Cada vez que ocurre un choque en las rutas o calles de Entre Ríos, la Policía provincial activa un despliegue técnico de alta complejidad: inspecciones mecánicas, registros fotográficos, planimetrías, análisis de huellas y reconstrucciones virtuales. Hasta hoy, el 100% de esos costos de materiales, tecnología y personal especializado recae exclusivamente sobre las arcas públicas.

Para revertir esta situación, ingresó a la Legislatura entrerriana el proyecto de ley para la creación del Régimen Provincial de Recupero de Gastos por Intervenciones Técnicas y Pericias Accidentológicas, el cual ya fue girado a comisión para su tratamiento. El proyecto fue presentado por la diputada provincial, Gabriela Lena (JxER) y fue girado a Comisión en la última sesión del pleno de Diputados.

El eje central de la propuesta radica en arancelar estas intervenciones y exigir el reintegro de los gastos directamente a las empresas aseguradoras de los vehículos involucrados, siempre que cuenten con cobertura vigente en el marco de la Ley Nacional de Seguros. La tasa se calculará en función del tiempo de trabajo, el instrumental utilizado y la complejidad del operativo.

Un aspecto fundamental del proyecto es el resguardo a los ciudadanos: la medida no generará ninguna carga económica para las víctimas ni para terceros damnificados. Asimismo, se contemplan exenciones por vulnerabilidad social o para casos donde los vehículos no posean seguro, garantizando que la actuación policial y la asistencia médica de emergencia no sufran demoras ni condicionamientos.

Lo recaudado tendrá una "afectación específica", lo que significa que el dinero no irá a rentas generales. Los fondos se volcarán íntegramente al fortalecimiento de las áreas de accidentología vial. Esto permitirá comprar y mantener equipamiento técnico de última generación, incorporar nuevas herramientas digitales para investigar siniestros y capacitar de forma continua al personal de la fuerza.

La iniciativa encuentra sustento en la Constitución provincial, que avala el financiamiento estatal mediante el cobro de servicios prestados bajo criterios de equidad y transparencia, siguiendo además antecedentes que ya funcionan con éxito en otras provincias del país.

A diferencia del jueves pasado, hay más certezas que dudas para la sesión prevista para este miércoles a partir del mediodía. Si bien dos de los tres temas previstos para la fallida reunión del 15 de octubre forman parte del temario de esta jornada, en esta oportunidad ya no figura el DNU 70/23, a la sazón el factor discordante de esa tarde.

Siete son los temas que hay para debatir en la sesión especial pedida por Gabriel Bornoroni y otros diputados, lo que cuantitativamente ya de por sí genera la sensación de que esta será una jornada extensa; pero también lo es por el tipo de proyectos que están previstos para debatir en una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados de este período ordinario.

Los temas emplazados en su momento por la oposición son esos dos que quedaron pendientes el jueves pasado. Para este miércoles, el oficialismo los ubicó estratégicamente al final del extenso temario, en este orden: la modificación de la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, y la ley sobre Endeudamiento Familiar a continuación. Esos dos temas que tienen sendos dictámenes discordantes entre oficialismo y oposición, fueron puestos a consideración para esta semana, de modo tal que si la oposición quiere tratarlos, se ocupe de mantener el quórum hasta el final de la jornada, que se presume será ya bien entrada la madrugada de este jueves.

Una sesión XL

Porque todos coinciden que esta puede ser una sesión de veinte horas. Y cuando esos cálculos se manejan siempre está latente la posibilidad de que la sesión se caiga antes. Y cuando esa posibilidad se siente en el aire es porque hay quienes están particularmente interesados en que eso suceda. En este caso, correspondería al oficialismo ese interés, dado que fue la oposición la que forzó el debate de sendos proyectos, publicó Parlamentario.

Los proyectos emplazados

Más allá de esas especulaciones, el oficialismo intentará imponer sendos dictámenes de mayoría. En el caso del tema discapacidad, el dictamen confeccionado por La Libertad Avanza ratifica la compatibilidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad con actividad laboral que no supere los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Esta iniciativa institucionaliza en un marco normativo la obligación del otorgamiento de una pensión inembargable a toda persona mayor de 70 años que no esté dentro de un régimen previsional que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Del mismo modo, queda establecido su valor al equivalente del 70% del haber mínimo jubilatorio.

Pero la oposición no pierde las ilusiones de dar la sorpresa imponiendo su propio dictamen, que habla de una prórroga de la declaración de Emergencia en Discapacidad. El texto estira por un año más los beneficios contemplados en la Ley 27.793: el valor de la Pensión no Contributiva por Discapacidad seguirá siendo del 70% del haber mínimo previsional con la obligatoriedad por parte del Estado nacional de ajustar por Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensualmente.

En el caso del proyecto sobre endeudamiento familiar, el dictamen de mayoría aborda la problemática del endeudamiento familiar desde una perspectiva centrada en la transparencia, la educación financiera y la protección de los usuarios, evitando intervenir sobre contratos ya existentes o generar restricciones a la oferta de crédito.

La iniciativa, denominada “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”, unifica decenas de proyectos presentados por legisladores de distintos espacios políticos y establece un marco común para las operaciones de crédito de consumo.

El resto del temario

Probablemente ambos temas sean abordados ya durante la madrugada de este martes. En cambio Inviolabilidad de la Propiedad Privada será el primero de los temas a debatir este miércoles. Primero en el orden presentado por el oficialismo para debatir, este proyecto consiguió un dictamen exprés la semana pasada y contempla derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto originalmente la derogación total de la Ley de Tierras (26.737), que prohibía que los extranjeros superaran el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También, se prevé "restituir la plena vigencia" de dicha norma.

En caso de ser aprobado, el proyecto volverá al Senado, donde tuvo un tratamiento complicado, con casi una veintena de cambios sobre el dictamen y postergaciones en el recinto. Otros capítulos que ya habían quedado afuera allí tenían que ver con la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de Barrios Populares.

