Un dramático episodio de violencia causó conmoción en la comunidad educativa de la Escuela Número 58 de la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Un estudiante de 18 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos de arma de fuego en el interior del baño del establecimiento escolar, en un hecho perpetrado por un compañero de 17 años durante el turno mañana.

Tras la detonación de las armas, las autoridades del colegio dieron aviso urgente a las fuerzas de seguridad e iniciaron el traslado inmediato del joven afectado en un vehículo particular hacia un centro de salud de la zona. Al ingresar al nosocomio, los profesionales médicos constataron impactos de bala en el área abdominal y en una de sus extremidades superiores, por lo cual debieron derivarlo de urgencia al quirófano para realizarle las intervenciones quirúrgicas correspondientes.

Efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional arribaron al establecimiento educativo minutos después del llamado de alerta y procedieron a la aprehensión preventiva del menor señalado como el responsable de efectuar los disparos, como así también al secuestro del arma utilizada, una pistola calibre 22. Las actuaciones judiciales quedaron concentradas en determinar la motivación de la agresión y precisar los canales de ingreso del arma de fuego al edificio escolar.

Una de las principales hipótesis sobre el trasfondo del hecho surgió de las propias manifestaciones preliminares de la víctima. Antes de ingresar a la sala de operaciones, el joven herido logró relatar a los profesionales de salud que mantenía un vínculo de amistad con el agresor y que la detonación habría ocurrido de forma accidental mientras este último le exhibía el arma de fuego en el sanitario. La investigación se encuentra en pleno desarrollo a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza para corroborar o descartar dicha versión.

Una adolescente de 14 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo de arma de fuego durante la madrugada de este domingo 4 de octubre en una vivienda ubicada en el barrio Morajú, en la ciudad de Nogoyá.

La joven recibió atención médica inicial en el Hospital San Blas de esa localidad y, debido a la complejidad de las lesiones que presentaba, se dispuso su posterior traslado al Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná. En el centro asistencial de la capital provincial permanece alojada en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades médicas, la paciente presenta una lesión penetrante provocada por un proyectil de arma de fuego en la zona del tórax izquierdo, la cual registró orificio de entrada y de salida. Su estado de salud es calificado como grave.

El episodio se encuentra bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Nogoyá, desde donde se ordenó la realización de diversas medidas probatorias para esclarecer cómo ocurrió el hecho. Al tratarse de una causa que involucra a una menor de edad y que cuenta con la disposición de reserva de sumario, las autoridades judiciales no brindaron mayores precisiones sobre las hipótesis de la investigación.

Dentro de las actuaciones instruidas por la Fiscalía interviniente, se requirió el trabajo del personal de la División Policía Científica. Los efectivos especializados llevaron a cabo las diligencias periciales de rigor en el inmueble donde se produjo el disparo, con el fin de recolectar elementos de convicción.

Asimismo, los funcionarios judiciales a cargo de la causa ordenaron el secuestro preventivo del arma de fuego presuntamente utilizada, medida orientada a posibilitar los peritajes balísticos pertinentes y determinar las responsabilidades del caso. En el marco del mismo procedimiento, se efectuaron pruebas de dermotest a dos personas adultas que permanecían en la vivienda al momento de registrarse el hecho.

Las actuaciones continúan en curso en la sede judicial de Nogoyá para reconstruir la mecánica del acontecimiento. Hasta la fecha no se difundieron detalles vinculados a la relación existente entre las personas presentes en el lugar y la menor, mientras la investigación prosigue bajo estricto hermetismo.

Un hombre de 25 años fue detenido durante la madrugada de este martes luego de ingresar a la vivienda de un funcionario policial y su familia en calle Rodó, en la zona sur de Paraná. El sospechoso terminó herido por disparos de arma de fuego y debió ser trasladado al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 de este martes. Según informó la Policía, mientras el funcionario se encontraba descansando, su familia advirtió que un hombre había ingresado a la propiedad tras trepar el tapial del frente.

El intruso habría tenido un arma blanca en su poder. Al encontrarse con el sospechoso en el garage, el policía le habría disparado con su arma de fuego y el presunto autor del robo resultó herido.

El jefe Departamental de la Policía, Hernán Góngora, en declaraciones a Canal 9 Stream, dio detalles del hecho. “La mujer escucha un ruido, se levanta y observa a un masculino en el interior del domicilio. Esta persona ecibe la voz de alto y, al negarse, resulta lesionado con el arma que utilizó el funcionario”, relató.

El jefe Departamental precisó que el ladrón “ingresó consciente al hospital y le estaban realizando una cirugía”. El intruso recibió tres disparos, que según Góngora fueron en la zona del abdomen y una pierna.

