El mercado cambiario cerró la última rueda operativa de la semana con variaciones al alza en las principales cotizaciones financieras y en el segmento mayorista. En una jornada que registró un volumen de operaciones superior a los 565 millones de dólares, el dólar mayorista culminó sus operaciones en $1.529,50 por unidad, lo que representó un incremento diario de un peso con cincuenta centavos, equivalente a una variación del 0,1%. Con esta jornada, el tipo de cambio sumó su sexta rueda consecutiva de incrementos en el mercado interbancario, alcanzando el registro nominal más elevado del corriente año.

En el acumulado del mes de octubre, la paridad mayorista registra un avance de $12,50, equivalente a un incremento del 0,8%, mientras que en el transcurso del año 2026 la variación asciende al 5%, lo que representa un ajuste total de $74,50. Asimismo, la brecha técnica calculada respecto del límite superior de las bandas cambiarias informadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se situó en el 27,1%, equivalente a una distancia de $414,06 en relación con el techo de intervención de $1.943,56.

En el ámbito de los mercados informales y bursátiles, los tipos de cambio mostraron un comportamiento estable con variaciones moderadas:

La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó de manera definitiva el archivo de la causa judicial iniciada a raíz del acuerdo financiero suscripto en el año 2018 entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 57.000 millones de dólares. La resolución, rubricada por los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó el recurso planteado por la representación fiscal y confirmó lo resuelto previamente por las instancias inferiores del fuero federal respecto a las actuaciones tramitadas sobre exintegrantes del Poder Ejecutivo Nacional.

El proceso judicial, dictaminado inicialmente en el Juzgado Federal N° 5 y con ratificación de la Cámara Federal en febrero de este año, se orientaba a determinar si la tramitación del crédito internacional y la posterior administración de las divisas configuraron delitos en perjuicio de la administración pública o incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación comprendía el accionar desarrollado por la conducción del Poder Ejecutivo de dicho período y los responsables de las carteras de Economía, Finanzas y el Banco Central de la República Argentina.

De acuerdo con las pautas vertidas en el texto del fallo judicial, a lo largo de los cinco años de instrucción no fue posible fundamentar una hipótesis delictiva concreta sobre el accionar de los imputados. El dictamen fiscal subrayó que las acusaciones planteadas se centraron en cuestionamientos de índole general a la orientación de las políticas públicas y al modelo económico implementado, en lugar de acreditar infracciones específicas a la normativa legal vigente sobre la aplicación de los fondos.

Al desestimar la existencia de desviaciones en los procedimientos normativos requeridos para la toma de deuda o la afectación irregular de los recursos, la Cámara de Casación clausuró la vía ordinaria de revisión, otorgando carácter de cosa juzgada a la resolución que dispone el archivo de la causa respecto a todos los funcionarios sumariados en la investigación.

Los títulos soberanos de la Argentina encadenaron una racha de siete jornadas consecutivas en terreno negativo, provocando un incremento en el índice de riesgo país que elabora la entidad financiera JP Morgan. El indicador, que mide la brecha entre el rendimiento de la deuda pública nacional y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, se posicionó en los 678 puntos básicos tras registrar un ascenso diario de 30 unidades, alcanzando de esta manera su valor más elevado en los últimos doce meses.

La cotización de los bonos hard dollar —tanto Globales como Bonares— sostiene una trayectoria descendente iniciada dos meses atrás, en un escenario de volatilidad en los mercados internacionales y demandas operativas de la plaza local.

En el orden local, los analistas de mercado señalan la atención sobre la estrategia de financiamiento para atender los compromisos de deuda en moneda extranjera proyectados para el próximo año, que superan los 21.000 millones de dólares entre acreedores privados y organismos internacionales. Paralelamente, la exclusión de ciertos títulos públicos en dólares de las licitaciones del Tesoro por el costo de las tasas de interés demandadas por el mercado refleja las condiciones vigentes para el acceso al crédito voluntario.

A este panorama se suma el comportamiento de las reservas internacionales del Banco Central y el ritmo de la actividad económica y el consumo doméstico. La evolución de los indicadores de recaudación fiscal y el escenario previo al ciclo electoral del próximo año forman parte de las variables bajo análisis técnico que explican la brecha del 5 por ciento acumulada desde el mes de julio entre los activos locales y el comportamiento general del resto de los mercados emergentes.

El presidente Javier Milei reaccionó al anuncio de la senadora Patricia Bullrich sobre la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y afirmó: “COMIENZA EL FIN DE LA INFLACIÓN. VLLC!”.

Bullrich había comunicado en X la aprobación de la iniciativa y destacó su importancia para “cuidar el valor de nuestra moneda” y “el esfuerzo de cada argentino”.

“La Ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino”, sostuvo la senadora.

Además, Bullrich contrapuso la reforma con el uso de la emisión monetaria para financiar campañas electorales y planteó como objetivo “construir un país sin inflación, donde los sueldos rindan y los ahorros no pierdan valor”.

Milei replicó el mensaje de la legisladora y resumió su posición con la frase “Comienza el fin de la inflación”, acompañada por su habitual expresión “VLLC!”.

El Senado aprobó por una abrumadora mayoría los cambios a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de que las designaciones y la remoción de los directores solo necesiten el aval de la cámara alta y mayoría absoluta.

Las reformas al texto votado por diputados fueron aprobadas con 66 votos contra dos, con lo cual superaron ampliamente los dos tercios, y ahora es muy difícil que la Cámara baja, que debe volver a tratar el proyecto con los cambios, pueda revertir la decisión adoptada por los senadores.

En cambio, la iniciativa fue aprobada en general 46 a 22 votos, que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, Independencia, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, la Neuquinidad y Moveré Santa Cruz.

El oficialismo debió ceder en uno de los puntos centrales de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Senado y aceptó reducir de dos tercios a mayoría absoluta el requisito para designar y remover al presidente y los directores de la autoridad monetaria.

El cambio implica un retroceso respecto del esquema impulsado por el presidente Javier Milei y aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía un fuerte blindaje para las autoridades del Central al exigir el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso para desplazarlas.

