Los principales ríos de Entre Ríos registraron un incremento en sus niveles durante las últimas horas, aunque ninguno alcanzó las marcas de alerta o evacuación. Así lo informó el monitoreo hídrico provincial difundido este domingo, que mantiene a todo el territorio entrerriano en situación verde y bajo seguimiento permanente.

De acuerdo con el relevamiento realizado a las 0 de este domingo, los niveles de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguaychú permanecían dentro de parámetros considerados seguros. El informe también tomó como referencia los datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias.

En la capital provincial, el río Paraná alcanzó los 4,06 metros y continuaba en ascenso. Pese al aumento, la altura se mantenía por debajo del nivel de alerta establecido en 4,70 metros y de la marca de evacuación fijada en cinco metros.

La situación más sensible se registraba en La Paz, donde el río llegó a los 5,61 metros, apenas 19 centímetros por debajo del nivel de alerta de 5,80 metros. En esa localidad se reportó una familia autoevacuada, aunque las autoridades aclararon que no existían evacuaciones oficiales ni situaciones de emergencia generalizadas.

También se observaron crecidas en Diamante, donde el río alcanzó los 4,41 metros, y en Hernandarias, con una marca de 4,73 metros. En tanto, Victoria permanecía estable en 3,88 metros e Ibicuy mostraba una tendencia ascendente con 1,25 metros.

En la costa del Uruguay, la situación era diferente. En Concordia el río descendía y marcaba 9,35 metros, lejos de los 11 metros correspondientes al nivel de alerta. Colón también registraba una bajante, con 6,30 metros, mientras que Federación presentaba una altura de 2,67 metros.

Por su parte, en Concepción del Uruguay el nivel del río descendía hasta los 5,02 metros, ubicándose a 28 centímetros de la marca de alerta. En Gualeguaychú, en cambio, se observó un comportamiento ascendente, con una altura de 2,84 metros. En Boca Gualeguaychú el registro fue de 2,74 metros, apenas 16 centímetros por debajo del nivel de alerta.

Desde el Gobierno provincial confirmaron que no hay evacuados en las localidades monitoreadas y destacaron que el estado general continúa siendo favorable. No obstante, se mantendrá el seguimiento diario de los cursos de agua para detectar eventuales cambios y actuar de manera preventiva ante posibles crecidas.

La inflación de septiembre se aceleró al 1,9% y acumuló una variación de 33,4% con respecto al mismo mes del año anterior.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 23,6%.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

En desarrollo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el dato oficial de la inflación correspondiente a septiembre. El informe permitirá determinar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras el registro de agosto, cuando el indicador descendió al 1,7% mensual, la marca más baja observada en los últimos 14 meses.

De acuerdo con las estimaciones proyectadas por consultoras privadas y centros de análisis económico, la variación de precios de septiembre se ubicaría entre el 1,9% y el 2,1%. La atención de los analistas está centrada en verificar si el nivel general logra mantenerse por debajo del umbral del 2% mensual —situación que durante 2026 solo se registró en los meses de junio y agosto— o si experimenta un leve repunte.

Entre las razones citadas por los especialistas para explicar esta dinámica se destaca la incidencia de los productos estacionales. En particular, se observaron incrementos superiores al 4% en rubros como frutas, verduras e indumentaria, a lo que se sumó el comportamiento del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Desde los equipos técnicos explicaron que en agosto influyó de forma favorable la reversión de ciertos aumentos estacionales ocurridos durante julio, un factor de compensación que no se replicó en la medición del mes siguiente. No obstante, los analistas coinciden en señalar que un eventual repunte intermensual responde a las oscilaciones habituales de la estacionalidad y no modifica de forma directa la tendencia general del índice.

Respecto de las proyecciones para el último tramo de 2026, las estimaciones incluidas en el REM sugieren que la inflación mensual oscilaría en torno al 2% en los próximos meses. Para diciembre, los pronósticos proyectan un registro cercano al 1,9%, con lo que la inflación acumulada a lo largo del año se situaría entre el 30% y el 30,3%. De confirmarse estos números, el dato anual finalizaría en niveles levemente inferiores al 31,5% computado en 2025.

El Gobierno nacional estableció el nuevo salario mínimo, vital y móvil en $383.800 desde el 1º de septiembre de 2026 para los trabajadores mensualizados que cumplan la jornada legal completa. Además, fijó una escala de incrementos mensuales que llevará el monto hasta los $437.000 en abril de 2027.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La norma también determinó los valores por hora para los trabajadores jornalizados.

Según estableció la resolución, el salario mínimo será de $391.200 en octubre y $1.956 por hora; mientras que en noviembre alcanzará los $398.800 mensuales y $1.994 por hora.

Cómo aumentará el salario mínimo hasta abril

Para diciembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó establecido en $406.400 para los trabajadores mensualizados y $2.032 por hora para los jornalizados.

La escala continuará en 2027. Desde el 1º de enero será de $414.200 mensuales y $2.071 por hora; en febrero ascenderá a $422.000 y $2.110, respectivamente; y en marzo llegará a $429.600 mensuales y $2.148 por hora.

Finalmente, desde el 1º de abril de 2027, el salario mínimo quedará fijado en $437.000 para quienes cumplan una jornada legal completa y $2.185 por hora para los trabajadores jornalizados.