Góngora informó que el policía quedó en libertad luego de que le practiquen pericias y se secuestró su arma reglamentaria. Por otro lado, en el lugar se secuestró un arma blanca que llevaba el intruso.

Según explicó el jefe Departamental, el herido salió de la cárcel hace unos tres meses y tenía unos 20 hechos en sus antecedentes.

En la investigación intervino un gabinete completo de la Dirección General de Policía Científica. La causa quedó a cargo del fiscal Laureano Dato, que ordenó la participación de personal de la División Homicidios. Ahora/ElOnce

La investigación por el crimen de Nilo Benjamín Auzqui ingresó en una nueva etapa. La fiscal Martina Cedrés, a cargo de la investigación, presentó el pedido de elevación a juicio contra Cristian Nahuel León, el joven de 23 años acusado de haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Auzqui en la madrugada del 3 de agosto.

Con esta presentación, la Fiscalía considera concluida la etapa de investigación penal preparatoria y sostiene que existen elementos suficientes para que el acusado sea sometido a juicio. Ahora deberá realizarse la audiencia correspondiente y será la Justicia de Garantías la que deberá controlar el requerimiento antes de que el expediente pueda avanzar hacia el Tribunal de Juicio.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de la 1.10 de la madrugada, cuando Auzqui, de 46 años, se encontraba en la zona de las calles Güemes y España, en el barrio Yapeyú. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, León llegó hasta ese lugar en bicicleta y le apuntó con un arma calibre .22.

La Fiscalía sostiene que el joven efectuó varios disparos y que Auzqui intentó escapar corriendo por calle España en dirección al norte. Luego tomó un pasillo hacia el barrio Yapeyú, retomó calle Güemes y avanzó hacia el oeste, en dirección a España. En ese trayecto, Auzqui alcanzó a expresar “me pegó” antes de caer en la intersección de Güemes y España.

La autopsia determinó que sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la zona lateral izquierda del tórax. El disparo le provocó una hemorragia interna masiva que finalmente ocasionó su muerte.

León quedó imputado como autor del homicidio. La Fiscalía encuadró el hecho como homicidio simple agravado por la utilización de un arma de fuego, una figura que tiene penas que van desde los 10 a los 33 años de prisión, pero dadas las particulares del caso, la fiscal Cedrés consideró que una pena de alrededor de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo sería la adecuada.

Durante la investigación, el acusado se abstuvo de declarar cuando fue citado a prestar declaración en la audiencia de intimación del hecho. Actualmente permanece bajo prisión preventiva a la espera de que avance el proceso.

Un episodio que requirió la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad y de las autoridades educativas se registró durante la tarde de este martes en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Alrededor de las 15:00, un alumno de 14 años ingresó con un arma de fuego a la Escuela Congreso, ubicada en la intersección de las calles Congreso y Lavalle, donde se produjo una detonación mientras manipulaba el objeto dentro de las instalaciones.

Tras escuchar el disparo, la dirección del establecimiento educativo activó los procedimientos institucionales previstos para situaciones de emergencia dentro del edificio escolar. El personal directivo procedió a resguardar la integridad física de los estudiantes presentes y solicitó la presencia inmediata de la Policía de Tucumán para controlar la situación y garantizar el orden en el predio.

Minutos después del alerta, efectivos pertenecientes a la Comisaría Segunda y a la Unidad Regional Capital (URC) arribaron a la institución para tomar custodia del elemento de fuego y comenzar con las primeras actuaciones sumariales. En forma paralela, el equipo directivo del establecimiento dio aviso formal a las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán, organismo que envió personal para coordinar las tareas de contención emocional destinadas al alumnado, al cuerpo docente y al personal no docente de la escuela.

Las actuaciones policiales e investigativas quedaron orientadas a determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la maniobra del arma dentro del aula o de las áreas comunes del colegio. Asimismo, los peritos judiciales iniciaron las diligencias pertinentes para rastrear la procedencia del armamento, establecer su origen registral y determinar de qué forma el adolescente tuvo acceso al artefacto y logró trasladarlo hasta la institución educativa sin ser detectado en el ingreso.

El suceso generó preocupación en el entorno de la comunidad educativa de la Escuela Congreso, mientras los tutores y familiares de los alumnos se acercaron al establecimiento en busca de información formal sobre lo acontecido. Desde los organismos provinciales indicaron que el caso quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales correspondientes, en tanto el Ministerio de Educación evalúa la implementación de medidas institucionales de prevención y el seguimiento de los protocolos de seguridad escolar en la zona.

Un operativo vehicular realizado este viernes por la tarde sobre la Ruta Provincial 16, en el acceso al camino a Villa Lila, culminó con el secuestro de un arma de fuego sin la documentación exigida por la ley.