La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

La morosidad de las familias volvió a aumentar durante julio y alcanzó un nuevo máximo, de acuerdo con el último informe de entidades financieras elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La irregularidad en los créditos bancarios otorgados a hogares pasó del 12,8% registrado en junio al 12,9%.

El incremento se produjo después de la leve mejora observada durante junio. De acuerdo con los datos difundidos, la variación estuvo relacionada principalmente con el estancamiento del stock de crédito y no tanto con una aceleración del monto en pesos correspondiente al financiamiento irregular.

El deterioro también se observó entre las empresas. Según el Banco Central, la irregularidad de las financiaciones destinadas al sector privado empresarial aumentó del 3,5% al 3,6%. En el segmento de proveedores no financieros, que incluye a las fintech, estimaciones de la consultora 1816 ubicaron la mora en 8,2%, frente al 7,9% anterior.

Crecen las alternativas para refinanciar deudas

Frente al aumento de la morosidad, bancos y compañías financieras comenzaron a ampliar las opciones de refinanciación para clientes con dificultades para cumplir con sus obligaciones. Estas propuestas tienen especial incidencia en la denominada mora temprana, que comprende atrasos de hasta 90 días.

Fuentes del mercado señalan que las entidades buscan intervenir antes de que los deudores pasen a categorías de mayor irregularidad. Al mismo tiempo, el saldo correspondiente a personas consideradas incobrables se mantiene relativamente estable, en un escenario en el que la oferta de carteras en mora continúa siendo elevada.

En Argentina existen actualmente unos 20,9 millones de personas con algún tipo de crédito formal. Cerca de seis millones registran atrasos: unos 2,5 millones tienen obligaciones morosas con bancos, 2,6 millones con fintech y otros 2,6 millones con diferentes proveedores no financieros. Las categorías pueden superponerse, ya que una misma persona puede mantener deudas con más de una entidad.

El crédito representa el 13,1% del PBI

Los datos muestran además una combinación entre bajo nivel de crédito respecto del tamaño de la economía y un elevado índice de morosidad. Tras el crecimiento registrado durante los últimos años, el crédito representa aproximadamente el 13,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según las cifras consignadas, esa proporción se encuentra por debajo de otros países de América Latina. El crédito equivale al 26,6% del PBI en México, al 74,9% en Brasil y al 75,6% en Chile, mientras que el promedio regional informado alcanza el 47,8%.

Las fintech tuvieron una participación creciente dentro de la expansión del financiamiento formal. El número de préstamos personales otorgados por estas compañías pasó de alrededor de un millón en 2019 a 10,6 millones en 2026, aunque las condiciones y tasas pueden variar considerablemente según el perfil de cada solicitante.

Bancos lanzaron programas de refinanciación

En este contexto, distintas entidades comenzaron a modificar las condiciones disponibles para personas con deudas. El Banco Ciudad redujo al 28% nominal anual la tasa destinada a refinanciar saldos en mora de tarjetas de crédito y préstamos personales, dentro de un programa de desendeudamiento familiar implementado en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Banco Nación anunció nuevas condiciones para clientes clasificados en Situación 3 o superior. Para préstamos personales y tarjetas ofrece una alternativa de refinanciación en UVA con una tasa nominal anual del 7,5% y un plazo máximo de 120 meses.

La entidad también incorporó una modalidad denominada en pesos, con una tasa nominal anual del 25% para quienes mantengan las cuotas al día y plazos de hasta 96 meses. Las iniciativas aparecen mientras el Banco Central registra un nuevo incremento de la morosidad de los hogares y las entidades buscan contener el avance de los atrasos mediante esquemas de refinanciamiento.

Fuente:ElOnce

La mora bancaria de los créditos a las familias se ubicó en 12,9% en julio, lo que implica una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, el indicador tocó un nuevo máximo en más de 20 años.

Al comparar la evolución interanual del índice oficial, incluido en el Informe de Bancos del BCRA, la morosidad del financiamiento a los hogares más que se duplicó. En el mismo mes del año pasado se ubicaba en 5,6%, lo que implica un aumento de 7,3% y alcanzó niveles no vistos desde 2004.

Hacia adentro de las líneas, los préstamos personales evidenciaron un alza mensual de 0,3 puntos porcentuales hasta 16,7 por ciento. En tanto, la mora en las tarjetas de crédito avanzó 0,2 puntos hasta 12,8% y los créditos con garantía prendaria aumentaron 0,2 puntos a 8,1 por ciento. En tanto, el segmento hipotecario se mantuvo sin cambios en 1,6 por ciento.

Si bien la plana mayor del equipo económico rechazó la posibilidad de intervenir para asistir a los morosos, desde el Central aseguraron a Infobae que los bancos avanzan con la refinanciación de las deudas impagas de las familias y que, en los próximos meses, debería observarse una caída en la cartera irregular de los hogares.

El nivel de irregularidad de los préstamos al sector privado avanzó a 7,7%, más del doble del 3,2% de igual mes de 2025, mientras que el de las empresas aumentó a 3,6 por ciento, cuando un año atrás era de 1,2 por ciento. El BCRA aseguró que el aumento mensual de la morosidad respondió a dos factores: la reducción, en términos reales, del stock total de financiamiento —que integra el denominador del indicador— y el incremento real de la cartera irregular, aunque este último mostró una desaceleración.

La diferencia entre ambos segmentos marcó una mayor incidencia de los atrasos de pago entre los hogares. El ratio de irregularidad mide la proporción de préstamos con problemas de pago sobre el total de la cartera crediticia.

“Respecto al crédito a familias, la suba de la irregularidad se explicó principalmente por que volvió a descender en términos reales el saldo total de financiaciones. El aspecto positivo es que el saldo en mora, medido también en términos reales, prácticamente no se movió mes contra mes”, detalló un reporte de la consultora 1816 y explicó que la irregularidad es, en términos prácticos, un ratio entre el saldo moroso y el saldo total.

