La adolescencia es una etapa vital en la construcción de proyectos de vida, en la búsqueda de identidad y en la necesidad de contar con espacios de pertenencia. En Entre Ríos, el programa Jóvenes Protagonistas, impulsado por la Subdirección de Promoción y Fortalecimiento de Autonomía Adolescente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se ha transformado en una herramienta fundamental para garantizar derechos, habilitar la participación y acercar oportunidades a quienes muchas veces carecen de recursos o acompañamiento.

En diálogo con EL ARGENTINO, Betiana Fornara, subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de Autonomía Adolescente, destacó los alcances de esta política pública que articula con escuelas, centros de salud, clubes, merenderos y organizaciones barriales. “Nosotros somos una pata más de este sistema de protección, que muchas veces requiere trabajar con la escuela, con el sector de la salud, porque no es solo el Copnaf el que restituye derechos, sino que la articulación en el territorio es clave”, explicó.

Espacios comunitarios que habilitan la participación

El corazón del programa está en la creación de espacios abiertos a la comunidad para adolescentes desde los 13 años. Allí se desarrollan actividades culturales, deportivas, informáticas y artísticas, que no solo brindan oportunidades de recreación, sino que también permiten detectar necesidades y fortalecer vínculos.

“habilitar estos espacios nos permite llegar antes, detectar situaciones de vulneración y, sobre todo, fomentar la participación activa de los chicos en actividades que realmente les interesen”, destacó Fornara.

En 2025, se financiaron 49 proyectos en toda la provincia que alcanzó a más de 800 adolescentes, exhibiendo diversidad territorial. “Desde espacios municipales y coordinaciones departamentales hasta organizaciones de la sociedad civil en zonas rurales”, mencionó la funcionaria. Y, en relación a las preocupaciones de los adolescentes, agregó: “Los jóvenes plantearon inquietudes vinculadas a la continuidad educativa, la relación con adultos referentes, la salud mental y la violencia entre pares. También emergió con fuerza la necesidad de pensar en proyectos de vida, un desafío central para quienes transitan los últimos años de la adolescencia”.

Acompañamiento profesional y construcción de futuro

Uno de los pilares del programa es el acompañamiento profesional. No se trata solo de ofrecer talleres, sino de garantizar que cada espacio cuente con referentes capacitados para escuchar, orientar y articular con el sistema de protección: “Siempre decimos que no alcanza con el profesor que da la actividad concreta. Necesitamos un profesional que pueda escuchar de otro modo a los adolescentes y gestionar con otras instituciones si surge alguna situación particular”.

El relevamiento realizado en 2025 mostró que muchos jóvenes no logran visualizar un proyecto de vida claro. Ante esta realidad, el programa se propone reforzar en 2026 los ejes vinculados a la orientación educativa y laboral, así como al fortalecimiento emocional y comunitario: “La convocatoria para nuevos proyectos se abrirá el 24 de febrero de 2026, invitando a instituciones de toda la provincia a sumarse y presentar propuestas que amplíen las oportunidades de participación”.

El programa Jóvenes Protagonistas se ha consolidado como una política pública que trasciende la asistencia puntual y se convierte en un motor de autonomía y participación. Su despliegue territorial, la articulación con instituciones y el acompañamiento profesional lo transforman en un espacio donde los adolescentes pueden ser escuchados, compartir sus inquietudes y construir proyectos de vida.

En palabras de Fornara: “Lo que buscamos es que los adolescentes tengan un lugar donde puedan transitar sus intereses, sus miedos y sus preocupaciones, pero también proyectar un futuro. Que sean protagonistas de su presente y de su mañana”.

En un contexto de desfinanciamiento nacional, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) se prepara para su séptima edición en Paraná. Eliana Di Giovanni, integrante del equipo organizador, y el gualeguaychuense Agustín de Torres, secretario de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer), remarcaron, en diálogo con EL ARGENTINO, la importancia de sostener espacios de producción, formación y encuentro.

El Ficer tendrá lugar en la capital provincial desde el 25 al 30 de noviembre. Será la séptima edición de un evento que se ha convertido en referencia cultural y audiovisual en la región. La programación se desplegará en lo que se denomina el Polo Cultural, que incluye el Centro Provincial de Convenciones, La Vieja Usina, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) y diversas subsedes en localidades de la provincia.

Eliana Di Giovanni, integrante del equipo organizador, explicó que el mayor desafío es mantener la calidad de la programación y expandir los espacios conquistados. “Este año sumamos al Centro Provincial de Convenciones, la Sala Verónica Kuttel en La Usina, la Sala Rúben Noble en el Iaaer, Las Tipas y el Cine Círculo como subsede. No se trata sólo de sostener lo logrado, sino de crecer en cantidad de salas y públicos”, dijo a EL ARGENTINO.

La apertura estará marcada por la proyección de “El mensaje”, de Iván Fund, “como gesto de apoyo al cine entrerriano y a las políticas de difusión que impulsa el Iaaer”, mencionó Di Giovanni. Mientras que el cierre será con “Un cabo suelto”, dirigida por el actor uruguayo Daniel Hendler. “La elección responde a la idea de tender puentes con países vecinos y reconocer a un actor que ha marcado generaciones encarnando personajes inolvidables y que ahora lo hace desde el rol de dirección”, manifestó la referente e integrante del equipo organizador.

Un esfuerzo compartido en tiempos de desfinanciamiento

Agustín de Torres, secretario de la Araer, subrayó que el festival se sostiene gracias a la articulación entre el Estado provincial y el sector privado que pone la mayoría de los recursos, en un escenario complejo para la producción audiovisual. “Es fundamental sostener estos espacios en un contexto donde la política nacional ha desfinanciado proyectos y no existe una estrategia concreta para el desarrollo audiovisual”, remarcó.

De Torres destacó que las provincias están asumiendo el rol de garantizar la circulación, exhibición y producción de contenidos. “Las provincias están tomando la posta para sostener los distintos circuitos, no solo la parte productiva, sino también la distribución y exhibición. Por eso es clave que existan festivales como el Ficer”, agregó.

El festival se ha consolidado como un espacio de encuentro y producción. En ese marco se desarrolla el Fisaforum, donde proyectos en etapa de guión o desarrollo participan en rondas de negocios y acceden a premios monetarios y servicios de producción. “Son películas que todavía están en etapa inicial, por lo cual es fundamental acompañar todas las fases del proceso”, explicó de Torres.

El dirigente también remarcó que el festival es un lugar de resistencia cultural: “No solamente son espacios para mostrar, sino también para producir y dialogar. En este contexto de crisis, el Ficer es una herramienta para que los realizadores podamos seguir trabajando y encontrando nuevas oportunidades”.

