Un centro de acopio de envases vacíos de fitosanitarios fue clausurado de manera definitiva en el departamento Nogoyá por orden del Gobierno de Entre Ríos, luego de comprobarse que operaba sin habilitación y bajo condiciones de alta peligrosidad ambiental. La sanción al titular del predio asciende a más de 46 millones de pesos y se complementa con la exigencia de un plan de remediación ambiental.

El operativo de intervención se llevó a cabo en mayo de 2024, con participación de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, la Policía provincial y la organización Campo Limpio. Durante tres días se inspeccionó el lugar —ubicado en el kilómetro 375 de la Ruta Nacional 12, cerca de Aranguren— y se detectó una gran cantidad de envases de agroquímicos almacenados sin autorización, en instalaciones que no cumplían normas mínimas de seguridad.

Según el informe oficial, el material plástico contaminado era derivado a procesos de reciclado, y con él se fabricaban productos de uso cotidiano, a pesar de los riesgos para la salud pública y el ambiente. Se trataba de una práctica prolongada, presuntamente replicada anteriormente en otro sitio cercano, también ligado a los mismos responsables.

En cumplimiento de la ley de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, el material fue retirado y trasladado a un Centro de Acopio Transitorio para su disposición segura. Campo Limpio, como entidad asignada para tal fin, supervisó este proceso.

Tras un sumario iniciado en 2024, la Secretaría de Ambiente emitió la Resolución N.º 1.220 que dispuso el cierre definitivo del predio y la sanción económica. Se aplicaron normativas claves como la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la Ley General del Ambiente y la ley específica sobre fitosanitarios.

El plan de remediación exigido es una pieza central para revertir el daño ambiental causado, que podría incluir contaminación del suelo y riesgo para las napas. La documentación del caso fue remitida a las autoridades judiciales para evaluar posibles responsabilidades penales.

Este procedimiento se inscribe en una política de mayor control sobre la trazabilidad de los residuos peligrosos generados por la actividad agropecuaria. En la provincia, el uso indebido o la mala disposición de envases de agroquímicos ha sido objeto de múltiples denuncias, debido a su persistencia en el ambiente y su potencial impacto sobre comunidades rurales.

Desde el área ambiental del gobierno provincial se busca fortalecer los mecanismos de fiscalización y promover el cumplimiento estricto de las normativas vigentes, para evitar que prácticas clandestinas continúen poniendo en riesgo la salud y los recursos naturales.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos oficializó, mediante la Resolución N.º 1109/25, el “Protocolo de actuación ante casos de aplicaciones con productos fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales”. El documento establece zonas de exclusión, amortiguamiento y libre aplicación según la distancia a los establecimientos educativos y el tipo de equipo utilizado.

“Este protocolo pone en el centro la salud de niñas, niños y adolescentes del ámbito rural, sin desatender la producción”, declaró la secretaria del área, María Inés Farías.

El protocolo define tres zonas:

Además, en la zona intermedia se deberá notificar con al menos 48 horas de anticipación, ajustar las aplicaciones a contraturno escolar, y garantizar la presencia de un asesor fitosanitario habilitado.

Desde el sector rural, surgieron críticas. Carlos Luján, referente de la Federación Agraria de Entre Ríos, sostuvo que “si bien coincidimos en la necesidad de regulación, los límites establecidos son desmedidos para la escala de muchos pequeños productores. Pedimos diálogo para evitar parálisis productiva”.

El protocolo también establece cómo actuar en caso de denuncias de aplicaciones indebidas, señalando como vía principal la exposición policial con documentación detallada y pruebas complementarias.

Con esta resolución, Entre Ríos busca marcar una hoja de ruta que equilibre la actividad agropecuaria con el derecho a un ambiente sano para los entornos escolares. Ahora resta ver cómo se instrumentará en el territorio y si se abrirá la mesa de diálogo con el sector productivo para lograr consensos. (Fuente: Federación del Citrus de Entre Ríos)

Las banderas contra el uso indiscriminado de agroquímicos se levantaron en Gualeguaychú, tras conocerse el impacto en la salud de la población.

La gestión de Esteban Martín Piaggio prohibió su uso, acopio y comercialización en el ejido de Gualeguaychú, pero rápidamente fue dado de baja por el nuevo Concejo Deliberante, y por orden del intendente Davico.

Pero el cuidado de la vida y el ambiente sigue siendo prioridad para gran parte de la comunidad. Ahora, el conflicto surge desde el Parque Industrial de Urdinarrain, pero las consecuencias y el impacto llegarían a las aguas del río Gualeguaychú.

EL ARGENTINO entrevistó a la ex concejal, Mónica Feyt, quien denunció a la empresa de agroquímicos. Aseguró que el Concejo Deliberante de la localidad, aprobó la venta del terreno por vía de excepción y llevó toda la documentación a una audiencia pública.

El proyecto es de la firma “Agricultores Federados Argentinos S.C.L”, quienes buscan instalarse como Servicios Generales de Acopio, Depósito y Comercialización de Granos y Agro insumos en General.

-¿Cómo se desarrolló la audiencia pública donde se presentó esta denuncia?

-La audiencia prevé la presentación de objeciones escritas para luego discutirlas. Básicamente, lo que hice es proporcionar un marco de referencia para que la gente entienda el tema, ya que con tanto contenido técnico y normativo puede ser difícil de interpretar. Mi análisis se centra en el predio del parque industrial y el lote número 14, que se vendió a la empresa. Detecté varias irregularidades y falta de transparencia en el proceso de venta. Lamentablemente, en la audiencia se censuró parte de mi presentación, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

-¿Cuándo se vendió este lote y cómo comenzó esta historia?

