La Oficina Anticorrupción (OA) postergó hasta el 31 de agosto el plazo que tienen los funcionarios públicos para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales anuales debido a la extensión del plazo hasta el 27 de julio del plazo para la presentación de declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025.

"La Oficina Anticorrupción extiende el plazo a fin de brindar a los funcionarios alcanzados por la Ley 25188, un período razonable para cumplimentar la presentación de su Declaración Jurada Patrimonial Integral anual 2025", explicó un comunicado oficial del Gobierno.

Dicha obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales ante el organismo recaudador está estipulada en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188.

El deadline para presentar las declaraciones juradas de funcionarios publicos era el 31 de julio, pero la OA extendió el plazo hasta el 31 de agosto, ya que entre el 27 de julio y el 31 de julio habían apenas cuatro días hábiles para cumplimentar la obligación.

La presentación se realiza a través del formulario F-1245 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el cual integra, cuando corresponda, la información proveniente de las declaraciones juradas impositivas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

"En los casos en que dichas presentaciones no se encuentren realizadas, los datos deberán ser completados de manera manual", se aclaró.

Fuente: Agencia NA

La Dirección de Habilitaciones detalló los requerimientos iniciales indispensables para abrir un comercio o registrar servicios profesionales en Gualeguaychú, contemplando tanto a quienes se desempeñan en locales con atención al público como a quienes ofrecen prestaciones sin una sede física de operaciones. Las oficinas del área funcionan de lunes a viernes en el horario de 7 a 15, y las consultas de los interesados se reciben mediante la línea de WhatsApp corporativa 3446 53-1254.

En el caso de los emprendimientos y actividades comerciales que se desarrollen dentro de un local físico, los responsables del trámite deben presentar una serie de documentos personales e impositivos obligatorios. Entre ellos se destaca la copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante, las constancias vigentes de inscripción tributaria emitidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), además de la declaración del punto de venta. Asimismo, resulta indispensable adjuntar una boleta de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) correspondiente al inmueble en cuestión y un croquis detallado de las instalaciones donde se especifiquen con precisión los metros cuadrados totales que estarán afectados al ejercicio de la actividad económica proyectada.

Cuando el espacio físico no pertenece a quien inicia la gestión comercial, es obligatorio anexar el contrato de locación o comodato, o bien la autorización firmada por el propietario del inmueble que acredite legalmente el derecho al uso del lugar. Por otra parte, si el trámite es impulsado por una persona jurídica en lugar de un particular, la municipalidad exige la presentación del contrato social de la firma junto con los documentos actualizados que acrediten de forma indudable la designación de las autoridades societarias vigentes o los poderes de representación legal otorgados.

Para aquellos servicios u oficios que no requieran de un establecimiento físico de atención —como los profesionales independientes, consultores o técnicos— el procedimiento administrativo en la municipalidad es considerablemente más sencillo y directo, ya que se limita únicamente a la presentación del DNI del titular y sus respectivas constancias de inscripción ante ARCA y ATER.

Desde la municipalidad explicaron que este esquema corresponde exclusivamente a las gestiones de base para rubros convencionales que no presentan complejidades técnicas ni exigen normativas de seguridad e higiene extraordinarias. Dependiendo del tipo de negocio, la localización o las características particulares de cada proyecto, las autoridades de la Dirección de Habilitaciones local quedan facultadas para requerir documentación complementaria o certificaciones específicas de acuerdo a las ordenanzas y leyes vigentes que regulan cada materia comercial en el ejido urbano.

El senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza), quedó en el centro de la atención política y fiscal tras confirmarse su adhesión al régimen simplificado de ganancias, un mecanismo de blanqueo incluido en la Ley de Inocencia Fiscal. Según registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el legislador oficialista optó por este sistema que permite regularizar activos e ingresos que no habían sido declarados previamente ante el fisco.

La polémica radica en que Benegas Lynch se acogió a un beneficio impositivo derivado de la Ley Número 27.799, una normativa que él mismo respaldó con su voto en el recinto el pasado 26 de diciembre, a pocas semanas de haber asumido su banca en la Cámara Alta. De acuerdo con la constancia oficial, cuya vigencia se extiende hasta el 11 de julio, el trámite fue iniciado por el parlamentario el 24 de marzo y corresponde al período fiscal 2025.

