Según consta en la denuncia presentada por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp, alrededor de las 10.30, un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con la pechera de ATE, entre ellas dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional, se presentó en el edificio de la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno de Entre Ríos, forzó el ingreso y se generó un forcejeo con el personal de Mesa de Entradas.

Siguiendo con la denuncia, el grupo se desplazó luego por las oficinas, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazas hacia los trabajadores, exigiendo la agilización de trámites gremiales. Hubo empujones y forcejeos hacia varias empleadas, golpes reiterados a las puertas y daños en mobiliario. Incluso se detalló que un empleado debió permanecer encerrado en una oficina y llamó al 911.

La denuncia también menciona un episodio anterior, ocurrido el 19 de mayo de 2026, con amenazas de similar gravedad contra la funcionaria.

El Gobierno provincial pondrá a disposición de la Justicia los registros fílmicos y el testimonio de más de una decena de testigos, y solicitó medidas de seguridad para el personal.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sesiona este miércoles desde las 11:30 para tratar el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca reestructurar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en medio de un amplio rechazo por parte de los sindicatos estatales y agrupaciones de pasivos.

El proyecto de ley mantiene el 82% móvil como principio del sistema, pero introduce cambios estructurales significativos: establece un aumento gradual en la edad de retiro para equipararla con el esquema nacional, modifica el cálculo del haber inicial al ampliar la cantidad de años tomados para el promedio salarial y altera las alícuotas de aportes y regímenes especiales. Asimismo, la norma declara la emergencia previsional e impone aportes extraordinarios a los sueldos más elevados de la administración pública.

El texto llega al recinto luego de haber recibido más de 20 modificaciones en el Senado —fruto de reuniones con sindicatos, colegios profesionales y especialistas—, donde fue aprobado por 10 votos a favor y 7 en contra gracias al acompañamiento de dos senadoras de la oposición.

Seguí la sesión en vivo:

Mientras se desarrolla el debate legislativo, las calles de Paraná son escenario de una jornada de protesta masiva. Acompañando la medida de fuerza impulsada por gremios como AGMER, ATE, AMET y AJER, la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizó desde la sede del organismo previsional hasta la plaza Carbó, ubicada en la parte posterior de la Casa Gris.

La manifestación se siente de manera directa en el recinto: los equipos de sonido del cuerpo legislativo debieron ajustarse al máximo volumen para que los diputados puedan hacer uso de la palabra por encima del ruido de la marcha exterior.

Desde el sector sindical remarcan que la reforma representa un retroceso en los derechos conquistados y exigen que el déficit financiero del organismo se resuelva mediante fuentes alternativas sin alterar las condiciones de acceso ni el cálculo de los haberes. Por su parte, la gestión provincial defiende la urgencia de la medida argumentando el progresivo deterioro de la relación entre trabajadores activos y beneficiarios, así como la insostenibilidad del déficit fiscal que arrastra el sistema.

(Fuente: Redacción Provincial)

La propuesta oficial consistía en una recomposición del 7% distribuida en dos tramos: un 3% para los sueldos de julio y un 4% para septiembre (calculados sobre el mes inmediato anterior). Con el objetivo de evitar demoras en la liquidación y garantizar que la suba impacte con celeridad en el bolsillo de los agentes públicos, la administración de Rogelio Frigerio optó por avanzar de manera unilateral con el primer tramo del ofrecimiento.

El miembro paritario del Ejecutivo, Ricardo Vales, fundamentó la decisión señalando que las pautas se adoptan bajo un criterio de previsibilidad financiera para las arcas de la Provincia, condicionado por la caída de la coparticipación nacional y el contexto macroeconómico general.

"La propuesta fue rechazada por ambos gremios. Más allá de eso, nosotros vamos a mantener el diálogo y la paritaria. Creemos que es esencial seguir discutiendo", sostuvo Vales tras el encuentro, el cual estuvo marcado por momentos de fuerte tensión. El funcionario aclaró que los representantes sindicales firmaron el acta dejando constancia de sus reclamos, pero también de la voluntad de continuidad de las negociaciones, por lo que se pactó una nueva convocatoria para el mes de agosto.

Desde ATE, el secretario general Oscar Muntes calificó la negociación como "muy tensa" y consideró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo "muy lejos de la realidad" inflacionaria que atraviesan los empleados públicos.

Muntes cuestionó que la propuesta representa apenas un punto porcentual más que la oferta anterior y criticó la ausencia de un plan de recuperación salarial a largo plazo. "Desde diciembre de 2023 la pérdida del poder adquisitivo supera el 41%", afirmó el dirigente, quien además advirtió que muchos trabajadores deben recurrir a créditos para afrontar gastos básicos.