-La historia comienza en 2022, cuando Agricultores Federados Argentinos (AFA) se instala en Urdinarrain y abre una oficina en pleno centro, en una ubicación privilegiada. A partir de ahí, inicia el pedido de reserva del lote y presenta la documentación correspondiente. El expediente tiene alrededor de 400 páginas, lo que lo hace difícil de analizar para cualquier ciudadano. En mi investigación, encontré muchas irregularidades y una clara tendencia a beneficiar a la empresa, incluso violando y modificando ordenanzas para facilitar su instalación.

-¿Qué ordenanzas se están violando para permitir el avance de la empresa?

-Principalmente, la ordenanza 296/97, que establece la creación del Ente de Promoción de Negocios y Empleo (EPE), responsable de administrar y controlar el parque industrial. Este ente debe velar por la conservación del medio ambiente y la adecuada utilización de los terrenos. Sin embargo, en este caso, se han pasado por alto varios incisos que regulan la protección ambiental y el uso del suelo. Además, se viola la ordenanza que regula la venta de parcelas y el uso del suelo, ya que el lote 14 está designado como zona industrial, pero fue vendido para la comercialización y acopio de agroquímicos. Otras normativas afectadas son la 341/29 y el Código de Planeamiento Territorial, Ambiental y Urbano de la ciudad, que garantizan la sustentabilidad y el control de calidad ambiental.

-¿Tu trabajo es como ciudadana o estás vinculada a algún partido político?

-Lo hago como ciudadana, porque siempre he estado involucrada en estas denuncias. He denunciado irregularidades en otras empresas del parque industrial y también a vecinos que utilizaban agroquímicos dentro de la ciudad. Si bien fui concejala, mi rol en este caso es estrictamente ciudadano. De todas formas, mi experiencia en el Concejo me permite analizar ordenanzas con mayor profundidad.

-¿Has recibido alguna respuesta del Ejecutivo municipal?

-Cuando presentás una objeción por escrito, el municipio y la empresa tienen 10 días para responder. En la audiencia, el Secretario de Obras Públicas, me censuraron parte del escrito y fue evidente que yo era la única en ese espacio con un reclamo fundamentado. En teoría, el municipio debería darme una respuesta en relación a mis inquietudes, pero la realidad es que estas audiencias parecen ser meramente formales y no un espacio real de diálogo. La decisión de instalar la empresa ya está tomada.

-¿Este reclamo es en el ámbito municipal o judicial?

-Es en el ámbito municipal, bajo el marco de la ordenanza de audiencias públicas. Sin embargo, en la práctica, te convocan pero no te dejan hablar demasiado, censuran textos y solo buscan cumplir con la formalidad de la audiencia, mientras que las decisiones ya están definidas.

-¿Cuándo se prevé que la empresa comience a operar?

-Según una nota publicada recientemente, la empresa ya es considerada parte del parque industrial de la provincia. O sea, para ellos ya está instalada, sin ninguna discusión real.

-¿Cuál es la actividad de esta empresa y qué antecedentes tiene?

-Agricultores Federados Argentinos es una cooperativa con 36.000 productores asociados y presencia en más de 130 ciudades del país. Es la más grande de Argentina y una de las más grandes de América Latina. En nuestra provincia tiene oficinas en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay. Además, tiene antecedentes de denuncias ambientales y laborales, como el caso de un trabajador fallecido por exposición a fosfuro de aluminio en una planta de acopio en Santa Fe. Es un producto altamente tóxico y de uso prohibido por la ley de residuos peligrosos.

-¿Por qué creés que el municipio favorece a esta empresa?

-Dicen que hay 50 productores interesados en que funcione como facilitadora de insumos y servicios. El plan de la empresa prevé la construcción de oficinas, depósitos de agrotóxicos, fertilizantes líquidos y sólidos, expendio de combustible y más. Además, el lote 14 está en el extremo del parque, cerca del arroyo Punta Salina, que tiene una cuenca hidrográfica importante y que podría verse gravemente afectada.

-¿La empresa trabajará con efluentes?

-Sí, pero dicen que no contaminarán, lo cual es poco creíble. Aseguran que el parque industrial tiene una planta de tratamiento de efluentes, pero en 2010 denuncié una cooperativa por un mal manejo de residuos y nunca pude acceder a información sobre las sanciones o medidas correctivas. Cualquier contaminación en un curso de agua es un delito federal y esto no parece importarles.

-¿Considerás que se violó la ley de ética pública?

-Sí, porque los funcionarios no cumplieron con su deber al permitir estas irregularidades y otorgarle a la empresa una posición privilegiada. Violan ordenanzas y favorecen a una corporación en perjuicio del ambiente y la salud pública. Es un escándalo.

Este miércoles, poco después de las 11:30, un incidente protagonizado por un avión aeroaplicador causó conmoción en la zona rural de Villa Mantero. Por causas que aún se investigan, la aeronave golpeó el tendido eléctrico que atraviesa un campo cercano al establecimiento de la familia de Raúl Rudaz, ubicado a aproximadamente mil metros al norte del área urbana de la localidad.

Tras el impacto, el avión se precipitó con violencia al suelo, sufriendo severos daños en su fuselaje, hélice y planta motriz. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el piloto, un joven oriundo de Villaguay, salió completamente ileso del accidente.

La aeronave accidentada, identificada con la matrícula LV-VAT, era una de las dos que sobrevolaban la zona al momento del siniestro.

Una testigo aseguró que el avión volaba a una altura peligrosamente baja, tanto que en un momento pareció rozar las copas de los árboles que rodean la propiedad de los Rudaz. (fuente: FM Riel)