A qué trabajadores alcanza la medida

La resolución estableció que los montos alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo de la Ley 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.

En los casos contemplados por los artículos 92 ter y 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, vinculados con modalidades que no cumplen la jornada legal completa, el salario mínimo deberá percibirse en la proporción correspondiente.

La decisión fue adoptada luego de la reunión virtual realizada el 28 de agosto de 2026 por el Consejo Nacional del Empleo y la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo. Según consignó la resolución, tras “un extenso intercambio de opiniones”, no se alcanzó un acuerdo y debió emitirse un laudo para establecer los nuevos valores.

Qué pasará con la prestación por desempleo

La Resolución 4/2026 también mantuvo la fórmula utilizada para determinar la Prestación por Desempleo contemplada por la Ley 24.013.

El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización del contrato laboral que originó la situación de desempleo.

La norma determinó además que la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente ni superar el 100% de ese valor. De esta manera, los límites se modificarán en función de cada uno de los montos establecidos en la nueva escala.

La Secretaría de Trabajo de la Nación apunta a que exista un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos mientras se negocian los convenios colectivos de trabajo luego de la aprobación de la reforma laboral.

Desde la cartera liderada por Julio Cordero aseguraron que impulsan paritarias con un “salario mínimo garantizado”. “El monto, al menos para agosto de 2026, es de 1.070.000 pesos”, explicaron fuentes oficiales.

“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos. Ya se lo estamos comunicando sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso como Maestranza, Uocra, Sanidad”, agregaron.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, los salarios establecidos en los principales acuerdos colectivos del sector privado tuvieron desempeños muy diferentes frente a la inflación. Así lo indica el informe “Panorama mensual del trabajo registrado” de agosto de 2026, realizado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El reporte analizó la evolución de los salarios definidos en paritarias durante los últimos doce meses y destaca brechas superiores a quince puntos porcentuales entre las actividades con mejor y peor resultado.

El relevamiento enmarca esta dispersión en un contexto de mayor deterioro del poder de compra. En junio de 2026, el salario promedio en el empleo privado registrado disminuyó 0,9% en términos reales, considerando cifras desestacionalizadas, tras una baja del 2,9% en mayo.

Así, el ingreso real de junio se ubicó, por primera vez en veinte meses, por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una diferencia de 0,6 por ciento. En ese marco, el documento precisa que los salarios acordados en convenios colectivos “tuvieron una merma más limitada”, con una caída real del 0,7% en los dos meses más recientes analizados.

El análisis anual clasifica los convenios en tres grupos según la evolución frente a la inflación: siete acuerdos lograron mejoras en el poder adquisitivo, otro conjunto mostró variaciones cercanas a cero o leves bajas y un tercer segmento registró caídas superiores al 10% interanual.

Al comparar junio de 2025 con junio de 2026, el mayor incremento real se registró en Encargados de edificio, con una suba del 5,9 por ciento. Camioneros se ubicó en segundo lugar, con 3,1% de mejora. Construcción y Farmacia compartieron el tercer puesto, con aumentos del 2,5%. También obtuvieron mejoras Entidades deportivas y civiles (1,7%), Aceiteros (1,6%) y Seguros (1,6%).

Por debajo de estos, se encuentran los convenios que conservaron prácticamente el mismo poder de compra. Bancarios no tuvo variación, mientras que los acuerdos de Industria de la carne y Químicos presentaron descensos marginales del 0,6%, indicadores que el informe asocia con un escenario de “estabilidad” en medio de la dispersión general de los salarios negociados.

A partir de ese punto, la mayoría de los convenios relevados reflejó caídas en el poder adquisitivo. Pasteleros bajó 1,3%, Transporte automotor 1,7%, Madera acumuló un descenso del 2,4% y Concesionarios de autos registró una merma del 3,2 por ciento.

En el grupo con mayores pérdidas aparecen cuatro convenios con caídas de dos dígitos: Calzado retrocedió 10,5%, Comercio 11%, Metalúrgicos 12,4% y Textiles terminó el año con la mayor baja, del 12,6 por ciento. Según el informe, este último conjunto representa a los sectores más afectados, con pérdidas que superan las diez unidades porcentuales en el poder de compra durante el último año.

Además de analizar las variaciones porcentuales de los salarios negociados en cada paritaria, el informe presenta un estudio de la mediana salarial por convenio colectivo de trabajo correspondiente a marzo de 2026, elaborado a partir de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este análisis permite clasificar los sectores según el nivel salarial realmente percibido por los empleados, independientemente de los cambios relativos durante el año.

El sector bancario lidera el listado, con una mediana salarial de $4.390.369, cifra ampliamente superior a la de los demás rubros evaluados. En el segundo lugar se encuentran Transporte de carga y Transporte de pasajeros, ambos con una mediana de $1.977.412, seguidos por Entidades deportivas y sociales, con $1.967.887, y Alimentación, con 1.959.483 pesos.

En el extremo inferior del ranking aparecen Construcción, con una mediana de $1.001.342, y Gastronomía, que muestra el menor valor registrado, con 803.991 pesos.

Fuente: Infobae

Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en conjunto con organizaciones como FEDUBA, anunciaron un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La medida de fuerza profundizará el plan de lucha que mantiene el sector con el Ejecutivo nacional en demanda del envío de partidas presupuestarias y recomposiciones salariales.

