La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) presentó en Misiones la yerba mate La Soberana, elaborada por cooperativas campesinas y pueblos originarios. El proyecto surge como respuesta a la fragilidad del sector yerbatero, golpeado por la caída del precio de la hoja verde y la desregulación instaurada por el decreto 70/23

La iniciativa reúne a la Cooperativa Agrícola Ganadera San Vicente, Eco Vida, Proyectando Futuro y Productores Independientes de Piray (PIP), junto a familias campesinas y comunidades guaraníes como Aguay Poty. En total, entre 500 y 600 familias participan del proyecto, que garantiza un proceso productivo libre de agrotóxicos, sin explotación laboral ni trabajo infantil, y con un estacionamiento prolongado de 180 días, poco habitual en el mercado.

El convenio con el establecimiento Pérez Hermanos asegura acopio, molienda y envasado, mientras que la primera tanda alcanzó los 10.000 paquetes elaborados a partir de 60.000 kilos de hoja verde agroecológica. El diseño del proyecto también permitió reincorporar a pequeños productores al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tras haber quedado fuera del sistema formal.

Para Marcos Carballo, presidente de la Cooperativa San Vicente, La Soberana representa “una forma distinta de producir, respetando el ciclo natural de la planta y las manos que la trabajan”. El objetivo central es diversificar las chacras y evitar el monocultivo que expulsa familias del territorio.

En un contexto donde la hoja verde se paga entre 150 y 200 pesos por kilo —muy por debajo de los 450 reclamados en 2024—, La Soberana organiza su esquema de negocios en base al comercio justo. “Trabajamos para que todos los actores de la cadena productiva cobren de manera justa”, señaló Carballo. Orlando Barboza, productor de San Pedro, agregó que el proyecto contempla “el cuidado del suelo, el uso racional del agua y la protección de los bosques”. El logo de la marca, con campesinos cosechando y una abeja sobrevolando la escena, simboliza la biodiversidad y el equilibrio con el entorno. Fuente: agenciatierraviva.com.ar

El acceso al agua potable segura es un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Sin embargo, en Argentina y particularmente en Entre Ríos la brecha entre la normativa y su aplicación efectiva expone una crisis que se arrastra desde hace décadas. La contaminación industrial, los efluentes cloacales sin tratamiento y la falta de políticas públicas sostenidas ponen en riesgo tanto la salud de la población como la biodiversidad de los ríos y arroyos.

En diálogo con EL ARGENTINO, la abogada ambientalista Valeria Inés Enderle, directora ejecutiva de Fundación Cauce (Cultura Ambiental – Causa Ecologista), subrayó que “no es un problema de falta de normas, sino de control y aplicación deficiente”. Su mirada crítica revela que el agua, pese a estar protegida en los textos legales, sigue siendo un recurso vulnerado por la desidia estatal y por modelos productivos que priorizan la rentabilidad sobre la sustentabilidad.

La reforma constitucional de 1994 incorporó en el artículo 41 el derecho de todas las personas a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Ese principio incluye el acceso al agua potable segura. A nivel internacional, los tratados sobre derechos económicos, sociales y culturales también lo reconocen como fundamental.

En Entre Ríos, la reforma de 2008 dio un paso más: “Particularmente me parece importante destacar que, en nuestra Constitución, desde la reforma del 2008, la Constitución de Entre Ríos, en el artículo 85, tiene específicamente un párrafo dedicado al agua como recurso natural colectivo y esencial. En este artículo se hace referencia al acceso al agua saludable, potable y, obviamente el saneamiento también es un derecho humano fundamental.”

Sin embargo, como comentó Enderle a EL ARGENTINO, que, además, tiene una sólida formación académica en derecho ambiental y urbanismo y es una referente en la defensa del acceso al agua y la justicia ambiental en Entre Ríos, “las normas existen, pero muchas han quedado vetustas frente a los estándares internacionales que actualiza la Organización Mundial de la Salud. El problema es que los mecanismos de control son débiles y la aplicación es deficiente”.

La contaminación del agua no es un fenómeno nuevo. Desde el siglo XIX, las industrias y actividades productivas han volcado residuos en ríos y arroyos. Hoy, con mayor tecnología y capacidad de prevención, el problema persiste. Ciudades como Paraná y Rosario continúan arrojando efluentes cloacales maltratados o sin tratar al río Paraná, mientras que el río Uruguay sufre impactos similares.

