La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.

Según informaron fuentes judiciales, el procesamiento es por la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, el marido quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente, María Cantero.

La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.

Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ratificó el embargo sobre sus hasta la suma de $ 14.634.220.283.

También se confirmó la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El fallo es de los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los dos últimos conformaron la mayoría. Así, el expresidente queda más cerca del juicio oral y público. (Con información de La Nación)

Alberto Fernández despidió a su mascota Dylan con un emotivo mensaje en Instagram, destacando la lealtad y ternura del collie (Twitter)

La noticia sobre la muerte de Dylan, el perro de Alberto Fernández, ex presidente de la Argentina, se conoció este miércoles 12 de noviembre durante la tarde, cuando el ex jefe de Estado publicó un emotivo mensaje donde expresó: “Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura”, despidiendo así a la mascota que lo acompañó durante los años en que residió en la Quinta de Olivos.

Alberto Fernández optó por contar a sus seguidores el fallecimiento de Dylan a través de sus redes personales. En el texto, el ex presidente detalló la relación profunda establecida con su mascota con frases de marcado contenido afectivo. “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado… En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”, escribió el ex mandatario.

La figura de Dylan trascendió el ámbito privado para instalarse como un fenómeno en redes sociales durante el gobierno de Alberto Fernández. La cuenta de Instagram de la mascota alcanzó más de 46 mil seguidores, mientras que en Twitter sumaba cerca de 21 mil seguidores. En estas cuentas, administradas por un community manager, se difundían imágenes y videos de la rutina de Dylan junto a Fernández y otros miembros de su entorno, incluidas fotografías en el barrio porteño de Puerto Madero, donde la familia residía cuando el político no se encontraba en la Quinta de Olivos.

Durante la campaña presidencial de 2019 y a lo largo de su mandato, Dylan se transformó en una figura presente en la comunicación pública del ex presidente y participó en momentos clave, como la jornada de las PASO, cuando Fernández fue retratado paseando a su perro por las calles de la ciudad antes de dirigirse a votar. La biografía virtual de Dylan remarcaba ese perfil: “Collie nacional y popular”, nacido en Pilar y bautizado en honor a Bob Dylan, como recordaba el propio Fernández en referencias previas.

La historia y características de los collies también fueron reseñadas: “La raza de Dylan proviene de Escocia, de lo profundo de las colinas y las montañas, donde durante siglos fueron utilizados como perros pastores. Necesitan largas caminatas diarias y mucho ejercicio al aire libre para mantenerse sanos y felices. Son eficaces al aprender órdenes y su entrenamiento debe ser suave”. El perfil del animal se completaba con adjetivos vinculados a la lealtad, la amabilidad y la capacidad de convivencia con núcleos familiares.

La biografía y las redes de Dylan incluyeron imágenes y videos que reflejaban el día a día de la mascota tanto en las oficinas como en los parques de la Quinta de Olivos. En varias de esas publicaciones, se mostraba la interacción entre el ex presidente y su collie, así como paseos en la residencia y reuniones informales de trabajo. El tono de las publicaciones variaba entre el humor y la ironía, ofreciendo un ángulo cotidiano de la vida política y familiar de Fernández. En ese marco, sobresalió el posteo dedicado al Día del Amigo, donde se leyó: “Alberto es mi mejor amigo. Últimamente nos vemos menos porque está muy ocupado y lo extraño mucho, pero cuando vuelve pasamos muchas horas juntos para compensar. Ojalá toda la gente cuide y quiera a sus amigos animales como él a mí”.

La historia de Dylan también estuvo marcada por su descendencia. En distintas ocasiones, organismos cercanos al entorno presidencial comunicaron a través de las redes el nacimiento de los cachorros de Dylan. En julio del año pasado, el collie fue padre de cuatro crías, y el propio Fernández entregó uno de esos cachorros a Gisele Fernández, hermana de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. Entre sus hijos figura Prócer, otro collie que participó de la vida virtual y fue frecuentemente mostrado en redes, recibiendo atención del público al que le interesan las historias de mascotas famosas.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal apartó este lunes al juez federal Julián Ercolini de la causa por violencia de género que inició Fabiola Yáñez contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández, quien había alegado tener una relación cercana al magistrado, primero como amigos y actualmente enemistados.

La separación del juez que llevó adelante el caso que está a punto de ser elevado a juicio abre una oportunidad para la defensa del ex jefe de Estado, que se prepara para pedir la nulidad de toda la causa.

No obstante, la Casación se adelantó a esa controversia y advirtió que Ercolini debe abandonar el expediente “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. El máximo tribunal penal ratificó así la vigencia de las medidas de prueba adoptadas y la etapa a la que llegó la causa.

