El Gobierno anunció este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como organismo independiente y que todas sus funciones pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones. La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según Adorni, la ANDIS —creada en 2017 para coordinar políticas públicas en discapacidad— acumuló con el tiempo “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, una crítica que cae bastante cerca del espíritu de gestión de este gobierno para todos los organismos públicos.

El funcionario aseguró que esta transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones para personas con discapacidad, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”.

La absorción por Salud también incluye auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos —Adorni mencionó la supresión de 16 puestos y una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.

Aunque el anuncio se presenta como un gesto de orden institucional y transparencia, llega en medio de un escándalo por irregularidades que salpican al organismo, con investigaciones internas en curso y cuestionamientos sobre prácticas administrativas.

La ANDIS no recibía fondos públicos desde abril pasado. Hace unos días, un decreto reactivó la asignación de recursos para el área, pero a través del Ministerio de Salud. Se le agregaron $173.032 millones, que se suman a los cinco billones de pesos que tenía destinados para 2025. A un día de terminar el año, el ANDIS lleva ejecutado el 86% de su presupuesto.

"Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", aseguró Adorni, en relación al traspaso del área al ministerio que comanda Mario Lugones.

El jefe de Gabinete garantizó que este cambio no traerá recortes "a ninguna prestación". En cambio, dijo que se eliminarán "16 cargos políticos", y que esta modificación permitirá reducir la estructura jerárquica en un 45,7%.

La Agencia Nacional de Discapacidad se creó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de centralizar y coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad. Así se unificaron funciones de entidades previas, como la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y el Servicio Nacional de Rehabilitación. El organismo estaba bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

En agosto de este año, se conocieron una serie de mensajes de audio con la voz del entonces director ejecutivo de la entidad, Diego Spagnuolo, donde se describía una trama de sobornos, corrupción y sobreprecios en la compra de medicamentos y otras prestaciones. La red involucraba a droguerías, operadores y también a altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del primer mandatario, Karina Milei. En particular, se la señalaba como responsable de quedarse con el "3 por ciento" de cada transacción.

La causa, bajo investigación de la Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py, tiene quince imputados citados a indagatoria, entre ellos Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS. Karina Milei, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones fueron citados por el Congreso para dar explicaciones, pero no comparecieron ante los legisladores. (Con información de Ámbito y Perfil)

Ornella Calvete solicitó ante el juez federal Sebastián Casanello su sobreseimiento en la causa que investiga presuntas coimas y direccionamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En un escrito presentado en Comodoro Py, la exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía afirmó tener “absoluta ajenidad” con los hechos y explicó por qué en su domicilio se encontraron cerca de 700 mil dólares.

Según el descargo, el dinero no le pertenecía y era de la empresa INDECOMM S.R.L., vinculada a su padre, Miguel Ángel Calvete, dirigente sindical y empresario actualmente imputado en la causa ANDIS y detenido por otro expediente. La exfuncionaria sostuvo que los fondos estaban en la vivienda —propiedad de su padre— desde antes de que ella se mudara, en marzo de 2025, y que desconocía el monto exacto y el origen, aunque aseguró que su padre le había garantizado que se trataba de dinero declarado.

Calvete señaló que nunca utilizó esos fondos y que fueron hallados intactos durante el allanamiento realizado el 9 de octubre de 2025, junto con 19 millones de pesos. También rechazó cualquier participación en contratos o decisiones vinculadas a la Andis y negó mantener relación societaria con empresas del sector de la salud.

En relación con los mensajes incorporados como prueba por la fiscalía, Calvete afirmó que los chats intercambiados con su padre no aludían a proveedores del organismo sino a una eventual importación de agroquímicos. Respecto de una frase que hacía referencia a una “comisión” del 3 por ciento, sostuvo que se trató de una expresión irónica en un intercambio privado y familiar.

La exfuncionaria renunció a su cargo en noviembre de 2025, luego de que trascendiera el allanamiento en su domicilio. En el escrito, describió un vínculo personal complejo con su padre y pidió que la Justicia evalúe su desvinculación total de los hechos investigados.

La causa ANDIS investiga presuntos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos durante la gestión de Diego Spagnuolo, con contratos por miles de millones de pesos entre 2023 y 2025. El expediente incluye audios, mensajes y anotaciones que sugieren comisiones ilegales de entre el 3 y el 8 por ciento. El juez Casanello analiza el pedido de sobreseimiento junto con el resto de las pruebas, mientras la investigación continúa en etapa de instrucción.

El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución judicial que dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el año pasado. La presentación será elevada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

La decisión apunta a revertir el fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró inválida la paralización de la norma y dispuso su plena vigencia. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la sentencia constituye una intromisión en atribuciones propias del Ejecutivo, en especial en materia de administración del gasto público y elaboración del presupuesto.

En la Casa Rosada remarcan que la ley fue aprobada sin precisar las fuentes de financiamiento, un punto que, según argumentan, vuelve inviable su implementación en los términos fijados por la Justicia. En ese sentido, advierten que cumplir con la norma tal como fue ordenada podría comprometer el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico oficial.

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Aunque fue promulgada, el Ejecutivo dispuso luego su suspensión a través del Decreto 681/2025, bajo el argumento de que el Congreso no había establecido cómo financiar las medidas previstas.

La parálisis de la ley generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que denunciaron el impacto directo sobre tratamientos, servicios e instituciones. En ese marco, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial, lo que derivó en el fallo que ahora el Gobierno busca revertir.

En su resolución, la Justicia sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer por sobre las restricciones presupuestarias, y recordó las obligaciones asumidas por el Estado argentino en tratados internacionales.

Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si mantiene la aplicación inmediata de la ley o si convalida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y el alcance de las competencias entre poderes. (Ámbito)

Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete, uno de los acusados clave del caso ANDIS será indagada este miércoles en la causa en la que se investiga una trama de corrupción en el organismo con la compra de medicamentos.

