Diversas instituciones, organizaciones sociales, prestadores de servicios y familias vinculadas al colectivo de la discapacidad en la provincia de Entre Ríos hicieron pública una declaración conjunta tras la imposibilidad de alcanzar el quórum necesario para tratar el proyecto relativo a la emergencia del sector en el recinto legislativo.

El documento al que pudo acceder El Argentino se suscribió en la ciudad de Gualeguaychú con fecha 17 de octubre de 2026, el mismo, expone la inquietud de los sectores convocantes ante la interrupción del debate parlamentario y remarca la "necesidad de dar continuidad a las herramientas normativas vigentes a dos décadas de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

En la misiva, los firmantes señalan que "la falta de actualización en los aranceles y la discontinuidad en los aportes financieros han llevado a una situación operativa compleja a los centros de atención, escuelas especiales y espacios terapéuticos". Según argumentan los referentes del colectivo, "la falta de presupuesto adecuado afecta de manera directa la sostenibilidad económica de los prestadores privados e institucionales, derivando en eventuales cierres de establecimientos y en la consecuente interrupción de los tratamientos y el acompañamiento profesional que reciben los usuarios".

El pronunciamiento cuenta con la adhesión de numerosos espacios de atención y agrupaciones civiles del departamento Gualeguaychú y de distintas localidades de la provincia. Entre las instituciones firmantes se encuentran el Centro de Día Casa Club, la Asociación de Sordos de Gualeguaychú, la Asociación Síndrome de Down Gualeguaychú, la Fundación Incluir, Padres Síndrome de Down, la EPEI N° 15 Taller Protegido Emanuel, la EPEI N° 28 IDEEA, el Centro de Día e Instituto IDEEA, la Red de Familias TDAH y la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú.

A la convocatoria local se sumaron entidades de otros municipios de Entre Ríos, tales como la Asociación Hablamos de Autismo (Concepción del Uruguay), Asociación ALAS (Gualeguay), Asociación Civil TEA Padres y Fundación Manos a la Obra (Concordia), el Espacio LUDOLANDIA (Larroque), junto a las organizaciones NeuroCEA, Neurodiversidad San Benito, MIRARTEA y TEA Azul, procedentes de la capital provincial y zonas de influencia.

Otras instituciones que se sumaron fueron: el Centro de Día CREAN, Centro de Rehabilitación CREAN, el Cuentero de Rehabilitación Visual CREAN Gualeguaychú, Centro de Día IDEEA Gualeguaychú, la Asociación Civil TEA Padres Concordia, Fundación Manos a la obra de Concordia y la Cooperadora Escuela de Educación Integral N°34 Flavia Mena Paraná.

La Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) encendió las alarmas tras evaluar el crítico panorama que atraviesa el sector de la salud privada tanto a nivel provincial como nacional. La presidenta de la entidad, Silvia D’Agostino, advirtió que los sanatorios se encuentran en un punto límite debido al atraso constante en los pagos por parte de las obras sociales y un desfasaje insostenible respecto a los costos operativos.

"Los sanatorios de todo el país están en emergencia desde marzo de 2002 porque los problemas de fondo nunca tuvieron una solución", remarcó D’Agostino, al remarcar que la crisis del sector lleva más de dos décadas sin respuestas estructurales por parte de los sucesivos gobiernos.

Uno de los factores que más agrava la situación es la pérdida de capacidad económica de las obras sociales, las cuales registraron una importante caída de afiliados debido al deterioro del poder adquisitivo. A esto se le suma el aumento desmedido en el valor de los insumos y prestaciones médicas. Según reveló la titular de Acler, varias obras sociales nacionales comenzaron a solicitar esquemas de pago en cuotas e incluso pidieron restringir las atenciones únicamente a situaciones de urgencia.

Respecto a la obra social de los jubilados y pensionados, D’Agostino fue contundente al señalar la brecha en los valores que perciben las clínicas. Explicó que los montos se mantuvieron congelados durante todo el año y que los recientes ajustes del 1,9% resultan insignificantes frente a un desfasaje acumulado del 160%. Además, criticó la imposición de topes a las prestaciones y a la cantidad de órdenes emitidas, lo que restringe todavía más el funcionamiento operativo.

"Las clínicas trabajan a tope pero con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan ni a cubrir los costos", graficó. En cuanto a las medidas fiscales dispuestas para el sector, aclaró que la declaración de emergencia no resuelve el conflicto: "Implica únicamente que la agencia de recaudación no embargue a las clínicas endeudadas. Es solo eso, no es una solución".

Ante la falta de respuestas a nivel nacional, la directiva de Acler mantuvo un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, con el objetivo de solicitar la mediación del Ejecutivo provincial.

Durante la reunión también se planteó la problemática de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), cuyos aportes permanecieron congelados ante la falta de paritarias, derivando en un estancamiento de los aranceles que perciben los prestadores médicos. "Por el momento seguimos haciendo gestiones, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas", concluyó D’Agostino.

(Fuente: APFDigital)

El presidente Javier Milei encabezó este domingo el acto oficial de apertura de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde desplegó un firme respaldo a los productores agropecuarios y realizó un balance de las principales medidas económicas de su administración.

Durante su alocución, el mandatario definió a la eliminación del cepo cambiario como el hito central de su gestión para el sector, calificando a dicho mecanismo de restricción financiera como el robo más grande que padecía el mercado y remarcando que esa política le quitaba al campo cerca de dos tercios de sus ingresos totales.

"Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

El Jefe de Estado ingresó al predio palermitano en compañía de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. La ceremonia, que contó con la presencia del jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y destacados referentes del oficialismo, sirvió de marco para que el Ejecutivo ratificara el rumbo de apertura comercial, la baja de aranceles aplicados a la importación de insumos y maquinaria agrícola, y el proceso gradual de reducción de derechos de exportación.

