La provincia de Misiones atraviesa horas de dolor e indignación tras el hallazgo del cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años que era intensamente buscada desde el pasado 17 de mayo. El macabro descubrimiento se produjo el 28 de mayo en una construcción abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, donde efectivos de la Unidad Regional III realizaban un operativo de búsqueda.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la joven habría sido víctima de un ataque sexual y posteriormente asesinada. La autopsia realizada confirmó que Dulce murió por asfixia mecánica, descartando otras hipótesis y convirtiendo la causa en una investigación por homicidio.

El caso está bajo la supervisión de la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, quien coordina las actuaciones de la División Policía Científica y de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones. Los investigadores trabajan en la reconstrucción de los últimos movimientos de la adolescente y en la recolección de pruebas que permitan identificar a los responsables.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se dieron a conocer detalles precisos de las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Sin embargo, las autoridades señalaron que no se descarta ninguna línea investigativa y que se intensificaron las tareas para esclarecer el hecho.

El hallazgo provocó una profunda conmoción en Eldorado y en toda la provincia. Familiares, amigos y vecinos se movilizaron para exigir justicia y respuestas inmediatas. El caso reavivó el reclamo por mayor protección hacia niñas y adolescentes, en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género y los femicidios.

La comunidad se expresó con dolor y bronca, reclamando que la muerte de Dulce no quede impune. “Queremos justicia, queremos saber quiénes fueron y que paguen por lo que hicieron”, señalaron allegados a la joven en las primeras manifestaciones públicas.

Mientras la investigación avanza, el pedido es unánime: verdad y justicia para Dulce Candia. Su asesinato vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de políticas más firmes de prevención y protección, y deja en evidencia la urgencia de respuestas institucionales frente a la violencia que sufren las adolescentes en la provincia.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega, intentó quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, complejo penitenciario donde permanece bajo custodia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el atentado contra sí mismo fue fallido y debió ser asistido, rápidamente, por el servicio médico del lugar. El hombre de 32 años se encuentra estabilizado y bajo efectos de sedación para evitar que intente otro episodio similar.

Este hecho ocurrió en el marco de la investigación por el femicidio de Vega, donde es el único detenido y principal sospechoso por la desaparición de Vega, luego de que su cuerpo fuera hallado desmembrado.

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse este hecho.

Asimismo, cuenta con dos antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Por ambas acusaciones, el hombre se encuentra imputado.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remís e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

El barrio General Mosconi de Córdoba atravesó una noche marcada por la bronca y el dolor tras confirmarse el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido hacía una semana. El hallazgo de sus restos en un descampado transformó la angustia en indignación y derivó en manifestaciones que se extendieron por la zona.

Vecinos y familiares se concentraron en la casa de la joven, ubicada en Alem al 3700, donde improvisaron un altar con velas y carteles que recordaban las marchas de los días previos. El clima dentro de la vivienda fue devastador, con reproches hacia las autoridades por la demora en la búsqueda.

“Les importó más un partido de fútbol que la desaparición de una chica”, se quejó una vecina. “El ministro ya tendría que haber renunciado”, agregó. “Vamos a prender fuego todo”, manifestaron los vecinos. Afuera, la tensión creció y los reclamos se dirigieron no solo contra el detenido Claudio Barrelier, sino también contra la policía y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

La madre de Agostina, Melisa Heredia, sufrió una descompensación y fue trasladada a un centro de salud, donde permaneció internada en terapia intensiva. Mientras tanto, compañeros de colegio y madres del barrio se sumaron a la vigilia, expresando solidaridad y dolor por la pérdida.

Con el correr de las horas, la protesta se trasladó al Destacamento Policial Juan Pablo II. Allí se produjeron incidentes: algunos manifestantes arrojaron piedras y la policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo corridas, gritos y momentos de descontrol que obligaron a comerciantes de la zona a cerrar sus locales antes de tiempo.