Según el dictamen del fiscal Picardi, Guadalupe Muñoz se encuentra vinculada a todo el entramado de direccionamientos y pagos indebidos. Por ejemplo, fue la encargada, siguiendo indicaciones de Calvete, de conseguir gran cantidad de dinero en efectivo para Diego Orlando Spagnuolo.

De las conversaciones obtenidas del teléfono de Miguel Ángel Calvete se logró determinar que le envía un detalle del dinero que habrían recibido diversas firmas por parte de la ANDIS, en las cuales se encuentran las vinculadas su pareja.

“Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz administraban los pagos efectuados por dichas empresas, participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas, determinando los porcentajes a retener y el destino de los montos remanentes los cuales, en algunos casos finalizaban en manos de funcionarios nacionales”, aseguró el fiscal Franco Picardi en la acusación.

Para el fiscal resultan relevantes los audios enviados por Miguel Ángel Calvete a Guadalupe el 11 de junio de 2025 en los cuales le indica el modo en que debía hacer la cuenta de porcentajes, y de los cuáles también se desprende que una parte del dinero se lo quedaban ellos.

Hay otros mensajes de los que se desprende que Guadalupe Muñoz envió un recibo de aproximadamente 90 mil dólares y Calvete, por su parte, le refiere que lo guarde en la caja fuerte. Sin aclarar de quién, ni en concepto de qué.

El fiscal, en su acusación destacó que el extitular de ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo recibió de parte de Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje.

Esta información se desprende de una conversación mantenida por Calvete con Guadalupe, en la que este le pide a su pareja “cinco palos” en efectivo en pesos.

Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.

Con posterioridad a ello, Spagnuolo y Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”.

Sumado a ello, en el allanamiento del domicilio de Calvete se halló un papel adherido en la cocina, que contenía instrucciones precisas de éste hacia sus empleados/as, respecto de cómo debían proceder en el caso de que cualquier persona se presentara en el lugar y preguntara por él y/o sus sociedades, “mostrando un comportamiento totalmente contumaz frente al sistema de administración de justicia, pues decía que allí no vivía ni él ni su pareja Guadalupe Muñoz”, dice la acusación fiscal. (Ámbito)

Roger Edgar Grant se convirtió en el primer imputado de la causa por las irregularidades en la Angencia de Dispacidad (ANDIS) que respondió preguntas de la Justicia para defender su inocencia. La investigación lo ubicó como ejecutor de las maniobras de corrupción desde su cargo en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, a lo que el indagado contestó que “solo cumplía órdenes” de su jefe, Daniel María Garbellini.

Grant compareció en la tarde del lunes ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py.

Como coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia, administraba las compras de medicamentos mediante el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS). Desde allí habría facilitado el direccionamiento de los fondos estatales hacia las droguerías beneficiadas.

Con Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud, Grant mantenía una relación desde los días en los que trabajaron juntos en la obra social OSPSIP, del personal de vigilancia y seguridad privada.

Así como Roger Grant obedecía órdenes de Daniel Garbellini, este último también habría respondido a los intereses de quien había sido su superior anteriormente -durante la gestión de Cambiemos-Pablo Atchabahian, detenido y señalado como uno de los dos “jefes paraestatales” de la ANDIS, junto a Miguel Ángel Calvete.

El fiscal Picardi encontró conversaciones en los teléfonos secuestrados que demuestran que Grant sabía exactamente qué empresas cotizarían en cada compulsa de precios. Además, manejó los tiempos de los procesos de compra y aplicó instrucciones específicas sobre qué droguerías debían ser dadas de alta o baja en el sistema.

“Lo consultaba todo con Garbellini”, se defendió el imputado ante el juez y el fiscal.

Mientras que en las licitaciones abiertas el organismo invitaba a competir a unas 15 droguerías, a las compulsas “reducidas” solo accedía un grupo de cuatro oferentes que “mantenían vínculos personales, societarios y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS”, dictaminó la acusación.

Esta “fragmentación artificial” de las compras que hacía el Estado se aplicó a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que son esenciales para tratamientos prolongados o de alta complejidad para la población vulnerable beneficiaria del Programa Incluir Salud.

En las 21 compulsas de medicamentos que se realizaron bajo este esquema restringido, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, que implicaron un gasto de $30.337.220.919,77.

Grant era el encargado de ejecutar todos estos movimientos, supuestamente bajo las órdenes de Garbellini y Atchabahian, mediante incumplimiento de las normativas vigentes y, a su vez, estableciendo sobreprecios que habrían profundizado el perjuicio al Estado.

Según el dictamen fiscal, Grant actuaba como ejecutor directo de las órdenes impartidas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, al intervenir en maniobras de corrupción.

En ese marco, habría participado de un esquema de consultas y decisiones articuladas con otros funcionarios para favorecer a un conjunto reducido de droguerías, e incluso registrado en documentación secuestrada a uno de los presuntos organizadores de la maniobra.

Además, la fiscalía destacó que su nombre aparece asociado a comunicaciones internas que evidencian la influencia de actores privados sobre su tarea cotidiana dentro de la agencia, lo que lo apunta como un actor indispensable para la ejecución administrativa del engranaje investigado.

De los 15 imputados, la mitad optó por no declarar. Ahora los investigadores buscan precisar la cadena de responsabilidades que habría permitido transformar áreas sensibles de la Andis en un circuito paralelo de decisiones y beneficios para un grupo reducido.

El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en el organismo, al argumentar que el audio que dio inicio a la investigación y que se le atribuye fue “adulterado”.

A través de su abogado, Mauricio D’ Alessandro, presentó dos escritos ante el juez Sebastián Casanello en los que pidió que se le dicte el sobreseimiento.

