A pocos metros de la Ruta Nacional Nº 14, el barrio Don Pedro recibió una serie de intervenciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial y a mejorar las condiciones de circulación interna, luego de diversas acciones que se concentraron sobre el entramado barrial y apuntaron a resolver problemáticas asociadas al desgaste natural de las calzadas de suelo natural.

Las tareas estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas, con personal y equipamiento municipal.

El esquema de trabajo incluyó mantenimiento vial con aportes de materiales, una metodología que permite recuperar superficies, consolidar trazas y extender la vida útil de calles que no cuentan con pavimento.

En ese marco, se realizó un repaso general de las arterias del barrio y se incorporó broza como material de refuerzo, con el objetivo de mejorar la capacidad portante de las calzadas y garantizar una circulación más segura, tanto para vehículos particulares como para servicios esenciales.

En este sentido, la distribución del material se ejecutó de manera uniforme, atendiendo las pendientes y el estado previo de cada tramo.

De forma complementaria, se llevó adelante el perfilado integral del sector, una tarea que consiste en el nivelado y conformación de la calzada mediante el uso de maquinaria pesada, entre ellas una motoniveladora de gran porte, que permitió corregir irregularidades, ordenar bordes y definir escurrimientos adecuados.

Además de optimizar la circulación, el trabajo técnico sobre estos suelos resulta también clave para optimizar el comportamiento de las calles frente a lluvias intensas y tránsito sostenido.

Otro punto central de la intervención fue la limpieza completa del canal que cumple funciones de desagüe dentro del barrio: La remoción de sedimentos y material acumulado favorecerá el normal escurrimiento del agua y reducirá riesgos de anegamientos, una condición indispensable para preservar tanto la infraestructura vial como los frentes domiciliarios.

Los aportes de materiales para calles refieren a la incorporación planificada de recursos, en este caso broza, utilizados para reparar, mejorar y sostener la transitabilidad de caminos urbanos. Este tipo de acciones resulta fundamental en sectores donde el suelo requiere mantenimiento periódico para sostener condiciones adecuadas de uso.

El Gobierno de Gualeguaychú recuperó la continuidad del tramo de San Martín ubicado entre Nágera y Boulevard Martínez, un sector que permaneció clausurado durante décadas por el avance de la vegetación y el deterioro total de la traza.

Con la apertura de 430 metros lineales, la ciudad vuelve a contar con un corredor directo que enlaza la zona oeste con arterias de gran circulación, después de años en los que ese segmento quedó fuera de uso por las condiciones del terreno.

Los trabajos comenzaron al inicio de la semana pasada y concluyeron el viernes, dentro de una operativa integral que incluyó limpieza profunda, remoción de vegetación, nivelación estructural del suelo y estabilización con material pétreo. La zona presentaba una obstrucción casi completa: matorrales altos, arbustos gruesos, plantas de gran porte y malezas que ocuparon toda la franja de circulación provocaron que ese crecimiento modificara la topografía original, levantara la superficie en distintos puntos y generara montículos irregulares que imposibilitaban cualquier tránsito vehicular.

Lo que existía en ese lugar hasta el momento de realizar esta intervención era una traza vial que era utilizado por peatones, pero no era una calle en sí, ya que carecía de la infraestructura física concreta, como el espacio urbano por donde pasan autos, motos, bicicletas y personas.

Una vez despejada la trama, el equipo técnico de la Dirección de Obras Públicas intervino con maquinaria pesada para restituir la fisonomía del terreno. La motoniveladora realizó un trabajo de penetración en el suelo para desprender raíces antiguas, sacar piedras incrustadas y remover capas endurecidas que deformaron la calle a lo largo de los años.

Además, el equipo operó con varias pasadas sobre todo el trayecto, lo que permitió obtener una superficie pareja que no existía desde hacía décadas. El ancho de los neumáticos, la profundidad del corte y el comportamiento del material suelto confirmaron la presencia de sectores muy compactados que requirieron avances lentos para evitar daños estructurales.