En medio de la movilización, el abuelo de la adolescente, Miguel Heredia, expresó públicamente su dolor y exigió justicia: “Voy a seguir marchando hasta que tenga la justicia que necesita mi nieta. A mi nieta me la mataron. Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte”.

La ciudad de Córdoba amaneció con el recuerdo de una noche de tensión, marcada por el humo de las quemas en las calles y el reclamo de una comunidad que exigió respuestas y justicia por Agostina Vega.

El Tribunal Supremo de Brasil condenó este miércoles a los hermanos Domingos y João Francisco “Chiquinho” Brazão por ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. La sentencia responde al clamor que durante años recorrió el país: “¿Quién mandó matar a Marielle?”.

Los jueces consideraron probado que los dos políticos, con vínculos con grupos paramilitares, fueron los autores intelectuales del crimen que conmocionó a Brasil y al mundo. El fallo los responsabiliza por el doble asesinato de Franco y su chofer, Anderson Gomes, además de un tercer intento fallido, y por pertenencia a organización criminal armada.

La magistrada Cármen Lúcia Antunes Rocha subrayó el carácter político del asesinato y su trasfondo discriminatorio: “La concejala Marielle era una mujer negra, pobre, que osó ir en contra de los intereses de milicianos, hombres blancos y ricos. Ese era el mensaje”.

El juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, destacó que la confesión del sicario que disparó fue clave para llegar a los responsables. “No existe el crimen perfecto, existe el crimen mal investigado”, señaló.

Marielle Franco, de 38 años, era una edil novata del PSOL, activista por los derechos humanos, feminista y defensora de la comunidad LGTB+. Su asesinato la convirtió en un símbolo de resistencia contra la violencia política y el avance de la extrema derecha en Brasil.

La repercusión nacional e internacional fue inmediata: su figura trascendió las fronteras de Río de Janeiro y se transformó en bandera de lucha por la igualdad y la justicia.

El tribunal absolvió al exjefe de la Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa, del doble asesinato por falta de pruebas, aunque lo condenó por obstrucción a la justicia y corrupción. Barbosa fue señalado por haber saboteado la investigación desde dentro para garantizar la impunidad de los Brazão.

Otros dos acusados también recibieron condenas. Las penas específicas serán anunciadas tras la deliberación final del Supremo.

El asesinato de Marielle Franco es considerado el crimen político más relevante de la última década en Brasil. La sentencia contra los hermanos Brazão marca un hito en la lucha contra la violencia política, que según estudios académicos se ha cobrado unas 700 vidas de dirigentes y activistas en los últimos 20 años.

La hermana de la edil, Anielle Franco —actual ministra de Igualdad Racial en el gobierno de Lula da Silva—, estuvo presente en la sala junto a familiares y sobrevivientes del ataque. Su presencia simbolizó la continuidad de la lucha que Marielle encarnó y que, ocho años después, sigue interpelando a la sociedad brasileña.

Nicolás Maduro ha sido trasladado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida coloquialmente como un "infierno en la Tierra" debido a su pésima reputación y duras condiciones de vida. El mandatario venezolano comparte ahora el destino de reclusos de alto perfil que pasaron por sus celdas, como el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El penal alberga actualmente a unos 1.200 internos que esperan juicio, entre ellos el rapero Sean 'Diddy' Combs y el presunto líder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada.

El MDC de Brooklyn ha sido el lugar de reclusión temporal para figuras centrales del crimen organizado y la política internacional:

Narcotráfico y Política: Además de "El Chapo" y "El Mayo", allí estuvo detenido el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exsecretario de seguridad mexicano Genaro García Luna, quien denunció haber presenciado homicidios y apuñalamientos dentro del penal.

Caso Epstein: La británica Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, calificó las condiciones como "inhumanas, crueles y degradantes", llegando a comparar su celda con la de Hannibal Lecter.

Casos Recientes: En 2024 se sumó Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

El exasesor de Donald Trump, Michael Cohen, quien estuvo recluido allí en 2020, describió el lugar como "repugnante". Según su testimonio, los reclusos duermen en camas de acero con colchones de una pulgada y media, sin almohada y en celdas reducidas de ocho por diez pies.

