La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones de noviembre de 2026, que será del 1,93%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. La medida quedó establecida mediante la Resolución 304/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y fijó el haber mínimo garantizado en $444.158,46.

La actualización también alcanzó a las jubilaciones máximas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la Prestación Básica Universal (PBU). Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir de noviembre y beneficiarán a los titulares del sistema previsional nacional, incluidos los residentes en Entre Ríos.

El incremento respondió a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El mecanismo de actualización mensual fue establecido mediante el Decreto 274/2024.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026

De acuerdo con la resolución oficial, la jubilación mínima pasará a $444.158,46, mientras que el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en $2.988.765,82.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que cumplen los requisitos establecidos, será de $355.326,77.

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes utilizados para determinar determinados haberes jubilatorios, se actualizará a $203.182,22.

Cómo se calculó el aumento de noviembre

El sistema de movilidad previsional establece que las prestaciones se actualicen mensualmente según la inflación registrada dos meses antes.

En consecuencia, el aumento correspondiente a noviembre se calculó sobre la variación de precios de septiembre, que fue del 1,93%.

Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024, cuando entró en vigencia el nuevo esquema dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.

El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó que los extranjeros no residentes deberán pagar la atención no urgente en los hospitales nacionales. Se trata de una medida derivada del DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones.

La nueva resolución, a la que accedió Infobae, indica que si la persona cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá facturarle el costo a la aseguradora. En cambio, si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención. Esta decisión se formalizó en el Boletín Oficial y en el llamado “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”.

Según pudo saber este medio, la atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas independientemente de su situación migratoria, y no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos.

Se entiende por emergencia toda situación que represente un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos de gravedad, hemorragias importantes y urgencias obstétricas, pediátricas o neonatales.

Una vez resuelta la emergencia, las atenciones subsiguientes podrán ser cobradas al paciente o a su compañía de seguros, según corresponda.

Cabe recordar que los residentes permanentes acceden al sistema de salud nacional en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos, presentando su DNI.

La resolución establece un procedimiento uniforme para los hospitales nacionales y fija pautas precisas para el recupero de los costos por la atención a extranjeros no residentes, garantizando la asistencia inmediata ante emergencias y el acceso para quienes poseen residencia permanente.

La norma también unifica el procedimiento para todos los establecimientos asistenciales dependientes del Estado nacional. El objetivo declarado es estandarizar los flujos administrativos y financieros sin alterar la obligación de asistir de inmediato cuando exista una urgencia médica.

El procedimiento fija que las emergencias deben atenderse de inmediato y sin demoras administrativas, mientras que la atención habitual quedará sujeta a la acreditación de residencia permanente, a la presentación de un seguro de salud suficiente o al pago previo del arancel correspondiente.

La norma también ordena que, cuando exista cobertura, el hospital notifique el ingreso a la aseguradora dentro de las primeras 24 horas, emita una factura electrónica de exportación de servicios y otorgue a la compañía un plazo de 45 días corridos para transferir el dinero a la cuenta oficial del efector. Si ese plazo vence sin pago, prevé el inicio de acciones judiciales de cobro.

El texto exceptúa de cualquier restricción administrativa toda prestación destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de cuadros con riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o para una función.

La lista incluye paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria aguda grave, obstrucción de la vía aérea, shock en cualquiera de sus formas, síndrome coronario agudo, infarto, accidente cerebrovascular, convulsiones persistentes, traumatismos graves, hemorragias masivas, quemaduras extensas, sepsis, intoxicaciones agudas, abdomen agudo quirúrgico, ruptura de aneurisma, emergencias obstétricas y cuadros pediátricos o neonatales con compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico.

También incorpora una cláusula de resguardo para los casos dudosos: si al momento del ingreso no está claro si el cuadro encuadra en una emergencia, debe prevalecer el criterio de brindar atención sanitaria inmediata hasta que el profesional responsable determine lo contrario. El procedimiento agrega que las actuaciones administrativas no podrán demorar ni condicionar esa evaluación inicial.

Mediante la publicación del Decreto N.º 571/2026 en el Boletín Oficial, se oficializó una reestructuración dentro del esquema de ministerios del Poder Ejecutivo. La normativa establece la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado definitivo de todas sus funciones y competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros, conducida por Diego Santilli, quien a partir de ahora concentrará la coordinación de la gestión diaria y la relación institucional con las administraciones provinciales.

De acuerdo con los fundamentos del decreto técnico, la medida responde a razones estrictas de optimización de gestión, buscando simplificar los canales administrativos y reasignar las competencias de manera directa. Para absorber la nueva estructura, se dispuso que el Jefe de Gabinete sea asistido por dos nuevas áreas jerárquicas: la Vicejefatura de Gabinete y la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Asimismo, la normativa determina el traspaso a la órbita directa de la Presidencia de la Nación de la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios.

