La Cámara de Diputados de Entre Ríos sesiona este miércoles desde las 11:30 para tratar el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca reestructurar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en medio de un amplio rechazo por parte de los sindicatos estatales y agrupaciones de pasivos.

El proyecto de ley mantiene el 82% móvil como principio del sistema, pero introduce cambios estructurales significativos: establece un aumento gradual en la edad de retiro para equipararla con el esquema nacional, modifica el cálculo del haber inicial al ampliar la cantidad de años tomados para el promedio salarial y altera las alícuotas de aportes y regímenes especiales. Asimismo, la norma declara la emergencia previsional e impone aportes extraordinarios a los sueldos más elevados de la administración pública.

El texto llega al recinto luego de haber recibido más de 20 modificaciones en el Senado —fruto de reuniones con sindicatos, colegios profesionales y especialistas—, donde fue aprobado por 10 votos a favor y 7 en contra gracias al acompañamiento de dos senadoras de la oposición.

Seguí la sesión en vivo:

Mientras se desarrolla el debate legislativo, las calles de Paraná son escenario de una jornada de protesta masiva. Acompañando la medida de fuerza impulsada por gremios como AGMER, ATE, AMET y AJER, la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizó desde la sede del organismo previsional hasta la plaza Carbó, ubicada en la parte posterior de la Casa Gris.

La manifestación se siente de manera directa en el recinto: los equipos de sonido del cuerpo legislativo debieron ajustarse al máximo volumen para que los diputados puedan hacer uso de la palabra por encima del ruido de la marcha exterior.

Desde el sector sindical remarcan que la reforma representa un retroceso en los derechos conquistados y exigen que el déficit financiero del organismo se resuelva mediante fuentes alternativas sin alterar las condiciones de acceso ni el cálculo de los haberes. Por su parte, la gestión provincial defiende la urgencia de la medida argumentando el progresivo deterioro de la relación entre trabajadores activos y beneficiarios, así como la insostenibilidad del déficit fiscal que arrastra el sistema.

(Fuente: Redacción Provincial)

El acceso a Gualeguaychú será este miércoles 24 de junio el epicentro de una protesta regional contra la reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio. Desde las 10 hasta las 15 horas, trabajadores y jubilados de distintas localidades se concentrarán en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional 14 para expresar su rechazo al proyecto que se debate en el Senado entrerriano.

La acción, convocada por la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, se realizará en simultáneo con otras medidas en Concordia —en el peaje de la Ruta 14— y en Paraná, en la zona del Túnel Subfluvial. La jornada busca visibilizar el descontento de los gremios y organizaciones sociales frente a lo que consideran un retroceso en derechos adquiridos.

“Compañeros llegados desde Islas del Ibicuy, Concepción del Uruguay y Gualeguay, además de los trabajadores locales, estarán presentes en la volanteada”, detalló Alberto Mendoza, secretario general de ATE Gualeguaychú. Entre las organizaciones confirmadas figuran AMET, ATE, AGMER, AJER (judiciales) y el Centro de Jubilados, junto a numerosos trabajadores que se sienten afectados por el eventual impacto de la reforma en sus haberes.

Los gremios advierten que la iniciativa oficial eliminaría el 82% móvil, reduciría los haberes iniciales y otorgaría facultades extraordinarias al Ejecutivo provincial, lo que consideran inconstitucional. En paralelo, más de 50.000 firmas de entrerrianos fueron presentadas ante la Legislatura como expresión del rechazo ciudadano.

La protesta forma parte del plan de lucha que la Multisectorial sostiene en toda la provincia. Para los organizadores, el kilómetro 53 de la Ruta 14 es un punto estratégico que permite visibilizar la resistencia de la región y sumar voces al reclamo provincial.

La movilización de este miércoles será, además, una oportunidad para reforzar la unidad entre gremios y jubilados en defensa de la Caja de Jubilaciones. “Unidos y organizados defendemos nuestros derechos”, remarcan los convocantes, convencidos de que la presión social es clave para frenar la reforma.

El Senado de Entre Ríos trazó un esquema tentativo de exposiciones en el marco del debate por la reforma previsional. La agenda se extenderá desde el 10 de junio hasta el 1 de julio y contempla la participación de gremios, funcionarios, magistrados, jubilados y especialistas. La definición se produjo este miércoles en un plenario de comisiones, donde se dio inicio formal a la discusión de la norma enviada por el Poder Ejecutivo provincial.

La primera jornada está prevista para el miércoles 10 de junio a las 9, con la presencia de Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, y de Fabián Boleas, ministro de Economía. Ese mismo día, a las 15, se sumarán gremios docentes y estatales: AGMER, AMET, UDA, SADOP, ATE y UPCN.

El jueves 11 de junio a las 9 será el turno de otros sectores sindicales y asociaciones, entre ellos AJER, APLER, UEJN, FESTRAM y SUOYEM. La agenda continuará el martes 16 de junio a las 15, con la participación de la Federación de Jubilados y Pensionados, la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos y el Colegio de la Abogacía.

Para el miércoles 17 de junio a las 9 se prevé la incorporación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, aunque esa convocatoria aún figura como “sujeta a confirmación”.

El martes 23 de junio a las 15 se dará espacio a representantes de la Liga de Intendentes Justicialistas, la Liga de Intendentes Vecinalistas y la Liga de Intendentes de Juntos por el Cambio.