Ante este panorama, ATE ratificó el paro total de actividades con movilización para este miércoles, medida de fuerza que también se realiza en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria provincial.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, también rechazó la propuesta oficial y retiró a la representación gremial de la mesa de negociación, aunque aclaró que el sindicato pretende mantener abierto el canal de diálogo.

Domínguez señaló que el incremento propuesto representa una mejora que "no supera los 40.000 pesos" en la mayoría de los salarios. Asimismo, lamentó que el Ejecutivo no presentara alternativas ni respuestas a otros reclamos pendientes del sector, como la actualización de las asignaciones familiares, el piso salarial, la situación de áreas críticas como enfermería y presuntos errores en la liquidación del medio aguinaldo, donde denunció diferencias de hasta 70.000 pesos por la exclusión de sumas fijas.

En este marco, UPCN anticipó que durante el transcurso de la semana definirá la fecha de un "paro activo" para visibilizar la situación salarial y las condiciones laborales de los estatales entrerrianos.

El Gobierno nacional anunció de manera oficial una iniciativa privada que propone construir una nueva central nuclear en el país con la inyección de capitales estadounidenses. El proyecto, presentado formalmente por la firma Meitner Energy, prevé instalarse de forma estratégica en el sitio Atucha, perteneciente a la órbita de Nucleoeléctrica Argentina. Debido a su envergadura tecnológica y al monto total proyectado, la inversión calificaría para ingresar al Súper RIGI, el régimen de incentivos que se tramita en el Congreso.

La compañía impulsora pertenece al Ansari Group, una corporación internacional liderada por el magnate Hamid Ansari, y cuenta con una participación del Invap argentino, que retiene el 40 por ciento de las acciones. Según confirmaron diversas fuentes oficiales, el financiamiento de USD 1.200 millones provendrá de forma íntegra de fondos privados, estimando además que la construcción y puesta en marcha del complejo generará cerca de 2.000 puestos de trabajo directos.

Por su parte, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, defendió la articulación público-privada en el sector al asegurar que el capital privado asume el riesgo mientras el Estado garantiza previsibilidad. El esquema pautado le otorga a Nucleoeléctrica Argentina la operación y el mantenimiento de la planta bajo condiciones de mercado, mientras que la empresa abonará un canon por el uso de la superficie. El plazo estimado de obra es de cinco años una vez aprobado el licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

La polémica sumó tensión debido a las críticas por la desarticulación del Carem, un reactor estatal de menor escala en el que se trabajaba hace años y que, según voces opositoras, será reemplazado por esta nueva opción privada. No obstante, fuentes del sector señalaron que el proyecto estatal no era estrictamente modular y registraba costos de capital mucho más elevados, defendiendo la necesidad de reformatear el rol de la comisión hacia la investigación y el desarrollo futuro.

"Más allá de los despidos vigentes, el problema central son los más de 200 ingenieros y expertos que dejaron el organismo estatal tentados por mejores salarios en el sector privado", alertó un consultor especializado. La pérdida de profesionales formados por el Estado argentino encendió alarmas sobre la capacidad técnica para acompañar los futuros proyectos de inversión privada en el país.

Con información de Infobae

El acceso a Gualeguaychú será este miércoles 24 de junio el epicentro de una protesta regional contra la reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio. Desde las 10 hasta las 15 horas, trabajadores y jubilados de distintas localidades se concentrarán en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional 14 para expresar su rechazo al proyecto que se debate en el Senado entrerriano.

La acción, convocada por la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, se realizará en simultáneo con otras medidas en Concordia —en el peaje de la Ruta 14— y en Paraná, en la zona del Túnel Subfluvial. La jornada busca visibilizar el descontento de los gremios y organizaciones sociales frente a lo que consideran un retroceso en derechos adquiridos.

“Compañeros llegados desde Islas del Ibicuy, Concepción del Uruguay y Gualeguay, además de los trabajadores locales, estarán presentes en la volanteada”, detalló Alberto Mendoza, secretario general de ATE Gualeguaychú. Entre las organizaciones confirmadas figuran AMET, ATE, AGMER, AJER (judiciales) y el Centro de Jubilados, junto a numerosos trabajadores que se sienten afectados por el eventual impacto de la reforma en sus haberes.

Los gremios advierten que la iniciativa oficial eliminaría el 82% móvil, reduciría los haberes iniciales y otorgaría facultades extraordinarias al Ejecutivo provincial, lo que consideran inconstitucional. En paralelo, más de 50.000 firmas de entrerrianos fueron presentadas ante la Legislatura como expresión del rechazo ciudadano.

