La industria aceitera argentina, principal demandante del poroto de soja, atraviesa una pérdida de competitividad que ya impacta en las estadísticas oficiales. En julio, la molienda nacional fue de 3,78 millones de toneladas, un 14% menos que en el mismo mes de 2024. Este retroceso se da a pesar del reingreso de Vicentin al circuito productivo, tras su salida en abril y mayo por razones concursales.

La reactivación de junio coincidió con el último mes de vigencia del régimen de rebaja temporaria de derechos de exportación, lo que incentivó a los productores a acelerar ventas de poroto. Sin embargo, en julio, el aumento de las retenciones generó una “sequía comercial” que afectó directamente el ritmo de procesamiento. Sin el respaldo de la soja importada, el nivel de actividad habría caído aún más.

Ante la caída, el gobierno de Javier Milei reintrodujo en agosto la rebaja de retenciones, buscando reactivar las ventas. Aunque se logró un leve repunte, los volúmenes no alcanzaron los niveles previos. El congelamiento de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior refleja esta parálisis: los pocos embarques registrados corresponden mayoritariamente a poroto sin procesar.

En paralelo, la demanda china de poroto en el Mercosur —como estrategia para evitar compras en EE.UU.— comenzó a favorecer la exportación directa de soja sin procesamiento. La Secretaría de Agricultura actualizó sus proyecciones: estima que en 2024/25 se exportarán 8,50 millones de toneladas de poroto, casi el doble que en el ciclo anterior.

En julio, Argentina importó 542.694 toneladas de poroto, principalmente desde Paraguay y en menor medida desde Brasil. Ese volumen representó el 14,3% de la molienda mensual. En los primeros cuatro meses del ciclo 2024/25, la participación de soja importada fue del 18,4%, apenas por debajo del 19,7% del año anterior.

Estas operaciones se realizan bajo el régimen de “importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir perfeccionamiento industrial”, establecido por el decreto 1330/2004. El objetivo: procesar insumos en territorio argentino y exportarlos como harina, aceite y biodiésel, generando divisas en un contexto de alta presión fiscal y comercial.