La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.

Según informaron fuentes judiciales, el procesamiento es por la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, el marido quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente, María Cantero.

La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.

Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ratificó el embargo sobre sus hasta la suma de $ 14.634.220.283.

También se confirmó la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El fallo es de los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los dos últimos conformaron la mayoría. Así, el expresidente queda más cerca del juicio oral y público. (Con información de La Nación)

Se mantuvo la imputación y prisión preventiva. Esta historia arranca a principios de año, por el mes de febrero, cuando en el puesto caminero Brazo Largo de la Policía de Entre Ríos, en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12, se detuvo la marcha de un Renault Logan que provenía desde Buenos Aires con dos ocupantes. La mujer que viajaba como acompañante, Daiana Mariel Jorge, se le halló más de un kilo de cocaína y como consecuencia de ello, tanto la mujer como el hombre que conducía fueron procesados con prisión preventiva por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

Pero la investigación no se quedó sólo en estas dos figuras. Con la información contenida del teléfono que le fue secuestrado a la mujer, se logró avanzar en toda la estructura. El fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, solicitó intervenciones telefónicas que arrojaron resultados claves para la causa y determinar la identidad del resto de la estructura que comercializaba la droga en Gualeguaychú.

Los roles en la estructura

Se pudo identificar que Rito Deolindo Acosta sería quien ocupaba el rol de organizador y financista, mientras que Raúl Agustín Aranda era el posible revendedor, y Daiana Giselle Mammana era la posible proveedora desde Buenos Aires. Con esta información, Rebollo solicitó que se libraran órdenes de allanamientos en los respectivos domicilios de los involucrados, con las ordenes de detención para cada uno de ellos.

El 28 de junio pasado se ordenaron los allanamientos con la intervención de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional, a la UNIPROJUD de Gendarmería de Villa Soldati, y la colaboración del personal de DGA-ARCA.

En Gualeguaychú hubo dos allanamientos. Uno de ellos fue en Ayacucho 122, donde residía Aranda. Allí se halló mercadería extranjera sin aval aduanero valuada en más de 300 mil pesos, celulares y el contrato de locación entre Aranda y Acosta.

El otro allanamiento, de manera simultánea, fue en el barrio Prados de la Adelina, donde se encontraba Rito Acosta junto a su familia. Allí se halló una caja de municiones calibre 32, celulares, un revólver calibre 22, una pistola Bersa Thunder 580 calibre 38.

El tercer allanamiento fue en provincia de Buenos Aires, en la localidad de Merlo, en un domicilio que era frecuentado por Rito Acosta. Allí se encontraron más celulares y varios aparatos electrónicos, como ser notebooks, tablets, PC, cámaras y DVRs, una máquina de contar dinero, dos cajas fuertes y $36.788.000 y U$D 16.525. En otro domicilio, pero en la misma localidad, que sería de propiedad de Acosta, se halló más mercadería electrónica valuada en casi 80 millones de pesos, sin documentación que respalde su ingreso legal al país, además de municiones y el cargador de una pistola Bersa Thunder 580 cal. 38.

A Mammana la detuvieron en otro procedimiento que también se realizó ese mismo día en Merlo, en calle Lagomarsino. Le encontraron 9 celulares, más de 200 mil pesos, y se le secuestraron 16 gramos de cocaína y 81 gramos de marihuana.

El gendarme baleado

Pero lo más grave de lo sucedido ese 28 de junio fue lo ocurrido en Prados de la Adelina, donde Rito Acosta vivía junto a su familia. Ese día, este hombre de 40 años le efectuó un disparo con arma de fuego contra el agente de Gendarmería Nacional, primer alférez Gustavo Fleita. La bala fue dirigida al pecho y por fortuna el proyectil impactó contra el chaleco antibalas que vestía el agente.