Durante su mensaje frente a las tribunas colmadas del predio ferial, el mandatario dirigió duras críticas a las políticas de gobiernos anteriores, a las que acusó de haber atacado sistemáticamente a la fuente de riqueza del país mediante trabas regulatorias e impuestos asfixiantes.

"Se lo atacó con cepos y otra medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre".

Milei remarcó que las decisiones adoptadas por su equipo de gobierno buscan dar vuelta esa página histórica para consolidar un escenario macroeconómico previsible, donde el campo vuelva a ocupar el rol de cimiento del desarrollo nacional y motor indispensable de la economía.

Además, sostuvo que cuando se cuestiona al Campo "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".

Fuente: Agencia NA

El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur que se llevará a cabo en Asunción, Paraguay. El mandatario argentino arribará al encuentro en un escenario atravesado por profundas fracturas políticas con Brasil y reclamos cruzados que amenazan con paralizar la agenda del bloque regional. Tras un fugaz paso por España, Milei llegará a una reunión marcada por el recelo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ante el reciente acuerdo arancelario bilateral firmado entre Buenos Aires y Washington.

A la tensión por los lazos con Estados Unidos se suman las discrepancias en torno a la solicitud argentina para ingresar al Tratado Transpacífico y el veto inflexible de la administración libertaria a la posible reincorporación de Venezuela al bloque. El encuentro regional contará con la presencia confirmada de siete mandatarios y diversas delegaciones internacionales. Aunque los ejes oficiales contemplan el seguimiento del pacto comercial con la Unión Europea y el inicio de negociaciones formales con Japón, el debate de fondo estará dominado por el malestar brasileño.

La diplomacia de Brasilia manifestará su inquietud respecto a las eventuales distorsiones comerciales que podría generar la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses dispuesta por el Gobierno argentino en febrero. La postura del gobierno de Lula da Silva sostiene firmemente que cualquier alianza estratégica con Estados Unidos debe compatibilizarse de manera estricta con la política arancelaria común del Mercosur.

En paralelo, la situación institucional de Venezuela operará como un factor de tensión subterránea. Aunque países como Brasil, Colombia y sectores del Gobierno paraguayo manifestaron en los últimos meses su predisposición para rediscutir el reingreso de la nación caribeña al bloque, la delegación argentina mantiene la decisión inquebrantable de ejercer su derecho a veto. Los argumentos técnicos de Buenos Aires se sustentan en la violación de la cláusula democrática de Ushuaia y en el incumplimiento de los protocolos normativos por parte de Caracas, una postura que se mantiene inalterable incluso tras el diálogo técnico entablado por la ayuda humanitaria frente a los recientes sismos.

Como muestra de la enorme distancia ideológica que separa a las dos principales economías del Cono Sur, la agenda oficial contempla un gesto político de fuerte simbolismo previo al viaje de Milei hacia la capital paraguaya.

El mismo lunes en que se inicien de manera formal las deliberaciones del bloque en Asunción, Javier Milei recibirá en la ciudad de Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro. Se trata de la principal figura de la oposición al gobierno de Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de octubre en el vecino país, una reunión clave que consolida un escenario de confrontación bilateral explícita entre ambas administraciones.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó este martes en Brasilia el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de que el texto fuera aprobado por el Congreso brasileño. La firma del decreto representa un nuevo avance en la puesta en marcha de un entendimiento que busca ampliar el intercambio comercial y fortalecer la cooperación política entre las regiones.

Según lo establecido, el acuerdo comenzará a entrar en vigencia de forma gradual a partir del 1 de mayo, con un esquema de reducción progresiva de aranceles que abarcará más del 90% del comercio entre los dos bloques. El tratado había sido firmado el 17 de enero en Paraguay, tras un proceso de negociación que se extendió por más de dos décadas y media.

Durante la ceremonia en el Palacio de Planalto, Lula destacó la importancia del acuerdo y el esfuerzo que implicó su concreción. “Este acuerdo se hizo a hierro, sudor y sangre, porque hay muchos intereses que intentan impedir que Brasil crezca y dispute espacio. Llega en un momento muy importante, al reforzar la idea consagrada del multilateralismo”, expresó el mandatario.

El acuerdo integrará un mercado de más de 700 millones de personas, al conectar al Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión plena— con la zona europea. Además de la reducción de aranceles, se prevé que el tratado abra nuevas oportunidades para sectores productivos y exportadores, generando un marco de previsibilidad en las relaciones comerciales.

Fuente: APFDigital

El Día Internacional de Concientización sobre el Autismo invita a reflexionar sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. Pero detrás de cada tratamiento, acompañamiento y terapia existe un entramado de profesionales y organizaciones que sostienen la atención en condiciones cada vez más precarias.

Desde Gualeguaychú, las voces de acompañantes terapéuticos, referentes de asociaciones y familias revelan un panorama crítico: pagos que se demoran meses, aranceles que no alcanzan y un vacío legal que desvaloriza la profesión. “Lo más urgente sería que nos incluyan en el nomenclador”, expresó, en diálogo con EL ARGENTINO, Romina Buschiazo, acompañante terapéutica, sintetizando un reclamo que atraviesa a miles de prestadores en todo el país.

En este sentido, la profesional explicó que cada obra social paga un valor distinto por sesión: “Una paga tres mil, otra seis mil y otra trece. Cada obra social decide cuánto vale tu trabajo”. La falta de inclusión en el nomenclador nacional deja a estos profesionales sin un marco regulatorio uniforme. “Nos exigen informes, presupuestos y papeles como a cualquier otro profesional, pero nos reconocen como cuidadores domiciliarios. Muchas veces, las obras sociales demoran la aprobación de los acompañamientos, perdiéndose continuidad en los tratamientos. Esto es muy perjudicial para el paciente”, señaló Buschiazo.