Formación y fomento para nuevas generaciones

La dimensión formativa es otro de los pilares del Ficer. Desde mayo, se desplegaron talleres en más de veinte localidades de la provincia, dirigidos a adolescentes de entre 13 y 18 años. “Son futuros realizadores que encuentran en estas instancias una primera experiencia de formación”, señaló de Torres.

Eliana Di Giovanni también resaltó la importancia de estas actividades: “La capacitación es parte de la política integral del festival. No se trata sólo de exhibir películas, sino de sembrar vocaciones y abrir caminos para quienes sueñan con contar historias desde Entre Ríos”.

El plan incluye además la inauguración de una cinemateca provincial, que funcionará en el Centro Tecnológico Mirador Tech. Allí se preservará material audiovisual, garantizando la conservación del patrimonio cultural entrerriano.

Por su parte, de Torres insistió en que estas políticas que brinda Araer son vitales: “Estamos en un contexto súper complejo para producir, con muy pocos recursos. Sostener estos espacios es fundamental para la supervivencia de nuestra actividad. No se trata solo de cine, también de pensar en nuevos formatos como videojuegos y series, que forman parte del futuro audiovisual”.

Un festival que la región espera

El impacto del Ficer trasciende las fronteras provinciales. Cada año llegan proyectos de gran calidad y se genera un intercambio enriquecedor entre organizadores y realizadores. “Es uno de los pocos festivales que se sostienen con fuerza y que atrae a realizadores de todo el país”, afirmó de Torres a EL ARGENTINO.

Di Giovanni coincidió en que el festival se ha convertido en un espacio esperado: “Muchos realizadores aplican porque saben que aquí hay un público atento y una organización que apuesta a la diversidad. Es un festival que se ha ganado un lugar en el mapa cultural argentino”.

La expectativa es alta: el Ficer no solo exhibe películas, sino que también abre la puerta a nuevos formatos como videojuegos y series, ampliando horizontes más allá del cine tradicional. “Nosotros también participamos con nuestros proyectos y eso hace crecer el espacio”, concluyó de Torres.

El Ficer se presenta como una política cultural clave para sostener la producción audiovisual en tiempos difíciles. En un escenario de desfinanciamiento nacional, Entre Ríos apuesta a la articulación público-privada y al compromiso de sus realizadores para mantener vivo un festival que combina exhibición, formación, fomento y conservación.

La voz de Eliana Di Giovanni y Agustín de Torres refleja la convicción de que el cine entrerriano no solo debe sobrevivir, sino expandirse e interactuar con el mundo. El festival es, en definitiva, un acto de resistencia cultural y un puente hacia nuevas generaciones de realizadores.

Luego de 27 años dejó de fabricarse el Ford Focus en la planta de la automotriz en Saarluouis, Alemania. Este centro productivo era el último bastión del exitoso modelo compacto que se fabricó en la Argentina entre 1999 y 2019 y tuvo tres generaciones en el mercado local.

El cese en la producción (programado desde 2022) llegó producto de una reorganización de la gama de modelos de la terminal estadounidense. Desde hace varios años la compañía del óvalo se centró en nuevos modelos eléctricos y se concentró en otro tipo de productos, como pickups, SUV (Sport Utility Vehicle) y vehículos comerciales.

El Focus fabricado en Alemania era la cuarta generación del compacto, versión que no llegó al mercado local. En la Argentina, se fabricó durante 20 años, entre 1999 y 2019, en sus variantes sedán y hatchback (cinco puertas). Al poco tiempo de su presentación global, la filial local de Ford comenzó a fabricar el modelo en su planta de Pacheco, que llegó para competir en el disputado segmento de los medianos con rivales de entonces como el Volkswagen Golf y el Renault Megane. De la línea de montaje de Pacheco salieron en ese período los Focus I, II y III.

En 2018 Ford decidió discontinuar la producción del Focus en la Argentina a pesar de su gran rendimiento en ventas, una consecuencia de los cambios en el diseño de los vehículos en los últimos años. Los autos medianos y sedanes comenzaron a perder terreno en las preferencias de los consumidores y las marcas comenzaron a abandonar el segmento, que cuenta con muy pocos participantes actualmente.

En los últimos años, los SUV consolidaron un protagonismo indiscutido en el mercado automotor global y también en la Argentina. Su crecimiento desplazó a muchos sedanes tradicionales y modificó la oferta de las automotrices, que orientaron su portfolio hacia este formato.

Los SUV —sigla de Sport Utility Vehicle— se caracterizan por una carrocería más alta y robusta, mayor despeje del suelo y líneas más verticales. En la práctica, esto se traduce en una posición de manejo elevada, una visibilidad panorámica (en algunos casos) y una sensación de mayor ocupación del camino.

Este tipo de vehículos, incluso en los segmentos urbanos, suelen tener una estructura más off-road. Aunque la mayoría hoy se construye sobre plataformas monocasco —las mismas que usan autos compactos y medianos— conservan mayor rigidez estructural y un chasis preparado para soportar cargas más elevadas y eventuales esfuerzos sobre caminos irregulares. Su mayor altura genera un centro de gravedad más elevado, lo que requiere un ajuste específico en suspensiones.

En los sedanes y hatchbacks, el enfoque es contrario: centro de gravedad más bajo, suspensiones enfocadas en confort y precisión de manejo y menor peso total. Es una configuración que favorece la maniobrabilidad urbana y la respuesta dinámica.

Si se analiza la oferta actual de Ford en el país, cuatro son pickups (Ranger, Maverick, Raptor, F-150) y todos los otros son SUV de diferente segmento: Territory, Bronco Sport, Kuga, Bronco y Everest. (Fuente: La Nación)

La efeméride fue instaurada en 1925, durante el Primer Congreso Panamericano de Carreteras realizado en Buenos Aires. Desde entonces, nuestro país conmemora este día para reconocer el valor de las rutas y caminos como ejes fundamentales del desarrollo económico, social y cultural de la Nación.

Años más tarde, en 1932, se creó la Dirección Nacional de Vialidad mediante la Ley 11.658, junto con sus direcciones provinciales, con el objetivo de proyectar, construir y conservar la red vial del país.

El Día del Camino no sólo apunta a valorar la infraestructura, sino también a generar conciencia sobre la educación vial. En Entre Ríos, esta conmemoración cobra un matiz de urgencia: desde principio de año hasta el 7 de septiembre de 2025 se registraron 555 siniestros viales, con un total de 82 accidentes con víctimas fatales y 96 personas fallecidas.