En uno de los escritos, la defensa sostuvo que la decisión de imputarlo y citarlo a indagatoria se encuentra sustentada en “prueba adulterada que no fue debidamente introducida al proceso; invalidez que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado”. Para la defensa esos audios fueron manipulados.

Los audios que se le atribuyen a Spagnuolo no fueron incorporados como prueba por el fiscal Franco Picardi. La prueba es la documentación que se recopiló en múltiples allanamientos y todo lo que se recuperó de los teléfonos incautados.

Hasta ahora, los planteos de nulidad fueron rechazados pero fueron apelados y debe resolver la Cámara Federal.

Spagnuolo adjunto una pericia realizada por especialistas que “confirma la manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética por IA", según el escrito.

“Sumamos por primera vez en este proceso penal, un documento oficial donde consta un estudio pericial donde se analizaron los audios ingresados primigeniamente a estos actuados y que se achacan al señor Spagnuolo como su interlocutor”.

En base a la pericia, pidió la nulidad al de todo lo actuado y el sobreseimiento. El informe pericial presentado por Spagnuolo fue elaborado por la empresa especializada Graudio Forensics, que tiene sede en Madrid, España. (Ámbito)

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi indagarán este lunes a Roger Grant, quien era Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y está señalado como uno de acusados clave en las maniobras investigadas.

Según describió el fiscal, en el período investigado, Grant “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”, mano derecha en su momento del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo.

Para la fiscalía, “Roger Grant le consultaba -y procedía de conformidad- en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos PACBI. Esto es, sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema”. Era quien se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.

Roger Grant, además de concretar los direccionamientos ordenados por Garbellini, figuraba en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete.

Calvete es un imputado clave, señalado como uno de los “jefes paraestatales”, y está preso en otra causa penal. En el domicilio de Calvete se secuestraron una serie de cuadernos con diversas anotaciones de interés para la causa.

En uno de dichos cuadernos, el número 5, se halló una anotación correspondiente al día 4 de septiembre de 2025, en la que se lee “llamar” y entre otras personas se encuentra “Roger por precios”.

Esa circunstancia se analizó además con lo que surgió de las intervenciones telefónicas que el juez dispuso a las líneas pertenecientes a Miguel Ángel Calvete.

En una llamada que éste le realiza a Lorena Di Giorno, otra de las imputadas, le pregunta por personas de su círculo de confianza y puntualmente le consulta por Roger.

En la conversación, Calvete se interesa por saber qué era lo que le habían secuestrado en el procedimiento de allanamiento y requisa a Roger Grant.

“Dichas circunstancias, dan cuenta de que Roger Grant además de ser el ejecutor de las órdenes de Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún tipo de vínculo directo con Miguel Ángel Calvete”, señaló el fiscal al imputar a Grant. (Ámbito)

El médico urólogo Pablo Atchabahian está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en su casa de Luján de Cuyo, Mendoza, desde el 14 de noviembre pasado.

Es el primer detenido en la causa ANDIS. La decisión se tomó por “riesgos procesales” y porque hubo episodios que para la Justicia demuestran que tenía “conocimiento concreto” de la existencia de la investigación y, pese a ello, “decidió evadirse” y no pudo ser ubicado durante las tareas de investigación.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó un planteo de su defensa para cesar con el arresto domiciliario y esa decisión llegó ahora en apelación a la Cámara Federal porteña, que deberá resolver sobre la cuestión.

La sala II del Tribunal de Apelaciones también tiene a estudio planteos de nulidad como prueba de los audios filtrados del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que dieron origen a la causa.

Sin embargo, los investigadores sostienen que la pesquisa avanza con evidencia independiente a estos audios y que en todo caso se trata de una prueba más cuya relevancia deberá valorarse en el momento oportuno.

Riesgos procesales

En el caso de Atchabahian, sus abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza solicitaron el cese del arresto domiciliario y que, en todo caso, se fije una medida cautelar menos gravosa. Aseguran que no hay peligro de fuga ni de entorpecer la investigación.

Pero el fiscal federal Franco Picardi se opuso. “Debe tenerse presente que a sabiendas del allanamiento de la vivienda y de los secuestros realizados a quien sería su ex pareja y de la existencia de estas actuaciones, evadió presentarse ante la justicia”.

A la hora de resolver, el juez Casanello consideró que “los riesgos procesales permanecen incólumes”.

“Se parte de la base de una severa imputación que ofrece una amenaza de castigo incompatible con una ejecución condicional”, explicó en su resolución.

A ello se suman “las dificultades con las que se enfrentó la instrucción a la hora de dar con él”.

Para los investigadores hay peligro de entorpecer la investigación que está en plena etapa de recopilación de prueba. Además se tuvo en cuenta la “fuerte ascendencia” del acusado “sobre otras personas, algunas comprometidas en el caso y otras que puedan serle de ayuda”.

Se está ante un “panorama de riesgos ciertos que no pueden ser neutralizados sin una severa restricción”.

Por ello el juez concluyó que “la prisión domiciliaria se presenta como la medida de coerción idónea, necesaria y proporcional para garantizar, en este momento, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley del caso” y la persistencia del arresto domiciliario “resulta indispensable”

La fiscalía había pedido la detención porque no pudo ser hallado y evitó la ejecución de una orden de requisa el 8 de octubre pasado.

En base a escuchas telefónicas se determinó que conocía la existencia de la causa penal y “mantendría contactos con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional”.

La decisión fue apelada y ya llegó en revisión a la Cámara Federal porteña.

Quién es el detenido

Atchabahian es un médico urólogo, exfuncionario del organismo y señalado por el fiscal Picardi en su dictamen como “una pieza central de una estructura que operó decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera de la agencia”.

Ante el juez se negó a declarar, al igual que lo vienen haciendo los demás convocados a declaración indagatoria, entre ellos Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete.

Este último está preso pero por otra causa penal, condenado por explotación de la prostitución ajena.