En segundo lugar figura el tratamiento del Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo, una iniciativa surgida luego del escándalo del “fentanilo mortal”, que dejó un saldo de más de un centenar de muertos. Este proyecto impulsado originalmente por Silvana Giudici, pero que llega con fuerte consenso de todos los sectores establece que la trazabilidad de los medicamentos se estructurará sobre distintos niveles de identificación física y logística que integran la cadena de producción, almacenamiento, distribución y utilización como el lote y el empaque por fraccionamiento o unidad física susceptible de recibir una identificación unívoca, persistente, verificable y respecto de la cual pueda reconstruirse su vinculación con el producto, el lote de origen, su recorrido y su destino.

A continuación, se debatirá un tema propuesto por los bloques dialoguistas, el PRO más específicamente. Se trata de modificaciones al Código Penal introduciendo la figura del “vandalismo rural”. Un proyecto de Martín Ardohain, que tuvo dictamen el 6 de octubre pasado, pero en este caso hay también un dictamen alternativo, encabezado por el diputado de UP Ramiro Gutiérrez, que insiste en que el otro dictamen baja las penas.

Por último, se pondrá a consideración la transferencia de inmuebles a la provincia del Chaco. (APFDigital)

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dará continuidad este martes 20 de octubre, desde las 12 horas, al tratamiento en comisión del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que propone reformar diversos artículos de la Ley Provincial Nº 5.315, reguladora del Código Procesal Laboral. El trabajo de comisiones unificadas entre Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, y la Comisión de Trabajo, se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados.

En esta instancia legislativa, la convocatoria abarca a referentes de entes autárquicos y de entidades del sector comercial e industrial provincial, con el propósito de abordar el impacto técnico de la norma propuesta. Entre las presencias confirmadas para la jornada se encuentran Miriam Clérici, en representación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser); Carolina Díaz, jefa de asesores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; e Ignacio Subizar, gerente de Administración de las Comisiones Médicas. Asimismo, concurrirá Mauricio Benitende, titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CCIP), sumando la visión del sector mercantil y empresarial al tratamiento de la medida.

Otro de los puntos de discusión radica en el reordenamiento de la determinación de incapacidades físicas por riesgos del trabajo. El proyecto contempla la creación de tres cargos dentro del Poder Judicial destinados a constituir un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos. Quienes integren dicho organismo serán designados por concurso público de oposición y antecedentes, percibiendo una remuneración fija para asegurar la independencia técnica en los dictámenes y garantizar la aplicación estricta de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. En paralelo, el texto del proyecto prevé la exención del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales para la administración estatal provincial y sus dependencias autárquicas.

El debate complementa las reuniones concretadas previamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, conducida por la diputada Gabriela Lena, donde hicieron sus aportes directivos del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, junto a funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación y asesores jurídicos del Poder Legislativo.

La labor parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación incluye el análisis de las políticas públicas dirigidas a la inserción laboral de la juventud, las condiciones de empleo y los esquemas de remuneración salarial vigentes en el país. En ese marco, el diputado nacional Guillermo Michel se refirió a las previsiones económicas planteadas durante el debate electoral reciente en relación con los ingresos del sector joven y la vigencia de la moneda nacional en la liquidación de haberes.

Según expuso el legislador, las proyecciones difundidas durante la campaña electoral generaron una expectativa entre la población joven basada en la posibilidad de percibir salarios en moneda extranjera sin variaciones en nominalidad respecto de las remuneraciones en pesos.

Michel sostuvo que los indicadores actuales de empleo reflejan esquemas de liquidación en moneda local con un poder de compra inferior al estimado inicialmente en las plataformas informativas y redes sociales de uso masivo.

Finalmente, el diputado destacó que la formulación de proyectos para promover el empleo juvenil requiere la modernización constante de las herramientas tecnológicas y los canales formales de comunicación institucional. De esta manera, se busca garantizar una difusión más clara de los mecanismos de incentivo al trabajo y de las leyes aprobadas en el Congreso de la Nación, facilitando la interacción continua entre los legisladores y los sectores productivos que demandan mano de obra calificada.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó este miércoles 23 la décimocuarta sesión ordinaria del 147º Período Legislativo, bajo la presidencia de Gustavo Hein. Entre los principales temas de la jornada se destacó el homenaje a la diputada Julia Calleros Arrecous, la incorporación de Verónica Edith González al cuerpo legislativo.

La evocación a Calleros Arrecous, quien falleció el pasado 8 de septiembre tras padecer un problema de salud, comenzó con la proyección de un video que repasó su trayectoria política y su labor legislativa. Estuvieron presentes sus hijas, Patricia y Verónica Bardier, quienes recibieron de manos de las autoridades de la Cámara y de los titulares de los bloques políticos una placa conmemorativa en reconocimiento al paso de su madre por la Legislatura.

Durante los discursos, el presidente Hein, recordó a Calleros como “una persona extraordinaria” que hizo valer su banca “con el equilibrio justo de las cosas”. Destacó su capacidad para reconocer aciertos y errores, su “mirada transparente” y su lucha por sus convicciones. En el recinto hubo coincidencias en reconocer su trayectoria como legisladora, su calidad humana y su compromiso con las ideas vinculadas a la ruralidad.

La diputada Vilma Vázquez la recordó como “la legisladora de las familias rurales” y rescató su legado de que “vale la pena hacer las cosas bien mientras tengamos tiempo”. La legisladora Liliana Salinas rememoró los últimos días compartidos, la diputada María Elena Romero ponderó su compromiso y solidaridad, el diputado Roque Fleitas expresó gratitud hacia una dirigente generosa, la diputada Lorena Arrozogaray valoró su impronta en Gualeguaychú mientras que el diputado Bruno Sarubi destacó su calidez humana al tiempo que llamó a comprender la fragilidad de la vida.

Una vez cumplida la instancia de homenaje, se dio paso a un cuarto intermedio, luego del cual prestó juramento como diputada provincial Verónica Edith González, quien sucede en la banca a Calleros Arrecous. La incorporación había sido comunicada formalmente por el Tribunal Electoral de Entre Ríos. González comunicó su incorporación al bloque La Libertad Entre Ríos, presidido por el diputado Carlos Damasco.

Al comenzar la sesión especial, luego de lograr quórum sin sobresaltos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, por impulso de la oposición, el emplazamiento de las comisiones para tratar y dictaminar los proyectos sobre la prórroga de la emergencia en Discapacidad y de alivio a la situación de deudores morosos.

El plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad, que se avaló con 249 votos, y al cual tuvo que acoplarse el oficialismo forzado por circunstancias que hubiera preferido evitar, incluye un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12, y un segundo encuentro para dictaminar el miércoles 23 a la misma hora del mediodía.

Un rato más tarde, también se aprobó por unanimidad el cronograma de trabajo para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a fin de tratar y dictaminar los diversos expedientes vinculados a aliviar la situación de cerca de 6 millones de deudores morosos.

En este caso, el plan contempla dos reuniones informativas del plenario de comisiones los días martes 15 y 22 de septiembre a las 14 hs, y un último encuentro para dictaminar el martes 29 de septiembre a la misma hora.

El acuerdo transversal para votar los emplazamientos de comisiones se terminó de sellar en la reunión de Labor Parlamentaria, luego de que quedara claro que la oposición había conseguido sobradamente las voluntades para el quórum, y el oficialismo al verse en desventaja numérica entendió que no tenía margen para seguir resistiendo.

La sesión había sido abierta con la presencia de 130 legisladores que fueron aportados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros monobloques opositores.

La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ingresaron al recinto recién cuando ya había quórum reglamentario.

Esta actitud de retacear el quórum por parte de La Libertad Avanza y sus socios da la pauta de que fue la oposición la que impuso condiciones durante la sesión y se llevó los laureles.

Desde el oficialismo, sin embargo, difundieron una lectura diferente, recordando que el cronograma de trabajo que se votó mediante el emplazamiento de las comisiones era prácticamente idéntico al que los presidentes de las comisiones de Discapacidad y de Finanzas, ambos de extracción libertaria, habían comunicado el 2 de septiembre.

"Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos", destacaron altas fuentes de La Libertad Avanza a las que la Agencia Noticias Argentinas (NA) tuvo acceso.

Por otra parte, advirtieron que al controlar la conducción de las comisiones que intervendrán en el tratamiento de los proyectos, La Libertad Avanza "controlará los

dictámenes".

"La emergencia en discapacidad está cumplida, y se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma

permanente", informaron.

Emergencia en Discapacidad

El vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria), sostuvo que desde que se aprobó la ley, "la emergencia se ha agravado".

"Este gobierno prácticamente ha detenido las altas a las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social y ese es el primer incumplimiento a la ley de emergencia en Discapacidad. Segun los datos oficiales, desde enero del 2024 se iniciaron 90.791 trámites para dar el alta de la pensión y solamente se resolvieron 10.374. Un 11,4%", alertó.

El miembro informante también recordó que la última vez que concurrió el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció que a abril de este año el Gobierno

acumulaba una deuda con los prestadores de casi 70 mil millones de pesos.

"Y también nos informó que durante todo 2025 se subejecutaron el presupeusto para el Incluir Salud en un 15%. Más de 135 mil millones de pesos que no ejecutaron para el Incluir Salud", protestó.

Además, Marino señaló que "los transportistas dneuncian que al día de hoy el kilómetro esta valuado por el Gobierno en 900 pesos, lo cual hace prácticamente

inviable la continuidad del servicio".

Endeudamiento familiar

El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, fue quien pidió la moción de emplazamiento de las comisiones, que resultó aprobado también por unanimidad.

"Esto coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos", subrayó el radical bonaerense.

Fuente: NA

A través de un mensaje, el mandatario destacó la fortaleza con la que Calleros enfrentó sus últimos tiempos y reconoció su compromiso con la función pública y su aporte al desarrollo de la provincia.

"Gracias, Julia, por tu compromiso, por tu trabajo y por todos tus aportes para hacer de nuestra provincia un lugar mejor", expresó Frigerio.

Asimismo, el gobernador hizo llegar sus condolencias a quienes compartieron con la legisladora su labor en la Cámara de Diputados y concluyó su despedida con un mensaje de paz y reconocimiento: "Que descanses en paz".

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad un proyecto que propone declarar Ciudadanos Ilustres de la provincia a los futbolistas Marcos Senesi, nacido en Concordia, y Lisandro Martínez, oriundo de Gualeguay. Ambos jugadores formaron parte del plantel subcampeón del mundo en 2026.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos) y reconoce las trayectorias deportivas de ambos deportistas, además de su participación en la Selección Argentina de Fútbol. El proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado entrerriano.

La diputada Streitenberger sostuvo que tanto Senesi como Martínez son “ejemplo de esfuerzo, disciplina, perseverancia y superación” y resaltó además el vínculo que mantienen con sus comunidades de origen.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) activó una estrategia en la Cámara de Diputados para frenar la embestida opositora, que ya reunió un piso de 133 votos para debatir la morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Para neutralizar la sesión especial convocada para el 9 de septiembre, el oficialismo llamará a debatir el tema en comisiones con el objetivo de retener el control de los tiempos.

La maniobra consiste en citar para la próxima semana a las comisiones de Finanzas, Discapacidad y Salud —todas encabezadas por legisladores libertarios como Santiago Pauli, Gerardo Huesen y Manuel Quintar—. Con estas convocatorias, LLA busca ofrecer una justificación política a sus bloques aliados para que no den quórum en el recinto.

Desde la oposición denunciaron que las reuniones de comisión serán meramente informativas y no buscan emitir dictamen. Por ello, referentes como el diputado socialista Esteban Paulón insistieron en mantener firme la citación del 9 de septiembre como único mecanismo para emplazar al cuerpo y acelerar el tratamiento de las normas.

Actualmente existen 48 proyectos orientados a atender el sobreendeudamiento de 6,5 millones de familias, junto con la propuesta impulsada por el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) para extender por un año la Ley de Emergencia en Discapacidad. En el oficialismo confían en que su jugada parlamentaria restará apoyos de los bloques alineados con los gobernadores y logrará dilatar la discusión.

La Cámara de Diputados de la Nación concluyó una jornada plenaria en la que se otorgó sanción a un conjunto de proyectos de ley orientados a la reestructuración del sistema financiero y la regulación del marco tributario. Entre los dictámenes aprobados por el cuerpo legislativo se destacan la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la ampliación del régimen de inocencia fiscal, iniciativas tratadas en el marco de los consensos logrados entre las diversas bancadas parlamentarias.

