El Senado rechazó hoy el veto presidencial impuesto por Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que es impulsada con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

En la Cámara alta, la iniciativa se convirtió en ley con el voto positivo de 56 legisladores. Solo había tenido un voto en contra, el del oscilante violáceo Luis Juez, de Córdoba. Poco después, Milei vetó la norma, desoyendo el reclamo de los mandatarios locales, quienes impulsan insistentes pedidos a la Casa Rosada de una mayor asistencia económica.

Con este panorama, el veto llegó al recinto tras una serie de negociaciones donde el oficialismo intentó recomponer relaciones con los gobernadores, sin lograr avances sustanciales. El clima parlamentario aparece sumamente desfavorable para la Casa Rosada. Se espera que la oposición obtenga los dos tercios requeridos para rechazar la decisión de Milei.

En lo que se perfila como una nueva derrota legislativa para el Gobierno, la oposición logró reunir el voto de los dos tercios de los presentes y habilitó el tratamiento del rechazo al veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a repartir de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

La jugada opositora logró sortear el primer escollo y por una abrumadora mayoría de 59 votos a favor y tan sólo ocho en contra superó con creces la mayoría agravada que se necesitaba para habilitar el debate sobre tablas de la insistencia en la ley.

La apertura de la discusión se convirtió, así, en una primera mala señal de que Milei se encamina a nueva derrota legislativa que se sumaría a la propinada ayer por la Cámara de Diputados cuando rechazó el veto a las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Hospital Garrahan.

Ahora, para insistir en la ley sancionada y desautorizar el veto presidencial el Senado deberá volver a reunir el voto de los dos tercios de los presentes. Se espera que el debate se extienda por cerca de tres horas ya que hay más de 20 senadores anotados.

La rebeldía del Congreso contra Milei y su administración promete continuar dentro de dos semanas. Aunque de manera informal, el martes los bloques legislativos de la Cámara alta acordaron reunirse el próximo 2 de octubre para tratar las insistencias aprobadas este miércoles en Diputados.

El quórum también se alcanzó sin contratiempos. Cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel dio por iniciada la sesión, había 39 senadores sentados en sus bancas, aportados por el kirchnerismo, la UCR y fuerzas provinciales. El oficialismo y algunos miembros del Pro entraron con la conferencia ya habilitada.

La ley que obligará al Poder Ejecutivo a repartir los ATN con las provincias fue sancionada en la última semana de agosto y fue vetada por Milei el jueves de la semana pasada, un día después de haber tachado también las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Hospital Garrahan.

Pensado para cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias, el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fue creado en la ley de Coparticipación Federal y está compuesto por el 1% de la masa total de impuestos que el Poder Ejecutivo reparte con las provincias.

Al integrarse con una porción de la torta impositiva, el fondo se incrementa a diario y su disposición y uso siempre estuvo supeditada al criterio del Poder Ejecutivo, que por lo general lo utiliza para premiar a distritos o gobernadores amigos o amables con la administración central.

Según el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso el lunes ultimo, la partida proyectada para ATN por el Gobierno superaría los $ 569.000 millones.

Sin embargo, el gobierno de Milei ha retaceado de manera sistemática esas partidas, como parte de su política de equilibrio fiscal. Esto llevó a que los gobernadores, cansados de que el Poder Ejecutivo no les gire fondos y dejara de financiar obras públicas en sus territorios, se pusieran de acuerdo en impulsar una ley que obliga a la Casa Rosada a repartir esos fondos de manera automática y de acuerdo al índice de coparticipación que le corresponde a cada provincia.

Esta queja atravesó todo el debate cais sin distinción de banderías políticas. “Están usando los ATN como un salvavidas, quieren maquillar el equilibrio fiscal”, denunció el peronista Guillermo Andrada (Unión por la Patria-Catamarca).

“Es inaceptable que mientras que el Presidente y sus adláteres solicitan a las provincias austeridad, diferentes áreas del Gobierno Nacional despilfarran fondos en áreas en las que no se saben adónde van a parar y se afanan en coimas los recursos que son para las personas que más lo necesitan”, sumó su queja el peronista Daniel Bensusán (La Pampa).