El nombre de Atchabahian aparece, según la investigación, “en todos los puntos sensibles del expediente”: los chats donde se delineaba la “toma de la ANDIS”, las órdenes externas sobre pagos y personal, los vínculos con proveedores y el circuito financiero que hoy reconstruye la Justicia.

En 2018, el ahora detenido fue Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud en ANDIS.

Cuando Diego Spagnuolo fue designado al frente del organismo en 2024, la fiscalía detectó que Atchabahian, sin ocupar ningún cargo formal, daba órdenes directas.

El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, hizo lugar a una acción de amparo presentada por una hija en representación de su madre y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) garantizar la cobertura integral, sin pago de coseguros ni topes, de la internación de la afiliada en una residencia gerontológica privada de la capital entrerriana. La decisión fue dictada el jueves 20.

El magistrado dispuso que la prestación debe brindarse conforme los valores presupuestados por la residencia, desde noviembre de 2025 y por un plazo de un año, o hasta que OSER ofrezca otro lugar de internación de calidad equiparable bajo las mismas prestaciones. Además, impuso las costas del proceso a la obra social.

Al analizar el caso, Budasoff concluyó que la cobertura otorgada por OSER bajo la modalidad “Hogar Permanente Categoría A”, en el marco de la Resolución Conjunta Nº 2/25 del Ministerio de Salud y la ANDIS, no podía considerarse integral. Señaló que el reconocimiento correspondía a apenas un tercio del presupuesto informado por la institución donde está alojada la afiliada, lo que consideró un acto que lesionaba su derecho a la salud y a una mejor calidad de vida.

El juez destacó que no había controversias sobre la situación de la amparista: una mujer de 93 años que, desde septiembre de 2025, cuenta con certificado de discapacidad y presenta un diagnóstico de demencia vascular, disfagia, diabetes tipo 2, convulsiones, postración, úlceras por presión e incontinencia esfinteriana total. Por su condición, se le indicó la internación en un centro especializado, y OSER reconoció parcialmente la cobertura desde octubre.

También ponderó que la residencia privada donde permanece internada cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios y que su presupuesto no fue objetado por la obra social.

Al evaluar el eventual obrar ilegítimo, Budasoff sostuvo que el derecho en juego, la protección integral de la salud de una persona mayor con discapacidad afiliada a una obra social provincial, tiene amparo constitucional y está garantizado por la Ley Nacional Nº 24.901, que establece la cobertura total para personas con discapacidad. Recordó que Entre Ríos adhirió a esa normativa mediante las leyes 9.891 y 9.972, que imponen a OSER la obligación de cubrir íntegramente las prestaciones básicas.

En ese marco, afirmó que cualquier restricción o demora por parte de la obra social resulta incompatible con el carácter integral de la protección prevista para las personas con discapacidad. Subrayó, además, que el reclamo no es meramente económico, sino que se vincula directamente con el derecho a la salud y a la calidad de vida de la afiliada.

Al comparar los valores reconocidos por OSER ($1.564.071 mensuales, según el nomenclador nacional) con el presupuesto de la residencia —$4.519.731,15 mensuales—, el juez consideró que la diferencia “exorbitante” impacta negativamente en la amparista y su familia, quienes deberían afrontar el resto del costo.

Budasoff observó también que, entre la documentación exigida por OSER, se presentó un informe de situación tributaria de ATER. Consideró “paradójico” que la obra social dé plena validez a constancias tributarias para rechazar afiliaciones de adherentes, pero las considere insuficientes al evaluar la capacidad económica en casos como este.

Finalmente, el magistrado remarcó que OSER no ofreció una alternativa de internación equiparable y que los valores del nomenclador nacional constituyen un piso, no un techo. Concluyó que la cobertura autorizada el 5 de noviembre era “meramente parcial” y ponía en riesgo la salud y la vida de la afiliada, por lo que correspondía ordenar su cumplimiento integral. (Fuente: APF)

Ninguno de los imputados en la causa ANDIS rompe el silencio, al menos por ahora. Este miércoles se presentó a indagatoria en Comodoro Py Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, quien no respondió preguntas de la Justicia ni hizo declaraciones. Este exfuncionario tiene un rol clave: estuvo a cargo del programa Incluir Salud, núcleo de las presuntas maniobras de corrupción.

Acompañado de su defensor Agustín Biancardi, Garbellini explicó en el Juzgado Federal N° 11 que guardaría silencio porque aún no logró conocer todo lo que hay en el expediente.

Otro de sus abogados, Martin Olari Ugrotte, adelantó que su defendido tiene intenciones de “dar todas las explicaciones que sean necesarias frente a los hechos por los que se lo acusa”.

Desde la defensa ratificaron en diálogo con Infobae que Garbellini es “completamente inocente”, a la vez que confirmaron que presentaron una apelación ante la Cámara Federal para tener acceso total a algunos legajos que por ahora permanecen restringidos.

Este miércoles también se había negado a declarar el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Lo mismo ocurrió el martes y el jueves de la semana pasada -respectivamente- con Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como “jefes paraestatales” de la ANDIS.

De qué se lo acusa

Según dictaminó el fiscal Franco Picardi al pedir su indagatoria, Daniel Garbellini habría tenido un rol clave en el entramado de corrupción que operó en el organismo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

Está imputado como uno de los cuatro jefes u organizadores de la asociación ilícita, al haberse encontrado pruebas que señalan que recibió y ejecutó instrucciones sobre la manipulación de los procesos de compra de medicamentos y la aplicación de sobreprecios, a cambio de coimas.

La investigación reveló que Garbellini también habría consentido que personas ajenas a la ANDIS, que respondían a los intereses propios y de las droguerías, tomaran decisiones sobre la gestión de recursos públicos y el sistema de compras de medicamentos, conocido como SIIPFIS.

Uno de ellos, según la acusación, es Pablo Atchabahian, de estrechísimo vínculo con Garbellini.