Las reformas introducidas en la normativa de la autoridad monetaria establecen limitaciones formales a los mecanismos de emisión e intervención directa, con el propósito de otorgar mayor previsibilidad al mercado crediticio e institucionalizar el funcionamiento de la entidad. Respecto al régimen tributario, las disposiciones aprobadas buscan facilitar el ingreso de ahorros en moneda extranjera al circuito bancario formal bajo parámetros y restricciones específicas, promoviendo la liquidez dentro del sistema financiero.

Durante las exposiciones en la Cámara Baja, el titular del cuerpo, Martín Menem, detalló que el temario de la sesión incluyó propuestas impulsadas tanto por la gestión ejecutiva como por representantes de diferentes bloques parlamentarios. La dinámica de debate permitió articular acuerdos transversales para el tratamiento de las normas aprobadas, priorizando medidas tendientes a la regularización del crédito, la reducción gradual de los niveles de morosidad y el establecimiento de pautas normativas de largo plazo.

Por otra parte, la actividad legislativa abordó el análisis sobre la continuidad y el financiamiento de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el marco de las discusiones sobre la optimización de los recursos públicos y la simplificación de los procesos electorales, se evaluaron propuestas para la revisión de este mecanismo de participación, proyectando la reasignación de partidas presupuestarias hacia otras áreas prioritarias del Estado.

El tratamiento de esta agenda de reformas se dio en un contexto de seguimiento de los indicadores de crédito residencial e hipotecario, donde se analizan programas de refinanciación y alternativas de acceso al financiamiento para los diversos sectores productivos y sociales. Con las sanciones obtenidas, las normativas aprobadas continuarán su trámite correspondiente según los procedimientos previstos por la Constitución Nacional.

La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de una intensa jornada legislativa en la cual diversos bloques de la oposición lograron consolidar una mayoría de 133 votos durante la votación de dos pedidos de apartamiento del reglamento. Si bien las mociones presentadas requerían el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos en la misma sesión —un umbral que no se alcanzó debido al volumen de apoyos en contra y abstenciones—, el resultado numérico dejó establecida una clara referencia sobre la capacidad de articulación de las bancadas opositoras de cara al cronograma de sesiones de las próximas semanas.

Las iniciativas impulsadas durante el desarrollo del encuentro parlamentario estuvieron centradas en dos ejes de debate. Por un lado, la atención a la problemática de la morosidad en los hogares, a partir de propuestas presentadas por representantes de diferentes bloques continentales. Por otro lado, la extensión por el plazo de un año de la declaración de emergencia en el ámbito de la discapacidad, una medida orientada a dar continuidad a la normativa sancionada durante el período legislativo anterior.

El conteo definitivo de las votaciones mostró la confluencia de un abanico heterogéneo de espacios políticos, integrados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el Frente de Izquierda, el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otros bloques regionales. La nómina total de sufragios a favor registró además la ausencia justificada de legisladores que han acompañado iniciativas similares en instancias previas, lo que proyecta la posibilidad de ampliar la base de respaldo en futuras convocatorias.

La trascendencia institucional del resultado radica en que los 133 votos alcanzados superan la barrera del cuórum legal de 129 diputados, indispensable para dar inicio a cualquier sesión ordinaria o especial en el ámbito del recinto. Ante este escenario, representantes de las distintas bancadas opositoras manifestaron que coordinarán mesas de trabajo interbloque para unificar el texto de los dictámenes correspondientes y solicitar en el corto plazo la convocatoria formal a una sesión especial, con el propósito de emplazar a las comisiones de trabajo a tratar de forma definitiva las iniciativas vigentes.

Desde el Foro Permanente de Discapacidad renovaron su reclamo ante la falta de respuestas institucionales y exigieron que la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se convoque para debatir la prórroga de la Ley 27.793.

Ante el contexto actual, aseguraron que “la emergencia en discapacidad continúa” y marcaron la urgencia de que el Poder Legislativo asuma su rol.

Para visibilizar la gravedad de la situación, los referentes del espacio detallaron una serie de irregularidades que atraviesa el sector, señalando que “los aranceles están muy por debajo de lo necesario” y que “nunca se realizó el estudio de costos previsto por la ley”.

Asimismo, advirtieron que “siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad” y que las compensaciones de emergencia asignadas continúan sin pagarse.

Ante este panorama, desde la organización interpelaron de forma directa a los legisladores que integran la comisión de la Cámara Baja. “La emergencia no terminó. Y los derechos no pueden seguir esperando”, afirmaron, al tiempo que remarcaron que el pedido cuenta con el respaldo conjunto de prestadores, trabajadores, familias y personas con discapacidad.

Por último, concluyeron con un llamado a la acción dirigido a los congresistas: “Exijamos a nuestros representantes que hagan su trabajo. Que escuchen. Que actúen”.

En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de las Cooperativas, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en forma conjunta con el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales (IPCYMER), llevó a cabo un acto de reconocimiento a la trayectoria y la gestión del sector cooperativo provincial. Durante la ceremonia, la Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada "Luis Jeannot Sueyro" Limitada de Gualeguaychú fue una de las seis entidades destacadas en representación de todo el territorio entrerriano.

La distinción legislativa, promovida mediante un proyecto de resolución impulsado por el diputado Bruno Sarubi, tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del palacio legislativo. La actividad se desarrolló bajo el lema internacional “Cooperativas por un mundo en paz”, con el objetivo de visibilizar la transparencia, el impacto social y la calidad de atención de las organizaciones sin fines de lucro.

Junto a la institución médica de Gualeguaychú, también fueron reconocidas la Cooperativa Agrícola Lucienville Limitada (Basavilbaso), la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Limitada (Concordia), la Cooperativa de Agua Potable (General Galarza), la Cooperativa de Trabajo Textil "Manos Talenses" Limitada (Rosario del Tala) y la Cooperativa Agropecuaria Limitada (La Paz).

Desde la conducción del Sanatorio Jeannot Sueyro expresaron su agradecimiento por la distinción recibida al ser la única institución de la ciudad seleccionada entre más de 600 cooperativas que operan en la provincia, destacando que el reconocimiento renueva el compromiso de la entidad de continuar trabajando con transparencia y dedicación por la salud de la comunidad.