La probabilidad de incumplimiento bajó

La probabilidad de default estimada (PDE) para el crédito total al sector privado descendió 0,2 puntos porcentuales durante julio y quedó en 2,4%, según informó el BCRA.

En el caso de las familias, ese indicador se redujo 0,5 puntos porcentuales hasta 3,9%. Para las empresas, la PDE se mantuvo casi sin cambios, en 1,1 por ciento.

La PDE funciona como un indicador complementario de la mora y estima la posibilidad de que los deudores incumplan sus obligaciones financieras. La baja registrada en julio contrastó con el aumento del ratio de irregularidad, que estuvo condicionado por la caída del saldo real de los créditos.

El sistema financiero conservó niveles de cobertura sobre los préstamos con dificultades de pago. En julio, las previsiones acumuladas por el conjunto de las entidades representaron el 87,6% de la cartera en situación irregular, un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto de junio. En relación con el total de préstamos al sector privado, las previsiones alcanzaron el 6,7%, con una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales.

El BCRA también evaluó la relación entre la mora, las previsiones y el capital disponible en el sistema. Bajo ese cálculo, el crédito irregular neto de previsiones equivalió a 2,1% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del sistema financiero, 0,1 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Ese indicador refleja el peso de las pérdidas potenciales por incobrabilidad sobre el patrimonio regulatorio de las entidades.

Un informe de Econviews vinculó el aumento de la mora a una combinación de factores. En primer lugar, destacó “una historia de deudas que se licuaban con la inflación”, que llevó a parte de los deudores a asumir compromisos bajo la expectativa de que ese mecanismo volviera a operar. También señaló que algunas familias se endeudaron para compensar la caída de sus ingresos, una recuperación que finalmente no se produjo.

La consultora ubicó un punto de inflexión en el alza de las tasas desde junio de 2025. “El shock no originó la morosidad, pero la aceleró, porque encontró a las familias con más carga de cuotas y menos ingresos, y a las empresas teniendo que renovar préstamos de corto plazo a tasas ridículamente altas”, afirmó. Econviews agregó que ese episodio extendió al sector corporativo un problema que había comenzado entre los hogares y mencionó “debilidades en la evaluación de los créditos” de parte de las entidades financieras.

Por otra parte, según estimaciones de 1816, los préstamos a familias otorgados por proveedores no financieros registraron una mora de 33,7%, según las estimaciones de los analistas. Dentro de ese universo, Tarjeta Naranja y Mercado Pago concentraban el 54% del financiamiento destinado a hogares.

Los datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indican que 5,9 millones de personas presentaban atrasos de pago al considerar en conjunto a las entidades financieras y no financieras. En total, 20,8 millones de individuos tenían alguna deuda registrada, por lo que cerca del 28% de los sujetos de crédito acumulaba incumplimientos.

Además, los analistas de 1816 señalaron que las entidades financieras concentraban el 65% del monto total de deuda en mora. La mayor cantidad de deudores, de todos modos, se encontraba entre los proveedores no financieros, con 4,2 millones de personas, frente a 3 millones en el sistema financiero. La consultora advirtió que ambas cifras no deben sumarse de forma directa, dado que una parte de los clientes mantenía atrasos en los dos segmentos.

Cuándo se entra en mora

Para el Banco Central, se considera en mora a los deudores clasificados en Situación 3, con atrasos de entre 90 y 180 días; Situación 4, cuando la demora se extiende entre 180 días y un año; y Situación 5, para incumplimientos superiores a un año.

La normativa establece que la salida de esa condición tras una refinanciación es gradual. Un deudor en Situación 3 debe pagar dos cuotas mensuales consecutivas del nuevo crédito para pasar a Situación 2 y dejar de ser considerado moroso. Quienes se encuentran en Situación 4 necesitan abonar tres cuotas seguidas para avanzar a Situación 3, mientras que los clasificados en Situación 5 deben cumplir el mismo requisito para pasar a Situación 4.

Por esa reclasificación escalonada, una persona que refinanció una deuda desde Situación 4 requiere al menos cinco meses de pagos al día para salir de la mora. En el caso de los deudores ubicados en Situación 5, el plazo mínimo asciende a ocho meses.

Tras concluir la reunión de la mesa política en Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei dio a conocer las proyecciones centrales incluidas en el Presupuesto 2027, que se presentará en las próximas horas dentro del plazo previsto para su presentación y que contempla las estimaciones oficiales de crecimiento económico, inflación y dólar, entre otros.

Según anticiparon fuentes oficiales a Infobae, el ministro de Economía, Luis Caputo, calcula que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 4% el año que viene, mientras que la inflación anual promedio se ubicará en 21,1% y de 18% punta a punta. También prevé una mejora del 25,4% en el salario medio.

En cuanto al dólar, las previsiones oficiales estiman un promedio anual de $1.728 y de $1.847,6 a diciembre del año próximo. Es decir, 222 pesos por encima de la cotización actual de la divisa mayorista. No obstante, desde el oficialismo aclararon que esa cifra no constituye una previsión sobre la cotización, sino que resulta de aplicar la inflación proyectada para 2027 al valor actual del tipo de cambio.

En paralelo, la iniciativa, que ingresará en la Cámara de Diputados antes de que termine el día, contempla, una vez más, un resultado fiscal positivo. De cumplirse los pronósticos oficiales, el país encadenaría cuatro años de superávit financiero.

El escenario macroeconómico también proyecta exportaciones por encima de los USD 130.000 millones, lo que marcaría un récord histórico si efectivamente se concretan, y un saldo favorable en la balanza de bienes y servicios superior a 15.560 millones de dólares.

Los primeros detalles del proyecto de Presupuesto 2027 se dieron a conocer luego de la reunión de la mesa política, que estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Horas antes de la reunión clave de la plana mayor del Gobierno, Caputo había anticipado que la ley de leyes extendía la base fundamental del programa económico libertario: el equilibrio de las cuentas fiscales.

“Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero, va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda durante un evento de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Y sumó: “Para darles una idea de la relevancia de esto, va a ser la primera vez en la historia que -no estando en default- un Gobierno en la Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera”.