Atchabahian fue su jefe en la ANDIS durante el período 2018-2019 y hay evidencias que muestran que mantenían una fuerte amistad. El fiscal Picardi aseguró que el “funcionario sin cargo” -en los hechos un lobbysta- seguía dándole órdenes a Garbellini para llevar adelante el desvío de fondos públicos.

El presunto operador Pablo Atchabahian, detenido con domiciliaria en la provincia de Mendoza, le habría dictado a su amigo a qué droguerías debía favorecer incorporándolas al sistema SIIPFIS y a cuáles se debía frenar los pagos por “jugar mal” en los acuerdos preestablecidos.

Esta influencia del “jefe paraestatal” del organismo siguió con la presunta intrusión de Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche S.A.Q.E.I., en bases de datos sensibles.

Ferrari, antigua directora de Prestaciones Médicas en la gestión de Atchabahian, actuó -según la acusación- como operadora externa sin designación formal en ANDIS. Garbellini le habría facilitado acceso al SIIPFIS dándole un usuario y una clave. Ferrari utilizó este acceso para gestionar y agrupar “tickets”, recibir información privilegiada de compras y compartir datos sobre las droguerías involucradas.

El exfuncionario -despedido junto a Spagnuolo cuando se conocieron los audios y estalló escándalo- entregó su celular sin clave a la Justicia, pero cuando lo abrieron se descubrió que eliminó diversas conversaciones, incluidas las que mantuvo con Miguel Ángel Calvete.

Sin embargo, los chats pudieron recuperarse mediante una extracción forense. Garbellini permanece en libertad al igual que la mayoría de los acusados, aunque tiene prohibido salir del país.

Las indagatorias se retomarán el 28 de noviembre, con las citaciones de Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, ambos funcionarios de ANDIS que responderían a Calvete.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este miércoles a las 13 horas en los tribunales de Comodoro Py donde prestó declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos pedidos de coimas dentro del organismo. Tras el proceso judicial, su abogado, Mauricio D'alessandro, afirmó que el exfuncionario hizo un breve descargo para defender su inocencia en donde rechazó todos los cargos que le imputa la Justicia y se negó a responder preguntas.

En este sentido, el abogado negó que Spagnuolo gestionara pagos en la agencia.

Sobre la foto en la que se muestra al extitular de ANDIS ingresando con una mochila a lo de Miguel Ángel Calvete, otro de los investigados, en el barrio porteño de San Telmo, D'alessio afirmó: “Los 5 millones se anuncian como que se los dieron el 11 de junio, las fotos son del 13 de agosto. O sea tardaron dos meses y dos días en juntar los 5 millones para un viaje o no son contemporáneos”.

El llamado fue dispuesto por el fiscal federal Franco Picardi, quien la semana pasada convocó también a otros imputados: Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, entre varios más.

Por último, la defensa dejó trascender que el acusado tiene pensado volver a presentarse una vez que lea la totalidad del expediente, que hasta la semana pasada permanecía bajo secreto de sumario.

El pasado martes se negó a declarar Miguel Calvete, vinculado a Spagnuolo, por lo que en ese contexto, todas las miradas estaban puestas en el extitular de ANDIS.

La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la renuncia de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía y hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales imputados en el expediente. La dimisión fue confirmada por la cartera económica, que evitó darle trascendencia política y aclaró que la salida fue “una decisión personal”.

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio desde septiembre de 2024. Su nombre quedó involucrado en la investigación que encabeza el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, luego de que un allanamiento realizado el 9 de octubre en su vivienda arrojara el hallazgo de alrededor de USD 700 mil y otras divisas.

La pesquisa, que indaga un presunto esquema de coimas y pagos indebidos en la compra de medicamentos a cargo de la ANDIS, también involucra a funcionarios del Gobierno nacional, empresarios y al propio expresidente del organismo, Diego Spagnuolo, apartado del cargo en agosto tras la difusión de audios que ahora su defensa cuestiona.

El rol de Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como uno de los jefes “paraestatales” de la agencia, es central en el expediente. El empresario —actualmente detenido por una condena previa de 2019 por explotación sexual en Buenos Aires— se negó a declarar esta semana en los tribunales de Comodoro Py, aunque podrá hacerlo más adelante.

Según documentación incorporada a la causa, los investigadores detectaron chats entre Calvete y su hija que revelan gestiones vinculadas a proveedores, comentarios sobre pagos irregulares y referencias al dinero encontrado en su domicilio. Entre los mensajes consta un diálogo en el que Ornella alienta una reunión con un proveedor y promete un regalo si la operación resulta exitosa; en otro intercambio, ambos comentan la presencia de policías en el edificio y especulan sobre cómo justificar la tenencia de fondos en efectivo.

La fiscalía sostiene que la trama expone “un aceitado esquema de corrupción” que habría favorecido a particulares mediante pagos en efectivo, negociaciones incompatibles y maniobras de defraudación al Estado, afectando programas destinados a personas con discapacidad.

En los próximos días continuarán las declaraciones indagatorias en Comodoro Py, con citaciones clave que podrían profundizar las responsabilidades en un expediente que ya genera impacto político en el Gobierno y abre interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos encargados de administrar fondos para sectores vulnerables.

Miguel Ángel Calvete se negó a declarar este martes en la causa ANDIS que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, mediante el organismo de discapacidad. El hombre es la mano derecha de Diego Spagnuolo, el principal apuntado en el caso. Calvete había sido citado a indagatoria en Comodoro Py, frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi.

Calvete adquirió un rol central dentro de la investigación judicial por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los peritajes sobre sus teléfonos aportaron pruebas determinantes, ya que el empresario operaba como un gestor para distintos laboratorios y mantenía dentro del organismo una red de funcionarios que le respondían directamente.