La ausencia de una ley nacional que regule la profesión incrementa el agotamiento y el abandono. “Estamos a la merced de las obras sociales. No figuramos en el nomenclador y eso nos deja totalmente excluidos como profesionales que somos sumamente necesarios”, cuestionó. Las demoras en los pagos —que pueden extenderse hasta 90 días— generan un desgaste insostenible. “Yo trabajo en febrero y puedo llegar a cobrar en abril o mayo”, relató la acompañante terapéutica.

En tanto, Carina Leonardi, profesora en Educación Especial y miembro de TGD Padres TEA, contó que “nada asegura que el pago llegue antes de sesenta días”. Y “si hablamos de la Obra Social de las Fuerzas Armadas de la Argentina (Iosfa), directamente están abonando meses de 2025”.

Las consecuencias de esta realidad son bien conocidas: terapias suspendidas y profesionales que abandonan la actividad. “Conozco varios profesionales, varias acompañantes terapéuticas que, pese a su formación, se ven obligados a trabajar en otros rubros. Algunas hicieron cursos, otras somos técnicas universitarias, pero la realidad es que la precariedad de lo que nos pagan y las demoras de 60 o 90 días en los cobros hacen imposible sostener la profesión”, denunció afirmó Buschiazo. Y agregó: “En la situación económica que atraviesa el país todo cuesta el doble para quienes trabajamos en salud y muchos terminan abandonando el acompañamiento terapéutico para sobrevivir”.

En esta línea, Leonardi cuestionó: “El súper aumento del que hablan no llega al 3 % y será cobrado, con suerte, antes de junio. Después de dos años sin respuestas, es muy duro”.

Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir Gualeguaychú y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), advirtió que la situación del sector empeora cada día.

“Prestadores dejan de trabajar porque no cobran. La ley de Emergencia en Discapacidad no se aplica. Miles de familias se movilizan cada semana al Congreso reclamando por derechos básicos, pero no tienen respuestas”, afirmó Recchia. Quien, además, denunció el recorte en las pensiones y las trabas para dar de alta el Certificado Único de Discapacidad (CUD). “Se están vulnerando sistemáticamente leyes nacionales y tratados internacionales”, subrayó.

En este contexto, los lemas internacionales cobran fuerza. La Organización de Naciones Unidas (ONU) eligió este año “Toda vida es valiosa”, mientras que la Fundación ONCE de España propuso “Menos prejuicios y más apoyos”. En este sentido, Leonardi lo resumió con contundencia: “Menos pensar que ese chico es un malcriado y más apoyos reales cuando se necesitan, accesibilidad a terapias, comprensión y aceptación”.

La falta de respeto hacia las personas con discapacidad y hacia quienes prestan servicios es un reclamo transversal. “En nuestro caso las necesidades son muchas, pero no urge un espacio para desarrollar actividades, para que las personas con autismo puedan vivir dignamente y los profesionales también”, pidió la referente de TGD Padres TEA.

La precariedad de los prestadores no es un problema aislado, es el reflejo de un sistema que desatiende a quienes sostienen la inclusión y la salud de miles de personas. “Nosotros siempre estamos a la orilla, esperando que nos reconozcan”, se quejó Buschiazo.

En el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo, la consigna volvió a imponerse como urgente: menos indiferencia y más apoyos reales, porque cada vida —como recordó la ONU— es valiosísima.

El reciente conflicto entre Panamá y China, tras la decisión panameña de retomar el control de los puertos Cristóbal y Balboa, marca un nuevo capítulo en la tensión entre el gigante asiático y América Latina. Beijing respondió con medidas de presión, incluyendo la detención de buques con bandera panameña bajo el pretexto de controles portuarios. Este episodio confirma lo que varios analistas advierten: China no actúa como socio igualitario, sino como potencia que impone reglas y castigos a quienes ejercen soberanía.

La reacción de Beijing contra Panamá no es un hecho aislado. En 2025, China advirtió a México que “pensara dos veces” antes de imponer aranceles a sus productos. La respuesta mexicana fue aplicar gravámenes a más de 1.400 bienes provenientes de China, India y Turquía, buscando proteger empleos e industrias nacionales.

En Ecuador, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair simboliza el fracaso de proyectos chinos marcados por deuda trampa y falta de supervisión. En Perú, la preeminencia de Beijing en minería e infraestructura ha generado críticas por violaciones a la soberanía. Guatemala sufre bloqueos comerciales por mantener relaciones con Taiwán, mientras que en Nicaragua se denuncian daños ambientales y abusos contra comunidades indígenas.

El caso panameño es una advertencia para las principales economías latinoamericanas. China promete prosperidad e inclusión, pero en la práctica recurre a amenazas y coerción. Brasil enfrenta cuestionamientos por condiciones laborales en fábricas vinculadas a capital chino, mientras que Colombia y México deben evaluar los riesgos de una dependencia comercial que puede transformarse en vulnerabilidad política.

Algunos países ya reaccionan: Bolivia impuso controles a la explotación de zinc, Chile congeló un proyecto de cable submarino, Honduras busca retomar vínculos con Taiwán y Argentina rechazó aviones chinos en favor de F-16 estadounidenses. Estas decisiones reflejan un despertar regional frente a las prácticas de Beijing.

Fuente: Infobae

Depués de varias semanas de negociaciones y amenazas de corte de cobertura para afiliados, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) alcanzaron un acuerdo que permitirá dar continuidad y previsibilidad a las prestaciones médicas en toda la provincia.