La protesta forma parte del plan de lucha que la Multisectorial sostiene en toda la provincia. Para los organizadores, el kilómetro 53 de la Ruta 14 es un punto estratégico que permite visibilizar la resistencia de la región y sumar voces al reclamo provincial.

La movilización de este miércoles será, además, una oportunidad para reforzar la unidad entre gremios y jubilados en defensa de la Caja de Jubilaciones. “Unidos y organizados defendemos nuestros derechos”, remarcan los convocantes, convencidos de que la presión social es clave para frenar la reforma.

El Senado de Entre Ríos trazó un esquema tentativo de exposiciones en el marco del debate por la reforma previsional. La agenda se extenderá desde el 10 de junio hasta el 1 de julio y contempla la participación de gremios, funcionarios, magistrados, jubilados y especialistas. La definición se produjo este miércoles en un plenario de comisiones, donde se dio inicio formal a la discusión de la norma enviada por el Poder Ejecutivo provincial.

La primera jornada está prevista para el miércoles 10 de junio a las 9, con la presencia de Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, y de Fabián Boleas, ministro de Economía. Ese mismo día, a las 15, se sumarán gremios docentes y estatales: AGMER, AMET, UDA, SADOP, ATE y UPCN.

El jueves 11 de junio a las 9 será el turno de otros sectores sindicales y asociaciones, entre ellos AJER, APLER, UEJN, FESTRAM y SUOYEM. La agenda continuará el martes 16 de junio a las 15, con la participación de la Federación de Jubilados y Pensionados, la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos y el Colegio de la Abogacía.

Para el miércoles 17 de junio a las 9 se prevé la incorporación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, aunque esa convocatoria aún figura como “sujeta a confirmación”.

El martes 23 de junio a las 15 se dará espacio a representantes de la Liga de Intendentes Justicialistas, la Liga de Intendentes Vecinalistas y la Liga de Intendentes de Juntos por el Cambio.

El miércoles 24 de junio a las 9 se escuchará a los ex presidentes de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione y Daniel Elías, junto a especialistas en derecho previsional y constitucional. Ese mismo día, a las 15, se reservará un espacio para universidades.

La última instancia está prevista para el miércoles 1 de julio, con horario aún por definir. Allí se retomará la discusión en comisión para evaluar los aportes recibidos y avanzar en la redacción final del dictamen.

El cronograma refleja la intención de abrir el debate a distintos sectores de la sociedad entrerriana, desde sindicatos y asociaciones profesionales hasta universidades y especialistas. La diversidad de invitados busca garantizar un análisis amplio de la reforma, que apunta a modificar aspectos sensibles del sistema previsional provincial.

El debate se da en un contexto de tensión política y social, con gremios que ya anticiparon su rechazo a cambios que puedan afectar derechos adquiridos, mientras que funcionarios insisten en la necesidad de garantizar la sustentabilidad financiera de la Caja. El Senado, con este esquema de audiencias, se convierte en escenario de un debate que promete ser intenso y prolongado, con miradas contrapuestas sobre el futuro de las jubilaciones en Entre Ríos.

El encuentro se realizó en el marco de la continuidad de las negociaciones salariales para la administración pública provincial.

Allí, los funcionarios del Ejecutivo formalizaron una oferta que contempla una actualización del 3,5%, porcentaje que supera por escaso margen el 3,4% de inflación que registró el último mes medido por el Indec.

Tras escuchar la propuesta, los gremios manifestaron que el porcentaje no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y plantearon la necesidad de que el Gobierno revise la oferta con una mejora en los porcentajes planteados.

El encuentro pasó a un cuarto intermedio: las partes volverán a reunirse el martes 12 de mayo a las 14 hs. (APFDigital)

Pasadas las 11 de la mañana de este viernes 1° de mayo, el mausoleo del Cementerio Norte de Gualeguaychú volvió a ser escenario de la tradicional ceremonia con la que el movimiento obrero local conmemora el Día Internacional del Trabajador.

La fecha, que evoca la lucha universal por los derechos laborales, tiene en la ciudad un significado especial: recuerda también los enfrentamientos y muertes ocurridos en la jornada sangrienta de la Plaza San Martín.

Referentes de la CGT Regional, las dos CTA, ATE y otros gremios se congregaron en el acto, cuyo momento central fue la lectura del documento oficial por parte de Claudio de Los Santos, titular de la CGT Gualeguaychú. Bajo el título “El trabajo es con derecho o es esclavo”, el texto repasó la situación actual de la clase trabajadora y ratificó el compromiso gremial con la defensa de los derechos laborales, la justicia social y la unidad del movimiento obrero.