El aspecto específico al que suscribió Benegas Lynch habilita una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias. Este formato especial alivia la carga de controles, ya que elimina la histórica obligación de justificar las variaciones patrimoniales ante el organismo recaudador (mecanismo conocido técnicamente como “monto consumido”), limitando el trámite exclusivamente a la rendición de ingresos, gastos y deducciones.

Aunque es oriundo de Buenos Aires, Benegas Lynch reside en la localidad de La Paz y encabezó la lista de candidatos a senadores de La Libertad Avanza el año pasado en territorio entrerriano. Su victoria electoral le otorgó el derecho de representar a la provincia de Entre Ríos en el Congreso de la Nación por un mandato de seis años. Su ingreso al blanqueo fiscal abre el debate en la provincia sobre la conducta tributaria de quienes ocupan los cargos más altos del poder legislativo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continúa introduciendo modificaciones en el régimen del monotributo. Tras las recategorizaciones realizadas en febrero, marzo se convierte en un mes clave, porque comienzan a regir nuevas escalas, montos actualizados y topes de facturación modificados para todos los contribuyentes inscriptos.

¿Qué cambió en el Monotributo a partir de marzo?

El monotributo tiene una actualización semestral obligatoria, que impacta directamente en marzo, ya que la recategorización se efectúa el mes previo. En los casos en que el contribuyente no realiza el trámite, el organismo puede aplicar recategorizaciones de oficio, ajustando la categoría según la facturación registrada.

En este contexto, marzo marca el inicio de una etapa con cuotas más altas, mayores exigencias y nuevos topes de facturación, en un escenario económico donde la inflación sigue impactando, tanto en los ingresos como en las obligaciones fiscales.

Para trabajadores independientes, profesionales y pequeños contribuyentes, mantenerse informado y revisar periódicamente su categoría será clave para evitar sanciones o recategorizaciones automáticas.

Nuevas escalas y topes de facturación de ARCA

La actualización establece un incremento del 14,29%, que se aplica sobre los parámetros de categorización (ingresos brutos, alquileres devengados, energía eléctrica consumida, entre otros) y también sobre el valor de las cuotas mensuales.

El mecanismo utilizado para el ajuste toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del segundo semestre de 2025. Esto implica que todos los monotributistas, sin excepción, deberán afrontar montos más elevados en comparación con 2025, especialmente aquellos que hayan subido de categoría por aumento en su facturación.

Con los nuevos valores vigentes desde marzo, las cuotas quedan establecidas de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74 mensuales.

Categoría B: $48.250,78.

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

Categoría K (la más alta): $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes.

Las diferencias entre servicios y bienes continúan siendo significativas en las categorías más altas, algo que impacta directamente en profesionales independientes y pequeños comerciantes.

El impacto de la recategorización obligatoria: ¿quiénes están en riesgo?

Además del aumento en las cuotas, ARCA modificó los límites máximos de ingresos brutos anuales permitidos para permanecer dentro de cada categoría. Estos topes son fundamentales, ya que determinan si el contribuyente debe recategorizarse o incluso quedar excluido del régimen simplificado.

Los nuevos máximos quedaron fijados en:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

Categoría B: hasta $15.058.447,71.

Categoría C: hasta $21.113.696,52.

A medida que se avanza en las escalas, los límites crecen de forma progresiva hasta llegar a la categoría K, que concentra los mayores niveles de facturación permitida dentro del régimen.

Cómo verificar tu estado en el padrón de ARCA paso a paso

Verificar tu situación fiscal es un trámite simple pero fundamental para evitar errores en la facturación o inconvenientes con clientes y proveedores. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite consultar el estado en su padrón de manera online y gratuita.

A continuación, el paso a paso para verificar tu estado en el padrón de ARCA:

Paso 1: Ingresar al sitio oficial

Accedé a la página web oficial de ARCA desde tu navegador. Es importante asegurarse de que sea el sitio oficial para evitar fraudes o páginas falsas.

