La marcha contra la reforma laboral, convocada por agrupaciones sociales y sindicales frente al Congreso de la Nación, terminó en una jornada de alta tensión con incidentes que se prolongaron durante la tarde. Desde el mediodía, columnas de manifestantes se concentraron en la Plaza del Congreso, pero con el correr de las horas se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La Policía motorizada y la Policía Federal comenzaron a aplicar el protocolo antipiquetes cuando algunos grupos intentaron avanzar sobre el vallado dispuesto frente al Parlamento. Parte de las vallas fue derribada y, en respuesta, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante para dispersar a los manifestantes.

Cerca de las 18:20, la tensión escaló nuevamente cuando se tiraron al menos dos vallas del operativo de seguridad. La intervención conjunta de Gendarmería y Policía Federal incluyó el uso de agua a presión y gas pimienta, mientras algunos manifestantes devolvían los cartuchos hacia las filas policiales.

La desconcentración se complicó por el bloqueo de calles en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao. Efectivos de Infantería se desplegaron en Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná y Uruguay, restringiendo el acceso y generando confusión entre quienes intentaban retirarse.

A pesar de la represión, cientos de manifestantes permanecieron sobre la avenida Rivadavia con bombos y consignas contra el proyecto oficial. Aunque la CGT no participó formalmente de la convocatoria, algunos grupos entonaron la tradicional marcha peronista.

Con el correr de la tarde, la concurrencia disminuyó, pero el operativo de seguridad se mantuvo activo. Mientras tanto, en el recinto del Congreso continuaba el debate de la reforma laboral, en un clima marcado por la violencia en las calles y el rechazo de amplios sectores sociales.

El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución judicial que intenta frenar la aplicación del protocolo antipiquetes, una de las políticas centrales de la gestión en materia de orden público y control de la protesta social.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional señalaron que la medida cuestionada fue validada en reiteradas oportunidades por la Justicia y aseguraron que cuenta con un amplio respaldo social. En ese sentido, sostuvieron que la experiencia previa demostró que, sin la aplicación del protocolo, se incrementan los cortes de calles y rutas, así como las situaciones de desorden en la vía pública.

Las autoridades afirmaron que el protocolo es legítimo y que su implementación se apoya en fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Según indicaron, se trata de una política pública orientada a establecer reglas claras y previsibilidad en el uso del espacio público, con el objetivo de evitar escenarios de conflictividad permanente.

Desde la cartera remarcaron que, desde su puesta en marcha, el protocolo permitió garantizar la libre circulación y devolver las calles a quienes necesitan trabajar, trasladarse y desarrollar sus actividades cotidianas sin interrupciones. En esa línea, insistieron en que la normativa no elimina el derecho a la protesta ni el derecho a peticionar ante las autoridades.

El Ministerio subrayó que el enfoque del protocolo apunta a ordenar las manifestaciones para que puedan convivir con otros derechos constitucionales, como la libre circulación y el normal desarrollo del comercio y los servicios. “No se trata de prohibir protestas, sino de evitar que se vulneren los derechos de terceros”, remarcaron desde el área.

En el Gobierno consideran que la aplicación de reglas claras es clave para sostener un esquema de convivencia social basado en el respeto de las normas y en la previsibilidad para todos los actores. Por ese motivo, aseguraron que la decisión judicial será recurrida por las vías correspondientes.

Finalmente, desde Seguridad Nacional ratificaron que el Ejecutivo no modificará su postura y anticiparon que dará la pelea judicial necesaria para sostener la vigencia del protocolo antipiquetes. “No vamos a dar un paso atrás”, afirmaron, al tiempo que reiteraron que la política de orden público seguirá siendo uno de los ejes de la gestión.