Dos procedimientos policiales realizados durante la mañana del jueves en Gualeguaychú terminaron con la aprehensión de dos hombres por distintos hechos. En uno de los casos, un hombre de 48 años tenía un pedido de detención vigente en una causa por amenazas. En el otro, un joven de 29 fue interceptado por personal policial cuando agredía físicamente a una mujer de 39 años en la vía pública.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de las 9, cuando el hombre de 48 años se presentó en la Comisaría Tercera. Al verificar su situación, el personal constató que registraba un pedido de detención vigente en el marco de un legajo judicial por el supuesto delito de amenazas.

Tras dar intervención a la fiscal de Género en turno, se dispuso su aprehensión. Por orden judicial, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

El segundo episodio ocurrió también durante la mañana, en la intersección de las calles Misiones y La Rioja. Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico que realizaban una recorrida observaron a un hombre de 29 años cuando le daba un golpe de puño en el rostro a una mujer de 39.

Los policías intervinieron y demoraron al agresor. En ese contexto, la mujer explicó que se dirigía a la Comisaría Tercera para denunciar la sustracción de su teléfono celular y señaló al hombre aprehendido y a otro individuo como presuntos autores del hecho.

Por lo ocurrido en la vía pública, tomó intervención la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso la aprehensión del hombre y el traslado de la mujer para que formalizara la denuncia por la sustracción del teléfono.

Ambos procedimientos quedaron sujetos a las actuaciones judiciales correspondientes. Mientras que en el primer caso la detención respondió a un pedido vigente en una causa por amenazas, en el segundo se investigan tanto la agresión contra la mujer como la presunta participación de los señalados en la sustracción del celular.

La Justicia federal y la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo un exhaustivo procedimiento contra la explotación laboral que derivó en la liberación de cuatro víctimas y la aprehensión de nueve imputados en los partidos de Pilar y General Obligado. La causa judicial se inició a partir de una presentación realizada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) mediante la Línea 145, el canal oficial habilitado para la recepción de denuncias sobre trata de personas y delitos conexos.

Las actuaciones recayeron en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, con la intervención de la Secretaría Nº 3, dirigida por Máximo Castrillo. Las tareas de investigación permitieron establecer la existencia de una organización que operaba captando trabajadores en situación de vulnerabilidad en la provincia de Santa Fe mediante falsas ofertas laborales para luego trasladarlos hacia la provincia de Buenos Aires.

Durante la irrupción policial en el establecimiento de Pilar, los agentes procedieron a la detención de ocho personas que intentaron darse a la fuga por el sector posterior del terreno. Asimismo, en la inspección del predio se incautó un armamento compuesto por una escopeta calibre 12/70, dos revólveres, un rifle de aire comprimido, municiones varias y cartuchería servida.

El material probatorio secuestrado en el lugar abarcó también una camioneta utilizada para la logística, la suma de 21.000 dólares estadounidenses, más de 20 millones de pesos en efectivo, una máquina contadora de billetes, ocho dispositivos de telefonía celular, una computadora portátil, una tableta y diversa documentación de interés para el expediente.

A partir del análisis de los elementos recabados en la quinta de Pilar, la investigación identificó un domicilio en la localidad de Antonio Obligado, provincia de Santa Fe, que funcionaba como nodo para el reclutamiento de las víctimas. Con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Resistencia, se concretó un segundo allanamiento donde fue detenido el noveno integrante del grupo, al tiempo que se incautó dinero en moneda extranjera, documentación migratoria y teléfonos.

Las personas liberadas recibieron contención inmediata por parte del personal especializado de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Por su parte, los nueve detenidos quedaron imputados a disposición del fuero federal por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Justicia confirmó a los jueces que llevarán adelante el juicio contra los miembros de la agrupación Revolución Federal por hechos de violencia previos al atentado contra la ex presidenta Cristina Fernandez.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 serán los encargados a cargo del debate, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los cinco procesados en la causa son Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Lidia Casciano, acusados de incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y hostigamiento.

