El ajuste presupuestario que el Gobierno nacional aplica sobre el sistema universitario tiene claro impacto en todo el país, y Gualeguaychú no es la excepción. Tras la movilización del jueves, el docente de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Diego Zanetti, aportó datos que muestran el deterioro salarial, la licuación de becas y la paralización de obras clave como el Hospital Veterinario.

El sistema universitario está en alerta hace tiempo. En la actualidad, el primer punto de alarma es el Presupuesto Nacional 2027 que se discute en el Congreso de la Nación, ya que lo asignado a las Universidades Nacionales se encuentra un tercio por debajo de las necesidades operativas mínimas que estas tienen para funcionar normalmente.

A ese recorte se suma otro hecho político central: la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) por parte del gobierno de Javier Milei. “No se trata de un hecho puntual, sino de un recorte estructural que opera al margen del mandato legislativo y que vulnera la seguridad jurídica de las instituciones educativas”, expresó Zanetti.

“Con el esquema actual de congelamiento presupuestario y la inflación acumulada, el poder adquisitivo real de ese monto se desintegró”, apuntó Zanetti y advirtió: “El riesgo es que los estudiantes de menores recursos tengan que abandonar o ralentizar su trayectoria universitaria”.

“Estimando una pérdida de poder adquisitivo del 35% y una recomposición del 50% frente a la inflación no compensada del último año, el Estado le estaría reteniendo unos $151.666 por mes a ese docente. En 12 meses, la deuda con cada docente en esa categoría asciende a $1.819.999”, ejemplificó el referente de la AGDU.

El otro caso emblemático para Gualeguaychú es el del Hospital Veterinario. La obra fue financiada con un crédito internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento - CAF), pero el Estado Nacional retuvo y reasignó esos fondos a otras carteras, según denunciaron en su momento desde la universidad.

“La obra quedó paralizada durante un año. Fue neutralizada en febrero de 2024 por falta de pago y recién pudo reiniciarse en febrero de 2025, con la propia UNER asumiendo con fondos propios los intereses acumulados durante la interrupción para evitar el deterioro de lo ya construido e intentar terminarlo”, recordó Zanetti y concluyó: “El recorte en salarios, becas e infraestructura muestran que el ajuste en la UNER no es un ahorro fiscal, sino un freno al desarrollo regional que la universidad genera en Gualeguaychú”.

Las facultades de la UNER radicadas en la costa del Uruguay advirtieron que el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno Nacional prevé un recorte real de un tercio (33%) en los fondos respecto a 2023, acumulando cuatro años consecutivos de desfinanciamiento.

En este contexto, el decano de la Facultad de Bromatología, José Dorati, remarcó la importancia de la institución en el ámbito provincial: “Somos la universidad de la provincia. Junto y de forma muy respetuosa con la Tecnológica y con la Uader, que son universidades hermanas, la UNER representa un alto porcentaje en el peso del desarrollo de la producción científica y tecnológica, e incluso de la matrícula provincial, por lo que necesitamos, en función de ello, ser escuchados”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Daniel Capodoglio, hizo un llamado al respaldo político e institucional: “Lo que estamos pidiendo es acompañamiento, que los legisladores nos apoyen en la discusión presupuestaria y, por supuesto, también al Gobierno de Entre Ríos para que haga propia esta lucha. En definitiva, es una lucha que favorece el desarrollo estratégico provincial con una de las organizaciones que mayor capacidad científica y tecnológica aporta a la provincia de Entre Ríos”.

A su vez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gregorio Etcheverry, manifestó la gravedad que implica el incumplimiento de una normativa aprobada por el Poder Legislativo: “Las universidades han tomado todos los caminos institucionales y legales reclamando la aplicación de la ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Vivimos en una república, con división de poderes, y el Congreso está integrado por legisladores que el pueblo elige. El Presidente debe cumplir con las leyes que aprueban las cámaras y eso no está sucediendo”. Y resaltó: “La universidad no solo genera el conocimiento para formar un profesional de calidad, sino que también un impacto económico y social en una región que es incalculable”.

Este volumen se contrajo de manera significativa frente a los registros del año previo y afectó las partidas destinadas a programas educativos, obras de infraestructura y previsión social.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, a raíz de esta contracción, el flujo financiero "se convierte en el peor agosto desde, por lo menos, el año 2005". El trabajo remarcó que "los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($ 30.455 millones) explicaron el 45% del total pagado".

En un segundo escalón de prioridades se posicionaron los fondos de asistencia jubilatoria, con "Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales ($ 15.000 millones) concentrando el 22% del total provincial". De este modo, esas dos actividades en conjunto explicaron el 67% del total del mes.

La distribución territorial de las partidas del mes evidenció una marcada concentración en un número reducido de distritos provinciales. De acuerdo con el desglose de los envíos, las jurisdicciones más favorecidas en el reparto fueron: Buenos Aires con el 23,7% del total, Entre Ríos con el 12,9%, y Santa Fe con el 10,4%.

En contraposición, el reporte técnico evidenció que en el fondo de la tabla quedaron Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa y Santa Cruz, cuyos niveles de participación fueron inferiores al 0,3% del mes.

Asimismo, el informe destacó que en agosto no hubo reparto de Adelanto Transitorios Nacionales (ATN). Las estadísticas oficiales de los primeros ocho meses reflejan que los recursos discrecionales "totalizaron $ 806.489 millones", registrando de este modo "una baja real interanual del 63,1% contra igual período del 2025".

La Fundación Libertad y Progreso analizó el desempeño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2026, el cual registró una suba del 2,1%. Desde el centro de estudios explicaron que el incremento observado responde a un rebote de carácter transitorio motivado por factores estacionales y estimaron que la dinámica desinflacionaria se retomará a partir de agosto, con registros mensuales previstos por debajo del 2%.

El economista Julián Neufeld detalló que el salto de julio estuvo impulsado principalmente por el aumento en el rubro de bienes y servicios vinculados al turismo y el esparcimiento durante el receso invernal. En ese sentido, los productos estacionales mostraron una suba del 4,5% con un impacto de 0,41 puntos porcentuales en el índice general, mientras que la inflación núcleo experimentó una variación más acotada, pasando del 1,6% en junio al 1,8% en julio.

Por su parte, el economista jefe de la entidad, Diego Piccardo, precisó que los rubros Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura aportaron de manera conjunta 0,64 puntos porcentuales al índice de julio, frente a los 0,44 puntos registrados en junio. Esa brecha de dos décimas explica de manera directa la diferencia observada entre ambos meses, descartando un cambio estructural en la tendencia de fondo de los precios.