Ahora la Sala II de la Cámara Federal porteña debe sortear un nuevo juez para que continúe con el expediente.

La recusación

Alberto Fernández intentó apartar al juez Julián Ercolini desde el inicio de la investigación, al entender que para esta causa no es juez imparcial.

El 11 de diciembre de 2024, el magistrado rechazó excusarse porque “no existían hechos concretos y objetivables para dudar de su imparcialidad”. Posteriormente, el 26 del mismo mes, la Sala II de la Cámara Federal también rechazó la recusación. El planteo volvió a ser analizado por los mismos jueces en mayo de este año, y mantuvieron su postura.

La defensa del expresidente argumentó que existía una relación de amistad y posterior enemistad entre Fernández y Ercolini, y señalaron puntualmente la denuncia que hizo el entonces jefe de Estado contra el titular del Juzgado Federal N° 10 -entre otros funcionarios- por el viaje a Lago Escondido.

Así el caso llegó a manos de la Sala II de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro W. Slokar.

En un fallo unánime, al que tuvo acceso Infobae, los magistrados entendieron que Alberto Fernández expuso “determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto”, que no habían sido analizados previamente por la Cámara Federal.

Esto ocurrió durante una audiencia de la que participó Fernández junto a su abogada Silvina Carreira, y que contó con la presencia de Mauricio D’Alessandro, representante legal de Fabiola Yáñez. Ese mismo día la ex primera dama regresó al país por primera vez desde el cambio de mandato, cuando se mudó a España.

Los jueces encontraron que estos nuevos argumentos del acusado otorgaron “sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”.

Y consideraron oportuno correr de la causa a Ercolini “con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”.

En medio de un conflicto judicial clave para la Argentina, el Gobierno oficializó este jueves una profunda reestructuración de la Procuración del Tesoro, tras detectar supuestas filtraciones que habrían perjudicado la estrategia estatal en el juicio que enfrenta el país contra el fondo Burford Capital por la expropiación de YPF.

La medida, formalizada por el Decreto 475/2025 y publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, establece una modificación del organigrama del organismo, la eliminación de estructuras existentes y la desvinculación de al menos 60 funcionarios. Entre los entes disueltos figura la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

La ofensiva se lanzó luego de que sectores del oficialismo detectaran la circulación de información reservada que podría haber sido utilizada en favor del fondo Burford, principal demandante en la causa que tramita en Nueva York. Las filtraciones, según voceros gubernamentales, habrían comprometido la posición jurídica del país ante la jueza Loretta Preska.

“Claramente hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial del Gobierno”, confió una fuente cercana a Casa Rosada. Si bien no se identificaron responsables directos, las sospechas recaen sobre exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández, en especial quienes actuaron bajo la conducción de Carlos Zannini.

La limpieza interna es encabezada por Santiago Castro Videla, actual subprocurador del Tesoro, quien asumió en febrero tras la salida de Rodolfo Barra. El objetivo declarado de la nueva conducción es “optimizar recursos y mejorar la capacidad operativa”, en un contexto donde la Procuración gestiona litigios por miles de millones de dólares.

Según el Gobierno, la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado responde a “problemas estructurales que impiden su funcionamiento eficaz”. La capacitación profesional será asumida por el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), que seguirá dependiendo del mismo organismo.

El decreto también incluye la reasignación y homologación de cargos, así como la derogación de normativas previas. El Ejecutivo sostuvo que estas reformas son “indispensables por razones de gestión” y permiten “reducir costos en el Estado”.

Mientras tanto, en Estados Unidos el proceso judicial por la estatización de YPF sigue su curso. Aunque recientemente se logró un fallo favorable por el cupón PBI que evitó un pago de US$ 450 millones, la jueza Preska ya rechazó la suspensión del fallo principal que compromete al Estado por cifras multimillonarias.

Pese a la tensión, el Gobierno todavía no apuntó públicamente contra ninguna persona en particular, aunque se filtraron acusaciones contra integrantes de la administración anterior que aún permanecen en funciones. En la Casa Rosada no descartan avanzar con denuncias penales si se comprueba la venta de información clasificada.

El caso YPF vuelve así a tensar el frente interno del Gobierno, que intenta blindar sus áreas sensibles ante eventuales sabotajes. La Procuración, clave en la defensa del Estado ante tribunales internacionales, se convirtió en el nuevo epicentro de un ajuste donde la desconfianza se impone a la prudencia.

El ex presidente Alberto Fernández se presentará este viernes a las 10 en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa Seguros, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

El ex mandatario había pedido ampliar su declaración ante el juez Sebastián Casanello, por lo que fue citado para este viernes. Casanello había reimplantado el 9 de abril último la inhibición general de bienes a Fernández y otro medio centenar de personas físicas y jurídicas en el marco de la investigación del caso Seguros.