El miércoles 24 de junio a las 9 se escuchará a los ex presidentes de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione y Daniel Elías, junto a especialistas en derecho previsional y constitucional. Ese mismo día, a las 15, se reservará un espacio para universidades.

La última instancia está prevista para el miércoles 1 de julio, con horario aún por definir. Allí se retomará la discusión en comisión para evaluar los aportes recibidos y avanzar en la redacción final del dictamen.

El cronograma refleja la intención de abrir el debate a distintos sectores de la sociedad entrerriana, desde sindicatos y asociaciones profesionales hasta universidades y especialistas. La diversidad de invitados busca garantizar un análisis amplio de la reforma, que apunta a modificar aspectos sensibles del sistema previsional provincial.

El debate se da en un contexto de tensión política y social, con gremios que ya anticiparon su rechazo a cambios que puedan afectar derechos adquiridos, mientras que funcionarios insisten en la necesidad de garantizar la sustentabilidad financiera de la Caja. El Senado, con este esquema de audiencias, se convierte en escenario de un debate que promete ser intenso y prolongado, con miradas contrapuestas sobre el futuro de las jubilaciones en Entre Ríos.

El Plenario Provincial de Delegados de AJER expresó su oposición a la iniciativa que busca introducir cambios en el sistema de jubilaciones. Según advirtieron desde el gremio, el proyecto contempla la eliminación del 82% móvil, una posible reducción en los haberes y la desvinculación de los aumentos respecto de los salarios de los trabajadores activos.

Desde la organización sindical sostuvieron que la sustentabilidad del sistema previsional debe garantizarse sin afectar derechos fundamentales. En ese sentido, remarcaron que existen alternativas viables para fortalecer la Caja de Jubilaciones sin trasladar el costo a los beneficiarios.

En el marco del plan de acción definido, el plenario resolvió impulsar una movilización provincial, avanzar en la coordinación con otros gremios y organizaciones, y participar activamente en todas las instancias de diálogo que se habiliten.

La consigna central del reclamo se sintetiza en la defensa de una jubilación digna y el mantenimiento de las condiciones actuales del sistema previsional.

Cabe recordar que este jueves 26 de marzo AJER realizará un paro de 24 horas retomando las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. APF Digital.

La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) ratificó su plan de lucha por recomposición salarial y puso fecha a otros dos paros de 24 horas, que se desarrollarán el miércoles 18 y el jueves 26 de marzo.

La continuidad de las acciones fue resuelta por unanimidad en el Plenario Provincial de Delegados de AJER, que además hizo fuerte hincapié en reiterar las demandas tanto al Gobierno provincial como al Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Concretamente, los trabajadores judiciales entrerrianos reclaman respuestas sobre la recomposición del sueldo de los trabajadores/as y del pago del título, como lo establece el Estatuto del Empleado Judicial.

El Plenario además ratificó el “estado de alerta y movilización en defensa del 82% móvil, como lo estipula la actual Ley 8732”. El gremio destacó el alto acatamiento de la protesta en las distintas localidades entrerrianas: “Alcanza el 90%, lo que demuestra una fuerte y firme voluntad de defender nuestros derechos”. (Fuente: APFDigital)

En el marco de un plan de lucha iniciado a finales de 2025, la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) convocó para el viernes 6 de febrero, a un paro total de actividades por 24 horas en todos los tribunales de la provincia. La medida responde a la falta de respuestas del Ejecutivo provincial a los pedidos elevados en la Mesa Salarial del Poder Judicial.

Desde el gremio calificaron como “inaceptable” la situación económica que atraviesa el sector, denunciando que el sueldo de un escribiente sin antigüedad se encuentra actualmente por debajo de la línea de la canasta básica. En ese contexto, AJER ratificó un pliego de reclamos que incluye la recomposición salarial inmediata y el pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos.

Además de la cuestión salarial, los trabajadores judiciales exigen:

Uno de los puntos más sensibles del comunicado es la advertencia sobre posibles reformas en el sistema jubilatorio. AJER denunció que el Gobierno evalúa eliminar el 82% móvil, aumentar la edad jubilatoria y suprimir el beneficio conocido como “3x1”.

"Defenderemos nuestros derechos con unidad y determinación", afirmaron desde el sindicato, dejando en claro que, si bien mantienen la voluntad de diálogo para solucionar el conflicto, no darán marcha atrás con las medidas de fuerza hasta obtener una propuesta concreta que revierta el deterioro salarial de los últimos años.

La protesta de hoy se inscribe en una serie de acciones que el gremio viene sosteniendo desde fines del año pasado, con asambleas, movilizaciones y presentaciones formales. La expectativa está puesta en que el Gobierno provincial convoque a una instancia de negociación que permita destrabar el conflicto y atender las demandas de un sector clave para el funcionamiento institucional de Entre Ríos.

Los trabajadores judiciales de la provincia concretarán este viernes una nueva jornada de protesta, en el marco del plan de lucha dispuesto por la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER). La medida busca visibilizar el reclamo por una urgente recomposición salarial y el cumplimiento de pagos adeudados por parte del Ejecutivo.

Tal como lo había anunciado el gremio a principios de mes, el calendario de protestas contemplaba paros los días 5, 12 y 19 de diciembre, siendo esta última fecha la tercera instancia de interrupción de tareas en lo que va del mes.

El reclamo por los retroactivos

"Además de tener los sueldos con un gran atraso, el Gobierno nos debe los retroactivos de septiembre y octubre, y no nos paga los aumentos en tiempo y forma", señaló Chechi Segura, Secretario General de AJER, al explicar los motivos de la convocatoria.