Durante el procedimiento, personal de la Brigada Perdices (Departamento Gualeguaychú) y de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales interceptó una camioneta Chevrolet S-10. En el vehículo se trasladaban dos hombres mayores de edad, oriundos de Gualeguaychú.

Al inspeccionar la unidad, los efectivos detectaron una escopeta calibre 16 oculta en el asiento de la carrocería. Al no contar con las autorizaciones correspondientes, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno.

El fiscal interviniente dispuso la identificación de los ocupantes, el secuestro del arma como elemento probatorio e inició actuaciones por presunta tenencia ilegal de arma de fuego. La causa continúa en etapa investigativa.

En el marco de las tareas de control e inspección destinadas a prevenir contravenciones en el ámbito del campo, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales llevó a cabo un operativo que derivó en el secuestro de cinco armas de fuego y abundante cartuchería. El procedimiento tuvo lugar en la zona rural cercana al acceso a la Reserva Las Piedras y la intersección de las rutas provincial 20 y nacional 14. En ese punto estratégico, los efectivos interceptaron la marcha de un vehículo ocupado por cinco hombres mayores de edad, oriundos tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, quienes no pudieron acreditar la portación ni la tenencia legal del armamento que trasladaban en el rodado.

Durante la revisión preventiva, los agentes de la fuerza de seguridad constataron la presencia de dos rifles calibres .22 y .22 Magnum, además de tres escopetas de calibres 12 y 28 de distintos sistemas de tiro. Al solicitar la documentación reglamentaria exigida por la legislación nacional vigente para el transporte de este tipo de elementos, los ocupantes carecían de las credenciales correspondientes, motivo por el cual se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales.

De forma paralela a la vía penal, el personal interviniente labró las actas contravencionales correspondientes por la supuesta infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4841. La medida se tomó al hallar en el interior del vehículo dos ejemplares de carpincho sin vida, especie autóctona de la fauna regional, comercializados o transportados como producto de la actividad cinegética no autorizada. De este modo, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales ratificó la continuidad de los controles intensivos en los accesos y caminos vecinales del departamento.

En un operativo de control vehicular y poblacional realizado durante la madrugada de este domingo, personal de la Brigada Arroyo El Cura, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, intervino en un procedimiento que culminó con el secuestro de dos armas de fuego. Las actuaciones judiciales se iniciaron por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

El dispositivo de prevención tuvo lugar sobre la Ruta Ex Provincial 42. En ese punto, los efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger en la que se trasladaban dos hombres mayores de edad, quienes evidenciaron un marcado estado de nerviosismo al momento de ser interceptados por los uniformados para el correspondiente control de rutina.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Investigación jurisdiccional, el Dr. Fernando Ochoa. El magistrado dispuso la correcta identificación de los involucrados, el secuestro formal de la escopeta por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino y el decomiso del fusil y la carne en el marco de la Ley Provincial de Caza N.º 4.841. Desde la fuerza destacaron que estas tareas rurales se ejecutan de forma permanente para combatir la caza furtiva en el departamento.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 23 de mayo, lo que dio inicio a una serie de tareas investigativas encabezadas por personal de Comisaría Primera junto a efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Según se informó oficialmente, durante la mañana del miércoles los uniformados realizaban relevamientos de cámaras y registros fílmicos en la zona de Aguado y Doello Jurado cuando detectaron un vehículo con características similares al mencionado en la investigación.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado del rodado hasta que finalmente detuvo su marcha en inmediaciones de Moreno y Andrade. Allí fue identificado el conductor, un hombre de 47 años cuyas características físicas coincidirían con las observadas en las imágenes incorporadas al expediente judicial.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía interviniente, se dispuso la permanencia del personal policial en el lugar y posteriormente se autorizó un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Moreno, medida que contó con la autorización del Juzgado de Transición y Garantías en turno.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró una camioneta Toyota Hilux y, dentro del inmueble, un revólver marca Taurus calibre .357 Magnum junto a cartuchos del mismo calibre. Luego, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental para su identificación y quedó en libertad, aunque supeditado a la causa que continúa bajo investigación judicial.

Un crimen en Colonia San Lorenzo conmocionó al departamento Federal, luego de que un hombre de 58 años muriera tras recibir un disparo en medio de una violenta discusión familiar, ocurrida en el ingreso a un establecimiento rural ubicado, a mil metros de la Ruta Nacional 127. Por el hecho, quedó detenido su sobrino, de 32 años, quien se presentó voluntariamente ante la Justicia acompañado de un abogado defensor.

De acuerdo a la información conocida de manera extraoficial, el episodio ocurrió cuando el joven se encontró con su tío, frente a la tranquera de ingreso a un campo, ya que ambos, involucrados residen en las inmediaciones. Tras un intercambio de palabras, la víctima habría atacado al sobrino con un cuchillo, provocándole heridas "contuso-cortante".