Para los investigadores, actuó como un “director para-estatal de la ANDIS, articulando contactos internos y externos para “garantizar un esquema de corrupción” que favorecía a laboratorios y proveedores específicos.

Según indican, su tarea consistiría en oficiar de puente entre las empresas del sector y la estructura que encabezaba Spagnuolo, lo que le permitía destrabar pagos millonarios destinados a droguerías e insumos médicos. Entre las firmas beneficiadas aparecían Ortopedia Sagués, MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma S.A., entre otras.

Por otro lado, se dio a conocer que el vínculo entre Spagnuolo y Calvete comenzó en la campaña presidencial de 2023, durante un acto en Parque Norte. En aquel momento, el abogado cercano a Javier Milei ni siquiera imaginaba ocupar un despacho estatal, mucho menos asumir la conducción de la ANDIS.

El 15 de febrero de 2022, Daniel María Garbellini, entonces persona cercana a Diego Spagnuolo, creó un grupo de WhatsApp, en el que también participaron: “Pato Country” (Patricio Rama, vinculado a Pablo Atchabahian, a Miguel Ángel Calvete y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A.); Mariano Caballi (vinculado también a Miguel Ángel Calvete); y Pablo Atchabahian.

De las conversaciones mantenidas, entre los distintos intervinientes, se desprende que entre ellos mediaba una estrecha relación de amistad, caracterizada por un alto grado de confianza. Tal como les dijo Pablo Atchabahian: “somos familia”. Sobre Atchabahian este viernes se ordenó la detención porque no había sido hallado cuando se realizó uno de los procedimientos de la causa.

Según el fiscal Franco Picardi, de ahí surge el interés particular de Pablo Atchabahian en ocupar un lugar en la ANDIS, desde el año 2022, quien habría empezado a gestionar su regreso con diversos sectores del arco político. Pablo Atchabahian, prestó funciones en ANDIS, en el año 2018 en el mismo cargo que ocupó Daniel María Garbellini, en el año 2024.

Luego, surge otra conversación en la cual Pablo Atchabahian, dice: “Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”.

tal sentido, de los intercambios analizados se desprende que los miembros del grupo se encontraban en la búsqueda de un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto, manteniendo, a su vez, asiduas comunicaciones con diversos actores políticos, a quienes les transmitían sus intereses en el sector salud.

A principios del 2024, cuando los integrantes del grupo se enteraron de que habían despedido a David Aruachan del cargo de Subdirector Ejecutivo de la ANDIS, impulsaron de nuevo gestiones con la idea de volver a desembarcar en la agencia.

Surge de conversaciones las menciones a Diego Spagnuolo, como quien habría pedido la ANDIS y las referencias a Karina Milei, como la persona a la que debían llegar ya que sería “la que define todo”.

Ahora bien, una vez que Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini fueron designados en ANDIS, se corroboró que Pablo Atchabahian le daba órdenes al segundo de los nombrados, e indicaba: a quiénes pagar y a quiénes no; a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que puedan cotizar; a qué personal despedir de las gestiones anteriores; e incluso propuso a una persona que, si bien trabaja en la empresa Roche S.A.Q.E.I., se dedicaba a gestionar el sistema SIIPFIS.

Esta persona es, según consignó el fiscal, Luciana Ferrari. Respecto de Luciana Ferrari, pese a no ser parte de la ANDIS, tuvo acceso al sistema SIIPFIS, mediante el otorgamiento de un usuario y contraseña que fue registrado a nombre de otro empleado de la agencia: Walter Martínez. Este usuario fue otorgado por el propio Daniel Maria Garbellini a la nombrada para que pueda operar el sistema “desde afuera”, por pedido de Pablo Atchabahian.

“Diego Orlando Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje [a Israel] y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”.

Calvete le dice por mensaje de audio a Diego Spagnuolo: “Escuchame, bueno, hablás con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandále un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlitos Z, decile que viajás, que te lo mande por mail que te lo mande formalmente, no te ven de pico estos, son todos puenteros estos”.

Calvete le pidió a su mujer, Guadalupe Muñoz, "cinco palos” en efectivo. Ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. Para el fiscal cobran relevancia las imágenes de Spagnuolo ingresando al domicilio de Calvete con una mochila al hombro. Se trata de imágenes captadas por el sistema de monitoreo ubicado en ese domicilio y forman parte de las pruebas. (Fuente: Ámbito)

El testimonio de Luis Cella ante la fiscalía marcó un nuevo giro en la causa ANDIS y dejó en una posición más comprometida a Diego Orlando Spagnuolo, exdirector del organismo. El empresario reconoció gestiones para incorporar a Prevent S.A. como proveedora de medicamentos de alto costo en el Programa Incluir Salud y describió un presunto sistema de “compulsas simuladas” que habría permitido fijar precios y repartir pacientes entre un puñado de droguerías.

Cella explicó que, pese a su larga trayectoria en la industria farmacéutica, su empresa nunca logró ingresar al circuito de proveedores. Atribuyó esa imposibilidad a un “círculo muy cerrado” y a la existencia de acuerdos entre oferentes para manipular las compulsas. Según su declaración, las droguerías se repartían aproximadamente un veinte por ciento de lo que compra el programa, entre ellas Suizo, Del Sud, 20 de Junio y Dhiemo. También señaló que una firma vinculada a Daniel María Garbellini obtenía una porción menor como “contraprestación”.

El empresario fue aún más directo al describir el rol de Suizo Argentina y de Sebastián Nuner Uner, a quien calificó como un “actor influyente” y “muy poderoso” dentro del esquema de provisión. Aseguró haberlo contactado para intentar el ingreso de Prevent al sistema, aunque recibió como respuesta que no tenía injerencia alguna. Pese a ello, sostuvo que en el mercado se lo señalaba como quien tenía el poder de decidir qué empresas podían convertirse en proveedoras del Estado.