El acto incluyó además un homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura, en coincidencia con los 49 años de la primera marcha de Madres de Plaza de Mayo. En ese marco, la ofrenda floral fue colocada conjuntamente por una representante de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú y un trabajador, gesto que unió la memoria obrera con la de los derechos humanos.

La ceremonia culminó con la exhibición de la histórica bandera roja de la Federación Obrera Departamental, símbolo de las luchas sindicales en la región, que se desplegó como legado vivo de generaciones de militancia.

El documento gremial fue contundente: “Atravesamos un contexto crítico, con políticas económicas que benefician a unos pocos y desmantelan nuestras industrias. No nos resignamos. Estamos convencidos de que un trabajo digno para todas y todos es posible y es el único camino para la reconstrucción de la Patria”.

Con esa consigna, los gremios locales cerraron la jornada reafirmando que el Día del Trabajador es, más que nunca, una fecha de lucha, memoria y unidad.

En un escenario marcado por la discusión salarial y el debate sobre la Caja de Jubilaciones, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos definió un plan de acción que combina protesta, movilización y propuestas alternativas. La decisión surge de un plenario de secretarios generales que busca frenar políticas de ajuste y defender derechos adquiridos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos resolvió un plan de lucha que incluye una jornada nacional de protesta y una movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná. La medida fue definida en un plenario de secretarios generales realizado el miércoles, donde se debatió la situación salarial y el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El encuentro, encabezado por el secretario general Oscar Muntes, marcó el inicio de una estrategia de acción directa frente a lo que consideran un avance de políticas de ajuste en la provincia. “Nos convocamos en un momento crítico. La municipalidad no descansa en profundizar el ajuste y nosotros debemos responder con unidad”, expresó Muntes durante la apertura.

En relación a la paritaria salarial, se acordó participar de la Jornada Nacional de Lucha prevista para el martes 23 de abril. Cada seccional tendrá autonomía para definir la modalidad de protesta, que podrá incluir paros activos, asambleas y movilizaciones en distintos puntos de Entre Ríos.

Uno de los ejes centrales del plenario fue la defensa de la Caja de Jubilaciones. El gremio resolvió realizar asambleas permanentes en todas las reparticiones públicas, interpelar a legisladores de los distintos bloques políticos y convocar a una movilización masiva hacia la Casa de Gobierno. La consigna es frenar cualquier intento de reforma previsional que implique ajustes sobre los trabajadores.

Como alternativa, ATE presentó el proyecto de creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper). La iniciativa, expuesta por el secretario de Organización Víctor Sartori, plantea que el financiamiento del sistema no recaiga sobre los beneficiarios sino sobre los sectores económicos concentrados. Según el gremio, el 70% del déficit de la Caja responde a decisiones políticas históricas y no a la relación activo-pasivo. Bajo la premisa de que “la jubilación es salario”, el proyecto busca redistribuir excedentes para sostener el sistema de reparto asistido sin vulnerar derechos adquiridos.

El plenario también abordó la situación de los trabajadores municipales, cuyos salarios en varias localidades se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, se analizó el estado de los comedores escolares, advirtiendo sobre la necesidad de garantizar la asistencia alimentaria en un contexto de inflación elevada.

Fuente: APFDigital

El Juzgado del Trabajo N°3 de Gualeguaychú resolvió el 1 de abril de 2026 rechazar la acción de amparo sindical promovida por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos – Secretaria de Trabajo y Seguridad Social-, en relación con la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza realizada en agosto de 2025, cuando trabajadores de la Dirección de Obras Públicas realizaron una medida de fuerza calificada como ilegítima.

El fallo confirmó la validez de la Resolución Nº 0351/25 de la Secretaría de Trabajo provincial, que había declarado ilegítima la protesta gremial por incumplimiento de los requisitos legales vinculados a la garantía de prestaciones indispensables.

En este contexto, ATE había promovido un amparo sindical para solicitar la nulidad de dicha resolución por considerarla antisindical e inconstitucional bajo los argumentos de que la provincia no tiene facultades para calificar una huelga de trabajadores estatales y que "Obras Públicas" no es un servicio esencial según la ley vigente.

Por esto mismo, la reciente resolución dispuso el rechazo íntegro de la demanda, con imposición de costas por su orden, debido a la ausencia de controversia directa derivada de la falta de respuesta de la parte demandada.

El juez Agustín Dellazuana consideró que la organización sindical no cumplió con las exigencias establecidas en la Ley 25.877 para la adopción de medidas de acción directa en sectores que pueden afectar prestaciones esenciales. Entre los incumplimientos, identificó la ausencia de preaviso, la falta de información sobre la duración de la protesta y la inexistencia de un esquema que garantizara niveles mínimos de funcionamiento.

