La Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ministerio de Justicia, desligó del escándalo del Criptogate al presidente Javier Milei, que quedó envuelto en el escándalo por haber promocionado la criptomoneda $LIBRA.

Según la resolución de la OA, firmada este viernes, el jefe de Estado "no tuvo responsabilidad en la pérdida que sufrieron los afectados", a pesar de su mensaje sobre la memecoin publicado en sus redes sociales.

La utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos los de más alta jerarquía, "no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública en los términos establecidos por la Ley de Ética Pública", sostuvo.

La causa que investiga el rol del jefe de Estado continúa en la Justicia Federal. El 30 de mayo pasado, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre de Milei y otros tres investigados en la causa $LIBRA: Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

En el marco de las demandas colectivas por el caso $LIBRA, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la ciudad de Buenos Aires solicitó el congelamiento de casi 45 millones USDC (criptomoneda vinculada al dólar estadounidense) identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana.

Días atrás, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, que también avanza con la investigación de la presunta estafa, ordenó a Circle Internet Group congelar aproximadamente $58 millones en criptomonedas USDC, de Solana, almacenados en billeteras virtuales directamente vinculadas al supuesto fraude.

El pedido estuvo a cargo del fiscal Taiano, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena, y quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, María Servini, que accedió a la solicitud.

El Gobierno de Entre Ríos declaró la nulidad absoluta de los concursos realizados para cubrir los cargos de la Fiscalía Anticorrupción y sus adjuntos, debido a graves irregularidades en el proceso, que deberá reiniciarse.

La decisión fue formalizada a través del Decreto N° 349/2025, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que determinó que los concursos, que tramitaban en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER), presentaron serias violaciones a la normativa vigente, poniendo en riesgo la transparencia del procedimiento.

Entre las principales irregularidades que motivaron la anulación del proceso se encuentran sorteos de jurados irregulares, realizados en ámbitos cerrados del Consejo de la Magistratura, sin público presente ni notificación a los demás integrantes del organismo, violando la normativa que exige que estos actos sean públicos.

Además, la modificación indebida de requisitos, se cambió la especialidad que debían tener los jurados, incorporando el Derecho Administrativo, cuando el reglamento establecía que debían ser exclusivamente especialistas en Derecho Penal. Por otro lado, falta de tratamiento de reclamos, donde el Consejo de la Magistratura desestimó planteos realizados por concursantes, argumentando que algunas denuncias se habían presentado por correo electrónico.

El decreto de nulidad, detalla que estas irregularidades ocurrieron durante la gestión anterior, del exgobernador Gustavo Bordet y que el entonces presidente del Consejo de la Magistratura era Mariano Churruarín y el exsecretario General, Hernán Jorge. Subraya además, que estas anomalías atentan contra principios fundamentales del sistema republicano, como la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la Administración Pública.

La decisión del Gobierno responde a denuncias realizadas desde el inicio del proceso por el abogado José Arias, así como a presentaciones de otros profesionales del derecho, legisladores y organizaciones civiles. De esta manera, la provincia reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad de los procesos públicos, buscando fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.