Con estas modificaciones, el gabinete nacional queda conformado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y ocho ministerios específicos: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado. En paralelo, las tareas de apoyo directo a la actividad del Presidente serán distribuidas entre las Secretarías Presidenciales General, Legal y Técnica, Inteligencia de Estado, Vocería Presidencial, Comunicación y Medios, y Cultura.

En cuanto a las designaciones de las nuevas autoridades encargadas de operativizar el cambio, el Decreto N.º 574/2026 oficializó al licenciado Guillermo Ignacio Devitt como Vicejefe de Gabinete. Esta dependencia mantendrá bajo su órbita la articulación parlamentaria, el seguimiento legislativo, los pedidos de informes del Congreso, y las áreas de Asuntos Estratégicos, Innovación, Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

Por su parte, el Decreto N.º 575/2026 puso en funciones al licenciado Gustavo Javier Coria al frente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Esta oficina técnica tendrá la responsabilidad de coordinar los Asuntos Políticos, el enlace con las provincias y las intendencias, la Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

Finalmente, mediante los decretos N.º 573/2026 y N.º 572/2026 se completaron los nombramientos en el área de comunicación institucional, designando a Fabián Horacio Fernández como Secretario de Comunicación y Medios, y al doctor Adrián Osvaldo Ravier al frente de la Secretaría de Vocería Presidencial.

Las subas se definieron mediante sistemas de indexación por inflación a través de decretos y resoluciones firmados por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Energía, Daniel González.

En materia de combustibles, el Decreto 562/2026 actualizó el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Para las naftas, el incremento es de $21,192 por litro en el primer tributo y de $1,298 en el segundo. En el gasoil, la suba es de $18,959 para el gravamen general, $10,266 para la alícuota diferencial de determinadas regiones y $2,161 por el impuesto al dióxido de carbono. El ajuste responde a la evolución del Índice de Precios al Conumidor (IPC) del INDEC.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó un cambio estructural en el sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 167/2026, busca unificar criterios entre provincias y municipios para mejorar el intercambio de información sobre antecedentes de los conductores.

El nuevo esquema no crea multas ni aumenta sanciones, pero sí modifica la forma en que se administran y registran las infracciones. Cada falta contará con un código único nacional, lo que permitirá estandarizar el lenguaje administrativo y evitar duplicaciones o diferencias entre jurisdicciones.

Entre las infracciones contempladas se incluyen conducir con alcoholemia positiva, negarse al test, circular a contramano, exceder los límites de velocidad, no usar cinturón de seguridad, utilizar el celular al volante, circular sin seguro o sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y participar en picadas ilegales.

La ANSV aclaró que el objetivo es ordenar y estandarizar la identificación de las faltas, no modificar los montos ni las sanciones previstas por la ley vigente.

Las sanciones se expresan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se calcula según el precio de un litro de nafta premium. Con un valor estimado de $2.249 por UF, las multas pueden variar según la gravedad de la infracción:

Además, el esquema facilitará la interoperabilidad entre los registros locales y el sistema nacional, evitando que las sanciones queden sin efecto por falta de comunicación entre jurisdicciones.

La Disposición 167/2026 establece que el nuevo sistema comenzará a regir desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. A partir de entonces, todas las jurisdicciones deberán adaptar sus bases de datos y procedimientos al formato unificado.

Con esta medida, el Gobierno busca consolidar un modelo de gestión de tránsito más moderno y coherente, que permita mejorar la seguridad vial y reducir la impunidad frente a las infracciones.

El Gobierno redujo los derechos de exportación que gravan a productos de trigo y cebada y estableció un esquema de disminución gradual desde enero próximo para soja, maíz, girasol y sorgo que se extenderá hasta diciembre de 2028. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El decreto diferencia entre cultivos de invierno y cultivos de verano. Según explicó el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la medida, las reducciones inmediatas responden a la proximidad de las decisiones de siembra de los cultivos invernales, mientras que para los estivales se diseñó un cronograma gradual que permitirá que las rebajas se encuentren vigentes al momento de la comercialización de la producción.

En el caso del trigo y la cebada, el decreto instrumentó la reducción anunciada en mayo por el presidente Javier Milei y fijó una alícuota -de aplicación inmediata- de 5,5% para los granos, frente al 7,5% que regía previamente. La norma también estableció nuevos derechos de exportación para distintos productos derivados de ambas cadenas, incluidos harinas, sémolas, almidones, malta y otros subproductos industriales, con tasas que van desde 1% hasta 3,5%, según la mercadería.

Para la soja, el Gobierno dispuso uno de los principales cambios incorporados por la norma. El poroto, hoy en 24%, pasará a partir de enero próximo de una alícuota de 23,75% a 21% en diciembre de 2027 con la baja de un cuarto de punto por mes que se hará ese año. A diciembre de 2028 llegará a 15% con la baja de medio punto porcentual durante ese año.