Desde el ámbito universitario denunciaron que las casas de altos estudios no están recibiendo las transferencias contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. Autoridades del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) remarcaron que la falta de recursos afecta los gastos de funcionamiento operativo de las facultades y las becas estudiantiles, a pesar de existir fallos judiciales que exigen girar los fondos.

En materia salarial, las federaciones docentes cuestionaron que los aumentos de los últimos meses fueron fijados de manera unilateral y por debajo de la pauta inflacionaria. Según registros gremiales, los trabajadores del sector acumulan una pérdida de poder compra cercana a un tercio respecto a finales del año pasado.

La devaluación del salario impacta tanto en las dedicaciones simples y semi-exclusivas como en los cargos de dedicación exclusiva, lo que genera alarma por la posible fuga de profesores e investigadores formados dentro del sistema universitario. Por este motivo, las organizaciones exigen la apertura de negociaciones paritarias de forma urgente.

La Fundación Libertad y Progreso analizó el desempeño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2026, el cual registró una suba del 2,1%. Desde el centro de estudios explicaron que el incremento observado responde a un rebote de carácter transitorio motivado por factores estacionales y estimaron que la dinámica desinflacionaria se retomará a partir de agosto, con registros mensuales previstos por debajo del 2%.

El economista Julián Neufeld detalló que el salto de julio estuvo impulsado principalmente por el aumento en el rubro de bienes y servicios vinculados al turismo y el esparcimiento durante el receso invernal. En ese sentido, los productos estacionales mostraron una suba del 4,5% con un impacto de 0,41 puntos porcentuales en el índice general, mientras que la inflación núcleo experimentó una variación más acotada, pasando del 1,6% en junio al 1,8% en julio.

Por su parte, el economista jefe de la entidad, Diego Piccardo, precisó que los rubros Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura aportaron de manera conjunta 0,64 puntos porcentuales al índice de julio, frente a los 0,44 puntos registrados en junio. Esa brecha de dos décimas explica de manera directa la diferencia observada entre ambos meses, descartando un cambio estructural en la tendencia de fondo de los precios.

Desde la institución destacaron que las mediciones de alta frecuencia de las primeras semanas de agosto muestran una desaceleración en el ritmo de aumentos, estimando un IPC cercano al 1,8% para el mes en curso. La proyección de desaceleración para el segundo semestre se fundamenta en la contención de la base monetaria, el equilibrio fiscal y la menor incidencia esperada en la categoría de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

La Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) encendió las alarmas tras evaluar el crítico panorama que atraviesa el sector de la salud privada tanto a nivel provincial como nacional. La presidenta de la entidad, Silvia D’Agostino, advirtió que los sanatorios se encuentran en un punto límite debido al atraso constante en los pagos por parte de las obras sociales y un desfasaje insostenible respecto a los costos operativos.

"Los sanatorios de todo el país están en emergencia desde marzo de 2002 porque los problemas de fondo nunca tuvieron una solución", remarcó D’Agostino, al remarcar que la crisis del sector lleva más de dos décadas sin respuestas estructurales por parte de los sucesivos gobiernos.

Uno de los factores que más agrava la situación es la pérdida de capacidad económica de las obras sociales, las cuales registraron una importante caída de afiliados debido al deterioro del poder adquisitivo. A esto se le suma el aumento desmedido en el valor de los insumos y prestaciones médicas. Según reveló la titular de Acler, varias obras sociales nacionales comenzaron a solicitar esquemas de pago en cuotas e incluso pidieron restringir las atenciones únicamente a situaciones de urgencia.

Respecto a la obra social de los jubilados y pensionados, D’Agostino fue contundente al señalar la brecha en los valores que perciben las clínicas. Explicó que los montos se mantuvieron congelados durante todo el año y que los recientes ajustes del 1,9% resultan insignificantes frente a un desfasaje acumulado del 160%. Además, criticó la imposición de topes a las prestaciones y a la cantidad de órdenes emitidas, lo que restringe todavía más el funcionamiento operativo.

"Las clínicas trabajan a tope pero con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan ni a cubrir los costos", graficó. En cuanto a las medidas fiscales dispuestas para el sector, aclaró que la declaración de emergencia no resuelve el conflicto: "Implica únicamente que la agencia de recaudación no embargue a las clínicas endeudadas. Es solo eso, no es una solución".

Ante la falta de respuestas a nivel nacional, la directiva de Acler mantuvo un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, con el objetivo de solicitar la mediación del Ejecutivo provincial.

Durante la reunión también se planteó la problemática de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), cuyos aportes permanecieron congelados ante la falta de paritarias, derivando en un estancamiento de los aranceles que perciben los prestadores médicos. "Por el momento seguimos haciendo gestiones, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas", concluyó D’Agostino.

(Fuente: APFDigital)

El haber bruto de los miembros de la Cámara de Senadores de la Nación alcanzó los $12.260.000 mensuales a partir de agosto, tras aplicarse un nuevo ajuste del 6,64% derivado de las paritarias del personal legislativo. Esta cifra ubica a los 72 legisladores en un esquema de ingresos que supera ampliamente el promedio económico actual. Sin embargo, la administración final de ese dinero difiere marcadamente según las resoluciones individuales tomadas en cada despacho, abarcando desde la renuncia formal a los aumentos hasta mecanismos de donación directa o giros internos hacia las estructuras de sus partidos políticos.