En tanto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una inflación minorista del 20,5% interanual para diciembre de 2027, en línea con el 21,1% que espera el Gobierno.

En materia cambiaria, las consultoras que participan del REM calcularon que el dólar mayorista alcanzará 2.015,7 pesos en el último mes del año que viene, tras arrancar 2027 en 1.661,1 pesos. El promedio surgido de ambas mediciones se ubica en torno a 1.838,4 pesos. Esta proyección arroja una diferencia de 110,4 pesos respecto a los $1.728 promedio que plasmó el equipo económico en el proyecto de ley de Presupuesto 2027. A la vez, la ley de leyes prevé un dólar a $1.847,6 para diciembre de 2027, casi $200 menor que el anticipo presupuestario oficial.

La brecha más amplia entre ambas mediciones aparece en la proyección de actividad económica. Mientras el REM ubica la expansión del PBI en 2,9% para el año próximo, el Presupuesto 2027 contiene un crecimiento del 4%, en sintonía con la última revisión del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta manera, existe una diferencia de 1,1 puntos porcentuales entre las estimaciones privadas y las públicas, que dependerá del repunte de los sectores más demorados como la construcción, la industria y el comercio.

Respecto de las cuentas públicas, los analistas relevados por el BCRA consideraron que el resultado primario del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) alcanzará $18,47 billones en 2027. El Presupuesto oficial, por su parte, sostiene la meta de superávit fiscal y proyecta que, de cumplirse, el país encadenaría el cuarto año consecutivo de resultado financiero positivo.

Las discrepancias entre el REM y el Presupuesto 2027 se producen luego de que las proyecciones oficiales para 2026 mostraran desvíos significativos: en septiembre de 2025, el Ejecutivo había proyectado una inflación del 10% para ese año, mientras que el índice acumularía un incremento cercano al 30 por ciento.

Fuente: Infobae

Integrantes del Senado de la Nación formalizaron una solicitud para requerir la presencia urgente del presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, ante las comisiones asesoras del cuerpo legislativo. La medida fue presentada por los legisladores Juliana Di Tullio y Martín Soria, con el respaldo de su bloque parlamentario, con la finalidad de obtener explicaciones documentadas respecto a las operaciones de traslado y radicación de 13 toneladas de reservas en oro de la entidad financiera, concretadas durante el período 2024.

La petición tramitada en el ámbito parlamentario demanda la entrega de informes verbales e instrumentos oficiales referentes al itinerario, cronograma de traslado, firmas contratadas para el transporte terrestre y aéreo, y la ubicación precisa de depósito de los lingotes. Asimismo, los senadores solicitaron la presentación de los contratos que estipulan los plazos, la nómina de funcionarios responsables de evaluar la calidad del metal, los rendimientos financieros proyectados y las medidas de seguridad vigentes para la custodia del patrimonio público.

Dentro del pliego de consultas dirigidas al funcionario se incluyeron requerimientos técnicos para conocer si el Estado nacional o la autoridad monetaria recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo por parte de acreedores extranjeros. De igual manera, se solicitó fundamentar los motivos por los cuales las memorias institucionales y los balances contables correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 omitieron especificar la ubicación exacta y los riesgos inherentes a las operaciones financieras, requiriendo además las actas de directorio dictadas para autorizar las transferencias.

La iniciativa parlamentaria surgió luego de las recientes declaraciones públicas vertidas por las autoridades del organismo crediticio nacional, las cuales generaron contrapuntos respecto a la localización final del patrimonio estatal y al grado de intervención atribuido a los entes de control externo. Mientras la conducción del banco afirmó que los fondos se encuentran radicados en Suiza y sujetos a auditorías generales, miembros de las comisiones legislativas y del organismo auditor sostienen la necesidad de verificar la documentación original y los balances integrales que respaldan el cumplimiento de la normativa vigente.

La tramitación del pedido de informes coincide con el debate sobre iniciativas de reforma orgánica de la autoridad monetaria en el Congreso. Todas las actuaciones administrativas del requerimiento legislativo se mantienen en la agenda de labor parlamentaria nacional a la espera del tratamiento formal por parte de los bloques parlamentarios del Senado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará la delegación argentina que participará de la cumbre de jefes de Finanzas del G20 en Asheville, Carolina del Norte. Durante el desarrollo del foro internacional, el titular de la cartera económica mantendrá una reunión bilateral con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales y repasar el estado de las variables económicas del país en el marco del contexto global actual.

La agenda oficial en suelo estadounidense contempla asimismo la posibilidad de un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. En esa instancia se abordará la marcha de las metas del programa vigente, orientadas a la disciplina fiscal y al fortalecimiento del esquema financiero de la Argentina. Las conversaciones incluirán la evaluación técnica que efectúa el organismo internacional sobre los indicadores macroeconómicos y las dinámicas socioeconómicas del plano local.

En el marco de las sesiones plenario del foro de ministros, Caputo disertará en un panel enfocado en el crecimiento global. La exposición de la representación nacional se centrará en los pilares del plan de estabilización macroeconómica, el ordenamiento de las cuentas públicas y las perspectivas de recuperación de la actividad productiva. La comitiva que acompaña al ministro está integrada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

El encuentro de finanzas del G20 se desarrollará en un escenario internacional caracterizado por la volatilidad de los mercados globales y la discusión de medidas comerciales. En ese sentido, las deliberaciones coordinadas por el Tesoro estadounidense abordarán el impacto de los aranceles internacionales, las previsiones de la economía global para los próximos meses y la situación geopolítica en Medio Oriente. Las autoridades argentinas evaluarán las dinámicas de los mercados mundiales para moderar su impacto en los flujos de comercio exterior.

De este modo, la participación de la comitiva en la cumbre internacional busca consolidar los vínculos institucionales con los organismos multilaterales de crédito y con las autoridades financieras del gobierno norteamericano, reafirmando los compromisos técnicos asumidos y el posicionamiento económico del país ante los principales actores de la economía mundial.

La Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) se encuentra facultada para solicitar el embargo de activos depositados en billeteras virtuales como Mercado Pago y otras plataformas digitales del mercado financiero, al igual que sucede con los depósitos alojados en cuentas bancarias tradicionales. Las cuentas de pago identificadas con Clave Virtual Uniforme (CVU) pueden quedar comprendidas por medidas cautelares interpuestas en juicios por cobro de deudas tributarias, aunque el procedimiento requiere de forma obligatoria una orden previa emitida por un magistrado.

La aplicación de estas determinaciones sobre las plataformas de pago responde a los protocolos establecidos a partir de la Disposición 194/2021, marco en el cual el organismo recaudador instruyó a los letrados que representan al fisco a incluir el dinero electrónico alojado en billeteras digitales dentro de las nóminas de bienes ejecutables. La jurisprudencia nacional ha equiparado progresivamente los fondos depositados en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con los saldos bancarios de uso cotidiano, considerándolos parte de la garantía patrimonial que responde por las obligaciones impositivas de los contribuyentes.

Especialistas en la materia y referentes del sector financiero coinciden en aclarar que las firmas privadas administradoras de las billeteras electrónicas no poseen facultades para disponer bloqueos de manera unilateral ni deciden el impulso de las ejecuciones fiscales. La función de estas empresas se limita a actuar como agentes ejecutores de las órdenes judiciales transmitidas a través del Banco Central de la República Argentina, en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Fiscal.

La traba de embargos sobre este tipo de instrumentos tampoco invalida las restricciones legales de inembargabilidad contempladas en el derecho laboral. En aquellos casos en los que la cuenta de pago sea utilizada para la acreditación de sueldos u otros haberes, las medidas dispuestas por la Justicia deben respetar los porcentajes máximos y límites fijados por la ley, garantizando la cobertura de los conceptos alimentarios de los trabajadores de igual forma que en el sistema de cuentas sueldo.

En tanto, el escenario legal presenta variaciones de índole operativa cuando se trata de fondos o activos digitales localizados en plataformas radicadas en el exterior. Al encontrarse fuera de la jurisdicción territorial de los tribunales locales, la concreción de este tipo de cautelares implica complejidades procesales internacionales que dificultan el traba inmediato de la medida, marcando una distinción con la operatoria que rige para el ecosistema fintech de carácter nacional.

La Cámara de Diputados de la Nación concluyó una jornada plenaria en la que se otorgó sanción a un conjunto de proyectos de ley orientados a la reestructuración del sistema financiero y la regulación del marco tributario. Entre los dictámenes aprobados por el cuerpo legislativo se destacan la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la ampliación del régimen de inocencia fiscal, iniciativas tratadas en el marco de los consensos logrados entre las diversas bancadas parlamentarias.

Las reformas introducidas en la normativa de la autoridad monetaria establecen limitaciones formales a los mecanismos de emisión e intervención directa, con el propósito de otorgar mayor previsibilidad al mercado crediticio e institucionalizar el funcionamiento de la entidad. Respecto al régimen tributario, las disposiciones aprobadas buscan facilitar el ingreso de ahorros en moneda extranjera al circuito bancario formal bajo parámetros y restricciones específicas, promoviendo la liquidez dentro del sistema financiero.

Durante las exposiciones en la Cámara Baja, el titular del cuerpo, Martín Menem, detalló que el temario de la sesión incluyó propuestas impulsadas tanto por la gestión ejecutiva como por representantes de diferentes bloques parlamentarios. La dinámica de debate permitió articular acuerdos transversales para el tratamiento de las normas aprobadas, priorizando medidas tendientes a la regularización del crédito, la reducción gradual de los niveles de morosidad y el establecimiento de pautas normativas de largo plazo.

Por otra parte, la actividad legislativa abordó el análisis sobre la continuidad y el financiamiento de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el marco de las discusiones sobre la optimización de los recursos públicos y la simplificación de los procesos electorales, se evaluaron propuestas para la revisión de este mecanismo de participación, proyectando la reasignación de partidas presupuestarias hacia otras áreas prioritarias del Estado.

El tratamiento de esta agenda de reformas se dio en un contexto de seguimiento de los indicadores de crédito residencial e hipotecario, donde se analizan programas de refinanciación y alternativas de acceso al financiamiento para los diversos sectores productivos y sociales. Con las sanciones obtenidas, las normativas aprobadas continuarán su trámite correspondiente según los procedimientos previstos por la Constitución Nacional.

Considerada por el oficialismo como una de las reformas "más trascendentes de los últimos años", logró media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el fin de establecer como "misión primaria y fundamental" de esa entidad la de "preservar el valor de la moneda", al tiempo de prohibir el financiamiento al Tesoro Nacional.

El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Junto a La Libertad Avanza votaron sus aliados del Pro, la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires; los bloques provinciales de Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Independencia y Argentina Federal.

Un sector de Provincias Unidas junto a Elijo Catamarca y la Coalición Cívica se abstuvieron. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

La iniciativa fue defendida en comisiones por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y obtuvo dictamen en el final de una segunda reunión, a la que asistieron economistas afines a LLA, el pasado 12 de agosto.

En tanto, el presidente Javier Milei había presentado el proyecto por cadena nacional el 30 de julio, en pleno Mundial, y expresó que esta reforma "viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación".

Entre las principales modificaciones a la Carta Orgánica, la primera es definir como misión central del BCRA "la preservación del valor de la moneda nacional". En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro y se endurecen las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para impulsar el crédito hipotecario en la Argentina. El mecanismo consiste en licitar dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a plazo fijo entre bancos, para generar fondos prestables que permitan ampliar el sector.

Los anuncios se realizaron este miércoles a las 10 de la mañana durante la conferencia de prensa en el quinto piso del Palacio de Hacienda. El ministro estuvo acompañado por el director general del FGS, Juan Cruz Micele; el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning; el director del BCRA, Martín Vauthier; y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núnez.

La iniciativa presentada consiste en un programa de licitación de plazos fijos con el objetivo de reactivar el crédito hipotecario en Argentina. El esquema consiste en la colocación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread, destinados a generar fondos que amplíen la capacidad de los bancos para otorgar créditos hipotecarios a personas para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Fondeo para bancos

El monto total del programa asciende a $2 billones, que se irán adjudicando a través de licitaciones por $200.000 millones cada una. Los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación y contará con 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.