El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) apuntó sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo, quien acusó al Congreso de llevar adelante una política de desestabilización contra el Gobierno al sancionar leyes que aumentan el gasto fiscal.

“Quien incumple la ley es quien se guarda los ATN para disimular un déficit cero que no existe”, afirmó Blanco. “No sólo es un topo que quiere destruir el Estado, como dijo, sino que esta destruyendo a las provincias”, agregó el legislador, en dirección al presidente Milei.

También salió al cruce del jefe de la. cartera política Martín Lousteau. “O el ministro miente o el equilibrio fiscal está sustentado en base a quedarse con plata que es de otros”, afirmó el radical porteño, quien le recomendó a Caputo que “en lugar de tuitear tanto venga al Congreso, que nunca vino; y, sobre todo, que venga a defender el Presupuesto”.

En un intento por terminar con las derrotas en el Congreso y luego de la caída en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, la administración libertaria puso en marcha esta semana un operativo de seducción y repartió varios miles de millones en ATN para algunos distritos.

“Este no es un tema aislado, es la respuesta de los gobernadores a la caída abrupta de las transferencias del Gobierno Nacional, que interrumpió el envío de recursos y el diálogo con las provincias”, acusó, por su parte, Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires).

Una de las pocas voces contrarias a la insistencia en la ley fue la del formoseño Francisco Paoltroni, que volvió al redil oficialista tras haber sido expulsado del bloque de La Libertad Avanza por su enfrentamiento con el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Hoy tenemos que escuchar que quienes han destruido la economía en los últimos veinte años nos vengan a dar cátedra”, se quejó Paoltroni, en dirección al kirchnerismo y antes de destacar que “las provincias exigen, pero a las provincias no se les exige nada”. (Con información de La Nación)

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 destacando la “recomposición de la relación entre el Estado nacional y las provincias”, aunque la medida tensiona a los gobernadores por la reducción de partidas discrecionales clave. Según el documento remitido al Congreso, si bien se proyecta un aumento en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y en fondos coparticipables, la disminución de transferencias discrecionales obliga a las provincias a asumir mayores costos en Salud, Educación y subsidios energéticos.

El Presupuesto estima que los ATN crecerán casi un 105%, totalizando unos $569.426 millones para el próximo año. En un intento por retomar el diálogo con mandatarios provinciales, la semana pasada se transfirieron $12.500 millones a Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Misiones. A su vez, las transferencias por coparticipación y otros regímenes de compensación alcanzarán aproximadamente $74.000 millones, de los cuales $67.000 millones corresponden solo a impuestos.

“No se trata de una decisión política adicional, sino de la inercia del sistema de coparticipación”, aclaró Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec). En contraste, las transferencias corrientes discrecionales, que cubren principalmente programas sociales y subsidios, se reducen a $8,7 billones. Esto implica que las provincias deberán absorber costos que hasta ahora contaban con financiamiento nacional, profundizando tensiones en un esquema federal con marcadas desigualdades de recursos.

El Presupuesto también contempla un recorte del 25% en los gastos de capital destinados a infraestructura provincial y municipal, que pasarán de $159.959 millones a $119.626 millones. Según Milei, el superávit primario permitirá al sector público financiar al privado para obras estratégicas de infraestructura y logística, un cambio de modelo respecto a décadas anteriores donde la inversión privada financiaba proyectos públicos.

En el discurso, Milei destacó la implementación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con provincias, el primero en la historia argentina incluido en un presupuesto, para recomponer deudas históricas entre Nación y jurisdicciones subnacionales. El mandatario subrayó que el nivel de gasto nacional estará por debajo del provincial por primera vez desde los años 90, con 18 de las 24 jurisdicciones adhiriendo al régimen y solo cinco firmando convenios bilaterales: Tucumán, La Pampa, Chaco, Entre Ríos, Catamarca y Chubut.

El Presupuesto 2026 enfrenta críticas internas y de los mercados. Desde una provincia del norte grande lo calificaron de “desastre” y señalaron que proyecta un dólar más barato que la cotización actual. Analistas advierten que la concentración del ajuste en partidas discrecionales no indexadas traslada el esfuerzo fiscal hacia las provincias, complicando la gestión de carteras estratégicas y profundizando desigualdades en servicios esenciales.