Un llamado de atención para Entre Ríos

Según autoridades del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos, los siniestros fatales se concentran principalmente en las rutas nacionales 12 y 14, y en la ruta provincial 11. Estas trazas son consideradas especialmente peligrosas debido al alto tránsito, el transporte de cargas pesadas y las condiciones de mantenimiento. De hecho, según el informe de EL ARGENTINO, en la provincia muere una persona cada cuatro días en accidentes de tránsito.

Por otro lado, el objetivo de esta fecha es reconocer la labor de ingenieros, técnicos y trabajadores viales; promover el respeto a las normas de tránsito para reducir accidentes y fomentar la educación vial en escuelas y comunidades.

El compromiso de todos los sectores es clave para transformar las rutas argentinas en espacios más seguros y, al mismo tiempo, en verdaderos motores de integración y desarrollo.

Días pasados, en la 95º Exposición Agrícola Ganadera de La Paz, el gobernador Rogelio Frigerio dijo que las rutas provinciales 1 y 2 "le quitan el sueño" y aseguró que realiza gestiones ante el Gobierno nacional para obtener financiamiento a largo plazo y a tasas muy bajas de "organismos multilaterales" para repavimentarlas antes del final de su mandato.

Las obras de estas rutas significan la unión del norte entrerriano, desde la costa del río Paraná hasta la del Uruguay. Ambas habían sido anunciadas, en diciembre de 2022, por el exgobernador Gustavo Bordet y licitadas en abril de 2023, pero luego, por la paralización de la obra pública, no se concretaron.

Las consecuencias del recorte

El drama de las rutas abandonadas comienza a contarse en cantidad de muertos. La política de recorte estatal, materializadas en la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad –organismo encargado del mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas–, se traduce en la desocupación de 5.000 empleados y en rutas intransitables, accidentes y, en el peor de los casos, víctimas fatales.

Además, es un problema económico. De acuerdo a estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el costo de mantenimiento anual del sistema de rutas de la Argentina (nacionales y provinciales) es de 4.213 millones de dólares. Sin embargo, el costo de recuperación de la infraestructura actual en caso de no ser cuidada y mantenida, llega a los 40.773 millones de dólares. Dicho de otra manera: cada peso que el mantenimiento planificado y habitual que el Estado invierte en rutas debe multiplicarse por diez cuando no se realiza.

Por otro lado, según datos de la ONG Luchemos por la Vida, a nivel nacional, en 2024 fallecieron en promedio 16 personas por día en accidentes viales, más de la mitad en rutas nacionales o provinciales. Pero, ¿qué pasa en Entre Ríos?

65 muertes en rutas entrerrianas y más incertidumbre

En Entre Ríos, el 26,3% de las rutas está buen estado, el 29,7% en estado regular y el 43,9% en mal estado. Los datos fueron publicados en mayo por la Dirección Nacional de Observatorio Vial, desde donde se relevaron 2018 kilómetros, es decir, el 31,3% del total.

Por otro lado, según un informe de la Policía de Entre Ríos, las víctimas fatales, del 1° de enero al 7 de septiembre del 2025, en la provincia han sido 96. De las cuales, 65 se dieron en rutas (71%) -46 en rutas nacionales y 19 en rutas provinciales-; 9 personas murieron en siniestros producidos en avenidas (11%); 16, en calles (13%) y seis en caminos (5%).

“Los principales siniestros fatales sucedieron en rutas, principalmente en las rutas nacionales 12 y las 14. Y, entre las rutas provinciales, la Ruta 11 es donde más hechos fatales han ocurrido”, informó Ana Elle, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial de la provincia. Y, en este sentido, indicó: “Si bien conocemos y sabemos cómo están nuestras rutas en la provincia, no hay una relación directa entre los hechos que han pasado y el estado de las rutas. Sí, el exceso de velocidad y el sobrepaso indebido son las causas más comunes de estos hechos fatales”.

En este sentido, la pregunta que se impone es: ¿puede un conductor realizan una maniobra de emergencia ante el mal estado de las rutas? “A la hora de hablar de un siniestro, hablamos de una confluencia de factores, el factor humano, el vehicular y el estado de la vía, obviamente. Pero el factor predominante es el humano, por la imprudencia al conducir”, reiteró la titular del observatorio a EL ARGENTINO.

Entre las rutas provinciales, la Ruta N°11, una arteria crucial para la producción que va a los puertos de Rosario, es la que más muertes en accidentes suma. Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, el comisario Diego Passarello informó: “La Ruta N°11, en el departamento Diamante y la localidad de Las Cuevas, también tenemos un marcado índice de siniestralidad. Por eso siempre llevamos un mensaje de prevención a los lugareños. Hemos tenido muchas pérdidas de vida de vecinos de la zona”.

Por otro lado, respecto a la disolución, tanto de la Dirección Nacional de Vialidad como de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ana Elle marcó la “incertidumbre” que tienen en este momento. “Estamos esperando nuevas directivas, porque ahora hay que restablecer las autoridades que dependen de la Secretaría de Transporte de la Nación. Estamos esperando saber quiénes son las autoridades que van a asumir, para continuar con nuestra función de intermediarios entre las localidades y la nación”, indicó.

En números

Siniestros viales del 1 de enero al 7 de septiembre de 2025

• 555 siniestros viales en toda la provincia

• 82 siniestros con víctimas fatales

• 96 víctimas fatales

Con el verano, se va a poner peor

Según los números oficiales del Concejo Nacional de Bomberos de la República Argentina, del 1 de enero al 3 de septiembre de este año, los Bomberos Voluntarios de Ceibas han intervenido en 285 siniestros: 87 fueron accidentes, 68 incendios y los rescates fueron 7.

Marcelo Paredes, es el jefe de los Bomberos Voluntarios de Ceibas y dialogó con EL ARGENTINO sobre la dramática situación que atraviesan, por la falta de mantenimiento de las rutas (Caminos del Río Uruguay dejó la concesión en abril de este año) y por la falta de presupuesto.

Condiciones que generan más preocupación si se considera que el tramo Ceibas-Zárate es uno de los que mayor cantidad de accidentes se producen.

“Hay zonas que están muy deterioradas, Vialidad tapa con asfalto frío (fresado) y por el gran caudal de tránsito que tiene la ruta, que es internacional, al poco tiempo se vuelven a abrir los baches”, indicó Paredes, aunque también marcó a la imprudencia como un factor clave para la seguridad vial.

