Desde la delegación de Gualeguaychú informaron que reciben entre uno y tres recursos de amparos por semana.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) vuelve a quedar en el centro de los cuestionamientos. Esta vez fue la UCR Activa de Entre Ríos desde donde, a través de un comunicado, expusieron las pérdidas millonarias de la obra social de los estatales de la provincia.

Con el título “OSER fuera de control”, el documento apunta a los “embargos millonarios, amparos incumplidos y un costo que pagan los afiliados y los entrerrianos”. Y asegura que “entre febrero y diciembre de 2025, según registros oficiales de la Justicia, la Obra Social de Entre Ríos sufrió 5.520 embargos por $ 15.224.338.973,76, ejecutados entre febrero y diciembre de 2025, lo que representa un promedio diario de 24 amparos por $ 83.650.214 descontados directamente de las cuentas bancarias de la obra social.

Ese dinero salió de los aportes de trabajadores y jubilados estatales, muchos de ellos con ingresos por debajo de la canasta básica familiar y del aporte patronal del estado que se financia con impuestos”.

“OSER fue creada en junio de 2025, con la promesa de terminar con la judicialización, los amparos, los embargos y deudas. Hoy, esas promesas están incumplidas. La obra social ya no está intervenida: sus interventores pasaron a ser directores, por lo que la responsabilidad es plenamente política y de gestión. Los 5.520 embargos son la consecuencia directa de amparos judiciales incumplidos. La información judicial sólo refleja los casos que llegaron a embargos; pero existen otros amparos que no figuran en ella porque fueron cumplidos en tiempo y forma, según lo que ordenó la Justicia”, expone el documento al que accedió EL ARGENTINO.

“Miles de afiliados siguen litigando y el dinero de la salud se sigue yendo por amparos y no por mejorar las prestaciones de los más de 300.000 afiliados, pero hasta hoy no se cumplió esa promesa”, cuestionaron desde el sector radical que es muy crítico del gobierno de Rogelio Frigerio.

“Desde la creación de OSER, todos los entrerrianos cargamos con su déficit, ya sea como afiliados, como contribuyentes o como ciudadanos. Esto último ocurre porque se desechó la posibilidad —advertida y fundamentada por UCR Activa— de transformar al Iosper en una verdadera obra social, conforme a las leyes nacionales 23.660 y 23.661, optando en cambio por un diseño institucional que hoy demuestra ser incapaz de garantizar eficiencia, previsión y acceso oportuno a la salud”, cuestionaron.

Por otro lado, apuntaron a la “inacción de los síndicos” y, en este sentido indicaron: “Una auditoría integral podría revelar que los aportes de los trabajadores y el aporte patronal del Estado no se transfieren en tiempo y forma a OSER, sino que permanecen transitoriamente en la Tesorería provincial como créditos contables. En ese esquema, OSER recibiría fondos a demanda, sólo para cubrir embargos o urgencias, lo que ayudaría a explicar los incumplimientos reiterados y el mayor costo que termina pagando el afiliado”.

“Como si todo esto fuera poco, circula un rumor inquietante: que Sidecreer, la UFI o algún organismo internacional, financiaría el déficit de OSER. De confirmarse, el costo del desorden se trasladaría una vez más a los mismos de siempre: los enterrrianos”, cuestionaron desde la UCR Activa.

De uno a tres amparos por semana

Consultadas por EL ARGENTINO, fuentes de la delegación Gualeguaychú de la obra social indicaron que, en promedio, en las oficinas locales se reciben entre uno y tres recursos de amparo por semana. “El tema de los amparos es una realidad inobjetable, se termina destinando tiempo y dinero en situaciones que se podrían resolver mucho más sencillamente, respondiendo en tiempo y forma las intimaciones recibidas, por ejemplo”, aportó uno de los consultados.

Por otro lado, informaron que los cambios realizados a finales de diciembre, respecto a la obligación de la receta electrónica, hicieron que muchos afiliados deban volver a reclamar a la oficina local, generando, además, el enojo de muchos profesionales médicos. “Nunca habíamos tenido a tantos médicos en la delegación, obviamente con su justa razón. Por suerte se resolvió, de momento, y se supone que para febrero va a estar resuelto todo”, indicó otra fuente consultada.