El dirigente gremial manifestó su preocupación por la falta de certezas en el cronograma de pagos: "Al día de hoy no hay fecha para los retroactivos y no estarían liquidando los últimos aumentos ni con el aguinaldo ni con el sueldo de diciembre". Ante esta situación, el sindicato ya formalizó el reclamo ante las autoridades correspondientes para exigir la regularización de las liquidaciones.

Rechazo a los cambios en la movilidad jubilatoria

Otro de los ejes centrales del conflicto es el malestar generado por las posibles modificaciones en el sistema previsional. Segura fue tajante al respecto: "A esto hay que sumarle la decisión de modificar las condiciones de jubilación, cambiando el cálculo de la movilidad, que ya no será como hasta ahora".

Finalmente, el referente de los judiciales hizo un llamado a la unidad del sector: "Convocamos a las trabajadoras y trabajadores judiciales a redoblar la determinación con la que llevamos adelante las medidas de fuerza en defensa de nuestros derechos". (Fuente: APFDigital)

La medida fue resuelta en un Plenario Provincial de Delegados, ante la falta de respuestas del Gobierno a las demandas planteadas. Entre los puntos centrales se encuentra el pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos, la cancelación de la deuda de la Caja de Jubilaciones con los trabajadores pasivos del sector y la regularización de adicionales como el pago por título y por función para notificadores y evisceradores.

El primer paro tuvo lugar el viernes pasado y, según AJER, registró un acatamiento cercano al 84% en toda la provincia. La tercera y última jornada de protesta está prevista para el próximo viernes 19 de diciembre.

En paralelo a las medidas de fuerza, el gremio difundió un informe sobre la situación salarial y las condiciones laborales en el Poder Judicial entrerriano. El documento señala que el sueldo de noviembre de un escribiente sin antigüedad asciende a 1.073.000 pesos, “un monto que se ubica 18% por debajo de la canasta básica”. También destaca que el ingreso al Poder Judicial se realiza a través de concursos abiertos con amplia participación y altos niveles de exigencia, y que la mayoría de los empleados cuenta con títulos profesionales, entre ellos abogados, contadores, trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos e ingenieros.

El informe detalla que el Poder Judicial provincial cuenta con 2.754 trabajadores entre magistrados, funcionarios y empleados, quienes cubren más de 50 ciudades del territorio entrerriano. Pese a esa estructura, AJER advierte que las plantas de personal resultan insuficientes para la carga laboral existente y que en muchos organismos el trabajo se desarrolla bajo fuerte presión y con un desgaste emocional creciente.

La organización también presentó los resultados de la Encuesta de Salud Laboral realizada en 2024. El relevamiento indica que más de la mitad de los trabajadores afirma cumplir jornadas superiores a las reglamentarias, y que el 84% considera que la carga de tareas es “siempre” o “a veces” excesiva. El uso extendido del expediente digital aparece como un factor que intensificó las exigencias: el 38% reconoce que debe trabajar más horas y el 30% asegura que debe hacerlo con mayor rapidez.

Según el informe, cerca del 80% de los empleados vincula los síntomas o enfermedades que padece con las condiciones laborales actuales. Desde AJER insistieron en que la situación requiere “una respuesta urgente” del Gobierno provincial y reclamaron la reapertura de la paritaria para recomponer los haberes antes de fin de año.

La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) lleva adelante hoy el primero de los tres paros de 24 horas definidos para diciembre, una medida que se repetirá los viernes 12 y 19. La decisión fue tomada por el Plenario Provincial de Delegados, que reunió a representantes de 13 filiales y señaló la ausencia de respuestas del Gobierno provincial como principal motivo del endurecimiento del conflicto.

El gremio reclama una recomposición salarial urgente y una serie de pagos que considera postergados o incumplidos. Entre ellos, se destacan el pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos; la cancelación de la deuda de la Caja de Jubilaciones con los retirados del sector; la efectiva aplicación del pago por título para trabajadores y trabajadoras judiciales; y el adicional por función para notificadores y evisceradores.

La AJER sostiene que los salarios del sector se deterioran desde la ley de emergencia provincial de 2020, que congeló y limitó las actualizaciones. A esto se suma, remarcan, una secuencia de incrementos que quedaron por debajo de la inflación, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

El sindicato afirmó que la falta de avances obligó a sostener el plan de lucha iniciado el 28 de noviembre, una jornada que —según destacaron— registró un “altísimo acatamiento” en todas las jurisdicciones. Con este nuevo ciclo de protestas, buscan presionar al Ejecutivo para abrir una negociación que permita recomponer ingresos y regularizar los conceptos adeudados.

Mientras tanto, la AJER mantiene el estado de movilización y no descarta nuevas medidas si no se habilita una instancia de diálogo en los próximos días.

La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) resolvió lanzar tres nuevas medidas de fuerza de 24 horas para los próximos tres viernes de diciembre, en continuidad con el plan de lucha iniciado el 28 de noviembre. La decisión fue adoptada por el Plenario Provincial de Delegados con participación de 13 filiales, ante lo que consideran una falta total de respuestas del Gobierno provincial a los reclamos del sector.

