El personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Departamental de Gualeguaychú, en conjunto con miembros de la DDI de San Isidro, realizaron hoy por la mañana un allanamiento en la localidad de Don Torcuato y además de la detención de la mujer que estaba prófuga, que no había podido ser localizada en los allanamientos realizados a fines de julio, se logró secuestrar dos teléfonos celulares que serán peritados y podrían ser claves para seguir identificando a posibles integrantes de una banda dedicada a las extorsiones.

La mujer de 32 años era una de las dos mujeres que estaban siendo buscadas en torno a esta causa, sobre la que existía una orden de captura. En los últimos días se obtuvo información valiosa sobre el paradero y hasta ese lugar llegó la comisión de Investigaciones para lograr aprehenderla. La detenida será trasladada en las próximas horas a Gualeguaychú y quedará bajo las órdenes del fiscal Lucas Pascual, que ya logró la condena la semana pasa de otra de las mujeres que estaba vinculada al caso.

La denuncia que dio origen a todo

La causa se inició el 30 de septiembre de 2025, cuando un hombre denunció haber sido intimidado por desconocidos que, haciéndose pasar por funcionarios judiciales y efectivos policiales, le aseguraban que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas de una supuesta detención y utilizando información sobre su entorno familiar para generar temor, consiguieron que realizara varias transferencias de dinero. El damnificado habría realizado transferencias bancarias por un monto aproximado de 42 millones de pesos.

Las primeras actuaciones permitieron seguir el recorrido del dinero y detectar que parte de la organización operaba desde la provincia de Buenos Aires. En ese marco, durante octubre del año pasado fueron detenidos en la zona de Ceibas dos hermanos oriundos de San Isidro, quienes habían sido identificados durante las tareas investigativas como personas vinculadas al cobro de parte del dinero entregado por la víctima.

Aquellas detenciones marcaron un punto de inflexión en la investigación. Con el avance de las pericias sobre teléfonos celulares, cuentas bancarias y registros de comunicaciones, la Fiscalía logró ampliar el universo de sospechosos y profundizar la hipótesis de que detrás del hecho actuaba una estructura organizada, con integrantes que cumplían distintos roles y que mantenían contacto permanente entre sí.

La pesquisa avanzó luego hacia el conurbano bonaerense, donde en abril de este año se realizaron allanamientos en la localidad de Boulogne Sur Mer. Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos dos sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos incorporados al expediente. Sin embargo, dos mujeres lograron evadir el operativo y desde entonces permanecían con pedido de captura.

Lejos de detenerse, la investigación continuó durante los últimos meses. A fines de julio, personal de Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú regresó a Boulogne Sur Mer y si bien no concretaron las detenciones buscadas, hallaron más elementos que permitieron la reconstrucción de la red investigada.

La detenida de este martes es hermana de uno de los dos hombres que se encuentran presos en la Unidad Penal 21 de Campana, que son señalados en la investigación que lleva adelante el fiscal Pacual como parte de la organización delictiva, en tanto la mujer que fue condenada la semana pasada, que había quedado involucrada en un procedimiento anterior, es pareja del otro hombre preso en la misma cárcel. A ella se le dictó en Gualeguaychú una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de encubrimiento agravado y el decomiso de dinero que se le halló en su poder cuando fue detenida, le fue entregado a la víctima en concepto de reparación.

El trabajo investigativo permitió reconstruir una operatoria que iba mucho más allá de un simple llamado telefónico. A partir del análisis de comunicaciones, movimientos bancarios y otros elementos de prueba, los investigadores lograron establecer la participación de distintas personas que cumplían funciones específicas dentro de la maniobra, desde quienes mantenían contacto con la víctima hasta quienes administraban las cuentas donde terminaba el dinero obtenido mediante el engaño.

Un hombre fue detenido en Gualeguaychú en el marco de una investigación por una estafa bajo la modalidad conocida como cuento del tío, mediante la cual un vecino de 70 años fue engañado y despojado de unos $40.000 en efectivo.

