En el marco de las políticas de concientización e inclusión social, se recuerda a la comunidad la realización del segundo encuentro correspondiente al ciclo de jornadas sobre envejecimiento saludable y derechos de las personas mayores.

La actividad, impulsada por el grupo Las Plateadas con el acompañamiento del programa de Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Gualeguaychú y del Movimiento Federal Revolución de las Viejas, busca brindar herramientas conceptuales y comunitarias bajo el amparo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Tras el inicio de las actividades realizado durante la primera mitad del mes con las disertaciones de la Lic. Mg. Lucrecia Sancho —desarrolladas el martes 13 de octubre en el Salón Asunción de María y el viernes 16 en el Club de los Abuelos—, el programa continúa con su cronograma oficial. En esta oportunidad, la segunda jornada abordará la temática “¿Qué tiene de bueno ser viejo en el siglo XXI?”, a cargo de la especialista Dra. Bernardita Zalisnak.

La presentación de este segundo módulo se llevará a cabo de manera libre y gratuita este viernes 23 de octubre a las 16:00 horas en la sede del Club de los Abuelos, ubicada en calle Doello Jurado 297. Posteriormente, la misma disertación se replicará el viernes 30 de octubre a las 16:00 horas en las instalaciones del Salón Asunción de María, en Gervasio Méndez 2770.

El ciclo concluirá durante el mes de noviembre con el tercer eje temático titulado “Envejecer bien: hábitos saludables y determinantes sociales”, que estará bajo la exposición del Dr. Juan Cruz Pusula. Este último módulo se dictará el martes 3 de noviembre a las 16:00 horas en la sede de Asunción de María y tendrá su jornada de cierre el martes 10 de noviembre a las 17:00 horas en el Club de los Abuelos.

Desde la organización se remarca la importancia del acuerdo intergeneracional para consolidar una sociedad inclusiva. La convocatoria es abierta a todo público y no requiere inscripción previa.

Para consultas e informes, se encuentran habilitados los teléfonos institucionales: 3446-648939 (Club de los Abuelos).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar interina que suspende en forma provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se disponía la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley N° 26.737). La decisión del máximo tribunal se dio en el marco de una demanda promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie.

El fallo de la mayoría contó con las firmas de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, sumados a la participación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Por su parte, el ministro Carlos Rosenkrantz emitió un voto en disidencia respecto al alcance de las competencias del tribunal para esta instancia.

De acuerdo con la resolución aprobada, la suspensión de la norma decretada regirá hasta tanto el Juzgado Federal de Bariloche dicte un pronunciamiento formal. El máximo tribunal justificó la aplicación de esta medida provisoria para resguardar la tutela judicial efectiva y prevenir posibles afectaciones de carácter irreparable al entorno ambiental.

A lo largo del trayecto procesal, el Juzgado Federal de Bariloche derivó inicialmente las actuaciones hacia la Cámara Federal de La Plata para su acumulación con otros expedientes. Esta situación provocó que la demanda arribara a la Corte Suprema sin una definición previa por parte de los tribunales inferiores sobre los requisitos de admisibilidad ni sobre la cautelar solicitada.

En su pronunciamiento, la Corte estableció una distinción explícita en comparación con un planteo previo rechazado a la entidad CECIM. Se aclaró que en dicho antecedente la demanda se fundamentaba en aspectos de soberanía nacional, motivo por el cual se denegó la legitimación, mientras que el recurso de Árbol de Pie se sustenta directamente en la materia de derecho ambiental.

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que apelará la medida cautelar dictada por la Justicia provincial que suspendió la distribución de alimentos con sellos de advertencia en los desayunos y meriendas de los establecimientos educativos públicos. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo ratificó que la prestación alimentaria continuará de manera ininterrumpida en todas las escuelas del territorio entrerriano mientras avanza la sustanciación del proceso judicial.

La resolución que motivó la respuesta estatal fue emitida por el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, quien hizo lugar a una medida cautelar interpuesta en el marco de un amparo colectivo promovido por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce. El fallo ordena al Estado provincial abstenerse de servir o distribuir productos que contengan los rotulados previstos por la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, encomendando restituir provisoriamente el esquema de provisión anterior.