El sindicato volvió a advertir que los salarios judiciales se encuentran “fuertemente deteriorados” desde la ley de emergencia provincial de 2020, que congeló y limitó las actualizaciones salariales. A eso, añadieron, se sumaron aumentos posteriores que no lograron equiparar la inflación acumulada. En este contexto, AJER reforzó su demanda de una recomposición urgente y denunció atrasos en pagos comprometidos.

El pliego de reclamos incluye el pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos, la cancelación de la deuda que la Caja de Jubilaciones mantiene con los pasivos judiciales, el reconocimiento del pago por título y la actualización del adicional por función para notificadores y evisceradores. Cada uno de estos puntos, sostuvieron, fue planteado en varias instancias sin avances concretos.

El sindicato destacó que el paro realizado el 28 de noviembre tuvo “altísimo acatamiento” en toda la provincia, lo que interpretan como señal del malestar creciente dentro del Poder Judicial. La continuidad de las medidas, remarcaron, es consecuencia directa de la falta de una propuesta salarial que atienda el desfase entre ingresos y costo de vida.

De cara a las nuevas huelgas, AJER convocó a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales a adherir de manera masiva a las jornadas de protesta previstas para el 5, 12 y 19 de diciembre. “Las medidas son en defensa de nuestros derechos y de un salario digno”, expresaron en un comunicado, al tiempo que insistieron en la necesidad de una negociación urgente que permita destrabar el conflicto y evitar que el malestar se profundice hacia fin de año.

La Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) declaró el estado de alerta ante los anuncios del Gobierno provincial sobre un posible proyecto para reformar la Ley 8732, que regula el régimen previsional de los trabajadores estatales. Desde el gremio advirtieron que cualquier intento de modificar la normativa “sin consenso ni discusión” pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema.

“Siempre estuvimos abiertos al diálogo para mejorar el sistema, defendiendo el 82% móvil y luchando para mantener nuestro sueldo sin adicionales que no aporten a la Caja”, señaló AJER en un comunicado. En ese sentido, destacaron que el régimen judicial no genera déficit, ya que los trabajadores “aportan por el 100% de sus ingresos”.

El gremio subrayó que la iniciativa oficial genera preocupación en todo el sector y recordó que la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos se sostiene por el aporte solidario y responsable de los empleados públicos. “Nos preocupa que se impulsen cambios sin consenso ni discusión, poniendo en riesgo un sistema que hemos sostenido con responsabilidad y compromiso”, expresaron.

Ante la incertidumbre, AJER inició contactos con otros sindicatos estatales para coordinar acciones conjuntas. “Comenzamos el diálogo con gremios con los que compartimos objetivos y el compromiso de defender la Caja de Jubilaciones”, confirmaron.

La organización ratificó su disposición a debatir propuestas que fortalezcan el sistema previsional, pero rechazó cualquier intento unilateral de modificación. “Seguimos en alerta, unidos y comprometidos en la defensa de nuestra Caja y de cada trabajador y trabajadora judicial”, concluyó el pronunciamiento.

La discusión por la Caja de Jubilaciones se reaviva en un contexto provincial donde el Ejecutivo busca equilibrar las cuentas públicas y reducir los aportes estatales al sistema. Frente a ello, los gremios reclaman que cualquier reforma se base en un debate amplio y garantice la preservación de los derechos adquiridos.

La decisión la tomó la Comisión Directiva de AJER junto a los Secretarios Generales de las Filiales. “La suspensión de las medidas de fuerza se hace con la solicitud de una pronta convocatoria a la constitución de la Mesa Salarial”, se expresó en un documento enviado a la agencia de noticias APFDigital.

En tanto, se mantiene “el estado de alerta y seguimiento de la evolución del diálogo con el resto de los sectores que integran el Poder Judicial de Entre Ríos, con el fin de lograr el objetivo de una equiparación salarial”.

AJER aguarda que la Mesa Salarial sea convocada a la brevedad por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y los Ministerios Públicos, teniendo en cuenta que estos institutos comparten la preocupación de los judiciales “sobre el grave atraso salarial que padecemos los empleados, fundamentalmente los de las categorías más bajas”, se subrayó.

Reclamo salarial. Fue la resolución que se adoptó en La Paz durante el plenario de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). “Hoy un escribiente, que es el primer cargo de la carrera administrativa, sin la antigüedad en la mano, está cobrando 970 mil pesos aproximadamente, muy por debajo del millón doscientos mil que está la canasta básica”, marcó José María Segura, secretario general de AJER.

“Hace mucho tiempo que nosotros no teníamos salarios tan bajos. Así que lo que se resolvió en el plenario de La Paz fue reclamar la equiparación con los sueldos de la Justicia de la Nación, bajo el principio de igual remuneración por igual trabajo, que está en el 14 bis de la Constitución Nacional”, dijo.

El dirigente detalló que el sindicato también reclama al Gobierno provincial “el pago en tiempo y forma de los salarios, porque nos están pagando atrasado, tanto los aumentos como los retroactivos. También estamos reclamando el pago de título, que el Estatuto de Empleado Judicial, del Poder Judicial, secundario, terciario y universitario, y estamos reclamando el pago de un adicional para los compañeros que trabajan en las oficinas de notificaciones y los evisceradores”.

Piden una mesa salarial

-Los judiciales tienen Ley de Enganche, y se supone que ya tienen garantizada la actualización salarial. ¿Qué pasa?