La fiscalía destacó que estos dichos se suman a conversaciones incorporadas al expediente entre representantes de Génesis S.A. y funcionarios de DSA, donde se habrían impartido instrucciones sobre precios, participación en compulsas y hasta sobre “deudas” entre compañías. Para los investigadores, se configura así un entramado coordinado con un nivel de detalle que sugiere la participación de actores con poder real en el sector.

A este panorama se agregan los correos intercambiados entre Cella y Spagnuolo. En septiembre de 2024, el empresario le reclamó una reunión con Garbellini para avanzar con la incorporación de Prevent como proveedora. Incluso lo intimó a convocarlo, advirtiendo que, de no hacerlo, radicaría una denuncia. En ese mensaje cuestionó la concentración del negocio y recordó sus cuatro décadas de experiencia, señalando que solo “cuatro o cinco empresas” accedían a la venta de medicamentos de alto costo al Estado.

Spagnuolo reenvió ese correo a Garbellini, con copia a Bibiana Lourdes Bianco, lo que para la fiscalía constituye un indicio de la relevancia que tuvo la queja dentro de la operatoria interna del organismo.

Para los investigadores, el conjunto de evidencia obliga a profundizar las líneas de pesquisa sobre el rol de DSA, de Nuner Uner y del propio Spagnuolo en las maniobras investigadas, en un caso que no deja de escalar dentro del sistema de provisión estatal de medicamentos.

En una audiencia realizada en la Cámara Federal porteña, las defensas de los dueños de la droguería Suizo-Argentina y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, solicitaron la nulidad de la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos. Los letrados afirmaron que los audios que dieron origen al expediente tienen procedencia incierta y podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.

Mauricio D’Alessandro, abogado de Spagnuolo, aseguró que las grabaciones “son falsas, editadas o generadas mediante inteligencia artificial” y que no fueron peritadas. “No se puede avanzar sin saber si los audios fueron plantados”, expresó, al tiempo que denunció una posible maniobra de inteligencia y violación de la intimidad, por lo que todo el proceso sería nulo.

En el mismo sentido, Martín Magrám, defensor de los empresarios Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, cuestionó el secreto de sumario y sostuvo que la causa reedita hechos ya investigados y archivados por el juez Sebastián Casanello. Argumentó que volver a analizarlos vulneraría el principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces un mismo hecho.

Por su parte, el fiscal Franco Picardi rechazó los planteos. Afirmó que la causa no se inició por los audios, sino por una denuncia criminal sustentada en diversas notas periodísticas, testimonios y el decreto del Poder Ejecutivo que removió a los funcionarios involucrados. Subrayó que los hechos denunciados comprometen el ejercicio de la función pública, por lo que no puede invocarse derecho a la intimidad.

Picardi también señaló que no existen indicios de espionaje ni pruebas de que las grabaciones sean apócrifas. Su posición fue respaldada por el fiscal de Cámara, Luis Agüero Iturbe, quien sostuvo que el archivo previo no impide reabrir la investigación, ya que no hubo imputación formal ni impulso fiscal en aquel expediente.

Con los planteos ya presentados, la Cámara Federal deberá resolver si declara la nulidad y cierra el caso o si confirma la decisión del juez de primera instancia para que la investigación avance. Mientras tanto, el expediente continúa bajo secreto de sumario y en las últimas semanas se realizaron nuevos allanamientos ordenados por la fiscalía.

El Presupuesto 2026, presentado por el Ejecutivo en el Congreso, prevé una reducción de 155.000 pensiones por discapacidad. La previsión, incluida en los números para el año próximo, es previa a la medida judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restituir las 119.033 suspendidas este año.

Así, la concreción final de los recortes está supeditada a decisión de la Justicia.

Vale recordar que esto ocurre en medio de la polémica por presuntas coimas en Andis, causa que involucró a Diego Spagnuolo, su ex titular, quien fue desafectado del cargo.

De acuerdo al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de los $71 billones asignados a prestaciones previsionales —que incluyen jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas—, $3,8 billones se destinarán al pago de bonos. El monto es prácticamente igual al previsto para este año, lo que implica la continuidad del bono de $70.000 sin incrementos durante 2026.

En tanto, la cantidad de jubilados y pensionados pasaría de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026 (-1,5%), “motivada básicamente por la caída en de titulares en las pensiones por invalidez”, lo cual implicaría 155.000 beneficiarios menos.

De aprobarse el proyecto de presupuesto, el gasto en las pensiones por invalidez sería de $4 billones, una reducción en términos reales de 10,6 por ciento. Como porcentaje del PBI, pasaría de 0,5% a 0,4% el próximo año.

Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) explicó que esa previsión se debe a las revisiones que tiene que hacer la Andis.

Sucede que la Casa Rosada considera que “las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco, se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de X en agosto pasado.

El Gobierno Nacional anunció modificaciones en el proceso de renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento clave que garantiza el acceso a prestaciones médicas, asignaciones familiares, cupos laborales y otros beneficios destinados a personas con discapacidad.

Según la Resolución 2520/2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los CUD con fecha de vencimiento comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tendrán una prórroga automática de un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026.

En cambio, los certificados cuya actualización estaba pendiente desde 2022, 2023 o 2024 deberán ser renovados durante el corriente año, ya que no están alcanzados por la prórroga. La medida, precisaron desde ANDIS, tiene como objetivo “garantizar la continuidad de los derechos de los titulares y otorgar más tiempo para completar el trámite de renovación”.

Para aquellos que deben realizar la actualización, el procedimiento continúa siendo el habitual: solicitar un turno en la junta evaluadora más cercana al domicilio y presentar la documentación médica correspondiente.

Discapacidad intelectual o mental

Visual

Motora

Auditiva

Respiratoria

Cardiovascular

Renal, urológica, digestiva o hepática

En cada caso, la documentación requerida varía según el tipo de discapacidad y puede consultarse en los canales oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Contar con el Certificado Único de Discapacidad permite acceder a diversos derechos, entre ellos:

Transporte público gratuito en todo el país (colectivos, trenes, subtes y micros).