El análisis judicial destacó que áreas involucradas, como las relacionadas con el servicio de agua potable y saneamiento, poseen carácter esencial por su impacto directo en la salud, la seguridad y la vida de la población, lo que exige resguardar su continuidad aun en contextos de conflicto laboral. Asimismo, el fallo ratificó la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza, por la actitud adoptada por ATE frente a la postura pro activa del municipio en orden a resolver las cuestiones planteadas por la asociación sindical, la que evidenció una postura cerrada y proclive a tomar medidas de acción directa sin interesar las respuestas concretas brindadas por la Municipalidad de Gualeguaychú.

En ese sentido, el magistrado concluyó que la medida adoptada resultó contraria a derecho, ya que el ejercicio de la huelga, si bien reconocido constitucionalmente, admite restricciones cuando se comprometen prestaciones básicas. A partir de esta interpretación, descartó que la resolución administrativa implicara una afectación a la libertad sindical.

Asimismo, la sentencia abordó la falta de contestación de la demanda por parte del Estado provincial, lo que generó una presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por el sindicato. No obstante, el juzgado evaluó el encuadre legal de la medida y concluyó que no se configuró vulneración de derechos protegidos.

Por esto mismo, el Juzgado del Trabajo dispuso el rechazo íntegro de la acción de amparo sindical promovida por la Asociación de Trabajadores del Estado contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y estableció que las costas se impongan por su orden, lo que implica que cada parte debe afrontar sus propios gastos y honorarios sin trasladar esa carga a la contraparte.

El conflicto tuvo origen en reclamos vinculados a condiciones laborales en el ámbito municipal, entre ellos la entrega de ropa de trabajo y Elementos de Protección Personal (EPP) en el área de Obras Públicas. Tras diversas gestiones sin acuerdo, el gremio dispuso el 22 de agosto de 2025 una retención de tareas con asambleas en los lugares de trabajo, con carácter indeterminado.

La medida comenzó el mismo día de su notificación, sin instancia previa de aviso formal ni previsión de continuidad operativa en sectores sensibles. Con posterioridad, se desarrolló un proceso de conciliación obligatoria que no logró revertir la situación. Luego de la finalización de esta instancia, el sindicato retomó las acciones directas, lo que motivó la intervención de la autoridad laboral provincial.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo declaró la ilegalidad de la protesta por incumplimiento de los estándares exigidos para garantizar prestaciones indispensables, decisión que fue ratificada por la Justicia en la sentencia conocida.

El sindicalismo argentino atraviesa un momento de reacomodamiento tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión fue celebrada por la CGT, que considera haber ganado un round contra el Gobierno, aunque sabe que la batalla será larga en los Tribunales. El oficialismo apelará y la Cámara de Apelaciones tendrá la última palabra.

El equipo de abogados de la central, encabezado por Marta Pujadas, Hugo Moyano, Federico West Ocampo y Pablo Topet, prepara distintas opciones jurídicas para neutralizar la contraofensiva oficial. Mientras tanto, el triunvirato de conducción —Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— busca definir una estrategia que combine la defensa judicial con respuestas a la crisis socioeconómica. “Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, señaló un referente dialoguista de la CGT.

En paralelo, la central obrera firmará un convenio con la UBA para crear un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de “INDEC propio” que permita elaborar índices de inflación, empleo y canasta familiar para confrontar con las cifras oficiales.

Sin embargo, el sindicalismo no es homogéneo. El ala dura, agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) —donde confluyen la UOM, Aceiteros, pilotos, ATE y las dos CTA— prepara un plenario de delegados para el 1° de mayo con el objetivo de consolidarse como espacio opositor y elaborar un programa propio del movimiento obrero.

Por debajo de estas tensiones, algunos gremios avanzan en acuerdos sectoriales inéditos. El Sindicato de Alimentación (STIA) firmó con la multinacional Mondelez un convenio que garantiza puestos de trabajo por un año, recategorizaciones para 230 empleados, el pago de una suma fija de $920.000 en dos cuotas y mejoras en condiciones laborales, incluyendo espacios de esparcimiento y tiempos de descanso. “Alcanzamos este convenio con mucha organización, compromiso y diálogo”, destacó el líder Sergio Escalante.

En la misma línea, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, conducido por Jorge “Loma” Ávila, rubricó un acuerdo sectorial con cámaras empresarias para asegurar la continuidad del sector hidrocarburífero y adaptar el convenio colectivo a los cambios tecnológicos de la industria. “El principal desafío es proteger los ingresos de los trabajadores en un contexto de transformación productiva”, afirmó Ávila.