“En la ruta 12, el tramo más roto es que va desde el kilómetro 160 al 113, la mano del transporte pesado. Es la que más baches y hundimientos tiene. Por lo que los camioneros ahora están utilizando la mano rápida, lo que es un problema ya que se va a romper a corto plazo”, indicó. Y agregó: “En el tramo entre Ceibas y Gualeguay se están abriendo baches por falta de mantenimiento”.

Fueron los Bomberos de Ceibas los que se abocaron a tapar los enormes pozos de la Ruta 12, a la altura del kilómetro 144, antes del receso de invierno. Es que en esa zona habían sucedido cuatro accidentes de envergadura. Luego de eso, Vialidad Provincial hizo el bacheo con asfalto caliente y no se volvieron a repetir accidentes allí.

La alerta ya fue planteada: si no hay respuestas inmediatas, las malas condiciones de los caminos se agudizarán por el efecto que el calor de verano tiene sobre el asfalto. Esta situación se complejiza aún más con la suspensión de las licitaciones de las rutas en Entre Ríos, postergada hasta octubre por falta de oferentes.

Complejidades para el sector productivo

En este marco, la mirada empresaria agrega una perspectiva sobre la pérdida de productividad. “Un claro ejemplo es la imposibilidad de implementar masivamente los bitrenes”, comentó, días pasados, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Los bitrenes son camiones con dos remolques que pueden transportar un 75% más de carga que los camiones estándares, a un costo menor y “aumentan un 57% la vida útil de la calzada”, tal cual sostiene un informe técnico de la entidad. “En gran parte del país la infraestructura actual no está preparada para este tipo de vehículos”, consideró el titular de la UIA.

A propósito de la falta de infraestructura vial, un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre caminos rurales sostiene que “en la región pampeana se registra una intransitabilidad de aproximadamente 100 días al año”. En un estudio de caso enfocado en Entre Ríos, calculó que la provincia pierde 1200 millones de dólares por año.

“Más deterioro y más siniestros viales”

Por otra parte, Miguel Gandolfo, presidente de la Asociación civil por la Verdad y la Justicia (Aciverjus), de Gualeguaychú, dijo que “la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo que rige la seguridad vial Argentina, es un paso atrás, un retroceso del gobierno nacional. El estado de las rutas es malo y ahora nos enteramos que han postergado las concesiones hasta octubre, lo que va a significar más deterioro y más siniestros viales”.

En este sentido, Gandolfo se refirió a las obras de bacheo dispuestas por el gobierno entrerriano: “si bien está lejos de ser la solución, permite por lo menos, no tener posos. Pero la demarcación horizontal y vertical no está contemplada en esos trabajos”.

“A nivel provincial tenemos varios carteles atrasados que no nos han hecho, carteles que nos han pedido a los familiares de las víctimas”, indicó el presidente de Aciverjus, respecto a la cartelería con la estrella amarilla y el nombre de la víctima.

“A nivel nacional no hay autoridades competentes todavía, consecuencia de las desregulaciones, lo que significa un problema”, cuestionó Gandolfo. Y cerró: “Deberían existir más políticas públicas relacionadas a la temática, como campaña en los medios y en lugares de concurrencia de ciudadanos, pero no existen”.

Más allá de los anuncios y las promesas del gobierno provincial, lo cierto es que la desaparición de la obra pública y la falta de mantenimiento de los más de 2.400 kilómetros de rutas provinciales y nacionales que hay en Entre Ríos genera múltiples consecuencias, que van desde las pérdidas económicas a las pérdidas humanas. La Provincia ejecuta el Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, básicamente con obras de bacheo en las rutas de su jurisdicción, pero queda a las claras que no es suficiente para contrarrestar el deterioro diario que sufren las mismas. La asfixia del gobierno nacional -del cual el gobernador Frigerio es uno de sus principales aliados- complejiza una realidad cada día más dramática.

La provincia de Entre Ríos puso en marcha, a fines del año pasado, un programa para la realización de obras viales que, en una primera etapa, involucran a ocho departamentos, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas.

Sin embargo, y como avanzó el proceso licitatorio para el Plan de Recuperación y Mantenimiento de Caminos y Rutas, las empresas que siempre corrieron con ventaja para hacerse de las obras que financia el estado provincial son las mismas firmas que han conseguido ventajas a lo largo de distintas gestiones para cartelizar la obra pública, a nivel local. Ya consiguieron ganar una por $12 mil millones de pesos que fueron dirigidos a una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

En las licitaciones internacionales que abrió la provincia de Entre Ríos, también se repite un esquema de beneficios para compañías locales, lo cual no sería un obstáculo, a menos que las firmas ganadoras cobraran valores superiores al de otras ofertas, lo que generaría un perjuicio directo a las arcas provinciales.

Las obras se reiniciaron a partir del Decreto 984/24 pero los protagonistas que subieron al podio de puntajes fueron las firmas José Eleuterio Pitón SA, Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi S.A., jugadores permanentes en la obra pública local. Su valoración en la escala va más allá, incluso, que la oferta económica resulte perjudicial para la provincia.

Existe un problema adicional: tanto Pietroboni como Losi fueron procesados dos veces por el juez federal Sebastián Casanello en una trama que investigó sobornos, defraudación al Estado y falsificación de documentos, en un expediente por obras en Córdoba. Dentro de los once procesados había ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, pero la novedad fue que se aplicó la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por lo que las sociedades mismas fueron procesadas bajo esa figura, y no solo sus representantes.

Hacían terraplenes más bajos que lo que declaraban. Los certificaban por más dinero del que correspondía, y la diferencia la canalizaban a través de personas interpuestas como retorno hacia las esposas de los funcionarios, fue lo que probó la justicia. Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi S.A. por el delito de cohecho activo y embargó a las empresas por $632.381.436,96.

La trama se complica aún más cuando dentro de la industria se conoce que las tres empresas han entablado juicios a la provincia de Entre Ríos para reclamarle intereses por pagos tardíos. Esos juicios millonarios se convierten en embargos y –como es un secreto a voces- resultan ganadoras, en tribunales, las mismas empresas que luego terminan ganando las licitaciones a las que se presentan, sin renunciar a sus juicios contra el estado, cuya participación corre con una ventaja que no es del todo clara. (Fuente: Ámbito)

Este martes continuará en la Cámara de Diputados de Entre Ríos el análisis de los proyectos que promueven la creación e instrumentación de los consorcios camineros, organismos mixtos que asumirían el mantenimiento de la red vial rural. Se trata de una iniciativa impulsada por la diputada Julia Calleros (Fe y Libertad) y retomada de propuestas anteriores de los exlegisladores Néstor Loggio (PJ) y Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos).