Por su parte, la presidenta del IPCYMER, María Laura Renoldi, resaltó la relevancia estratégica del sector en el desarrollo entrerriano: “El cooperativismo hace aportes muy significativos en la provincia: representa el 50% del desarrollo agroganadero, el 33% de los servicios esenciales de agua y electricidad —fundamentalmente en áreas rurales— y genera alrededor de 2.500 puestos de trabajo anuales”, señaló.

La funcionaria destacó además el respaldo institucional otorgado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo para fortalecer y dar mayor visibilidad al movimiento cooperativo en la región.

(Fuente: Diputados Medios)

La aprobación se dio en el marco de una jornada atravesada por un alto nivel de tensión en las calles de Paraná, donde sindicatos de la administración pública, la docencia, jubilados y otros sectores estatales se concentraron para manifestar su férrea oposición a la iniciativa.

El debate parlamentario se desarrolló al ritmo de las consignas, las bombas de estruendo y los cánticos que se escucharon con claridad desde el recinto. Afuera, un riguroso operativo de seguridad montó un vallado que blindó el contrafrente de la Casa de Gobierno y los accesos a la Cámara, custodiado por efectivos policiales.

Voces a favor del proyecto

La primera en tomar la palabra en el recinto fue la diputada Vilma Vázquez, presidenta de la Comisión de Previsión Social. En su discurso pidió “sabiduría para quienes tenemos la enorme responsabilidad de representar al pueblo entrerriano”.

“Es una de las decisiones más trascendentes de este periodo legislativo, ya que se trata del presente y el futuro de miles de trabajadores activos”, sostuvo Vázquez, al tiempo que resaltó la instancia de escucha brindada por la Legislatura a todos los sectores.

“La situación de la Caja no fue generada por los trabajadores, sino que es fruto de decisiones tomadas por distintos gobiernos de nuestra historia, pero hoy no estamos para buscar culpables, sino para buscar soluciones. No es tiempo de sembrar miedo ni de enfrentar a trabajadores con trabajadores”, afirmó.

Por su parte, el diputado Bruno Sarubi, presidente de la Comisión de Presupuesto, destacó “el extenso proceso de debate y la predisposición del presidente de la Caja, Gastón Bagnat, para saldar dudas”.

Sarubi señaló que “la preocupación por el déficit de la Caja de Jubilaciones viene desde hace décadas” y citó antecedentes históricos: recordó que en 1997 el exgobernador Jorge Busti impulsó un proyecto para modificar la edad y el régimen de movilidad, y que el exmandatario Gustavo Bordet también planteó repetidamente la urgencia de discutir el sistema.

“Este Gobernador no vino a especular, por eso está tratando de resolver el déficit para que las futuras generaciones se puedan jubilar”, enfatizó Sarubi.

En la misma línea, el diputado Fabián Rogel manifestó que “es imprescindible discutir el sistema previsional para que sea sustentable en el tiempo”.

Asimismo, la diputada Susana Pérez (Juntos por Entre Ríos) remarcó: “Sería una irresponsabilidad negar la realidad y permitir que el problema siga creciendo. El sistema previsional de Entre Ríos arrastra desde hace años un déficit y si no actuamos hoy, serán las próximas generaciones las más perjudicadas. Este proyecto tiene el propósito de garantizar la continuidad de derechos”.

Más tarde hizo uso de la palabra Débora Todoni (La Libertad Avanza), que adelantó su acompañamiento al proyecto en general, ya que “la `política no puede seguir pateando los problemas estructurales para adelante”, pero marcó su rechazo a la emergencia que está incluida en el primer capítulo de la iniciativa.

En tanto, Roque Fleitas (La Libertad Avanza) indicó que “llegamos a esta situación por el fracaso de la política” y señaló que “seguramente esta reforma tiene muchas falencias”.

No obstante, aseveró: “Hay reformas estructurales que hay que llevar a cabo más allá del costo político que tienen” y adelantó su voto positivo.

Por su parte, María Elena Romero (Juntos por Entre Ríos), resaltó la necesidad de implementar “una reforma de fondo” y se refirió al 82%: “Se instaló que esta reforma lo pone en riesgo cuando es exactamente al revés”.

“Esta reforma no toca el 82% móvil, sino que lo blinda”, enfatizó la legisladora y lanzó un mansaje: “No vengo a votar esto de espaldas a la gente, sino mirándolos a la cara. Esta es la única forma de garantizar que los derechos sigan existiendo dentro de 20 años”.

“Ningún jubilado de la provincia va a cobrar menos por esta reforma”, expresó sobre el final de su discurso y, tras resaltar “el coraje de Frigerio”, concluyó: “La imagen del rechazo unánime es falso”.

Jorge Maier (JxER) dijo que “hace 33 años que no se modifica el sistema previsional, por eso hemos oído hablar del envejecimiento de este sistema” y aseveró: “La realidad demográfica con la que se votó esta ley no existe más”.

“Hoy hay más años de pago de jubilaciones que años de aportes”, aseguró y enumeró decisiones políticas que rompieron el principio de solidaridad de la Caja, como la privatización del Bersa, habilitar la compra de años en otras provincias para jubilarse acá y no reclamar debidamente a la Nación por los recursos”.

“Esta es la ley que demandan estos tiempos”, indicó.

Luego Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) afirmó: “No fuimos elegidos para hacer lo que conviene, sino lo que corresponde”.

“Estoy convencida de que estamos dando uno de los debates más impostergables de la última década. Se trata de un tema sensible, pero sabemos que seguir sin hacer nada no es una opción”, apuntó.

“Esta ley no nació para quitar derechos, sino para preservarlos en el tiempo”, manifestó y resaltó “el coraje que implica tomar la decisión de resolver problemas, no solo administrarlos”

La dura postura de la oposición

Desde la bancada opositora se expusieron severas críticas tanto al procedimiento como al contenido de la norma. La diputada justicialista Silvina Deccó cuestionó el “tratamiento express” en la Cámara y aseveró que la iniciativa “no resiste un control de constitucionalidad”.