El hecho fue denunciado el pasado 9 de octubre. Según la información de la causa, la víctima había retirado dinero de una entidad bancaria y, luego de descender de un colectivo urbano, fue interceptada por dos personas en la zona de calles 3 de Caballería y Bomberos Voluntarios.

A través de un engaño, los individuos consiguieron apoderarse del dinero y escaparon en un automóvil.

A partir de la denuncia, la Policía inició tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos. Esas diligencias permitieron avanzar en el esclarecimiento del episodio e identificar elementos de interés para la causa.

Como resultado, durante la noche del martes se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de Santiago Díaz al 700. En el lugar, los efectivos secuestraron prendas de vestir, un teléfono celular y un automóvil Renault que estaría vinculado con el hecho.

El detenido quedó alojado en Jefatura, a disposición de la Fiscalía.

La Justicia federal y la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo un exhaustivo procedimiento contra la explotación laboral que derivó en la liberación de cuatro víctimas y la aprehensión de nueve imputados en los partidos de Pilar y General Obligado. La causa judicial se inició a partir de una presentación realizada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) mediante la Línea 145, el canal oficial habilitado para la recepción de denuncias sobre trata de personas y delitos conexos.

Las actuaciones recayeron en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, con la intervención de la Secretaría Nº 3, dirigida por Máximo Castrillo. Las tareas de investigación permitieron establecer la existencia de una organización que operaba captando trabajadores en situación de vulnerabilidad en la provincia de Santa Fe mediante falsas ofertas laborales para luego trasladarlos hacia la provincia de Buenos Aires.

Durante la irrupción policial en el establecimiento de Pilar, los agentes procedieron a la detención de ocho personas que intentaron darse a la fuga por el sector posterior del terreno. Asimismo, en la inspección del predio se incautó un armamento compuesto por una escopeta calibre 12/70, dos revólveres, un rifle de aire comprimido, municiones varias y cartuchería servida.

El material probatorio secuestrado en el lugar abarcó también una camioneta utilizada para la logística, la suma de 21.000 dólares estadounidenses, más de 20 millones de pesos en efectivo, una máquina contadora de billetes, ocho dispositivos de telefonía celular, una computadora portátil, una tableta y diversa documentación de interés para el expediente.

A partir del análisis de los elementos recabados en la quinta de Pilar, la investigación identificó un domicilio en la localidad de Antonio Obligado, provincia de Santa Fe, que funcionaba como nodo para el reclutamiento de las víctimas. Con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Resistencia, se concretó un segundo allanamiento donde fue detenido el noveno integrante del grupo, al tiempo que se incautó dinero en moneda extranjera, documentación migratoria y teléfonos.

Las personas liberadas recibieron contención inmediata por parte del personal especializado de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Por su parte, los nueve detenidos quedaron imputados a disposición del fuero federal por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Una investigación orientada a esclarecer un caso de robo y faena clandestina de ganado culminó con el desarrollo de dos procedimientos de allanamiento en territorio provincial. Los operativos permitieron el secuestro de elementos probatorios de relevancia para la causa y la identificación formal de tres personas mayores de edad que quedaron supeditadas a la investigación judicial.

Las tareas de inspección y registro se concretaron de forma conjunta por parte de las Brigadas de Prevención de Delitos Rurales correspondientes a las jurisdicciones de Uruguay, Colón y Gualeguaychú, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la fuerza de seguridad.

El origen del expediente penal se remonta a una denuncia formal por el delito de abigeato radicada en la zona rural de Sauce, en el departamento Uruguay, en las inmediaciones de Concepción del Uruguay. A partir de esa presentación, los equipos de investigación desplegaron labores de campo que contemplaron el análisis de registros obtenidos mediante sistemas de videovigilancia, el levantamiento de rastros y huellas, además de diversos indicios que permitieron vincular a los sospechosos con el hecho delictivo bajo análisis, sin descartar posibles conexiones con otros episodios de características similares.