En septiembre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi presentó el pedido de elevación a juicio contra los miembros de la organización por hechos que incluyeron amenazas, llamados a agresión a través de redes sociales y movilizaciones con antorchas y una guillotina, entre otros.

El magistrado consideró que la organización organizó marchas entre mayo y octubre de 2022 para “imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación, en donde realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas” en contra de las autoridades del entonces gobierno de Alberto Fernández.

Los hechos que serán juzgados son previos al atentado contra Cristina Kirchner, que tuvo entre sus condenados a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes estaban relacionados con Revolución Federal.

La causa también tuvo entre los involucrados a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes eran investigados por haber presuntamente financiado a la entidad. Sin embargo, el juez los sobreseyó.

Ahora, la Justicia continúa con los pasos previos hacia el juicio oral, que aún no tiene fecha para su comienzo.

Fuente: Agencia NA

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte fue asesinada de un disparo durante un acto de campaña en un mercado de la ciudad peruana de Caraz. El ataque ocurrió días después de que denunciara públicamente amenazas contra su vida.

Aponte, conocida como la “China Polo”, recorría el mercado junto con integrantes de su espacio político, Socios por Áncash, cuando un hombre armado se acercó y abrió fuego. Uno de los proyectiles la alcanzó en la cabeza y provocó su muerte.

La balacera también dejó cinco personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. El ataque quedó registrado durante una transmisión en vivo realizada en el lugar.

Tres detenidos por el asesinato

La Policía Nacional de Perú detuvo inicialmente a Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano de 30 años, señalado como presunto autor material del crimen.

En poder del sospechoso se encontró una pistola Glock calibre nueve milímetros. El arma había sido denunciada como robada en 2023 y pertenecía a un integrante de la Policía peruana, circunstancia que pasó a formar parte de la investigación.

Posteriormente, las autoridades confirmaron otras dos detenciones. Uno de los sospechosos habría financiado el ataque y el restante habría trasladado previamente al presunto tirador.

La Justicia dispuso medidas de detención preliminar mientras la Fiscalía avanzaba con los interrogatorios, el análisis de cámaras de seguridad y las pericias sobre el arma secuestrada.

Había denunciado amenazas de muerte

Nueve días antes del asesinato, Aponte difundió un video en el que aseguró haber recibido llamadas desde tres establecimientos penitenciarios. Según relató, los interlocutores le advirtieron sobre un supuesto plan para matarla.

En aquella publicación, la candidata señaló al entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general Víctor Revoredo Farfán, y relacionó las amenazas con sus denuncias sobre presuntos vínculos entre autoridades policiales y organizaciones criminales.

Las acusaciones fueron formuladas por Aponte antes de su muerte, pero no existían elementos judiciales que acreditaran la responsabilidad del jefe policial en el crimen. La investigación deberá determinar si aquellas amenazas estuvieron relacionadas con el asesinato.

Revoredo fue posteriormente reasignado como director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional, dentro de una modificación que alcanzó a otros altos mandos de la fuerza.

Investigación por un posible crimen por encargo

La Fiscalía abrió inicialmente una investigación por el presunto delito de feminicidio. Con el avance de las primeras diligencias, el caso comenzó a ser analizado también como un posible homicidio por encargo.

Entre las medidas dispuestas se encontraban la recolección de evidencias, la declaración de testigos y heridos, la revisión de registros de videovigilancia y la reconstrucción de los movimientos de los detenidos.

Las autoridades buscaban establecer quién ordenó el ataque y cuál fue el móvil. El equipo periodístico de la víctima reclamó que la pesquisa no se limitara al supuesto autor de los disparos y exigió identificar a los responsables intelectuales.

Su trabajo periodístico

Aponte había construido su perfil público mediante el programa digital China Polo Dominical, difundido a través de YouTube y otras plataformas.

Desde ese espacio publicaba investigaciones y denuncias vinculadas con presuntos hechos de corrupción, crimen organizado, minería ilegal, obras públicas y actuaciones de autoridades locales y regionales.