-Efectivamente, en el 2011 conquistamos una ley de enganche, con los aumentos que establece la Corte. El problema es que, desde diciembre del 2023, desde que asume el Gobierno Nacional nuevo, la Corte, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, ha dado aumentos que están hoy cerca del 30% por debajo de la inflación. Eso, sumado a lo que perdimos con la Ley de Emergencia del gobierno anterior provincial, del gobierno de Bordet, hace que la situación salarial nuestra sea muy complicada.

-¿Ustedes pretenden que haya una negociación salarial a nivel provincial, que se abra una paritaria?

-AJER pidió, y se va a poner en funcionamiento, la creación de una mesa salarial dentro del ámbito del Poder Judicial para se haga lugar a nuestro pedido de equiparación. Nosotros entendemos que una de las formas puede ser la equiparación con los sueldos del Poder Judicial de la Nación. Finalmente, el reclamo va a ser ante el Poder Ejecutivo Provincial.

De la Ley de Enganche al reclamo actual

-¿Esto hace mucho tiempo que no ocurre: la discusión salarial paritaria en la Provincia?

-La anterior vez que esa mesa salarial funcionó dentro del Poder Judicial fue en 2010, cuando hubo una situación parecida, con bajos sueldos. Fue entonces cuando se empezó a plantear la Ley de Enganche, que se consiguió en 2011.

El 26 de octubre de 2011, la Legislatura sancionó la Ley N°10.068 que estableció que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional,, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente”.

Es lo que se conoce como Ley de Enganche Salarial. La vigencia de la Ley de Emergencia Solidaria, que la Legislatura sancionó en julio de 2020 y que tuvo vigencia hasta junio último, dejó en suspenso la aplicación de esa ley y por tanto los salarios de los judiciales fueron resueltos por el Poder Ejecutivo. Pero sin Ley de Emergencia, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) salió a alertar que la Ley de Enganche sigue suspendida, y por eso resolvieron ir al paro en los Tribunales de la Provincia. Entre Ríos Ahora.

La decisión fue tomada en un plenario realizado en La Paz con la participación de las 13 filiales del sindicato. Entre los puntos planteados se incluyen:

AJER advirtió que el deterioro de los ingresos llevó el sueldo de un escribiente a $977.000, cifra por debajo de la canasta básica. El gremio fundamentó el pedido en el principio de “igual remuneración por igual tarea” consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Las medidas comenzarán el 16 de septiembre y se mantendrán durante dos semanas, con asambleas y retención de servicios los martes y viernes. Al finalizar ese período, el sindicato evaluará los avances en las negociaciones para definir si continúa con el plan de lucha o profundiza las medidas.

“El Juzgado de Ejecución de Penas tiene la función de estar permanentemente en contacto con los juzgados penales y con la unidad penal, son los que asisten y llevan el control de todos los cumplimientos de sentencias del fuero penal. Generalmente, quienes asisten a un Juzgado de Ejecución de Penas son los reclusos, que están en la Unidad Penal Nº 9. Entonces, lo que estamos intentando hacer es llevar el juzgado ahí, en vez de estar pagando un alquiler de 3 millones de pesos”, expresó, días pasados, Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer).

“Nos dieron un pedazo de tierra, hicimos un proyecto y está tramitando lo que es la factibilidad. Lo que sí tenemos muy presente es un planteo de los empleados del juzgado a los que no les resulta conveniente trasladarse, porque ellos no solamente atienden a los penados de la Unidad Penal Nº 9, también a los de las otras unidades penales”, había aclarado.

Ahora, tras reunirse con Portela y con el resto de integrantes del Stjer, quienes se refirieron a esta situación fueron los empleados nucleados en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). La principal demanda de los trabajadores, según comunicaron a EL ARGENTINO, es que “no hay un ahorro de recursos, sino un traslado de costos a los empleados, que ahora deberán trasladarse 40 kilómetros diarios para ir y venir del trabajo, solventando de su propio bolsillo nafta y arreglos automotores en medio de la peor crisis salarial de los empleados judiciales en diez años”.

En este sentido, plantearon la diferencia que existe con Paraná, donde este proceso tuvo lugar: en Gualeguaychú “no hay transporte público disponible, hecho que complica la existencia de numerosas familias que van a la unidad penal o de internos que están con salidas”.

La seguridad es otro de los factores puestos de relieve en las negociaciones llevada a cabo entre las autoridades del Stjer y la AJER. “No solo por el tema del traslado en una ruta que se encuentra en pésimo estado, lo que ya le ha costado la vida a un trabajador de la CARU, sino en relación a que la UP 9 no es una unidad de máxima seguridad, como es el caso de Paraná”. En este sentido, argumentaron que los empleados judiciales son custodiados por la Policía, no por el Servicio Penitenciario, por lo que “se trasladarían costos también a la Policía”.

“El equipo técnico que trabaja en el Juzgado realiza pericias solicitadas por la Fiscalía de manera presencial a la mitad de las denunciantes de abuso sexual y violencia de género durante la investigación penal, por lo que el traslado de sus oficinas a El Potrero plantea un serio problema de accesibilidad a la justicia para estas personas, a las que, aun estando en el centro de la ciudad, se les hace difícil llegar”, indicaron.

“Los internos de la UP 9 pertenecen a nueve juzgados diferentes, y el Juzgado de Ejecución de Penas que se pretende trasladar a 20 kilómetros de la ciudad sólo atiende a un 30 por ciento de los internos alojados allí. Actualmente, los trabajadores del juzgado, si bien asistimos a un edificio, realizamos nuestro trabajo de manera remota con internos en toda la provincia”, remarcaron a EL ARGETNINO. Y propusieron “una solución que tenga que ver con la modernización de los procesos y el empleo remoto, y no con la costosa construcción de un nuevo edificio en El Potrero y el traslado de los costos y el riesgo a los trabajadores”.