Durante los dos registros domiciliarios ejecutados, los efectivos policiales incautaron cortes cárnicos de origen vacuno, prendas de vestir que presentaban manchas de sangre y pelos presumiblemente coincidentes con los del animal faenado, así como elementos de corte provistos de restos hemáticos y grasa vacuna. Asimismo, el personal interviniente procedió al secuestro de 15 dispositivos celulares y de una camioneta que habría sido empleada en la comisión del ilícito. Todos los elementos recolectados fueron incorporados formalmente al legajo investigativo para su posterior peritaje y análisis en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

Como corolario de los procedimientos, tres personas mayores de edad fueron trasladadas hacia la Jefatura Departamental Uruguay con el propósito de cumplimentar su correcta identificación formal, quedando formalmente imputadas en la causa mientras prosiguen las diligencias procesales pertinentes. Estos operativos se insertan dentro de las directrices de coordinación implementadas por la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales en conjunto con las jefaturas departamentales y dependencias policiales locales, orientadas a prevenir y esclarecer los delitos que afectan al sector productivo.

Fuente: El Entre Ríos / Policía de Entre Ríos

La Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, conocida institucionalmente como la Granja El Potrero, quedó nuevamente en el centro de atención de la justicia provincial tras concretarse una serie de medidas operativas y administrativas.

Los procedimientos se originaron en el marco de la causa vinculada a Leonardo Airaldi, expediente que investiga la presunta existencia y circulación de dispositivos de telefonía móvil y elementos prohibidos dentro del predio carcelario, además de examinar los circuitos de seguridad, las requisas y los controles preventivos vigentes en el establecimiento.

Las diligencias incluyeron el ingreso de personal de Gendarmería Nacional a la Oficina de Tratamiento Correccional del penal, un área administrativa de relevancia para el funcionamiento cotidiano y la organización interna de la unidad. En forma simultánea, los uniformados llevaron adelante un allanamiento en el domicilio particular de un trabajador que cumplía tareas vinculadas con dicha dependencia. La intervención de los investigadores busca determinar la posible existencia de elementos de interés para la causa, analizar la documentación de la oficina y esclarecer los mecanismos que permitieron el ingreso de objetos no autorizados.

Consecuentemente, la Dirección del Servicio Penitenciario de Entre Ríos dispuso el pase a disponibilidad administrativa de dos funcionarios que cumplían funciones en la UP 9. Uno de los afectados es un suboficial con jerarquía de cabo primero, quien se desempeñaba como celador en contacto directo con los internos. El segundo es un oficial que cumplía tareas en el área de Tratamiento Correccional y que previamente había ejercido responsabilidades como jefe de Seguridad Interna. Desde el ámbito oficial se aclaró que dicha medida administrativa forma parte de las actuaciones preventivas y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad ni una sentencia condenatoria.

Los antecedentes inmediatos de este expediente se remontan a los procedimientos efectuados en febrero de 2026 dentro del mismo establecimiento carcelario, ocasión en la cual las autoridades secuestraron diversos dispositivos electrónicos. La presencia de teléfonos celulares en manos de personas privadas de la libertad abre interrogantes respecto al funcionamiento de los controles de accesos y la responsabilidad del personal de vigilancia. La justicia continuará con las pericias para dilucidar las responsabilidades funcionales en los distintos niveles de conducción del penal.

Fuente: Radio Máxima de Gualeguaychú y El Entre Ríos

El juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó una nueva jornada de audiencias con la declaración testimonial de María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal imputada en la causa. Durante su exposición ante el tribunal federal, la imputada rechazó las hipótesis planteadas sobre un posible traslado del menor en su vehículo o un siniestro vial, y solicitó formalmente a la magistratura la realización de un peritaje técnico integral sobre los registros de geolocalización de su teléfono celular para reconstruir de manera precisa el itinerario realizado tras el almuerzo del 13 de junio en la localidad de 9 de Julio.

En el transcurso de su declaración, la imputada reconstruyó los momentos posteriores al encuentro familiar en la vivienda de Catalina Peña, abuela del niño. Según la versión volcada en el expediente, recibió un llamado de la dueña de casa donde se la consultaba sobre la eventual presencia del menor en el trayecto. Tras constatar que el vehículo particular permanecía estacionado en su domicilio, la testigo indicó haber tomado contacto con la policía local y haberse reincorporado más tarde a las labores de rastreo en las zonas de campo adyacentes junto a su grupo familiar.