La infraestructura del lugar ha sido objeto de demandas colectivas. En 2019, una falla dejó a los presos sin electricidad ni calefacción durante siete días en pleno invierno, con temperaturas de quince grados bajo cero, lo que derivó en una indemnización millonaria por parte del Estado.

El MDC de Brooklyn es una prisión federal de seguridad administrativa que alberga a detenidos en espera de juicio. Es conocida por sus condiciones severas, descritas por exreclusos como "inhumanas". Las celdas son pequeñas (aprox. 2.5 x 3 metros), con mobiliario de acero y colchones delgados. La instalación ha enfrentado denuncias por falta de personal, violencia interna, acceso limitado a servicios médicos y fallas en la infraestructura básica como la calefacción. (NA)

Los resultados, a cargo del Departamento de Genética del Superior Tribunal de Justicia (STJ), estarán disponibles en aproximadamente un mes. El cotejo se realiza con muestras tomadas a la madre del chofer de 49 años, visto por última vez con vida el martes 7 de octubre.

Los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning ya cuentan con pruebas concluyentes que vinculan al uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años, actualmente detenido en Córdoba por un doble femicidio ocurrido hace un mes, como el responsable del asesinato de Palacio.

La autopsia practicada a los restos confirmó que el chofer fue ejecutado de un disparo en la cabeza, posteriormente descuartizado y sus partes esparcidas en los departamentos Concordia y Tala.

Palacio había llegado a la terminal de ómnibus de Concordia la noche del martes 7 de octubre, procedente de Buenos Aires. Su objetivo era trasladar a Laurta hasta Rafaela, en Santa Fe, pero el viaje nunca se concretó. Está probado que el Toyota Corolla tomó la ruta 22 hacia Chañar, en cercanías de Federal, regresó a Concordia y luego se dirigió por la ruta 14 hasta el acceso a Yeruá.

En la zona de Estación Yeruá fue abandonada una parte del cuerpo, hallada el martes 14 de octubre. El recorrido continuó por caminos rurales hacia General Campos, luego por la ruta 18 y San Salvador, evitando controles policiales. Se presume que en las primeras horas del miércoles 8 el joven chofer ya había sido asesinado, tras aceptar el viaje por el que recibiría 1,5 millones de pesos.

El jueves 9 apareció el Toyota Corolla incendiado en las afueras de Córdoba. Dos días después, el sábado 11, Laurta asesinó a balazos a su expareja, Luna Micaela Giardina (26), y a su exsuegra, Zoraida Mariel Zamudio (54), en una vivienda del barrio Villa Serrana.

El domingo 12 fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, cuando intentaba cruzar a Uruguay con su hijo menor de edad. El plan fracasó y la Policía de Entre Ríos logró detenerlo.

Veintitrés días más tarde, el miércoles 29 de octubre, un vecino encontró un cráneo y restos óseos en un camino rural a 15 kilómetros de Rosario del Tala. Los restos estaban dentro de una bolsa, a pocos metros de la ruta provincial 15, en avanzado estado de descomposición. Junto a ellos había prendas ensangrentadas.

Rodríguez Laurta permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, donde es monitoreado las 24 horas para evitar que atente contra su vida. Las autoridades buscan que llegue a juicio para responder por los tres asesinatos. Hasta el momento no declaró en ninguna de las causas y solo se limitó a vociferar frases en cada traslado judicial. Todo indica que enfrentará condenas a prisión perpetua. Ahora

En un exitoso operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos, fue detenido el femicida Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba y de secuestrar a su hijo de 5 años, Pedro.

El niño fue rescatado, la imagen de su abrazo con una de las oficiales que lo puso a resguardo se viralizó rápidamente, llevando alivio a todo un país que seguía el caso con angustia.