Además, había anunciado la publicación de un informe sobre un candidato a la Alcaldía de Huaraz. Los investigadores analizaban si el crimen estuvo relacionado con su actividad periodística, con la campaña electoral o con alguna de sus denuncias.

La candidata aspiraba a gobernar la región de Áncash en las elecciones previstas para el 4 de octubre. Su asesinato provocó reclamos de organizaciones periodísticas y organismos públicos para que se esclarecieran las responsabilidades materiales e intelectuales.

El primer episodio había ocurrido el 3 de febrero de 2025, durante una discusión entre el acusado y la mujer, con quien mantenía una relación de pareja y convivía.

Según la acusación, durante la discusión el hombre habría intentado quitarle el teléfono para impedir que llamara a la Policía, la habría empujado al suelo y, luego de quitarle un cuchillo que ella había tomado para defenderse, la habría golpeado con el arma en uno de sus brazos. También se le atribuía haberla tomado del cuello y haberla amenazado con prender fuego la vivienda utilizando nafta.

Como consecuencia de ese episodio se habían constatado distintas lesiones en el cuerpo de la mujer, entre ellas lesiones en brazos y antebrazos y una lesión en la zona del cuello. La Fiscalía había sostenido durante el juicio que estos hechos estaban acreditados y había solicitado una condena por lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con amenazas.

Sin embargo, el juez consideró que no se había alcanzado el grado de certeza necesario para tener por acreditada la existencia material del hecho. En particular, valoró la declaración brindada por la denunciante durante el debate y el resto de los elementos incorporados al proceso.

La mujer había dado en el juicio una versión diferente de la que había formulado inicialmente en la denuncia. Frente a esa situación, el magistrado entendió que correspondía aplicar el principio in dubio pro reo, es decir, que ante una duda que no pudo ser superada con la prueba producida, esta debía favorecer al acusado. Por ese motivo, el acusado fue absuelto por las lesiones agravadas y las amenazas que integraban el primer hecho.

Distinta fue la conclusión respecto del segundo hecho. El 28 de febrero de 2025 se había dispuesto judicialmente la exclusión del hombre del domicilio y una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros, además de una prohibición de contacto y de realizar actos molestos o perturbadores durante 120 días. La medida había sido notificada al acusado el 1 de marzo.

Pese a esa disposición, el 23 de junio de 2025 el hombre fue encontrado en el domicilio de la mujer en distintos momentos de esa jornada. La sentencia consideró acreditado que conocía la existencia y vigencia de la medida judicial y que, aun así, permaneció en el lugar.

En este punto, el juez entendió que las pruebas reunidas —entre ellas las actuaciones policiales y los testimonios producidos durante el debate— permitieron reconstruir el hecho con el grado de certeza requerido y fuera de toda duda razonable. También consideró probado que el acusado conocía la prohibición que pesaba sobre él. Por ello, fue declarado penalmente responsable del delito de desobediencia a una orden judicial.

Finalmente, se le impuso un mes de prisión de cumplimiento efectivo, porque el juez valoró que por sus antecedentes, debía tener una mayor comprensión de las consecuencias de desobedecer una decisión de la Justicia.

De esta manera, el fallo terminó con un resultado diferenciado: absolución por el hecho más grave, ante la duda sobre su acreditación, y condena por el incumplimiento de una orden judicial cuya existencia, vigencia y desobediencia fueron consideradas probadas.

La secuencia comenzó en un comercio donde el agresor increpó violentamente a una empleada para que le entregara alimentos. Al notar que la mujer llamaba a la policía, el hombre se dio a la fuga. Minutos después, el centro de monitoreo del 101 recibió la llamada de dos mujeres que alertaron que un desconocido con la misma descripción las venía persiguiendo a pie a lo largo de la Avenida del Valle.

Efectivos de la Comisaría Primera desplegaron un patrullaje por la zona y interceptaron al sospechoso en la esquina de Avenida del Valle y Gualeguay. En ese mismo instante, trabajadores de un local cercano confirmaron que el sujeto acababa de agredirlos verbalmente con una actitud amenazante.