Asimismo, la exposición incluyó precisiones sobre el procedimiento de allanamiento llevado a cabo en su residencia durante las primeras etapas de la instrucción previa. Al respecto, la imputada sostuvo haber colaborado con los efectivos de las fuerzas de seguridad mediante la entrega voluntaria de los dispositivos de telefonía móvil, prendas de vestir utilizadas durante la jornada y el acceso irrestricto a las distintas dependencias de la propiedad.

En otro tramo de su intervención, hizo referencia a intervenciones previas ante autoridades locales respecto a la problemática de comercialización de sustancias estupefacientes en la zona urbana, aclarando que se trató de informes preventivos e institucionales sobre situaciones observadas en la vía pública y no de denuncias formales dirigidas a personas en particular.

El cronograma fijado por el tribunal prevé la continuidad del debate oral con las declaraciones de tres integrantes de la Policía Federal Argentina —José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw—, quienes intervinieron en las tareas de investigación y fueron convocados a propuesta de la fiscalía federal conducida por Carlos Schaefer. De igual modo, la agenda contempla el testimonio de Jorge Luciano Bertón, quien participó de los operativos de rastrillaje iniciales.

En paralelo al desarrollo de las audiencias, las partes querellantes promovieron nuevas medidas probatorias en el territorio, entre las que se destaca la solicitud para ejecutar el drenaje de dos espejos de agua ubicados en la jurisdicción de 9 de Julio con el objetivo de profundizar las inspecciones oculares en el terreno.

Estas dos personas están sospechadas de ser quienes el pasado 1 de octubre por la tarde, simularon ser miembros de la Policía Federal para abordar a una mujer que cambiaba dinero en uno de los accesos al hipermercado y le sustrajeron dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros elementos.

Desde ese momento, y bajo las directivas de la fiscal Martina Cedrés, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal comenzó a trabajar en el caso para dar con los autores del atraco y en la mañana de este martes se realizó un allanamiento para dar con los sospechosos del hecho.

El procedimiento se realizó sobre dos viviendas ubicadas en un mismo terreno, en inmediaciones de Caferatta y Juan B. Justo. Allí se aprehendió a un hombre de 51 años y un joven de 29, que fueron trasladados a la Jefatura Departamental mientras se prosigue con la investigación.

En los domicilios allanados encontraron una réplica de arma de fuego, una balanza de precisión, cigarrillos de marihuana, cocaína, prendas de vestir y teléfonos celulares, además de otros elementos de interés para la causa.

En el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Microtráfico, personal de la División Drogas Peligrosas y Guardia Especial de la Jefatura Departamental Villaguay concretó en horas de la madrugada de este sábado un allanamiento en la ciudad.

Durante el procedimiento se secuestraron 15 gramos de cocaína presentados en pequeños envoltorios listos para su venta al menor, marihuana en su misma presentación, $22.000, tres teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.

Como resultado, tres personas fueron identificadas y dos hombres quedaron detenidos, a disposición de la Justicia.

Fuente: AHORA

Un joven de 20 años fue detenido en el marco de una investigación por un robo ocurrido días atrás en un local ubicado sobre calle Alsina, en Gualeguaychú.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando la víctima denunció que había sido abordada por un hombre que le sustrajo dinero en efectivo.

A partir de la denuncia, personal de Comisaría Cuarta inició una serie de tareas investigativas que derivaron en una medida judicial sobre una vivienda ubicada en la zona de Federación y Schachtel.

Con autorización de la Justicia, los efectivos realizaron un allanamiento y registro del domicilio, donde secuestraron prendas de vestir que, según informó la Policía, estarían relacionadas con el hecho, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Durante el mismo procedimiento se concretó la detención del joven de 20 años señalado como presunto autor del robo.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación de la causa.

El procedimiento se desarrolló en todas las dependencias de la institución, donde funciona el aeródromo local. La medida fue dispuesta por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay y ejecutada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Villa Paranacito.