Pablo Laurta, acusado por el asesinato de su expareja y su exsuegra en Córdoba, fue capturado este domingo en Gualeguaychú, Entre Ríos. El operativo se concretó en el Hotel Berlín, donde el prófugo se alojaba junto a su hijo Pedro, de 5 años, quien había sido secuestrado tras el crimen. El niño fue rescatado en buen estado de salud y quedó bajo resguardo policial.

La investigación se aceleró cuando el 9 de octubre apareció un Toyota Corolla incinerado en Córdoba. El vehículo pertenecía a Martín Palacios, un remisero que había desaparecido dos días antes, luego de ser contratado por Laurta. Este dato conectó a las fuerzas de seguridad de ambas provincias, que comenzaron a intercambiar información en tiempo real.

Gracias al rastreo de su celular se ubico su paradero. La policía montó una vigilancia discreta en el hotel, y esperó el momento justo: Laurta fue detenido en el pasillo al salir de la habitación 209, sin posibilidad de escapar. Pedro caminaba detrás de él y fue inmediatamente protegido por los efectivos.

Tras su detención, Laurta se descompensó y fue trasladado al hospital local, donde permanece bajo custodia. La habitación fue asegurada a la espera de una orden judicial para su requisa. Mientras tanto, el niño fue llevado a la Comisaría del Menor para recibir contención.

El caso conmociona al país por su brutalidad y por la compleja trama que permitió la captura del prófugo. La investigación sigue abierta, con foco en el destino del remisero desaparecido y en los vínculos previos del agresor.

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El hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima en el barrio porteño de Coghlan, 41 años después de haber sido asesinado, expuso en los medios de comunicación una cuestión que poca gente conoce, pero que se encuentra bien definido en el Código Penal argentino: la prescripción de una causa.

El crimen, que se confirmó con el hallazgo del cuerpo, más de cuatro décadas después de la desaparición del chico, cuando la víctima tenía 16 años, colocó a su amigo y compañero de escuela como principal sospechoso. Toda la evidencia recolectada hasta el momento complica a Cristian Graf, pero más allá de todo lo que se pueda demostrar y decir, el fiscal del caso no puede hacer nada para llevarlo preso por homicidio porque la causa penal está prescripta.

La prescripción es la garantía que tienen los ciudadanos de ser juzgados en un plazo razonable. El Código Penal establece plazos de acuerdo a la gravedad de los delitos. Y los delitos que tienen pena de prisión perpetua prescriben a los 15 años, mientras que el resto prescriben al tiempo máximo de duración de la pena o un máximo de 12 años. Hay excepciones: los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

En Gualeguaychú hay un caso del cual ya no se habla y pocos conocen, del que ya transcurrieron 14 años, y que según cómo se mire y se pueda calificar jurídicamente, la causa ya prescribió o está punto de hacerlo.

El homicidio de Leonardo Herrera se conoció en la mañana del 1 de julio del 2011 y a partir de ese momento la causa judicial pasó por muchas manos. Quien inició la investigación fue el ex juez de Instrucción N° 3, Sergio Carboni. Por aquellos años, esta figura era quien comandaba las actuaciones de todas las investigaciones y relegaba a los fiscales a un segundo plano.

Así funcionaba el sistema investigativo por aquel entonces. Los fiscales eran meros colaboradores del Juez de Instrucción. Pero tras la jubilación de Carboni, el caso pasó al Juzgado de Instrucción N° 1 de Eduardo García Jurado, que lo suplantó interinamente.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2013, llegó la tan esperada Reforma Procesal Penal en Entre Ríos, que eliminaba la figura del Juez de Instrucción y aparecían los Juzgados de Garantías y de Transición, que tenían como finalidad resguardar las garantías del proceso penal y de las investigaciones que ahora quedaban en manos del Ministerio Público Fiscal.

Entonces, la investigación por el crimen de Leonardo Herrera pasó a la órbita del Juzgado de Garantías y Transición de María Angélica Pivas, que tomó ese lugar por aquellos tiempos, pero durante un corto periodo, porque tras su nombramiento como vocal de la Cámara de Gualeguay, el caso quedó en manos de su reemplazante, otro interino, el juez Mario Figueroa.