La fiscal de turno ordenó su detención inmediata por el delito de amenazas. El implicado fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30, cuando personal de la Comisaría Sexta intervino ante un aviso por un episodio de amenazas en el Hogar de Cristo.

De acuerdo con la información policial, un hombre de 40 años se hizo presente en el establecimiento y habría proferido amenazas contra las personas que se encontraban allí, utilizando un cuchillo para intimidarlas.

Ante la llegada de los efectivos, el sujeto emprendió la fuga y, durante el recorrido, descartó el arma blanca en el interior del barrio 338.

Los uniformados realizaron un rápido operativo y lograron localizar al hombre, quien finalmente fue aprehendido.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.

Una bala y una carta con amenazas dentro de un sobre fueron encontradas este viernes en el Instituto Parroquial Cristo Obrero, en la localidad bonaerense de Haedo, y generaron preocupación en la comunidad educativa.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la directora del establecimiento declaró ante las autoridades que la munición fue hallada por personal de limpieza minutos antes de las 7.

El proyectil estaba en el interior de un sobre, dirigido a los directivos, y debajo de la puerta; al tiempo que, cuando la mujer lo abrió, descubrió una nota en la que se manifestaba la suspensión de los viajes de egresados que se llevarían a cabo la semana próxima, porque si no habría "consecuencias".

En este contexto, la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial de Morón caratuló el caso como "intimidación pública" y dispuso la realización de distintos análisis de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

A su vez, ordenó el secuestro de la bala y de la carta, elementos de relevancia para la investigación, y sus respectivos peritajes para hallar posibles rastros.

El colegio suspendió sus actividades extracurriculares de manera preventiva y reforzó la seguridad en sus inmediaciones.

Durante el desarrollo de distintos patrullajes preventivos y tareas de inteligencia desplegadas en el ejido urbano, personal de la Jefatura Departamental de Policía concretó la aprehensión de dos masculinos en procedimientos independientes. El primer operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal (D.D.I.E.I.C.), fuerza que logró localizar y detener a un individuo de 41 años sobre quien pesaba una orden de detención firme impulsada por las autoridades judiciales en el marco de una causa instruida por el delito de robo.

La intervención del personal investigador se concretó alrededor de las 21:00 horas en las inmediaciones de la intersección de las calles Urquiza y Daneri. En ese punto estratégico de la ciudad, las cuadrillas policiales cercaron al sospechoso, procedieron a verificar su identidad mediante el sistema de datos y efectivizaron el arresto de inmediato sin que se registraran incidentes. Tras poner al detenido a resguardo, se dio intervención a la Fiscalía en turno, la cual ordenó el traslado del imputado a la sede de la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para prestar la correspondiente declaración indagatoria.

Por otra parte, durante las primeras horas de la madrugada, las fuerzas de seguridad debieron intervenir en un segundo hecho registrado sobre la calle San Martín al 230, tras un incidente que involucró amenazas, intento de agresión y resistencia a la autoridad contra un funcionario policial. El procedimiento se inició cuando un agente que realizaba tareas de recorrida de a pie por la zona de San Martín y Guerra divisó a un individuo de 48 años que se encontraba sentado en la vereda de un kiosco de la zona.

Ante el riesgo inminente, el agente actuante procedió a reducirlo físicamente en el lugar hasta la llegada del móvil de apoyo. Al arribar la dotación policial, los efectivos concretaron la requisa personal del agresor y secuestraron un cuchillo que llevaba oculto entre sus pertenencias. El fiscal de turno dispuso el inicio de las actuaciones de rigor por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad, ordenando el traslado del aprehendido hacia las celdas de la Departamental.

Cerca de las 5:50, cuando las personas abandonaban los establecimientos dedicados al esparcimiento nocturno sobre la calle Rocamora, casi en su intersección con 3 de Caballería, se desencadenó un episodio de alteración del orden público que requirió la intervención inmediata de los uniformados asignados a la custodia de la zona.