Sorpresa en los subproductos

El cronograma también alcanza a aceites, harinas, pellets y otros derivados industriales, que registrarán reducciones escalonadas durante los próximos dos años.

Un punto por destacar es que se reduce el diferencial entre los derechos de exportación que pagará el poroto versus los subproductos de la soja a fines de 2028. Actualmente es del 1,5% y se reduciría a 1% en diciembre de 2028, para quedar en 14% los subproductos y 15% el grano, según observa Lorena D’Angelo analista de AZ-Group.

Fuentes cercanas al Gobierno señalaron sobre esto que se trata de una baja proporcional de todas las alícuotas y, como consecuencia, el diferencial baja en la misma proporción. “En porcentaje del valor de la alícuota del poroto el diferencial se mantiene”, precisaron.

En la industria aceitera, en tanto, señalaron que seguirán trabajando para que la soja y los productos industrializados sigan con bajas hasta la eliminación.

El maíz y el sorgo también quedaron incorporados al esquema de disminución progresiva de retenciones. Según el producto involucrado, algunas posiciones arancelarias quedarán exentas del tributo, mientras que otras reducirán sus alícuotas de manera escalonada durante 2027 y 2028. En determinados casos, las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.

Para la cadena del girasol, el decreto fijó reducciones escalonadas para semillas, aceites y otros derivados. Mientras algunas variedades específicas quedarán exentas del tributo, determinadas posiciones de aceite de girasol pasarán de alícuotas de entre 2,5% y 4,5% en 2026 a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028, según el producto alcanzado por la medida.

La medida también se refiere a los biocombustibles. En particular, fija una alícuota de derecho de exportación de 0% para biodiéseles obtenidos a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, además de otros biodiéseles que no contengan aceite de soja. “Se crean esas posiciones y van a cero porque sus granos están en cero”, explicaron desde el sector exportador.

Otra fuente detalló: “No hay producción hoy y tampoco había posición arancelaria definida. Entonces si hubiese exportación pagaba la del biodiésel de soja. Ahora se abrieron posiciones específicas para estos nuevos y se pusieron cero derechos de exportación. El grano y el aceite ya tienen cero, entonces está en línea con eso”.

Para los restantes biodiéseles comprendidos dentro de la misma posición arancelaria, el decreto prevé una reducción gradual de las alícuotas. En esos casos, el derecho de exportación del biodiésel de soja descenderá desde 21% en 2026 hasta 18% desde diciembre de 2027 y continuará reduciéndose hasta 13% a partir de diciembre de 2028.

En el texto publicado, el Gobierno sostuvo que el sector agroindustrial constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, empleo y desarrollo regional vinculadas a las exportaciones. También afirmó que la medida apunta a fortalecer la competitividad de las cadenas de valor, facilitar el comercio exterior, simplificar trámites y promover la apertura de nuevos mercados.

El decreto ratifica además la posición oficial respecto de los derechos de exportación. En ese sentido, sostiene que las retenciones constituyen un “impuesto distorsivo” y plantea avanzar hacia una reducción gradual de esos gravámenes en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan. Según la norma, el objetivo final es avanzar hacia su eliminación.

La disposición entró en vigencia a partir del jueves pasado, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento conforme al procedimiento previsto para los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa faculta al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas de detección y bloqueo de IMEI e IMSI, con el objetivo de impedir el uso indebido de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad. Según se explicó, la decisión busca reforzar la seguridad y evitar la coordinación de actividades delictivas desde el interior de las unidades.

Control de comunicaciones en prisión

El texto oficial recuerda que la legislación vigente garantiza el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y allegados, pero prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.

En ese marco, se considera necesario fortalecer los mecanismos de control ante el avance de tecnologías que permiten vulnerar las restricciones existentes. La resolución señala que las organizaciones criminales pueden utilizar teléfonos celulares para planificar maniobras ilícitas, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.

Implementación tecnológica

La medida también instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a llevar adelante los procesos administrativos para la adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios.

Además, se establece que deberán adoptarse los ajustes técnicos correspondientes para evitar interferencias fuera del perímetro de los establecimientos, con el fin de no afectar a la población en zonas cercanas.

Por otra parte, se aprueba un manual de procedimiento específico que regulará la aplicación de estos sistemas dentro de las cárceles federales, con lineamientos para su correcto funcionamiento y supervisión. ElOnce

En las últimas horas se publicó en el Boletín Oficial Nº28.301 el Decreto DTO-2026-427-E-GER-GOB, mediante el cual el Poder Ejecutivo de Entre Ríos estableció un incremento del 50% en los montos de la Ayuda Escolar para el ciclo lectivo vigente. La medida busca aliviar el impacto económico en las familias de los agentes estatales ante el inicio de las clases.

La normativa, que lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y los ministros Guillermo Bernaudo y Manuel Troncoso, impacta directamente en los diversos niveles de enseñanza, desde el preescolar hasta el nivel superior.