Desde la institución destacaron que las mediciones de alta frecuencia de las primeras semanas de agosto muestran una desaceleración en el ritmo de aumentos, estimando un IPC cercano al 1,8% para el mes en curso. La proyección de desaceleración para el segundo semestre se fundamenta en la contención de la base monetaria, el equilibrio fiscal y la menor incidencia esperada en la categoría de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

Se estima que, desde diciembre de 2023, se perdieron 7 empleos por día en el área vinculada a la investigación y que la inversión proyectada para 2026 es de 0,14 del PBI, la más baja desde 1972. La cita, que en CABA será a las 16 en el Obelisco, también reunirá a la comunidad universitaria, que le pide a la administración libertaria que cumpla con la Ley de financiamiento sancionada hace ya casi 300 días.

Con el Mundial todavía fresco, los investigadores convocan a movilizarse con el lema “Me pongo la camiseta”. La idea es que quienes asistan a la convocatoria puedan vestir una camiseta de la Selección argentina en señal de apoyo a los cerebros que juegan para el país. Referentes del Conicet, pero también de otros organismos científicos y técnicos como el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Servicio Meteorológico Nacional, dirán presente.

Agustín Ormazábal es biofísico del Conicet y referente de la lucha contra el ajuste libertario. En este sentido, sintetiza a Página 12: “La movilización de este miércoles es una respuesta al deterioro sostenido. Jamás desde que se registra el dato tuvimos un presupuesto menor en materia científica-tecnológica. Estamos por debajo del 0,14 por ciento del PBI. Esto, a su vez, tiene un impacto notable en las dotaciones; todos los organismos han reducido sus puestos de trabajo. En paralelo, hay una erosión en materia salarial. Por ejemplo, en la Agencia de Promoción Científica, desde hace 28 meses, los sueldos están congelados por debajo de la línea de pobreza”. Y completa: “La marcha es una respuesta, también, a la militarización de los organismos científicos y a un ataque discursivo que cada vez tiene connotaciones más peligrosas. Hace poco el presidente nos trató de ‘terroristas encubiertos’”.

De acuerdo a un informe que publicó el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, se calcula que, desde que asumió Javier Milei la presidencia, se perdieron en el sector científico y tecnológico 6400 puestos de trabajo. El financiamiento del sector acumula una caída del 51 por ciento desde fines de 2023.

El cientificidio se confirma por partida doble. Por un lado, el gobierno congela partidas y quita fondos que corresponderían a los organismos encargados de la producción del conocimiento. Argumentan que “no hay plata” mientras benefician a otros sectores como el campo o inteligencia. Por otro lado, en paralelo, las tareas que realizaban organismos científicos públicos son trasladadas a los privados. Un caso emblemático es el del INTI que, a pesar de sus años de experiencia y eficacia en los servicios de certificaciones y controles metrológicos, a partir de meras resoluciones del gobierno, cada vez realiza menos actividades ya que pasaron a ser ofrecidos por empresas, publicó Página 12.

Rolando González-José, investigador superior del Conicet en el Centro Nacional Patagónico, explica: “La discontinuidad de las becas posdoctorales es una afectación a un eslabón crítico del sistema. El becario posdoctoral es aquel que acumuló toda la experiencia posible en un tema específico. Precisamente en ese momento es cuando todos sus conocimientos comienzan a ser transferidos a las cadenas productivas y a cualquier tipo de impacto que sus saberes puedan tener en la comunidad”.

Y continúa: “Es el momento en que consolida sus alianzas internacionales con colegas de otros países y empieza a cristalizar sus líneas de investigación a través de publicaciones. El gobierno dispara directo a uno de los nudos más críticos que tiene el Conicet en relación a la formación de recursos humanos. Nuestro país necesita doctores para desarrollarse”.

Al respecto, Ormazábal agrega: “Despidieron a 379 compañeros y compañeras del Conicet, que el lunes tuvieron una audiencia pública impresionante en el Congreso con participación de un montón de bloques, lo que da cuenta de la transversalidad del reclamo. También hay que sumarle los 60 despidos recientes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La suspensión de proyectos emblemáticos para el desarrollo nacional, como lo que sucedió con el reactor Carem, entre muchos otros”.

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología importa tan poco para este gobierno que, a la fecha, luego de la renuncia de Darío Genua, todavía no le han encontrado un reemplazo. González-José apunta: “Reclamamos la renuncia del presidente del Conicet, Daniel Salamone, que se limita a viajar por el mundo, a administrar la pobreza, a cobrar un salario como funcionario mientras los trabajadores del organismo perdimos más del 40 por ciento del poder adquisitivo de nuestros salarios. Encima, no tolera las disidencias políticas al interior del Consejo que, precisamente, se caracteriza por su diversidad”.

(APFDigital)

Si bien la actividad manufacturera muestra una desaceleración general, el empleo formal dentro de la cadena forestoindustrial se está retrayendo a un ritmo mucho mayor que la producción, una situación que, según la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), pone en riesgo uno de los principales activos del sector: su capital humano.

El último Informe de Empleo y Actividad elaborado por la entidad reveló que el empleo registrado en la industria maderera cayó un 8,57% interanual, una contracción que supera ampliamente el retroceso observado en la actividad productiva.

Para FAIMA, no se trata solamente de un ajuste coyuntural, sino de un proceso que podría afectar la capacidad de recuperación de la cadena cuando la economía vuelva a crecer.

“La caída del empleo supera con holgura el retroceso productivo, lo que sugiere que las empresas no están ajustando por horas o por stock, sino desprendiéndose de plantel, con la consecuente pérdida de capacidades técnicas difíciles de recomponer”, señala el informe.

Entre los segmentos más afectados aparecen las tornerías, la fabricación de viviendas prefabricadas, tableros, enchapados y aberturas, eslabones que agregan mayor valor al recurso forestal y demandan mano de obra especializada.

“Cada puesto de trabajo que se pierde en estas actividades representa mucho más que una estadística. Detrás de esos números hay conocimientos técnicos, experiencia productiva y capacidades industriales que constituyen uno de los principales activos de la cadena forestoindustrial y que luego requieren años para reconstruirse”, advirtieron desde FAIMA.