Siempre según la reconstrucción preliminar, el hombre de 32 años extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en su tío, causándole la muerte en el lugar. El cuerpo del hombre de 58 años fue identificado como José Oscar Cassette, una persona con un antecedente muy particular.

Investigación y operativo policial

Los investigadores trabajaron durante varias horas en la recolección de pruebas y testimonios para determinar cómo se produjo la secuencia fatal. El cuerpo de Cassette fue trasladado a la morgue de Federal, donde se realizará la autopsia para establecer las heridas que causaron la muerte.

Según confirmó a ElOnce el jefe Departamental de la Policía de Federal, comisario Marcelo Della Giustina, los efectivos secuestraron dos armas de fuego (de puño) en el lugar, sobre las cuales, se realizarán peritajes. Uno de los puntos centrales será establecer si el disparo ocurrió en un contexto de legítima defensa y otros detalles de cómo se desencadenó el crimen.

Un apellido ligado a un antecedente criminal

El caso volvió a poner en escena el apellido Cassette, recordado por un violento crimen ocurrido en Paraná en 2012. El 13 de junio de 2016, José Oscar Cassette fue condenado en juicio abreviado a ocho años de prisión por el homicidio del agente penitenciario Juan Francisco Lazaga.

El hecho había ocurrido el 9 de marzo de 2012 sobre avenida Almafuerte, a pocos metros de Cinco Esquinas. Según la investigación judicial, Lazaga circulaba en motocicleta junto a su esposa cuando protagonizó una discusión de tránsito con los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo al expediente, tras varios intercambios de insultos y maniobras agresivas, los hombres descendieron del vehículo armados con cuchillos de importantes dimensiones. Lazaga sufrió heridas mortales en el pecho, abdomen y tórax. Los atacantes escaparon del lugar en medio del tránsito vehicular hasta ser posteriormente identificados y detenidos.

En aquella causa, José Oscar Cassette recibió una condena de ocho años de prisión por homicidio simple y fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú. En tanto, Miguel Ángel Medina fue sentenciado a un año de prisión condicional por encubrimiento agravado en grado de tentativa.

El crimen del agente penitenciario generó una fuerte repercusión pública en Paraná debido a la violencia del ataque y a las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. La viuda de Lazaga había declarado durante la investigación que la agresión se desencadenó luego de una discusión por maniobras de tránsito.

Sucedió alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes, mientras la Policía realizaba una recorrida preventiva por la zona de Tropas y Palavecino. Los efectivos visualizaron a dos hombres, quienes al advertir la presencia del móvil policial intentaron darse a la fuga.

Uno de ellos fue rápidamente interceptado en el lugar, constatándose que llevaba una mochila en cuyo interior se halló una escopeta calibre 12, junto a siete cartuchos sin percutar. Ambos sujetos, de 26 y 30 años, fueron aprehendidos por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Un efectivo de la Policía de Entre Ríos resultó herido de bala hoy a las 5.30 mientras participaba de un procedimiento vinculado al robo de animales en una zona cercana a la Ruta 12, a la altura del kilómetro 599, en jurisdicción de La Paz.

El funcionario recibió un disparo en el brazo izquierdo, lo que le provocó una doble fractura. Según se informó, permanece internado, fuera de peligro, a la espera de una evaluación traumatológica para definir si será necesaria una intervención quirúrgica.

El hecho ocurrió cuando el Móvil 956, a cargo del sargento ayudante Sergio Jalil y el cabo primero Ángel Mesquida, se detuvo en un camino vecinal situado a unos 200 metros al este de la Ruta 12. Los uniformados patrullaban la zona y habían llegado hasta una propiedad rural que había sido blanco reciente del robo de corderos.

La situación se desató cuando Mesquida intentó cruzar un cerco de alambre para ingresar al terreno. En ese momento se escucharon dos detonaciones de arma de fuego desde el interior del predio y el cabo primero sintió el impacto en su brazo.

Tras el ataque, el efectivo fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano. Desde el hospital indicaron que presenta una fractura en dos partes del antebrazo, con compromiso del radio y el cúbito.Ahora

Se trata de Pablo Federico Florencio Quinteros, un hombre de 48 años, domiciliado en Benavidez, en la provincia de Buenos Aires, que fue el causante de una noche de terror para dos puesteros y sus familias en un campo situado en el sur entrerriano.