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) declaró el estado de alerta y movilización tras conocerse el decreto provincial que congela los salarios de los funcionarios del Poder Ejecutivo y que invita a los Poderes Legislativo y Judicial a adoptar decisiones similares. La medida, que regirá desde el 1 de julio, fue oficializada mediante el Decreto 1391/25 y encendió las alarmas en el ámbito judicial entrerriano.

El sindicato que representa a los trabajadores del Poder Judicial advirtió que la aplicación de esta medida en ese sector podría afectar directamente el sistema salarial vigente, regulado por la Ley Nº 10.068, conocida como Ley de Enganche. Este régimen, en vigencia desde 2011 y con suspensión temporal durante la emergencia del año 2020, establece que las remuneraciones del personal judicial en Entre Ríos deben acompañar los incrementos otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el Poder Judicial Federal.

“Debido al sistema salarial de los trabajadores/as judiciales, la Asociación Judicial de Entre Ríos declara el estado de alerta y movilización iniciando todas las gestiones necesarias para evitar la aplicación de esta medida en el ámbito del Poder Judicial”, indicó la conducción del gremio en un comunicado difundido este jueves por la mañana.

Desde AJER temen que una eventual adhesión del Poder Judicial provincial al congelamiento dispuesto por el Ejecutivo implique una suspensión de hecho de la Ley de Enganche, lo que significaría un retroceso en la estructura de actualización salarial del sector. La norma es considerada una conquista histórica por el gremio y ha sido motivo de reiteradas tensiones con el gobierno en contextos de ajuste.

El sindicato anunció que ya inició gestiones formales ante autoridades del Superior Tribunal de Justicia y no descarta la realización de medidas de fuerza si se avanza con alguna resolución que frene los aumentos previstos en el marco del sistema vigente. Además, evalúan acciones judiciales en defensa del cumplimiento de la ley y del principio de intangibilidad de los salarios.

La reacción gremial se inscribe en un clima de creciente malestar dentro del sector público entrerriano, en medio de una política de ajuste impulsada por el Ejecutivo ante la caída de ingresos coparticipables y la reducción de transferencias nacionales. Mientras tanto, la incertidumbre se traslada ahora a los despachos judiciales, donde la decisión de adherir o no al congelamiento aún no ha sido tomada.

El recorte en los fondos públicos destinados a la administración de justicia tiene múltiples consecuencias: obras paralizadas -como los nuevos juzgados de Paraná y Gualeguaychú-, falta de personal idóneo, sueldos desactualizados y un sistema que no da abasto en un marco de agudización de la crisis económica y, como consecuencia, creciente conflictividad social.

Hace tiempo que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Leonardo Portela, viene reclamando más fondos a “la política”, entiéndase el Poder ejecutivo y el Poder Legislativo de Entre Ríos. Es de público conocimiento que, según el Presupuesto de 2025, el STJER debería recibir una partida de 1.000 millones de pesos mensualmente (había solicitado 1500 millones de pesos), pero, en la actualidad esas partidas no superan los 350 o 380 millones de pesos.

Este recorte afecta directamente al funcionamiento de la justicia entrerriana y, consecuentemente, a la sociedad toda. Por eso, EL ARGENTINO dialogó con tres actores fundamentales del sistema judicial, como los son el propio Portela, el procurador general y jefe de fiscales, Jorge Amílcar García, y el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, para conocer de primera mano la situación.

Paralización de obras y salarios deprimidos

La falta de recursos para el Poder Judicial se traduce en la paralización de prácticamente todas las obras en inmuebles del Poder Judicial, se trate de adecuaciones, ampliaciones, salas de audiencias, equipamiento para la oralización de los procesos en todos los fueros o de los edificios centrales que han quedado como esqueletos de hormigón en Gualeguaychú y en Paraná.

Recién ahora comenzaron a producirse acuerdos para la construcción de Juzgados de Paz en localidades pequeñas. “Nos estamos dedicando a las obras chicas, estamos haciendo Juzgados de Paz, que cada uno sale alrededor de 250 millones de pesos, porque son modulares. Por ejemplo, en Alcaraz estamos haciendo el Juzgado de Paz en un terreno municipal que nos fue donado”, contó a EL ARGENTINO el presidente del STJER, Leonardo Portela. Al tiempo que adelantó que en Villa Elisa probablemente se pueda comenzar la construcción del Juzgado de Paz antes de fin de año, inmueble que se sumaría a los cerca de 100 que debe mantener el Poder Judicial a lo ancho y a lo largo de la provincia.

Respecto al nuevo juzgado en Gualeguaychú, Portela recordó que “cuando se planeó la obra, se proyectaron tres etapas: la primera etapa ya está finalizada; la segunda está en proceso y tiene que ver con un estudio de factibilidad respecto a las cargas internas del edificio, el revestimiento, etcétera. Ese estudio se está haciendo ahora -fue presupuestado en 216 millones de pesos-, y está a cargo del estudio que ganó la licitación. Una vez que tengamos eso vamos a poder encarar la tercera etapa, que, a números del año pasado, eran cerca de $14.000 millones”.