Desde la administración provincial precisaron que la decisión del magistrado "no constituye una sentencia sobre el fondo de la cuestión", sino una disposición de carácter precautorio adoptada durante la etapa inicial del litigio. En ese sentido, remarcaron que la legalidad del nuevo sistema centralizado de compras impulsado por la provincia se debatirá durante la tramitación formal de la causa, cuyo plazo para contestar la demanda vence al cierre de esta semana.

En relación a la logística en los comedores escolares, las autoridades provinciales aclararon que la medida judicial no altera el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Según explicaron, la implementación del nuevo sistema centralizado se planificó de manera gradual, dándose instrucciones previas a los directivos escolares para mantener los mecanismos habituales de aprovisionamiento hasta que el nuevo esquema estuviera plenamente operativo, lo que garantiza la atención de los estudiantes.

Por otra parte, el Ejecutivo defendió la reestructuración de la provisión alimentaria como una política destinada a optimizar el uso de los fondos públicos y dotar de mayor transparencia a las contrataciones del Estado, dejando atrás procedimientos de compra que habían sido objeto de cuestionamientos administrativos. Desde la Provincia remarcaron que agotarán las instancias procesales para revertir la medida cautelar y sostener el modelo de gestión propuesto.

Con el plazo de apelación en curso, la causa mantendrá su tramitación en el fuero judicial paranaense, mientras las escuelas públicas de la provincia continúan aplicando la modalidad de abastecimiento previa para asegurar el cumplimiento del servicio alimentario diario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a dar cumplimiento inmediato a dos artículos clave de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Al rechazar el recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo sobre la base de que no se trata de una sentencia definitiva, el tribunal ratificó la vigencia de las órdenes judiciales previas encaminadas a la actualización de los haberes de la totalidad del personal docente y no docente, así como a la recomposición integral de los programas destinados al estudiantado.

La causa se originó por medio de un amparo colectivo impulsado de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas casas de altos estudios públicas del país. Los demandantes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, normativa mediante la cual el Gobierno de Javier Milei había subordinado y condicionado la ejecución de la ley a que el propio Congreso determinara previamente las fuentes de financiamiento específicas para su sostenimiento económico. Ante dicho escenario, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ordenó de modo precautorio al Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 del texto legislativo, determinando que la postergación estatal causaba un deterioro que vulneraba los derechos constitucionales de enseñar y aprender.

La resolución de la Corte Suprema llevó las firmas de sus tres integrantes en funciones: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes además desestimaron recusaciones previas contra magistrados de instancias inferiores y pedidos de excusación hacia ellos mismos que el Estado había presentado bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Si bien en términos puramente prácticos el fallo carece de un efecto presupuestario inmediato —ya que el 10 de junio el Ministerio de Capital Humano había firmado un acta de aumento de la masa salarial del 24,33%, una suba de gastos de funcionamiento del 20% y fondos para hospitales— la lectura política y jurídica convalida y respalda la supremacía legal dictada por el Congreso Nacional frente al intento del Ejecutivo de frenar su puesta en marcha.

A partir de esta definición judicial, queda firme la orden de recomponer los sueldos universitarios según el desfasaje acumulado y la inflación, además de garantizar incrementos del 50% en planes de asistencia fundamentales como las Becas Manuel Belgrano. Mientras las partes involucradas mantienen pautado un cuarto intermedio paritario hasta el próximo 15 de septiembre para continuar evaluando las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, la disputa de fondo respecto a la validez constitucional del decreto presidencial de restricción continuará tramitándose de manera independiente en los tribunales federales ordinarios.

Fuente: Infobae

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 6 de Concordia resolvió condenar a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a afiliar de manera inmediata a una menor de edad como integrante del grupo familiar primario de su tutora legal. La decisión se produjo luego de que la entidad se negara a otorgar el alta, lo que ponía en riesgo el acceso de la niña a estudios médicos urgentes.

La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el abogado Emmanuel Almirón. Según el letrado, OSER rechazaba la afiliación pese a que el vínculo de tutela legal estaba debidamente acreditado y vigente.

En su fallo, el magistrado consideró que la interpretación de la obra social resultaba restrictiva y contraria a derechos de jerarquía constitucional. OSER había fundamentado su negativa en que el caso “no encuadraba dentro de los supuestos previstos en su normativa interna”. Sin embargo, el juez remarcó que la tutela legal es condición suficiente para integrar a la menor dentro del grupo familiar primario de la afiliada titular.