A nivel institucional, la Presidencia del Senado implementó un convenio oficial con la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez para que las dietas puedan destinarse formalmente a esa entidad sanitaria. Pese a esta alternativa con registro oficial, numerosos senadores de bloques como La Libertad Avanza o la Unión Cívica Radical optan por derivar fondos de forma privada hacia fundaciones o escuelas en sus provincias de origen. En contraposición, la gran mayoría de las bancadas del interbloque peronista mantiene el sistema de aportes a sus partidos políticos o cobra la totalidad de la dieta sin aplicar reducciones, acentuando las diferencias de transparencia que existen dentro del recinto.

La distinción técnica entre rechazar el aumento o donarlo genera además un impacto contable diferente en los ingresos netos. Quien renuncia a la actualización paritaria resigna un porcentaje sobre el bruto total, mientras que quien dona entrega una cuota fija del 5%, reteniendo una cifra neta ligeramente superior. Esta brecha de alrededor de 650.000 pesos mensuales entre ambas modalidades suele pasar inadvertida en la discusión pública, demostrando que detrás del gesto político persisten diferencias económicas sustanciales según el mecanismo de deducción seleccionado.

(Fuente: Análisis)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) encendió las alarmas sobre el impacto directo que tendrá la crisis energética global en la economía doméstica. Según el último relevamiento del organismo dependiente de la ONU, el encarecimiento de los combustibles —derivado de la guerra en Medio Oriente— sumará una presión adicional de entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales a la inflación total de Argentina para este año.

Para trazar estas proyecciones, la CEPAL evaluó tres escenarios posibles basados en la evolución del precio del crudo internacional y el grado de traslado de esos valores a los surtidores locales:

En el plano local, el Gobierno nacional e YPF vienen aplicando una estrategia de contención mediante el congelamiento temporal de los precios de las naftas y la postergación de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan al gasoil y las naftas (virgen y sin plomo). Sin embargo, advierten que estas medidas actúan como un dique de contención provisorio, por lo que el golpe definitivo en el bolsillo se sentirá cuando se actualicen dichos esquemas.

La brecha regional es amplia: en el extremo más vulnerable se ubica República Dominicana, donde el impacto inflacionario podría alcanzar los 4,6 puntos en el escenario más pesimista. Por el contrario, Ecuador aparece como el país más protegido frente a la crisis global, con una afectación máxima estimada de apenas 0,9 puntos.

La tuberculosis (TB) consolidó su tendencia al alza en la Argentina y encendió las alarmas en la zona Centro, con Entre Ríos como una de las jurisdicciones que evidencia una mayor aceleración en la notificación de casos.

De acuerdo con los datos oficiales del Boletín Epidemiológico Nacional N°813 (SE 23, Año 2026), la provincia experimentó un notable incremento en la detección de la enfermedad si se comparan las primeras 22 semanas de este año con el mismo período de 2025.

El informe detalla que Entre Ríos pasó de registrar 85 casos (con una tasa del 5,83 por 100 mil habitantes) entre las semanas 1 y 22 de 2025, a 118 casos confirmados (tasa de 8,07) en el mismo lapso de 2026. Esto representa una variación porcentual del 38,8%, ubicando a la provincia entre los distritos con mayor crecimiento relativo del país, solo superada por Misiones y Mendoza. En términos absolutos, el territorio entrerriano sumó 33 nuevos afectados bajo vigilancia epidemiológica en lo que va del año.

El panorama nacional y regional

Este incremento local se inscribe en un escenario de alza generalizada. El Boletín destacó que "entre 2020 y 2026, considerando las notificaciones acumuladas desde la SE 1 hasta la SE 22 de cada año, se observa una tendencia general ascendente" a nivel país, habiéndose alcanzado en 2026 "el valor más alto de la serie" con 6.482 casos totales.

La zona Centro, a la que pertenece Entre Ríos junto a Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe, es el área geográfica que mayor presión ejerce sobre el sistema sanitario. Según el reporte oficial, "el incremento se concentró principalmente en las regiones Centro, NEA y Cuyo. En términos absolutos, la zona Centro aportó el mayor número de casos adicionales, con 264 casos más que en 2025". Dentro de este bloque, los mayores aumentos en cantidad de personas diagnosticadas correspondieron a Buenos Aires (+186 casos), Santa Fe (+115), Córdoba (+55) y Entre Ríos (+33).

Causas y perfil de la enfermedad

Las autoridades sanitarias asocian este crecimiento continuo tanto a factores socioeconómicos como a una franca mejora en la capacidad de testeo post-pandemia. Al analizar las conclusiones de la situación general del año anterior (2025) —que cerró con un total de 17.283 notificaciones en el país—, el informe técnico señala: "Este aumento refleja tanto, la persistencia de determinantes sociales y sanitarios que favorecen la transmisión de la patología como la recuperación de las actividades de detección y diagnóstico".

Respecto a quiénes afecta principalmente la enfermedad, el documento detalla que las características epidemiológicas no han variado sustancialmente, sosteniendo "una mayor proporción en varones y un predominio en adultos jóvenes", concentrándose el 61,5% de los casos incidentes a nivel nacional en la población de 15 a 44 años. Asimismo, la localización pulmonar sigue siendo la manifestación más frecuente, alcanzando el 84,4% de los casos totales en Argentina.

Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud de la Nación remarcó que continúa distribuyendo insumos clave (como cartuchos para diagnóstico molecular y dosis de Derivado Proteico Purificado - PPD) y trabajando junto a los programas provinciales para "fortalecer la notificación de las jurisdicciones al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), promoviendo la nominalización progresiva de los datos y la mejora sostenida de la calidad de los registros en todas las jurisdicciones".

Fuente: APFDigital

La inflación de mayo se ubicó en 2,1%, el segundo mes consecutivo de baja mensual. Sin embargo, para la licenciada en Economía Victoria Lambruschini, la cifra oculta una realidad social alarmante. En diálogo con Debate Abierto, la especialista sostuvo que la desaceleración responde principalmente a un ajuste profundo aplicado por el Gobierno nacional, que ha mantenido las paritarias por debajo de la inflación y ha provocado un derrumbe del consumo masivo.

Lambruschini subrayó que la baja de precios no surge de una mejora económica real, sino de la contracción de la demanda. “La clase media y trabajadora está siendo asfixiada por salarios congelados y por el aumento desproporcionado de los servicios esenciales”, señaló.

La economista describió una asimetría crítica en la dinámica de precios: mientras los bienes sujetos a competencia muestran subas más moderadas, los servicios esenciales —como salud, transporte, luz y gas— continúan en alza debido a los ajustes tarifarios y la falta de competencia. Esta situación quita capacidad de compra para otros rubros, lo que explica el cierre de comercios y pymes, incluso en la peatonal de Paraná, por la caída de la demanda.

Más allá de la cifra mensual, alertó sobre el empobrecimiento relativo de la población y recordó que la Argentina no crece desde hace 15 años. En este escenario, la situación es especialmente crítica para la clase media: hoy se requieren aproximadamente 1,5 millones de pesos por familia para no caer bajo la línea de pobreza, un monto que la mayoría de los trabajadores registrados no logra percibir.

La especialista concluyó que la baja de la inflación no debe interpretarse como un signo de recuperación, sino como el resultado de un ajuste que profundiza la pobreza estructural y limita las posibilidades de crecimiento.

Fuente: Debate Abierto

Nuestro pan de cada día no está exento de la tendencia inflacionaria que, pese a la sostenida desaceleración que evidencian los precios en el último año, hace que el elemental y vital acto de comer sea más caro mes a mes.

Hace mucho tiempo (un año, aproximadamente) que no variaba el precio del kilo de pan. Esto cambió hace algunos días, cuando se empezaron a registrar aumentos que varían entre el 12 y el 20%, dependiendo de la zona geográfica.

Este aumento responde a diferentes factores, entre ellos: la suba cercana al 20% de la harina, acompañada por aumentos en los valores de las grasas, margarinas y las tarifas de servicios, principalmente la luz y el gas.

Para conocer cómo se compone el precio final del pan, El Argentino dialogó con profesionales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos de políticas públicas.

Según el “Informe Composición de Precios”, publicado por la fundación hace tres meses el precio del pan alcanzó los $3.538 por kilo, lo que representa un aumento del 11% respecto al informe que habían publicado en agosto del año pasado.

En el mismo período, la inflación general fue del 16,5%, y la del rubro alimentos y bebidas, del 19,5%. Cifras que nos ofrecen un primer dato importante: en líneas generales, el pan aumentó menos que la inflación.

Según datos oficiales del Indec, el precio del pan francés mostró grandes diferencias según la región. En el Gran Buenos Aires, el kilo se vendió a $4.202, mientras que en la región noreste el precio promedio fue de $2.230.

“Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista Jefa de FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, afirmó.

En lo que va del año, la cadena del trigo-pan viene atravesando un contexto menos beneficioso que durante la segunda mitad del año pasado. Los costos aumentaron más que el precio del pan. Eso explica un mayor peso de los costos en el precio final y al mismo tiempo, una baja de la importancia de ganancias e impuestos.

Según el informa de FADA, los fletes totales de la cadena representan el 1,8% del precio al consumidor, equivalente a $63,4 por kilo de pan. Sin embargo, si se analiza por eslabones, el flete del trigo representa el 10,5% de su precio, y el de la harina el 7,8% del precio de la bolsa.

Por otro lado, el valor total de la mano de obra en la cadena representa el 34% del precio final del pan, acumulado en gran parte en el sector panadero. Es decir que, por cada kilo de pan se paga $1.214 de salarios.

En este sentido, el caso del pan (pero también el de la carne y los lácteos) es claro: $1 de cada $4 que pagamos, son impuestos. Y, los que se destacan son: el Impuesto al valor Agregado (IVA) a nivel nacional, Ingresos Brutos en lo provincial y las tasas a industrias y comercios a nivel municipal.

Del total de los impuestos de la cadena, el 79% son nacionales, 18% provinciales y el 3% municipales. El Impuesto a las Ganancias y el IVA son los de mayor participación, ya que juntos representan el 72% de los impuestos totales. Si a ello se le suma Ingresos Brutos, el tercero en importancia, suman el 91% del total.