El conflicto se originó cuando un joven de 23 años fue expulsado del interior del recinto bailable por el personal de seguridad privada debido a conductas inadecuadas. Una vez en la vereda, el muchacho reaccionó de manera descontrolada: tomó botellas con agua y comenzó a arrojarlas contra los trabajadores del lugar, generando momentos de tensión e inquietud entre el resto de los peatones que transitaban por la zona de la Costanera y el centro.

Ante la gravedad del alboroto, el personal que prestaba servicio adicional en la puerta del boliche solicitó el apoyo de las patrullas apostadas en las inmediaciones. Los efectivos del área de Minoridad se acercaron rápidamente para intentar calmar los ánimos y despejar la arteria. Sin embargo, el individuo continuó con una actitud sumamente hostil, profiriendo gritos, insultos y amenazas directas hacia las autoridades presentes en el lugar.

Ante la imposibilidad de solucionar la falta mediante el diálogo, los funcionarios debieron proceder a su reducción mediante el uso de la fuerza mínima e indispensable para neutralizar el riesgo. Tras ser controlado en el suelo y esposado, el revoltoso fue subido al móvil policial y trasladado a la sede correspondiente para su identificación.

El caso quedó a cargo del fiscal de turno de la ciudad, quien dispuso la imputación formal del muchacho por el delito de resistencia a la autoridad. Tras someterse a las revisiones médicas de rigor, el aprehendido quedó alojado en las celdas de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

Alrededor de las 05:15, el personal de la Sección Comando Radioeléctrico debió acudir de urgencia a las inmediaciones del local bailable Ghetto tras recibir un llamado que alertaba sobre dos sujetos que provocaban serios disturbios y desorden en el sector de acceso al establecimiento.

Según se logró reconstruir en las primeras actuaciones policiales, los agresores comenzaron a arrojar botellas de vidrio contra los efectivos que se encontraban prestando servicio adicional en la zona. Ante las constantes órdenes del personal de seguridad privada e inspectores para que cesaran su actitud, los individuos desobedecieron de forma desafiante y emprendieron una rápida huida a pie con dirección hacia el norte de la ciudad.

La fuga duró pocos minutos, ya que las patrullas policiales desplegadas en el área lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de las calles Bolivia y Luis N. Palma. Al momento de ser abordados para su correspondiente identificación, ambos hombres adoptaron una postura sumamente hostil, profiriendo insultos, amenazas de muerte y oponiendo una fuerte resistencia física para evitar ser reducidos por los uniformados.

Finalmente, los efectivos lograron controlar la situación y procedieron a la aprehensión de los involucrados, de 20 y 26 años de edad. Tras entablar comunicación con la Fiscalía de turno, la magistratura ordenó el traslado inmediato de los detenidos a la Jefatura Departamental de Policía y la iniciación de las actuaciones sumariales de rigor bajo la carátula de resistencia a la autoridad.

La investigación por la muerte de Milagros Zoé Schimf, la joven hallada sin vida en la ciudad de Concordia, ingresa en una etapa de definiciones clave. La querella, representada por los abogados Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain en nombre de la madre de la víctima, determinó cuáles serán los ejes fundamentales de su estrategia judicial: el primer objetivo irrenunciable es descartar por completo un femicidio, para luego acreditar la hipótesis de una instigación al suicidio provocada por un entorno de violencia de género.

Por el hecho se encuentra detenido e imputado su expareja, Maximiliano César Acosta. Durante la última semana, el juez de Garantías Francisco Ledesma dictó 90 días de prisión preventiva para el acusado. Acosta enfrenta cargos no solo por la presunta instigación al suicidio, sino también por amenazas y dos hechos de desobediencia judicial, en una causa liderada por la fiscal Evelina Espinosa.

"Nuestra tarea principal en principio es descartar que se trate de un femicidio. La familia necesita quedarse tranquila de que, en todo caso, se trató de una autodeterminación y bajo qué contexto se dio", afirmó la letrada.

Actualmente, las partes están a la espera de que se incorpore de forma oficial el informe final de la autopsia al expediente, un elemento pericial que resultará científico y determinante para clausurar la hipótesis de una muerte violenta directa a manos de un tercero.