Un factor determinante para el dictado de la medida fue el estado de salud de la niña. El tribunal valoró que la falta de cobertura generaba una situación de extrema vulnerabilidad, dado que la menor requería estudios de complejidad, entre ellos una tomografía. La urgencia del cuadro clínico aceleró los tiempos de la Justicia, que entendió que la demora administrativa se traducía en una barrera de acceso a un servicio esencial.

Finalmente, el juez estableció un plazo máximo de diez días para que OSER cumpla con la afiliación y garantice la cobertura integral de las prestaciones.

Ante un recurso de amparo interpuesto por Raúl Sayas, quien pretende competir en los comicios encabezando la lista “azul”, el Juzgado Civil a cargo del juez Ricardo Mudrovici decidió declarar ilegítima la convocatoria a elecciones del pasado 6 de marzo. El Consejo Administrativo de la Cooperativa tiene hasta el martes para apelar la resolución.

La conducción de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú entró en disputa los últimos meses. Si bien parecía todo encaminado para que se presente una sola lista y se dé continuidad a la gestión encabezada actualmente por Nahuel Otero, un grupo de vecinos decidió armar otra lista y presentar un amparo para poder competir en las elecciones, ya que argumentan que la convocatoria no fue realizada en los tiempos pertinentes para permitirle a los interesados que confeccionen una lista y compitan.

Al respecto, Raúl Sayas, quien presentó el recurso de amparo, explicó a Ahora ElDía que “todo comenzó en los primeros días de diciembre, cuando empezamos a averiguar cómo son las elecciones en la Cooperativa Eléctrica y cómo es su estatuto. Como usuarios todos tendríamos que tener información en el mostrador de la Cooperativa o en sus páginas oficiales sobre este proceso, pero lamentablemente no pasa. Te ocultan información, siempre nos decían ‘vengan la semana que viene’. Entonces, presentamos una nota y recién ahí nos entregaron el estatuto”.

“En la Cooperativa Eléctrica se elige presidente cada 3 años, y año tras año se renueva un tercio de los concejeros, por eso cuando se arma una lista se ponen delegados titulares y suplentes, que terminan siendo concejeros”, contextualizó Sayas.

Y continuó: “cuando nos enteramos que nos habían ocultado información y pisoteado el estatuto, contratamos abogados y empezamos a averiguar. Nos dimos cuenta que no nos habían entregado el acto eleccionario, que es cómo se participa. Entonces, armamos otra nota más pidiendo eso. Ahora ya tenemos todo, sabemos cómo se juega. A todo esto, ellos mandaron un edicto el jueves 19 de febrero, invitando a la asamblea del 6 de marzo, e informando que de 18 a 22 horas se podía ir a votar a los diferentes distritos. En el edicto mencionaron 8 distritos cuando son 10, entonces si unificaron algunos no lo informaron y eso viola el estatuto”.

“Y la parte más bonita y absurda es cuando dicen que aquellos que quieran participar tienen tiempo hasta el martes 24 de febrero, entonces ahí mandamos una carta documento impugnando ese edicto, porque nadie en 4 días puede armar una lista de 564 personas, es imposible. Ni ellos con toda la información pueden ocupar todos esos lugares, y nosotros queremos competir en todos los distritos”, manifestó Sayas.

“Entonces decidimos ir por la vía judicial. Presentamos una acción de amparo, y el fallo después de un par de días salió a favor de nosotros”, relató respecto de la resolución del juez Ricardo Mudrovici, quien determinó que la convocatoria fue ilegítima.

“Está mal lo que hicieron, como cooperativa le tienen que informar a sus socios las reglas del juego. Nosotros somos la lista azul y vamos por la presidencia, para prestar un servicio de luz, después está habilitado para hacer otros negocios, y si eso viene bien para que la Cooperativa invierta. No quería llegar a esto, pero me obligaron a hacerlo, si hubieran jugado limpio estaba en uno elegir si quería participar o no. Para poder hacerlo tenés que tener un medidor a tu nombre hace más de un año y las facturas de luz al día al momento de votar”, comentó.

Finalmente, manifestó que “queremos participar y que nos ganen en las urnas, si pasa eso nosotros vamos a acompañar, pero queremos participar porque tenemos muchos proyectos, hay un equipo inmenso de arquitectos y de ingenieros que van a trabajar con nosotros”.