En cuanto a los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito. La primera licitación se llevará a cabo la semana que viene con un monto inicial de $200.000 millones para evaluar cuál es la reacción de los bancos respecto a la iniciativa.

La necesidad de reactivar la construcción fue uno de los puntos que marcó la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante su visita al país. Y también era un pedido del sector al Gobierno a quienes se le acercó diferentes propuestas que contemplaban el FGS, pero para compra de hipotecas directo.

“El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos de producto. Para darles una idea, en Chile representa aproximadamente el 27%. En países más desarrollados como Estados Unidos, llegó a representar el 75%. Entonces, hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande”, sostuvo Caputo en la conferencia de prensa.

Lo que es consecuencia, en la visión de Caputo, de las dificultades históricas para el desarrollo del crédito hipotecario en el país. “Todos los que somos un poco más grandes hemos visto desde un plan Bonex hasta corralito, hasta expropiaciones, defaults y todo. Todo eso siempre generó, gatilló una crisis en el corto plazo, pero además generó un efecto muy negativo en el mediano y largo plazo, que es que la gente desconfíe de nuestras instituciones, desconfíe de nuestra moneda, desconfíe de nuestros políticos. Entonces, nunca se llegó a generar en Argentina un desarrollo de ahorro de largo plazo ni de mercado de capitales”, sostuvo.

Según Caputo, cuando el presidente Javier Milei llegó al Gobierno en diciembre de 2023 había aproximadamente $7.500 millones en créditos hipotecarios en pesos y hoy estamos $16.800 millones, lo que ajustado en términos de UVA da un crecimiento de 57 por ciento.

Ahora, a través de los $2 billones del FGS, Caputo busca llevar a cabo licitaciones transparentes con los bancos para extender los plazos de estos plazos fijos entre un año y cinco años y que esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios. El programa busca, así, atacar el principal obstáculo que enfrentan los bancos: el descalce de plazos entre la duración de sus depósitos y la de los créditos hipotecarios, facilitando el fondeo de largo plazo y promoviendo un mercado inmobiliario más dinámico.

“No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad. Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de ‘repugnante’ y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno cuando el Gobierno anunció la política que iba a hacer y la cumplió”, aseguró el mandatario durante su discurso en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Luego se preguntó: “¿Ustedes recuerdan todas las cosas que hicieron los que quieren que volvamos al pasado? Ahora entramos como imbéciles nuevamente diciendo: ‘No, el problema es la morosidad’. Me niego a creer que seamos tan pelotudos”.

Y continuó: “La discusión pasó a si las tasas eran de mercado o usurarias. Ahí apareció la figura del usurero. ¿Quién es el usurero? Aquel que cobra tasas por encima de lo que sería la tasa normal. ¿Y quién define qué es la tasa normal? ¿Alguien se puso a pensar por qué el usurero puede hacer ese tipo de operaciones? ¿No será que hay individuos que no califican en el mercado formal y terminan yendo a un mercado que está dispuesto a tomar más riesgos? Si yo voy a tomar más riesgo, ¿no sería normal que pida más retorno? Obviamente que una transacción más riesgosa va a tener incluida más tasa de interés".

Las declaraciones presidenciales giraron en torno al riesgo país y la morosidad tras conocerse el dato de irregularidad correspondiente a junio. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el incumplimiento de pagos del sector privado a bancos tuvo una leve caída a 7,6%, mientras que enel financiamiento destinado a familias se mantuvo sin cambios en 12,8%, cortando 19 meses de subas consecutivas.

La entidad destacó que el nivel de mora varió según el tipo de financiamiento. En el caso de las tarjetas de crédito, se observó una baja en la tasa de morosidad, que se ubicó en 12,6%, aportando así cierta moderación al promedio general correspondiente a familias.

Respecto al financiamiento destinado a hogares, el índice de morosidad experimentó un aumento superior al doble en comparación interanual. Mientras que en junio de 2025 era de 5,2%, en el mismo mes de este año alcanzó 12,8 por ciento.

El informe oficial también señaló que tanto los préstamos personales como los prendarios registraron subas en sus indicadores de mora, alcanzando 16,4% y 7,9%, respectivamente. En contraste, los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en 1,6%, sin variaciones relevantes.

“El desempeño verificado en junio por el ratio de irregularidad del financiamiento al sector privado (y a las familias) estuvo explicado por una desaceleración en el ritmo de crecimiento real de la cartera irregular (numerador del ratio; en parte derivado del envío a irrecuperables fuera de balance de deudores que hasta mayo estaban en situación irregular) y un aumento real del financiamiento total (denominador del ratio)”, precisó la autoridad monetaria.

(Fuente: Info Bae)

La cifra representa el 46 por ciento de los 6.306 inscriptos hasta el momento. Además, otro 40 por ciento de las solicitudes se encuentra en trámite, por lo que el programa continúa avanzando en la evaluación y resolución de las situaciones financieras de trabajadores y jubilados que buscan ordenar sus deudas.

La iniciativa fue puesta en marcha en mayo pasado con el objetivo de brindar una herramienta concreta para que los entrerrianos puedan cancelar deudas vigentes con bancos, financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades, y unificarlas bajo condiciones financieras más favorables. El plan contempla una tasa fija del 60 por ciento, hasta 72 meses de plazo y un período de gracia de hasta dos meses.

Del total de personas inscriptas, 776 casos -el 16 por ciento- no califican para acceder al programa debido a las condiciones que presentan como deudores frente al Banco Central.

En tanto, los 2.609 inscriptos restantes se encuentran en distintas etapas del proceso: algunos ya fueron analizados y están a la espera de completar documentación, mientras que otros continúan en instancia de análisis.

Una herramienta que alcanzó también al sector privado

Uno de los aspectos destacados del programa es su alcance, ya que no está dirigido exclusivamente a trabajadores de la Administración Pública Provincial y jubilados provinciales. Del total de inscriptos, el 21 por ciento corresponde a empleados que no pertenecen a la Administración Pública Provincial ni son jubilados provinciales.