Fue detenido esa misma noche y desde entonces se encontraba preso en la cárcel de Gualeguaychú con prisión preventiva. Ahora se definió su futuro en un juicio abreviado realizado en los Tribunales de Gualeguaychú, donde se lo condenó a 2 años y 6 meses de prisión efectiva por sus antecedentes penales y por la imputación que le realizó el fiscal Gastón Popelka por violación de domicilio (dos hechos); daños; amenazas; privación ilegítima de la libertad (dos hechos) y coacción (dos hechos), en contexto de violencia de género.

Una noche para el olvido

Todo sucedió en la noche del miércoles 28 de enero en el establecimiento “Los Ceibos”, ubicado en el kilómetro 2 de la ex Ruta 46, en Villa Paranacito. Esa noche, dos hombres de 36 y 25 años, con sus respectivas familias, vivieron momentos de mucha tensión por casi una hora. Fueron víctimas del ataque de Quinteros, que los sorprendió a la hora de la cena, totalmente alterado, aduciendo que era perseguido.

Primero fue a la casa del capataz, un hombre de 36 años que había llegado al campo Los Ceibos cuatro meses atrás, para trabajar como puestero junto a su pareja. Pero esa tranquilidad se vio alterada por la llegada de este atracador, que pateó la puerta e ingresó violentamente. Les dijo que lo estaban siguiendo, que estaba armado bajo un trapo que envolvía una de sus manos. Le pidió a la pareja si lo podían esconder y alertar a la Policía, a lo que la víctima le dijo que como no tenían señal su mujer debía ir hasta la ruta para dar aviso.

La mujer salió del inmueble, pero la intención fue alertar al otro puestero que se encontraba a unos 50 metros, con su esposa, una hija de 17 años y un hijo de 13. Mientras, el capataz se quedó en la casa con el intruso, que todo el tiempo estuvo parado al lado de la puerta mirando hacia afuera. Pero con el correr de los minutos la situación se tornó aún más extraña y violenta.

Quinteros cambió su actitud. Obligó a su víctima a encerarse en el baño. El hombre encerrado comenzó a gritar y fue allí que el intruso abrió la puerta del baño, lo tomó del cuello y lo obligó a salir en dirección al otro puesto, donde se encontraba su mujer y la otra familia. Siempre amenazándolo con una supuesta arma de fuego escondida, ambos hombres caminaron hasta la otra vivienda y al llegar empezó a patear la puerta y pedir que le abrieran. La puerta se abrió y obligó a las dos mujeres y los menores a encerarse en el baño.

Tras esos momentos de mucho nerviosismo y miedo, hizo salir a todos hacia el patio mientras rompía todo en su interior. Fue en ese momento en que los dos hombres víctimas decidieron hacerle frente para evitar una escalada de violencia. Empezaron a forcejear dentro del baño y lograron reducirlo, mientras que las dos mujeres con los niños corrieron hasta la tranquera donde ya se encontraba un móvil policial.

Los policías ingresaron a la vivienda y detuvieron al hombre de 48 años. El fiscal de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, le tomó declaración y tras ello se esperó por el Registro Nacional de Reincidencia que confirmó un pasado peligroso. Se confirmó que este hombre había cumplido una pena de 8 años y 6 meses de cárcel por un homicidio en 2014 y en diciembre había salido en libertad tras cumplir una segunda condena de poco más de un año por tenencia de estupefacientes.

Un violento asalto se registró este martes por la noche y casi termina en tragedia en la ciudad de Paraná. Alrededor de las 21:20, un joven atacó y baleó a una vecina en un pasillo ubicado en las inmediaciones de avenida Laurencena y Güemes indicaron desde la Jefatura Departamental.

Según la información reportada, el joven de 23 años entró a la casa de sus vecinos ubicada al margen del arroyo y de manera violenta comenzó a exigirles dinero. Ante la negativa de la familia, el asaltante se retiró y volvió minutos después con un arma de fuego.

El joven gatilló tres veces el revólver pero afortunadamente no salieron todos los disparos. Lejos de desistir, el atacante intentó arrebatar un teléfono celular. En ese momento de desesperación, la mujer se levantó de la mesa para recuperarlo y el delincuente volvió a dispararle: esta vez una bala impactó directamente en el pecho de la vecina.

La víctima, de 55 años, vive en esa misma zona y conoce al autor del hecho, quien fue identificado por las autoridades como Carlos Jesús Lazarini, de 23 años.

El agresor escapó del pasillo y huyó del lugar pero fue detenido por la Policía en calle Güemes. Después de la captura, los efectivos de seguridad se pusieron a buscar el arma usada en las inmediaciones y secuestraron el revólver calibre 38 que habría sido el utilizado durante el ataque escondido en un patio con malezas al lado de la casa del detenido.

Inmediatamente después del disparo, la mujer fue trasladada y asistida de urgencia en el hospital San Martín, donde ingresó a la sala de shockroom. Allí se constató que sufrió una herida de arma de fuego en el tórax con orificio de entrada y salida.