El debate, que se desarrolla en reuniones conjuntas de las comisiones de Obras Públicas y Legislación General, viene ganando protagonismo desde la semana pasada, cuando representantes del sector vial y autoridades provinciales fueron convocados para aportar miradas técnicas, políticas y gremiales.

Durante la última jornada, el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel; el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vitor; y los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales (Soever), Juan Carlos Lallana y Hugo Reyes, compartieron sus opiniones y plantearon interrogantes sobre la aplicación de la medida. Pese a diferencias puntuales, el diagnóstico general fue coincidente: los caminos rurales necesitan atención urgente y sostenida.

La diputada Noelia Taborda, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, destacó el espíritu de consenso que sobrevoló la reunión: “El trabajo en comisión llevó casi dos horas y todos llegamos al mismo fin: estamos interesados en una ley de consorcios que aporte soluciones concretas. Los caminos rurales son rutas de producción, de acceso a la educación y a la salud, y requieren una mirada articulada entre lo público y lo privado”.

El modelo en discusión propone la creación de consorcios integrados por productores y actores del sector rural, con participación del Estado como regulador y acompañante técnico. De acuerdo con los impulsores del proyecto, esta herramienta permitiría agilizar obras de mantenimiento, dar mayor previsibilidad al sistema vial y liberar recursos estatales para zonas más críticas.

Entre los puntos a definir en el articulado se encuentran los mecanismos de financiamiento, el grado de autonomía de los consorcios, los criterios de selección de caminos y las garantías laborales para el personal involucrado. El sindicato vial ha expresado preocupación por el posible avance de formas de tercerización y la eventual pérdida de puestos de trabajo estatales, por lo que solicita que la norma contemple instancias de control y protección de derechos.

El proyecto de ley, aún en fase de construcción, se perfila como uno de los ejes del segundo semestre legislativo. Legisladores de distintos bloques mostraron disposición para buscar un texto unificado que supere las pertenencias partidarias y se traduzca en una solución efectiva para el sector rural, clave para la economía provincial.

Se espera que tras la reunión de este martes se definan los próximos pasos del tratamiento legislativo y la incorporación de nuevas voces del sector. La idea de fondo es que los consorcios camineros se transformen en una política pública sostenible, sin perder de vista el rol central del Estado como garante de equidad territorial.

Con el objetivo de mejorar la conectividad de la red vial secundaria y terciaria, se lleva adelante el Plan de Conservación de Caminos Rurales en todo el territorio entrerriano.

Los trabajos, financiados en un 50 por ciento con recursos del impuesto inmobiliario rural 2024, buscan fortalecer la salida de la producción y mejorar la transitabilidad en zonas rurales. La economía regional se sustenta principalmente en las actividades arrocera, avícola, agrícola y ganadera.

En ese marco de acción, comenzaron los trabajos de mejora de la ruta provincial Nº42, en el tramo comprendido entre la ruta nacional Nº136 y arroyo Isletas, en el departamento Gualeguaychú.

Las tareas pertenecen a la Región V, en la que ya se finalizaron las tareas de mejoras en el acceso a Paranacito e Ibicuy -tramo comprendido entre la ruta nacional Nº12 y Paraje Roldán-, en el departamento Islas, y también en la ruta J, en el departamento Uruguay.

La iniciativa, llevada adelante en todo el territorio entrerriano, además de beneficiar a productores, mejorarán el acceso a instituciones educativas, centros de salud, clubes, comisarías y comercios ubicados en zonas rurales.

Por último, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se solicita circular con precaución en los lugares antes mencionados debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando.

La nueva calle, ubicada entre Ituzaingó al este y San Juan al este, rinde homenaje al médico local fallecido, reconocido por su labor en el ámbito de la salud pública. Su trabajo se desarrolló en instituciones como el Hospital Centenario y el CAPS “Juan Baggio”, donde también impulsó la creación de un consultorio para residentes que actualmente lleva su nombre.

Durante situaciones de emergencia, como las inundaciones que afectaron a la ciudad en distintas épocas, Fiorovic fue una figura activa en la asistencia médica a vecinos del lugar, siendo recordado por su cercanía y compromiso humano.

El acto de inauguración reunió a familiares, vecinos, representantes del Concejo Deliberante y funcionarios locales. La ceremonia fue sencilla y emotiva, con palabras de recuerdo hacia la figura del médico, cuya trayectoria continúa siendo valorada por la comunidad.

La denominación de la calle busca preservar la memoria de quienes han contribuido al bienestar colectivo, en el marco de la normativa vigente que regula el uso de nombres en espacios públicos.

Desde la medianoche de este lunes, los combustibles de YPF registran una nueva suba del 2,5% a nivel nacional. Según comunicó la empresa, la actualización responde a un “seguimiento permanente sobre los precios variables que impactan en los costos de producción”, con especial foco en el valor del crudo.

Con este nuevo ajuste, los precios en surtidores quedaron establecidos de la siguiente manera: la Nafta Súper pasó a costar $1259, la Nafta Premium $1490, el Diésel común $1264, y la Infinia Diésel $1459. La compañía destacó que este incremento forma parte de su política de precios dinámicos y anunció que continuará evaluando la evolución del mercado para definir posibles microajustes futuros, contemplando franjas horarias y regiones.

Además, el aumento se enmarca en un proceso de monitoreo más preciso impulsado por el nuevo Centro de Monitoreo en Tiempo Real (RTIC), que permite a la firma estatal optimizar sus decisiones comerciales en función de la demanda y los costos logísticos.

Se trata del segundo incremento en lo que va de julio —el anterior, del 3,5%, se aplicó el día 1— y el cuarto en lo que va del año. El primero ocurrió en febrero con una suba promedio del 2%, mientras que en mayo se aplicó un alza menor, de entre 0,2% y 0,4%, vinculada al precio de los biocombustibles.

En un intento por mitigar el impacto del nuevo valor en el bolsillo de los consumidores, YPF mantiene vigentes descuentos especiales para usuarios que paguen a través de la app oficial. Entre las 0 y las 6 de la mañana, el beneficio es del 3%; mientras que las estaciones con modalidad de autodespacho ofrecen un descuento adicional del 3% durante todo el día. Al combinar ambas opciones, el ahorro puede llegar al 6%.

Con este nuevo ajuste, el mercado sigue reflejando la tensión entre los costos de producción y la necesidad de sostener precios competitivos. Desde la conducción de la empresa aseguran que continuarán monitoreando el escenario económico para tomar decisiones con “mayor precisión y agilidad”, según destacaron en el comunicado oficial.