Para que se entienda: el precio final del kilo de pan está conformado por los costos de producción (61%), los impuestos (24%) y la ganancia (15%). “Este precio se construye a lo largo de toda la cadena. Si lo vemos por eslabones, cronológicamente, la producción del trigo en el campo es el 7% del precio del pan, el molino el 4% y la panadería el 65%, el otro 24% son los impuestos”, sostienen desde FADA.

Pero no es necesario salir de la ciudad para poder comparar las marcadas diferencias de precios. Los testimonios de las panaderías de diversos puntos de la ciudad así lo evidencian: mientras que en el centro se llega a pagar el kilo de pan $4.000, en barrios periféricos llega a costar casi la mitad.

En una de las panaderías que están cercanas al club Juventud Unida, el último sábado, el kilo de pan pasó de $3.000 a $3.400. Lo que representa una suba del 13,33%. “Hace un año y medio, más o menos, que el precio era el mismo”, aclaró la empleada del lugar.

“La gente consume menos harina en verano, por el calor. Pero ahora, con el frío, se notó el aumento de la demanda”, contó la mujer. Además, “muchos, por temas de salud, dejaron de consumir harina y eso se nota”.

En la zona más céntrica los precios cambian. En un comercio de la zona de 25 de Mayo y Rocamora, el kilo de pan pasó de los $3.500 a los $4.000 (+14,28%). Mientras que la docena de facturas aumentó de $8.000 a los $10.000 (+25%).

A tres cuadras, en otra panadería del microcentro las variaciones de precios fueron similares, aunque menores: el kilo de pan pasó de los $3.200 a los $3.600 (+12,5%). La docena de facturas, en tanto, pasó de los $12.000 a los $14.000 (+16,66%).

“Los precios y los cambios de hábitos han hecho que en los últimos años la gente consuma menos harina, menos pan, menos galleta y facturas. Esto se notó mucho después de la pandemia, porque nunca más volvimos a vender lo que vendíamos”, aportó la responsable de atención al cliente del lugar. En esta línea, coincidió con otras de las consultadas: se come más pan con el frío y de mañana se vende más que de tarde.

El contraste se nota mucho más en las panaderías alejadas del centro comercial de Gualeguaychú. Respecto a los hábitos de consumo, un panadero de la zona oeste de la ciudad contó que, debido al impacto de la crisis económica, “durante la semana prácticamente no vendemos facturas, ahora sólo se compran los domingos, pasó a ser un lujito para las familias laburantes”.

En su local, la docena de facturas pasó de costar $6.000 a $7.000 (+16,66%). En tanto, el kilo que estaba $2.000 ahora cuesta $2.400 (+20), mientras que la galleta suiza común pasó de $2.500 a $3.000 (+20%). “Todos los costos han subido, la bolsa de harina (25 kilos) pasó de $14.000 a cerca de $17.000 hace algunas semanas. Eso impacta directamente en el precio de góndola”, aportó el comerciante.

El aumento del pan se dio en toda la ciudad, como queda evidenciado, pero los porcentajes no fueron uniformes, ni mucho menos. En los barrios, los precios llegan a ser hasta la mitad de los que exhiben los comercios céntricos. Y también los hábitos de consumo son diferentes: mientras que algunos clientes elijen no comer o comer menos harina por una cuestión de salud, otros lo hacen por un impedimento meramente económico.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el índice del costo de la construcción (ICC) correspondiente al Gran Buenos Aires registró en abril una suba del 3,1% respecto a marzo. Con este resultado, el acumulado interanual alcanzó el 30,2%.

El informe detalla que el capítulo mano de obra reflejó el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), homologado el 7 de abril de 2026. El incremento impactó también en el capítulo “Gastos generales”, ya que incluye el ítem “Sereno”, enmarcado dentro de la resolución. En abril, la mano de obra registró una suba del 3,1% mensual, producto de un aumento del 2,6% en “Mano de obra asalariada” y del 6,0% en “Subcontratos de mano de obra”.

En cuanto a gastos generales, el informe incorpora los nuevos valores tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para Edenor y Edesur, además de actualizaciones en los consumos y conexiones de agua y cloaca autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas, y ajustes en los valores de conexión de gas dispuestos por Enargas.

Respecto a los materiales, se seleccionaron insumos por su incidencia en el costo total de la obra, manteniendo una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem. El cálculo supone que tareas como albañilería y hormigón armado son ejecutadas por empresas constructoras con personal propio, mientras que se subcontratan trabajos de yesería, pintura e instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

El análisis por ítem de obra muestra que los mayores aumentos se dieron en:

Con este resultado, el sector de la construcción continúa mostrando incrementos en sus costos, en línea con la evolución de precios mayoristas, que en abril registraron una suba del 5,2% y acumularon un 30,8% en los últimos doce meses.

La Asociación Bancaria anunció este lunes un acuerdo con las cámaras empresariales para elevar los salarios de los trabajadores en un 2,6% durante el mes de abril. El incremento pactado elevará el piso salarial a $2.319.195,20.

La actualización comunicada por el gremio que conduce Sergio Palazzo se aplicará en todas las remuneraciones "mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas", e incluirá también los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el incremento previsto para abril, la paritaria bancaria acumula una suba del 12,3% en los cuatro primeros meses del año, sobre los salarios de Diciembre 2025. La evolución salarial corre en paralelo al 12,3% calculado por el Indec para el mismo período.