“Esto tiene que ver con una situación histórica, con una cuestión de decidir implementar políticas públicas que también se relacionan con la salud. Con presupuestos que consideran el acceso al agua como un gasto más que una real inversión en términos estratégicos”, dijo Enderle.

La lógica de priorizar obras visibles por sobre la infraestructura hídrica genera un círculo de postergación que multiplica los costos sociales y ambientales: “Es más conveniente ver una calle asfaltada que el mejor acceso al agua potable en un barrio o en una ciudad ya que ese trabajo no es tan visible o no tienen un efecto inmediato en la gente”.

La falta de participación ciudadana agrava el problema: “En ese sentido, nosotros creemos que es fundamental que las personas no solamente estén informadas respecto de la calidad del agua que están consumiendo, sino también ser conscientes de a dónde van los desechos que se generan también. Entonces me parece que el acceso a la información y la intervención social en este punto son claves.”

La abogada se refirió a este compromiso cívico: “La participación tiene que ser real y debemos entender que postergar este tipo de políticas siempre va a generar mayores costos y mayores daños no solamente en lo que tiene que ver con la salud pública sino también en lo que tiene que ver con lo ambiental, el cuidado de la biodiversidad y en definitiva la salud también de nuestros ríos y arroyos”.

La contaminación del agua impacta directamente en la biodiversidad. Aves, humedales, flora y fauna sufren alteraciones en la cadena trófica y pierden capacidad de resiliencia. Los alimentos que dependen de estos ecosistemas también se ven afectados, desde peces hasta cultivos irrigados con aguas contaminadas.

“La crisis hídrica tiene relación con el modelo productivo, pero no únicamente pensándolo en un modelo productivo exclusivo o específico de nuestro territorio. “Tiene que ver con un patrón coyuntural universal, con un sistema que a nivel mundial viene dejando consecuencias graves y nefastas, que es el sistema capitalista”, aseguró Enderle.

En relación a Entre Ríos, la profesional manifestó: “En nuestra provincia la crisis pasa por lo que tiene que ver con el uso intensivo de agrotóxicos, de las tecnologías ligadas a lo biológico, lo que tiene que ver con la contaminación de industrias y de vertidos cloacales de las ciudades”.

El uso intensivo de agrotóxicos, la presión industrial y los desmontes se suman al calentamiento global, generando un escenario crítico. “Es necesario discutir modelos de producción más sustentables, como la agroecología o la ganadería regenerativa”, afirmó la abogada ambientalista en diálogo con EL ARGENTINO.

La urgencia es evidente: postergar políticas de saneamiento y control solo profundiza los daños en la salud pública, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. “Creemos que el actuar tiene que ser ya, es urgente, no podemos seguir esperando”.

Frente a la inacción estatal, las organizaciones y vecinos cuentan con herramientas jurídicas para reclamar agua segura. El acceso a la información y la participación ciudadana son derechos instrumentales que fortalecen la defensa del ambiente.

Además, existen mecanismos judiciales como medidas cautelares, acciones colectivas, amparos y acciones populares. “La Justicia tiene un rol importante cuando la administración no cumple. Los jueces deben aplicar principios como la prevención, la precaución y la responsabilidad, incluso imponiendo sanciones a quienes incumplen”, señaló Enderle.

No obstante, un fallo judicial no sustituye las políticas públicas. El poder de solución sigue estando en la administración, que debe garantizar de manera participativa e informada el acceso al agua y al saneamiento.

El agua, reconocida como derecho humano y recurso esencial, continúa siendo vulnerada por la falta de control, la contaminación histórica y la ausencia de políticas públicas estratégicas. La crisis hídrica en Entre Ríos y en Argentina refleja un modelo productivo que privilegia la rentabilidad sobre la sustentabilidad.

La voz crítica de especialistas como Valeria Enderle, expone la urgencia de actuar: fortalecer los mecanismos de control, actualizar las normas, garantizar la participación ciudadana y asumir que el acceso al agua potable no es un gasto, sino una inversión en justicia social y ambiental. “Tenemos leyes en Argentina respecto de la sanidad del agua, de la potabilidad y del saneamiento, obviamente podrían mejorarse y podrían claramente generarse mecanismos de control mucho más eficientes”, concluyó la profesional.