Los puntos clave del anuncio

Aumento General: Se fijó una suba del 50% sobre los valores que estaban vigentes desde el año pasado (Decreto 295/25) para las asignaciones de Ayuda Escolar Primaria, Preescolar, Media y Superior.

Inclusión de todos los niveles: A diferencia de años anteriores donde el foco estaba puesto exclusivamente en la primaria, este decreto ratifica el subsidio por única vez para hijos que concurran a establecimientos de nivel Medio y/o Superior.

Doble beneficio por discapacidad: El decreto subraya que, en caso de hijos con discapacidad que asistan a establecimientos oficiales o privados (de educación común o especial/rehabilitación), el monto de la asignación se duplicará.

Pago único: El texto autoriza a la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones a efectuar el pago por el equivalente a todo el año 2026 en una sola liquidación, incluyendo la Asignación Complementaria de Vacaciones.

Detalles de la liquidación

El beneficio se liquidará junto con los haberes correspondientes, asegurando que los fondos lleguen a los trabajadores de la Administración Pública Provincial de manera inmediata.

Desde el Ejecutivo destacaron que estas erogaciones ya se encuentran contempladas en el presupuesto vigente, por lo que no afectarán el equilibrio financiero de las distintas jurisdicciones. La medida se fundamenta en la facultad que posee el Gobernador (bajo la Ley N.º 5.729) para ajustar los montos de las asignaciones familiares según las posibilidades financieras y los parámetros nacionales.

Fuente: APFDigital

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 137/2026, que actualiza de manera integral el Programa Nacional de Moscas de la Fruta (Procem).

La norma, que entrará en vigencia en 30 días hábiles, busca fortalecer la competitividad de las cadenas frutihortícolas mediante la consolidación normativa, la incorporación de conceptos internacionales y la implementación de registros electrónicos. Sin embargo, la decisión de abrogar más de veinte regulaciones previas abre un debate: ¿la simplificación administrativa garantiza eficacia o puede derivar en vacíos regulatorios frente a realidades productivas diversas?

La nueva normativa introduce cambios significativos:

Si bien estas modificaciones alinean al país con prácticas globales y abren oportunidades de exportación, la unificación normativa puede implicar riesgos. La eliminación de regulaciones específicas podría invisibilizar particularidades regionales, donde la plaga presenta dinámicas distintas. Además, la transición hacia registros electrónicos exige infraestructura y capacitación que no siempre están disponibles en todos los territorios.

La crítica apunta a que la simplificación, aunque necesaria, debe acompañarse de mecanismos de seguimiento que eviten que la homogeneización normativa debilite la capacidad de respuesta local.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial, estableció los nuevos montos de las bases imponibles mínima y máxima a la Seguridad Social, los haberes jubilatorios y otras prestaciones previsionales que rigen a partir de marzo 2026 ajustados conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Los aumentos que entrarán en vigencia a partir del mes que viene surgen de la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzó a utilizarse a partir de abril de 2024. De esta manera, se estableció que las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizarán una vez por mes según la inflación registrada dos meses antes, reemplazando el mecanismo trimestral.

Por este motivo, en el considerando de la norma, el titular de ANSES sostuvo que “corresponde establecer los valores del mes de marzo de 2026 correspondientes a las prestaciones y conceptos previsionales, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026″.

La modificación, establecida por el Decreto 274/2024 firmado por Javier Milei, busca ajustar los ingresos previsionales para reflejar más fielmente la suba de precios y evitar retrasos en los pagos. Bajo el esquema actual de incrementos mensuales, se registraron subas del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero.

Tras confirmarse que el haber mínimo pasará a $369.600,88 en marzo, se calcula que, si se oficializa el bono extraordinario de $70.000, el ingreso mínimo de los jubilados alcanzará $439.600,88. Además, indicaron que desde enero de 2025 los incrementos comenzarán a aplicarse de forma automática y no requerirán nuevas disposiciones.

¿Cómo quedaron conformados los nuevos totales?

Actualización de prestaciones previsionales

Haber mínimo: $369.600,88

Haber máximo: $2.487.063,95

Importe de la Prestación Básica Universal (PBU): $169.075,53

Importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

Topes a la base imponible de la seguridad social

Bases imponibles mínima: $124.481,49

Bases imponibles máxima: $4.045.590,45

Para aquellos afiliados que cesen su actividad a partir del 28 de febrero, o que soliciten su beneficio desde el 1 de marzo, las remuneraciones se actualizarán según los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social el 27 de enero de 2026, señala Errepar.

El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de modificaciones en la estructura del Estado, aceptando las renuncias de titulares en organismos sensibles. La novedad principal es la salida de Pablo Luis Santos al frente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará el cargo a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Los cambios fueron comunicados a través de decretos en el Boletín Oficial, donde también se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Starc, un exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada negaron que su salida responda a un mal vínculo político, ratificando que se debió a una "decisión personal" y argumentando que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo puesto en la entidad financiera.