La entidad remarca que este fenómeno implica un deterioro cualitativo de la cadena productiva, ya que afecta precisamente a los sectores con mayor contenido tecnológico y capacidad de innovación.

Según el relevamiento de FAIMA, las PyMEs fabricantes de muebles registraron una caída promedio del 14% en las ventas durante el primer trimestre del año, un dato que evidencia el impacto diferencial que atraviesan las empresas del sector.

Para la entidad, esta diferencia confirma la heterogeneidad de la industria y demuestra que muchas de las firmas que sostienen el empleo en el interior del país enfrentan dificultades mucho mayores que las que reflejan las estadísticas nacionales.

Además, el informe identifica a la construcción como uno de los principales canales de transmisión de la crisis. Los rubros vinculados a viviendas prefabricadas, estructuras, aberturas y también la comercialización mayorista de muebles son los que más sufren la caída de la obra pública, la inversión privada y el consumo de bienes durables.

Frente a este panorama, FAIMA sostiene que la preservación del capital humano debe convertirse en un eje estratégico para garantizar la competitividad futura de la cadena forestoindustrial.

“La federación recuerda que, cuando mejora la demanda, las empresas pueden volver a incrementar la producción relativamente rápido, pero reconstruir equipos especializados, recuperar oficios y volver a formar trabajadores calificados demanda varios años”, admitieron los industriales.

Al mismo tiempo, destaca que la actividad cuenta con fortalezas estructurales importantes, como la disponibilidad de recursos forestales, una amplia capacidad industrial instalada, una extensa red de PyMEs distribuidas en todo el país y décadas de conocimiento acumulado.

Sin embargo, advierte que esa ventaja puede erosionarse si continúan desapareciendo empresas y empleos especializados.

Tras la pausa por el feriado del 9 de julio y el fin de semana largo, la Administración Nacional de la Seguridad Social retoma las acreditaciones de haberes con un incremento del 2,15%. El lunes 13 de julio se presenta como una jornada clave que concentrará los pagos de múltiples prestaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá nuevamente en marcha su cronograma de pagos a partir de este lunes 13 de julio, luego de la interrupción en el calendario financiero provocada por las festividades del Día de la Independencia y el posterior puente turístico. Esta parálisis obligó al organismo previsional a readecuar las fechas de acreditación, generando una importante concentración de beneficiarios para el inicio de la semana.

La jornada del lunes marcará el regreso de los depósitos ordenados por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta fecha puntual, percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que no superen el ingreso mínimo y posean documentos finalizados en 2. El mismo dígito regirá para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo. Asimismo, se habilitarán los fondos para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 4 y 5, mientras que las embarazadas que inicien su esquema con documento terminado en 0 también tendrán sus asignaciones disponibles.

Es importante destacar que las prestaciones de julio llegan con un incremento del 2,15% producto de la fórmula de movilidad vigente. Con este ajuste, sumado a la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los sectores más vulnerables, el haber mínimo de los jubilados se posicionará en $411.989,32, alcanzando un techo de $481.989,32 para quienes perciben el piso previsional. Por su parte, el monto de la AUH se fijó en $148.049 por hijo, del cual se liquidará de forma directa el 80% habitual.

A partir del martes 14, el esquema continuará su curso de forma escalonada. Las jubilaciones mínimas y las asignaciones familiares avanzarán a razón de una terminación de DNI por día hábil hasta el miércoles 22 de julio. En tanto, aquellos pasivos que superen el haber mínimo deberán esperar hasta la última semana del mes, ya que su cronograma específico de pagos recién dará comienzo el jueves 23 de julio con los documentos finalizados en 0 y 1, extendiéndose las liquidaciones hasta el miércoles 29 de julio.

Si seguís la economía, es probable que en algún momento te hayas preguntado: ¿Cómo puede ser que los datos mejoren y la vida no? Equilibrio fiscal, baja del riesgo país, inflación en descenso, reservas que se acumulan… Todo parece ir en la dirección correcta y, sin embargo, en la calle el panorama es distinto: locales que cierran, sueldos que no alcanzan, gente que pierde su empleo formal y pasa a trabajar por su cuenta en condiciones mucho más precarias.

La respuesta no es que los datos mienten, ni que la percepción de la gente está equivocada, sino que estamos mirando dos cosas distintas sin darnos cuenta: la macroeconomía y la microeconomía.

La macroeconomía estudia la economía como un todo. Mira variables agregadas como la inflación, el déficit o el superávit del Estado, el nivel de reservas del Banco Central y el tipo de cambio, entre otras. Es la fotografía del sistema completo. Y lo que aparece en esa fotografía no ocurre solo: es el resultado de decisiones que alguien toma, sabiendo de antemano cómo van a repercutir. Ampliar o reducir el presupuesto en educación y salud, o reducir subsidios o subir impuestos, modificar la cobertura de medicamentos para jubilados, redirigir recursos hacia el pago de deuda o hacia la inversión pública, restringir o liberar las importaciones, dejar que se mueva el tipo de cambio: todas son decisiones políticas y sus efectos pueden medirse y anticiparse.

Lo que los indicadores macro no muestran es quién ganó y quién perdió en el camino. Un superávit fiscal puede construirse recortando el presupuesto de los hospitales públicos o subiendo impuestos. El resultado contable es el mismo. Pero detrás de ese número hay personas concretas: unas van a ver recortado sus servicios esenciales y otros deberán afrontar costos tributarios más altos.

La microeconomía, en cambio, es como hacer zoom en una foto. Estudia las decisiones concretas de las personas, las familias y las empresas. Qué puede comprar una familia con su sueldo. Si un comerciante puede sostener su negocio. Si un empleado conserva su trabajo o lo pierde. Estas variables tienen una dinámica propia: son decisiones individuales o en cabeza de familias o empresas que responden a cómo esas decisiones políticas repercuten en la vida de cada uno. Son decisiones que se toman con cautela, con incertidumbre y con tiempo.

Lo que nos muestra la macro y lo que vivimos en la micro difieren. Pero ambas son reales. Ambas son importantes. Pero no siempre se mueven juntas, ni en la misma dirección.

Veámoslo con el empleo. Si los empresarios argentinos no pueden competir con los productos importados, la economía se contrae. Un empresario no despide al día siguiente que le abrieron la importación. Espera. Piensa que el mal momento puede ser pasajero, que quizás el mes que viene mejora. La incertidumbre de despedir y después volver a contratar tiene costos concretos: indemnizaciones, pérdida de experiencia acumulada, tiempo de capacitación. Así que aguanta. Hasta que pasan meses, la situación no remonta, y entonces sí: llega la reducción de horas o el despido.