Paso 2: Buscar la opción “Consulta de Padrón”

Dentro del portal, dirigite a la sección de “Constancias” o “Consulta de Padrón”. Allí encontrarás la herramienta para verificar la situación de cualquier CUIT.

Paso 3: Ingresar tu CUIT

Colocá tu número de CUIT sin guiones y completá el código de seguridad (captcha) que solicita el sistema.

Paso 4: Consultar la información

Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará tu información fiscal actualizada, donde podrás verificar:

Estado del CUIT (activo o inactivo)

Condición frente al IVA

Inscripción en monotributo o régimen general

Actividad económica declarada

Domicilio fiscal registrado

Paso 5: Descargar la constancia (opcional)

Si necesitás presentar tu situación fiscal ante terceros, podés descargar e imprimir la constancia de inscripción, que tiene validez oficial.

Realizar esta verificación es clave, especialmente después de recategorizaciones o cambios recientes en el monotributo. Mantener tus datos actualizados en el padrón de ARCA evita inconvenientes al emitir facturas y garantiza que tu situación impositiva esté correctamente registrada. (Fuente: Ámbito Financiero)

La recategorización del monotributo empezó este año con quejas públicas en redes sociales de usuarios que aseguran que ARCA, de oficio, los movió de escala de manera incorrecta por tomar en cuenta movimientos de dinero en billeteras virtuales. El Gobierno asegura que solo se consideran operaciones comerciales como cobros con QR o tarjetas.

El eje de la discusión es la inclusión de información provista por billeteras virtuales a la base de cálculo del fisco sobre la facturación de los monotributistas. Son datos decisivos para estimar cuántos fueron los ingresos de los últimos doce meses y conocer qué categoría del régimen simplificado le toca a cada contribuyente.

El período de recategorización "voluntario" terminó el último 5 de febrero. Pasado ese plazo, ARCA comenzó realizar reubicaciones "de oficio" de acuerdo a la información que tenga sobre cada monotributista. Es un proceso común en cada instancia de este tipo, que se da cada 6 meses. La "novedad" es el uso extensivo de datos de billeteras virtuales como Mercado Pago para "construir" esa cifra de facturación total del último año.

En distintas redes sociales hubo quejas de usuarios, algunos con menciones directas a las cuentas de X de ARCA, para consultar por qué habían sido recategorizados. Desde el Gobierno aseguran que ARCA no contempla cifras de transferencias casuales o de persona a persona para sumar la facturación total y que solo es para quienes tienen actividad comercial y hacen cobros por esas plataformas.

Arca aseguró que el dinero que una persona haya recibido en su CVU (cuentas en billeteras virtuales) en concepto de "préstamos, regalos, propinas o dinero propio transferido entre cuentas" no suman para el cálculo de la facturación de un monotributista. Si los cobros hechos por Mercado Pago (u otras alternativas) por QR o tarjetas superan la facturación declarada, saltan las alertas para el fisco y, si ameritara, determina la recategorización. Una vez que el monotributista es notificado, tiene 15 días para "apelar" esa decisión.

Además, en el fisco aclararon que por los cambios en el régimen de información automática, ARCA solo recibe información de transferencias a partir de los 50 millones de pesos.

La contadora pública Yanina Beade consideró que "lo que estamos viendo es la consolidación de un esquema de fiscalización basado en el cruce masivo de información financiera y declaraciones impositivas". En ese sentido, planteó que "existe todavía la percepción de que operar a través de billeteras virtuales implica menor exposición que hacerlo por bancos tradicionales".

"En la práctica, eso no es así. Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X o Personal Pay forman parte del sistema formal y se encuentran alcanzadas por regímenes informativos. Reportan acreditaciones, saldos y volúmenes operativos", aseguró.

Para el tributarista Marcelo Rodríguez, por su lado, "hay que evaluar esto en un contexto en el que convendría estar más en el régimen general que en el simplificado, es menos riesgoso". "Es probable que esto sea puntual y que no vaya a repetirse en el futuro", mencionó a Clarín. Este año, la recategorización del régimen de monotributo volvió a activarse como cada seis meses: tras la actualización semestral de las escalas y montos, el trámite de ajuste de categoría pudo hacerse a comienzos de enero / febrero de 2026, tomando en cuenta la facturación acumulada de los últimos 12 meses.