El legajo judicial no parte de un hecho aislado; cuenta con un denso historial de agresiones previas que configuran el delito de violencia de género. Entre los antecedentes que forman parte de la investigación penal se enumeran:

La intervención policial se produjo minutos antes de la medianoche, luego de que un llamado alertara sobre una situación de conflicto en el domicilio. Al llegar, los efectivos constataron que el hombre, presuntamente bajo los efectos del consumo de alcohol, mantenía una actitud agresiva hacia su pareja y sus tres hijas menores de edad.

Según la información recabada en el lugar, el acusado habría proferido insultos y amenazas contra las integrantes del grupo familiar, lo que motivó la intervención del personal de Comisaría Segunda para evitar que la situación escalara.

Frente a ese escenario, los uniformados procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.

La causa fue iniciada por el presunto delito de amenazas en contexto de violencia familiar y continuará bajo la órbita judicial mientras se desarrollan las medidas de investigación correspondientes.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un capítulo de alta tensión en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Durante la séptima audiencia del debate, el tribunal autorizado hizo lugar a un pedido de Laudelina Peña, quien solicitó entrevistarse de urgencia con su hija, Macarena Peña. El encuentro se produjo en un cuarto contiguo a la sala de audiencias luego de que la joven prestara un testimonio clave ante los jueces Fermín Ceroleni y Eduardo Bosch.

Pese a la ausencia momentánea de la imputada en el recinto, la abogada defensora Mónica Chirivín aceptó que la jornada continuara vía Zoom. La ronda de declaraciones de este jueves estuvo marcada por las revelaciones sobre presuntos aprietes y la reconstrucción minuciosa de las horas previas y posteriores al 13 de junio de 2024, momento en que el menor fue visto por última vez.

"Patricia Bullrich se las va a llevar", habría sido la frase intimidatoria utilizada por el abogado defensor según la declaración de la joven. Macarena afirmó que ella se negó desde un principio a participar de la maniobra de encubrimiento y que, días más tarde, acudió a la asesoría de Elizabeth Cutaia para formalizar la denuncia por amenazas ante las autoridades judiciales.

Previamente, la audiencia había sufrido interrupciones debido a las descompensaciones de los involucrados. El imputado Antonio Benítez debió recibir asistencia médica urgente al registrar una presión arterial máxima de 18, lo que obligó a dictar un cuarto intermedio. Posteriormente, la testigo Camila Núñez rompió en llanto tras un cruce con el defensor Enzo Di Tella por aparentes contradicciones sobre el trayecto hacia el naranjal, obligando a reproducir registros de video para refrescar su memoria.

Por último, los tíos maternos del menor, Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, completaron la grilla de testigos. Este último relató que, al dirigirse a la casa de la abuela tras enterarse de la desaparición, cruzó en la ruta a Benítez acompañado por un hombre encapuchado no identificado. El Tribunal Oral Federal dispuso un cuarto intermedio extendido y determinó que el debate presencial se reanudará el próximo martes.

[Con información de Infobae]

La Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú reportó una intensa actividad operativa durante las últimas horas, con procedimientos que incluyeron allanamientos y la aprehensión de seis personas por diversos delitos en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los operativos destacados se originó a partir de la investigación de un robo ocurrido el pasado jueves. Efectivos de la Comisaría Cuarta, con el apoyo de la Comisaría Primera, ejecutaron una orden de allanamiento el viernes por la tarde en una vivienda situada en la intersección de las calles Pedro Jurado y Doello Jurado. El procedimiento arrojó resultados positivos con el secuestro de una bicicleta playera, prendas de vestir y otros elementos que guardarían una relación directa con la causa investigada.

Por la tarde, la violencia vecinal requirió un fuerte despliegue policial en la calle Héctor Irigoyen. Una pareja que realizaba tareas de albañilería fue increpada y agredida físicamente por un hombre. Minutos más tarde, el agresor regresó con un grupo de personas armadas con palos y piedras para proferir amenazas de muerte. Un operativo cerrojo de la Comisaría Cuarta logró controlar la situación y detener a tres hombres de 35, 31 y 20 años, quienes quedaron imputados por el delito de amenazas.