Las requisas fueron ordenadas por la fiscal federal Josefina Minatta. Los agentes buscaron documentación y registros que permitieran reconstruir los movimientos de aeronaves realizados hace casi medio siglo.

La búsqueda de documentación histórica

El aeródromo había sido creado en la década de 1950, aunque el procedimiento se concentró en los archivos correspondientes al período comprendido entre fines de 1973 y la finalización de la última dictadura, en diciembre de 1983.

La investigación procura determinar si desde esas instalaciones despegaron, aterrizaron o recibieron asistencia aeronaves relacionadas con los denominados “vuelos de la muerte”. Ese mecanismo fue utilizado durante el terrorismo de Estado para hacer desaparecer a personas que permanecían secuestradas en centros clandestinos de detención.

Los investigadores intentaron localizar planillas, libros de vuelo, registros de operaciones y cualquier otro documento que pudiera aportar datos sobre el movimiento de aviones o helicópteros militares durante aquellos años.

Inspecciones y exhumaciones en el delta

En los últimos años, la fiscal Minatta ordenó diversas inspecciones en el Delta del Paraná para recabar declaraciones y encontrar registros que permitieran determinar qué ocurrió en la región durante la dictadura.

La investigación también incluyó exhumaciones en tumbas identificadas como NN en cementerios de la zona. En esas tareas participaron especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la abogada Lucía Tejera, querellante en representación del Estado nacional.

El allanamiento al aeroclub buscó incorporar nuevas evidencias a una causa que intenta reconstruir hechos ocurridos hace aproximadamente cinco décadas e identificar a posibles víctimas y responsables de delitos de lesa humanidad.

Fuente: AnálisisDigital

Un hombre de 47 años y una mujer de 58 quedaron detenidos a disposición de la Justicia, tras una investigación que comenzó a principios de este año y culminó este jueves por la tarde con un allanamiento en el barrio Don Pablo de Gualeguaychú.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Ubaldino Aguirre y Los Sauces.

En el lugar fueron encontrados 73 envoltorios de nylon que contenían cocaína, además de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y distintos elementos que habrían sido utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.

Según pudo conocer EL ARGENTINO, la causa se inició en febrero, cuando los investigadores detectaron, a través de redes sociales y otras fuentes digitales abiertas, indicios que podían estar relacionados con la comercialización de estupefacientes.

A partir de esa primera información comenzaron una serie de averiguaciones que se extendieron durante varios meses. Las tareas incluyeron seguimientos, observaciones en el lugar y el análisis de distintos movimientos que permitieron a los investigadores identificar a las personas que estarían vinculadas con la actividad investigada.

Con el avance de la pesquisa se fueron reuniendo elementos que, según la investigación, permitieron documentar el funcionamiento del presunto punto de venta y establecer el domicilio en el que se desarrollaban las maniobras.

Toda la investigación fue llevada adelante en coordinación con la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, bajo la orden de la fiscal Martina Cedrés. Con las pruebas reunidas, se solicitó la intervención de la Justicia y finalmente la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, autorizó el allanamiento.

El operativo concretado este jueves permitió así cerrar varios meses de investigación con el secuestro de la droga y otros elementos de interés para la causa, mientras que las dos personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, alojadas en la Jefatura y posteriormente la mujer fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró más de 170 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados a la causa. Las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia telefónica anónima que permitió ubicar dos puntos de venta y dos lugares de almacenamiento en la capital provincial.

La investigación judicial comenzó la semana pasada a partir de un llamado anónimo receptado en la central de denuncias. Con las pruebas recolectadas, las autoridades dictaron órdenes de allanamiento para cuatro inmuebles ubicados en el barrio Las Flores II, específicamente sobre las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman.

Según precisaron las fuentes oficiales, el dispositivo policial determinó que dos de las viviendas funcionaban activamente como centros de expendio de sustancias tóxicas al menudeo, mientras que los dos inmuebles restantes eran utilizados para el acopio y almacenamiento de la mercadería.

Durante el ingreso de las fuerzas de seguridad a la propiedad de la calle Filiberto de Mena, el menor de edad intentó darse a la fuga al percatarse de la presencia de los efectivos, pero fue interceptado a los pocos metros. En el mismo lugar se aprehendió a la mujer de 58 años, quien al momento del operativo se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria, otorgada en el marco de una causa previa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737).