Cuáles son las categorías del Monotributo en 2026

Los topes máximos de facturación anual que determinan a qué categoría corresponde cada monotributista quedaron fijados en 2026 de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.277.988

Categoría B: hasta $15.057.146

Categoría C: hasta $21.115.014

Categoría D: hasta $26.224.725

Categoría E: hasta $30.850.047

Categoría F: hasta $38.222.217

Categoría G: hasta $45.504.097

Categoría H: hasta $69.092.343

Categoría I: hasta $77.351.936

Categoría J: hasta $88.572.037

Categoría K: hasta $108.357.083

Estos montos representan el límite de ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses que un contribuyente puede facturar sin perder la categoría correspondiente. Superar uno de estos topes obliga a recategorizarse. O incluso, si se supera el máximo del régimen, a pasar al régimen general de IVA y Ganancias. ElOnce

El fútbol argentino atraviesa un conflicto de dimensiones inéditas. Los clubes de Primera División resolvieron suspender por cuatro días todos los partidos, en defensa de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, acusados en una causa por retención indebida de aportes. La medida, que se extenderá del 5 al 8 de marzo, busca mostrar unidad frente a las denuncias de ARCA y la investigación judicial que involucra a la cúpula de la AFA.

La resolución se tomó en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, presentó documentación que —según sus palabras— demuestra que la entidad no registra deudas fiscales exigibles. Con ese argumento, los dirigentes consideraron que la denuncia carece de sustento y decidieron impulsar el paro como gesto de respaldo.

Claudio Tapia instó a los clubes a actuar en conjunto, y rápidamente se inició un diálogo con las demás categorías para que adhieran a la medida. El comunicado oficial de la AFA sostuvo que las obligaciones fiscales fueron abonadas de manera voluntaria antes de su vencimiento y acusó a ARCA de pretender configurar un delito “en abierta contradicción con las normas jurídicas vigentes”.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, expresó que la decisión responde a una ofensiva institucional: “Se está declarando una guerra contra el fútbol. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron clara su postura”.

El origen de la causa se remonta a diciembre de 2025, cuando ARCA denunció un perjuicio fiscal superior a $19.300 millones por omisiones en el pago de IVA, Ganancias y contribuciones patronales entre 2024 y 2025. La fiscalía sostiene que la AFA tenía plena capacidad de cumplir, dado que recibió ingresos superiores a $453.000 millones en 2025.

Los testimonios internos apuntaron a Toviggino como responsable del control económico y a Tapia como administrador de la clave fiscal. El cronograma de indagatorias comenzará el 5 de marzo con la declaración de Tapia, seguido por Toviggino y otros dirigentes.

En paralelo, la justicia autorizó a Tapia a viajar al exterior bajo fianza de $5 millones para asistir a compromisos oficiales en Colombia y Brasil, mientras se investigan también otras causas por presunta administración fraudulenta y adquisición irregular de bienes de lujo.

A partir de marzo, los bancos argentinos aplicarán una actualización clave en los límites de extracción de efectivo en cajeros automáticos. La medida impactará tanto en usuarios particulares como en comercios que dependen del efectivo para sus operaciones. Aunque las billeteras digitales crecen de manera sostenida, los cajeros continúan siendo esenciales para millones de personas que necesitan billetes físicos en su vida cotidiana.

Los límites de extracción varían según la entidad, el tipo de cuenta y el perfil del cliente:

Las billeteras digitales también permiten retirar efectivo, aunque con límites más bajos y variables según la red utilizada (Link o Banelco). Plataformas como Ualá, Naranja X o Brubank ofrecen topes diarios inferiores, lo que refleja la transición hacia medios digitales. Según datos recientes, más del 96% de los mayores de 18 años ya utiliza billeteras virtuales para mover dinero.