Luego de un tiempo subrogando el cargo de Juez de Garantías en Gualeguaychú, Figueroa también se alejó de la jurisdicción y su puesto fue tomado por el actual juez Ignacio Telenta.

Hay una máxima en el ámbito judicial forense que dice que las primeras 72 horas son claves para el esclarecimiento de un crimen; y que pasado ese tiempo las pruebas se van perdiendo, haciendo cuesta arriba llegar al culpable. Durante estos últimos 14 años esos folios o fojas han pasado de mano en mano sin que existan mayores novedades respecto al caso. Y a medida que pasa el tiempo todo hace suponer que es una causa condenada al archivo.

Leonardo Herrera fue encontrado muerto, atado de pies y manos a una silla, y cubierto con una manta, en un complejo de bungalows, situado muy cerca de la guardería de lanchas. Tenía un corte de 10 centímetros sobre el lateral derecho del cuello, en la zona de la arteria aorta, y siete puñaladas en el tórax.

Desde ese día se tomó la posible hipótesis de que habían actuado entre tres y cuatro personas, incluso se habló de la filmación de una cámara de seguridad de un complejo aledaño a la escena del crimen, pero nunca se pudo ver fielmente lo que mostraban esas imágenes, y mucho menos identificar a alguien.

Leonardo Herrera trabajaba como sereno en ese complejo de alojamiento turístico y tras el asesinato tomó fuerza la línea investigativa de que la víctima conocía a sus homicidas, porque en la escena del crimen no había nada que mostrara indicios de un ingreso violento. Incluso los autores del hecho habrían permanecido con Herrera toda la noche, pero en un momento determinado ocurrió algo que desencadenó la tragedia.

En principio se habló que el móvil sería el robo de un televisor LCD de 52 pulgadas, otra TV de 20 pulgadas, una computadora y un DVD, aunque la investigación policial no descartó otras hipótesis como un crimen de índole pasional o un ajuste de cuentas. Eso fue lo que se dijo en aquel momento. En definitiva, no se tenía nada y no se descartaba nada.

En los albores de la investigación se nombró la posibilidad de que hayan sido cuatro las personas que estuvieron con Leonardo Herrera la noche del crimen, pero nunca quedó muy claro qué fue lo que pasó con ellos y si pudieron ser identificados.

Se estimó que estas cuatro personas abandonaron el lugar en un vehículo y una de las pruebas más importantes con las que se contaba en un principio era la filmación de una cámara de seguridad de la guardería de lanchas del Camino de la Costa y Calle 2, en las que se observaba el tránsito de un auto en la hora señalada en la que ocurrió el crimen.

Pero con esto hubo un grave inconveniente: nunca se pudo distinguir nada de esa imagen por la baja calidad de la filmación. La definición era muy mala, era de noche y el Camino de la Costa era algo totalmente diferente a la actualidad, muy oscuro y con poco tránsito, principalmente en la madrugada.

El video se remitió para ser analizado, pero nunca se pudo mejorar. Los píxeles no eran lo suficientes como para estirar la imagen sin que perdiera claridad, y además se dificultó realizarlo con otro tipo de tecnología debido a la deficiencia en tecnología del sistema informático que existía en ese momento en Entre Ríos.

El abogado que representó a la familia Herrera solicitó que esas imágenes fueran remitidas a la Policía Federal o a Gendarmería Nacional, pero desde la Justicia se negó ese pedido y se requirió que se le preguntara a la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos para saber si había incorporado tecnología para ello. "La causa no avanza porque no hay tecnología suficiente como para profundizar la investigación como se debería", explicó años atrás el querellante.

Actualmente, quien tiene bajo su órbita el caso es el juez de Garantías, Ignacio Telenta. En diálogo con EL ARGENTINO tiempo atrás, explicó que la causa “tiene un registro palmar levantado en el lugar del hecho, que ha sido cotejado y no ha dado resultados positivos”.