Cuando la economía se reactiva, el proceso es el mismo al revés. Antes de tomar un empleado nuevo, el empresario espera. Quiere asegurarse de que la mejora no es una ilusión, que el costo de incorporar a alguien —y eventualmente tener que soltarlo de nuevo— vale la pena. Esa cautela es racional. Y hace que la recuperación del empleo suele llegar después de que los indicadores macroeconómicos ya mejoraron. Las familias hacen lo mismo con el consumo: esperan, observan, ajustan despacio.

Con el salario pasa algo similar, aunque con una capa adicional de complejidad. La caída de la inflación debería, en teoría, mejorar el poder adquisitivo. Y en parte lo hace: si el salario se mantiene y los precios suben menos, cada peso puede que rinda algo más que antes. Pero hay un problema de punto de partida. Los salarios en Argentina vienen perdiendo poder adquisitivo. Esa pérdida acumulada no se borra automáticamente cuando la inflación baja. Para recuperarla, los salarios tendrían que subir por encima de la inflación actual durante un período sostenido. Y eso, en un contexto de ajuste y contracción del consumo, rara vez ocurre. Entonces puede pasar —y pasa— que la inflación baje, que el salario nominal se mantenga o suba levemente, y que aun así la persona en la calle sienta que le alcanza menos que hace dos o tres años. No es una contradicción.

El verdadero desafío, y creo que este es uno de los grandes problemas estructurales de la Argentina, es lograr que funcionen bien las dos al mismo tiempo. Históricamente, los distintos gobiernos se han enfocado más en una que en la otra: algunos priorizaron el ordenamiento macroeconómico a cualquier costo, otros apostaron a sostener el consumo y el empleo sin resolver los desequilibrios de fondo. Los resultados, en ambos casos, fueron parciales y poco duraderos, en buena medida porque hay una deuda estructural que atraviesa a las dos economías y que pocas veces se nombra con la fuerza que merece: la informalidad.

Cuando una parte grande de la actividad económica y del empleo funciona fuera del circuito formal, la carga tributaria termina concentrada sobre quienes sí están registrados. No es que el Estado necesite menos recursos: es que los recauda sobre una base mucho más chica de lo que debería, y esa base sostiene a todo el resto.

Bajar la informalidad no es solo una cuestión de justicia —que también lo es—, sino una palanca concreta para aliviar la presión impositiva que hoy ahoga a buena parte del sector formal. Una base más amplia de contribuyentes permitiría bajar la carga por actividad sin resignar recaudación, y al mismo tiempo daría cobertura social y previsional a millones de argentinos que hoy quedan afuera del sistema. Formalizar la economía no resuelve todo, pero es una de esas pocas reformas que empuja en la dirección correcta desde los dos frentes a la vez.

Para que la Argentina vuelva a un circuito de crecimiento sostenible —uno que incluya a todos los argentinos— necesita de las dos. Una macro ordenada que genere las condiciones para invertir y producir, y una micro que se traduzca en empleos formales, salarios que alcancen y que permitan que los argentinos vuelvan a creer que un futuro mejor todavía es posible. No es una meta sencilla. Pero es la única que vale la pena perseguir.

*Milagros Martínez Garbino

Economista - Especialista en finanzas personales

La inflación de mayo se ubicó en 2,1%, el segundo mes consecutivo de baja mensual. Sin embargo, para la licenciada en Economía Victoria Lambruschini, la cifra oculta una realidad social alarmante. En diálogo con Debate Abierto, la especialista sostuvo que la desaceleración responde principalmente a un ajuste profundo aplicado por el Gobierno nacional, que ha mantenido las paritarias por debajo de la inflación y ha provocado un derrumbe del consumo masivo.

Lambruschini subrayó que la baja de precios no surge de una mejora económica real, sino de la contracción de la demanda. “La clase media y trabajadora está siendo asfixiada por salarios congelados y por el aumento desproporcionado de los servicios esenciales”, señaló.

La economista describió una asimetría crítica en la dinámica de precios: mientras los bienes sujetos a competencia muestran subas más moderadas, los servicios esenciales —como salud, transporte, luz y gas— continúan en alza debido a los ajustes tarifarios y la falta de competencia. Esta situación quita capacidad de compra para otros rubros, lo que explica el cierre de comercios y pymes, incluso en la peatonal de Paraná, por la caída de la demanda.

Más allá de la cifra mensual, alertó sobre el empobrecimiento relativo de la población y recordó que la Argentina no crece desde hace 15 años. En este escenario, la situación es especialmente crítica para la clase media: hoy se requieren aproximadamente 1,5 millones de pesos por familia para no caer bajo la línea de pobreza, un monto que la mayoría de los trabajadores registrados no logra percibir.

La especialista concluyó que la baja de la inflación no debe interpretarse como un signo de recuperación, sino como el resultado de un ajuste que profundiza la pobreza estructural y limita las posibilidades de crecimiento.

Fuente: Debate Abierto

La situación de los jubilados afiliados al PAMI se agravó en los últimos meses: más de 2,2 millones de personas quedaron fuera de la cobertura total de medicamentos, según reconoció el propio Gobierno en un informe al Congreso. El cambio implica que quienes antes accedían automáticamente al 100% de sus remedios ahora dependen de subsidios sociales o trámites de excepción, lo que en la práctica deja a miles sin posibilidad de continuar sus tratamientos.

Mientras tanto, quienes tienen recursos inician reclamos judiciales individuales. Estudios privados ofrecen servicios de amparos, y la cantidad de demandas contra obras sociales y el PAMI creció considerablemente en los últimos dos años. Los reclamos más frecuentes son por internación geriátrica y falta de cobertura en medicación, cirugías o tratamientos.

El Gobierno sostiene que los jubilados reciben descuentos de entre el 50% y el 80%, y que para el 66,4% el gasto en medicamentos representa menos del 5% de sus ingresos. Sin embargo, la Defensoría de la Tercera Edad calcula que el costo real equivale al 27,5% de la canasta, unos $500 mil mensuales, cifra superior a la jubilación mínima con bono incluido. Ese bono, congelado en $70 mil, perdió casi el 50% de su valor real entre abril de 2024 y abril de 2026, según la UCA.