Luego, un camión volcador municipal acercó grandes volúmenes de broza, que se descargó sobre la calle recién nivelada para aportar espesor, estabilidad y capacidad de soporte. Los operarios distribuyeron el material en franjas sucesivas y generaron una base continua que evita hundimientos prematuros.

La textura irregular de la broza permitió fijar el tramo y favoreció el perfilado posterior realizado por la motoniveladora, que completó el acomodamiento del material.

Hasta esta intervención, quienes venían por San Martín hacia el centro debían desviar en Boulevard Martínez para continuar por Urquiza al Oeste o Gervasio Méndez. Esa maniobra alteraba la fluidez del tránsito y agregaba un rodeo innecesario para vecinos, repartos y vehículos de servicio.

Esta apertura forma parte de un plan de mejoras más amplio que impulsa el Gobierno de Gualeguaychú en la zona. Hace varias semanas atrás comenzó la reconstrucción y repavimentación del Boulevard Martínez, una obra que agiliza el movimiento vehicular y el tránsito pesado entre Gervasio Méndez y Urquiza al Oeste. Además, el segmento de San Martín entre Nágera y Hermanas Mercedarias incorporó 175 metros asfaltados, los primeros que fueron ejecutados tras la puesta en marcha de la Planta de Asfalto del Parque Industrial. Esa articulación entre frentes de obra permitió avanzar de manera ordenada sobre distintos tramos del corredor para devolverles funcionalidad y mejorar la conectividad interna del barrio.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial + Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, lo que reafirma el compromiso del gobierno local con la mejora continua de la seguridad vial y la transitabilidad.

La concejal Andrea Becerra, del bloque Juntos por Colón, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para regular el uso de broza como material de afirmado o terminación de calles en la ciudad. La iniciativa apunta a prohibir su utilización “de manera indiscriminada, indefinida y definitiva” en zonas urbanas y del ejido, al considerar que su polvo es “altamente contaminante y perjudicial para la salud”.

El texto del proyecto establece que el Departamento Ejecutivo deberá “arbitrar los medios necesarios para la utilización de otras alternativas” en las calles con población cercana y sólo permitir el uso de broza en forma provisoria. En los fundamentos, Becerra citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a protegerlo.

“El uso de la broza perjudica la salud del ser humano, de los animales y de los vegetales, provocando alergias, crisis asmáticas y problemas en la piel y la vista”, explicó la edil. También sostuvo que, al ser tan volátil, el material se adhiere a las hojas de los árboles y afecta su función oxigenadora.

Como respaldo, presentó un informe técnico sobre riesgos respiratorios por exposición a calles de tierra. En diálogo con El Entre Ríos, Becerra aseguró que tomó la decisión “por salud y por pedido de los vecinos”. Agregó que informó de su iniciativa al intendente José Luis Walser, quien le manifestó que dentro del bloque “cada uno tiene libertad para presentar proyectos”.

El expediente fue girado a la Comisión de Obras Públicas del Concejo, donde será analizado antes de su eventual tratamiento en el recinto. “Seguramente quedará para el año próximo, porque sólo restan tres sesiones”, anticipó la concejal.

Becerra aclaró que su propuesta no busca frenar obras de mejorado, sino garantizar que la broza no sea utilizada como terminación final sin un tratamiento con otros materiales que reduzcan la volatilidad. “Es una cuestión de salud pública. Todos estamos sufriendo lo mismo”, enfatizó.

El Ejecutivo, por su parte, avanza con un plan de reemplazo progresivo del material mediante pavimentación y adoquinado, aunque la edil reconoció que ese proceso demandará tiempo por los costos y la situación económica. “El gasto adicional se compensa con el beneficio en la calidad de vida de los colonenses”, sostuvo.

El debate, que atraviesa a oficialismo y oposición, reabre la discusión sobre los materiales empleados en el mantenimiento urbano y la necesidad de incorporar criterios ambientales en la planificación local.