El sindicalismo argentino se debate así entre la confrontación judicial contra la reforma laboral, la protesta callejera impulsada por el ala dura y los acuerdos pragmáticos que buscan sostener el empleo en sectores críticos. La CGT celebra un triunfo parcial, pero sabe que la verdadera batalla recién comienza.

Fuente: Infobae

En el marco del debate impulsado por el Gobierno provincial sobre el sistema jubilatorio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo este miércoles un Plenario de Secretarios Generales. Durante el encuentro, las seccionales de toda la provincia unificaron criterios para rechazar lo que consideran una "reforma regresiva" y definieron los ejes urgentes de la agenda sindical para el corto plazo.

El foco de la discusión estuvo puesto en la modificación de la Ley 8732, que regula el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Con el asesoramiento técnico de la Dra. Walquiria Loyber, especialista en derecho previsional, el sindicato advirtió sobre tres puntos críticos que pondrían en riesgo los derechos adquiridos:

-Pérdida del 82% móvil: Una garantía histórica del sistema provincial.

-Extensión de la base de cálculo: El paso a un promedio de 30 años de aportes.

-Desanclaje del salario activo: La ruptura de la movilidad automática respecto a los trabajadores en funciones.

Desde ATE sostuvieron que los conceptos de "armonización" u "homologación" planteados por el Ejecutivo son eufemismos para un ajuste a la baja. En contrapartida, el gremio propuso que el financiamiento de la Caja de Jubilaciones no recaiga exclusivamente en los trabajadores, sino que provenga de una mayor carga impositiva sobre los sectores de mayor concentración económica.

Más allá de lo previsional, el plenario abordó la situación salarial frente a la inflación y las trabas administrativas en la carrera administrativa. Se denunció la reticencia oficial para reconocer las capacitaciones necesarias para las recategorizaciones, un obstáculo que impide a numerosos agentes estatales acceder a mejores niveles escalafonarios.

Al cierre de la jornada, el cuerpo de secretarios generales resolvió por unanimidad: Rechazar cualquier proyecto de reforma previsional que implique el retroceso de derechos; exigir al Gobierno provincial la reapertura inmediata de las paritarias; reclamar el reconocimiento efectivo de las capacitaciones para avanzar con las recategorizaciones pendientes y articular con la Intersindical una movilización masiva en defensa del sistema previsional entrerriano.

ATE reclama una recomposición salarial del orden del 45 por ciento para “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, según señalo el sindicato a través de sus redes sociales, en las que exigió, además, una “suma fija de 4.000.000 de pesos” por única vez para compensar lo perdido.

“Garantizamos el pago retroactivo del presentismo, pero el aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público. Los precios de todos los productos, bienes y servicios que normalmente consumimos los trabajadores no paran de aumentar. Ofrecer un bono de 40 mil presos a cobrar los primeros días del mes de junio es una actitud miserable del Gobierno”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

La paritaria entre el Gobierno y los gremios estatales se realizó en sede de la Secretaría de Trabajo de Buenos Aires. (Fuente: APFDigital)

El Gobierno convocó a la reapertura de paritarias de la Administración Pública Nacional para este viernes a las 14, en una reunión que se llevará a cabo en la sede que la Secretaría de Trabajo posee en 25 de Mayo 633 de esta capital.

El Estado nacional convocó a la discusión paritaria a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que conduce Rodolfo Aguiar, los dos sindicatos que nuclean a la mayoría del personal del sector público.

La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo había dispuesto en diciembre último, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter de sector patronal.

ATE reclama una recomposición salarial del orden del 45 por ciento para “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, según señalo el sindicato a través de sus redes sociales, en las que exigió, además, una “suma fija de 4.000.000 de pesos” por única vez para compensar lo perdido.

“En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, señaló Aguiar, titular de ATE, al tiempo que aseguró que “este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales”. (Fuente: N/A)

Este martes, una columna de docentes y trabajadores estatales recorrió las calles de Gualeguaychú en el marco de la segunda jornada de paro provincial. La movilización partió desde la esquina de 25 de Mayo y Rocamora, y culminó en la sede de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La protesta se realizó luego de que el lunes las organizaciones gremiales rechazaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno. La medida de fuerza tuvo un alto nivel de acatamiento en las escuelas de la ciudad, con porcentajes que oscilaron entre el 60 y el 100 por ciento.

La marcha contó con la participación de docentes nucleados en Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), en la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y en la Asociación de Maestros Técnicos (AMET). También se sumaron referentes de ATE y del Sindicato de Aceiteros, consolidando un frente común de reclamo. La presencia de familias, jubilados y jubiladas reforzó el carácter colectivo de la protesta, que busca visibilizar la defensa de la educación pública y de los derechos previsionales.

