La resolución del tribunal revisor, emitida el 1° de julio, rechazó los recursos presentados por la defensa oficial. Los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar votaron por confirmar las condenas, mientras que Guillermo Yacobucci se pronunció a favor de absolver a Smart. No obstante, por mayoría, se ratificaron las penas y se calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad.

Además, se exhortó al tribunal oral a preservar la totalidad del material probatorio, mediante su digitalización y resguardo, garantizando el acceso eficiente para futuras investigaciones. El fallo citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, subrayando el deber estatal de conservar pruebas en causas de lesa humanidad.

Durante el procedimiento ilegal, agentes policiales ingresaron sin orden judicial a la vivienda de Orué, asesinaron al hombre y secuestraron a su tía Marcelina Juani y a sus hijos Marcelo y Ariel, de 14 y 9 años. Fueron trasladados a la comisaría de Berazategui, donde se reencontraron con Raúl Aguirre, medio hermano de Orué, también secuestrado. Todos fueron sometidos a tormentos. Los policías robaron bienes, mataron al perro de la familia y Keller se apropió de otro, que luego devolvió. El cuerpo de Orué fue enterrado como NN en el cementerio local.

El fiscal general Raúl Pleé intervino en la revisión, mientras que en el juicio actuaron Juan Martín Nogueira, Ana Oberlin y Gonzalo Miranda, de la Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad.

El juez Slokar destacó el rol de Smart como parte del engranaje represivo del denominado “Circuito Camps”, una red de más de treinta centros clandestinos de detención bajo la órbita de la Policía bonaerense. Señaló que el Ministerio de Gobierno, a cargo de Smart, brindó cobertura institucional y recursos al accionar ilegal de las fuerzas de seguridad.

Respecto a Keller, la Cámara desestimó el argumento de que actuó bajo la presunción de legalidad. Indicó que el operativo fue parte del plan criminal estatal, sin orden judicial ni respaldo legal. También se remarcó la gravedad de los hechos cometidos contra menores, quienes fueron interrogados bajo amenazas y torturas.

La sentencia reafirma la responsabilidad penal de ambos acusados como coautores del homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos agravados y robo doblemente agravado. El fallo se inscribe en la política de memoria, verdad y justicia, y refuerza el compromiso del Estado argentino con la no repetición de estos crímenes.