Finalmente, a las 19:00 horas del sábado, efectivos de la Comisaría Tercera interceptaron en la esquina de Santiago Díaz y Salaberry a un hombre de 32 años. El individuo fue detectado por un puesto de control en momentos en que caminaba por la vía pública, quebrantando una medida vigente de arresto domiciliario. Los seis detenidos y los elementos secuestrados en los distintos procedimientos quedaron formalmente a disposición de las fiscalías de turno para las actuaciones judiciales de rigor.

León XIV recibió este miércoles en una audiencia a 40 integrantes del Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor, CEPROME Latinoamérica, una entidad formada por profesionales de diversas disciplinas que desde hace diez años trabajan para combatir los abusos en el contexto eclesial y promover una cultura de la prevención.

En su discurso, el papa recordó que en su reciente viaje apostólico a España habló a los obispos "sobre el dolor de quienes han sido heridos por quienes debían cuidarlos" y afirmó que "la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado".

El pontífice agregó que "esta tarea, a pesar de ser principal responsabilidad de quienes somos llamados a ser pastores, es un mandato para todos en la Iglesia, y algunos, como ustedes, la han asumido incluso en el ámbito profesional".

El papa agradeció la labor de estas asociaciones que fortalecen "las redes de colaboración entre las Iglesias locales y las instituciones civiles, promoviendo la cultura de la prevención y del cuidado de los más vulnerables".

"Mi deseo es que todos los espacios en la Iglesia, ya sean físicos o virtuales, sean verdaderamente lugares para el encuentro fecundo con Jesucristo, libres de miedos, sospechas o desconfianzas", añadió el papa peruano-estadounidense.

Por su parte, el sacerdote Daniel Portillo, teólogo, psicólogo y presidente de Ceprome Latinoamérica, agradeció las palabras de aliento del papa y evaluó positivamente esta primera década de la organización que ayudó a fundar.

“En un primer momento la Iglesia respondió a la crisis de los abusos solo desde una perspectiva jurídica y psicológica, pero este fenómeno es mucho más complejo y vimos que era necesario un abordaje interdisciplinar. Por eso, integramos progresivamente otras dimensiones que nos han permitido acoger y acompañar a las víctimas de modo más integral en su proceso de sanación. Y no solo eso, sino que llegamos a la convicción de que no bastaba con intervenciones puntuales, sino que era necesario promover una verdadera cultura del cuidado y de la prevención en el contexto eclesial”, sostuvo Portillo, citado por Vatican News.

Ceprome Latinoamérica, que ha formado a más de 15.000 personas en la región, mantiene ahora su enfoque interdisciplinario ante nuevos desafíos como la inteligencia artificial, analizando tanto sus amenazas hacia menores como sus oportunidades de protección, destaca el portal de comunicación del Vaticano, publicó DW.

(APFDigital)

En la mañana de este lunes se resolvió en los Tribunales de Gualeguaychú la situación del hombre que se encuentra alojado en Jefatura Departamental de Policía desde la medianoche del viernes luego de una discusión familiar que por muy poco no terminó de forma fatal.

El hecho ocurrió escasos minutos antes de la medianoche del viernes, en una vivienda del barrio Trinidad. La víctima de 34 años, sobre quien existe una causa penal que lleva adelante la fiscal Carolina Costa por amenazas y lesiones que realizó su padre tiempo atrás, se presentó en el domicilio y se inició una discusión que finalizó con el apuñalamiento del hombre a su hijo.

Según los primeros datos de la investigación, durante la pelea la víctima recibió una puñalada que le provocó un neumotórax en el pulmón izquierdo, una lesión que puso en riesgo su vida y obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. Tras permanecer internado en Terapia Intensiva del Hospital Centenario durante las primeras horas posteriores al ataque, su estado de salud mostró una mejoría que permitió su traslado a una sala común, donde continúa recuperándose.