El Gobierno nacional oficializó el incremento de las recompensas en las búsquedas de Loan Peña y Lian Flores, dos niños desaparecidos en Corrientes y Córdoba respectivamente. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 51/2026 y 52/2026, y establece un monto de $20.000.000 para quienes aporten datos certeros que permitan dar con ellos.

Las disposiciones entraron en vigencia este viernes y establecen que las personas con información podrán comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. El pago se realizará en oficinas del Ministerio de Seguridad o en el lugar que se designe formalmente, garantizando la preservación de la identidad del aportante.

El reclamo para elevar la recompensa surgió de la familia de Loan Peña. En diciembre pasado, la querella cuestionó que la cifra vigente de $5.000.000 resultaba “insuficiente” y “ridícula”, especialmente porque ya transcurrió un año y medio desde su desaparición en el Paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio, Corrientes. Una situación similar se dio con la familia de Lian Flores, que planteó el pedido durante una reunión con el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, en Tribunales 1. En ese caso, la provincia ya había dispuesto una recompensa propia de $20.000.000, lo que impulsó la decisión de unificar el monto a nivel nacional.

Las autoridades recordaron que cualquier dato sobre Lian Flores también puede informarse al 911 y a la Unidad Judicial de Bell Ville (03537-450000, interno 52801), dependencia que lleva adelante la investigación en Córdoba. En ambos casos, el Estado reforzó los mecanismos de recepción de información para ampliar las posibilidades de obtener datos relevantes y confiables.

En los últimos días, organismos oficiales difundieron las proyecciones forenses del aspecto actual de ambos niños. Loan, que ya cumplió 6 años, no presentó cambios notorios, mientras que Lian mostró una evolución física más marcada. Por pedido de su familia, la imagen forense de Loan se integrará al sistema internacional de Interpol Argentina y se difundirá mediante Alerta Sofía, además de medios de comunicación y plataformas digitales. También se autorizó su incorporación al sistema ALERT.AR, herramienta oficial de difusión masiva en teléfonos celulares y redes institucionales.

La reconstrucción forense de Loan estuvo a cargo de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que trabajó sobre una de sus últimas fotografías y utilizó imágenes de familiares para identificar patrones hereditarios. El informe técnico indicó que, pese al tiempo transcurrido, se mantendría cierta estabilidad en su fisonomía, aunque aclaró que el método no contempla factores externos como enfermedades o exposición prolongada a agentes climáticos.

En el caso de Lian Flores, la imagen actualizada se difundió a través del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, obtenida mediante una reconstrucción digital y progresión de edad asistida por inteligencia artificial.

Con el aumento de las recompensas y la ampliación de los canales de difusión, el Gobierno nacional busca reforzar la visibilidad de ambos casos y renovar las posibilidades de obtener información que permita esclarecer dos de las desapariciones más sensibles del país.

Tras su sanción en la Legislatura provincial, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos oficializó la Ley N° 11.249 mediante su publicación en el Boletín Oficial N° 28.262. Con esta norma, la provincia formaliza su “Adhesión a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736”, brindando herramientas concretas para combatir la violencia de género en el entorno telemático.

Cabe destacar que la Ley fue aprobada en Diputados el 18 de junio y obtuvo su sanción definitiva en el Senado el 6 de enero.

La nueva norma modifica el régimen de prevención vigente para incluir mecanismos de respuesta inmediata ante agresiones virtuales. En su articulado, destaca la potestad otorgada a los jueces para intervenir directamente sobre los espacios virtuales donde se ejerce el hostigamiento.

Según el cuerpo de la norma, la justicia podrá “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia digital”.

Para garantizar la efectividad de estas medidas, la resolución especifica que se debe identificar con precisión el material a eliminar, “debiendo identificarse en la orden la URL específica del contenido cuya remoción se ordena”.

Además, se faculta a los magistrados a interrumpir cualquier vía de contacto digital del agresor, pudiendo “ordenar la suspensión provisoria del derecho y deber de comunicación por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación”.

Un punto clave de la Ley 11.249 es la preservación de la evidencia digital, a menudo volátil en estos casos. El texto legal ordena el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados”.

Asimismo, obliga a las empresas tecnológicas a colaborar con el “aseguramiento de los datos informáticos relativos al tráfico, a los abonados y contenido del material suprimido” por un periodo inicial de 90 días.

En el aspecto preventivo, la ley establece la creación de un programa específico que buscará “sensibilizar a la comunidad respecto de las distintas formas de violencia digital por motivos de género, sus consecuencias y mecanismos de denuncia”, promoviendo un uso responsable de las tecnologías y la formación de una ciudadanía digital respetuosa en todo el territorio provincial.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, la medida tiene como objetivo regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal.

El organismo nacional fundamentó la decisión tras verificar que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.

Asimismo, una inspección técnica realizada en 2025 detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.