La falta de respuesta oficial agrava el panorama. Perfil consultó a fuentes del PAMI sobre el cumplimiento de las cautelares, pero hasta el cierre de la nota no obtuvo contestación. Mientras tanto, miles de jubilados enfrentan la disyuntiva de endeudarse para comprar medicamentos o abandonar tratamientos esenciales.

Fuente: Perfil

La decisión de Citroën de abandonar la producción de vehículos en Argentina marca el cierre de un ciclo de 28 años de presencia industrial ininterrumpida en el país. La planta de El Palomar, ubicada en Tres de Febrero, fue el epicentro de la actividad de la marca desde 1998, cuando retomó operaciones tras una primera etapa entre 1978 y 1990.

El último modelo fabricado localmente fue la Berlingo Furgón, que ahora será reemplazado por la nueva Berlingo Van L2 importada desde España. Con este movimiento, la automotriz francesa concentrará su producción regional en Brasil, donde continuará fabricando el C3, Basalt y Aircross, mientras que en Uruguay mantendrá la línea del utilitario Jumpy.

La salida de Citroën también afecta a la producción de la Peugeot Partner, que se fabricaba en el mismo complejo industrial. Allí solo seguirán en marcha las líneas de los modelos Peugeot 208 y 2008, bajo la órbita de Stellantis.

La reducción de actividad derivó en nuevas suspensiones de personal. Desde el lunes se inició un parate de dos semanas y ya está programada otra interrupción entre el 13 y el 26 de julio. La caída de la demanda y la reorganización industrial obligaron a diagramar un esquema de trabajo intermitente, que genera incertidumbre entre los operarios.

En paralelo, Stellantis avanzó con un plan de retiros voluntarios para reducir la plantilla laboral sin abrir un conflicto gremial de mayor escala. Según Infogremiales, la empresa convoca uno a uno a los trabajadores para ofrecerles entre cinco y siete salarios adicionales como incentivo para aceptar la desvinculación.

El objetivo es disminuir puestos de trabajo de manera ordenada, aunque la medida genera preocupación en el sector. La estrategia busca evitar despidos masivos, pero implica un achicamiento significativo de la planta.

La combinación de suspensiones, retiros voluntarios y vencimientos de contratos configura un panorama de fuerte ajuste en la planta bonaerense, que hasta hace poco era uno de los polos industriales más importantes de la automotriz en el país.

La decisión de Citroën responde a una estrategia de concentración en Brasil, donde la compañía ve mejores condiciones de mercado y competitividad. La salida de Argentina se inscribe en un proceso más amplio de reorganización de Stellantis, que busca optimizar recursos y adaptarse a la caída de ventas en la región.

El retiro de Citroën de la producción nacional deja un vacío en la industria automotriz argentina y abre un escenario de incertidumbre para los trabajadores de El Palomar. La combinación de retiros voluntarios, suspensiones y contratos no renovados refleja el impacto directo de la reestructuración en cientos de familias. Tras casi tres décadas de presencia industrial, la marca francesa cierra su etapa en el país y concentra su futuro en Brasil, dejando a la planta bonaerense con una actividad reducida y un horizonte laboral incierto.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de la llamada “Ley Hojarasca”, impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca eliminar decenas de normas consideradas obsoletas, como regulaciones sobre televisión a color o carreras de palomas. Sin embargo, entre las leyes incluidas en el paquete aparece la 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, una norma estratégica para la salud y la ciencia nacional.

La Ley 26.688 declaraba de interés nacional la investigación y fabricación estatal de medicamentos, vacunas y productos médicos. Su derogación implica desmantelar el blindaje legal que protegía a los laboratorios públicos frente a las grandes corporaciones farmacéuticas. Bajo el argumento de liberar la competencia, se elimina un pilar que garantizaba soberanía sanitaria y acceso equitativo a tratamientos esenciales.

La derogación también afecta a la investigación aplicada. Universidades nacionales y el CONICET pierden un canal directo para transformar descubrimientos en medicamentos accesibles. Además, la red de más de 30 laboratorios públicos queda debilitada, con riesgo de pérdida de puestos de trabajo calificados y fuga de profesionales hacia el exterior.

La votación en Diputados reflejó la polarización política: el oficialismo de La Libertad Avanza, junto al PRO, la UCR y aliados, logró 138 votos afirmativos contra 96 negativos y 9 abstenciones. La oposición denunció la medida como una “cortina de humo” para avanzar en el ajuste y desmantelar el Estado. Ahora el proyecto será debatido en el Senado, donde las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales recibirán la presión de gobernadores y bloques opositores que buscan frenar la derogación de las leyes más sensibles.

La “Ley Hojarasca” se presenta como una modernización administrativa, pero al incluir la producción pública de medicamentos trasciende la desregulación burocrática. Se convierte en una reforma ideológica que debilita la soberanía sanitaria y compromete el desarrollo científico autónomo de la Argentina.

La industria se prepara para afrontar un invierno marcado por costos más altos de la energía, posible desabastecimiento y la aceleración de planes de contingencia que incluyen despidos para amortiguar el impacto de la actividad frenada y el consumo en caída. Con pedido mediante al ministro de Economía, Luis Caputo, las fábricas se debaten entre aceptar precios más altos del gas por los efectos de la guerra en Irán o disponer de paradas de planta y suspensiones ante un Gobierno que, por ahora, les trasladará el impacto total. En el medio, precios sorpresa en la compra de los buques de GNL trajeron incertidumbre y enojo.

El drama del gas, el acceso y sus precios llega en momentos en los que la industria vive uno de los momentos más difíciles de los últimos 20 años para sostener la actividad, según definieron fuentes fabriles a PERFIL. En particular, por la situación invernal, en Tucumán ya advierten posibles suspensiones, frenos de planta e inestabilidad laboral. El entramado productivo en general perdió empleo a un ritmo de entre 3.000 y 4.000 puestos por mes en lo que va del año y, según datos del INDEC, un 16,4% de las firmas industriales planea despidos y un 18,6% de la firmas industriales proyecta disminuir la cantidad de horas trabajadas por parte del personal afectado al proceso productivo.

En ese escenario, este martes la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con Caputo y le llevó alternativas para que sea el Estado quien asuma los costos extra generados por el conflicto bélico en Irán que llevó los precios del Gas Natural Licuado (GNL) de USD 12 por millón de BTU a más de USD 20. Pero según pudo saber PERFIL, por ahora, no hay respuesta del Palacio de Hacienda y la industria asume que el costo se trasladará al sector privado.