Cómo se calcula la actualización

El esquema acordado mantuvo el mecanismo de ajuste vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, consolidando un sistema que buscó acompañar la dinámica inflacionaria.

Para determinar los aumentos, se tomó como referencia la remuneración correspondiente a diciembre de 2025 y se evaluó la inflación acumulada desde enero de 2026 hasta el período de actualización.

El resultado surgió de la diferencia entre esa variación de precios y los incrementos ya otorgados durante el año, lo que permitió ajustar los salarios de manera proporcional frente a eventuales aceleraciones inflacionarias.

Ingresos para los bancos

Con la aplicación del nuevo aumento, el salario mínimo inicial quedó fijado en $2.319.195,20, cifra que funciona como base para el cálculo del resto de los ingresos.

Sin embargo, el monto final percibido por los trabajadores suele ser superior, ya que incluye adicionales como presentismo, formación académica y compensaciones específicas, entre ellas el arqueo de caja.

Estos componentes varían según la función y la entidad, pero forman parte del ingreso total dentro del sistema financiero.

Paritaria bancaria de mayo

El gremio de trabajadores bancarios también anunció que, según lo acordado con las cámaras, "se continuará de igual manera con la actualización del mes de Mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento".

La próxima negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de junio, publicó Ámbito.

De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios. (APFDigital)

Según el acuerdo, se establecieron subas acumulativas sobre los salarios mínimos del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio de 2026.

Además, se dispuso la incorporación progresiva de sumas no remunerativas: el 50% correspondiente a marzo se incorporará en abril, mientras que el porcentaje restante se sumará en julio.

El entendimiento también contempla la actualización del adicional por zona desfavorable, que quedó fijado en un 31% sobre los salarios mínimos de todas las categorías, con vigencia desde el 1° de abril.

Desde la cartera laboral señalaron que los valores acordados representan pisos salariales y se enmarcan en el concepto de “salario dinámico”, lo que permite negociar mejoras por encima de esos mínimos.

Finalmente, se estableció una nueva reunión de la comisión para julio, con el objetivo de evaluar la evolución de los ingresos del sector en un contexto económico complejo. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, destacó la continuidad de la negociación colectiva como herramienta central para la actualización salarial.

La inflación de marzo alcanzó 3,4%, según el índice publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El nuevo registro implicó una variación interanual de 32,6% y ubicó el acumulado del año en 9,4%, en línea con las previsiones que manejaban el Gobierno y los analistas privados. El dato confirmó que el aumento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y los ajustes en combustibles impulsaron la suba de precios en el mes, además de las presiones estacionales como la vuelta a clases.

De acuerdo con los datos del Indec, ya son diez meses consecutivos de aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,9% registrado en julio de 2025. La proyección del Gobierno es que a partir de abril comience un proceso de desaceleración y un repunte de la actividad.

En la previa de la publicación del dato, durante la presentación de un libro en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la inflación de marzo “seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock con el petróleo”. El funcionario explicó que el impacto mundial del crudo se reflejó de manera directa en los combustibles y en la cadena de costos de otros sectores clave, como el transporte y los alimentos. "A partir de abril, se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”, marcó.

Cómo sigue la inflación

En las primeras semanas de abril, los relevamientos de diferentes consultoras marcaron un menor ritmo de aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que genera ilusión en el Gobierno sobre la evolución de precios general en lo que resta del mes, ya que se trata de un rubro que complicó al indicador meses atrás.

En la primera semana de abril, el informe de LCG mostró que los precios de alimentos y bebidas en supermercados de alcance nacional cayeron 0,4% respecto de la semana previa. Este resultado compensó parcialmente el ascenso observado a fines de marzo y significó retomar un rumbo hacia abajo desde el pico registrado a fines de febrero. El promedio de inflación mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,6%, una baja de 0,7 puntos porcentuales (p. p.) para el período.

En esa misma línea, la consultora EconViews reportó que su relevamiento de precios en la primera semana de abril arrojó una variación promedio de 0% para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados. El relevamiento destacó la caída de 2,2% en verduras y un incremento de 0,6% en bebidas. El acumulado de las últimas cuatro semanas fue de 2,3 por ciento.

En la segunda semana del mes, sin embargo, Analytica registró una variación del 0,3% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados. Y precisó que las menores variaciones semanales correspondieron a las regiones NEA y Patagonia, con un aumento de 0,2%, mientras que Cuyo presentó la suba más alta del país, con 0,5%. Dentro de los alimentos, pescados y mariscos subieron 3,6%, azúcar, dulces y chocolates lo hicieron 2,5%, y los rubros con menor incremento fueron pan y cereales (+0,9%) y otros alimentos, que incluyen salsas y snacks (+1,3%). En el caso de las frutas, el informe registró una baja de 1, por ciento%.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que dio a conocer el Banco Central (BCRA), la mediana de respuestas del “Top 10″ prevé una inflación de 3,1% para marzo, pero para abril consideran que habrá una desaceleración de los precios y se ubicará en 2,7% y seguirá con esa tendencia a la baja, aunque recién en agosto volverá al 2% mensual. Según datos oficiales y privados, el sendero de desaceleración permanece condicionado por factores internos y externos. La consolidación del ancla fiscal, la postura monetaria y la evolución del tipo de cambio figuran entre los elementos que pueden contribuir a contener el alza de precios en el mediano plazo.