Por parte de la conducción de la Cooperativa Eléctrica, aún no se han manifestado al respecto. La administración comandada por Otero tiene tiempo hasta el próximo martes de apelar el fallo judicial. Si no, se deberá convocar nuevamente a una asamblea para aprobar el balance 2025 y renovar las autoridades para el 2026. Fuente: Ahora ElDía

El Hospital Garrahan volvió a ser noticia, esta vez no por sus logros médicos ni por sus estándares de calidad internacional, sino por un conflicto gremial que puso en riesgo la estabilidad laboral de decenas de trabajadores. El Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 32 resolvió suspender los despidos de 11 empleados vinculados a la actividad sindical y la sanción de otros 29, tras el amparo presentado por la Junta Interna de ATE.

La medida judicial llega en un contexto de tensión creciente. Hace pocas semanas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado públicamente la decisión de avanzar con los despidos, argumentando que los trabajadores habían ocupado ilegalmente oficinas de la dirección en octubre de 2025. El Gobierno incluso solicitó el desafuero de 10 gremialistas para poder ejecutar las cesantías.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan y uno de los apuntados en el sumario, celebró la resolución judicial: “El fallo confirma lo que veníamos denunciando. Se busca disciplinar la organización de los trabajadores. El Gobierno quiere venganza por el gran triunfo obtenido el año pasado y no quiere que vuelva a repetirse”, dijo en diálogo con la prensa.

Lipcovich advirtió que la intención oficial es “establecer un régimen represivo dentro del hospital” y silenciar reclamos que persisten, como la falta de personal, la precarización laboral mediante contratos de monotributo y el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica.

Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, sostuvo que si bien el fallo es un paso importante, “seguramente será apelado por los funcionarios del hospital”. Y agregó: “Continuamos con la campaña contra estos sumarios truchos y la persecución a los delegados y activistas. No nos van a doblegar”.

Tras la resolución judicial, los trabajadores mantienen la convocatoria a un “abrazo al Garrahan” para este jueves a las 13 horas, con el objetivo de visibilizar el conflicto y sumar apoyo de organizaciones sociales, familiares y sindicatos. Además, el miércoles ofrecerán una conferencia de prensa en el hospital.

La movilización busca repetir la masiva participación lograda el año pasado, cuando miles de personas se acercaron para respaldar al principal centro pediátrico del país frente a lo que consideran un ataque directo del Gobierno.

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario volvió a escalar tras la decisión del Gobierno nacional de apelar la medida cautelar que lo obliga a implementar la norma. La presentación se realizó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, con el pedido de que el recurso sea concedido con efecto suspensivo.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas. El magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendió la ejecución de la Ley 27.795— presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora en su aplicación, con impacto directo en el funcionamiento de las instituciones.

El Ejecutivo, sin embargo, calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial, y advirtió sobre los posibles efectos de la medida en el equilibrio fiscal.

En paralelo al frente judicial, el Ejecutivo inició conversaciones con el CIN para impulsar una reforma consensuada del esquema de financiamiento universitario. La estrategia oficial apunta a elaborar una nueva ley que no derogue el sistema actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una norma capaz de reemplazar la anterior.

El secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron con el presidente del CIN, Carlos Greco, y su vicepresidente, Franco Bartolacci, para comenzar a tejer respaldos institucionales.

La tensión por el financiamiento universitario no es nueva. Entre 2024 y 2025, masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales coparon las principales ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias. La segunda Marcha Federal Universitaria en octubre de 2024 y la protesta del 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha” reunieron a cientos de miles de personas en rechazo al veto presidencial de la ley, que ya había sido aprobada por el Parlamento.

La resolución de la Cámara será clave para definir el rumbo inmediato. Si confirma la cautelar, el Estado deberá aplicar la ley y actualizar partidas y salarios, lo que podría tensionar aún más las cuentas públicas. Si la revoca, las universidades enfrentarán un escenario de incertidumbre y deberán esperar la sanción de una nueva norma.

En este contexto, el Ejecutivo busca acelerar el trámite parlamentario de una reforma que otorgue previsibilidad fiscal y garantías jurídicas, cerrando los frentes legales en una única instancia legislativa. La Secretaría de Educación subraya que el compromiso es alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

El desenlace de este conflicto marcará no solo el futuro del sistema universitario público, sino también la relación entre los poderes del Estado en torno a la definición de políticas educativas y presupuestarias. (Con información de APFDigital / InfoBae)