En el medio del conflicto con gobernadores por el veto a la Ley que establecía una reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobierno nacional transfirió el pasado viernes $ 12.500 millones a cuatro provincias por ese mismo concepto.

“Las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $ 4.000 millones; Entre Ríos por $ 3.000 millones; Santa Fe por $ 3.000 millones y Chaco por $ 2.500 millones”, precisó un informe de la consultora Politikón Chaco.

El trabajo indica que “si bien aún no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos, lo relevante del caso es que se dio en un contexto de conflicto por este mismo instrumento y que, además, ya supera con creces lo transferido durante todo el pasado mes de agosto, cuando fueron por apenas $ 3.000 millones”.

“Entre Ríos es la provincia que sacó ventaja este último tiempo, ya que el único envío de agosto fue para esa provincia y sumó otro ATN en septiembre, totalizando así $ 6.000 millones en ATN en los últimos dos meses”, añadió el parte.

Cabe recordar que en esa provincia hay una alianza electoral entre los oficialismos provincial y nacional: el gobernador Frigerio cerró el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) y presentan candidatos en conjunto, siendo los representantes de LLA los cabezas de lista tanto para Diputados como para Senadores.

Lo mismo ocurre en Chaco, una de las provincias beneficiadas con ATN durante septiembre: los cabezas de lista para Diputados y para Senadores son de LLA que va en alianza con el oficialismo chaqueño.

En este marco, cabe recordar que los gobernadores Frigerio y Zdero fueron dos de los tres invitados a la primera reunión de la Mesa Federal (el otro fue Cornejo, de Mendoza), lanzada por el gobierno nacional luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que constituyó además el “debut” del nuevo ministro del Interior Lisandro Catalán. Ante esto, el otorgamiento de ATN a esas dos provincias podría ser vista en clave electoral.

Los casos de Santa Fe y Misiones, las otras dos provincias beneficiadas, son distintos: no fueron convocados por la Casa Rosada y sus gobernadores sostuvieron importantes críticas hacia el oficialismo nacional en el último tiempo, además de que no tienen alianzas electorales en sus distritos. (Fuente: Noticias Argentinas)

El presidente Javier Milei confirmó el veto a la ley que establecía la distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La medida fue oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La norma había sido aprobada con el respaldo de la oposición en ambas cámaras del Congreso, pero era resistida por la Casa Rosada, que advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Tras la firma del decreto, el proyecto fue girado al Senado, que podrá insistir con la norma si reúne los dos tercios de los votos.

Los gobernadores reclamaron en distintas oportunidades que el gobierno nacional había retenido los fondos de manera indebida y promovieron una ley para establecer criterios automáticos de distribución.

Con el apoyo de bloques opositores, el proyecto fue aprobado tanto en Diputados como en Senadores, pese al rechazo del oficialismo.

El Gobierno cuestionó que la ley sancionada buscaba aplicar un esquema de reparto automático basado en los coeficientes de coparticipación, al considerar que eso “priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros”.

Catalán afirmó que su misión es “tender puentes y establecer canales de diálogo” con los mandatarios, aunque la decisión sobre los ATN generó nuevas tensiones.

La negociación por fondos provinciales también involucra al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien el Presidente delegó la tarea de destrabar acuerdos. El oficialismo considera que un entendimiento en este punto será clave para avanzar en las reformas laboral y tributaria que impulsa la gestión nacional.

Mientras busca encauzar la gestión tras la derrota sufrida en las legislativas bonaerenses, Nación insistió este jueves en que el traspié electoral en la Provincia fue “un error político” y advirtió que no habrá un giro en la estrategia.

"Hubo por supuesto un error político. No se llegó a explicar de manera simple por qué hacemos lo que estamos haciendo", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni al intentar justificar la aplastante derrota electoral.

En esa línea, remarcó que, más allá de “la autocrítica”, continuarán con el mismo camino económico. Justificó los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica —que implicaba fondos para el Garrahan— y anticipó que también vetarán la ley de ATN, que habilitaba más recursos para las provincias.