Durante la concentración, la conducción gremial expresó con firmeza su malestar y en diálogo con EL ARGENTINO, Soledad Ponce, secretaria General de AGMER Gualeguaychú comentó:

“Convocamos a las 18:30 en 25 de Mayo y España y armamos una marcha que llegó hasta la Facultad de Bromatología. Nos acompañaron compañeros de ATE, del Sindicato de Aceiteros, familias y jubilados que se suman porque este gobierno plantea un ajuste focalizado también en ellos". Además la dirigente, adelantó: "El viernes habrá una reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones, donde se adelantará la propuesta de reforma previsional. Nosotros nos posicionamos en contra y vamos a defender nuestros derechos previsionales, derechos que hemos sabido conquistar y que muchos compañeros que nos antecedieron han dado su salud en esa lucha. Estaremos presentes en la calle las veces que sean necesarias.”

La dirigencia cuestionó con dureza la propuesta salarial del Gobierno: “Es paupérrima, divide a los trabajadores porque establece diferencias entre quienes tienen menos de 10 años de antigüedad y los jubilados. Obliga a la docencia a compararse entre sí. Además, hay resoluciones frenadas y liquidaciones con errores que se pagan por complementaria. El aumento anunciado por decreto es una burla, porque se demora dos meses en cargarse y abonarse. La recomposición debe ser en blanco, para no desfinanciar nuestra obra social ni la caja de jubilaciones.”

El testimonio de Ponce refleja el enojo de los trabajadores frente a políticas que consideran de ajuste. “La lucha por la educación pública es de todos”, remarcaron, señalando que las medidas oficiales no sólo afectan a los docentes sino también a jubilados y familias enteras. La crítica se extiende a la falta de planificación administrativa y a la demora en los pagos, que generan incertidumbre y malestar en la comunidad educativa. La movilización concluyó con un acto en la Facultad de Bromatología, donde se reafirmó el compromiso de continuar con las medidas de fuerza hasta lograr una propuesta que contemple las necesidades de los trabajadores y garantice el derecho a la educación pública.

Luego de cerrarse la paritaria estatal con acuerdo de mayoría por UPCN, este lunes el Cuerpo de delegados y la Comisión Directiva de ATE declararon “insuficiente” lo firmado el viernes.

El motivo se debe a que los aumentos son no remunerativos para que “preserve” la obra social y el sistema previsional. A su vez, pidieron un plan de recomposición salarial en blanco, ya que se ha perdido más del 38% del mismo.

“La unidad de los Gremios en lucha es el camino que nos ha permitido resistir la embestida liberal contra los derechos de las y los trabajadores. Por esto, llamamos a coordinar acciones en conjunto, a la movilización provincial y al funcionamiento de asambleas en cada dependencia de cada Seccional para discutir: la defensa del Estado, la situación salarial, el sistema previsional y la obra social”, indicó el Sindicato.

Por otra parte, se informó que este viernes mientras se desarrolle la sesión en el Senado, por la reforma laboral, se llevará a cabo una movilización en defensa de los trabajadores y trabajadoras y rechazando el proyecto del Ejecutivo nacional. (Fuente: APFDigital)

Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar a un paro general para el 11 de febrero, día en que se tratará la reforma laboral en el Senado de la Nación. Además, evalúan realizar medidas en todo el país para presionar a los gobernadores.

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. "Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada", expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

El gremialista exhortó también a sus compañeros sindicales a "pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad" al paro. "Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado", dijo.

En ese sentido, propuso realizar acciones en las diferentes provincias administradas por mandatarios que apoyen la reforma. "Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.

Aguiar puso el ojo en los gobernadores, a raíz de las intensas recorridas que lleva a cabo el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo. “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, disparó.

En lo que concierne a la reforma, el representante de estatales denunció que el Gobierno pretende "quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores", mientras paralelamente aspiran a "multiplicar el poder que tienen los patrones". "Esto no puede terminar en nada bueno”, pronosticó.

Por ese motivo llamó a los trabajadores del Estado a salir a la calle a manifestarse contra la reforma. "No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución. Es la ley fundamental que rige nuestra convivencia democrática. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.

Además de ATE, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras, como así también jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laboralistas y académicos.

Desde el gremio de estatales afirmaron que, contrario a lo que asegura el Gobierno, la reforma "sí afecta al sector público" ya que organismos estatales son regidos "total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar". En ese sentido, mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros.

También denunciaron que la reforma laboral propone un cambio "en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo". En ese sentido, aseguran que se pretende "perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios" para con los trabajadores que se encuentran encuadrados bajo dicha figura laboral.

