en el INTA y el Senasa, y la desregulación de cadenas agroindustriales marcaron la agenda pública. Sin embargo, estos temas no llegaron al Senado. Según el portal Bichos de Campo, la última actividad formal de la comisión data de mayo, y los proyectos disponibles en la web oficial son de 2024.

Lo que comenzó como una alianza entre senadores de Juntos por el Cambio y el bloque oficialista de La Libertad Avanza terminó sin resultados concretos. La estrategia de “no obstaculizar” se tradujo en evitar que la oposición, con mayoría en la comisión, introdujera proyectos contrarios a los lineamientos del gobierno. Temas como los fondos para el algodón, la ley ovina y la cadena yerbatera quedaron fuera del debate.

Fuentes consultadas señalaron que la negativa a abrir la comisión en el Senado provino, en algunos casos, de la propia Secretaría de Agricultura o por pedido de Federico Sturzenegger. La oposición intentó avanzar con proyectos, pero el oficialismo se negó a incluirlos en el temario. “Si se abría la comisión, la oposición metía 20 goles”, explicó una fuente.

La falta de actividad no es exclusiva de Agricultura. Comisiones como Industria y Comercio también enfrentan dificultades para sesionar. Cuando logran abrirse, muchas veces no alcanzan el quórum necesario para avanzar en el tratamiento de proyectos clave. Así, temas como la Ley de Manejo del Fuego y los warrants siguen sin discusión parlamentaria.

La Expo, organizada por la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG) tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el predio que la Sociedad Rural tiene en Urquiza al oeste y ruta nacional 14, tendrá los atractivos de siempre que lo hacen una ocasión para el disfrute familiar, al tiempo que sigue agregando la participación de la sociedad en varias actividades.

La historia de la entidad ha estado siempre unida al acompañamiento y el compromiso comunitario y es en ese mismo norte que se intenta que la Expo Rural integre a diferentes actores sociales, logrando una verdadera celebración que reúna tanto al campo como a la ciudad.

En ese marco de acción, el sector tradicional de gastronomía estará a cargo de cuatro cursos de colegios secundarios que salieron sorteados oportunamente. La Escuela N° 7 de Sarandí explotará la cantina del sector de Caballos Criollos. Alumnos de nivel medio y universitario participarán de la jura estudiantil de reproductores, coordinado por la Carrera de Medicina Veterinaria (UNER) de nuestra ciudad.

La cobertura de emergencia médica será prestada por el Hospital Bicentenario y el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado II. El servicio de limpieza estará a cargo de una cooperativa local.

Las jornadas AgTech en el marco de la Tecnoproductiva une en la organización a la SRG, el INTA local y la Dirección de Producción.

La Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (Codegu) tendrá su espacio para los emprendedores. El Instituto Agrotécnico desarrollará la Granja Vivencial.

La elección de los mejores stands será responsabilidad de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Superior Juventud Unida, también se han cedido espacios para el Escuadrón de Caballería Blindado II, la Policía de Entre Ríos, la Unidad Penal N°9, la Municipalidad de Gualeguaychú, Bomberos Voluntarios, la Micro Región, Asamblea Ambiental, Capullos, la Fundación Ingeniería Sin Fronteras, organización Aves Gualeguaychú, entre otros.

Eduardo Calot, presidente de la entidad organizadora indicó que “trabajamos para seguir manteniendo el lugar de privilegio dentro del circuito de exposiciones entrerrianas. La idea es continuar en el mismo camino y edición tras edición ir agregando atracciones para que sea otra vez una Expo multitudinaria y de gran nivel. A esta altura, la de este año va a ser la más grande para nuestra Rural y superar lo de 2024 es un éxito en sí mismo. Será un verdadero lugar de encuentro para toda la familia gualeguaychuense y así lo vivimos en la previa”.