Un fallo de la Cámara de Casación Penal de Paraná desestimó por inadmisible el amparo ambiental presentado por vecinos de Costa Grande, en el departamento Diamante, que cuestionaba la extracción y el uso de la broza para rutas y calles. El grupo había solicitado la suspensión inmediata de esas actividades hasta contar con estudios científicos que confirmaran la inocuidad del material y, además, la nulidad del certificado de aptitud ambiental otorgado por el gobierno provincial a la empresa Gassmann.

El juez Gustavo Román Pimentel sostuvo que los actos administrativos cuestionados habían seguido el procedimiento reglamentario, con informes técnicos y participación ciudadana, y que no existía un vicio de ilegitimidad que justificara la intervención judicial. “No puede el Poder Judicial asumir funciones propias del Ejecutivo, cuyos actos se presumen legítimos”, remarcó en su resolución.

La Fiscalía de Estado celebró la sentencia. El fiscal adjunto Martín Rettore señaló que el expediente administrativo incluyó todas las instancias de control y participación. Además, destacó que los vecinos no utilizaron los recursos previstos por la Ley de Procedimientos Administrativos para impugnar el certificado ambiental, lo que refuerza la validez del acto.

Los demandantes, patrocinados por la abogada Alda Sasia, habían planteado también la necesidad de estudios epidemiológicos independientes y de un plan de remediación para las zonas ya intervenidas. Sin embargo, la Justicia concluyó que la vía procesal elegida no reunía los requisitos de admisibilidad ni de procedencia.

Solicitan que se detenga hasta que se realicen estudios científicos que determinen su composición, sus efectos en la salud y su inocuidad. La acción judicial también apunta a declarar nulo el certificado de aptitud ambiental otorgado a la firma Gassmann para la explotación del material y a exigir la creación de un marco regulatorio que prohíba su utilización en zonas habitadas.

El amparo, que tramita ante el juez Gustavo Román Pimentel, vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, contempla además la realización de estudios epidemiológicos y ambientales independientes sobre los efectos de la broza en la salud pública y en los ecosistemas. Los vecinos solicitan también la implementación de un plan de remediación de las áreas ya afectadas y un programa de monitoreo sanitario para las poblaciones expuestas.

En el escrito, los vecinos destacan que la preocupación sobre la broza es “constante e incierta” entre cientos de ciudadanos que viven en contacto con este material, utilizado de manera habitual por la Provincia para mejorar calles y caminos debido a su bajo costo y fácil extracción. Señalan que la problemática afecta a varias localidades donde el material se aplica en la infraestructura vial, generando “daño ambiental colectivo” que justifica la acción judicial.

El amparo cita un informe del médico neumólogo Luis Larrateguy, quien comenzó a estudiar el tema tras recibir numerosas consultas médicas sobre la exposición al polvo. El informe hace referencia a estudios internacionales que evaluaron la inhalación de partículas similares, como las provenientes de la dolomía, y los posibles efectos respiratorios asociados, incluyendo tos crónica, sibilancias y alteraciones funcionales y radiológicas de los pulmones. La broza, compuesta en gran parte por carbonato de calcio y magnesio, comparte características con la dolomía y la piedra caliza, lo que plantea inquietudes sobre su impacto en la salud de las poblaciones expuestas.

Los vecinos, representados por la abogada Alda Sasia, argumentan que la acción judicial busca proteger el derecho a un ambiente sano y a la salud pública, así como prevenir la continuidad de prácticas que podrían generar daños irreversibles. La presentación apunta a que el Estado provincial adopte medidas inmediatas y planificadas para evaluar, regular y controlar el uso de broza en todo el territorio, estableciendo criterios de seguridad para la población y los ecosistemas.

Con la presentación en curso, la Justicia deberá definir si suspende de manera cautelar las actividades de extracción y uso del material mientras se desarrollan los estudios científicos y se revisan las autorizaciones otorgadas por la Provincia, generando un precedente relevante en materia ambiental para Entre Ríos.