“La declaración de emergencia de la Caja por dos años, prorrogable por dos años más, implica una concentración de poder, una fuerte delegación de facultades y atenta contra la división de poderes”, enfatizó Deccó, advirtiendo que se pone en juego la seguridad jurídica.

Cuestionó además el artículo 11 por representar “una nueva delegación de facultades” y sostuvo que “la reforma es confiscatoria y limita el derecho a las pensiones. La reforma se debe dar con la gente adentro”, concluyó al instar a votar en contra.

En tanto, Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) pidió no repetir errores cometidos en legislaciones previas (como la eliminación del Iosper y la creación de OSER): “Se incorpora una emergencia para justificar una reforma permanente”, spuntó y alertó sobre las previsibles presentaciones judiciales que generará la norma.

“Esta no es una reforma previsional integral, es esencialmente una reforma de ajuste: se le pide a los trabajadores que resignen sus derechos para paliar parte del déficit. Una verdadera reforma debe construirse con diálogo y consensos. Frigerio representa un kirchnerismo con buenos modales porque concentra facultades y restringe derechos”, lanzó al adelantar su voto negativo.

A su turno, Mariel Ávila (PJ) afirmó que existían otros caminos para hacer sustentable la Caja y cuestionó la declaración de emergencia por delegar atribuciones al Ejecutivo en desmedro de la calidad institucional del Poder Legislativo.

Ávila advirtió que, en términos concretos, “con esta reforma desaparece el 82% móvil, se genera una falsa confrontación entre trabajadores estatales y privados, y se impacta negativamente en las arcas de los municipios”.

Otra de las que marcó su fuerte rechazo fue la diputada Andrea Zoff (PJ), quien sostuvo que la reforma implica “un avasallamiento a la autonomía de los municipios” porque impone una “contribución extra a las municipalidades”.

Para graficar la dimensión de esto, puso como ejemplo al Municipio de Paraná, que “deberá abonar 170 millones de pesos mensuales”.

Enseguida la legisladora criticó que “deja librado el mecanismo que establece el monto que cada Municipio debe pagar” y consideró que ello atenta contra la previsibilidad y significa “una enorme transferencia de recursos de los municipios a la provincia”.

Sobre el final de su alocución, alertó que con esta reforma se cae el 82% y se reduce el haber inicial y culminó: “Hoy nos piden aprobar un recorte histórico”.

Luego fue el turno de María del Carmen Moreno (PJ), que sostuvo que “la reforma restringe derechos, deteriora los haberes y profundiza la vulnerabilidad de los jubilados”.

Tras alertar sobre la inconstitucionalidad de la letra del proyecto, afirmó que “la única adhesión sustancial provino de las entidades empresarias, que no realizan aportes a esta caja”.

Tras lamentar que no se haya tenido en cuenta el proyecto alternativo que legisladores justicialistas pusieron sobre la mesa en la Cámara de Senadores, advirtió sobre el impacto que la reforma tendrá en el colectivo docente y en los municipios, que ven afectada su autonomía.

Lorena Arrozogaray (PJ) se solidarizó con quienes estaban protestando en las afueras de la Legislatura y criticó el tratamiento express de la iniciativa en Diputados: “El debate fue una puesta en escena”.

Enseguida cuestionó la “delegaciones de facultades extraordinarias al Ejecutivo y alertó sobre “los graves vicios inconstitucionales” que tiene la iniciativa.

Luego tomó la palabra Enrique Cresto (PJ), que alertó que el proyecto atenta contra las autonomías municipales y advirtió sobre la inconstitucionalidad de la norma.

Enseguida pidió disculpas a todos, especialmente a la Multisectorial que presentó un proyecto alternativo con 20 posibles fuentes de financiamiento para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

“Que se queden tranquilos los trabajadores y los jubilados, que los gobiernos de ajustes no duran mucho tiempo. Después siempre vienen los gobiernos que reivindican derechos”, declaró.

En consonancia con los discursos de sus pares de bloque, Yary Seuler (PJ) también puso en foco el tratamiento express del proyecto en la Cámara: “Estoy seguro que algunos van a votar esta ley con incomodidad”.

“Hay una pregunta que este gobierno debería responder: ¿Qué distancia existe entre lo que el gobernador le dijo a los entrerrianos y lo que realmente plantea esta reforma?”.

“¿Si la Caja estaba salvada, como dijo el gobernador hace unos meses, por qué necesitamos esta reforma?”, se preguntó.

Luego hizo un punteo exhaustivo del proyecto y afirmó que con esta reforma Entre Ríos tendrá “uno de los sistema previsionales más regresivos del país” y se vendrá una andanada de juicios”.

“El déficit de la Caja existe, pero había otras salidas: la pregunta no es si debemos actuar o no, sino cómo lo hacemos”, añadió.

“El gobierno construyó un relato y eligió enfrentar a trabajadores estatales versus privados”, cuestionó y sostuvo que “no existen dos Entre Ríos”.

“Una provincia no es una Sociedad Anónima, es una construcción colectiva”, manifestó luego y apuntó: “El equilibrio fiscal se convierte en desequilibrio social”.

“Este Gobierno eligió qué intereses tocar y cuáles preservar. Esta reforma tiene un responsable político: Rogelio Frigerio”, finalizó.

Luego el diputado Juan José Bahillo (PJ) comenzó su alocución apuntando contra la senadora Nancy Miranda, quien lo mencionó en la sesión del Senado.

“No me gustó cómo el Gobierno instaló el tema en la sociedad, pretendiendo imponer un enfrentamiento entre el empleo público y el privado. Es abstracto ese enfrentamiento”, aseguró y aclaró: “No hay ningún impuesto que financie la Caja de Jubilaciones”.

“No acepto la lógica de yo o el caos: se hace así o explota todo. Eso raya la soberbia. Siempre hay alternativas”, señaló.

María Laura Stratta (PJ) fue otra de las diputadas que habló en el recinto y manifestó su rechazo a la reforma previsional: “Hay otros caminos posibles para sostener el sistema previsional. Hoy no hay contexto para hacer un ajuste sobre los trabajadores, los jubilados y los municipios”.

“No hay una bomba por desactivar, por lo que no hay urgencia para ajustar de esta manera”, expresó y agregó que “los números oficiales no reflejan que la situación esté fuera de control”.