Cortocircuito por costos sorpresa más altos

De hecho, las distribuidoras de gas ya estuvieron haciendo una ronda de consultas para saber cuántas y cuáles industrias podrían asumir esos precios más altos. “Todas las fábricas en general están sujetas a un posible riesgo de falta de gas o, en el mejor de los casos, un encarecimiento muy fuerte del costo del gas”, explicó a este medio una fuente de una empresa del consumo masivo. Hay fábricas que ya están averiguando la posibilidad de subsanar eventuales cortes con energías alternativas, como el fuel oil, cuya ventaja reside en la facilidad de almacenar en grandes tanques y transportar en camiones, pero su desventaja es que tiene costos más elevados y no todos pueden afrontarlos.

Fue uno de los temas más importantes del encuentro en el quinto piso de Economía, aunque el eje central fue la “demora en la reactivación” de varios sectores —textiles, construcción, calzado, entre otros— ante el descontento de los industriales por la serie de beneficios que otorga el RIGI y próximamente el súper RIGI a sectores como la minería, la tecnología y la energía, frente a la falta de un régimen similar para la actividad productiva.

Pero además, este dilema se cruzó con un cortocircuito por un precio extra más —aparte del ya asumido por la guerra en Medio Oriente— por la regasificación. Todos los años, la Secretaría de Energía hace compras de forma exportable del gas que luego los grandes usuarios compran en el mercado mayorista. Este 2026 se espera que lleguen entre 23 y 25 buques y se gaste poco más de USD 1.000 millones para ese motivo.

El jueves 14 de mayo, Energía Argentina S.A. (Enarsa) notificó —a escasas horas de abrirse la subasta en la plataforma MEGSA, donde se realizan las compras y subastas— un ajuste en las reglas de juego pactadas. Mediante una circular oficial, la empresa estatal elevó a último momento el costo del servicio de regasificación de los USD 3,50 por millón de BTU contemplados originalmente en los pliegos, a un valor de USD 5,16, lo que representó un encarecimiento del 47%. Una maniobra que no solo careció de una fundamentación técnica, sino que además incluyó la exigencia de que dicha prima se abone por fuera del mecanismo institucional de la subasta como un cargo adicional y separado, desatando la inmediata reacción de cámaras como CIARA, que exigieron explicaciones urgentes y la postergación de la compulsa para evitar que el sector opere a ciegas y con márgenes negativos.

De asumir la prima extra de regasificación, con un costo del GNL que por efectos de la guerra en Irán pasó de valer USD 12 por millón de BTU a más de USD 20, en la industria aceitera presumen que los costos de la energía para sus fábricas aumentará un 25%. En el resto de los sectores también prevén saltos “cuantiosos”.

Fuentes oficiales aseguraron a PERFIL que Enarsa utilizó una prima más alta, consistente con lo que se pagó en los últimos dos años. Según argumentan, el esquema funcionó sin fricciones durante la licitación del primer barco, pero la prima resultó mayor al momento de adjudicar los nueve buques siguientes. Con una mirada de mediano plazo, en los despachos públicos confían en una pronta compensación: "Todavía hay que comprar más barcos, por lo que podemos volver a estar en el nivel de USD 4,50 o por debajo", deslizan, bajo la premisa de ir ajustando los valores para que el sistema local no pague de más.

El norte en alerta roja: restricciones y riesgo laboral

Mientras, en el norte la situación de cortes y gas más caro, ya advertida por las distribuidoras a las firmas, crece en incertidumbre. La Unión Industrial de Tucumán (UIT) encendió todas las alarmas tras una reunión con Naturgy NOA, confirmando que el escenario ya pasó de ser una discusión de costos a un peligro real de parálisis productiva y suspensiones laborales. Como consecuencia de un reordenamiento dispuesto por la Secretaría de Energía en las capacidades de transporte, la región enfrentará severas restricciones de suministro entre junio y agosto, con cortes que podrían extenderse entre 70 y 85 días.

El golpe logístico es asimétrico y pega de lleno en el momento de mayor actividad. Las industrias azucarera, citrícola, papelera y cerámica desarrollan gran parte de su producción en esta etapa del año y ahora se enfrentan a la imposibilidad de sostener sus niveles operativos. El problema estructural de fondo combina el déficit geológico de la Cuenca Noroeste —que aporta apenas un 20% de su capacidad histórica— con los tiempos políticos de la infraestructura de la Reversión del Gasoducto Norte, obligando a las distribuidoras a adecuar sus contratos de transporte firme y reduciendo la capacidad en un 35%.

Sin alternativas de abastecimiento que sean viables, ya que las opciones como el fluido proveniente de Bolivia o el propio GNL importado resultan prohibitivas para los costos de la región, la entidad tucumana advirtió que numerosas plantas deberán detener parcial o totalmente sus procesos. Este cuello de botella no solo amenaza la producción y el nivel de exportaciones, sino que pone en jaque la estabilidad de miles de trabajadores en una zona donde las fábricas ya operan, en el mejor de los casos, al 60% de su capacidad instalada a raíz de la contracción macroeconómica.

Ante la inminencia del invierno, el conflicto escaló al máximo nivel político. Mientras que las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, abrieron canales de diálogo de urgencia con los despachos nacionales para resguardar el entramado local, la industria reitera su pedido de previsibilidad para evitar que la falta de energía congele por completo el empleo y deje sin oxígeno a la actividad fabril.Perfil

En el marco del Día de la Armada Argentina, el almirante Juan Carlos Romay publicó una columna con fuertes advertencias sobre la situación naval del país. Sin mencionar directamente al gobierno de Javier Milei, el jefe de la fuerza reclamó “inversión previsible y sostenida” y alertó sobre los riesgos que genera la discontinuidad presupuestaria en defensa.

Las declaraciones se producen días después de que trascendieran recortes en partidas destinadas a alimentos y servicios básicos para las Fuerzas Armadas. Romay subrayó que “las Armadas son muy sensibles a la discontinuidad presupuestaria” y ejemplificó: “Un buque sin mantenimiento pierde disponibilidad. Un sistema de armas sin actualización queda obsoleto. Un stock crítico sin reposición deja a la Fuerza sin respuesta”.

El jefe naval también insistió en la necesidad de reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y alertó sobre la pérdida de capacidades para controlar espacios estratégicos. “Hoy debemos pasar de la vigilancia al conocimiento del entorno marítimo”, señaló, aunque aclaró que “ninguna arquitectura de información reemplaza una premisa básica: el mar se controla estando en el mar”.