Como resultado global de las cuatro irrupciones, el personal antinarcóticos incautó 137 dosis de cocaína, 42 dosis de marihuana y una suma total de 289.000 pesos en efectivo, además de diversos utensilios y documentación de interés para el avance del expediente.

El procedimiento estuvo bajo la supervisión directa de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, organismo que dispuso el traslado de los involucrados a la sede judicial correspondiente y el resguardo de la totalidad del material secuestrado para la realización de las pericias de rigor.

La Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú fue el lugar elegido para alojar a la importante cantidad de detenidos que el personal de la Unidad de Procedimiento e Investigaciones de la Gendarmería Nacional, con asiento en Concordia, y funcionarios policiales de la ciudad, trasladaron desde distintos barrios y de la Unidad Penal 9, en el marco de una investigación por narcotráfico impulsada por la fiscal Martina Cedrés.

Todo el procedimiento se realizó bajo un gran hermetismo y hasta el momento se desconoce el número total de personas que fueron detenidas. Además, uno de los lugares allanados fue la propia cárcel de la ciudad, donde también hay personas involucradas.

Según pudo saber EL ARGENTINO, además de los detenidos, hubo secuestro de armas y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

La investigación, encabezada por el fiscal Gastón Popelka, había permitido llegar hasta una vivienda del barrio Holt, donde se secuestraron 10 gramos de cocaína, dinero, una balanza y otros elementos de interés para la causa.

El joven de 22 años detenido durante el procedimiento por una presunta causa de narcomenudeo en Ibicuy deberá permanecer 30 días bajo prisión preventiva, de acuerdo con lo resuelto este lunes durante la audiencia en la que se analizó su situación procesal.

El detenido fue trasladado a Gualeguaychú y quedó alojado en la Jefatura Departamental, donde permanecerá mientras avanza la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Islas del Ibicuy, a cargo del fiscal auxiliar interino Gastón Popelka.

La decisión judicial constituye la principal novedad de una investigación que comenzó a desarrollarse en Ibicuy y que derivó en un allanamiento realizado durante la mañana del sábado en una vivienda del barrio Holt.

A partir del trabajo investigativo y de las medidas judiciales solicitadas, los efectivos de la Policía de Entre Ríos llegaron hasta un domicilio ubicado sobre calle Conscripto Giorgi, entre avenida Presidente Perón y Remedios de Escalada.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas y la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, con apoyo técnico de la División Operaciones Técnicas y Pericias Tecnológicas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Durante la requisa del inmueble, los investigadores encontraron 11 envoltorios de nylon que contenían un total de 10 gramos de cocaína. Pero la droga no fue el único elemento incorporado a la causa. Los efectivos también secuestraron una balanza digital, distintos recortes de nylon, 17.550 pesos en efectivo y un teléfono celular.

Además, fueron incautadas una bandeja y una tarjeta de crédito que presentaban restos ínfimos de cocaína, elementos que quedaron incorporados al procedimiento y deberán ser analizados dentro del contexto de la investigación.

En el lugar también se encontró un automóvil Renault Clio color bordó, sin dominio colocado, que fue secuestrado y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Como resultado del allanamiento, tres personas fueron correctamente identificadas y un joven quedó detenido e incomunicado.

Dos personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por el presunto comercio de estupefacientes en Gualeguaychú.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas y comenzó alrededor de las 18 horas del viernes en una vivienda ubicada en calle Santiago Díaz, entre Salaberry y Federación, en jurisdicción de Comisaría Tercera.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías y Transición N°1, a cargo de Ignacio Telenta, a requerimiento del fiscal Jorge Gutiérrez.

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron diez envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y dos bolsas tipo ziploc con cogollos que dieron resultado positivo para cannabis sativa.

También fueron incautados un cigarrillo artesanal con marihuana, un picador, un “tukero”, diferentes recortes, un teléfono celular y $222.900 en efectivo.