Fuente: Infobae

El Plenario Provincial de Delegados de AJER expresó su oposición a la iniciativa que busca introducir cambios en el sistema de jubilaciones. Según advirtieron desde el gremio, el proyecto contempla la eliminación del 82% móvil, una posible reducción en los haberes y la desvinculación de los aumentos respecto de los salarios de los trabajadores activos.

Desde la organización sindical sostuvieron que la sustentabilidad del sistema previsional debe garantizarse sin afectar derechos fundamentales. En ese sentido, remarcaron que existen alternativas viables para fortalecer la Caja de Jubilaciones sin trasladar el costo a los beneficiarios.

En el marco del plan de acción definido, el plenario resolvió impulsar una movilización provincial, avanzar en la coordinación con otros gremios y organizaciones, y participar activamente en todas las instancias de diálogo que se habiliten.

La consigna central del reclamo se sintetiza en la defensa de una jubilación digna y el mantenimiento de las condiciones actuales del sistema previsional.

Cabe recordar que este jueves 26 de marzo AJER realizará un paro de 24 horas retomando las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. APF Digital.

La industria de la indumentaria atraviesa un escenario crítico en Argentina. La debilidad de la demanda, la presión financiera y la imposibilidad de trasladar costos a precios configuran un panorama de crisis que golpea tanto a las empresas como a los trabajadores. El último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) confirma que la situación se deteriora y que las expectativas para los próximos meses no muestran señales de mejora.

Las ventas de ropa registraron una caída interanual promedio del 8,4% en el primer bimestre de 2026, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde 2024. Según el informe de la CIAI, el 63% de las empresas sufrió una baja en sus ventas, mientras que apenas el 30% logró incrementarlas. La debilidad de la demanda se consolidó como el principal problema para la actividad, afectando a 8 de cada 10 compañías.

La imposibilidad de trasladar costos a precios agrava la situación: la mitad de las firmas no pudo hacerlo y un 43% apenas trasladó menos de la mitad de los aumentos. Como consecuencia, los stocks volvieron a crecer, alcanzando niveles “excesivos” en el 50% de las empresas, el registro más alto en un año y medio.

El impacto también se refleja en la cadena de pagos. Ocho de cada diez empresas enfrentan complicaciones para cumplir compromisos financieros y los retrasos ocasionales se duplicaron en el último bimestre, llegando al 60% de las firmas. La proporción de compañías sin atrasos relevantes cayó del 40% al 21% en apenas dos meses.

En materia laboral, el recorte de personal se profundizó. Los despidos explican el 21% de las medidas adoptadas, con un incremento de 7 puntos porcentuales respecto al bimestre anterior. Además, un 25% de las empresas decidió no cubrir los puestos vacantes por renuncias, lo que refleja un ajuste silencioso en la dotación de personal.

De cara al futuro, las expectativas económicas generales empeoraron: aumentaron las valoraciones “malas” (+2 puntos) y “muy malas” (+5 puntos). En cuanto a las ventas del próximo trimestre, el 60% de los empresarios estima que se mantendrán sin cambios, mientras que apenas un 16% espera una mejora.

El informe concluye que la crisis del sector indumentaria combina tres factores: caída de la demanda, presión financiera y deterioro del empleo. En este contexto, la recuperación parece lejana y el sector enfrenta un escenario de incertidumbre que compromete su sostenibilidad. Fuente: Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI)

La inflación de alimentos alcanzó 3,3% en febrero y acumuló un alza de 36% en los últimos 12 meses, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato mensual se ubicó 0,4 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró en 2,9%.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir la canasta básica. Por eso, se trata del rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

En la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: pollo entero (10,2%), naranja (8,7%), paleta (8,1%), papa (8,1%), cuadril (8%), nalga (8%), hamburguesas congeladas (7,4%), carne picada común (7,1%), asado (5,7%) y salchicha tipo Viena (5,7%). También se destacaron aumentos en aceite de girasol (4,5%), azúcar (4,1%), salchichón (3,8%), salame (3,6%) y queso sardo (3,1%).

En los primeros dos meses del año, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 8,2%, lo que representó 2,3 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (5,9%).

Por regiones, el Noreste fue la zona con mayor incremento en febrero (4,5%), seguida por Cuyo (4,3%), Noroeste (4,1%), Pampeana (3,4%), GBA (3%) y Patagonia (2,5%).

También hubo alimentos que registraron bajas respecto de enero. Entre ellos se destacan: fideos secos tipo guisero (-0,5%), polvo para flan (-0,5%), tomate entero en conserva (-1,9%), manzana deliciosa (-2,2%), zapallo anco (-3,2%), banana (-4,3%), pan de mesa (-4,6%), lechuga (-6,3%), limón (-16,9%) y tomate redondo (-22,2%).

El comportamiento dispar de los precios refleja la volatilidad del mercado de alimentos, donde factores estacionales, climáticos y de oferta impactan directamente en el bolsillo de los consumidores. La suba en carnes y productos frescos contrasta con la baja en frutas y verduras, lo que genera diferencias significativas en la composición de la canasta básica.

De esta manera, el rubro alimentos continúa siendo el principal motor de la inflación y el que más condiciona la capacidad de compra de los hogares, especialmente en los sectores de menores ingresos.