El entendimiento contempla un aumento de aranceles para los profesionales “acorde a las posibilidades financieras de la obra social”, informó la OSER.

“Este acuerdo es el resultado del diálogo y de la responsabilidad institucional. Nuestro compromiso es cuidar a los afiliados y, al mismo tiempo, sostener un sistema de salud viable y equilibrado”, señaló el presidente de OSER, Mariano Gallegos.

El acuerdo fue comunicado formalmente a las autoridades de OSER el viernes 20, luego de la reunión de Comisión Directiva de FEMER, a través de una nota en la que se notificó la continuidad de las prestaciones para los afiliados de la obra social.

El convenio establece aranceles, plazos de pago y una vigencia hasta el 31 de mayo, con posibilidad de renovación.

Ambas instituciones ratificaron su “voluntad de seguir trabajando de manera conjunta, priorizando la calidad de atención y un mejor acceso a la salud para los entrerrianos”. Ahora

La citricultura entrerriana enfrenta un año de abundante producción, pero la falta de dinamismo en el mercado interno amenaza con transformar esa fortaleza en un problema. En este contexto, la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER) mantuvo una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Producción, donde se plantearon las necesidades del sector y las gestiones para abrir nuevos mercados internacionales.

La presidenta de FECIER, Ing. Melania Evangelina Zorzi, valoró el encuentro con el gobierno provincial y la Cámara de Exportadores, destacando que fue una oportunidad para discutir las gestiones realizadas en Estados Unidos. “Necesitamos la fuerza política y la gestión del gobernador para que este buen vínculo con Estados Unidos se traduzca en beneficios concretos para nuestros cítricos dulces”, afirmó.

Zorzi subrayó que la apertura del mercado norteamericano no generaría distorsiones ni para Estados Unidos ni para competidores del hemisferio sur, pero sí significaría un “oxígeno” para la citricultura entrerriana, golpeada por la falta de dinamismo interno. “El mercado interno se ha vuelto muy pesado en los últimos años y necesitamos que se destrabe la comercialización”, señaló.

Respecto a los esfuerzos realizados, explicó que el sector privado ha invertido recursos importantes en gestiones y en la contratación de un lobista en Estados Unidos, mientras que desde lo político “uno nunca sabe realmente cuáles son los intereses”.

Sobre los precios en el mercado norteamericano, Zorzi destacó que “tienen valores interesantes en dólares y no tendríamos el nivel de aranceles que existe para otros países. Además, la apertura de Estados Unidos va a significar otras aperturas que harán más atractivo el negocio”.

En cuanto a la producción, la presidenta de FECIER afirmó que “tenemos un año de volúmenes interesantes, los lotes están con buena producción, pero si no se ve mayor consumo interno va a ser muy difícil”.

La reunión con el gobernador y el ministro de Producción se enmarca en la necesidad de articular esfuerzos entre el sector público y privado para sostener la actividad citrícola, que enfrenta un escenario de abundancia productiva pero con serias dificultades de comercialización en el mercado interno. Fuente: TAL CUAL CHAJARI – Autor: Oscar Arnau – 16 de marzo de 2026

El colectivo de prestadores en discapacidad de Entre Ríos inició este miércoles y jueves una medida de fuerza de 48 horas para visibilizar una crisis que, según denuncian, amenaza con el quiebre total del sistema. La falta de pagos de obras sociales como IOSPER, PAMI e Incluir Salud, sumada al congelamiento de aranceles desde 2024, ha dejado al sector sin capacidad de sostener sus servicios frente a la inflación.

La presidenta de la asociación civil NEUROCEA, Amarú Méndez, señaló que la situación es terminal para muchas instituciones y profesionales independientes. Los prestadores denuncian que los pagos llegan con meses de retraso, mientras los costos de vida y mantenimiento aumentan. Esta asfixia financiera está provocando un éxodo de especialistas hacia la atención privada, dejando a miles de familias sin cobertura en el sistema de seguridad social.

La problemática se agrava en el interior de la provincia, donde las opciones de atención son limitadas y el sistema público no logra absorber la demanda de especialistas en neurología, psicología o fonoaudiología.

Uno de los puntos más críticos es el cierre inminente de centros de día, instituciones que brindan contención y terapias a personas con discapacidades severas. Los trabajadores advierten que los aranceles actuales no permiten sostener las estructuras básicas de funcionamiento.

Aunque existe una Ley de Emergencia en Discapacidad, las soluciones administrativas no se traducen en mejoras concretas para quienes prestan los servicios. El paro busca que el IPRODI y las autoridades provinciales intervengan de manera urgente para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que el ajuste recaiga sobre los derechos de las personas con discapacidad y la estabilidad laboral de sus terapeutas. Fuente: AHORA / Canal 9 Litoral

La industria automotriz argentina atraviesa un momento crítico. A la pérdida de empleos por el cierre de la planta de Fate se suma la penetración de marcas chinas en Brasil, que ya fabrican autos y planean exportarlos a Argentina sin aranceles ni límites de unidades. El temor es que el esquema de ensamblaje con mínima integración local termine debilitando aún más a las autopartistas nacionales.

El conflicto por la pérdida de 920 puestos de trabajo en Fate expuso un trasfondo más amplio: la creciente presencia de fabricantes chinos en el ecosistema automotriz regional. Marcas como BYD, Chery y Great Wall ya producen en Brasil y, al cumplir con el mínimo de integración regional, podrán exportar sin arancel a Argentina bajo el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 14).

El problema, advierten empresarios locales, es que muchas de estas plantas funcionan bajo esquemas SKD y CKD, que implican ensamblar autos con piezas importadas, reduciendo la necesidad de líneas de producción completas y de personal. “No hay que tenerle miedo a la competencia, pero sí exigir que se dé en igualdad de condiciones”, señalaron desde una automotriz con presencia en ambos países.