Además de la droga y el dinero, los policías encontraron municiones de diferentes calibres: siete calibre .22, siete calibre .223 y 21 calibre 12/70, que también quedaron secuestradas.

En la vivienda fueron identificadas siete personas mayores de edad. Por disposición de la Justicia, dos de ellas fueron detenidas y trasladadas a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, mientras que las restantes quedaron en libertad.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades en el presunto comercio de estupefacientes.

En el marco de una investigación por el robo a una despensa, personal policial realizó durante la noche del viernes un allanamiento en una vivienda de Gualeguaychú, donde fueron identificados tres hombres y se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

El procedimiento se concretó alrededor de las 22.45 en un domicilio ubicado en inmediaciones de Teresa Margalot y Vélez Sarsfield, luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

La medida de allanamiento, registro domiciliario y requisa personal fue ordenada por el Juzgado de Garantías y Transición Nº 2, a cargo del juez Ignacio Telenta, a solicitud de la Fiscalía que interviene en la investigación.

Durante el operativo fue notificado un hombre de 30 años, mientras que otros dos, ambos de 29, fueron requisados por los efectivos. Además, se realizó un registro fotográfico de estos últimos y particularmente de las prendas de vestir que llevaban, debido a que guardarían relación con el hecho investigado.

Como resultado del allanamiento, la Policía secuestró diferentes elementos considerados de interés para avanzar en la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Del procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Cuarta de Gualeguaychú, con intervención de autoridades de esa dependencia y supervisión de la Dirección de Operaciones y Seguridad Pública.

Una vez finalizado el operativo, las actuaciones y los resultados obtenidos fueron informados al fiscal en turno.

Después de permanecer cerca de una década prófuga de la Justicia, una mujer de 48 años fue detenida este miércoles durante un allanamiento realizado en la zona de Villa Paranacito por personal policial de Gualeguaychú. Sobre ella pesaba desde 2016 un pedido de detención relacionado con una condena de 20 años de prisión por delitos contra la integridad sexual y otros vinculados a la explotación de menores.

La detención se produjo en el marco de una investigación desarrollada durante varios meses por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que derivó en dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, en el marco de un legajo de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) caratulado por abuso sexual y facilitación a la prostitución.

Los procedimientos fueron encabezados por el jefe de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, comisario inspector Jorge Ruiz Moreno.

El primero de los operativos tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 136, en inmediaciones del puente Paranacito. Allí los investigadores localizaron y detuvieron a la mujer de 48 años, quien residía en el domicilio allanado.

La detenida fue trasladada inicialmente a la Jefatura Departamental Gualeguaychú y posteriormente a la Comisaría del Menor y la Mujer, donde quedó alojada para el cumplimiento de las diligencias de rigor y a disposición del Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo de Ignacio Telenta.

De acuerdo con la información oficial, la mujer registraba un pedido de detención vigente desde el año 2016, luego de haber sido condenada por el Tribunal Oral de Gualeguaychú a 20 años de prisión por delitos contra la integridad sexual y otros hechos vinculados a la explotación de menores.

Su localización permitió poner fin a una búsqueda que se extendió durante aproximadamente diez años, ya que permanecía prófuga desde que se emitió la orden de detención.

En simultáneo, los efectivos realizaron un segundo allanamiento en el barrio Puente de Villa Paranacito, sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 134. En ese domicilio fue detenido un hombre de 72 años, acusado del delito de encubrimiento.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Durante los dos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares que pertenecerían a los detenidos, elementos que serán incorporados a la investigación.

Del operativo participaron también el Subjefe Departamental, el Segundo Jefe de Operaciones y Seguridad, efectivos de la Guardia Especial de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy y personal de la División Drogas Peligrosas.

En las últimas horas, la Policía de Gualeguaychú llevó adelante dos procedimientos que culminaron con la aprehensión de dos hombres en diferentes circunstancias, ambos vinculados a hechos de robo y tentativa de sustracción de bienes.

El primero de los operativos se concretó alrededor de las 18:00 horas en inmediaciones de calles 3 de Caballería y Nágera. Allí, personal de Comisaría Octava que realizaba recorridas preventivas observó a un hombre de 33 años retirando un poste del predio de entrenamiento del Club Los Toritos. Ante la flagrancia del hecho, los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión.