En la provincia avanza el proceso de recategorización de los trabajadores estatales, considerado un paso clave hacia la consolidación de un convenio colectivo de trabajo. La medida incluye capacitaciones y un instructivo renovado que busca mejorar las condiciones laborales y garantizar igualdad de oportunidades. Sin embargo, los gremios remarcan que sin una convocatoria a paritarias, los avances resultan insuficientes frente a la fuerte pérdida del poder adquisitivo que golpea a empleados públicos y jubilados.

El Secretario General de ATE, Oscar Muntes, destacó que la recategorización y las instancias de formación son fundamentales para la vida laboral de los empleados públicos. “Es un avance importante, pero lo dejamos muy claro: si no hay fecha de convocatoria salarial, el esfuerzo no sirve”, advirtió, subrayando que el salario sigue siendo el eje central del reclamo.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la implementación de capacitaciones que serán consideradas dentro del proceso de recategorización. Desde los gremios celebraron que el Estado asuma la responsabilidad de formar a los trabajadores, garantizando igualdad de condiciones. UPCN resaltó el entusiasmo y la participación en los cursos que se desarrollan durante febrero, mientras que Carina Domínguez, secretaria adjunta de la organización, pidió mayor agilidad administrativa y propuso incorporar el expediente electrónico para acelerar trámites.

El instructivo de recategorización introduce cambios sustanciales: ya no solo se contemplan la antigüedad y la capacitación, sino también plazos más claros para que las mejoras se hagan efectivas. Además, se impulsa la actualización de datos en el Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap), lo que permitirá concentrar la información de todos los empleados públicos.

A pesar de los avances, los sindicatos remarcan que la discusión salarial es urgente. Según ATE, los trabajadores del Estado han perdido alrededor del 41% de su poder adquisitivo, lo que convierte la recomposición en una prioridad impostergable. “Lo fundamental es cómo dignificamos el salario”, insistió Muntes.

UPCN, por su parte, valoró la continuidad de más de 1.700 trabajadores temporarios sobre un total de 1.800, destacando el esfuerzo por sostener el empleo en un contexto nacional adverso. Sin embargo, la organización también manifestó preocupación ante el debate de una posible reforma laboral a nivel nacional. Advirtieron que el concepto de productividad puede convertirse en una “trampa” si implica pérdida de derechos, y aseguraron que se mantendrán atentos para evitar impactos negativos en el empleo público.

Aunque todavía no se definió una fecha para una próxima reunión paritaria, los gremios insisten en que el diálogo es indispensable. La recategorización es vista como un paso positivo, pero insuficiente si no se acompaña de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. Para los sindicatos, la urgencia es clara: sin salarios dignos, cualquier avance administrativo queda vacío de contenido.

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Trabajo, convocó a los gremios UPCN y ATE a una audiencia con el objetivo de avanzar en la formalización del Instructivo de Recategorizaciones para los agentes de la administración pública.

El encuentro fue programado para este viernes 16, a las 14 horas, y se desarrollará en la sede de la Secretaría de Trabajo.

Desde el organismo indicaron que la convocatoria tiene como único propósito la oficialización del instructivo, y remarcaron que la reunión no contempla la reapertura de otros puntos paritarios, habilitando de esta manera el inicio formal del procedimiento.

Además, advirtieron sobre la falta de avances en las recategorizaciones y denunciaron persecución sindical.

En la tarde de este martes, el secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, recibió a la cúpula directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos. El encuentro, solicitado previamente por el sindicato, tuvo como ejes centrales la situación salarial, la estabilidad laboral y el cumplimiento de acuerdos previos.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, fue tajante al finalizar el encuentro: “Lo principal fue plantear la recomposición salarial”. El dirigente subrayó que el atraso y el congelamiento de los haberes representan la mayor preocupación del sector público.

“Si bien el tema de las recategorizaciones es importante, el problema real es si los trabajadores y trabajadoras pueden seguir aguantando más de ocho meses sin una recomposición”, sentenció Muntes, haciendo hincapié en la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Otro punto de conflicto abordado fue la no renovación de contratos que vencieron el pasado 31 de diciembre. Desde el gremio denunciaron que esta medida afecta mayoritariamente a afiliados y afiliadas de ATE, lo que calificaron como una “clara política de persecución sindical”.

En cuanto a las recategorizaciones, Muntes explicó que solicitaron precisiones oficiales tras haber tomado conocimiento de avances administrativos realizados de manera unilateral. “Buscamos respuestas porque supimos de movimientos en el área sin que nuestro gremio fuera convocado”, detalló.

Se espera que en los próximos días la Secretaría de Trabajo brinde una respuesta formal a los puntos planteados, en un contexto de creciente tensión por la falta de convocatoria al diálogo paritario. (APFDigital)