Los estudios médicos posteriores detallaron que el proyectil ingresó por la zona del pecho y salió por el costado izquierdo del cuerpo. Afortunadamente, los profesionales de la salud confirmaron que la víctima no presenta lesiones internas de gravedad. Actualmente, la mujer se encuentra estable y fuera de peligro, permaneciendo internada en observación en la sala de cuidados intermedios. Ahora

En la madrugada del domingo, alrededor de las 03:30 horas, un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 225 en la bajada de La Calera, culminó con el secuestro de un arma de fuego y municiones. El operativo fue realizado por personal de las comisarías de Larroque y Carbó.

Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Toyota 4x4 conducida por un joven de 18 años, acompañado por otros dos de 19 y 16 años, todos domiciliados en Gualeguay. Según manifestaron, se encontraban realizando actividad de caza.

Durante la inspección, se constató que transportaban un rifle calibre .308 con su respectivo cargador y nueve cartuchos, sin la documentación correspondiente para su tenencia.

La Fiscalía de Propiedad dispuso el secuestro del arma y las municiones, además de la identificación de los tres jóvenes mediante sus documentos de identidad. Los involucrados quedaron supeditados a la causa por presunta infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal.

Fuente: Prensa Policía

En audiencia desarrollada este jueves por la mañana en Sala Penal de Concepción del Uruguay se trató la apelación a la prisión preventiva de Ivan Emanuel Caseres, de 31 años, acusado de ser cómplice en un intento de asalto fallido a una vivienda, donde un hombre resultara herido de bala. El autor del disparo se encuentra prófugo.

Caseres, mecánico de profesión, fue detenido tras allanamiento en el Barrio 100 Viviendas de Concepción del Uruguay y es representado por le defensora oficial, doctora Romina Pino, en causa que lleva adelante el fiscal Nº 5, doctor Eduardo Santos.

Según informó 03442, en la audiencia donde se dispuso la prisión preventiva por 90 días, la defensa intentó desligar a su cliente señalándose que nunca supo lo que iba a suceder realmente cuando acompañó al hoy prófugo de la Justicia, Gabriel Armando Arocena, destacando además que Caseres no tiene antecedentes penales.

Al no lograr su propósito, ya que la jueza Alejandrina Herrero hizo lugar al pedido fiscal, la defensora presentó la apelación, que fue tratada este jueves por la mañana, donde finalmente el vocal interviniente, doctor Nicolás Gazali, confirmó la medida impuesta oportunamente y el acusado deberá pasar a una Unidad Penal.

El caso y el prófugo

Como lo detallara en su momento la Fiscalía, Gabriel Armando Arocena fue quien entró en la vivienda en calle Antartida Argentina, frente a la Placita La Boba y tras ser atendido por un menor de 11 años, simulando ser mensajero, sorprendiendo a los padres del niño, a los que amenazó con un arma de fuego con intenciones de asalto.

El dueño de casa resistió el atraco y se trabaron en lucha, instante que Aroneca disparó su arma contra la humanidad de la víctima, impactando el tiro bajo la tetilla izquierda, tras lo cual escapó hasta el Fiat Siena que estaba estacionado a una cuadra con Ivan Emanuel Caseres al volante, huyendo ambos rápidamente del lugar, siendo fundamentales para comprobar estos movimientos las imágenes de cámaras de seguridad, en las que se ve claramente a los sujetos Arocena y Caseres.

Por lo pronto, mientras Caseres está detenido y privado de su libertad, el otro asaltante sigue prófugo y con orden de detención. (Fuente: Ahora)

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto Larocca Rees, impuso este miércoles la pena de prisión perpetua a Jorge Alberto Miño, a quien el 26 de febrero un jurado popular declaró culpable por el homicidio de su propio hijo Joel Alexander Emanuel, cometido en diciembre de 2023 en el barrio Las Colinas de la ciudad.

El jurado había considerado a Miño padre autor material y penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo.

El Ministerio Público Fiscal había pedido la pena de prisión perpetua, en tanto que el defensor oficial Eduardo Garay pidió una condena de 26 años de prisión. El juez hizo caso a la Fiscalía.

El hecho ocurrió por el que juzgaron a Jorge Miño sucedió el domingo 10 de diciembre de 2023 cuando el joven de 18 años, identificado como Joel Alexander Emanuel Miño, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en el rostro.

El crimen ocurrió en inmediaciones de calles Vera Peñaloza y Cortada 61, en el barrio Las Colinas, donde el joven habría mantenido un altercado con su padre.

Según la acusación, tras esa discusión recibió el disparo efectuado por su progenitor, que le provocó la muerte de manera inmediata en la vía pública.