En el lugar se secuestró un poste cuadrado de eucalipto de aproximadamente 2,5 metros de largo, además de varias varillas de madera que habrían sido utilizadas como palanca para extraerlo. El detenido fue trasladado a dependencias de la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno.

Por otro lado, en horas de la mañana, personal del Comando Radioeléctrico ejecutó un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Urquiza al numeral 2700 aproximadamente, donde funciona un taller mecánico de motocicletas. La medida fue ordenada por el Juzgado de Transición y Garantías N.º 1 de Gualeguaychú, a requerimiento de la Fiscalía interviniente, en el marco de una investigación por el robo de un motovehículo ocurrido días atrás.

El procedimiento arrojó resultados positivos: se secuestraron prendas de vestir, un velocímetro, tambores y documentación vinculada al rodado investigado, además de otros elementos de interés para la causa. Asimismo, se incautó un motovehículo Honda XR 190L y un motor de 110 cc junto con su caño de escape.

Tras comunicar las novedades a la Fiscalía y al Juzgado, se dispuso la detención de un hombre de 26 años, quien fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.

Estos dos hechos reflejan la continuidad de los operativos preventivos y de investigación que lleva adelante la Policía de Gualeguaychú, tanto en recorridas de rutina como en procedimientos judiciales. En ambos casos, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes, quienes determinarán los pasos a seguir en el marco de las causas abiertas.

Lo que comenzó como un procedimiento por un delito contra la propiedad terminó al descubierto como un punto de fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Personal de la Comisaría Sexta de Concordia irrumpió en una vivienda ubicada cerca de las calles Mario Gatto y Sarmiento tras analizar cámaras de seguridad por un robo denunciado el pasado jueves.

Al registrar el inmueble, los efectivos hallaron elementos destinados al corte y empaque de sustancias, entre ellos un plato con restos de polvo blanco y bolsas con recortes. En el interior de una mochila localizaron una piedra de cocaína oculta en un guante, mientras que dentro de una prenda de vestir secuestraron 52 dosis ya acondicionadas para la venta.

El operativo adquirió mayor gravedad al momento de requisar a los presentes. Un adolescente de 16 años llevaba entre sus pertenencias otra piedra de cocaína, diez envoltorios adicionales de la misma sustancia y doce dosis de marihuana. En total, la Policía incautó 62 envoltorios de cocaína, dos piedras de la misma droga, 12 envoltorios de marihuana, seis teléfonos celulares y la suma de 202.200 pesos en efectivo.

Como resultado del procedimiento, la fiscalía interviniente dispuso la inmediata detención de cuatro personas mayores de edad, mientras que el menor de 16 años fue correctamente identificado y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

El procedimiento permitió secuestrar una caja registradora, dinero en efectivo y distintos elementos que serían de interés para la causa.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió durante la madrugada del 14 de agosto, cuando personal de Comisaría Segunda intervino ante un robo cometido en el comercio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una de las hojas de vidrio de la puerta de ingreso había sido dañada y que del interior del local habían sustraído una caja registradora que contenía dinero en efectivo.

A partir de las tareas investigativas realizadas durante los días posteriores, la Policía obtuvo una orden judicial para allanar y registrar una vivienda ubicada en calle Caseros al 500 aproximadamente.

El procedimiento arrojó resultado positivo. En el domicilio, los efectivos secuestraron una caja registradora, prendas de vestir, calzado y otros elementos considerados de interés para avanzar con la investigación.

Durante el operativo, además, se solicitó a la Justicia una ampliación de la medida, que fue autorizada. A partir de esa instancia se encontraron y secuestraron más de 40 vales de logística a nombre del comercio y por diferentes montos, carnets de manipulación de alimentos, dinero en efectivo, un teléfono celular y un dispositivo DVR, entre otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

El allanamiento estuvo a cargo del jefe de Comisaría Segunda y personal de esa dependencia, con la colaboración de efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, mientras que la diligencia fue supervisada por el jefe de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.