El fiscal de Estado adjunto, Martín Rettore Elena, defendió este viernes la constitucionalidad de la Ley N° 11.178 de Buenas Prácticas Fitosanitarias, cuestionada por un vecino de Aldea Salto, en el departamento Diamante. La Justicia deberá resolver si declara inconstitucionales los artículos que fijan las distancias para las fumigaciones y regulan el uso de drones.

El planteo surgió a partir de una denuncia presentada por Gerardo Gareis, quien atribuyó el daño genético crónico que padece su hija a las fumigaciones con agrotóxicos realizadas cerca de su vivienda. La jueza Adriana Acevedo ya había hecho lugar a una medida cautelar que suspendió las aplicaciones aéreas mediante drones en la zona.

En la audiencia realizada en Tribunales, Rettore Elena argumentó que “la ley fue fruto de un extenso proceso de debate legislativo y técnico, y busca garantizar un equilibrio entre la protección del ambiente y la producción agropecuaria, fundamental en una provincia agrícola como Entre Ríos”.

Según explicó, la norma contempla el uso de drones, aunque aún resta su reglamentación específica. “La discusión principal está centrada en las distancias permitidas para las fumigaciones, no en la prohibición de las herramientas tecnológicas”, precisó.

El funcionario remarcó además que la inconstitucionalidad es “la sanción más grave del ordenamiento jurídico” y que en este caso no se justifica, dado que “las distancias fueron establecidas en función de estudios técnicos y científicos realizados por profesionales de distintas áreas”.

La causa continuará con una etapa de producción de pruebas, en la que se incorporarán informes de expertos en salud, biología y agronomía antes de que se dicte sentencia.

“Esta discusión ya fue saldada en el ámbito que corresponde: la Legislatura provincial”, enfatizó Rettore Elena, al insistir en que el debate sobre las fumigaciones debe resolverse en el plano político y técnico, y no en los tribunales.

La decisión final de la Justicia determinará si se mantiene vigente la ley sancionada en diciembre de 2024 o si se modifica el esquema de distancias que rige para las aplicaciones con agroquímicos en Entre Ríos.

La vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Adriana Beatriz Acevedo, resolvió prohibir el uso de drones para fumigar campos linderos a una vivienda familiar en Aldea Salto, departamento Diamante. La medida cautelar se dictó en el marco de un amparo ambiental impulsado por Gerardo Gareis, quien denunció que las aplicaciones con agrotóxicos realizadas por sus vecinos afectaron la salud de su hija de 12 años.

El planteo judicial se basó en estudios genéticos que evidenciaron daño genotóxico crónico en la menor, atribuible a la exposición continua a agroquímicos. Ante ello, la magistrada resolvió suspender las fumigaciones con vehículos aéreos no tripulados hasta que se dicte sentencia definitiva.

Gareis, representado por los abogados Aldana Sasia y Lisandro Garabentos, solicitó la prohibición de fumigar dentro de un radio de 1.000 metros para aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas y con drones. Además, pidió que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 63° y 66° de la Ley de Agroquímicos N° 11.178 y su Decreto Reglamentario N° 1719/2025, por considerar que vulneran derechos fundamentales.

El fallo señala que los artículos cuestionados permiten aplicaciones con mochilas o drones a solo 10 metros de zonas habitadas, 100 metros con maquinaria terrestre y 200 metros con aeronaves tripuladas. Según la demanda, estas distancias violan el derecho a la salud, a un ambiente sano y los derechos de niños y adolescentes, además del principio de progresividad ambiental.

En los fundamentos de la resolución, Acevedo destacó que en Entre Ríos aún no se ha implementado un sistema de registro ni habilitación para el uso de drones en tareas de pulverización agrícola. El Ministerio de Producción confirmó que la provincia está elaborando una normativa específica, pero hasta el momento no existe un marco legal operativo.

Por esa razón, la jueza consideró que las fumigaciones con drones “constituyen actualmente una infracción a la Ley 11.178, en tanto se efectúan incumpliendo la normativa vigente”. También remarcó que las recetas agronómicas no contemplan este tipo de aplicaciones, por lo que no son válidas.

Aplicando el principio precautorio, Acevedo ordenó la suspensión de las fumigaciones aéreas con drones “hasta que se dicte sentencia definitiva” en el proceso. (Con información de Era Verde y ElOnce)

El fallo valoró especialmente los estudios realizados en el Laboratorio de Genética de Río Cuarto, Córdoba, por la especialista Delia Aiassa y su equipo, quienes confirmaron que la niña presenta “daño genético sostenido” e “indicadores de genotoxicidad crónica”.

La magistrada sostuvo que “la parte actora ha traído prueba que da cuenta de los problemas de salud que viene sufriendo la niña y vestigios de daño genético, el cual podría acarrearle consecuencias futuras”. Consideró que el riesgo acreditado y la exposición crónica justifican la medida precautoria ante el peligro en la demora.

Acevedo fundamentó su decisión en el artículo 41° de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza el interés superior de la niñez. Además, citó la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Constitución de Entre Ríos, y el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la justicia ambiental.