Un alumno asistió a clases con un arma de fuego en la Escuela San Miguel de Nogoyá, lo que generó preocupación durante la jornada de este lunes y motivó la activación del protocolo de seguridad del establecimiento.

Según se informó, la situación fue advertida por el cuerpo docente, que dio aviso a los directivos. Inmediatamente se puso en marcha el protocolo correspondiente y se notificó a la Policía.

Minutos después, efectivos policiales se presentaron en la institución, donde procedieron al secuestro preventivo del arma y dieron intervención a las áreas correspondientes de la Justicia y de Minoridad.

Desde el establecimiento educativo indicaron que la situación fue controlada sin que se registraran incidentes mayores y comunicaron lo ocurrido a las familias a través de un mensaje institucional.

“Estimadas familias. Queremos comunicarles que se activó el protocolo por una situación que lo ameritaba en la escuela. La cual fue controlada por personal policial que se hizo presente en la institución. Sin más detalles por dar, atendiendo al protocolo de cuidado de las personas, quedan ustedes debidamente notificados, transmitiendo tranquilidad hacia el interior de cada una de sus familias”, expresaron desde la institución. Ahora

La fiscal Martina Cedrés tendría avanzada la Investigación Penal Preparatoria y en poco más podría requerir la audiencia de elevación a juicio, pero antes se debió resolver la situación del imputado que se encuentra alojado en la cárcel de Gualeguaychú a la espera del debate oral y público.

Morales se encuentra detenido desde que ocurrió el crimen en la pequeña localidad de Las Mercedes, a escasos kilómetros de Larroque. Desde principios de noviembre, y tras un breve paso por el Hospital Centenario, quedó alojado en la UP9 y desde entonces se ha ido prorrogando la presión preventiva que fue requerida por la Fiscalía.

A fin de febrero venció el plazo y en una audiencia realizada el 4 de marzo se decidió continuar con la medida por la gravedad del caso y considerar que existe la posibilidad de fuga del imputado en caso de ser liberado hasta el juicio, pero su defensor Alfio Gette apeló solicitando la liberación. Este lunes se realizó la audiencia ante el juez y Vocal del Tribunal de Juicios, Arturo Dumón, que ratificó la decisión de la juez de Garantías, Natalia Céspedes de mantener la medida preventiva. De esta forma, se dispuso que Morales siga alojado en la UP9 hasta el 2 de abril.

El caso

Raúl Scherer fue asesinado de un disparo el día y la noche que disfrutaba de su jubilación. Tenía 69 años esa madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025 cuando Hernán Morales le disparó con un arma que fue a buscar hasta su casa, molesto porque lo habían echado de la fiesta.

El hecho ocurre en la pequeña localidad de Dos Hermanas, en el interior del departamento Gualeguaychú, que se caracteriza por su tranquilidad. Un pueblo rural, de viviendas alejadas y con la vida social propia de este tipo de parajes. En este contexto, ese primer fin de semana de noviembre se realizaba una fiesta en la casa de los Scherer, por la celebración de un cumpleaños de un sobrino y la jubilación de la víctima, pero todo terminó de la peor forma.

Morales, de 29 años, estuvo radicado en Buenos Aires durante un tiempo, internado por problemas de adicciones, pero en los últimos meses había regresado a vivir junto a su madre y su padrastro, que estaba como encargado del establecimiento San Antonio, ubicado a un kilómetro de la casa de los Scherer.

El acusado ya venía con problemas. Tenía denuncias por violencia de género, radicadas por su ex pareja y sabiendo estos antecedentes, no estaba invitado al festejo porque la joven iba a estar presente en el lugar. Pero Morales se apareció igual y fue allí donde se encontró con la mujer y comenzaron los problemas.

Empezó a molestarla y hubo una discusión muy fuerte con un tercero, por aparentes celos; y fue en ese marco que el dueño de casa lo echó, pero Morales se fue amenazando que volvería y que la situación se iba a poner peor. Fue así que caminó hasta el puesto que tiene su padrastro en el establecimiento y sacó dos armas: una escopeta y una carabina, y regresó caminando hasta la fiesta. Pero comenzó a disparar desde antes de ingresar. Había muchas personas en el festejo, por lo que esos disparos podrían haber impactado en cualquiera, pero fue en el cuerpo de Raúl Alfredo Scherer que tuvieron un resultado mortal.

Un proyectil impactó en la zona inguinal derecha de la víctima, que produjo una hemorragia inmediata con shock hipovolémico, que derivó en una falla renal multiorgánica. Uno de sus hijos lo cargó en una camioneta y lo llevó hasta Larroque, pero los médicos del Hospital San Isidro Labrador no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La Policía fue alertada de inmediato de lo sucedido y cuando llegaron al lugar se cruzaron con la camioneta del padrastro de Morales, que lo trasladaba al hospital para atenderlo de las lesiones que el propio padrastro le ocasionó para desarmarlo. Lo había golpeado en la cabeza con un fierro para quitarle las armas y calmarlo.