La resolución también establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque la ejecución de esta sanción específica se encuentra diferida para evitar la interrupción de la actual temporada de cruceros 2025-2026 y no afectar el abastecimiento de la región.

No obstante, la intervención administrativa sobre la maquinaria, instalaciones y gestión de fondos es de cumplimiento inmediato.

Para la gestión de la intervención, la ANPyN solicitó la colaboración técnica y de recursos a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.).

Para afrontar la fragilidad estructural del sistema eléctrico argentino, el Gobierno logró recientemente la aprobación oficial de un préstamo de USD 400 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La noticia se conoce luego de los cortes de electricidad que se produjeron a finales de 2025 y uno masivo, a comienzos de 2026, que afectó a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La operatoria financiera, publicada este lunes en el Boletín Oficial y establecida mediante el Decreto 23/2026, consiste en el financiamiento de un Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético, orientado a la modernización del sector y a una mayor eficiencia en la asignación de subsidios.

En este contexto, la frecuencia e intensidad de los cortes han crecido en jornadas de altas temperaturas, como el ocurrido el 15 de enero, cuando una sensación térmica de casi 40° desembocó en un apagón que dejó a casi un millón de hogares sin suministro por una falla en la Subestación Morón de Edenor.

De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), para el semestre comprendido entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, Edesur superó ampliamente los parámetros regulatorios, con 4,12 cortes promedio frente al límite de 2,07 y una duración media de 7,37 horas por usuario (más del doble del parámetro de 3,81). Edenor, en contraste, registró 1,39 cortes por usuario y una duración de 3,58 horas, ambas cifras dentro de los objetivos establecidos.

El programa encuadrado en este financiamiento se articula en cuatro componentes: fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energético, mejoras en la focalización de los subsidios, promoción del uso eficiente de los recursos y otros rubros complementarios. El Anexo Técnico precisó que el objetivo central consiste en redefinir los instrumentos para los subsidios energéticos, poniendo el acento en la protección de hogares vulnerables y la reducción de transferencias generalizadas.

La iniciativa también prevé el desarrollo de sistemas de información y la consolidación de procesos que permitan una identificación más precisa de los beneficiarios, así como el refuerzo de la coordinación interinstitucional. Desde el punto de vista institucional, el contrato suscripto con la CAF contempla la actualización normativa, la modernización de procesos administrativos y la provisión de asistencia técnica para mejorar la gestión del sector.

Además, contempla medidas para impulsar la eficiencia energética tanto desde el lado de la demanda como en la gestión pública, con el objetivo de promover un uso más racional y sustentable de los recursos. Según el Banco Central de la República Argentina, la operación tendrá un impacto limitado en la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público evaluó que el costo financiero del préstamo es menor al que el país enfrentaría en el mercado.

A la firma de este acuerdo con la CAF se suman otros esfuerzos recientes del Gobierno por mejorar la infraestructura energética. En diciembre de 2025, la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Banco Mundial, aprobó una inversión adicional de USD 300 millones en Central Puerto para fortalecer la generación y el almacenamiento de energía.

Hacia finales del mismo año, se lanzó el Plan Nacional de Obras de Ampliación del Transporte Eléctrico, con una previsión de inversión superior a USD 6.600 millones, el cual busca mitigar los riesgos de interrupciones eléctricas, fortalecer la red nacional y solucionar los cuellos de botella logísticos que aún impiden el óptimo tra slado de energía entre los centros de generación y consumo.

El nuevo préstamo, que será ejecutado por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales —ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo—, no financiará obras puntuales, sino que se diseñó como apoyo presupuestario sectorial. Apunta a acompañar políticas públicas orientadas a la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y la equidad distributiva, criterios que articularán la asignación de los próximos recursos al sistema energético nacional.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Argentina ante la Unión Europea, a través del Decreto 18/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La norma establece que Iglesias ejercerá la representación ante el bloque europeo sin perjuicio de sus actuales funciones como embajador argentino ante el Reino de Bélgica, cargo para el que había sido designado días atrás.

Según los considerandos del decreto, la medida busca garantizar la continuidad de la representación diplomática, asegurar la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales y optimizar el gasto público, al concentrar ambas funciones en un mismo funcionario. El texto precisa además que la Unión Europea otorgó el plácet de estilo, requisito indispensable para formalizar la designación.

El decreto aclara que los gastos derivados del nuevo rol serán imputados a partidas específicas del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El pasado 8 de enero, el Poder Ejecutivo había formalizado mediante el Decreto 6/2026 el nombramiento de Iglesias como embajador ante Bélgica, en carácter “en comisión”, debido al receso del Senado, en uso de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.

La sede diplomática argentina en Bruselas se encontraba vacante desde junio de 2025. El Gobierno fundamentó la designación en la necesidad de asegurar la representación en un destino considerado estratégico para los intereses argentinos, en un contexto marcado por las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea.

