Pablo Laurta, ciudadano uruguayo de 38 años, fue detenido este domingo en un hotel céntrico de Gualeguaychú, Entre Ríos, junto a su hijo de 5 años. Está acusado de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en la localidad cordobesa de Villa Serrana. El doble femicidio ocurrió el sábado por la tarde, cuando las víctimas se encontraban en su domicilio.

Tras el crimen, Laurta huyó con el niño en micro y pretendía cruzar la frontera hacia Uruguay en taxi. Fue capturado gracias a un operativo cerrojo coordinado entre fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos.

Según su propia biografía en redes sociales, es director de una empresa de marketing digital y fundador del sitio “Varones Unidos”, una plataforma que promueve discursos antifeministas y niega la existencia de la violencia de género como fenómeno estructural.

“Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras”.

En ese espacio, Laurta publicó reiteradas acusaciones contra su expareja, a quien calificaba de “psicópata”, y denunciaba a la “justicia feminista” por supuestas “falsas denuncias”.

Giardina había recurrido al sistema judicial y contaba con botón antipánico, lo que confirma antecedentes de violencia previos. A pesar de ello, Laurta logró vulnerar las medidas de protección y acceder al domicilio donde cometió el crimen.

La causa judicial también investiga su posible vinculación con la desaparición de un chofer de transporte por app, quien lo habría trasladado desde Entre Ríos a Córdoba días antes del hecho. El vehículo apareció incendiado y el conductor continúa desaparecido.

El caso pone en evidencia los riesgos de la desestimación de las denuncias por violencia de género y el impacto de discursos que buscan deslegitimar los avances en materia de derechos. La detención de Laurta no solo implica el esclarecimiento de un crimen, sino también la exposición de un entramado ideológico que justifica la violencia y desacredita a las víctimas.