De esta manera, la herramienta también alcanzó a trabajadores del sector privado, en línea con el objetivo de ofrecer alternativas para mejorar el perfil financiero de las familias entrerrianas y liberar recursos destinados al pago de cuotas elevadas. El Banco Entre Ríos contempla como destinatarios a empleados públicos, privados y jubilados.

El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos se implementó como una política orientada a ordenar las finanzas personales, reducir la carga mensual de las familias y brindar una alternativa de financiamiento en mejores condiciones, a partir de la unificación de obligaciones vigentes. Prensa Gobernación

La Libertad Avanza debió reconfigurar su dinámica de trabajo en el Senado de la Nación y decidió acotar su agenda parlamentaria a un grupo reducido de iniciativas consideradas fundamentales por la Casa Rosada. La decisión responde a la dificultad para construir mayorías amplias en un escenario marcado por el alejamiento progresivo de los gobernadores provinciales, quienes comienzan a perfilar sus estrategias de cara al calendario electoral de 2027.

Patricia Bullrich, tomó nota del cambio de clima político en el recinto y de la necesidad de evitar nuevas derrotas legislativas. La experiencia reciente con la ley de Propiedad Privada —que obligó al Poder Ejecutivo a retirar capítulos centrales para evitar un rechazo en el recinto— dejó en evidencia la falta de mayoría propia y la obligatoriedad de negociar cada dictamen de manera individual con las fuerzas dialoguistas.

En este marco, las prioridades del oficialismo para la segunda mitad del año estarán concentradas en el paquete económico. La principal apuesta será convertir en ley el denominado "Super RIGI", un régimen de incentivo que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y que busca atraer inversiones orientadas a inteligencia artificial, energía y minerales críticos. El oficialismo proyecta dictaminar esta iniciativa en comisión el 20 de agosto, para llevarla al recinto en la sesión prevista para el 27 de agosto junto a un paquete de aproximadamente 60 pliegos judiciales.

A la par del Super RIGI, la nómina de prioridades del Gobierno incluye el proyecto de Inocencia Fiscal, la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la presentación del Presupuesto 2027, cuyo ingreso por la Cámara de Diputados está programado para el próximo 15 de septiembre.

Como parte de las concesiones para mantener el canal de diálogo abierto con las provincias, el oficialismo impulsará esta semana el dictamen del marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono, una iniciativa presentada por los senadores Flavia Royón (Salta), Carlos Arce y Sandra Rojas Decut (Misiones). Este proyecto busca crear un sistema transparente de certificación y comercialización de créditos derivados de la reducción de gases de efecto invernadero.

En contraposición, otros proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo avanzarán a un ritmo más lento o quedarán temporalmente congelados. La reforma integral de la Ley General de Sociedades, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, continuará en fase de debate con especialistas debido a los reparos que genera la figura de la “Sociedad Automatizada”, operada mediante inteligencia artificial. Por otra parte, iniciativas como la reforma electoral para la eliminación de las PASO, las modificaciones a la Ley de Salud Mental y los proyectos sobre Zonas Frías han quedado suspendidos a la espera de un escenario político más favorable.

La medida autoriza a las entidades bancarias a destinar hasta un quince por ciento de sus depósitos en dólares a préstamos para empresas que no generan divisas, una decisión que modificó una regla prudencial vigente desde la crisis del año 2001.

Guido Sandleris, ex presidente de la entidad monetaria durante la gestión de Mauricio Macri y afín a varias reformas del actual gobierno, advirtió que la medida representa una mala idea. El economista señaló que la flexibilización erosiona uno de los consensos más relevantes en materia económica de las últimas dos décadas, el cual exigía que los depósitos en dólares solo se prestaran a sectores exportadores para evitar descalces ante eventuales devaluaciones del peso.

A las críticas se sumó Andrés Neumeyer, ex economista jefe del Banco Central, quien calificó la norma como un relajamiento macroprudencial riesgoso para la estabilidad del sistema financiero. Neumeyer sostuvo que otorgar créditos en dólares a deudores sin ingresos en esa misma divisa crea un peligro sistémico ante depreciaciones de la moneda nacional, respondiendo más a presiones sectoriales que a una política sostenible.

Por su parte, el Banco Central defendió la modificación argumentando que busca canalizar el ahorro doméstico hacia la inversión privada y ampliar la oferta de crédito para dinamizar la actividad económica. La autoridad monetaria destacó que la normativa contempla exigencias adicionales de capital y evaluaciones de riesgo de repago para preservar la liquidez y la solvencia del sistema bancario.

La mayoría de las familias argentinas no llegan a fin de mes. Es un drama generalizado que parece profundizarse cada día. Buena parte de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Pero esos préstamos no tienen como objeto satisfacer algún consumo especial o emprendimiento particular, sino que está destinado al gasto corriente. Para que se entienda: las deudas que contraen las familias son mayormente para comer o para pagar otras deudas.

Días atrás irrumpió en los medios de comunicación del país el Mapa de la Deuda, realizado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC). Una novedad que sistematizó datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta el mes de junio del 2026, y los puso a disposición en forma de propuesta interactiva.

En una primera instancia, el CEC realizó un mapeo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para conocer los números de la deuda en los barrios porteños. “Vimos reflejado lo que veníamos intuyendo: que había una situación muy muy diferente entre los barrios del norte y los barrios del sur de la ciudad”, explicó el licenciado en Economía Lisandro Mondino, parte del equipo interdisciplinario que hizo posible este trabajo.

“A partir de ahí, recibimos el apoyo de la FES (Friedrich Ebert Stiftung) y con eso encaramos el laburo a nivel nacional y lo volcamos en una plataforma web interactiva y accesible”, contó para esta nota.