Iglesias, exdiputado nacional, cuenta con experiencia en política exterior y se desempeñó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Además, acompañó al presidente Javier Milei en giras oficiales y mantuvo encuentros con autoridades diplomáticas europeas.

La designación se produce en la antesala de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para este sábado en Asunción, Paraguay, con la participación de jefes de Estado y autoridades de ambos bloques.

El Gobierno nacional designó nuevas autoridades locales en el Directorio y del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tras haber aceptado una serie de renuncias, mediante el Decreto 15/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La administración de Javier Milei avanzó con cambios en los representantes argentinos que componen el órgano administrador de la central hidroeléctrica. En primera instancia, aceptó la dimisión de Alfonso Peña al cargo de Director Ejecutivo, para el cual había sido nombrado en febrero de 2024.

A pesar de dejar su puesto, Peña no se alejará del organismo, sino que pasa a ocupar un lugar como Consejero a partir del 12 de enero, “para completar un período de ley que vence el 31 de marzo de 2027”, según precisó la normativa.

En el lugar que dejó vacante, asumirá Diego Luis Adúriz, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como consejero. Mismo rol ocupaba José Antonio López, que según consigna el texto oficial también presentó su renuncia.

Adúriz se hará cargo del directorio por Argentina luego de haber sido representante de Cammesa y formado parte del grupo de asesores del Ministerio de Economía en 2024. Desde febrero del año pasado, integró el Consejo de la Central Hidroeléctrica y ahora estará al mando hasta enero de 2031.

En aquel entonces el presidente Milei conformó el equipo de cuatro representantes del país Consejo de Administración de la entidad con Ana Clara Almirón; Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea, quienes aún continúan en funciones.

Al mismo tiempo, se designó como consejero a partir del 12 de enero de 2026, al licenciado en Relaciones Públicas Manuel Ignacio Chavarría Bertolami “por un período de ley que vence el 31 de agosto de 2026”.

Al explicar las modificaciones implementadas, el Ejecutivo indicó que “en virtud de las renuncias presentadas, y con el fin de garantizar el normal funcionamiento del organismo, deviene necesario aceptar esas renuncias y proceder a la designación de las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá”.

Los nuevos nombramientos se realizaron conforme al Tratado de Yacyretá, suscripto entre Argentina y Paraguay en 1973, y en cumplimiento de las normativas que rigen la integración y funcionamiento del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de la entidad.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial N° 28.252 y establece la puesta en funcionamiento de una entidad con autonomía técnica, administrativa y financiera para gestionar políticas de fomento orientadas al sector privado.

Según lo dispuesto en el texto legal, la Agencia se constituirá como un ente descentralizado y autárquico del Poder Ejecutivo provincial, con plena capacidad jurídica para actuar tanto en el ámbito público como privado. Contará con patrimonio y presupuesto propio, lo que le permitirá administrar recursos y ejecutar partidas presupuestarias dentro de los límites fijados por la ley y la normativa general vigente.

La ley define como objetivo central promover el desarrollo económico y social de Entre Ríos a partir de la promoción de exportaciones, la atracción de inversiones y la simplificación del marco regulatorio. Estas acciones estarán orientadas a fortalecer el entramado productivo provincial, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las funciones asignadas al organismo se incluyen el diseño e implementación de estrategias para incrementar las exportaciones provinciales, el desarrollo de programas que faciliten y agilicen los trámites para las empresas, la elaboración de estrategias sectoriales para las principales cadenas de valor y el impulso de la digitalización como eje transversal de la agenda productiva.

La conducción de la Agencia estará a cargo de un Coordinador General, quien ejercerá la representación legal del organismo y deberá acreditar experiencia en gestión pública o privada. Asimismo, la normativa prevé la conformación de un Consejo de Asesores integrado por representantes de cámaras empresariales e instituciones vinculadas a la actividad económica, que tendrá carácter consultivo, no vinculante y ad honorem.

En materia de control y transparencia, la ley establece que la Agencia deberá presentar informes anuales de actividades y resultados, además de reportes técnicos trimestrales, los cuales deberán ser de acceso público y difundidos a través de la web institucional.

Respecto al financiamiento, el organismo contará con asignaciones presupuestarias del Gobierno provincial, así como con donaciones, legados y recursos propios generados por sus actividades o servicios. El personal que se incorpore a la Agencia estará alcanzado por el régimen de la Ley N° 9.755 de Empleo Público de la Provincia.

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial Nº 28.251 la Ley “Matías Colaprete” (N° 11.242), que establece el Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia.

La normativa regula el manejo de emergencias por reacciones alérgicas severas tanto en ámbitos de concurrencia pública como en centros sanitarios de la provincia de Entre Ríos.

La norma, que recibió sanción definitiva en el Senado el pasado 23 de diciembre tras su paso por Diputados, es considerada pionera a nivel nacional. “La lucha no termina con la sanción; el compromiso es seguir avanzando”, afirmó la familia del joven entrerriano cuyo fallecimiento impulsó esta iniciativa.

