Sin novedades respecto a la deuda que mantiene el gobierno nacional con las empresas del transporte público, la crisis económica se agudiza en todo el país, sobre todo por fuera del AMBA, y Gualeguaychú no es la excepción.

El retiro de los subsidios cambió de plano la relación entre los transportistas y el gobierno nacional, pero ahora, hace cuatro meses y por una serie de factores, tanto internos como externos, la realidad del sector se volvió insostenible.

“El gobierno nacional nos debe cuatro meses de los atributos sociales de la tarjeta SUBE, que no son subsidios, es plata de las empresas. Es la plata de los boletos con descuentos a los jubilados y los beneficiarios de Anses en cada viaje (lo perciben 4 de 10 pasajeros), que el Estado nacional debería pagar, pero no paga desde diciembre”, cuestionó uno de los empresarios del transporte de la ciudad, que pidió mantener resguardada su identidad, porque “después no me atienden el teléfono”.

La situación es compleja en toda la provincia, donde sólo cuatro ciudades mantienen en la actualidad el servicio de transporte público: además de Gualeguaychú, Paraná, Concordia y La Paz. El caso de Concepción del Uruguay refleja como ninguno la crisis sectorial: se licitó el servicio, nadie se presentó y ahora no existe el transporte público en esa localidad.

Ante esta situación, se han hecho pequeños recortes en las frecuencias de los servicios. Por ejemplo, en la Línea 4, entre las 9.30 y las 11.30 horas, en vez del colectivo pasar cada media hora, lo hace cada una hora. Pero las alarmas se volvieron a encender días pasados, cuando Buses Gualeguaychú pagó sólo el 50% de los sueldos a su personal. “Nosotros entendemos la situación, hace mucho que no sucedía algo así. Pero se hace imposible asumir cuentas, alquileres y gastos fijos en estas condiciones”, indicó uno de los trabajadores de la empresa.

En tanto, los empresarios del sector ponen sus expectativas en la semana que viene, cuando el Municipio debería pagar, según indicaron, las partidas correspondientes al boleto gratuito de primaria, secundaria, terciario y universitario (determinados así por ordenanza). Y, sobre todo, en la reunión que las autoridades de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) mantendrán con Fernando Augusto Herrmann, secretario de Transporte de la Nación.

Asimismo, demandan una actualización del valor del boleto, que en la actualidad tiene un costo de $1.968 y, más temprano que tarde, probablemente, pasará la barrera de los $2.200.

“La crisis actual no solo se explica por la inflación general, sino por una distribución de recursos que vulnera el federalismo y castiga a los usuarios del interior. En este sentido, elevamos los siguientes puntos de extrema gravedad para su urgente consideración”, sostiene el documento. Y apunta a la “fuga de recursos del Impuesto al Combustible”.

“Los ciudadanos del interior aportan a través del impuesto a los combustibles, montos que no retornan a sus jurisdicciones. Solo por citar un caso, la provincia de Santa Fe ha aportado más de $706.761 millones desde el corte de subsidios (enero 2024), de los cuales solo retornó una fracción mínima, financiando de hecho el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires con recursos provinciales”, cuestionaron.

“Mientras en el AMBA se debaten ajustes marginales, en el interior los cuadros tarifarios ya alcanzan valores alarmantes para el bolsillo del trabajador, como los $1.600 en Puerto Madryn (vigentes desde el 27/04) o pedidos que superan los $2.500 en Mar del Plata, cifras que aun así resultan insuficientes frente a la ausencia de los fondos nacionales reclamados”, diferenciaron desde la Fatap.

Por otro lado, respecto al impacto en la estructura de costos de las empresas, apuntaron al aumento del gasoil (aumentó $500 el litro en marzo) y la suba de salarios del personal. “Esto genera un desfasaje haciendo que el combustible sea hoy el rubro de mayor peso, incluso por encima del costo salarial”, indicaron. “Esta situación no solo pone en riesgo la prestación del servicio, sino que genera un escenario de alta conflictividad laboral que amenaza la paz social en las provincias”, indica el documento que lleva la firma de José Cano, presidente de la entidad.

“Señor Secretario, la sostenibilidad del servicio público está agotada. Los gobiernos provinciales y municipales han intervenido con fondos propios, pero advierten que los recursos son limitados”, expusieron. Y, por último, cerraron: “no existe margen de optimización posible cuando el sistema opera con un déficit mensual aproximado de $950 millones por jurisdicción y un precio de gasoil que duplica los valores reconocidos por las estructuras de costos actuales”.

“Por todo lo expuesto, solicitamos la transferencia inmediata de las partidas adeudadas (Atributos Sociales y Comisiones SUBE) y la apertura de una mesa de diálogo que garantice un reparto equitativo de los recursos nacionales. El transporte del interior no puede seguir financiando la tarifa de la Capital Federal mientras sus propias comunidades pierden el derecho esencial a la movilidad”, cierra el documento.

La crisis sectorial es un tema nacional, no sólo afecta al servicio en Gualeguaychú. Por lo que la semana próxima será crucial para saber si, finalmente, los servicios serán afectados de manera más contundente, como lo están siendo los salarios, o si se llegará a un principio de solución.

Gualeguaychú quedará sin colectivos este jueves, luego de que la empresa Buses Gualeguaychú confirmara la suspensión de los servicios en las líneas 1 y 4. La decisión responde a la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), al paro nacional de la CGT que afectará al transporte público en todo el país durante 24 horas.

La medida, que comienza a la medianoche y se extiende hasta las 24 horas del mismo día, se suma al reclamo de las centrales obreras por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas en torno a la reforma laboral.

Ricardo Delcausse, propietario de Buses Gualeguaychú, confirmó que las líneas 1 y 4 no prestarán servicio durante toda la jornada. Esto implica que usuarios locales deberán buscar alternativas de movilidad en un día de fuerte impacto para la ciudad. La suspensión se suma a la preocupación de vecinos y trabajadores que dependen del transporte público para sus actividades cotidianas.

Según información aportada por empleados y choferes de la empresa El Verde SRL, otra de las firma de transporte urbano de Gualeguaychú también se adhiere al paro nacional convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Esto significa que durante la jornada de este jueves no habrá servicios de colectivos de la Línea 5, con ramales como el 5A (por Acceso Sur) y el 5B (por Urquiza). Los trabajadores señalaron que la decisión se enmarca en el reclamo gremial por la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real y el deterioro de las condiciones laborales en el sector.

A su vez desde la línea Santa Rita, también, confirmaron la adherencia a la medida de fuerza.

La UTA, encabezada por Roberto Fernández, anunció la paralización de los servicios de corta, media y larga distancia en todo el país. El gremio fundamentó la decisión en “la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”.

El paro se enmarca en la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales obreras, que reclaman el tratamiento de la reforma laboral con media sanción en el Senado y pendiente de debate en la Cámara de Diputados. La medida busca presionar al Congreso y al Ejecutivo para que se atiendan las demandas de los trabajadores del transporte y de otros sectores afectados por la crisis económica.