"Tenemos claro que hay sectores a los que les está yendo muy bien y otros a los que les está costando arrancar, y son miles y miles de bonaerenses", analizó Adorni en una entrevista con A24. Acto seguido, aseguró que de cara a octubre están “haciendo una autocrítica, no solo por instrucción del presidente sino porque hubo errores, y uno de los mayores errores fue no explicar".

Para el vocero, el desafío del Gobierno es “seguir explicando que no hay soluciones mágicas”. En ese marco, reforzó el mensaje de que no habrá cambios en la dirección económica. "Sin duda cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. ¿Cuál es el otro camino, Venezuela, Cuba? No vamos a ceder ante eso", enfatizó.

Pese a las versiones que anticipaban posibles cambios en el Gabinete tras la derrota frente al peronismo en la Provincia, la administración nacional se limitó a conformar una mesa política nacional y otra bonaerense, con los mismos referentes que fueron parte del armado electoral. Además, se oficializó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, cargo que ya ejercía en los hechos desde la Vicejefatura de Gabinete del Interior, bajo la órbita de Guillermo Francos.

El vocero fue categórico al ratificar que “ATN se veta” y defendió los otros vetos del presidente Javier Milei. Explicó que se trató de decisiones vinculadas tanto a cuestiones presupuestarias como a lo que calificó como “delirios populistas”.

"Cada uno (de los vetos) tiene una explicación. Nosotros no cambiamos el norte por una elección. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo no se modifica", argumentó Adorni.

La decisión del Gobierno de sostener esta postura en temas sensibles como universidades públicas y el Garrahan se enmarca también en la advertencia de Milei de que evalúa judicializar el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad.

"No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más", criticó Adorni, al referirse a la normativa vinculada a la discapacidad, un tema que generó fuertes reclamos sociales y quedó atravesado por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la ANDIS, donde se hablaba de coimas.

"El gasto en discapacidad incrementa el gasto del Estado en 5000 millones de dólares. Bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos", sostuvo el portavoz, al tiempo que reconoció que analizan la posibilidad de avanzar con la vía judicial, pese a que tras el rechazo al veto la ley ya quedó promulgada.

En ese sentido, volvió a cuestionar la iniciativa: "Una ley que no estima el recurso o no explica de dónde sale la partida de 5000 millones de dólares anuales es inviable, y estamos analizando los pasos a seguir". (Con información de Clarín)

Rogelio Frigerio se sentó en la mesa chica del oficialismo junto a otros seis gobernadores, en un movimiento que revela la nueva estrategia del Ejecutivo para sostener la gobernabilidad y, a la vez, expandir su base política rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En Balcarce 50, el entrerriano dialogó con el jefe de Gabinete Guillermo Francos sobre recursos, respaldos parlamentarios y un eventual armado conjunto para las urnas.

El esquema diseñado por la Casa Rosada gira en torno a dos prioridades: evitar que prosperen en Diputados las iniciativas votadas en el Senado sobre aumentos jubilatorios y emergencia en discapacidad, y alinear a mandatarios que puedan aportar votos y músculo político en sus distritos. Además de Frigerio, pasaron por la Casa Rosada Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Frigerio aparece en el radar libertario no solo como un aliado en potencia para la gobernabilidad, sino también como una figura clave en el armado electoral. Las conversaciones incluyeron la posibilidad de conformar listas comunes, unificar estrategias y promover acuerdos legislativos que beneficien a ambas partes. En Entre Ríos, La Libertad Avanza necesita sumar estructura y volumen territorial. El gobernador, por su parte, evalúa los riesgos y beneficios de asociarse a un oficialismo en pleno ajuste.

Uno de los puntos más tensos de la agenda es el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El subsecretario Carlos Guberman ofreció fórmulas alternativas para girar fondos sin comprometer el equilibrio fiscal. Para las provincias, estos recursos son vitales en medio de una crisis que, según la propia gestión entrerriana, ha vuelto “apremiante” la situación financiera de los municipios.

En paralelo, el Gobierno nacional pidió respaldo para una eventual reintroducción de la ley sobre el uso del excedente anual de los ATN, buscando frenar su plena aplicación. También se discutió el rechazo del oficialismo a la media sanción sobre el impuesto a los combustibles, donde se evalúa solo ceder el porcentaje destinado al Sistema Vial Integrado, sin tocar otros fondos sensibles.

