El Gobierno nacional formalizó este martes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), con la publicación de la Resolución 1198/2025 en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y establece que el Estado buscará transferir al sector privado el 90 % del paquete accionario que actualmente posee, en un plazo máximo de ocho meses.

Esta decisión se enmarca en una serie de reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei, y llega casi un mes después de la publicación del Decreto 494/2025, que dispuso las bases regulatorias para avanzar con la venta. A través de ese documento, se especificó que la operación se llevará a cabo “bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90 % del capital social” de AySA.

La compañía forma parte del grupo de ocho empresas públicas incluidas en la lista de privatizaciones habilitadas por la Ley Bases, aprobada en julio de 2024 por el Congreso Nacional. En el caso de AySA, el Gobierno considera que su estructura societaria, similar a la de una empresa privada con participación mayoritaria del Estado, facilita la transferencia accionaria.

En el artículo 2° de la Resolución publicada este martes, el Gobierno instruye a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” del Ministerio de Economía a liderar el proceso técnico. Entre otras tareas, deberá “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario” y “concretar la venta dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.

También se encomienda a la Unidad Ejecutora la responsabilidad de llevar adelante “las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) que no hayan sido vendidas” en la primera etapa del proceso.

En paralelo, la Secretaría de Obras Públicas tendrá un rol fundamental en el aspecto técnico del traspaso. Se le ordenó “elaborar la documentación licitatoria -técnica y contractual- del proceso de privatización, la cual incluirá el contrato de concesión correspondiente”, todo esto bajo supervisión de la Unidad Ejecutora Especial.

A pesar de la envergadura del proceso, el Gobierno asegura que la medida no afectará el servicio. La Secretaría de Obras Públicas deberá “arbitrar los medios necesarios para que lo dispuesto por la presente medida no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había adelantado que con esta privatización el Ejecutivo espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares, tomando como referencia lo que se pagó en su momento tras un juicio relacionado con la reestatización previa de la compañía.

AySA presta servicio a más de 14 millones de personas en la región metropolitana de Buenos Aires. Aunque su figura jurídica es la de una sociedad anónima privada, el Estado ha mantenido históricamente el control mayoritario de su capital accionario. Ahora, con este nuevo paso, el Gobierno apunta a reconfigurar el mapa de empresas públicas en línea con su política de reducción del Estado. (Con información de Boletín Oficial)

El Gobierno nacional autorizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). La medida se formalizó esta madrugada a través del Decreto 494/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma habilita la venta del 90% del capital accionario de AYSA, actualmente en manos del Estado nacional, mediante un proceso de licitación pública nacional e internacional. Según se detalló, el procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, una unidad ejecutora especial creada para tal fin.

La venta se organizará en dos etapas. En la primera, se buscará transferir al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico del sector, lo que marcaría el traspaso del control operativo de la empresa. Posteriormente, el resto del paquete accionario será ofrecido en bolsas y mercados del país, sin aplicar las preferencias previstas en el artículo 16 de la Ley N° 23.696, ni implementar un Programa de Propiedad Participada.

La decisión se fundamenta en el diagnóstico de la actual administración, que sostiene que AySA operó de forma deficitaria desde su creación, dependiendo de manera constante y significativa del financiamiento estatal. Según cifras oficiales, entre 2006 y 2023 el Tesoro Nacional transfirió a la compañía cerca de u$s13.400 millones.

A pesar de esa asistencia, el Gobierno afirma que no se logró evitar un deterioro progresivo en la eficiencia y productividad de la empresa, con un aumento sostenido de los costos operativos y una caída de la productividad laboral. Además, se remarcó que para mejorar la calidad del servicio se requerirían fuertes inversiones en infraestructura, imposibles de afrontar tanto por la empresa como por el propio Estado, sin comprometer la política de reducción del déficit fiscal.

"La intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el ESTADO NACIONAL", explicó el decreto.

El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, será responsable de garantizar que el proceso de privatización no afecte la continuidad del servicio público de provisión de agua y saneamiento.

La privatización de AySA estaba prevista en el artículo 2 de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y se enmarca en el plan general de reforma y reordenamiento del Estado impulsado por el oficialismo.

Previo al anuncio, la Secretaría de Obras Públicas había diseñado un “Plan de Acción de Transición de AySA S.A. para el período 2024-2026”, orientado a adecuar los compromisos de la empresa a su capacidad real de ejecución e inversión. Ese esquema, según el Gobierno, servirá como base para facilitar la transición hacia un nuevo modelo de gestión, más eficiente y sostenible en el tiempo.