Fue hospitalizado y permaneció en Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, pero fue por unos días porque para la tarde del 5 de noviembre recibió el alta y fue llevado a declarar ante la fiscal subrogante Emilce Rivollier, que le tomó declaración por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y luego se resolvió su preventiva. Desde entonces espera por el juicio en la Unidad Penal 9.

Sucedió en la noche del miércoles 28 de enero en el establecimiento “Los Ceibos”, ubicado en el kilómetro 2 de la ex Ruta 46, en Villa Paranacito. Esa noche, dos hombres de 36 y 25 años, con sus respectivas familias, vivieron momentos de mucha tensión por casi una hora. Fueron víctimas del ataque de un hombre de 48 años, que los sorprendió a la hora de la cena, totalmente alterado, aduciendo que era perseguido. Los encerró en el baño e intentó incendiar ambas viviendas.

Todo comenzó en la casa del capataz. Según pudo conocer EL ARGENTINO, este hombre de 36 años había llegado al campo Los Ceibos cuatro meses atrás, para trabajar como puestero junto a su pareja. Pero esa tranquilidad se vio alterada por la llegada de un hombre que pateó la puerta e ingresó violentamente. Les dijo que lo estaban siguiendo, que estaba armado bajo el trapo que envolvía una de sus manos. Le pidió a la pareja si lo podían esconder y alertar a la Policía, a lo que la víctima le dijo que como no tenían señal su pareja debía ir hasta la ruta para dar aviso.

La mujer salió del inmueble, pero la intención fue alertar al otro puestero que se encontraba a unos 50 metros, con su esposa, una hija de 17 años y un hijo de 13.. Mientras, el capataz se quedó en la casa con el intruso que todo el tiempo estuvo parado al lado de la puerta mirando hacia afuera. Pero con el correr de los minutos la situación se tornó aún más extraña y violenta.

El sujeto cambió su actitud. Obligó a su víctima a encerarse en el baño, mientras intentaba prender fuego la casa. Primero lo hizo con una cama de madera, el colchón y ropa. El hombre encerrado comenzó a gritar y fue allí que el intruso abrió la puerta del baño, lo tomó del cuello y lo obligó a salir en dirección al otro puesto, donde se encontraba su mujer y la otra familia.

Siempre amenazándolo con una supuesta arma de fuego escondida debajo de unos trapos que cubrían una de sus manos, ambos hombres caminaron hasta la otra vivienda y al llegar empezó a patear la puerta y pedir que le abrieran. La puerta se abrió y obligó a las dos mujeres y los menores a encerarse en el baño. Luego le exigió al dueño de esa casa que abriera la garrafa mientras intentaba prender fuego una silla de madera, una mesa y la cortina de una ventana.

Tras esos momentos de mucho nerviosismo y miedo, hizo salir a todos hacia el patio mientras rompía todo en su interior. Fue en ese momento en que los dos hombres víctimas decidieron hacerle frente para evitar una escalada de violencia. Empezaron a forcejear dentro del baño y lograron reducirlo, mientras que las dos mujeres con los niños corrieron hasta la tranquera donde ya se encontraba un móvil policial.

Los policías ingresaron a la vivienda y detuvieron al hombre de 48 años. El fiscal de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, le tomó declaración y tras ello se esperó por el Registro Nacional de Reincidencia que confirmó un pasado peligroso. Se confirmó que este hombre domiciliado en el Delta de Tigre, había cumplido una pena de 8 años y 6 meses de cárcel por un homicidio en 2014 y en diciembre había salido en libertad tras cumplir una segunda condena de poco más de un año por tenencia de estupefacientes.

Ello fue suficiente para lograr que se le dictara una prisión preventiva que en principio fue por 40 días. Pero esa medida se venció hace pocas horas atrás y tras la audiencia de elevación del caso a juicio en Gualeguaychú, se discutió la prórroga de la prisión que cumple en la UP9. La jueza de Garantías, Natalia Céspedes, valoró como algo positivo la celeridad de la Fiscalía y amplió la medida por 30 días que vencerán el 7 de abril.

Popelka imputó al hombre por los delitos de violación de domicilio -dos hechos-; daños; amenazas; privación ilegítima de la libertad -dos hechos- ; coacción- dos hechos-; incendio -dos hechos-, en contexto de violencia de género. El Legajo judicial ahora está en manos de la Oficina de Gestión de Audiencias del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú para que disponga de una fecha para el debate en los próximos meses.