En Balcarce 50 sostienen que con Frigerio, Zdero y Cornejo las negociaciones están avanzadas. No descartan fórmulas conjuntas y buscan que el acuerdo parlamentario se transforme en alianza política. La mira está puesta en ampliar la representación legislativa y contener una Cámara de Diputados cada vez más fragmentada.

Mientras tanto, Karina Milei y Santiago Caputo mueven fichas en todo el país. La intención del oficialismo es mostrar gobernabilidad con respaldo federal y, a la vez, imponer condiciones en las listas. En ese contexto, la relación con Frigerio se vuelve estratégica: es un interlocutor con peso institucional y capacidad de influencia, aunque también con margen propio.

La negociación sigue abierta y todo indica que Entre Ríos será uno de los escenarios donde se definan las alianzas clave del nuevo mapa político.

Un grupo de ministros de Economía y funcionarios provinciales se reunieron ayer con el secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman. Luego de tres horas de intercambio, se fueron del Ministerio de Economía sin un acuerdo concreto o una contrapropuesta pero con la promesa de otros encuentros en las próximas semanas.

Esta respuesta aumenta aún más el malestar de los gobiernos provinciales por la caída de la coparticipación federal, la distribución discrecional de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN) y la parálisis de obra pública en todo el país.

El diario La Nación menciona que la respuesta del gobierno central quedó lejos de acercarse a lo que reclaman los gobernadores. Directamente hubo un rechazo a coparticipar el remanente del fondo de ATN y la oferta fue coparticipar la parte que va a obras viales del impuesto a los combustibles líquidos, transfiriéndoles también las rutas.

Según distintas fuentes provinciales, hay consenso para impulsar el proyecto de ley en el Senado. La propuesta es eliminar los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte y de Infraestructura Hídrica, que este año recibieron alrededor de $500.000 millones de los $1,5 millones recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos.

Las provincias quieren que lo que no se distribuye del fondo se haga “de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria”, teniendo en cuenta el "marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del gobierno nacional como de las provincias“.

Desde la Casa Rosada ponderaron la predisposición al diálogo pero reiteraron la "inviabilidad" de la propuesta de los gobernadores, que plantearon un nuevo esquema automático de redistribución de los ATN. El oficialismo precisó que el proyecto de ley impulsado por los distritos "afecta el resultado fiscal", ya que "son fondos que se están ejecutando". "Solo podría pensarse si hay coparticipación del impuesto de los combustibles y solo es viable si nos transfieran algunas rutas nacionales", aclararan desde Ámbito.

En tanto, en un comunicado, la cartera que comanda Luis Caputo, aseguraron que les plantearon a los dirigentes "la posibilidad de transferir recursos y gastos a las provincias"

y aclararon que "el Gobierno Nacional tiene equilibrio financiero y otro tipo de transferencia de recursos implicaría entrar en déficit". "El Gobierno propuso la transferencia de las obras viales junto al financiamiento pertinente siempre y cuando esté acompañada de la responsabilidad de la ejecución de las obras", dijeron.

Respecto a los ATN, manifestaron que Nación "está dispuesto a discutir un monto máximo a repartir de acuerdo a los coeficientes de coparticipación". Además, Guberman, según el parte, explicó que "se busca avanzar en todas las normas que establecen asignaciones específicas, como aquellas que estipulan pisos de gastos, y que el ámbito de diálogo entre las provincias, Ciudad y Nación que se está generando a partir de estas reuniones sería propicio para avanzar en este tipo de medidas estructurales".

En la reunión, según el comunicado, también dialogaron sobre “las evaluaciones del cumplimento de las reglas fiscales sobre gasto, empleo, deuda y demás aspectos del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal vinculadas a las cuentas fiscales al cierre del ejercicio 2024″. Además, se realizó el análisis y evaluación de los presupuestos de 2025 y las proyecciones presupuestarias plurianuales 2025-2027 en las provincias.

Entre Ríos atraviesa una situación económica muy compleja, que se explica, en buena medida, por la enorme dependencia de la coparticipación y los aportes del gobierno nacional. En un marco generalizado de caída del consumo y de la actividad productiva, comienzan a encenderse las alarmas.