También hizo referencia a la falsa dicotomía que el Gobierno pretende instalar entre los trabajadores públicos y privados: “Una sociedad dividida sirve para licuar responsabilidades y poner el foco en otro lado”.

Finalmente, Stratta cuestionó “la cantidad de cosas que se dejan librada a la reglamentación de la ley”.

La votación tuvo lugar a las 16:30 hs: 18 legisladores votaron a favor y 12 en contra.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio este miércoles un nuevo paso en el camino legislativo para convertir en ley el proyecto de reforma jubilatoria promovido por el Ejecutivo provincial. La iniciativa, denominada formalmente proyecto de ley de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", tomó estado parlamentario tras haber obtenido la media sanción en la Cámara de Senadores la semana pasada, abriendo formalmente su tratamiento en la Cámara baja.

Durante la jornada de sesión, el cuerpo aprobó el pedido formulado por la diputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) para que el expediente sea remitido de manera conjunta a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social. Tras la votación del giro a comisiones, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Vilma Vázquez, abogó por encarar las discusiones parlamentarias con prudencia y responsabilidad, remarcando la necesidad de que toda política pública reconozca el valor de cada persona y busque el bien común de la comunidad entrerriana.

Por su parte, desde la bancada opositora, la diputada Laura Stratta (PJ) dejó constancia del reclamo del bloque justicialista para que la propuesta fuera girada también a la Comisión de Legislación General. La legisladora argumentó que, al tratarse de una iniciativa que modifica una norma legal vigente en la provincia, correspondía institucionalmente la intervención de dicho cuerpo, aunque el planteo planteado por el bloque opositor finalmente no prosperó en el recinto.

El desarrollo de la sesión estuvo marcado por una fuerte presencia y manifestación sindical. Integrantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) siguieron atentamente las alternativas de la jornada desde las gradas del recinto, al tiempo que el sector docente montó una carpa de protesta en el exterior de la sede legislativa. La manifestación refleja el contundente rechazo que sostienen los gremios estatales frente a las reformas planteadas en la Caja de Jubilaciones, cuyas rondas de consulta e intercambio en el plenario de comisiones se pusieron en marcha durante la misma tarde.

El debate por la reforma del sistema previsional en la Cámara de Diputados de Entre Ríos sumó en las últimas horas un fuerte componente de apelación personal y gremial. A través de una carta abierta que tomó trascendencia pública, Sergio Fabián Musich, un reconocido trabajador del Estado provincial que se desempeña en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), le solicitó formalmente a la diputada Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos) que rechace el proyecto impulsado por la gestión provincial que busca la "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional".

La iniciativa, que ingresó formalmente a la Cámara baja luego de obtener media sanción en el Senado, generó una inmediata reacción en el ámbito laboral y sindical. En ese marco, Musich apeló directamente a la trayectoria gremial de la actual legisladora —quien además preside la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Diputados— para pedirle que mantenga la coherencia con las demandas que ambos compartieron en el pasado dentro del sector público.

En el texto de la carta, el empleado estatal recordó los años en que compartieron la militancia en defensa de los derechos de los trabajadores y le pidió explícitamente que diga "No" a la modificación del esquema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Musich evocó las jornadas de lucha compartidas por la restitución y defensa del 82% móvil, la pelea por salarios dignos y la resistencia frente a persecuciones laborales durante distintas administraciones provinciales.

Asimismo, remarcó que las conquistas obtenidas en el organismo recaudador fueron fruto del esfuerzo colectivo y sin distinciones políticas. En un tramo central del mensaje, el trabajador le señaló a la legisladora que su actual condición de jubilada con un haber digno, producto de su carrera en la administración pública, le otorga fundamentos éticos y técnicos suficientes para oponerse al articulado promovido por el oficialismo.

"Hágalo por quienes dieron todo y hoy ya no están, hágalo por el futuro de quienes seguimos trabajando y hágalo también por usted, porque forma parte de esa historia de lucha", expresó el trabajador de ATER en el escrito, en el que reivindicó la condición de "compañera" de la diputada oficialista pese a las diferencias políticas del presente.

El reclamo individual de Musich se suma a las manifestaciones que los distintos gremios docentes, judiciales y de la administración central vienen desplegando tanto en las afueras de la Legislatura provincial como en los plenarios de comisiones, en un intento por frenar o modificar sustancialmente el avance del proyecto oficial antes de su eventual llegada al recinto para la votación definitiva.

El Poder Legislativo nacional volverá a quedar en el centro de la escena política por una nueva recomposición de sus ingresos. A partir de agosto, los senadores nacionales percibirán una dieta cercana a los 12 millones de pesos brutos, luego de que se aplicara un incremento derivado del acuerdo paritario alcanzado entre los sindicatos del sector y las autoridades de ambas cámaras. En concreto, la actualización llevará los haberes a un total de 11.877.000 pesos brutos, valor previo a los correspondientes descuentos por obra social, aportes jubilatorios e Impuesto a las Ganancias.

La suba acumulativa pactada fue del 6,7% y se trasladó de manera automática a los senadores mediante el mecanismo de actualización aprobado en 2024, conocido como la "ley de enganche". Este sistema vincula directamente las dietas con las paritarias de los empleados del Congreso, calculando el sueldo sobre una base de módulos que contemplan la representación y el desarraigo. El incremento se liquidará en tres etapas escalonadas: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% para agosto. Con esto, acumulan una suba del 19% en lo que va del año.

Por su parte, el convenio paritario firmado por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de Diputados, Martín Menem, también modificó los salarios del personal legislativo. De acuerdo con las nuevas escalas aprobadas por las autoridades parlamentarias, un trabajador del Congreso que se encuentra encuadrado en la categoría 1 pasará a cobrar 2.509.123 pesos en agosto. En tanto, un empleado de la categoría 6, considerada una de las más representativas dentro de la estructura del Palacio Legislativo, percibirá un sueldo de 1.193.538 pesos desde el próximo mes.

El Senado de Entre Ríos aprobó por unanimidad y envió en revisión a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone derogar la Ley 4.506 de Pensión Vitalicia para Gobernadores y Vicegobernadores, un régimen especial financiado por rentas generales y conocido como "jubilaciones de privilegio".