Casanello asumió la subrogancia del juzgado federal 11, donde se lleva el caso y todavía está pendiente de resolución la situación procesal de Fernández y el resto de los acusados, que ya fueron indagados en la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).

En la decisión en la que se dispuso volver a inhibir bienes, el juez entendió que hay estado de sospecha suficiente ya que fueron indagados al disponer la medida sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro de los involucrados.

La medida abarcó a Fernández; al broker investigado como beneficiario de las maniobras Héctor Martínez Sosa, y a la esposa de éste y ex secretaria privada del ex mandatario María Cantero, entre otros. (NA)

Este lunes, EL ARGENTINO publicó una nota, a través de la cual la cooperativa de tierra “Salud y vivienda”, conformada por trabajadores y trabajadoras del sector de la salud de la ciudad, reclamaron soluciones a la Municipalidad.

En la misma se hace referencia a la Ordenanza N°12.859, aprobada a finales del 2023, mediante al cual el concejo Consejo Deliberante de Gualeguaychú autorizó al Poder Ejecutivo local a ceder parte de los lotes del barrio Las Ramas, ubicado en la zona noroeste, a dicha cooperativa.

En el segundo de sus tres artículos, la norma autoriza “al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer de los lotes con servicios aptos para uso urbano residencial que la Municipalidad de San José de Gualeguaychú dispone a través del banco de Tierras en la zona noreste de la ciudad –actual conjunto habitacional “Las Ramas” – a fin de cubrir las necesidades habitacionales de las cuarenta y dos (42) familias solicitantes”.

Para que se entienda: lo que se aprobó fue la autorización al Ejecutivo para ceder esos lotes. Pero “los mismos nunca fueron cedidos”, aclararon a EL ARGENTINO desde la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura. En este sentido, es importante remarcar que, si bien la gestión actual es muy crítica de la Ordenanza N° 12.859 y del proceso que llevó a su aprobación (se omitieron pasos dispuestos en la ordenanza del Banco de Tierras), ante la consulta de este medio, tanto fuentes del Ejecutivo como del Legislativo, coincidieron en que “el objetivo es darle una solución” a la cooperativa en cuestión.

“Si no existiese buena voluntad, ya habríamos derogado esa ordenanza. Tenemos la mayoría en el Concejo Deliberante para hacerlo. Entendemos que fue muy desprolijo el proceso para que la misma sea aprobada, pero también entendemos la necesidad legítima de las familias de la ciudad de acceder a un terreno”, expuso, en este sentido, una de las fuentes consultadas.

Un largo camino sin solución a la vista

Fue sobre el final de la gestión del ex presidente Mauricio Macri que su ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el actual gobernador Rogelio Frigerio, anunció la creación de 525 casas para la ciudad de Gualeguaychú. En ese momento, dicho anuncio fue toda una novedad, ya que el gobierno macrista no se había destacado por la construcción de planes sociales de viviendas, justamente.

Las mismas se iban a construir mediante el sistema de Participación Pública-Privada, presentado como PPP. Pero el cambio de gobierno en 2019 y la posterior pandemia, en 2020, complejizó la situación. Ya con el presidente Alberto Fernández, se creó el Programa Reconstruir, que finalmente financió 210 de las 525 viviendas anunciadas inicialmente.

En la actualidad, entonces, son 210 las viviendas proyectadas, varias con un avance de obra actual que llega al 70%, otras con el 60% y otras tantas con el 30%. Varias, también, apenas tienen construida la platea sobre la cual se construirán. Por otro lado, se proyecta que queden disponibles 315 lotes, de los cuales una parte se quedará la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la construcción del barrio (conformada por Neltec S.RL. y Gustavo González), y la otra quedará disponible para el Banco de Tierras Municipal.

Pero esta compleja situación, atravesada no solamente por una pandemia, sino también por los drásticos cambios de gestiones a nivel nacional y los vaivenes económicos, enfrenta otro problema: el Programa Reconstruir sigue dependiendo del gobierno nacional, pero “no tenemos interlocutores en Nación”, confió otra de las fuentes municipales consultadas.

El gobierno anarco capitalista de Javier Milei nada quiere saber con la obra pública, ni con la construcción de viviendas. Por lo que está en línea con la intención -compartida entre el Municipio de Gualeguaychú y el gobierno entrerriano- de traspasar dicho programa a la provincia de Entre Ríos, probablemente al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

Una vez que dicho convenio, en el que se está trabajando actualmente, esté firmado, el camino quedará allanado para completar la obra de las 210 viviendas y sus respectivos servicios. Además, el Banco de Tierras “se quedará con los lotes que queden luego de haber pagado la obra a la empresa” (se pagará con lotes, como se indicó más arriba). Recién entonces la cooperativa “Salud y vivienda” sabrá si es beneficiada con los lotes prometidos por la gestión anterior o no. En última instancia, eso será una decisión política de la gestión actual.