Su última directiva fue volver a cotejar esas huellas con las bases de datos nacionales y provinciales, pero tampoco arrojó los resultados esperados que pudieran redireccionar la investigación. Incluso, hubo cierto optimismo en que esos cotejos de huellas con los registros con la base de datos de la Policía Federal Argentina en CABA y Provincia de Buenos Aires pudieran encauzar la investigación, pero los resultados también fueron insatisfactorios.

El derecho es un campo en el que la interpretación juega un papel crucial. Las leyes a menudo son ambiguas o pueden aplicarse a situaciones fácticas complejas. Incluso, la línea entre ellas muchas veces es tan delgada que – como en este caso – depende de cómo se interprete, la causa por el crimen de Leonardo Herrera puede estar prescripta o no, y sus autores nunca podrán ser juzgados.

No se califican los hechos antes de conocerse correctamente todas las circunstancias que lo rodean. Es decir, hasta el momento, nunca se pudo calificar penalmente el crimen de Leonardo Herrera porque nunca quedaron claras las circunstancias que rodearon al caso. No se puede confirmar si se trató de un homicidio simple, si fue un homicidio en ocasión de robo o si se encuadra dentro de la figura de homicidio criminis causae, que tiene una pena de prisión perpetua.

El Artículo 62 del Código Penal Argentino establece los plazos de prescripción de la acción penal. La prescripción extingue la posibilidad de perseguir un delito y ejecutar la pena después de transcurrido cierto tiempo sin que se inicie o continúe el proceso penal. Los plazos de prescripción varían según la gravedad del delito y la pena prevista: 15 años para delitos con pena de reclusión o prisión perpetua, y de 12 años para aquellos otros, como ser el homicidio simple o el homicidio en ocasión de robo.

La prescripción comienza a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, y desde el 1 de julio de 2011 hasta ahora han transcurrido 14 años. En el caso de que aparecieran nuevas evidencias antes del próximo mes de julio y se confirme que se trató de un homicidio criminis causae, cuando el asesino mata para evitar ser descubierto, el crimen de Leonardo Herrera no está prescripto, pero si todo se orienta a un homicidio en ocasión de robo, donde la muerte ocurre durante o como consecuencia de un robo, sin estar planeado, el homicidio ya está prescripto.

Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández Lima, se presentó esta mañana en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 con el fin de ponerse a disposición de la Justicia, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Las fuentes detallaron que se le comunicó que aún no se adoptó ningún temperamento en torno a él y se le brindó la dirección de la Defensoría Oficial que le tocaría, en caso de ser necesario.

Al mismo tiempo, Perrando tiene previsto tomar una serie de testimoniales en la sede de la fiscalía: tres hoy y tres mañana. Se trata de excompañeros de colegio de la víctima y del sospechoso y de obreros de la empresa que hizo la excavación y demolición en la casa en la que se descubrieron los restos.

El cuerpo de Diego fue hallado el 20 de mayo pasado por obreros que trabajaban en una vieja casona ubicada en el barrio porteño de Coghlan, en la que vivió Gustavo Cerati.

Confirmada la identidad del cadáver encontrado en una pequeña fosa, la prioridad de la fiscalía será armar el rompecabezas para poder determinar qué pasó con la víctima, a más de 40 años de su desaparición.

Luego de asistir a la fiscalía, ubicada en Avenida De Los Inmigrantes 1950, Graf regresó a su casa de Cohglab y rechazó las acusaciones en su contra. “¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?“, le consultó la periodista Mercedes Ninci, cronista del programa ”Mujeres argentinas” (El Trece), mientras Graf ingresaba al domicilio acompañado por su pareja y otro hombre.

Ante la pregunta, el principal sospechoso de haber asesinado a Fernández Lima intentó apartar el micrófono y respondió con un tajante ”¡Noooo!".

La resolución del tribunal revisor, emitida el 1° de julio, rechazó los recursos presentados por la defensa oficial. Los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar votaron por confirmar las condenas, mientras que Guillermo Yacobucci se pronunció a favor de absolver a Smart. No obstante, por mayoría, se ratificaron las penas y se calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad.