La actualización confirma la tendencia alcista de los combustibles en el año, en un contexto de inflación persistente, alta volatilidad cambiaria y presión sobre los precios regulados. En los próximos meses, el comportamiento de las variables macroeconómicas será clave para definir si habrá nuevas correcciones.

El encuentro, que duró cerca de dos horas, contó con la presencia de Nicolás Pino (Sociedad Rural), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninagro) y Carlos Castagnani (CRA). Además del reclamo por la baja de retenciones, los ruralistas plantearon la necesidad de mejorar la seguridad en caminos rurales.

Desde el sector rural esperan un anuncio concreto durante el discurso presidencial previsto para el 26 de julio en La Rural, en el marco de la exposición agrícola. La intención de Milei es evitar fórmulas parciales como el dólar soja aplicado en el primer semestre, que benefició temporalmente a productores.

Sin embargo, persiste la resistencia del ministro Luis "Toto" Caputo, que busca mantener el superávit fiscal para sostener las cuentas públicas hasta las próximas elecciones. La eliminación de retenciones implicaría una reducción en la recaudación equivalente a un punto del PBI, según análisis privados.

En paralelo, el equipo económico presiona para que los exportadores liquiden los dólares declarados, estimados en 4.300 millones en declaraciones juradas y cerca de 12.000 millones en silobolsas, en un contexto de fuerte demanda de divisas.

La reunión con Milei refleja la importancia del sector agropecuario en la agenda económica y política nacional, y su influencia en las decisiones sobre impuestos y políticas de exportación.

La Secretaría de Turismo, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, y el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos realizaron una participación conjunta en la feria Caminos y Sabores que se desarrolló de jueves a domingo en La Rural de Buenos Aires, donde la provincia mostró su diversidad turística y productiva. Durante los cuatro días, miles de visitantes se acercaron al stand institucional para conocer destinos, sabores y experiencias que forman parte de la campaña invernal ModoCarpincho.

En ese marco, se ofrecieron informes turísticos y material promocional de las nueve microrregiones, junto con la posibilidad de obtener el Pasaporte Entre Ríos, que brinda beneficios exclusivos en alojamiento, gastronomía y actividades para disfrutar durante las vacaciones de invierno. El programa despertó gran interés entre visitantes de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que se registraron para acceder a los descuentos.

La cocina en vivo fue uno de los ejes centrales de la propuesta. Los chefs César Lizárraga y Quique Sobral elaboraron platos con ingredientes de producción entrerriana como arroz, cítricos, carnes y preparaciones tradicionales de raíz inmigrante, que fueron degustados por el público. Las presentaciones se sucedieron a lo largo de cada jornada, generando una experiencia sensorial cercana y memorable.

En simultáneo, más de 20 productores de alimentos y bebidas participaron de la feria, representando la riqueza del entramado emprendedor entrerriano. Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a Miel Nativa, una miel de producción entrerriana que obtuvo el primer premio en el concurso nacional organizado por Caminos y Sabores.

La propuesta se complementó con activaciones lúdicas realizadas junto a Casinos de Entre Ríos, sorteos, juegos y acciones promocionales, además de la interacción permanente con la mascota oficial del ModoCarpincho, que durante los cuatro días recorrió el predio y generó conexión con niños, familias y público general.

También se realizó una intervención en la vía pública con un colectivo de Flecha Bus ploteado con la campaña invernal, que recibió a los asistentes en el ingreso al predio ferial La Rural con promotores, sorteos y la invitación a visitar el stand de Entre Ríos extendiendo el alcance de la acción y reforzando la presencia de marca.

Con esta propuesta integral, Entre Ríos logró consolidarse como uno de los destinos mejor posicionados para las vacaciones de invierno, destacando su cercanía, su identidad regional y la articulación público-privada como base de una política turística sostenida.

Los trabajos encarados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) progresan en dos frentes. En la ruta provincial Nº 5, desde la ruta provincial Nº 2 hacia el límite con Concordia -en jurisdicción de Chajarí-, donde se realiza una reposición de ripio de 5.500 metros cúbicos en diferentes tramos críticos de la traza.

La mejora de la traza mencionada responde a una vieja demanda de productores y vecinos. Hasta el momento se transportaron más de 2.000 metros cúbicos de ripio, a la vez que se ejecutaron tareas previas de limpieza y desmalezado, entre otros trabajos que benefician al sector productivo.

En cuanto a la obra en la ruta provincial Nº 29, tienen lugar en Colonia Baylina, en pleno corazón arrocero del departamento San Salvador. Se reponen 3.048 metros cúbicos de material calcáreo y la misma cantidad de ripio sobre un tramo de tres kilómetros, entre el arroyo El Palmar y el establecimiento Las Camelias.

Allí ya se finalizaron las tareas de limpieza, desmalezado, preparación de calzada, reparación y reposición de alcantarillas y cauces. También se completó el transporte de brosa y se comenzó con el transporte de ripio. La obra avanza en el tiempo estipulado.

Desde el ente vial se solicita circular con precaución por las zonas de obra arriba mencionadas.

Cada campaña agrícola en Entre Ríos deja de generar alrededor de 500 millones de dólares que podrían tener un impacto significativo en la economía provincial. Esta pérdida estructural —atribuida a problemas de logística, falta de infraestructura, escasa industrialización y ausencia de incentivos a la inversión— impide que el campo despliegue todo su potencial productivo.

Según especialistas del sector, si esos recursos se canalizaran eficientemente, podrían multiplicar su efecto en el desarrollo local. Un agro más rentable permitiría incorporar tecnologías que aumenten la eficiencia y la sustentabilidad del sistema productivo, mejorar los rindes, optimizar el uso de insumos y reducir el impacto ambiental. A su vez, se fomentaría el agregado de valor dentro de la provincia, dinamizando las cadenas agroindustriales y promoviendo el desarrollo de pymes vinculadas al sector.

Esto no sólo impactaría en los índices económicos, sino también en la estructura social de la ruralidad. La generación de empleo de calidad en el campo —sumada a mejores condiciones de vida— fortalecería el arraigo de los jóvenes, reduciendo la migración forzada hacia las grandes ciudades. Esta tendencia demográfica, que se profundiza año tras año, afecta a cientos de comunidades del interior entrerriano, muchas de las cuales pierden población activa y ven comprometido su futuro.

Desde entidades rurales advierten que el rezago en infraestructura es una de las principales causas de este cuello de botella económico. La falta de caminos rurales en condiciones, en particular, genera sobrecostos en la logística y dificulta la competitividad de los productos entrerrianos en los mercados regionales e internacionales.