Días atrás fue noticia el pedido conjunto de los gobernadores al gobierno nacional por la falta de recursos, del que el gobernador Rogelio Frigerio formó parte. Es que, a la caída por consumo (impacto directo en la coparticipación automática) se le suman los recortes que el presidente Javier Milei ha llevado a cabo en áreas sensibles como educación, salud y seguridad social.

En este marco, EL ARGENTINO dialogó con el docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Leandro Rodríguez, para conocer los números del seguimiento que celosamente realiza la institución de las cuestas públicas.

“En junio asistimos a una caída pronunciada en la coparticipación de las provincias, lo cual es complejo porque se trata del principal recurso del que disponen, sobre todo las provincias más chicas, como lo es Entre Ríos”, explicó el profesional. Y ahondó: “Ha habido una merma importante de la coparticipación, a la cual hay que compararla con mayo del 2023, porque en mayo del 2024 hubo una recaudación extraordinaria, efecto de la devaluación y el consecuente aumento en las ganancias patrimoniales de las grandes empresas que tienen sus artículos dolarizados, lo que impactó en la recaudación de Ganancias”.

Si se toma de referencia junio del año pasado, en Entre Ríos esa caída fue del 53% en términos reales, es decir, descontado el efecto inflacionario. “Ahora, si se compara mayo del 2025 con mayo del 2023, hay una caída en términos reales de aproximadamente 40% en los recursos generales de la coparticipación, que son los recursos de la Ley de Coparticipación General”.

“En mayo del 2025 lo recaudado fue de 220.000 millones y en mayo del 2023 fueron 354.000 millones aproximadamente. La capacidad de compra de lo que se recaudó actualmente es 40% más baja de lo recaudado en 2023”, puntualizó.

El reclamo de los gobernadores

Consultado por las razones de la menor recaudación, Rodríguez explicó que “en parte responde al estancamiento de los últimos meses, debido al programa de estabilización” y en parte “a que hubo un cambio en la forma en que se pagan los anticipos de Ganancias y la retención de IVA, lo que modificó el pago”.

“La mayoría de los ingresos que venían con la coparticipación, a partir de los principales impuestos, como Ganancias e IVA, que impactaban fuertemente en mayo y en junio, ahora, con el cambio en la forma en que se distribuyeron los pagos (los gobernadores fueron inconsultos), se alteró fuertemente el ingreso de plata en junio, justo cuando los gobernadores tienen que parar el aguinaldo”, explicó.

Ahora, “los gobernadores están proponiendo que los ATN (adelantos del tesoro nacional), que representan aproximadamente el 1% de la masa coparticipable, se distribuyan de manera automática y con los criterios de la coparticipación. Lo cual es una cosa interesante, porque para Entre Ríos, por ejemplo, los primeros cinco meses hubiera significado cerca de 10.000 millones de pesos. Mientras que, sin eso, recibió de forma discrecional algo de 3.000 millones”.

Por su parte, el contador Álvaro Gabas, ex secretario de Producción de Entre Ríos, se refirió al otro reclamo de los gobernadores al gobierno nacional, lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos: “eso no va a cambiar la realidad, es mínimo, simbólico, lo que están haciendo. Porque la Argentina por donde más recauda es por IVA, por Ganancias, por la Seguridad Social, por el Impuesto al Cheque y las retenciones a las exportaciones. El impuesto al combustible es mínimo, no representa un indicador importante en la recaudación”.

“La veo en una situación de mucha debilidad a la provincia. Primero, porque hay una situación objetiva: el 70% del ingreso de la provincia depende de Nación, de la coparticipación nacional; el segundo problema es que el 70% de los gastos de la provincia son sueldos. Y si no hay plata no se pueden pagar los sueldos”.

“El problema de la provincia es que tiene más gastos que cubrir, por el recorte de Nación, con menos recursos, es un estrangulamiento doble. Y eso que les pasa a las provincias les pasa a los municipios también. Desde el punto de vista estructural, estamos en una situación crítica, vulnerable, de crisis. Hay una caída de la actividad económica, ningún sector económico está funcionando, salvo ejemplos muy puntuales, como las concesionarias de autos importados, sectores que tienen que ver con la clase alta. Para abajo, todos los sectores de la economía están en caída”, enfatizó Gabas.