En Argentina, solo algunas fábricas como Ford, Toyota, General Motors, Stellantis y Renault realizan estampado completo de carrocerías. Otros modelos dependen de proveedores externos o importan piezas ya terminadas. Con apenas un 10% de integración local, las marcas chinas podrían instalarse en el país y exportar hasta el 70% de su producción a Brasil sin pagar aranceles, lo que genera preocupación por el impacto en las autopartistas nacionales.

La situación se agrava por los altos costos impositivos y laborales que restan competitividad a los fabricantes argentinos. Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, advirtió que “no sería sorprendente que cierren fábricas de autos en Argentina” si no se modifican las condiciones actuales.

El debate sobre contenido local no es exclusivo de la región. En Europa, la Comisión Europea analiza exigir que al menos el 70% de los vehículos eléctricos vendidos tengan origen local para acceder a incentivos, excluyendo las baterías. En Argentina y Brasil, en cambio, la flexibilización de requisitos abre la puerta a una competencia que podría convertirse en un boomerang para la industria nacional. Fuente: Infobae / Diego Zorrero

El acuerdo integral entre Estados Unidos y Argentina establece un marco de comercio recíproco con impactos directos en la agro industria, el acceso a tecnología y la propiedad intelectual. Busca eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, alinear regulaciones técnicas y agilizar registros. Sin embargo, el análisis muestra un escenario desigual: Argentina abre rápidamente su mercado a productos estadounidenses, mientras que los beneficios para la producción nacional aparecen más condicionados y a largo plazo.

Argentina logró ampliar la cuota de carne vacuna libre de aranceles hacia EE.UU. a 100.000 toneladas anuales desde 2026. Aunque es un avance para la cadena bovina, el acuerdo exige una apertura inmediata para carnes porcinas y avícolas estadounidenses, con plazos estrictos y simplificación de registros. En lácteos, Argentina se compromete a no aplicar restricciones ni proteger términos como “parmesan” o “mozzarella”, lo que puede afectar la identidad de productos locales y limitar la diferenciación en mercados externos.

El tratado fija cuotas arancelarias para almendras, pistachos, vino, papas fritas congeladas y golosinas de origen estadounidense. Además, Argentina deberá implementar en seis meses un plan para erradicar el trabajo infantil en producciones críticas como algodón, ajo, uvas y yerba mate. Aunque socialmente positivo, el plazo resulta exigente para economías regionales con escasos recursos de control y fiscalización.

La importación de maquinaria usada de EE.UU. se habilita mediante la modificación del Decreto 273/2025. Esto abarata el acceso a tecnología, pero amenaza a la industria nacional de maquinaria agrícola, que ya enfrenta dificultades para competir. En insumos, se fijan aranceles 0% para fertilizantes clave, lo que reduce costos de producción pero genera dependencia externa en un rubro estratégico.

Argentina se compromete a ratificar el Convenio UPOV 1991 antes de 2027 y el Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) antes de abril de 2026. Estas medidas alinean al país con estándares internacionales, pero refuerzan el dominio de multinacionales sobre semillas y biotecnología, limitando la soberanía científica y la capacidad de innovación local.

El acuerdo redefine la relación bilateral y abre oportunidades para sectores como la carne vacuna. Sin embargo, la apertura acelerada de mercados sensibles, la dependencia tecnológica y los compromisos en propiedad intelectual plantean riesgos para la competitividad argentina. El desafío será implementar políticas complementarias que protejan a los productores locales y aseguren que la reciprocidad prometida se traduzca en beneficios reales para la agroindustria nacional.

Este jueves los teléfonos celulares importados dejan de pagar aranceles aduaneros, una medida que, según el Gobierno, busca incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores. Sin embargo, las autoridades advierten que el impacto no será de efecto inmediato.

Para el ministro de Economía Luis Caputo, se trata de "un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos".

La medida se remonta al decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, en el que la administración libertaria redujo el gravamen de estos dispositivos del 16% al 8%. En esta nueva etapa, pasarán directamente a 0%. En dicho decreto ya se habían eliminado las alícuotas para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron del 9% al 0%.

A su vez, se bajaron los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas del 19% al 9,5%.

Entre sus fundamentos, el Gobierno destacó que la medida “mejorará las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

"Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos", señaló el jefe de Gabinete Manuel Adorni en su cuenta de X.

“Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, sostuvo el secretario adjunto Marcos Linares.

El dirigente recordó que durante 2025 el gremio lanzó un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción electrónica en las plantas de Río Grande.

Desde el sindicato advirtieron entonces que la medida “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.

Linares subrayó que el régimen industrial fueguino representó el 78% de la economía provincial y que la industria electrónica generó alrededor de 8.500 puestos de trabajo en la isla, informó Ámbito.

Este esquema productivo se creó en 1972 y, según lo establece la ley vigente, exime del pago de todo impuesto nacional a las actividades, hechos u operaciones que se realicen en Tierra del Fuego, lo que históricamente incentivó la radicación industrial en la región.

Este martes el Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, al derogar el Decreto 2417/1993, que regulaba desde hace más de 30 años el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país.

Ante esta medida, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos informa que el Decreto Nacional Nº 787/2025 alcanza 19 entidades educativas no subvencionadas por la provincia y que se sostienen íntegramente con los aranceles abonados por las familias.

A partir de ahora, estas instituciones no deberán solicitar autorización al Estado nacional para modificar o actualizar sus cuotas y matrículas. La disposición surge con el propósito de actualizar el marco normativo de acuerdo con la actual organización federal del sistema educativo, y otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones provinciales en la definición de sus criterios de regulación y supervisión.