En tanto, el nuevo edificio de Tribunales de Paraná se encuentra en la misma etapa. Y, por los tiempos de la obra, la tercera etapa se deberá licitar en 2026, por lo que deberá estar contemplada en el Presupuesto del año que viene.

Por otro lado, José María Segura, titular de AJER, se refirió, entre otros puntos sensibles, a la actual situación salarial de los trabajadores judiciales. “Los salarios en el PJER (Ley 10.068) se actualizan por un índice automático que actúa como mecanismo de aplicación del principio de independencia del Poder Judicial. Este índice es el aumento que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) otorga al personal de la justicia federal. Pero, desde diciembre de 2023, y bajo la imposición del gobierno nacional de no permitir ningún aumento que equipare la inflación en ninguna actividad, ni pública ni privada, los aumentos de la CSJN han sido un 31% menos que la inflación, siendo la reducción salarial más alta de al menos la última década”, cuestionó.

“A la pérdida de ingresos actual se suma la pérdida que sufrimos por la Ley de Emergencia del gobierno de (Gustavo) Bordet -julio de 2020 a junio 2021-, que aplicó descuentos en nuestros sueldos y una deuda del 25.6% de la que se nos devolvió, más de dos años después, alrededor del 15% real”, cuestionó Segura.

“La suma de ambas acciones sobre nuestros ingresos ha producido los sueldos más bajos en muchísimo tiempo. Hoy, un escribiente sin antigüedad, que es el primer escalafón de la carrera administrativa, cobra en mano alrededor de $ 950.000, es decir por debajo de la canasta básica”, ejemplificó el secretario general del gremio.

Falta de personal

Otro aspecto sensible de la situación actual es la falta de personal en la administración de Justicia, sobre todo en las ciudades más grandes y conflictivas, como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

“El año pasado se crearon por ley 150 cargos nuevos de empleados para el PJER, pero todavía no tienen asignación de partidas para ejecutarlos. Por lo que la drástica reducción del presupuesto del PJER, impuesta por el actual gobierno provincial, ha generado la imposibilidad de designar esos 150 cargos, que ya de por sí son mucho menos que los que se necesita para dar una respuesta acorde a la demanda de la sociedad”, apuntó Segura.

En este sentido, cabe destacar que el PJER cuenta con 1.800 empleados y 700 funcionarios y magistrados, con los que debe atender la demanda de los 17 departamentos y los 19 Juzgados de Paz en pequeñas localidades del territorio provincial.

“Se necesitan un Juzgado de Familia en Paraná y uno en Concordia. Además, hay muchos juzgados de familia, civiles, laborales y multifuero de otros lugares de la provincia trabajando a destajo, lo que afecta la calidad del servicio de justicia”, aseguró el titular de la AJER para este informe.

En esta línea, el procurador general de la provincia, Jorge García, expresó: “Hay restricciones nacionales de importantes sumas que se deben a las provincias, sumas que tienen que ver con la coparticipación, con los aportes de la Caja de Jubilaciones, con lo que le corresponde a la provincia por Salto Grande, una cantidad de cosas que, inclusive, están reclamadas por la Provincia. Pero mientras eso no llegue, las necesidades son cada vez más”.

“Trabajamos en las condiciones que existen, en término de eficiencia en el trabajo de los fiscales y del personal en general la situación no es óptima, pero es muy buena. Lo cierto es que necesitamos más fiscales especializados para reforzar la parte de narcotráfico, sobre todo en ciudades como Paraná y Concordia”, aseguró el funcionario que, a su vez, fue muy elogioso del trabajo hecho por la Fiscalía de Gualeguaychú, aunque reconoció que se necesitan “dos o tres fiscales más, aunque sean fiscales interinos”.

El problema de la falta de recursos para dar un real combate al narcotráfico colisiona de lleno con el discurso sostenido por el gobernador Rogelio Frigerio. Un ejemplo es descriptivo de esta realidad: de los 400 kilos de cocaína incinerados el mes pasado en Gualeguaychú -presentada como “la mayor quema de droga de la historia de Entre Ríos-, más de 350 kilos fueron decomisados tras el aterrizaje de emergencia, por un desperfecto técnico de la avioneta que los transportaba, no por el accionar de una investigación judicial, ni mucho menos. La droga cayó del cielo, literalmente.

“También necesitamos mayores aportes, que en otro momento existieron, para los laboratorios”, explicitó, por otro lado, García. Y profundizó: “las licencias de los aparatos tecnológicos que analizan los celulares, por ejemplo, se van venciendo y esas actualizaciones hay que ir pagándolas”.

Respecto al equipamiento recibido desde el gobierno nacional en materia de laboratorio, lo último fue durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, es decir, diez años atrás. Los gobiernos siguientes ya no giraron este tipo de tecnología a Entre Ríos.

Más recorte, más conflictividad

“La cuestión presupuestaria para nosotros siempre es poca, sobre todo en el ámbito penal, porque los conflictos que no pueden resolverse socialmente o políticamente terminan reflejándose en el ámbito penal. Y allí siempre son escasas las partidas presupuestarias”, aseguró García.

En esta línea, consideró que “todo el recorte en el gasto público va a generar problemas en lo penal”. Y ahondó: “aquellos sectores de baja especialización que quedan sin trabajo muchas veces terminan siendo soldaditos de los narcotraficantes, lo que termina en graves problemas penales”.