“Toda la actividad económica del país está en crisis, los salarios no llegan a cubrir la inflación, tanto en el sector público como el sector privado. Hoy, un empleado de comercio que gana 1 millón de pesos en mano, no cubre la canasta básica total, es pobre”, ejemplificó. Y apuntó a la política nacional de LLA: “Milei aplicó una política de ajuste fiscal. ¿Qué hizo el sector público? empezó a ajustar gastos, pero también, producto de esta crisis económica, empezó a recaudar menos, por lo tanto, se achica la coparticipación a las provincias. En mayo, la coparticipación cayó un 17,8%”.

La última trinchera de la casta política

La semana pasada, Milei encabezó un evento en el exclusivo Yacht Club de Puerto Madero, en un evento que tenía como fin recaudar fondos para la campaña nacional. Allí, disparó munición gruesa contra los gobernadores: “Nosotros podemos hacer cambios profundos, en la Administración Pública Nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado”, indicó, para después hacer una alusión directa contra los jefes provinciales: “Sin ir muy lejos, hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”.

“Por esto es imperante llevar el cambio a las provincias, que hoy son la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía, y es el mejor ejemplo de cómo -desde el poder local- algunos buscan boicotear el cambio nacional”, cuestionó, en el mismo discurso que habló de “parásitos mentales” y defendió su política de crueldad.

Estas declaraciones tensaron aun más la relación con los gobernadores, tanto aliados, como Rogelio Frigerio, como opositores, del que Axel Kicillof es el mayor referente.

Ninguno de ellos salió a hablar en público, pero en varias provincias se limitaron a difundir los datos publicados por la Secretaría de Hacienda de la Nación, que detallan que, en rigor, la presión tributaria como porcentaje del PIB se había mantenido igual en 2023 y en 2024, pero con una diferencia clave: esto había sucedido por una baja en la presión de las provincias (de 5,1% a 4,8%) y un aumento de la Nación (de 22,8% a 23%).

Una provincia estrangulada

“Es una situación muy difícil para la provincia, porque el programa macroeconómico de Milei tiene dos elementos bien claros: el achicamiento del gasto público, que se traslada a la provincia y achica el margen para que Entre Ríos motorice la actividad económica, y el atraso cambiario, para permitir importaciones baratas que disipen los precios. Esta situación le pega mucho a la provincia porque tiene tres grandes fuentes de crecimiento económico: la agroindustria, que representa el 38% del producto bruto geográfico, somos la provincia que mayor peso tiene de ese sector sobre su economía en todo el país, y, con un tipo de cambio planchado y en un esquema internacional en el que los precios de los commodities viven en baja, no tiene el mejor escenario”, explicó Rodríguez.

“El otro pilar de la economía provincial es el sector público, que son cerca de 80.000 puestos de trabajo, pero tampoco puede ser un motor de crecimiento, a través de la obra pública o a través de motorizar la expansión de la economía, porque está dentro del esquema de ajuste de Milei. El tercer sector que tenemos como fuente de crecimiento, que tiene mucho menos peso en la economía, pero que es importante, es el turismo. Pero, con el dólar barato se complica también”, porque la gente que puede viaja al exterior, por un lado, y por otro es un sector grande el que no puede vacacionar directamente.

Por lo tanto, “¿cuál es el margen que tiene el gobierno provincial para recomponer con recursos propios la pérdida de ingresos por coparticipación?”, se preguntó el profesional. Y, como quien se ve ante un camino sin salida, concluyó: “Es muy difícil el panorama, esa es la realidad, lamentablemente”.

“Argentina se encamina a una crisis de deuda pública”, aseguró, por su parte, Gabas. “Estamos súper endeudados y no vamos a poder generar los ingresos, los dólares, para pagar esa deuda. Con lo cual, en el corto plazo, avizoro una crisis económica y financiera profunda. Y creo que Frigerio a eso también lo ve. Por eso reclama fondos a la nación, aunque se acordaron un poco tarde, a mi forma de ver”. Además, “el gobernador tiene doble cara, porque es parte de ese reclamo, pero después va junto con La Libertad Avanza en las elecciones”.