La autora del proyecto, la senadora Gladys Domínguez (PJ), manifestó: “Esta iniciativa busca cuidar la vida y transformar el dolor en una respuesta concreta con precisión, organización y responsabilidad. No se trata de sancionar por sancionar, sino de construir un sistema que funcione cuando más se lo necesite”.

Asimismo, la legisladora destacó el compromiso de los allegados de Matías: “No hay mejor manera de honrar su historia que evitar nuevas tragedias y que ninguna familia vuelva a sufrir pérdidas evitables”.

La ley es de orden público, lo que implica que su cumplimiento es obligatorio para establecimientos de salud (públicos y privados); instituciones educativas de todos los niveles y entidades deportivas, recreativas y comunitarias.

El Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, será el encargado de confeccionar el Protocolo Provincial de Actuación ante Anafilaxia (PPAA-ER). Este documento definirá la disponibilidad mínima de insumos, la administración de adrenalina y los procedimientos específicos para escuelas, clubes y eventos masivos.

Capacitación y control estadístico

La normativa introduce la capacitación anual obligatoria para el personal de educación, salud, seguridad y deportes, enfocada en el reconocimiento de síntomas y la ejecución de maniobras de auxilio inmediato.

Por otra parte, se crea el Registro Provincial de Anafilaxia (REPARA-ER). Los centros de salud deberán notificar los casos detectados dentro de las 72 horas para generar datos epidemiológicos precisos bajo criterios de confidencialidad.

Finalmente, el Poder Ejecutivo dispone de un plazo de 180 días para la reglamentación total de la norma, e invita a municipios y comunas a adherir a sus lineamientos.

Para sus padres, que la ley lleve el nombre de su hijo es una forma de honrar su esencia solidaria. Según explicaron, el caso de Matías dejó en evidencia graves carencias en materia de emergentología, falta de insumos y de personal capacitado en instituciones públicas y privadas, indica APF.

“No hay mejor manera de honrar a un hijo que hacer algo que le sirva a la sociedad. El dolor no se va, pero saber que su vida sigue teniendo sentido nos da fuerza para seguir”, concluyó su padre.

El Gobierno nacional oficializó este viernes una modificación clave en el esquema salarial de la alta conducción del Estado. Mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso habilitar incrementos salariales para ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, atándolos de manera directa al resultado fiscal, luego de dos años de congelamiento.

La norma extiende, a partir de enero de 2026, los aumentos salariales acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional a los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo, aunque excluye expresamente a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación.

En los considerandos, el decreto repasa el escenario heredado a fines de 2023, con inflación interanual del 211,4%, pobreza del 52,9% e indigencia del 18,1%, además de déficit fiscal y caída de la actividad. En ese contexto, el Ejecutivo recuerda que una de las primeras medidas fue congelar los salarios de las autoridades superiores, como señal de austeridad y ajuste del gasto público.

Según el texto oficial, esa política permitió generar ahorro fiscal y se complementó con una fuerte reducción de la estructura estatal: se eliminaron ocho ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que totalizó 519 cargos suprimidos, además de una reducción de cerca de 60.000 empleados públicos, con un ahorro anual estimado en $3,49 billones.

El Gobierno sostiene que, como resultado de esas medidas, se logró reducir la inflación al 31,3% interanual en octubre de 2025, acumular 22 meses de superávit fiscal y mostrar una fuerte baja de la pobreza, que según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo del Ministerio de Capital Humano, habría descendido al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Economía.

El núcleo del decreto establece que los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente comenzarán a percibir los incrementos salariales definidos en las actas acuerdo de la negociación colectiva estatal de 2024 y 2025, sin retroactividad y a partir del mes siguiente a la vigencia de la norma.

Sin embargo, el Ejecutivo fijó una cláusula central: si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de las autoridades superiores quedarán automáticamente congelados, sin necesidad de un acto administrativo, y no podrán recibir nuevos aumentos mientras persista esa situación. La condición se evaluará en base a la información oficial publicada por el Ministerio de Economía.

El decreto también dispone que los futuros aumentos que se acuerden en paritarias estatales se aplicarán de manera automática a los altos cargos del Poder Ejecutivo, siempre bajo la misma condición de sostenibilidad fiscal.

Además, la norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a diseñar e implementar un nuevo sistema de empleo público, basado en ingreso por mérito, evaluación de desempeño, movilidad por competencias y esquemas salariales vinculados a la responsabilidad del cargo.

El Gobierno argumenta que el ordenamiento salarial de las autoridades superiores forma parte de una estrategia de largo plazo para profesionalizar el Estado, una etapa posterior al ajuste inicial del gasto y compatible -según remarca- con el mantenimiento del equilibrio fiscal.

Finalmente, el decreto invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento automático de salarios ante déficit fiscal, y deroga un artículo clave del Decreto 235/2024, que había fijado el congelamiento original de las remuneraciones. (Ámbito)