Cobertura del 100% en prestaciones médicas y de rehabilitación, prótesis, apoyos educativos, entre otros.

Cobro de asignaciones familiares de ANSES.

Exención de tasas municipales y beneficios para la compra de vehículos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, actualmente 1.594.888 personas poseen un CUD en Argentina, lo que representa el 3,46% de la población total.

Documentación general requerida:

DNI vigente con domicilio actualizado.Formulario de solicitud del CUD, cuando corresponda.En caso de renovación, el certificado anterior (vencido o próximo a vencerse).Informe médico reciente (no más de 6 a 12 meses), que incluya diagnóstico principal, antecedentes, descripción de secuelas o limitaciones funcionales.Estudios complementarios que respalden el diagnóstico.En menores de edad, puede requerirse partida de nacimiento, DNI del tutor o progenitores, y documentación escolar (constancia de alumno regular, informe actualizado)

La resolución se suma a otras medidas judiciales similares en Formosa, Misiones, Río Negro y Mendoza, donde se ordenó la restitución de prestaciones, el reintegro de haberes y la aplicación de multas por demora. En Córdoba, Neuquén y Buenos Aires también hubo fallos favorables a los beneficiarios.

El juez consideró que las suspensiones aplicadas por la ANDIS en base al Decreto 843/2024 vulneraron derechos de incidencia colectiva. En su dictamen, ordenó restablecer las pensiones retenidas, pagar los haberes adeudados y suspender las auditorías basadas en la normativa cuestionada. Citó el precedente “Halabi” de la Corte Suprema, que define los derechos colectivos vinculados a intereses individuales homogéneos.

La causa fue encuadrada como de incidencia colectiva, al tratarse de un hecho continuado que afecta de forma homogénea a miles de personas. Por ello, el magistrado designó como representantes del colectivo a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, por su trayectoria y fines estatutarios.

El contexto del fallo remite al amparo presentado por organizaciones y ciudadanos afectados, que reclamaron la nulidad de las suspensiones y la inconstitucionalidad del decreto que modificó los requisitos de acceso a las pensiones. La norma, dictada en septiembre de 2024, elevó al 66% el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión y caducidad.

Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la ANDIS se realizó sin criterios públicos ni medidas de accesibilidad adecuadas. Además, señalaron que muchas notificaciones no fueron entregadas o contenían errores formales que impidieron ejercer el derecho de defensa.

Según datos oficiales, de las 997.654 cartas documento enviadas por la Agencia, más de la mitad no fueron entregadas. En Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%. Antes de los primeros fallos judiciales, la ANDIS había suspendido el pago a 111.463 personas. En todos los casos donde la Justicia ordenó la restitución, la Agencia acató las decisiones.

Con esta nueva resolución, la cautelar adquiere alcance nacional. El juez dispuso que la ANDIS cumpla con la restitución total y se abstenga de aplicar nuevas suspensiones o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, “hasta tanto no recaiga sentencia definitiva”.

Una movilización de familias, trabajadores y prestadores del sector de la discapacidad se concentró este viernes frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso Nacional pero vetada por el presidente Javier Milei. El reclamo derivó en momentos de tensión con la Policía de la Ciudad, luego de que los manifestantes lograron ingresar a la sede del organismo.

La jornada se desarrolla en medio de un clima de malestar tras la cancelación de una reunión oficial que debía realizarse en la sede de ANDIS. El interventor del organismo, Alejandro Vilches, había convocado inicialmente a los representantes de los prestadores para tratar los aumentos tarifarios este viernes a las 11 de la mañana, aunque el encuentro fue adelantado a las 10 horas y finalmente suspendido por “fuerza mayor”, según informaron las autoridades.

La suspensión generó enojo entre las familias y las organizaciones presentes, que denunciaron la falta de diálogo oficial y el incumplimiento de los compromisos asumidos. Desde temprano, los manifestantes se ubicaron frente al edificio de ANDIS para exigir respuestas concretas a una crisis que, aseguran, se profundiza día a día.

Durante la protesta, Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, cuestionó la falta de ejecución presupuestaria: “La agencia recibió $121 mil millones para otorgar aumentos, ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses”, expresó ante los medios.

Por su parte, Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas, describió la situación de colapso del sistema: “Ya está todo colapsado, estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos. No se sabe si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener prestaciones”.

Visiblemente afectada, agregó: “Es agotador todo esto, es un sector vulnerable. Como madre ya paso de la angustia a la bronca. Necesito que hoy alguien venga a abrir la puerta y nos reciba”.

Entre los manifestantes también estuvo Claudia Dipólito, madre y psicóloga, quien denunció la falta de cumplimiento de la Ley 27.793 y la inacción judicial ante la emergencia del sector. “El diputado Paulón presentó una denuncia ante el juez Casanello, pero no hay avances. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando. Yo atiendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualización hace un año”, explicó.

Las organizaciones subrayaron que la ausencia de respuestas y la desactualización de los aranceles afectan directamente la continuidad de las prestaciones terapéuticas, educativas y de transporte, esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.

Uno de los sectores más golpeados es el de los transportistas especializados, que advirtieron sobre la posibilidad de paralizar los servicios ante la imposibilidad de cubrir los costos básicos. Un representante de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis) remarcó la gravedad del panorama: “La situación es límite, nunca en la historia nos encontramos como hoy. Los transportistas están trabajando a pérdida”.

Según detalló, el litro de nafta se lo pagan $541, mientras que el costo real asciende a $1.700, lo que vuelve insostenible la actividad. La diferencia, explicó, los obliga a endeudarse o a reducir recorridos, afectando directamente a los usuarios del sistema. (Fuente: Ámbito)