“Cuando se habla de la reiterancia como condicionante a la prisión preventiva, hay que saber que no hay alternativas a la prisión, las prisiones están absolutamente acinadas, no tenemos pulseras electrónicas, entonces tenemos que administrar esta realidad en la justicia penal”, explicó el funcionario judicial. Y concluyó: “El recorte del gasto púbico es directamente proporcional al aumento de la conflictividad”.

Se espera una masiva movilización sindical en defensa del Iosper. La Intersindical en Defensa del Iosper realiza este miércoles una amplia movilización hacia Casa de Gobierno, en repudio al proyecto de ley de creación de OSER. La protesta cuenta con el respaldo de numerosos gremios y organizaciones de trabajadores activos y jubilados, en el marco de un creciente clima de tensión en torno al futuro de la obra social.

Agmer convocó a un paro total de actividades, con concentración a las 9:30 en su sede de calle Alameda de la Federación, desde donde marcharán hasta Iosper y luego hacia Plaza Mansilla. AJER también adhirió al paro total, con concentración a las 10 frente a Tribunales para unirse al acto central.

ATE resolvió un paro activo con retiro de los lugares de trabajo desde las 9:30. El gremio estatal marchará desde la sede del Iosper hacia la plaza. AMET, por su parte, no hará paro, pero confirmó su participación en la movilización.

El MST, junto con sus agrupaciones Alternativa Docente y Alternativa Estatal, también se concentrará desde temprano en la sede del Iosper. Participarán además el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná y diversas organizaciones de trabajadores jubilados.

Entre los sectores que confirmaron su adhesión se encuentran la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), jubilados nucleados en ATE y la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU), que expresó su apoyo al acto en defensa del sistema solidario del Iosper.

La Intersindical está compuesta por ATE, Agmer, AJER, Apler, Festram, AMET, Seper, Suoyem, Seosper y la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, además de agrupaciones como Dignidad, el Centro de Jubilados Docentes y la Comisión de Cesanteados de la Dictadura Cívico-Militar.

El acto central tendrá lugar en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde se prevé que los gremios expresen públicamente su rechazo al reemplazo del Iosper por OSER y reiteren su reclamo por garantías efectivas de continuidad, estabilidad y control gremial en la conducción del organismo.

Senadores recibirán a gremios para debatir la creación de OSER. La Legislatura provincial avanza con el tratamiento del proyecto del Ejecutivo para crear la Obra Social de los Empleados de Entre Ríos (OSER), que busca reemplazar al Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper). Este martes, senadores de las comisiones de Salud Pública, Legislación General y Presupuesto recibirán a gremios y sectores vinculados al sistema para conocer sus opiniones.

A las 10 de la mañana será el turno de los sindicatos que integran la Intersindical en Defensa del Iosper: AGMER, ATE, SEOSPER, APLER y AJER. Estas organizaciones vienen cuestionando el proyecto por entender que implica la disolución del actual sistema solidario y la pérdida de representación de los trabajadores en el Directorio.

Una hora más tarde, los legisladores se reunirán con representantes de UPCN, que solicitó ser escuchado en forma diferenciada tras haberse retirado de la Intersindical por falta de respaldo interno para impulsar el debate. En ese mismo encuentro también participarán referentes del Centro de Jubilados de Paraná, quienes manifestaron su oposición a la creación de OSER por considerar que no garantiza representación para los jubilados en la conducción del nuevo organismo.

La discusión se da en un contexto de creciente tensión social y política. Días atrás, una masiva movilización en Paraná expresó el rechazo de amplios sectores al intento del gobernador Rogelio Frigerio de reformar el sistema de salud de los empleados públicos. Los gremios denuncian que la iniciativa concentra el control en el Poder Ejecutivo y abre la puerta a la privatización.

El martes se espera un nuevo capítulo de un debate que promete ser largo y conflictivo.

Este viernes se realizará un abrazo solidario en defensa del Iosper. Tras la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de eliminar el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y su remplazo por una nueva obra social, presentada como Obra Social de Entre Ríos (OSER), los representantes gremiales de los trabajadores que tributan al instituto conformaron un espacio para rechazar la iniciativa.

“Entre otras maniobras, el trasfondo del proyecto busca quedarse con el control total de la caja de la obra social a la que tributan trabajadores docentes, de la policía, jubilados, pensionados, médicos, enfermeros, judiciales y empleados municipales.”, denunciaron desde la “Intersindical en defensa del Iosper”.

“Para esto, el proyecto de creación de una nueva obra social llamada OSER propone postergar la representación de los trabajadores en el directorio, facilitando de esta manera la discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte del directorio político que responde al Gobernador”, agregaron, en un documento al que accedió EL ARGENTINO.

Asimismo, desde el espacio que, entre otros, conforman los gremios ATE, Agmer y AJER, advirtieron que sobre las posibles consecuencias de estas reformas: “precios más caros y menos prestaciones. Así de simple. Con el proyecto de Frigerio cada trabajador tendrá que pagar sumas extras por la cobertura de cada hijo”.

“Por estas razones y porque la salud es un derecho que debe atenderse llamamos a los legisladores a no convalidar la eliminación del Iosper. De lo que se trata es de defenderlo para mejorarlo. No queremos que los aportes que tributamos cada mes desde nuestros salarios para la obra social vayan a parar a la caja política del gobernador”, sostuvieron.

En ese marco, convocaron a un abrazo solidario, el próximo viernes 9 de mayo a las 10 horas, en la delegación Gualeguaychú del Iosper, ubicada en San Martín 1401.