Un agro más dinámico también tendría efectos fiscales positivos. La mayor producción y el incremento de la actividad económica ampliarían la base de recaudación, tanto provincial como municipal. Esto permitiría una mejor planificación financiera de los gobiernos locales y habilitaría inversiones en obras estratégicas: rutas rurales, electrificación, conectividad y acceso al agua, todos factores clave para el desarrollo sostenible.

Entre Ríos tiene un enorme potencial agropecuario, pero necesita políticas activas y una articulación inteligente entre el Estado y el sector privado para evitar que se sigan perdiendo oportunidades. Los USD 500 millones que se diluyen cada año son una alerta contundente, pero también una señal clara del camino que puede emprenderse si se toman decisiones estructurales.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos estimó que, durante la última campaña, los productores agropecuarios de la provincia resignaron ingresos por 446 millones de dólares a causa de los derechos de exportación, a pesar de la baja temporal de alícuotas dispuesta por el Gobierno Nacional. El cálculo surge del balance realizado por la entidad tras la reciente finalización de la cosecha, y proyecta además una pérdida estimada de 371 millones para la próxima campaña si se mantienen los rendimientos promedio de los últimos cinco años.

El informe, elaborado con base en la evolución de los precios y volúmenes exportados, advierte que el impacto de las retenciones se mantiene fuerte incluso en contextos de mayor productividad. En la campaña actual, la soja alcanzó niveles récord en la última década, pero los productores aún recibieron un precio sensiblemente menor al valor internacional, lo que, según la Bolsa, limita su capacidad de inversión, renovación tecnológica y desarrollo territorial.

En el caso de trigo y cebada, la prórroga de la alícuota del 9,5% hasta marzo de 2026 generó un alivio parcial. Según el cálculo de la entidad, esta decisión permitió a los productores entrerrianos retener unos 12 millones de dólares adicionales. No obstante, se trata de una cifra muy inferior al total resignado por el conjunto del agro.

El informe también abarca un análisis histórico que abarca 15 campañas agrícolas consecutivas, en las cuales la pérdida acumulada para los productores entrerrianos por retenciones se estima en 6.994 millones de dólares. Esto representa un promedio de 466 millones por campaña. La entidad graficó que ese monto equivale a la compra de unos 3.700 tractores de media potencia, o a casi medio millón de vaquillonas con garantía de preñez, entre otros insumos clave para el desarrollo productivo.

Otro de los puntos destacados por la Bolsa de Cereales es que los derechos de exportación constituyen un ingreso no coparticipable, por lo que el dinero retenido no se redistribuye entre las provincias ni los municipios. “Esto significa que los recursos generados por el agro financian al Estado Nacional sin que haya una devolución proporcional en inversión pública o infraestructura”, sostuvo el análisis, y subrayó que esta dinámica perjudica especialmente a zonas rurales con escasa infraestructura y servicios.

La entidad explicó que incluso aquellos productos que no se exportan directamente también se ven afectados por las retenciones, ya que los precios locales se forman en función del mercado internacional, distorsionado por el tributo. “Los productores reciben precios menores sin importar el destino de su producción”, señaló.

Finalmente, la Bolsa de Cereales advirtió que esta estructura tributaria no solo limita la rentabilidad, sino que también obstaculiza el arraigo rural y la generación de empleo. “Una política que incentive el dinamismo agroindustrial permitiría fortalecer las economías del interior, incrementar los ingresos fiscales locales y mejorar la planificación pública en caminos, servicios y logística”, concluyó el informe.

Vialidad Nacional informó este lunes los caminos alternativos habilitados para la circulación entre Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a los anegamientos registrados por las intensas lluvias en zonas de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Desde el organismo detallaron dos alternativas seguras para circular en ambos sentidos del corredor vial que conecta el Litoral con el Área Metropolitana:

Camino 1: desde Rosario, tomar la Ruta Nacional 9 hasta San Nicolás; continuar por la Ruta Nacional 188 hasta Pergamino, y seguir luego por la Ruta Nacional 8, que permite llegar hasta CABA.

Camino 2: desde Rosario, tomar la Ruta Nacional 174 hasta la ciudad de Victoria (Entre Ríos), continuar por la Ruta Provincial 11 hasta Gualeguay, luego seguir por la Ruta Nacional 12 hasta Zárate, y desde allí tomar la Ruta Nacional 193 hasta el empalme con la Ruta Nacional 8, para continuar viaje hasta CABA.

Ambos caminos pueden utilizarse en sentido inverso, es decir, desde CABA hacia Rosario o cualquier punto intermedio del trayecto, siguiendo las indicaciones mencionadas.

Además, Vialidad Nacional actualizó el estado de transitabilidad de algunas rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires, afectadas por las lluvias:

Ruta Nacional 8: habilitada con precaución.

Ruta Nacional 9:

Corte total mano a Rosario en los kilómetros 84 y 94, a la altura de Zárate.

Corte total mano a CABA en el kilómetro 128, en la zona de Alsina.

Corte total en ambos sentidos entre los kilómetros 100 y 124.

Pese a los cortes mencionados, informaron que el Puente Zárate - Brazo Largo y las restantes rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires permanecen habilitadas al tránsito de forma normal.

Vialidad Nacional recomienda consultar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas antes de emprender viaje.

La Justicia decretó la quiebra de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. de Construcciones y Concesiones Viales y dispuso la clausura de su sede social. La medida fue ordenada por la jueza Paula María Hualde, quien interviene en el expediente correspondiente.

De acuerdo a la resolución judicial, la quiebra fue declarada el 29 de abril de 2025, y al día siguiente, el 30 de abril, se dispuso “la inmediata clausura de la sede social” de la firma. El domicilio legal de la concesionaria se encontraba en la provincia de Buenos Aires.

La magistrada ordenó además incautar los libros, papeles y bienes presentes en las oficinas, con el objetivo de realizar un inventario general de los activos de la empresa. La medida incluyó también la identificación de posibles ocupantes y la solicitud de documentación que acredite el uso o tenencia del inmueble.

Según se conoció, el oficial de justicia actuante fue autorizado a utilizar fuerza pública, allanar domicilios y requerir los servicios de un cerrajero en caso de ser necesario. También se le instruyó para “retrotraer los inmuebles a las condiciones de seguridad en que los halló”.

El inventario de los bienes a cargo del oficial judicial debe incluir únicamente rubros generales, lo cual forma parte del procedimiento habitual en los procesos de quiebra y liquidación patrimonial.