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández fue procesado hoy por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yañez. El juez federal Julián Ercolini procesó al ex jefe de Estado por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Fernández recibió un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y el magistrado levantó su prohibición de salida del país.

El ex presidente fue procesado por los tres delitos por los que había sido acusado por el fiscal federal Ramiro González, quien tuvo a su cargo la investigación, y que tienen una expectativa de condena de 18 años. El juez Ercolini evaluó si el procesamiento debía dictarse con la detención del ex presidente. El magistrado señaló que una eventual condena podría ser a una pena de 18 años de prisión, lo que “no resulta una circunstancia menor”, pero también afirmó que Fernández tuvo “una sujeción y actitud positiva al proceso” porque siempre estuvo a derecho, y rechazó una eventual detención.

“Considero que se han recabado varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y contínuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yañez”, sostuvo Ercolini en su resolución de 184 páginas en la que calificó como “determinante” la asimetría de poder entre los dos. El magistrado entendió que los moretones que Yañez mostró en su brazo y ojo derecho fueron golpes del ex presidente.

Tras numerosas reprogramaciones durante el 2024, el expresidente Alberto Fernández presentó declaración indagatoria en Comodo Py, en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género y coacción contra la ex primera dama, Fabiola Yañez. El exmandatario argentino expuso un escrito de 200 hojas frente al Juez Julián Ercolini en donde apuntó contra su expareja por buscar un "beneficio económico".

Fernández ya estuvo presente en dichos tribunales el pasado lunes, cuando se presentó por la causa. En la previa a la citación, la defensa del ex presidente presentó distintos recursos con miras a lograr una nueva suspensión de la audiencia, que eran analizados por el fiscal federal Ramiro González y el Juez Julián Ercolini.

El exmandatario está imputado por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones". Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de que Fernández enfrente una eventual condena.

En el marco de esta causa, Fernández prestó declaración indagatoria en los tribunales. En detalle, el proceso inició a las 11 horas y el expresidente presentó un escrito de 200 hojas.

La investigación está delegada en la fiscalía federal de González, quien imputó al ex presidente y reclamó su citación basado en la prueba recabada en el expediente, como capturas de imágenes que Yañez envió a Cantero y fueron halladas en un peritaje al celular de esta última en el marco de otra causa penal, la de Seguros.

La abogada de Fernández, Silvina Carreira intentó, este lunes inclusivo, apartar al magistrado del caso, en base a un presunto "temor de parcialidad". Sin embargo, en su último intento no tuvo éxito.

Por su parte, la ex primera dama ya declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde vive con Francisco, el hijo de ambos. Además, por los tribunales ya pasaron; la ex secretaria Cantero; el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez; familiares de la víctima; los médicos que la atendieron en la citada residencia; la esteticista Florencia Aguirre; su ex amiga y ex empleada presidencial Sofía Pacchi y niñeras que cuidaron al niño durante la presidencia de Fernández.

Causa Seguros: Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py y pidió apartar al juez Ercolini

El expresidente Alberto Fernández se presentó este lunes en los tribunales de Retiro para participar de una audiencia ante la Cámara Federal porteña. Esto significó un nuevo intento de la defensa del exmandatario para apartar al juez federal Ercolini del caso.

Fernández arribó poco antes de las 13 al segundo piso de Comodoro Py 2002, sede del tribunal de apelaciones, e ingresó a la audiencia ante el camarista de la Sala II Roberto Boico junto a su abogada Mariana Barbitta. El expresidente resolvió participar del trámite pese a que su presencia no era necesaria y con la de su defensora bastaba.

Fernández dijo al juez que Ercolini busca dejarlo "preso" en esta causa porque "lo detesta" y actúa en "venganza", al reiterar que debe hacerse lugar a la recusación y apartarlo del caso. Tras las declaraciones del expresidente, el juez Boico deberá tomar una decisión en relación a si considera que existe o no "enemistad manifiesta" por parte del magistrado hacia el expresidente.

En cuanto a la causa, Fernández fue indagado el 27 de noviembre pasado en esta investigación y esta semana concluirá la ronda de declaraciones indagatorias.

Tanto al expresidente como al resto de los 44 acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en 'Nación Seguros SA'".

Para ello, "una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora 'Nación Seguros SA'", detalla la imputación.