El Gobierno, en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”, reforzó los controles sobre movimientos financieros. ARCA estableció nuevos montos a partir de los cuales las operaciones deben ser informadas, incluyendo transferencias, inversiones y extracciones. Si un cliente excede los límites diarios, el banco podrá solicitar documentación que respalde el origen de los fondos. Fuente: APFDigital

A partir de este año, ARCA pondrá en marcha un nuevo mecanismo de control que habilita el bloqueo automático de tarjetas, transferencias y billeteras virtuales para personas y comercios con inconsistencias impositivas. El esquema, que forma parte de una estrategia de fiscalización más estricta, busca restringir operaciones electrónicas cuando se detecten situaciones de riesgo fiscal.

La decisión impactará directamente en el uso cotidiano del sistema financiero, ya que contempla la suspensión de pagos digitales, cobros con QR y movimientos bancarios. De esta manera, quienes figuren con alertas podrían encontrar limitaciones para operar hasta tanto regularicen su situación ante el organismo.

Desde el ente señalaron que el objetivo es reforzar la prevención de la evasión y el uso irregular de dinero electrónico, aplicando bloqueos de forma operativa cuando se identifiquen incumplimientos relevantes.

El nuevo régimen no abarcará a todos los contribuyentes. Según se informó, la medida estará dirigida exclusivamente a quienes integren la denominada Base de Contribuyentes no Confiables, un registro interno donde se incluyen CUIT con incumplimientos fiscales o desfasajes significativos.

En esa nómina figuran personas físicas y jurídicas con deudas, omisiones en declaraciones juradas o diferencias marcadas entre los ingresos declarados y los movimientos reales detectados por el sistema financiero.

Cuando un CUIT ingresa a esa base, los bloqueos se activan de manera inmediata con intervención coordinada del Banco Central de la República Argentina, que comunica la medida a bancos, emisores de tarjetas y fintech.

En la práctica, el alcance es amplio. El organismo podrá impedir transferencias bancarias, pagos y cobros mediante códigos QR, uso de tarjetas de crédito, débito o prepagas, además de movimientos a través de billeteras virtuales.

También se verán afectados los cobros electrónicos en comercios físicos y tiendas online, lo que podría generar complicaciones operativas para pequeños negocios que dependan casi exclusivamente de medios digitales.

Las restricciones se mantendrán vigentes hasta que el contribuyente regularice su estado administrativo. Para ello, se habilitó un apartado específico donde se podrá presentar documentación y gestionar la corrección del CUIT.

El Gobierno reglamentó este lunes la ley de Inocencia Fiscal, que busca proteger a los contribuyentes y fomentar la declaración voluntaria de dólares del mercado informal. La normativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, establece un régimen simplificado de declaración que redefine el control estatal sobre el patrimonio y promueve la regularización de deudas fiscales de manera más ágil y segura.

Con la publicación del decreto reglamentario, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada entra formalmente en vigencia. Esta medida representa un cambio en la relación entre el Estado y los contribuyentes, ya que apunta a relajar los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La norma modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, creando nuevas condiciones para la fiscalización y la declaración de bienes.

Los puntos claves de la ley de Inocencia Fiscal y blanqueo

El punto más destacado es el “Régimen simplificado de Ganancias”, pensado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones. Entre sus principales beneficios:

Blindaje patrimonial: quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre variaciones patrimoniales ni sobre consumos.

Impuesto por facturación: ARCA cobrará Ganancias solo sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento de bienes personales o gastos como base para presunciones de evasión.

Efecto liberatorio: “el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados”, según el artículo 39.

Nuevos umbrales y prescripción

La ley eleva significativamente los montos necesarios para que un incumplimiento sea considerado delito penal:

Evasión simple: de $1.500.000 a $100.000.000.

Evasión agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000.

Prescripción: de 5 años a 3 años.

Regularización de deudas y multas

Además, la reglamentación define mecanismos para extinguir acciones penales y regularizar obligaciones fiscales:

Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses, beneficio aplicable una sola vez.

Recargo del 50%: si no se radicó denuncia, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un 50% dentro de los 30 días de notificación.

Multas por plazos: las sanciones económicas aumentan significativamente para quienes presenten declaraciones fuera de término, informó Ámbito.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos, fortalecer reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que los fondos declarados bajo el nuevo régimen no serán objeto de persecución fiscal.