Romay vinculó el deterioro de capacidades con el escenario internacional actual y mencionó conflictos en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo para advertir sobre la importancia geopolítica de las rutas marítimas y la seguridad energética. “La seguridad marítima es un bien público que demanda políticas de Estado sostenidas”, escribió.

Sobre el final de su columna, enumeró las condiciones necesarias para sostener una estrategia marítima: “medios, aptitudes, autoridad, marco legal y voluntad política”. Y reclamó acciones de gobierno perdurables para garantizar un poder naval con capacidades adecuadas para la defensa nacional.

En el Día de la Armada, sus palabras resonaron como un llamado a la reflexión sobre el rol estratégico de la fuerza y la necesidad de inversión para sostener la soberanía marítima argentina.

A dos años y cinco meses del inicio del gobierno de Javier Milei, los salarios de los investigadores del Conicet y de las universidades nacionales atraviesan una caída histórica. Según el último informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), los sueldos de los científicos deberían aumentar un 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido en este período.

El estudio revela que los investigadores de carrera y becarios del Conicet registran una pérdida del 40,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023. La caída se profundizó en abril, cuando los salarios tuvieron un incremento nominal del 1,7% frente a una inflación del 2,6%, lo que consolidó un deterioro mensual constante desde el inicio de la gestión.

En el caso de los docentes investigadores y nodocentes de universidades nacionales, la merma acumulada alcanza el 34,2%. Los salarios crecieron un 165,4% en el mismo período, mientras que los precios medidos por el Indec se dispararon un 293,4%. La brecha explica la magnitud del retroceso y la necesidad de un ajuste superior al 50% para recomponer el nivel salarial de noviembre de 2023.

El informe también detalla la situación del personal encuadrado en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), que sufrió una pérdida del 32,1% en dos años y medio. En abril, sus remuneraciones cayeron un 0,9% en términos reales y se ubicaron 58,9 puntos por debajo del nivel de diciembre de 2015, lo que refleja un deterioro estructural en el sector científico y técnico del Estado.

Los autores del estudio advierten que la caída salarial no solo afecta la calidad de vida de los investigadores, sino que compromete la continuidad de proyectos estratégicos y la permanencia de profesionales altamente calificados en el sistema científico nacional. La falta de recomposición adecuada incrementa el riesgo de fuga de talentos y debilita la capacidad del país para sostener políticas de innovación y desarrollo.

En este contexto, el reclamo por una recomposición salarial se vuelve central para garantizar la estabilidad del sistema científico y universitario. El Grupo EPC-Ciicti subraya que sin un aumento inmediato, el deterioro continuará profundizándose, con consecuencias directas sobre la producción de conocimiento y la formación de nuevas generaciones de investigadores.

El organismo previsional anunció que las Asignaciones Familiares tendrán un nuevo ajuste en mayo de 2026. El incremento será del 3,4%, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. De esta manera, se consolida el esquema de movilidad mensual que actualiza los beneficios en función de la inflación, garantizando que los haberes acompañen la evolución de los precios.

Con el ajuste de mayo, la Asignación Familiar por Hijo pasa de $68.341 a $70.664, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad sube de $222.511 a $230.076. Estos valores corresponden al 100% del beneficio para los ingresos más bajos, aunque en los tramos superiores los montos varían según el nivel de ingresos del grupo familiar.

En abril ya se había aplicado un incremento del 2,9%, y ahora se suma este nuevo ajuste que toma como referencia la inflación de marzo. Así, el esquema de movilidad mensual continúa reflejando la evolución de los precios, con actualizaciones constantes en los haberes que perciben los trabajadores registrados.

Desde la Anses recordaron que los nuevos montos se verán reflejados directamente en los pagos de mayo, consolidando el mecanismo automático de actualización vigente. El impacto será inmediato en los bolsillos de miles de familias que dependen de este beneficio, reafirmando la importancia de la política de movilidad como herramienta de acompañamiento en un contexto económico marcado por la inflación.

El próximo jueves 30 de abril se vence el plazo establecido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que los nueves ministerios presenten su plan de ajuste en las distintas áreas.

La meta fijada por el ministro coordinador, en representación del presidente Javier Milei, gira en torno a la reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital.

Una importante fuente involucrada en el proceso reveló a esta agencia que las nueve carteras aún no enviaron la previsión que contempla en detalle la reducción segmentada por organismos y áreas.

“La meta fue para todos los ministerios igual incluyendo sus organismos. Después, cada ministro tiene libertad para reducir a discreción, por ejemplo puede determinar si avanzar en un área y no en otra”, detalló un funcionario.

La decisión alcanza a los ministerios de Salud, Interior, Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Seguridad, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Capital Humano.

En Balcarce 50 niegan que la solicitud a las carteras afecte la dinámica y el funcionamiento de las mismas, y aseguran que cada uno de los ministros deberá establecer prioridades. Además, remarcan que los números pedidos son “mínimos”.

Fuente: AgenciaNA

El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó. El texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio (hoy serían $304 mil) pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones.

En un escenario marcado por la discusión salarial y el debate sobre la Caja de Jubilaciones, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos definió un plan de acción que combina protesta, movilización y propuestas alternativas. La decisión surge de un plenario de secretarios generales que busca frenar políticas de ajuste y defender derechos adquiridos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos resolvió un plan de lucha que incluye una jornada nacional de protesta y una movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná. La medida fue definida en un plenario de secretarios generales realizado el miércoles, donde se debatió la situación salarial y el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El encuentro, encabezado por el secretario general Oscar Muntes, marcó el inicio de una estrategia de acción directa frente a lo que consideran un avance de políticas de ajuste en la provincia. “Nos convocamos en un momento crítico. La municipalidad no descansa en profundizar el ajuste y nosotros debemos responder con unidad”, expresó Muntes durante la apertura.

En relación a la paritaria salarial, se acordó participar de la Jornada Nacional de Lucha prevista para el martes 23 de abril. Cada seccional tendrá autonomía para definir la modalidad de protesta, que podrá incluir paros activos, asambleas y movilizaciones en distintos puntos de Entre Ríos.

Uno de los ejes centrales del plenario fue la defensa de la Caja de Jubilaciones. El gremio resolvió realizar asambleas permanentes en todas las reparticiones públicas, interpelar a legisladores de los distintos bloques políticos y convocar a una movilización masiva hacia la Casa de Gobierno. La consigna es frenar cualquier intento de reforma previsional que implique ajustes sobre los trabajadores.

