El organismo detalló que el paquete se orientará a “motores clave de la competitividad”. Entre ellos mencionó “desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleos y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes”.

La comunicación oficial en Washington señaló que este paso “avanza sobre el paquete de apoyo por USD 12.000 millones anunciado en abril” y que “refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno por modernizar la economía, avanzar en reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos”.

El Banco Mundial aclaró que “todas las operaciones propuestas estarán sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el anuncio y agradeció el respaldo: “Gracias al Banco Mundial y a su presidente Ajay Banga”, escribió en sus redes sociales tras conocerse la decisión del organismo.

El funcionario sostuvo que el refuerzo financiero constituye una señal de acompañamiento a las reformas en marcha. “El Banco Mundial no solo aporta recursos, también brinda confianza en la estrategia económica que estamos llevando adelante”, afirmó.

Caputo explicó que el esquema de hasta USD 4.000 millones permitirá canalizar inversiones hacia sectores que resultan prioritarios para el crecimiento. “Estamos convencidos de que el desarrollo de la minería y los minerales críticos es clave para generar divisas y empleo. Este apoyo facilita ese camino”, señaló.

El ministro destacó también la relevancia de la expansión turística como motor de desarrollo regional. “El turismo es una de las industrias con mayor capacidad de generar trabajo directo en todo el país. Con estos recursos se podrán mejorar infraestructuras, ampliar la conectividad y potenciar destinos emergentes”, remarcó.

Sobre el eje energético, subrayó la importancia de garantizar mayor acceso y cobertura. “La energía es un insumo fundamental para la competitividad. Invertir en redes y en nuevas fuentes nos permite asegurar un crecimiento sostenible en el tiempo”, apuntó.

Finalmente, Caputo hizo foco en el financiamiento para pequeñas y medianas empresas. “Las pymes son el corazón de la economía argentina. Representan la mayor parte del empleo y necesitan crédito accesible para invertir y expandirse. Este programa del Banco Mundial abre una puerta clave en esa dirección”, declaró.

Aceleración

El organismo internacional prometió así acelerar la llegada de préstamos que ya estaban comprometidos, de manera tal de aumentar la disponibilidad de divisas en el mercado local en los próximos meses.

En abril, el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, visitó la Argentina y mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. En la reunión participaron también la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Durante el encuentro, Milei expuso las medidas implementadas desde el inicio de su gestión, que según el comunicado oficial permitieron estabilizar la economía y reducir la inflación.

Por su parte, Banga destacó “los importantes progresos logrados en tan poco tiempo” y felicitó al mandatario argentino por “la audaz transformación que está liderando en Argentina”. El titular del Banco Mundial expresó además el deseo del organismo de apoyar al país.

El ejecutivo aseguró que la institución estaba “trabajando estrechamente con el Presidente Milei y su equipo para apoyar su ambiciosa agenda de reformas”. Como ejemplo de ese compromiso, anunció que se preparaba un paquete de apoyo significativo que reuniría “toda la fortaleza del Grupo Banco Mundial para respaldar las reformas, atraer inversiones privadas y sentar las bases para la creación de empleo”.

En ese encuentro Banga subrayó que el Banco Mundial pondría a disposición un paquete sustancial de apoyo a desembolsarse durante los siguientes tres años, integrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Este es el paquete que, según el organismo, se acelerará parcialmente en los próximos meses.

Asimismo, remarcó que el trabajo se realizaba en estrecha coordinación con el equipo económico argentino, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de asegurar que el respaldo internacional fuera efectivo y enviara una señal clara de confianza en el futuro del país.

La Argentina perdió un juicio en tribunales internacionales y, esta vez, la empresa eléctrica estadounidense AES obtuvo un fallo favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que condenó al Estado nacional a pagar 715,9 millones de dólares.

La compañía inició el caso el 19 de diciembre de 2002, año en el que el país salió de la Convertibilidad ("1 peso = 1 dólar") y devaluó su moneda tras una de las mayores crisis de su historia. Al pesificar los contratos que estaban indexados al dólar, se produjo el virtual default y una pérdida para los concesionarios.

AES Corporation reclamó por la concesión de la represa hidroeléctrica Alicurá, sobre el río Limay, en el límite de las provincias de Neuquén y Río Negro, que se venció recientemente.

El Gobierno nacional sacará en los próximos días la convocatoria a licitación pública nacional e internacional para volver a privatizar las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, y AES es una de las interesadas en continuar al mando de Alicurá por 30 años más.

Una posibilidad de saldar la deuda sería que si AES resulta ganador, la corporación no pague el monto correspondiente y se descuente de ahí la condena del Ciadi.

El monto del fallo se redujo "a un tercio del reclamo de AES por medidas regulatorias en el sector de generación de energía eléctrica adoptadas desde 2002 en adelante", que totalizaban a diciembre de 2020 -el momento del último escrito- u$s1.814 millones más intereses; o sea, un total de u$s2.752 millones.

"Nuestros abogados se encuentran trabajando en alternativas en respuesta. Seguimos ejerciendo el derecho a legítima defensa a través de todos las opciones que haya dentro de la ley", dijeron desde el Gobierno al medio porteño.

La Argentina todavía tiene cinco casos pendientes de resolución en el Ciadi por un total de 585 millones de dólares. Ya el mes pasado, además, el Estado fue condenado a pagar u$s147,1 millones a la constructora Webuild (ex Salini Impregilo) por congelar los peajes del puente Victoria (Entre Ríos) - Rosario (Santa Fe). (Con información de Clarín)