Otro de los problemas de estas semanas tiene que ver con los códigos en las cirugías traumatológicas: “hay muchos casos que se terminan judicializando por desinteligencias y problemas internos. Lo que le termina saliendo mucho más costoso a la obra social, porque, después, la cobertura se tiene que garantizar igualmente y hacerse cargo de todo el proceso judicial”.

Afiliados a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) visibilizaron una serie de reclamos vinculados a la atención médica, la provisión de medicamentos y la cobertura de distintas prestaciones. El encuentro se realizó este martes mientras se desarrollaba una asamblea de afiliados para exponer públicamente las dificultades que, según señalaron, atraviesan desde el inicio de la intervención impulsada durante la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Los afiliados, Rubén Albarenque y Graciela Benavidez, cuestionaron a través de Elonce el funcionamiento actual de la obra social provincial y afirmaron que, ante situaciones de salud complejas, deben recurrir a acciones judiciales para acceder a tratamientos. “Cuando hay un problema grave de salud debemos recurrir a los amparos porque las prestaciones no son cubiertas”, expresó Albarenque.

El afiliado sostuvo que existieron casos de extrema gravedad, como lo fue el fallecimiento de un afiliado, y manifestó su preocupación por la falta de mejoras en la atención. “Antes teníamos como piso el Plan Médico Obligatorio y hoy lo tenemos como techo”, afirmó, y agregó que el nivel de prestaciones se redujo mientras los costos aumentaron.

“En más de una oportunidad no encontramos un interlocutor válido que dé respuesta al problema, a pesar de que todos los meses se nos descuenta del salario el aporte correspondiente", apuntó.

Y denunció: "Existe un esquema de negocios que responde a intereses ajenos a la salud de los trabajadores".

En un contexto de creciente vulnerabilidad para los adultos mayores, el secretario de la Alimentación, Miguel Klenner, se convirtió en una de las voces más firmes en el reclamo por la restitución de los medicamentos gratuitos para jubilados y jubiladas afiliados al PAMI. “Los jubilados no pueden ser los que paguen el ajuste”, expresó en diálogo con EL ARGENTINO, al referirse al amparo colectivo que se originó en Mendoza y que ahora se implementaron medidas similares en diferentes provincia.

La primera acción judicial fue impulsada en diciembre del año 2024 por la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ante el Juzgado Federal Número 2 de Mendoza, que ordenó al PAMI restituir la cobertura del 100% en medicamentos. El juez justificó la decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que delimita el alcance del derecho a la salud privilegiando siempre la protección de la salud pública.

A partir de esta resolución, gremios entrerrianos como UOMA, Festram y Apinta, junto al abogado Valodia Nichajew, acompañaron el pedido para que se haga extensivo a los más de 152 mil beneficiarios de la obra social en la provincia.

Klenner, referente del gremio de Alimentación en Concepción del Uruguay, sostuvo: “Nuestro amparo es autónomo. La acción judicial la impulsamos el 2 de octubre, cuando presentamos nuestro amparo. Mendoza fue el primero, de ahí llegaron el resto de la provincia: Salta, Tucumán, Córdoba y CABA. La motivación para estas medidas es que los trabajadores que aportaron toda su vida merecen acceder a su medicación gratuita”.

La resolución judicial plantea que en tiempos de crisis económica “debe reforzarse la protección de los derechos sociales”, y habilita la extensión cautelar de la medida a todos los afiliados jubilados al PAMI en el territorio nacional.

Klenner explicó a EL ARGENTINO que el objetivo del reclamo es proteger la salud y la dignidad de los jubilados, y remarcó: “Las jubilaciones son bajas y no alcanzan para cubrir los medicamentos, que deberían ser un derecho garantizado por el Estado”. Para el dirigente sindical, la medida del PAMI vulnera derechos adquiridos y pone en riesgo la vida de miles de adultos mayores. “Jubilarse no puede ser una desgracia”, advirtió.

Por último, el secretario de la Alimentación subrayó que los gremios seguirán acompañando el reclamo hasta que el Gobierno nacional retrotraiga la resolución y restablezca la gratuidad de los medicamentos, porque “no puede haber dinero para los grandes exportadores y no para los jubilados”.

La medida cautelar dictada por la Justicia no afectará los trámites ya iniciados por los beneficiarios en virtud de las resoluciones suspendidas, los cuales mantendrán plena validez. Mientras tanto, el reclamo gremial crece en todo el país, con la convicción de que gratuidad de los medicamentos no es un privilegio, sino un derecho.