Además, se exhortó al tribunal oral a preservar la totalidad del material probatorio, mediante su digitalización y resguardo, garantizando el acceso eficiente para futuras investigaciones. El fallo citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, subrayando el deber estatal de conservar pruebas en causas de lesa humanidad.

Durante el procedimiento ilegal, agentes policiales ingresaron sin orden judicial a la vivienda de Orué, asesinaron al hombre y secuestraron a su tía Marcelina Juani y a sus hijos Marcelo y Ariel, de 14 y 9 años. Fueron trasladados a la comisaría de Berazategui, donde se reencontraron con Raúl Aguirre, medio hermano de Orué, también secuestrado. Todos fueron sometidos a tormentos. Los policías robaron bienes, mataron al perro de la familia y Keller se apropió de otro, que luego devolvió. El cuerpo de Orué fue enterrado como NN en el cementerio local.

El fiscal general Raúl Pleé intervino en la revisión, mientras que en el juicio actuaron Juan Martín Nogueira, Ana Oberlin y Gonzalo Miranda, de la Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad.

El juez Slokar destacó el rol de Smart como parte del engranaje represivo del denominado “Circuito Camps”, una red de más de treinta centros clandestinos de detención bajo la órbita de la Policía bonaerense. Señaló que el Ministerio de Gobierno, a cargo de Smart, brindó cobertura institucional y recursos al accionar ilegal de las fuerzas de seguridad.

Respecto a Keller, la Cámara desestimó el argumento de que actuó bajo la presunción de legalidad. Indicó que el operativo fue parte del plan criminal estatal, sin orden judicial ni respaldo legal. También se remarcó la gravedad de los hechos cometidos contra menores, quienes fueron interrogados bajo amenazas y torturas.

La sentencia reafirma la responsabilidad penal de ambos acusados como coautores del homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos agravados y robo doblemente agravado. El fallo se inscribe en la política de memoria, verdad y justicia, y refuerza el compromiso del Estado argentino con la no repetición de estos crímenes.

Un nuevo hecho de sangre conmueve a Entre Ríos. En la noche del domingo, mientras se celebraba la fiesta patronal en honor a San Benito en el Barrio Quinto Cuartel de Victoria, una pelea entre dos hombres derivó en un homicidio que tendría raíces en una vieja disputa familiar.

La víctima, identificada como Julio Ghiglioni, de 70 años, fue atacada con un facón en la zona abdominal. El agresor, un hombre de 68 años de apellido Sánchez, fue detenido en el lugar, donde numerosos asistentes presenciaron el incidente. Según relataron testigos a las autoridades, el ataque se dio en medio de una discusión que escaló rápidamente a un desenlace fatal.

Ghiglioni fue trasladado de urgencia al Hospital Fermín Salaberry, donde los profesionales intentaron salvarlo con maniobras de curación, pero falleció por la gravedad de las lesiones.

Desde la Policía de Victoria, el subjefe departamental Roberto Donda reveló que, según declaraciones recabadas en el lugar, el atacante habría manifestado que se trataba de una venganza. “Se pudo recabar que esta persona había dicho que se trataba de una venganza por un hecho de 35 años atrás”, indicó Donda a Elonce.

De acuerdo a los primeros datos, el origen del conflicto se remontaría a una pelea entre Ghiglioni y el padre del presunto agresor, fallecido tras ese enfrentamiento décadas atrás. “Con el avance de la investigación se buscará más información para esclarecer los hechos”, agregó el comisario.

Al lugar acudieron los fiscales Flavia Villanueva e Iván Yedro, quienes coordinaron las tareas de Policía Científica y la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal. Las autoridades ordenaron la incautación del arma blanca utilizada y la toma de testimonios para reconstruir la secuencia del hecho.

El cuerpo de la víctima será trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia, que permitirá determinar con precisión las causas de la muerte. Mientras tanto, Sánchez permanece detenido en la comisaría local, a disposición de la Justicia.