Por ello la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE se encuentra analizando los alcances operativos y jurídicos del nuevo decreto en coordinación con la Dirección Nacional de Educación Pública de Gestión Privada, con el objetivo de garantizar claridad normativa, seguridad jurídica y previsibilidad institucional en el funcionamiento del sistema educativo provincial.

Cabe aclarar que las escuelas con aportes estatales (subvencionadas) continúan regidas por la Resolución Nº 1.332/25 del CGE, que establece los aranceles vigentes para el presente año, sin modificaciones en su régimen de funcionamiento ni en los procedimientos administrativos y económicos establecidos. (Fuente: APFDigital)

Según se publicó en el Boletín Oficial, la decisión busca liberar a los colegios del control estatal sobre la fijación de cuotas y matrículas, otorgándoles mayor flexibilidad para definir sus precios "en función de la realidad económica y los costos operativos".

La medida sostiene que el esquema vigente "limitaba la capacidad de adaptación de los institutos a las fluctuaciones del mercado" y terminaba perjudicando tanto a las instituciones como a las familias.

"La obligación de comunicar y obtener autorización previa para modificar las cuotas crea una situación de incertidumbre económica que lleva a las escuelas a fijar precios más altos por precaución", argumenta el texto oficial.

El Ejecutivo sostiene que el sistema anterior "constriñe el derecho de propiedad" de los establecimientos y atenta contra la libre contratación, principios que —según el decreto— deben regir las relaciones entre los institutos privados y las familias.

En ese sentido, el texto advierte que la fijación de tarifas previsibles y controladas por el Estado "puede llevar a una precarización de la calidad educativa", ya que impide a los colegios responder a aumentos de costos o salarios docentes.

Además de derogar el decreto de 1993, Javier Milei instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, para revisar el Decreto 2542/91, la norma original que estableció el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada.

El objetivo, según el decreto, es "adecuar la regulación a las realidades educativas y económicas actuales" y diseñar un nuevo esquema que garantice "la sostenibilidad de los establecimientos" sin comprometer el derecho a la educación de calidad.

El Gobierno Nacional anunció la reducción a 20% los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes que hasta ahora tributaban 35%. De esta manera, los niveles arancelarios quedan alineados con los del MERCOSUR.

La medida fue oficializada por medio del Decreto 781/2025, en Boletín Oficial del viernes 31 de octubre, bajo la firma del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según se detalló en el comunicado de la Secretaría de Industria y Comercio, hace 13 años se habían incrementado de manera arbitraria los aranceles por encima del nivel del MERCOSUR (20%) con fines recaudatorios y de protección de la industria local.

Esa decisión “desalentó las importaciones y redujo la competencia y las inversiones, aumentando precios y empeorando la calidad de los productos ofrecidos en el mercado”, informó.

En una comparativa regional, expresada en el comunicado oficial, se observa que Argentina es el país con los juguetes más caros. Por ejemplo, el mismo modelo de muñeco transformable de una franquicia internacional cuesta $60.000 en Argentina, mientras que en Colombia tiene un valor de $40.000 (33% más barato), en Brasil y Chile, $20.000 (67% más barato) y en México, $15.000 (75% más barato).

Con respecto a los bloques de construcción para niños, el mismo modelo que en Argentina se consigue por $50.000, cuesta entre $25.000 (50% más barato) y $35.000 (30% más barato) en Chile, México y Colombia.

La muñeca de una franquicia internacional que se vende a $50.000 en Argentina, en Brasil tiene un valor de $35.000 (30% más barato), en Colombia, $40.000 (20% menos) y en Chile, $45.000 (10% menos).

Incluso los juguetes que no pertenecen a franquicias internacionales muestran grandes diferencias. Por ejemplo, unos patines infantiles de similares características cuestan $87.000 en Argentina, mientras que en Brasil, Chile y Colombia se consiguen por valores cercanos a $50.000, lo que equivale a un 42,5% menos.

El Decreto además incorpora una actualización en la Lista Nacional de Excepciones al arancel del MERCOSUR, incorporando las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y una tensión máxima de 2.500 V por módulo, que pasarán a tener un arancel de importación del 0%.

Por último, en la misiva oficial se detalla que esta medida busca impulsar el desarrollo de proyectos energéticos y armonizar la descripción arancelaria de las baterías con los estándares internacionales, en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Almacenamiento AlmaGBA”. (Fuente: Perfil)

Un tribunal de EE.UU. dictaminó que la mayoría de los aranceles globales de Trump son ilegales, en un fallo que marca un precedente en materia de política comercial y limita la autoridad del presidente para imponer gravámenes. La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, adoptada por 7 votos contra 4, abre un escenario de incertidumbre jurídica y política.

El fallo afecta tanto a los aranceles “recíprocos” aplicados por Donald Trump a la mayoría de los países, como a los impuestos sobre China, México y Canadá. La corte consideró inválido el argumento del presidente, que se amparaba en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), y determinó que los gravámenes “son inválidos por ser contrarios a la ley”.

La resolución entrará en vigor el 14 de octubre, salvo que la Casa Blanca solicite la intervención de la Corte Suprema. Trump reaccionó con dureza desde su cuenta en Truth Social: “Si se mantiene, esta decisión literalmente destruiría a Estados Unidos de América”.

El tribunal sostuvo que los aranceles no figuran en la IEEPA y que su imposición corresponde al Congreso. “Siempre que el Congreso pretende delegar en el presidente la facultad de imponer aranceles, lo hace explícitamente”, escribieron los jueces en el fallo de 127 páginas.

La decisión contradice la postura de Trump, que declaró una emergencia nacional comercial al considerar que los desequilibrios en el comercio exterior representaban una amenaza a la seguridad nacional. En defensa de su política, el mandatario afirmó: “Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes”.