La iniciativa había recibido media sanción de Diputados en abril de 2024. Sin embargo, en su tratamiento del 23 de junio pasado, los senadores eliminaron el artículo 5 del proyecto original. Dicho apartado establecía la caducidad definitiva del beneficio para quienes recibieran una condena penal firme o de segunda instancia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) explicó que actualmente hay diez beneficiarios vigentes en la provincia y destacó que, con esta norma, el derecho para las futuras autoridades "queda aniquilado", equiparándolos al resto de la sociedad. Por su parte, la senadora Nancy Miranda (Más para Entre Ríos) aclaró que estos fondos no afectan a la Caja de Jubilaciones provincial.

La Ley 4.506, vigente desde 1965, otorgaba una asignación mensual móvil equivalente al 75% de la remuneración del cargo. En sus fundamentos, el Gobierno provincial argumentó que este régimen resulta "anacrónico" y entra en tensión con los criterios igualitarios de la ética pública actual, especialmente en el contexto de la grave crisis económica y el déficit que atraviesa el sistema previsional entrerriano.

La Cámara de Diputados de la Nación convocó para este martes 23 de junio a las 14:00 horas a una sesión especial para tratar seis expedientes que apuntan a la posible remoción del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en lo que constituiría el primer intento formal de aplicar una moción de censura desde la reforma constitucional de 1994.

La citación, firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, fue impulsada por el diputado Germán Martínez de Unión por la Patria, Esteban Paulón del socialismo y un amplio arco opositor.

El temario combina pedidos de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos con proyectos de interpelación orientados al tratamiento de una moción de censura, el mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional que habilita al Congreso a remover al jefe de Gabinete con la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Desde la incorporación de esa figura en la reforma de 1994, el instrumento nunca fue aplicado.

La oposición que firmó el pedido reúne alrededor de 120 diputados, nueve por debajo del quórum de 129 necesario para abrir la sesión. La diferencia depende de que al menos una parte del PRO, la UCR o Innovación Federal presten sus votos. “Estamos cerca pero por lo menos, por ahora, no está el número. Tenemos que seguir conversando”, reconoció un miembro de la oposición frustrado.

El detonante de la crisis fue la declaración jurada patrimonial que Adorni presentó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción, en la que incorporó activos que no habían figurado en presentaciones anteriores. Entre los bienes incorporados con posterioridad se cuentan USD 300.000 originados en inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, una vivienda en el country Golf Club Indio Cuá, préstamos privados y tenencias en moneda extranjera. El contratista Matías Tabar declaró además ante la Justicia haber recibido USD 245.000 en efectivo por refacciones en una propiedad de Adorni que incluyeron una piscina con cascada.

La contradicción entre las declaraciones públicas del funcionario y las rectificaciones posteriores agudizó el conflicto. El 29 de abril, durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Adorni había sostenido que sus declaraciones juradas no presentaban irregularidades: "Nunca existió ocultación alguna“, afirmó ante los legisladores. Semanas después admitió en televisión haber acumulado junto a su esposa más de medio millón de dólares en ahorros no declarados durante 2023 y 2024, y justificó la situación al señalar que ”ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos“.

Esa frase generó reacciones adversas incluso entre los aliados habituales del oficialismo. El PRO emitió un comunicado en el que calificó las omisiones de Adorni como “una falta grave” y sostuvo que “un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo". La Unión Cívica Radical (UCR) fue más tajante: afirmó que las declaraciones del jefe de Gabinete son “incompatibles con la ejemplaridad” del cargo y que “quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado”.

Pero estas declaraciones públicas podrían no verse reflejadas en el recinto ya que varios de la oposición desconfían que los bloques del PRO y de la UCR bajen a dar quórum. “Lo mismo de siempre, ponen como excusa que la sesión la pide el peronismo, pero en realidad están a la espera de lo que haga el Senado”, explicó un diputado de la oposición con diálogo con ambos bloques.

El diputado radical Pablo Juliano, de la bancada Provincias Unidas, presentó uno de los proyectos de moción de censura con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la Izquierda y otros bloques. Entre los firmantes figuran Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Cecilia Moreau y Myriam Bregman. También adhirió el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, del espacio que responde al gobernador Martín Llaryora, cuya relación con la Casa Rosada atraviesa un momento de tensión. Infobae

La Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde a un proyecto de reforma constitucional que tiene como meta achicar la jornada laboral de 44 a 40 horas por semana. La iniciativa, promovida por la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, ahora deberá ser tratada en el Senado.

La propuesta consiguió el visto bueno tras dos votaciones sucesivas en la Cámara baja, logrando el respaldo de casi todas las fuerzas políticas del recinto. Hasta la mayor parte de los legisladores del Partido Liberal (PL), el espacio que lidera el expresidente Jair Bolsonaro y que en un principio rechazaba la medida, votó a favor ante la cercanía de los comicios presidenciales y legislativos de octubre.brasil

Luego de la primera aprobación, el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, destacó que el proyecto busca resguardar el “derecho de vivir, no de sobrevivir” y apuntala el bienestar de los empleados. “La historia nos muestra que los avances civilizatorios siempre enfrentan resistencias, fue así cuando se creó la cartilla de trabajo, fue así cuando se abolió la esclavitud, los contrarios decían que el país no lo soportaría, pero Brasil avanzó”, remarcó.

Por tratarse de una modificación a la Carta Magna, el texto necesitará la ratificación de una mayoría calificada en el Senado, donde también pasará por dos instancias de votación.

Cómo se implementaría el recorte de horas

La reforma, acordada entre el jefe de Estado brasileño y Motta, apunta a eliminar la jornada laboral de los sábados, bajando el tope semanal de 44 a 40 horas. Para que las distintas ramas de la economía puedan amoldarse a la nueva normativa, el proyecto fija una implementación escalonada que se activará una vez que la enmienda quede promulgada de manera oficial.

A los 60 días de su entrada en vigencia, la carga horaria semanal caerá a un tope de 42 horas, garantizando por ley los dos días de descanso consecutivos y remunerados, sugiriendo que uno de ellos sea el domingo. Al cumplirse un año, el tiempo de trabajo por semana bajará de forma definitiva a las 40 horas máximas establecidas.