El Mapa de la Deuda contempla todo el territorio argentino, cada una de sus provincias y departamentos. Además, ofrece información detallada por edad, género y entidad acreedora. Entre sus resultados se destaca que casi 20 millones de personas registran deuda formalmente (informalmente son muchas más), de las cuales casi 5.000.000 están en situación de mora. Lo que es lo mismo a decir: una de cada cuatro personas está en situación de mora (se considera moroso a quien está 90 días sin pagar).

“A nivel geográfico se ve una disparidad enorme entre diferentes regiones, que podemos asociar casi linealmente con las distintas actividades económicas del país. En las regiones donde está más concentrada la industria, la construcción y el comercio, sectores que han sufrido muchos cierres, eso se traduce en pérdida de empleo, de ingresos y consecuentemente más endeudamiento y más mora”, indicó Mondino.

Esta realidad queda muy clara en provincias como Buenos Aires (donde la deuda es alta y en el mapa predomina el color rojo) y, en contraste, aparecen otras provincias, ligadas al agronegocio, con menos nivel de deuda. Aunque, en el interior de esas provincias, Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, son los centros urbanizados los que acumulan mayor nivel de mora (Rosario y Córdoba capital).

Además, “las aplicaciones utilizan los algoritmos y la información personal que tienen recolectada, porque están en tu celular, para personalizar la tasa de interés que te cobran. Esto es algo que los bancos tradicionales no hacen, la tasa es igual para todos. Entonces, te cobran lo que piensan que podés pagar o lo que necesitan cobrarte para cubrirse del riesgo de que no pagues”.

“Porque pagás tres o cuatro cuotas, y después no pagás más y pasás a incobrable. Ellos terminan vendiéndole tu cartera de deudor a un estudio jurídico que te sale a perseguir. Son los fondos buitres locales”, cuestionó el economista, al tiempo que enfatizó en la ilegalidad de este tipo de prácticas y en la necesidad, ante estas situaciones, de acudir a Defensa del Consumidor.

El Mapa de la Deuda distingue entre las diversas entidades prestamistas: bancos públicos, privados, compañías financieras, neobancos, proveedores no financieros de créditos y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra (tarjetas de supermercados o casas de electrodomésticos).

“El mayor problema social del endeudamiento y de la mora particularmente no está en el sistema bancario o en las personas que tienen ingresos formales. Hay una tasa de mora ahí, pero es del 8 o 9% en los bancos públicos. Y si bien en términos históricos es altísimo, los neobancos tienen 23% de mora. Entonces, el problema es ahí”, puntualizó Mondino.

Pero, si la lupa se pone en el género de la persona adulta, se evidencia un mayor nivel de mora de las mujeres por sobre los varones. “En ese punto hacemos una asociación directa a las condiciones de la jubilación, de las diferentes pensiones y del esquema de reemplazo de prestaciones previsionales por créditos del ANSES, por ejemplo”, puntualizó Mondino, quien denominó a este fenómeno la “financiarización de las prestaciones sociales”.

“Los dos segmentos más altos de moras son las casas de electrodomésticos y las tarjeteras no bancarias”, aseguró el profesional. Y ejemplificó: “La deuda en el banco tradicional es en promedio de entre 4 y 5 millones de pesos, mientras que, en los neobancos, las tarjetas o las cadenas de electrodomésticos el promedio es de 1 millón de pesos y la tasa de mora es altísima. Acá tenemos un claro fenómeno de que el problema de la mora está en la supervivencia de quienes están en la informalidad absoluta y sacan créditos chiquitos para llegar a fin de mes y después no lo puede pagar”.

El nivel de mora entre los jóvenes entrerrianos es todavía más preocupante si se toman en consideración todas las entidades, no solamente los llamados neobancos. En este segmento, la tasa de mora entre los jóvenes menores a 25 años en Gualeguaychú asciende al 30,2% y está dentro del promedio provincial. Hay localidades que evidencian un nivel de mora menor que la Ciudad del Carnaval, por ejemplo: Nogoyá (22,18%), La Paz (25,35%), Feliciano (23,9%), mientras que ciudades como Federal superan ese índice con 32,7%, lo mismo que Paraná (34,2%) y Victoria (31,46%), entre otras.

El Mapa de la Deuda permite hacer una variedad importante de cruces entre el tipo de entidades (bancarias, no bancarias, etcétera), las edades de las personas morosas y el género de las mismas. Si se toman en cuenta todas las entidades, todos los rangos etarios y todos los géneros, el nivel de morosidad de la provincia de Entre Ríos está por debajo del promedio nacional. En el caso del departamento Gualeguaychú, la tasa de mora asciende al 12,58%, un número alto y preocupante, pero, sin embargo, bastante menor al expuesto por muchas localidades del país.

Tras el anuncio y el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, economistas coinciden en que la presidencia debe mantener independencia para evitar que la mala práctica presupuestaria afecte el valor monetario.

La mentada independencia apunta a no emitir dinero para financiar el déficit fiscal. La particularidad de la propuesta del Gobierno de Javier Milei es reducir el mandato a defender el peso, un modelo poco habitual: solo Colombia y Perú tienen función única.

Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que los aspectos anunciados están alineados con los objetivos elaborados desde la entidad. Agregó que resulta positivo prohibir el financiamiento al Gobierno nacional.

Por su parte, el expresidente del organismo, Martín Redrado, señaló: "Argentina necesita una Carta Orgánica del Banco Central que garantice su independencia para tener estabilidad de precios, predictibilidad cambiaria y financiera". Propone eliminar la emisión para financiar al Tesoro vía Adelantos Transitorios y utilidades contables.

Luciano Laspina, presidente del CIPPEC, indicó que los países que lograron grabar en piedra la prohibición de financiar al fisco derrotaron la inflación. Asimismo, el consultor Iván Carrino opinó que la reforma va en la dirección correcta. En tanto, el economista Roberto Cachanosky advirtió que anunciar la independencia con la autoridad monetaria al lado no resulta convincente.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) repasó las funciones de otros organismos: la Reserva Federal de EEUU busca el máximo empleo y precios estables; Brasil y el Banco de Inglaterra priorizan la estabilidad de precios pero apoyan el empleo y crecimiento; y la Unión Europea mandata mantener la estabilidad de precios como meta primordial.