Su padre se presentó inmediatamente en la Comisaría Segunda, donde relató lo sucedido, y por orden del fiscal en turno se dispuso su detención. Al parecer existe una problemática familiar que se arrastra desde hace tiempo, atravesada por una situación de adicción a las drogas por parte del hijo.

Del caso tomó intervención la fiscal Alejandra Montiel, que imputó al padre de tentativa de homicidio agravado por el vínculo. En la audiencia de este lunes requirió una prisión preventiva por 45 días, en tanto la defensa solicitó el arresto domiciliario del acusado, pero la jueza Céspedes consideró que existe riesgo procesal y por ello aplicó una medida por 30 días que mantendrá al acusado en la Jefatura hasta principios de julio.

Por su parte, la víctima salió de Terapia Intensiva y se recupera en sala común, pero hasta el momento no se le ha tomado declaración debido a su estado de salud.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 23 de mayo, lo que dio inicio a una serie de tareas investigativas encabezadas por personal de Comisaría Primera junto a efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Según se informó oficialmente, durante la mañana del miércoles los uniformados realizaban relevamientos de cámaras y registros fílmicos en la zona de Aguado y Doello Jurado cuando detectaron un vehículo con características similares al mencionado en la investigación.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado del rodado hasta que finalmente detuvo su marcha en inmediaciones de Moreno y Andrade. Allí fue identificado el conductor, un hombre de 47 años cuyas características físicas coincidirían con las observadas en las imágenes incorporadas al expediente judicial.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía interviniente, se dispuso la permanencia del personal policial en el lugar y posteriormente se autorizó un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Moreno, medida que contó con la autorización del Juzgado de Transición y Garantías en turno.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró una camioneta Toyota Hilux y, dentro del inmueble, un revólver marca Taurus calibre .357 Magnum junto a cartuchos del mismo calibre. Luego, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental para su identificación y quedó en libertad, aunque supeditado a la causa que continúa bajo investigación judicial.

El hecho se desencadenó alrededor de las 12:45, cuando una mujer de 37 años, domiciliada en Pueblo Belgrano, logró pedir auxilio en dependencias de la fuerza federal. Según su testimonio, momentos antes se trasladaba junto a su pareja en un vehículo de reparto cuando, en medio de una discusión, el hombre habría esgrimido un cuchillo y la habría intimidado, exigiéndole determinadas acciones bajo amenaza.

De acuerdo a lo informado, cuando el hombre detuvo la marcha del rodado frente a un comercio, descendió rápidamente para resguardarse y se dirigió hasta el puesto de la Policía Federal, donde relató que se encontraba en peligro y solicitó ayuda.

A partir de la intervención del Comando Radioeléctrico y con conocimiento de la Fiscalía de Género en turno, se procedió a la aprehensión del agresor, quien fue trasladado y alojado en sede policial. Se realizó la requisa del vehículo en el que circulaban, y se secuestró el cuchillo utilizado en la amenaza.

La mujer fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Familia, donde radicó la denuncia formal. La causa quedó en manos de la Fiscalía, en el marco de actuaciones por amenazas en contexto de violencia de género.

La Policía de Gualeguaychú intervino en dos hechos ocurridos en las últimas horas que derivaron en la aprehensión de dos hombres mayores de edad. Los episodios se registraron en distintos puntos de la ciudad y requirieron la actuación de varias dependencias.

El sujeto fue aprehendido en el lugar y trasladado a Jefatura Departamental. Informada la Fiscalía en turno, se dispuso que quedara a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En el lugar se constató la presencia de un hombre de 28 años que se negó a realizar el test de alcoholemia y, al momento de disponerse la retención de su vehículo, profirió amenazas e intentó agredir al personal interviniente.

La Fiscalía dispuso su aprehensión por el delito de resistencia a la autoridad, siendo trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia.

Ambos hechos reflejan la labor preventiva y de control que lleva adelante la Policía en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la vía pública.