El acuerdo integral entre Estados Unidos y Argentina establece un marco de comercio recíproco con impactos directos en la agro industria, el acceso a tecnología y la propiedad intelectual. Busca eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, alinear regulaciones técnicas y agilizar registros. Sin embargo, el análisis muestra un escenario desigual: Argentina abre rápidamente su mercado a productos estadounidenses, mientras que los beneficios para la producción nacional aparecen más condicionados y a largo plazo.

Argentina logró ampliar la cuota de carne vacuna libre de aranceles hacia EE.UU. a 100.000 toneladas anuales desde 2026. Aunque es un avance para la cadena bovina, el acuerdo exige una apertura inmediata para carnes porcinas y avícolas estadounidenses, con plazos estrictos y simplificación de registros. En lácteos, Argentina se compromete a no aplicar restricciones ni proteger términos como “parmesan” o “mozzarella”, lo que puede afectar la identidad de productos locales y limitar la diferenciación en mercados externos.

El tratado fija cuotas arancelarias para almendras, pistachos, vino, papas fritas congeladas y golosinas de origen estadounidense. Además, Argentina deberá implementar en seis meses un plan para erradicar el trabajo infantil en producciones críticas como algodón, ajo, uvas y yerba mate. Aunque socialmente positivo, el plazo resulta exigente para economías regionales con escasos recursos de control y fiscalización.

La importación de maquinaria usada de EE.UU. se habilita mediante la modificación del Decreto 273/2025. Esto abarata el acceso a tecnología, pero amenaza a la industria nacional de maquinaria agrícola, que ya enfrenta dificultades para competir. En insumos, se fijan aranceles 0% para fertilizantes clave, lo que reduce costos de producción pero genera dependencia externa en un rubro estratégico.

Argentina se compromete a ratificar el Convenio UPOV 1991 antes de 2027 y el Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) antes de abril de 2026. Estas medidas alinean al país con estándares internacionales, pero refuerzan el dominio de multinacionales sobre semillas y biotecnología, limitando la soberanía científica y la capacidad de innovación local.

El acuerdo redefine la relación bilateral y abre oportunidades para sectores como la carne vacuna. Sin embargo, la apertura acelerada de mercados sensibles, la dependencia tecnológica y los compromisos en propiedad intelectual plantean riesgos para la competitividad argentina. El desafío será implementar políticas complementarias que protejan a los productores locales y aseguren que la reciprocidad prometida se traduzca en beneficios reales para la agroindustria nacional.

La Comisión Europea encendió las alarmas en la agroindustria argentina al publicar un documento técnico que revisa los criterios del ILUC (cambio indirecto del uso del suelo). Por primera vez, la soja fue incorporada a la categoría de “alto riesgo ambiental”, equiparada al aceite de palma. De avanzar esta clasificación, la Unión Europea dejaría de importar biodiésel y aceite de soja para biocombustibles, cerrando de hecho el único mercado relevante para el producto argentino.

El nuevo esquema favorecería al aceite de colza, producido mayoritariamente dentro del bloque europeo.

Para la Argentina, el impacto sería crítico: pérdidas anuales estimadas en u$s350 millones, cierre de plantas industriales y pérdida de empleos. “La medida europea es una barrera injustificada al comercio”, denunció Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, quien cuestionó el sustento técnico del informe. Según explicó, la superficie sembrada de soja en el país viene disminuyendo desde hace más de una década y no implica pérdida de carbono en el suelo.

La industria sostiene que el biodiésel argentino cumple con estándares ambientales exigentes y cuenta con sistemas de trazabilidad que garantizan producción sustentable, muy lejos de los procesos que motivaron restricciones al aceite de palma en Asia. Sin embargo, interpretan que la decisión tiene un trasfondo político vinculado a las tensiones internas de la UE y al demorado acuerdo comercial con el Mercosur. “No es un debate científico sino político”, advirtió Idígoras, al señalar que la medida busca proteger a productores europeos y limitar el ingreso de biocombustibles más competitivos.

Ante este escenario, CIARA-CEC trabaja junto al Gobierno en una estrategia de defensa comercial y diplomática. Entre las opciones figuran acciones legales internacionales, incluso un panel en la Organización Mundial del Comercio y denuncias en el marco del acuerdo UE–Mercosur. El conflicto se suma a un contexto delicado para la agroindustria argentina, que enfrenta márgenes ajustados y presión fiscal. Una eventual pérdida del mercado europeo sería uno de los golpes más duros para el sector en los últimos años.

La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), que representan el 48% de las exportaciones argentinas, informaron que en diciembre la agroindustria inyectó 1.015 millones de dólares al Mercado Único y Libre de Cambios. Con esa cifra, el aporte total del año alcanzó los 31.335 millones de dólares, convirtiendo al 2025 en el tercer mejor año desde que, tras la crisis de 2001, las empresas del sector quedaron obligadas a liquidar sus ingresos en dólares en el Banco Central.

Ese flujo de divisas es el que permite a los gobiernos operar con el tipo de cambio según sus intereses políticos. En general, las gestiones han optado por atrasarlo para contener la inflación y estimular el consumo. En este contexto, el gobierno de Javier Milei y su ministro Luis Caputo tuvieron un desempeño destacado: el ingreso de divisas fue un 25% superior al de 2024, gracias a buenas cosechas y mecanismos que adelantaron liquidaciones.

En perspectiva histórica, sólo Alberto Fernández logró cifras mayores: 32.807 millones en 2021 y el récord de 40.438 millones en 2022, impulsados por precios internacionales excepcionales. Luego, la sequía de 2022/23 derrumbó la liquidación a apenas 19.740 millones, una de las más bajas del ciclo. En 2024, el sector recuperó terreno con 25.090 millones.

Por eso, Milei y Caputo no tienen demasiados motivos para quejarse. Con semejante volumen de divisas, contaron con margen suficiente para intervenir en los mercados cambiarios y hasta acumular reservas, como reclamaba el FMI.

Desde Ciara-CEC destacaron que diciembre fue un mes clave: el ingreso fue un 33% mayor al de noviembre, impulsado por el inicio de embarques de trigo y cebada y la continuidad de exportaciones de soja y derivados. Ese flujo se explicó por el anticipo de liquidaciones en septiembre, cuando el Decreto 682/2025 suspendió temporalmente los derechos de exportación y permitió adelantar 7.000 millones de dólares en pocos días.

En definitiva, el 2025 cerró como un año de abundancia para la agroindustria y de disponibilidad de divisas para el gobierno. La crítica, entonces, no pasa por la falta de dólares, sino por cómo se administraron y qué decisiones políticas se tomaron con ellos.