Durante el proceso, abogados de la Casa Blanca advirtieron sobre las posibles consecuencias económicas de invalidar las medidas. “Revocar repentinamente la autoridad arancelaria del presidente en virtud de la IEEPA tendría consecuencias catastróficas para nuestra seguridad nacional, política exterior y economía”, escribieron en un documento oficial.

El caso se originó en demandas presentadas por pequeñas empresas y una coalición de estados tras las órdenes ejecutivas de Trump del 2 de abril, que imponían un arancel base del 10% a casi todos los países del mundo. En aquel momento, el presidente celebró la fecha como el “día de la liberación” de las políticas comerciales injustas.

En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional ya había declarado ilegales los aranceles, aunque la decisión quedó en suspenso durante la apelación. Ahora, la nueva sentencia no solo confirma esa postura, sino que también anula los aranceles impuestos a Canadá, México y China. Sin embargo, no alcanza a los gravámenes aplicados al acero y al aluminio, que se adoptaron bajo una autoridad legal diferente.

Trump insistió en que el fallo responde a motivaciones políticas: “Hoy, un tribunal de apelaciones altamente partidista afirmó incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final”.

La decisión probablemente será revisada por la Corte Suprema, que cuenta con seis jueces designados por presidentes republicanos, incluidos tres nombrados por el propio Trump. Los magistrados deberán evaluar si el programa arancelario constituye una extralimitación presidencial o si se encuentra amparado en las facultades del mandatario.

En este sentido, analistas recuerdan que la Corte ya ha mostrado escepticismo frente a los intentos de distintos gobiernos de utilizar leyes preexistentes para implementar políticas de gran alcance sin aprobación directa del Congreso. (Fuente: BBC News).

En un contexto de escalada arancelaria impulsada por Donald Trump, Argentina fue incluida en la lista de 70 países que deberán pagar nuevos tributos a las importaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, el arancel para el país será del 10%, una medida más leve que la inicialmente prevista del 15%. El gesto, atribuido a la sintonía personal entre Javier Milei y el expresidente republicano, contrasta con sanciones mucho más duras impuestas a otros aliados de Washington.

El nuevo esquema arancelario, presentado como una estrategia para "disciplinar" a aliados comerciales, fija tasas que oscilan entre el 10% y el 41%, según el grado de alineamiento con la política exterior estadounidense. Siria, por ejemplo, pese a la asunción de un gobierno más afín a Washington, enfrentará un 41% de aranceles. En América Latina, Brasil fue castigado con una combinación de medidas: un 10% general, pero una penalidad extra del 40% para alcanzar un total del 50%, en el marco del enfrentamiento de Trump con la Justicia brasileña por las causas contra Jair Bolsonaro.

La decisión tiene implicancias concretas para la economía argentina. Si bien el porcentaje es menor al de otros países, el nuevo tributo podría encarecer insumos clave para el sector industrial y comprometer aún más el acceso al crédito externo, una de las prioridades del gobierno nacional. En un escenario de fragilidad macroeconómica, cualquier encarecimiento en la cadena de suministros afecta la competitividad y la recuperación productiva.

Entre los países más perjudicados se encuentran India, Taiwán, Vietnam e Indonesia, con tasas entre el 19% y el 25%. Laos y Myanmar serán castigados con un 40%, en tanto que Canadá, otro socio histórico de Estados Unidos, recibirá un ajuste de entre 25% y 35% “en respuesta a la inacción ante el flujo de fentanilo hacia EE.UU.”, según justificó Trump.

El decreto publicado por la Casa Blanca también advierte que los bienes transbordados —aquellos que ingresan vía terceros países para evitar los tributos— serán alcanzados con una tasa del 40%, lo que busca cerrar posibles rutas de evasión.

En Europa, se aplicará un piso del 15% a todos los bienes que tributaban por debajo de ese porcentaje. El resto mantendrá sus valores actuales, dejando abierta la posibilidad de nuevas revisiones sector por sector.

Los países que “demuestren avances sustanciales en negociaciones bilaterales” podrían ser exceptuados de la medida, lo que representa una ventana de oportunidad para las diplomacias activas. En este grupo aparece México, que logró una tregua de 90 días tras un acuerdo entre la presidenta Sheinbaum y Trump, orientado a cerrar un acuerdo más amplio antes de noviembre.

Aliados tradicionales como Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Suiza e Israel fueron también incluidos, aunque con tasas moderadas. Para Milei, el gesto de Trump representa una oportunidad política, al mostrar su cercanía con un líder de peso internacional y reforzar su alineamiento con el mundo anglosajón. No obstante, el impacto económico aún está por verse.

En sus seis meses de gobierno, Donald Trump, sacudió de manera dramática la escena global. Se esperaba que así lo hiciera. Lo prometió en su campaña. Pero una cosa es oírlo, y otra cosa, sentirlo. El final de su viaje para hacer a los Estados Unidos Grande Otra Vez (su Make America Great Again) es incierto. Pero Latinoamérica ya sufre los coletazos de una política comercial restrictiva y una política coercitiva.

Trump gobierna en un mundo donde la democracia se está viendo erosionada, coinciden altos estudios. También los líderes gobiernan con estilos autócratas y de matones sin respeto a las normativas internacionales.

En las raíces del “huracán” Trump subyace la inquietud que tiene los Estados Unidos desde hace unas décadas por el hecho de China haya ascendido velozmente al segundo lugar como potencia global. Lo sufre como un peligroso rival, en todos los aspectos. China se ubicó durante los últimos doce años de manera ininterrumpida entre los tres primeros emisores mundiales de inversión directa en el exterior. De enero a noviembre de 2024, la inversión saliente china ascendió a U$S 128,6 mil millones, y sus negocios están fuertemente ligados con el de los Estados Unidos.