A las 48 horas se los citó a prestar declaración indagatoria, y bajo una plataforma fáctica común, aunque con diferentes roles, se les atribuyó a los imputados el haber formado parte de una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de sustancias estupefacientes junto a la mujer y el hombre que habían sido detenidos en febrero, que se encontraban procesados y ambos con prisión preventiva.

A Aranda y Acosta también se les endilgó el delito de encubrimiento de contrabando, pero por lo sucedido con el agente de Gendarmería Nacional, a Acosta se le atribuyó también el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Los procesamientos

El 11 de julio, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, decretó sus procesamientos por los delitos endilgados y dispuso las prisiones preventivas y embargo sobre los bienes. Pero los abogados defensores apelaron esta decisión argumentando en líneas generales que las tareas investigativas de Gendarmería presentaban debilidades y las escuchas telefónicas no fueron transcriptas íntegramente, sino que fueron sólo fragmentos y que debían ser consideradas comunicaciones interpretadas subjetivamente, sin prueba técnica, y que no acreditaban la participación en el delito que se les atribuía.

El Fiscal Federal que llevó adelante la audiencia de apelación en Paraná, repasó los antecedentes de la causa y las razones suficientes para confirmar el procesamiento. En relación a Rito Acosta, alegó que fueron suficientes los argumentos dados por Viri al momento de resolver y que no había incongruencias argumentativas. Incluso mencionó que había pruebas suficientes que respaldan la calificación legal escogida por el magistrado.

También refirió al organigrama delictivo, que comenzó con la información obtenida del celular secuestrado a Daiana Jorge, y que a partir de ese material se pudo advertir que esta mujer respondía directamente a Rito Acosta, a quien parece reconocer como su líder o jefe.

Por estos fundamentos, los tres jueces integrantes de la Cámara Federal de Paraná resolvieron rechazar los recursos de apelación interpuestos y, en consecuencia, confirmar la resolución de Viri del 11 de julio, decretando los procesamientos con prisiones preventivas y los embargos de Deolindo Rito Acosta, actualmente alojado en la cárcel de Paraná, por considerarlo coautor del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y transporte, agravado por la intervención de tres o más personas, en carácter de financiador y organizador; y autor de delito de homicidio agravado en grado de tentativa, y autor de delito de encubrimiento agravado.

A Raúl Agustín Aranda, actualmente en la Unidad Penal 9, se lo procesó por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y transporte, agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de encubrimiento agravado. Y a Daiana Giselle Mammana, actualmente con preventiva en la Unidad Penal 6 de Paraná, se la considera coautora del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas.

La Cámara Federal de Paraná, integrada por las juezas Beatriz Arangueren y Cintia Gómez, rechazó el recurso de apelación presentado por la Anses y confirmó el fallo de primera instancia que le ordena dictar el acto administrativo correspondiente al trámite jubilatorio de una mujer iniciado en junio de 2024.

La resolución también declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del DNU 157/2018 y determinó que Anses debe afrontar las costas del proceso, en aplicación del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) y del artículo 36 de la ley 27.423.

La solicitante había iniciado el trámite jubilatorio el 6 de junio de 2024. Ante la ausencia de avances en el expediente administrativo, presentó pronto despacho el 17 de octubre del mismo año. Al no obtener una respuesta concreta, promovió una acción de amparo por mora el 13 de noviembre.

El Juzgado Federal N.º 2 de Paraná hizo lugar al planteo y condenó a Anses a resolver el pedido dentro de diez días hábiles, imponiéndole las costas judiciales. Anses apeló la sentencia alegando que el trámite estaba en su etapa final y que no existía mora, además de cuestionar el monto de honorarios de la letrada de la parte actora.

Al analizar los argumentos, la Cámara consideró probado que, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio del trámite y su carácter alimentario, Anses no brindó una respuesta fehaciente. La demora fue calificada como injustificada, motivo por el cual se confirmó la condena.

En relación a los honorarios, el tribunal señaló que el monto establecido no resultaba excesivo en función de la labor desempeñada y del resultado favorable para la amparista, por lo que también rechazó ese punto del recurso.