La actualización del Impuesto a las Ganancias trae alivio para una parte de los trabajadores en relación de dependencia y redefine los montos a partir de los cuales se comienza a tributar. Con los nuevos valores vigentes desde enero de 2026, un empleado soltero y sin hijos que perciba un salario neto de hasta 2,5 millones de pesos mensuales quedará exento del impuesto. En el caso de quienes cobren 4 millones de pesos netos, la retención mensual será de 187.000 pesos.

Para los trabajadores casados que deducen cónyuge e hijos al 100%, el beneficio es mayor: no habrá retención para sueldos netos de hasta 3 millones de pesos. Incluso con un ingreso de 4 millones de pesos mensuales, el descuento será sensiblemente menor y alcanzará los 35.053 pesos.

Estos cambios se explican por la actualización semestral del 14,29% del Mínimo No Imponible (MNI), las deducciones personales y la escala del impuesto, de acuerdo con los valores publicados por ARCA (ex AFIP). La revisión corresponde al período julio-diciembre de 2025 y rige desde enero de 2026, aunque su aplicación es retroactiva al 1° de enero.

Con la nueva tabla, los pisos a partir de los cuales se empieza a pagar Ganancias quedan en un sueldo bruto de 3.000.045 pesos para un trabajador sin conviviente ni hijos, 3.487.190 pesos para un casado sin hijos y 3.952.152 pesos para un casado con dos hijos. A partir de esos montos se aplica una escala progresiva de alícuotas que va del 5% al 35%, por lo que el impuesto aumenta en forma gradual a medida que crecen los ingresos.

La retroactividad de la medida implica que las empresas deberán recalcular las retenciones ya practicadas en enero y ajustar las diferencias en el pago de febrero, devolviendo a los empleados lo descontado de más. Además, el monto final a pagar puede variar según las deducciones permitidas, que cuentan con topes establecidos por la normativa.

Los valores actualizados regirán durante el primer semestre del año, entre enero y junio, y volverán a modificarse en la segunda mitad de 2026 en función de la inflación. Actualmente, se estima que cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia alcanzan el Impuesto a las Ganancias.

La decisión se dio a conocer a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde también se informó que será reemplazado por Andrés Vázquez, quien hasta el momento se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva (DGI).

Según el decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y ministro de Economía, Luis Caputo, los cambios entrarán en vigencia este jueves 18 de diciembre. A partir de ese día, Vázquez quedará al frente del organismo recaudador.

La norma agradece a los funcionarios renunciantes (Pazo y Vázquez, quien dejó supuesto en la DGI) por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos.

La medida había sido anunciada esta medianoche, mediante un comunicado del Ministerio de Economía. Allí se explicó que Pazo le comunicó a Caputo “su decisión de renunciar al cargo que asumió el 11 de diciembre de 2024″ y se detalló que el ahora exfuncionario “volverá a desempeñarse en el sector privado en el cual desarrolló exitosamente toda su vida profesional”.

Asimismo, se remarcó que Pazo “seguirá colaborando incondicionalmente con el Ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina”.

En el texto oficial se resaltaron las “grandes y profundas transformaciones” que llevó a cabo durante su gestión, como “la simplificación de regímentes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal”.

ARCA es el ente autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero. Vázquez venía desempeñándose como Director General de la DGI desde la creación de ARCA en reemplazo de la ex AFIP.

El recambio en la conducción del organismo recaudador se produce en el cierre del año fiscal y a pocos días de las fiestas de fin de año, período de alta actividad tanto en materia impositiva como de comercio exterior.

Los cambios fueron oficializados mediante la Resolución General 5791/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida actualiza la Resolución General 5228 e incorpora precisiones sobre la aplicación de alícuotas, los plazos de inscripción y los criterios de supervisión para plataformas locales y extranjeras.

Uno de los puntos centrales de la resolución define desde cuándo comienza a regir la alícuota asignada a cada operador. Según lo dispuesto, el porcentaje se aplicará a partir del primer día de la quincena posterior a la emisión del certificado correspondiente por parte de ARCA. El objetivo es otorgar un plazo concreto para que intermediarios y plataformas adapten sus sistemas antes de trasladar la percepción a los usuarios.