En ese sentido Latinoamérica, está haciendo un equilibrio inmenso entre un polo y otro. Por geografía y cultura pertenece a la órbita de influencia de los Estados Unidos. Pero China, y sobre todo su influyente economía, penetró las venas de toda la geografía.

Lo experimenta ahora también Javier Milei, bajo el gobierno que inició en diciembre de 2024. Es el único gobernante incondicional que tiene Trump en el Cono Sur. Y así le dio un fuerte apoyo para un nuevo préstamo del Fondo Monetario -de U$S 20.000 millones-. Pero no muchos más gestos, como una invitación a la Casa Blanca que espera ansiosamente el Libertario. También se demora el acuerdo comercial menos punitivo que para el resto, y que Milei idealizó como un gran Acuerdo de Libre Comercio.

Trump comenzó su gobierno elevando los aranceles a niveles descomunales para China, Canadá y México, Unión Europea. Metió a la Argentina en un benévolo 10% de aumento pero el acero y el aluminio, dos de los pocos sectores nacionales verdaderamente competitivos en ese mercado, fueron golpeados por una suba del 25%, que difícilmente entre en un acuerdo.

Los negociadores de Argentina en Washington han podido comprobar que insiste con pedidos imposibles: que este país se quite el peso de su intercambio de monedas con China (swap). Y piden otros, no imposibles, pero de máxima presión: restricción a los ingresos chinos en la industria militar, en las telecomunicaciones, puertos, Hidrovía, centrales nucleares. Que se les frene el comercio y las inversiones en energía y “minerales críticos” (litio), que llegaron al por mayor sobre todo en las provincias. Y piden una ley de propiedad intelectual que deje de favorecer a los laboratorios farmacéuticos nacionales y se abra a los internacionales.

El miércoles pasado, el designado embajador de Trump para Buenos Aires, el empresario cubano americano Peter Lamelas, habló ante una comisión del Capitolio que debe aprobar su pliego de que tendrá como misión aquí frenar lo que llamó la “influencia maligna” china y la “corrupción” a la que pueden estar sujetas con esos capitales las provincias argentinas. Cosechó repudios del arco opositor.

Trump se molestó por la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) de Río de Janeiro y se molestó con la cumbre progresista que Gabriel Boric hizo en Chile porque, en buena medida, resisten sus políticas y no cuestionan las de China.

"Cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS pagará un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política", lanzó el republicano tras la cumbre de Brasil. Días después, le impuso a Brasil un 50% de aranceles extras y le exigió a Lula que liberen de todo proceso judicial -nunca visto- al ex presidente Jair Bolsonaro, procesado por intento de golpe contra el líder del PT. También estableció sanciones para los jueces que juzgan a Bolsonaro. Los acusó de censurar las redes sociales.

Roberth Keohane y Joseph Nye jr señalaban en artículo titulado El fin del largo siglo americano, en el último número de la Foreign Affairs, que “desafortunadamente”, la “miope perspectiva de la segunda administración Trump, “obsesionada con el poder duro coercitivo vinculado a las asimetrías comerciales y las sanciones, probablemente erosionará, en lugar de fortalecer, el orden internacional liderado por Estados Unidos.” Una apuesta por la debilidad, sostienen. Mientras tanto, China prosigue su larga marcha.

A menos de un mes de su implementación, la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER) enfrenta un fuerte conflicto con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), que representa a cientos de profesionales de la salud en toda la provincia. La entidad advirtió que podría suspender las internaciones para los afiliados si no se regulariza de inmediato el pago de aranceles y se mantiene el acuerdo firmado en abril, que fue recientemente denunciado por la obra social.

El disparador fue una nota enviada por OSER el 1° de julio, con las firmas de su presidente Mariano Gallegos y su vice Ricardo García, en la que notifican a la Femer la “denuncia” del acta acuerdo que regía las relaciones prestacionales entre ambas instituciones. El argumento central del organismo provincial es que hubo “un desmesurado aumento” en la facturación tras la entrada en vigencia del convenio, lo que pone en riesgo su sostenibilidad financiera.

La reacción de la Femer no se hizo esperar. El 11 de julio, mediante una carta firmada por su presidente Fernando Vázquez Vuelta y el secretario Lautaro Torriani, se notificó que los profesionales médicos continuarán prestando servicios por 30 días desde la notificación, pero que ello dependerá del estricto cumplimiento por parte de OSER de los pagos pactados. En caso contrario, el corte de las internaciones podría concretarse a partir del 16 de julio.

“No podemos seguir trabajando con aranceles y plazos de pago indefinidos”, señalaron desde la entidad médica, que además adelantó que en su informe semanal de situación sanitaria informará como “suspendida” a la obra social provincial si no cancela los compromisos antes de la fecha límite.

Pese al conflicto, la Femer manifestó su disposición a entablar negociaciones para revisar los valores de las prestaciones, pero sólo una vez que venza el período de 30 días de continuidad acordado como margen transitorio. “Invitamos a OSER a formalizar sus propuestas”, expresaron.

El escenario es delicado: OSER tiene bajo su cobertura a más de 300 mil afiliados —entre activos, jubilados y familiares— que hasta ahora dependían de Iosper, disuelto tras una cuestionada reforma impulsada por el gobierno provincial. La amenaza de corte no sólo implica una crisis prestacional, sino que revela problemas de gestión financiera e institucional en el nacimiento de la nueva obra social.

Por ahora, todo depende de que la obra social cumpla con los pagos adeudados y se encamine una mesa de diálogo técnico que evite un colapso en la atención médica, justo en el momento de mayor incertidumbre sanitaria en Entre Ríos.