Caminos del Río Uruguay fue una de las concesionarias viales que durante años estuvo a cargo de la administración y mantenimiento de rutas nacionales y corredores viales en el país. (con información de Diario Río Uruguay)

Despidos en Caminos del Río Uruguay: proponen 50% de indemnizaciones. La desvinculación de los trabajadores, con fecha efectiva al 22 de abril de 2025, fue justificada por la empresa como una “falta de trabajo no imputable al empleador”, en el marco del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite abonar solo el 50% de la indemnización en caso de causas externas.

El argumento de CRUSA fue que el vínculo con el Estado Nacional, único cliente de la empresa, concluyó con la concesión, afectando su viabilidad económica. Sin embargo, trabajadores despedidos cuestionaron esa justificación y denunciaron que la concesión finalizó debido a reiterados incumplimientos por parte de la empresa, y no por causas ajenas. “La empresa no cumplió con el mantenimiento de las rutas y eso fue lo que motivó el fin del contrato”, señalaron.

Fuentes oficiales indicaron que la Dirección Nacional de Vialidad estimó una deuda de alrededor de 60 mil millones de pesos en sanciones aplicadas a CRUSA, debido a incumplimientos contractuales prolongados. Entre ellos, se destacan deficiencias en obras, falta de mantenimiento vial y problemas en la seguridad de los tramos concesionados.

Desde el sector sindical se anticipó que habrá acciones legales, tanto individuales como colectivas. “La empresa usa un artículo pensado para situaciones como catástrofes naturales o cierres imprevistos, no para encubrir su propia mala gestión”, sostuvo un delegado gremial. También se denunció que muchos de los afectados tienen más de 20 años de antigüedad y que la indemnización reducida no se condice con su historia laboral.

La firma, cuya constitución data de 1990, está presidida por el ingeniero Juan Guillermo Insua y acompañada por un directorio que incluye nombres vinculados a otras empresas de infraestructura, energía y concesiones. Entre los miembros se encuentran Hilario Carlos Magliano, Federico Insua Lehoux, Diego Luis Piatti, Carlos Mai y Mariana Gorostiaga Luro, entre otros.

Mientras se levantan las barreras de peaje en los tramos afectados y se esperan definiciones sobre quién asumirá la gestión del corredor, los trabajadores evalúan iniciar protestas y visibilizar la situación en rutas y oficinas de la empresa. Se prevé que esta semana comiencen a judicializarse los primeros casos, con el objetivo de revertir la aplicación del artículo 247 y exigir el pago completo de las indemnizaciones correspondientes.

La situación añade un nuevo foco de conflicto a la ya tensa transición tras el fin de la concesión y complica aún más el panorama laboral en una región clave del Litoral.

Las medidas de fuerza de los trabajadores de Corredores Viales SA, fueron consideradas "ilegales e ilegítimas" por parte de la empresa estatal, y se mantuvieron durante cuatro días y afectaron las operaciones de la empresa "causándole al Estado Nacional una pérdida de más de 2.500 millones de pesos", según fuentes oficiales.

"La acción sindical extorsiva se inició con un reclamo al Estado Nacional en solidaridad con la situación laboral de 500 trabajadores privados pertenecientes a la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó según lo estipulado desde 2014. Así, el sindicato pretendía que el Estado nacional contrate o indemnice a 500 personas que son responsabilidad de una empresa privada", señalaron.

Y agregaron que, "al afectarse las operaciones por motivos ajenos a Corredores Viales y por hacerlo sin dar aviso previo a la autoridad de aplicación, tal como lo impone la Ley 14.786, se denunció el hecho ante la Secretaría de Trabajo. Frente a esto, SUTPA cambió el motivo del paro por otras razones que no justificaban un paro por tiempo indeterminado".

"Como ya fue advertido por Corredores Viales a sus trabajadores, de continuar con estas medidas extorsivas y desproporcionadas, la empresa seguirá adoptando las sanciones disciplinarias correspondientes, como descuentos de días y horas de trabajo, pérdida del presentismo y despidos", remarcaron desde el Gobierno.

Finalmente, señalaron que, "cuando se levantan las barreras, no solo se impide el pago del peaje de forma manual, sino que también se puede desactivar la posibilidad del cobro automático a través de Telepase. Así, se le produce un daño al Estado en su recaudación de más de 700 millones de pesos por día, necesarios para el sostenimiento del sistema sin la necesidad de recibir aportes del Estado".

Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, reivindicó la medida y afirmó que “el derecho a huelga no es para extorsionar ni tomar de rehén a nadie”. “Cuando decimos que no negociamos bajo intentos de extorsión de la casta, hablamos en serio”, sostuvo el funcionario en su cuenta de X.

“Se acabó la época en que el Estado se hace cargo de todo, estamos en la época de @JMilei y en esta época el que hace daño, afronta las consecuencias. Vamos a ir a fondo”, remató. Perfil

Frigerio recorrió rutas en reparación y reunió su gabinete en Gilbert. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete conjunto en Gilbert junto al intendente Mariano Lacoste, tras recorrer las obras de reparación de las rutas provinciales 39 y 20. “Aún sin plata se pueden resolver problemas con gestión y compromiso”, sostuvo.

El encuentro se realizó en el Centro Multiespacio La Casita y contó con la participación de ministros, secretarios y legisladores provinciales. Frigerio agradeció la recepción del jefe comunal y valoró su trabajo: “El intendente está consustanciado con el norte y la impronta de nuestro gobierno: gestión donde había desidia, orden donde había desorden y luz donde había oscuridad”.

Sobre la dinámica de estos encuentros, el mandatario explicó: “Analizamos las prioridades del municipio, que pasan a ser también las nuestras. Estas reuniones generan confianza, permiten avanzar y resolver problemas, incluso con escasos recursos”.

Frigerio también se refirió al avance del Plan de Infraestructura Vial. Tras inspeccionar tramos de las rutas 39 y 20, dijo estar conforme con los resultados: “Son rutas que estaban destruidas desde hace décadas. Empezamos a intervenirlas y hacerlas transitables, como prometimos en campaña”.

A modo de ejemplo, destacó la intervención en la ruta 39, donde lograron reducir los costos de obra a la mitad: “Con inteligencia y sentido común generamos ahorro. Vamos a terminar el año con el 100% de las rutas provinciales intervenidas o al menos en proceso. Todas están destruidas, igual que los caminos de la producción”, afirmó.

Por su parte, el intendente Lacoste agradeció la presencia del gabinete provincial: “Esto es único, nunca se vio en nuestra localidad. Hoy es un logro de gestión tenerlos aquí”. Además, remarcó la sintonía con la administración provincial: “Hablamos el mismo idioma, priorizamos lo que la gente necesita. Eso hace productivo este trabajo en equipo”.