La resolución fija un límite temporal para resolver los trámites de inscripción al Registro de Control Online del Sistema de Apuestas. A partir de ahora, ARCA deberá expedirse dentro de los 60 días corridos posteriores a la validación del organismo regulador provincial que otorgó la habilitación, o desde la fecha de presentación del trámite, si esta fuera posterior. El Gobierno busca así evitar demoras prolongadas y dar previsibilidad a los operadores que buscan formalizar su actividad en el país.

La normativa también dispone la actualización permanente del listado de operadores extranjeros alcanzados por el tributo. La nómina estará disponible en el micrositio institucional “Juegos de azar y apuestas” y será revisada periódicamente para identificar a las plataformas radicadas fuera del país sujetas al régimen.

En materia de antecedentes penales, la resolución aclara que solo se considerarán sentencias firmes y mientras la condena no esté cumplida. Este criterio impacta en la evaluación de las inscripciones al registro.

ARCA fue facultada para realizar controles periódicos que verifiquen que los operadores mantengan las condiciones para permanecer en el registro. Al menos una vez por año, el organismo revisará la evolución del personal declarado por cada contribuyente, un dato que resulta determinante para conservar la alícuota reducida prevista en la normativa vigente.

Si se detectan cambios que alteren la situación del operador, la nueva condición será incorporada en la nómina pública tras la notificación correspondiente.

La resolución comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial. La única excepción son las disposiciones referidas al régimen de inscripción, que se aplicarán a partir del 25 de noviembre de 2025.

El Gobierno dispuso que, desde el 2 de diciembre, todos los trámites vinculados a la importación y exportación de armas, municiones, pólvora y explosivos se realicen exclusivamente de manera online mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). La medida, oficializada por la Resolución General 5789/2025, elimina gestiones presenciales y centraliza el control estatal a través de un sistema digital integrado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) afirmó que la digitalización permitirá agilizar las autorizaciones y fortalecer la trazabilidad de materiales considerados de alto riesgo. Hasta ahora, quienes buscaban importar o exportar estos elementos debían cumplir una serie de trámites presenciales ante distintos organismos, un esquema que generaba demoras y dificultaba el seguimiento de cada operación.

El nuevo régimen unifica procesos e incorpora validaciones automáticas en el Sistema Informático MALVINA, donde cada declaración aduanera deberá incluir el código identificador de la autorización emitida por el Registro Nacional de Armas. La normativa prevé además un manual para usuarios y facultades técnicas para dictar normas complementarias.

Sin embargo, la simplificación operativa coincide con un debate creciente en materia de seguridad. Diversas fuentes del sector remarcan que, si bien la digitalización puede mejorar el control administrativo, la flexibilización en los procedimientos de comercio exterior también incrementa la cantidad de armas y municiones en circulación. Ese escenario, advierten, conlleva riesgos concretos: una mayor disponibilidad incrementa las chances de robos, pérdidas, desvíos y ventas irregulares que terminan alimentando mercados ilegales.

En Argentina, los circuitos delictivos obtienen un porcentaje significativo de sus armas a partir de hurtos y robos a particulares, empresas de seguridad privada y coleccionistas. La ampliación del volumen de materiales controlados en manos de usuarios civiles aumenta el riesgo de que parte de ese stock termine fuera del marco legal. Organismos especializados sostienen que la trazabilidad digital es un avance, pero no reemplaza la necesidad de controles presenciales, auditorías y verificaciones sobre tenencia, almacenamiento y transporte.

La resolución se inscribe en una política más amplia de modernización administrativa impulsada por el Ejecutivo. Aun así, el debate de fondo sigue abierto: cómo evitar que una facilitación del comercio internacional de armas derive, por omisiones o fallas de supervisión, en un incremento de su presencia en ámbitos delictivos.

Para especialistas en seguridad ciudadana, la prioridad debe estar puesta en garantizar controles estrictos que no se limiten a la documentación digital y que contemplen la realidad del país, donde la proliferación de armas de fuego impacta de manera directa en los índices de violencia.