Como alternativa, ATE presentó el proyecto de creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper). La iniciativa, expuesta por el secretario de Organización Víctor Sartori, plantea que el financiamiento del sistema no recaiga sobre los beneficiarios sino sobre los sectores económicos concentrados. Según el gremio, el 70% del déficit de la Caja responde a decisiones políticas históricas y no a la relación activo-pasivo. Bajo la premisa de que “la jubilación es salario”, el proyecto busca redistribuir excedentes para sostener el sistema de reparto asistido sin vulnerar derechos adquiridos.

El plenario también abordó la situación de los trabajadores municipales, cuyos salarios en varias localidades se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, se analizó el estado de los comedores escolares, advirtiendo sobre la necesidad de garantizar la asistencia alimentaria en un contexto de inflación elevada.

Fuente: APFDigital

Sobral destacó el impacto de la reciente campaña solidaria, que permitió visibilizar la tarea que realizan y reunir fondos en un corto plazo. “La campaña nos ayudó a que la sociedad visibilice de una forma más directa lo que es la vida de cualquiera de los chicos que transitan el Hogar de Cristo. Cualquier persona puede estar atravesada por las adicciones. Tuvo un alto impacto”, expresó.

En ese sentido, remarcó la respuesta de la comunidad: “Es impresionante la cantidad de personas que se han comunicado. Desde lo económico, se apuntaló muchísimo, pero también hubo instituciones que intentaron conseguir alimentos y mucha gente que, aunque no pudo aportar, se solidarizó y nos dio apoyo y fuerza”.

Sin embargo, advirtió que lo recaudado solo alcanza para sostener el funcionamiento por un período limitado. “Lo que se pudo juntar nos permite solventarnos por casi un mes. En cinco días se pudo cubrir lo que implica un mes de funcionamiento, pero necesitamos sostener aportes mensuales para poder prever y saber qué podemos hacer mes a mes”, explicó.

El principal problema, señaló, es la falta de definiciones respecto a los fondos de SEDRONAR. “Seguimos sin respuesta. Hemos golpeado todas las puertas y nadie nos puede garantizar la continuidad de estos fondos. Si supiéramos que se terminan en diciembre, podríamos prever cómo seguir, pero la incertidumbre nos deja en un lugar de no saber qué hacer”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que ya comenzaron a implementar medidas de ajuste. “Estamos diagramando estrategias para reducir gastos y trabajar más con voluntariado. Esto nos obliga a tomar decisiones difíciles”, afirmó, y confirmó: “Mañana estamos cerrando una de las casas, que es pequeña pero cumple una gran función, acompañando a chicos con padecimientos mentales, porque hoy no podemos seguir sosteniendo ese gasto”.

Sobral también se refirió al incremento de los costos de servicios, particularmente la energía eléctrica. “En uno de los dispositivos tenemos un gasto muy importante de luz. Nos reunimos con la Cooperativa, revisaron si había pérdidas y nos orientaron sobre cómo reducir el consumo. Pero la realidad es que el gasto tiene que ver con la cantidad de gente que asiste: no es lo mismo atender a 12 personas que recibir a 60 todos los días, que se bañan, lavan ropa y utilizan las instalaciones”, explicó.

Finalmente, señaló que desde la cooperativa evalúan algún tipo de acompañamiento, aunque aún no hay definiciones. Mientras tanto, desde el Hogar de Cristo aseguran que continuarán trabajando “en territorio” y apelando al compromiso de la comunidad para sostener su tarea.

El presidente Javier Milei atraviesa un momento de fragilidad política y económica. Después de semanas de confrontación y discursos furiosos, retrocedió en su estrategia y apeló a un giro discursivo: pidió paciencia a la sociedad y admitió que la crisis persiste. El conflicto por los colectivos, con la calle como caja de resonancia, expuso el malestar social y obligó al mandatario a recalibrar su vínculo con el electorado.

La semana política mostró contrastes. Mientras el oficialismo logró aprobar sin sobresaltos la modificación de la ley de glaciares en el Congreso, Milei exhibió nerviosismo en sus apariciones públicas. El reconocimiento de que “estos últimos meses fueron duros” marcó un cambio en su narrativa, impulsado por su asesor Santiago Caputo, que intenta rescatar la figura presidencial en medio de la caída de Manuel Adorni, acorralado por causas judiciales.

El giro discursivo no implica cambios en el plan económico: Milei ratificó la continuidad de la “motosierra”, aunque las tensiones internas se profundizan. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Salud, Mario Lugones, se enfrentan por el financiamiento del PAMI, con US$1000 millones retenidos por el Tesoro. La disputa refleja la puja de poder entre el sector de Santiago Caputo y el de Karina Milei, que controla las delegaciones regionales.

La situación judicial de Adorni se convirtió en un problema político para el Presidente, que decidió ponerse al frente de su defensa. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario y su esposa, mientras la oposición prepara una ofensiva parlamentaria para interpelarlo. El Congreso se perfila como un escenario de advertencia para los libertarios, que enfrentan la posibilidad de perder iniciativa legislativa.

En paralelo, la economía no da respiro. La inflación de marzo se ubicaría en torno al 3% mensual, completando diez meses consecutivos de alza. El poder adquisitivo de los trabajadores cayó por la apreciación cambiaria y la suba de precios, según informes del Banco Provincia. Aunque el Banco Central logró una compra récord de dólares, los compromisos de deuda por US$17.500 millones en los próximos doce meses anticipan tensiones cambiarias.

Las encuestas reflejan el desgaste. Un sondeo de Trespuntozero ubicó la imagen negativa del Gobierno en 66,2%, con un 58,9% de “muy mala”. Lo novedoso es la reaparición del peronismo como opción electoral: Axel Kicillof supera a Milei en algunas mediciones y revive la expectativa opositora. Massa y Wado de Pedro también mueven sus fichas, mientras el oficialismo observa con atención al “peronismo blue” que podría dividir el voto opositor.

En este contexto, Milei insiste en pedir paciencia y sostener el ajuste, aunque los márgenes para recortar gastos se reducen. La narrativa del esfuerzo busca recomponer la relación con la sociedad, pero la combinación de internas, crisis económica y oposición revitalizada pone en duda la capacidad del Presidente para sostener su proyecto político.

Fuente: Infobae